martes, 5 de noviembre de 2019

HONDURAS: Defensores: El sacerdote que se niega abandonar a su pueblo que lucha contra la minería // “Si nos arrebatan la tierra, nos arrebatan la vida” por Giorgio Trucchi // “Hoy más que nunca existe una ambición por tener la tierra libre de personas”: Pedro Canales // 100 organizaciones urgen revisar medidas de Guapinol para garantizar que enfrenten proceso legal en libertad // Radio Progreso: Autoridades penitenciarias se niegan a cumplir traslado de defensores del Río Guapinol // Por detención ilegal en “La Tolva” presentan Habeas Corpus en favor de defensores del Río Guapinol // Justicia en C.A está en manos de jueces parciales, señala jurista internacional // Hijos de Berta Cáceres solicitan ante tribunal de EUA datos sobre compra de lujosa casa por David Castillo después del crimen // Se suicida comisionado de transparencia del Ejecutivo nacionalista de Hernández // Arriba misión técnica del FMI para revisar programa económico

El sacerdote que se niega abandonar a su pueblo que lucha contra la minería

Por defensores -
30 octubre, 2019
Foto: Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Por Marpa
Triunfo de la Cruz, Choluteca.- En los últimos años, el sacerdote Florentino Hernández, párroco de la Iglesia católica de El Triunfo, en el departamento de Choluteca, ha acompañado a las comunidades en su lucha contra los proyectos mineros. Esa lucha emprendida le ha representado sanciones de sus superiores, persecución y hasta amenazas de muerte.
La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, preocupada por la situación de riesgo por la que atraviesan defensores de derechos humanos en la zona sur del país, visitó el martes 29 de octubre al párroco de la iglesia de El Triunfo, Florentino Hernández.
padre florentino en misa
La misión sacerdotal emprendida por el padre Florentino ha sido censurada por el propio Obispo de Choluteca, Guy Charbonneau, quien desde diciembre de 2018 tomó la decisión de separarlo de la iglesia, junto al también sacerdote Eulogio Álvarez.
En una conversación que sostuvo la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, el padre Florentino le dijo que “mi postura respecto a la minería, es que la minería tiene derecho a operar, pero el primer principio que debe salvaguardar es la vida y entonces aquí no es amigable ninguna explotación minera con este municipio, porque está superpoblado”.
Es imposible que no haya daños hacia la vida, las especies y el medio ambiente porque es superpoblado, con unos 64 mil habitantes y cada 5 minutos hay una comunidad, por lo que una explotación minera aquí sería un desastre ecológico, sostuvo el sacerdote.
El padre Florentino señaló que no es viable la explotación minera a cielo abierto o subterránea en el Triunfo de La Cruz. “Ellos me han pedido neutralidad, pero eso no va conmigo. Porque cuando se compromete la defensa de la vida de un pueblo no se puede”.
Los explotadores mineros le sugirieron si era posible trasladar las comunidades hacia otros sectores, pero el sacerdote les dijo que a eso se llama desarraigo y atenta contra los valores sentimentales de la gente, “que puede ser que vivan pobres ahí, pero tienen sus gallinas, sus pollos, sus animalitos”.
El sacerdote le comentó a Oliva, que ha recibido la visita de ingenieros encargados de los proyectos mineros para tratar de persuadirlo, así como de personeros del actual régimen, que le habrían expresado que la oposición a la minería, atenta contra los derechos humanos de los inversionistas.
Con estas visitas, añadió el sacerdote, “la gente se ponía muy asustada, muy nerviosa y no los dejaba entrar a sus comunidades, muchas veces la gente repelió con piedras a los inversionistas, y éstos les respondieron con bala viva; hay videos de todo eso”. En otras ocasiones el pueblo capturó a los inversionistas y los soltaban hasta que firmaran un documento expresando que no volverían a las comunidades.
Consulta Ciudadana en el municipio de El Triunfo, Choluteca
Consulta Ciudadana en el municipio de El Triunfo, Choluteca Se calcula que son unas mil hectáreas las que han sido concesionadas por el régimen para la explotación de los recursos minerales en El Triunfo.
“Las tierras son de vocación agroforestal, en donde se producen melones, sandías, camarones, maíz, y la gente es agricultora y viven de la tierra y no van a cambiar su forma de vida y además la minería no es una solución masiva de empleo”, explicó el padre Florentino.
Es así que el trabajo de acompañamiento con las comunidades ha truncado los planes extractivos en la zona, donde se cree existen vetas de oro y otros metales preciosos. Y también ha irritado al obispo Choluteca que le ordenó al padre Florentino asumir una posición neutral frente al problema comunitario.
La gente protege con mucho celo al padre Florentino y ha expresado que no está de acuerdo con las decisiones del Obispado de Choluteca que ha dispuesto separarlo de la parroquia. El padre visita a las comunidades de El Triunfo de manera constante y celebra la liturgia en pequeñas ermitas.

“He sufrido persecución, pero es más de la Diócesis de Choluteca, pero detrás está el poder económico y político”: Padre Florentino

El padre Florentino recalcó en la entrevista que sostuvo con Bertha Oliva, que en las comunidades no se han presentado criminalizaciones en contra de la gente, porque la lucha ha sido pacífica y que se actúa con mucha cautela en la zona.
Unas 130 comunidades reciben las visitas periódicas que realiza el padre Florentino.
“Se dio una consulta municipal el 2 de diciembre de 2018, que rechazó los proyectos mineros, hubo veedores aún del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUD). La conciencia social de este municipio es muy evidente y legítima”, afirmó.
He sufrido persecución, pero es más de la Diócesis de Choluteca, pero detrás está el poder económico y político. Me parece a mí que en estas situaciones los que están de un lado no entienden a los que están del otro, pero en este tipo de circunstancias históricas hay la incomprensión por falta de luz, de conciencia y de compromiso, sobre aquello que demanda de ambas partes, una postura más abierta y comprensible, advirtió el sacerdote católico.
“Me sigue extrañando la postura del obispo en cuanto que él pareciera a toda costa no comprender la causa aquí, no la comprende. Él se centra en que quiere hacer un cambio y que yo debo de obedecer ese cambio, y yo veo muchos intereses en el escenario, y el querer sacarme de aquí que ya llevo 3 años, no es un sencillo cambio, sino resolverle un problema a una realidad política y a una realidad minera. Digo esto por lo que hemos dialogado juntos”, reveló el párroco.
Yo le dije al señor Obispo que ahí la gente ya decidió que no quiere minería, y porque no quiero dejar huérfana la lucha, por lógica esta decisión de separarme no obedece a un simple cambio sino a una estrategia suya de modificar este escenario.
Después de degradarlo a la condición de vicario, El Obispo Charbonneau le ordenó al padre Florentino que se trasladara a Nacaome, disposición que no aceptó porque “a leguas se sabe que lo quiere es sacarme de ahí, la intención es sacarme de ahí porque yo afecto a grupos que tienen interés en el municipio”.
“Ese es el temor de las fuerzas políticas, económicas y mineras, que la fuerte influencia que yo tengo, a ellos les afecta tremendamente”, sostuvo el sacerdote.

“Él está haciendo su trabajo, no desde la comodidad de una oficina en la capilla, sino desde acompañar con sudor el peregrinaje y el accionar del pueblo que está demandando mejores condiciones de vida en la zona sur”: Bertha Oliva

Sobre este caso, Bertha Oliva ha expuesto que de lo que se trata es de poner un bozal, y que así actúa el poder económico y político, “se está convirtiendo en una dictadura dentro de un espacio que no debería de ser para ese propósito, y máxime con unas personas que no son queridas por la oligarquía de la zona, pero sí son queridas y acompañadas por el pueblo, por la población que está haciendo defensa de su territorio, que está haciendo defensa de la vida en la zona sur”.
“Él está siguiendo el ejemplo de San Romero de América y está haciendo su trabajo, no desde la comodidad de una oficina en la capilla, sino desde acompañar con sudor el peregrinaje y el accionar del pueblo que está demandando mejores condiciones de vida en la zona sur”, sostuvo la reconocida defensora de derechos humanos.
El padre Florentino dijo que hace 9 años mataron a su mano derecha y cercano colaborador laico, Faustino López, y que los victimarios habrían dejado un mensaje para él.
“Yo tuve la percepción de que ese era un gran peligro que se avecinaba para mí, cuando intenté denunciar no nos escucharon en ningún juzgado, porque el sistema estaba confabulado. No se aceptaron denuncias, ni prosperaron las investigaciones”, dijo.
Al finalizar la entrevista, Bertha Oliva dijo que lo que se ha hecho desde la iglesia es dividir a la comunidad. ¿Puede dar misa?  le preguntó al sacerdote, a lo que éste respondió: “Nunca he dejado de celebrar misa, hay más de mil personas en la iglesia y a los paralelos les llegan 50 personas”.
Ha habido conflictos en unas 5 comunidades, porque hay 485 celebradores de la palabra, de esos; ellos nos han arrancado a unos 18 celebradores de la Palabra, aseguró el párroco.
Por los momentos, el padre Florentino sólo cuenta con el respaldo de miles de feligreses que le acompañan en cada misa que celebra, porque de parte del Obispado de Choluteca, tiene prohibido oficiar misas en otras capillas e iglesias, no puede reunirse con sus colegas sacerdotes, le bloquearon las ayudas económicas del extranjero para financiar becas a jóvenes de escasos recursos, ningún líder o lideresa de la Pastoral puede visitar el Obispado y tiene prohibido recibir la cobertura de los medios de comunicación católicos de la zona sur.



“Si nos arrebatan la tierra, nos arrebatan la vida”

Por defensores -
31 octubre, 2019

Foto: Giorgio Trucchi
Giorgio Trucchi
La ubicación geográfica de Zacate Grande es estratégica. La península es parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” e integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. En la zona se instalará también la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ‘ciudad modelo’.
No es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país y corporaciones nacionales e internacionales han puesto sus ojos en estos territorios, pretendiendo realizar inversiones multimillonarias, principalmente en el sector energético, minero y turístico.
“Quieren llevar desarrollo a la zona, pero lo único que se mira es la miseria de la mayoría a la par de la opulencia de unos pocos.
El desarrollo es otra cosa y no puede prescindir del involucramiento directo de la gente y las comunidades”, explicó Pedro Canales, miembro histórico de la Adepza1, a la misión de Cofadeh y Rel-UITA que visitó la zona.
Para llevar a cabo este proyecto han lanzado una ofensiva contra las comunidades organizadas, en contubernio con autoridades locales y nacionales.
Pese a no poseer el dominio pleno de los terrenos donde viven, las familias de las 11 comunidades de Zacate Grande tienen posesión efectiva de dichos inmuebles.
La Adepza registra más de 70 personas criminalizadas en la península.
Según el estudio ‘Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra’2, realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en Honduras existirían más de cinco mil campesinos procesados judicialmente.
“Durante más de una década hemos venido denunciado el acoso de los ricos. Ahora más que nunca vemos la ambición de estas familias por tener los territorios libres de personas”, dijo Canales.
Acaparamiento y criminalización
Un ejemplo claro de esta situación es la tragedia que vive el caserío de Puerto Sierra, colindante con la comunidad de Playa Blanca.
Por haber echado a andar un pequeño proyecto turístico -un parqueo para veraneantes- que complementaría los escasos ingresos de decenas de familias, seis personas están siendo acusadas de diferentes delitos por el terrateniente Jorge Cassis Leiva.
Dos de ellas –Abel Pérez y Santos Hernández– ya fueron sentenciadas a 5 años y un mes de prisión. Las otras esperan la audiencia de juicio. Otros seis o siete pobladores podrían ser acusados en los próximos días.
Cassis ha cercado toda la zona impidiendo el acceso de los pobladores a sus casas, desencadenando un conflicto que podría llevar a consecuencias trágicas.
“La situación es muy grave. Están rescatando viejas denuncias para meternos presos y sacarnos de una vez de nuestras tierras.
Detrás de esta brutal ofensiva está el interés de las grandes familias por el proyecto de la ZEDE3”, manifestó Canales.
Hay casos, explicó el histórico dirigente, como el de las familias Facussé y Malespín que quieren vender miles de hectáreas de tierra.
Además tienen escriturada toda la orilla del mar, de Puerto Grande hasta Coyolito, es decir casi 10 kilómetros de costas y playas.
“La mitad de las comunidades están ubicadas en estas tierras y sus pobladores están siendo amenazados. En mi caso son más de nueve años que me persiguen y criminalizan.
Hemos sufrido grandes violaciones de derechos humanos. Han enviado gente armada a agredirnos, han cooptado a fiscales y jueces para encarcelarnos, nos han atacado y amenazado.
Hay tanto hostigamiento y criminalización que hemos llegado al extremo que los mismos policías se rehúsan a recibir nuestras denuncias”, dijo Canales.
Miseria versus opulencia
En medio de tanta violencia y opresión, las autoridades están claramente plegadas a los intereses de los poderosos.
“Después de 17 años de lucha no hay una sola denuncia presentada por las víctimas de la represión que haya sido investigada.
Hemos aprendido que jueces y fiscales actúan por lo que les dicen los millonarios que controlan la política y la economía del país”, añadió el activista social.
-¿Se acabó la esperanza?
-En absoluto. El día en que Adepza desista de la lucha, este día todas las comunidades pierden sus territorios. Esta lucha no ha terminado y no nos van a derrotar.

“Hoy más que nunca existe una ambición por tener la tierra libre de personas”: Pedro Canales

Por defensores -
31 octubre, 2019

Foto: Giorgio Trucchi
Por Marpa.
La Flor, Zacate Grande.- Como parte de su visita a defensores de derechos humanos de la zona sur, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, acompañada de integrantes de su equipo, visitó el jueves 30 de octubre al líder de la Asociación para la Defensa de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Pedro Canales, para conocer de primera mano sobre las constantes amenazas que se ciernen en contra de las comunidades que viven en el Golfo de Fonseca.
Pedro Canales es un líder comunitario que durante décadas ha defendido las playas y los territorios en las que habitan miles de personas que se distribuyen en aldeas y caseríos compuestos por familias de agricultores y pescadores que reclaman el derecho que tienen a sobrevivir, pero que enfrentan las amenazas de los terratenientes, y la criminalización de los operadores de justicia que responden a los intereses del poder económico en la zona.
Casas de verano de ricos y famosos
Casas de verano de ricos y famosos “En cuanto a Zacate Grande, es que decimos lo que hemos dicho durante más de una década, que los campesinos de la península tenemos la posesión de la tierra, pero las escrituras están en poder de los ricos”, dijo Canales al inicio de la entrevista con Bertha Oliva.
Canales señaló que los jueces y fiscales que acusan y procesan a las familias expresan a los campesinos que a pesar de que ellos han vivido durante más de 20 años en la región, son las familias ricas las que tienen las escrituras. “Entonces la razón la tiene el rico y hoy más que nunca existe una ambición por tener la tierra libre de personas”, acotó el dirigente comunitario.
Y no es mentira, porque lo estamos viviendo con lo que pasa en Puerto Sierra, donde están procesadas 6 personas, están Santos y Abel con una condena de 5 años y 30 días de cárcel y las audiencias permanentes, acusaciones falsas contra los pobladores y todo esto, pareciera que está entretenido entre Playa Blanca y Jorge Cassís, pero esto viene abarcando todo, explicó.
El Tribunal de Sentencia de Choluteca, determinó en agosto de 2017, sentenciar a Abel Pérez y Santos Hernández, campesinos y defensores de la tierra de Zacate Grande, a cinco años y un mes de prisión, por los delitos de usurpación, daños a la propiedad privada y amenazas.
La sentencia establece que ambos defensores recibieron la pena de dos años por usurpación, tres por daños a la propiedad y 30 días por amenazas constitutivas de falta, proferidas en contra del terrateniente Jorge Cassís, lo que suman cinco años y 30 días de prisión. Mientras tanto, Santos Tomás Cruz que también había sido procesado, fue absuelto de todos los delitos que se le imputaban.
Se han reactivado nuevas acusaciones en contra de los comunitarios de Zacate Grande
Isla El Tigre frente a zona costera del Golfo de Fonseca
Isla El Tigre frente a zona costera del Golfo de Fonseca El terrateniente Jorge Cassís reclamó ante los tribunales de justicia la posesión de un predio ubicado en la comunidad de Playa Blanca, en la Península de Zacate Grande, lugar donde los imputados y otras personas, acondicionaron el sitio para hacerlo parqueo y cobrar en Semana Santa a los veraneantes para agenciarse un poco de dinero para el sostenimiento de sus familias, en el año 2015.
Pedro Canales indicó que en la actualidad “están moviendo nuevas acusaciones contra nosotros, últimamente han movido el caso de la Voz de Zacate Grande (emisora comunitaria) diciendo que hay orden de capturas pendientes y claro la radio tiene frecuencia autorizada a partir de 2012”.
En 2010, con mucho esfuerzo y con apoyo nacional e internacional, la ADEPZA instaló en la comunidad de Puerto Grande, la radioemisora comunitaria: “La Voz de Zacate Grande”. Este medio generó amenazas, persecución y procesos judiciales en contra de dirigentes, comunicadores y comunicadoras sociales, algunas de las cuales, han emigrado hacia Estados Unidos, por temor a ser asesinadas.
Nosotros creíamos que eso ya estaba en el olvido, pero como hoy se da esto, de que la tierra donde nosotros seguimos teniendo la posesión, hay otros que dicen que la tierra es de ellos, explicó el dirigente de ADEPZA.
Canales citó como ejemplo, que hace una semana una familia iba a negociar una tierra en la comunidad El Zope, pero cuando fueron a la alcaldía para indagar sobre los trámites, les dijeron que no podían vender el terreno que está valorado en 700 mil lempiras.
Playa El Zope
Playa El Zope Cuando el jefe de familia Justo Almendáres, preguntó sobre el por qué no podía vender su pedazo de tierra, le dijeron que si lo vendía, tendría que dar la mitad a la familia Malespín porque ellos tienen la escritura más antigua.
La Península de Zacate Grande, situada al sur de Honduras, posee una extensión de 7 kilómetros y un ancho de diez y está rodeada por las aguas del Golfo de Fonseca. En la península hay 11 comunidades y varios caseríos, todos pertenecientes al municipio de Amapala, asentados frente a la Isla del Tigre.
La historia cuenta que la mayoría de las personas que pobló ésta región del sur del país, llegó en la década de los años 50´s, sin embargo, a finales de los años 60´s, familias poderosas ligadas al llamado “Club de Coyolito”, acapararon las mejores tierras costeras, para edificar lujosas casas de veraneo, provocando el desplazamiento de las comunidades, que a estas alturas reciben la presión del poder económico para abandonar sus hogares.
Las más de 800 familias de Zacate Grande no cuentan con un título de dominio pleno sobre los inmuebles, sino que tienen una posesión natural y efectiva de las tierras. Viven sobre todo de la pesca, la agricultura, pequeños comercios y micro actividades relacionadas con el turismo.

Los ricos y famosos de los que habla Pedro Canales, aseguran que compraron sus tierras a herederos de la señora Carmen Malespín (de origen nicaragüense), quien al parecer cuenta con títulos de propiedad de toda la península, los cuales recibió de manos del ex presidente de Honduras Terencio Sierra a finales del siglo XIX.

“Los Malespín impiden cualquier trámite que las familias quieran hacer en Zacate Grande, o sea los ricos han puesto ahorita a los Malespín para que vayan de frente. Porque ustedes fueron a los ricos y la gente no se quiere salir, entonces ustedes vayan de frente. Decimos esto porque los Malespín no tienen tanto dinero como para enfrentar un juicio en contra de un pueblo, pero ahorita andan de aldea en aldea, diciéndole a la gente que no puede actuar de ninguna forma para hacer trámites con su tierra porque las escrituras las tenemos nosotros, ante eso, es una situación difícil en Zacate Grande, aseguró Pedro Canales.
En nuevo incidente registrado el 20 de octubre de 2019,  pobladores y defensores de la tierra y el territorio, denunciaron ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que el terrateniente Jorge Luís Cassis Leiva, supuesto dueño de la tierra en litigio, ubicada en Puerto Sierra, mandó a construir un cerco de piedras y alambre de púas, con lo que cerró el único camino de paso comunitario para unas 50 familias que desde siempre han pasado por ahí, además es un plantel que sirve de carga y descarga vehicular.
Los pobladores y pobladoras de Puerto Sierra, comunidad vecina con Playa Blanca, fueron a romper el cerco, para poder salir de la comunidad, ubicada a la orilla de las aguas del Golfo de Fonseca, en la zona sur de Honduras.
En el incidente reportado se dijo que el terrateniente Cassís, se hace acompañar de hombres armados que se enfrentan a la población que se dedica a la agricultura y la pesca. Se denunció que aparte de las amenazas verbales expresadas por parte de civiles armados, incluso disparan bala viva en contra de los comunitarios, y que estas acciones se ejecutan aún en presencia de efectivos policiales, que no hacen nada por evitar las agresiones, que pueden desembocar en consecuencias de gravedad.
El comunicador social de la Voz de Zacate Grande, Darwin Aguilar, denunció a través de su cuenta en la red social Facebook, sobre el hostigamiento por parte de la policía y guardias del terrateniente Jorge Luís Cassís. Así como las amenazas de muerte contra compañeras defensoras del territorio por parte de los guardias de seguridad privada.
“La gente está indignada en Puerto Sierra y Playa Blanca, ya no sólo es Abel Pérez, María Hernández y Santos Hernández, procesados judicialmente por oponerse a la privatización de la tierra, sino que es toda la población que se enfrenta a hombres que tienen el poder y las armas”, aseguró el líder comunitario de ADEPZA, Pedro Canales.
Para el líder comunitario existe un plan de los grupos de poder para despojar de las tierras a las familias de Zacate Grande, porque se avecinan grandes proyectos para la zona como la instalación de una Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE).
El COFADEH ha alertado a la comunidad nacional e internacional sobre la grave situación que desde hace una década vive la población y defensores de la tierra, territorio y playas de la península de Zacate Grande, pero que en las últimas semanas se ha centrado en Playa Blanca y Puerto Sierra, con la criminalización, amenazas, vigilancia, hostigamiento y encarcelamiento de quienes defienden su derecho a la tierra para sobrevivir.


Radio Progreso

Estado hondureño criminaliza y encarcela a defensores del Río Guapinol

  • 02/09/2019
Defensores encarcelados por la jueza Lizeth Vallecillo. La Jueza de Jurisdicción Nacional, Lizeth Vallecillo, basada en pruebas, que de acuerdo a lo evidenciado por la defensa privada, no lograron acreditar los ilícitos, emitió un auto de formal procesamiento por los delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado, en perjuicio de la empresa Inversiones Los Pinares, contra los defensores del Río Guapinol.
A los defensores del Río Guapinol, integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Toca, se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva.
El fallo de la jueza Vallecillo, se dio a conocer entre el llanto y reclamo de justicia de familiares, compañeros y compañeras de los defensores del Río Guapinol, quienes han luchado contra la explotación minera y destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras, a cargo de Inversiones Los Pinares, propiedad del empresario Lenir Pérez y Ana Facussé.
“Ellos son inocentes, si ellos fueran culpables no se hubieran entregado, a dónde está la justica, se ensañan con los pobres”, expresaban las compañeras y madres de los ambientalistas.
El abogado Edy Tábora señala que el fallo de la jueza es arbitrario, puesto que el Ministerio Público utilizó, de manera ilegal y fraudulenta, a la Policía Nacional en actividades de investigación para incriminar a los defensores del Río Guapinol.
Añade que la Fiscalía ha demostrado “de manera permanente” la falta de objetividad y el interés que tiene para criminalizar a los defensores, utilizando pruebas falsas; “estamos observando que hay un interés claro para favorecer a la empresa”.
Durante el proceso de la Audiencia Inicial, el Ministerio Público no logró acreditar que los hechos imputados a los defensores del Río Guapinol tienen relevancia penal, por tanto la jueza Lizeth Vallecillo no resolvió de manera objetiva, indica el abogado Omar Menjivar.
En relación al aparente delito de privación injusta de la libertad, en perjuicio de Santos Hernández, quien se suponía fue contratado por Inversiones Los Pinares para instalar portones en el platel de la minera, el abogado Menjivar explica que el testimonio de la supuesta víctima fue contradictorio con la denuncia, ya que él mismo –Hernández- dijo que las personas que lo agredieron andaban encapuchadas, por lo tanto no hay manera racional de reconocerlas.
Ministerio Público instrumentalizado
Para el abogado Allan Alvarenga, las autoridades estatales, a través del fallo de la jueza Lizeth Vallecillo, están dejando claro que no soportará a los defensores que se oponen a los proyectos extractivos y a las empresas transnacionales que tienen influencias en todas las instituciones del Estado, y que utilizan al Ministerio Público como una oficina para proteger sus intereses anteponiéndolos a los intereses de la sociedad y el ser humano.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR), por considerar que la Fiscalía no logró demostrar la participación de los defensores del Río Guapinol en el delito de Asociación Ilícita, y solicitó un sobreseimiento definitivo, decisión adoptada por la jueza, el abogado Rodolfo Zamora, integrante del equipo legal de los ambientalistas, reitera que el Ministerio Público da a entender que quienes ejercen su derecho a organizarse y manifestarse, cuando las cosas no son de agrado de la población, son parte del crimen organizado para cometer delitos.
De acuerdo al abogado Zamora, lo anterior demuestra que el Ministerio Público se ha instrumentalizado para privilegiar los derechos de explotación minera, obtenidos de manera irregular, por la empresa Inversiones Los Pinares, sobre el fin supremo del Estado que es la persona humana.
Reinaldo Domínguez, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, expresa que, a pesar del fallo contra sus compañeros ambientalistas, mantendrán la lucha por el Río Guapinol porque se han demostrado que son una comunidad pacífica.
“Quiero decirle a la jueza que cuando se hacen esas decisiones injustas, no se duerme y se retuerce como un gusano, porque deja niños sin sus padres. Mandamos un mensaje de alerta, porque no pueden estar presos los compañeros por defender el agua”, manifestó Domínguez, mientras familiares se despedían de los defensores, a través de las ventas del camión policial, en el cual fueron trasladado al centro penal.
Los defensores de la vida y el agua Porfirio Cedillo, Kelvin Romero, Arnol Alemán, José Cedillo, Orbín Hernández, Ever Cedillo y Daniel Márquez fueron enviando a la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, para luego ser trasladados al centro penal de Olanchito, Yoro.

Desobedeciendo orden judicial, INP traslada a defensores de Guapinol para cárcel de máxima tortura

Por defensores -
5 septiembre, 2019

Tegucigalpa, Honduras.-  El Instituto Nacional Penitenciario (INP), desobedeció la orden del Juzgado de Jurisdicción Nacional quién dictaminó el traslado de siete defensores de los bienes comunes de la naturaleza de Guapinol, al centro penal del Olanchito, departamento de Yoro, y los envió a la cárcel de máxima seguridad –tortura- “La Tolva”, Morocelí, departamento de El Paraíso.
El domingo 01 de septiembre, la jueza de competencia nacional Lisseth Vallecillo Banegas, giró información al director del centro penal de Olanchito, notificando que estarán bajo su guarda y custodia José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Arnold Javier Alemán (sobreseído del primer requerimiento 021-2019), pero los defensores recluidos en la penitenciaría nacional “Marco Aurelio Soto”, en Támara, Francisco Morazán, no fueron trasladados.
A la lista de imputados por los supuestos delitos de incendio agravado y privación injusta de la libertad en perjuicio de Santos Hernández Corea; y por incendio agravado en perjuicio de la Sociedad Mercantil Inversiones Los Pinares S.A. de C.V. suman Antonio Martínez Ramos (fallecido  el 4 de abril de 2015) y Jeremías Martínez (está en prisión preventiva por otro delito).
Esta tarde, el equipo de defensa legal de los defensores de los bienes comunes de la naturaleza, en representación de la Coalición Contra la Impunidad- Honduras, confirmaron que los siete integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP), fueron trasladados a La Tolva, situada a 65 kilómetros al oriente de Tegucigalpa y, a más de 500 kilómetros de sus familias en el Bajo Aguán.
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En audiencia inicial la jueza había decretado a petición de la defensa que fueran enviados al centro penal de Olanchito, ella envió la comunicación y, el martes la defensa se apersonó a Támara para verificar cuando  iban a ser trasladados. Ese día –supuestamente- estaban saliendo hacia la cárcel en el valle del Aguán, y para sorpresa de los abogados y defensores de Guapinol, hasta ese  día no habían llegado.
Y, hace unos minutos por comunicación de Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) nos han dicho que fueron enviados para el centro penal de Morocelí  “La Tolva”, por –órdenes- del Instituto Nacional Penitenciario (INP), confirmó el abogado Mario Rojas, integrante del equipo de defensa legal de los defensores encarcelados por defender el río Guapinol y río San Pedro.
Agregó que, por esta arbitrariedad se interpuso un recurso de Habeas Corpus, para saber el motivo por qué se desobedeció la orden judicial de la jueza Vallecillo, incurriendo en responsabilidades administrativas y penales.
-Cabe señalar que este desacato judicial también se dio en el caso de la criminalización del preso político Rommel Baldemar Herrera Portillo, quien el 31 de mayo anterior fue detenido por suponerlo responsable de quemar llantas en la entrada de la Embajada de los Estados Unidos de América –en Tegucigalpa- en el marco de protestas contra el régimen de Juan Honradez, y la defensa de la salud y educación.
El joven maestro de 23 años debía guardar prisión preventiva en Támara, y sin notificación alguna lo llevaron a La Tolva, por órdenes del INP, quien se amparó en la Ley que lo rige, declaró el sub director German McNiel.-
En total son 32 ambientalistas en defensa del Río Guapinol y Río San Pedro, en Tocoa, Colón, al norte del país, (incluso don Ramón Martínez, quien seguirá acusado hasta que se muestre el acta de defunción), víctimas de una persecución constante que genera molestia e incomodidad, pese que un grupo juzgado bajo el expediente 21-2019, fue sobreseído en una extensa audiencia inicial hace seis meses, por el juez Víctor Méndez.
A este segundo grupo, que también se presentó voluntariamente los dejaron en prisión, en una cárcel de máxima tortura y lejana de su comunidad y familia.
El Equipo de defensa, realiza acciones correspondientes a fin de determinar por que fueron trasladados los defendores de los bienes comunes de la naturaleza a “La Tolva” y no a Olanchito, mientras estén en prisión preventiva, al negárseles la oportunidad de demostrar su inocencia bajo medidas sustitutivas.
Defender el Río Guapinol, es oponerse a la extracción minera en el Parque Nacional “Carlos Escaleras” antes Montaña de Botaderos, que abastece de agua y oxigeno a las comunidades vecinas, quienes hace un año advirtieron que el agua les lestaba llegando del color “como chocolate”, y por eso se organizó el Comité e instalaron por más de 90 días un campamento por la defensa del agua y la vida, hasta que los desalojaton brutalmente con cientos de policías y militares armados.
El Congreso Nacional mediante decreto 127-2012 creó el parque nacional  Montaña de Botaderos (bautizada por las comunidades como Montaña Carlos Escaleras). Este parque contiene una gran reserva productora de agua.
El decreto ordenaba al Instituto de Conservación Forestal (ICF) que se inscribiera el parque en el catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, y no se hizo.
El 28 de diciembre de 2013, el Congreso Nacional  emitió un decreto modificando  las medidas internas del parque nacional, ampliando la zona de amortiguamiento y en consecuencia, reduciendo la zona núcleo.
La concesión otorgada a la empresa minera Emco Minning  Company, hoy Inversiones Los Pinares, estaría dentro de la zona núcleo abarcando unas 100 hectáreas.
Por otra parte, existen 18 proyectos mineros otorgados por INHGEOMIN en el departamento de Colón, de los cuales 6 están en el municipio de Tocoa que suman unas 350 hectáreas de territorio concesionado para explotación minera a cielo abierto en el Parque Nacional, que ponen en peligro el río Tocoa, afectando directamente a 14 comunidades del sector Abisinia y la ciudad de Tocoa.

De la Montaña Carlos Escaleras, que se ubica entre los departamentos de Colón y Olancho, nacen los ríos Mame. Guapinol, Monga, Cuaca, San Pedro, Taujica, Bonito, Izquierdo, Río Chiquito, Tinto o Negro, entre otros.
Posee una extensión de  96, 755 hectáreas, de las cuales 24, 223, constituyen la zona núcleo y 72,531 la zona de amortiguamiento.

Criterio.hn
urgen revisar medidas de Guapinol

100 organizaciones urgen revisar medidas de Guapinol para garantizar que enfrenten proceso legal en libertad

octubre 30, 2019 Redacción 
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Tegucigalpa. – El pasado marte 29 de octubre familiares de defensores del agua de Guapinol y Sector San Pedro en Honduras solicitaron que la jueza de jurisdicción nacional Lisseth Vallecillo convocara inmediatamente a audiencia para revisar las medidas cautelares de prisión preventiva y, con ello, dejara a los defensores en libertad mientras enfrentan su procedimiento judicial. Actualmente, los defensores enfrentan prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad. Ante la solicitud de sus familiares, las organizaciones de derechos humanos firmantes recordamos que, de acuerdo con el Art. 174 del Código Procesal Penal, las partes pueden solicitar una audiencia de reforma o revisión de medidas cuando sea necesario y exigimos que la jueza Vallecillo convoque a la audiencia solicitada por las familias de los defensores privados de libertad y garantice su liberación inmediata.

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Recordamos que, en agosto de 2019, los defensores se presentaron de forma voluntaria al Juzgado de Jurisdicción Nacional para aclarar su situación jurídica después de que supieron de un requerimiento fiscal en su contra relacionado a hechos supuestamente ocurridos el 7 de septiembre de 2018. Desde el 1ro de agosto de 2018 se organizó el Campamento por el Agua y la Vida como legítima respuesta a la imposición de una empresa minera que había empezado a trabajar sin el consentimiento de la población local en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalares, provocando la contaminación del agua potable de 14 comunidades que dependen de los ríos San Pedro y Guapinol.
El 1ro de septiembre de 2019, la jueza Lisseth Vallecillo dictó auto formal de procesamiento a los defensores sin motivar su fallo y les envió a prisión preventiva por dos delitos que no requieren la aplicación de esta medida cautelar. Aunque ordenó el traslado de los defensores al Centro Penal de Olanchito, el Instituto Nacional Penitenciario se ha negado a acatar la orden judicial y los defensores se mantienen en la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
Es importante mencionar que la detención de los defensores se dio de forma arbitraria, ya que tanto las órdenes de captura como las audiencias las han llevado a cabo jueces de jurisdicción nacional quienes no están facultados para resolver en los delitos imputados. En los días posteriores a la audiencia inicial, los apoderados legales de los defensores presentaron dos escritos de Habeas Corpus, lo cual según el Artículo 182 de la Constitución de Honduras es un recurso jurídico para beneficio de personas ilegalmente presas, ante la cual, los órganos jurisdiccionales tienen “la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad.” Los dos Hábeas Corpus se encuentra ante la Sala de lo Constitucional aún pendientes de resoluciones firme. El 28 de octubre, el equipo legal presentó un nuevo recurso de Hábeas Corpus después de conocer que existía una resolución de una jueza de ejecución de trasladar los defensores a Olanchito, orden que no ha sido acatada.
Pobladores de la zona, así como defensores de derechos humanos con presencia en la región, denuncian que el 7 de septiembre de 2018 agentes de seguridad de la mina Los Pinares junto a pistoleros no uniformados llegaron al Campamento con el objetivo de realizar un desalojo sin orden judicial. Ante el gran número de pobladores que se presentaron pacíficamente en el Campamento, los agentes armados de la mina abandonaron el lugar en sus vehículos, momento en la cual dispararon en contra de la multitud. Un joven poblador recibió un disparo en la espalda, hecho por lo cual nadie ha sido procesado. Al contrario, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura en contra miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos. Sumado a esta situación de criminalización e impunidad, las organizaciones firmantes alertamos y denunciamos que, debido a actos de violencia y asesinatos en las cárceles de máxima seguridad La Tolva y El Pozo, cometidos en los últimos días, los defensores enfrentan una situación de riesgo al estar privados de libertad donde el Estado no da garantía por sus vidas.
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a revisar las medidas de los siete defensores y asegurar que pueden enfrentar su proceso legal en libertad. Asimismo, requerimos que las autoridades judiciales hondureñas reconozcan la inocencia de los compañeros detenidos y cesen de inmediato la criminalización en contra de quienes defienden el agua en la comunidad de Guapinol y sector San Pedro.
Organizaciones firmantes
Honduras
Asamblea de mujeres Luchadoras
Asociación Bufete Jurídico Popular
Asociación de Jueces por la Democracia
Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande ADEPZA
Cáritas Diócesis de San Pedro Sula, Miembro de la red cáritas Honduras y cáritas
internacional.
Casasola Editores
Cehprodec
Centro de Derechos de Mujeres CDM
Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)
Colectiva de Historiadoras Feministas (CHF)
Colectiva Matria
Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Honduras
Colectivo Josefa Lastiri
Comité por la Libre Expresión (C-Libre)
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
CONAMINH
COPA
COPINH
Ecumenicas por el Derecho a Decidir
EMIH
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj)
Foro de Mujeres por la Vida Honduras
Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
Gerardo Torres
Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR)
INEHSCO Instituto Ecumenico Hondureño de Servicios Comunitarios
Insurrectas Autónomas
Justicia Alimentaria/VSF
La Vía Campesina Honduras
MILPAH movimiento indígena lenca
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
Movimiento de mujeres Visitación Padilla
Observatorio permanente de derechos humanos del Aguán OPDHA
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Oxfam
Partido Socialista de los Trabajadores PST
Plataforma agraria regional del Bajo Aguán
Red de abogadas defensoras de derechos humanos
Red Mujeres Campesinas del Valle del Aguan (RMCVA)
Red Nacional de Defensoras de Derechos humanos en Honduras
Somos Muchas
Alemania
Colectivo Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO)
HondurasDelegation
Austria
Solidaridad con Guatemala de Austria
Canadá
Colombian Action Solidarity Alliance – CASA
Elders for Environmental Justice, Montreal
Honduro-Canada Solidarity Community
Colombia
Movimiento Nacional de víctimas de Corporaciones Multinacionales
Costa Rica
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud CISAS
España
Asociación de Mujeres de Guatemala AMG
Plataforma por Honduras en Madrid
Red de Hondureñas Migradas
Estados Unidos
Alliance for Global Justice – AFGJ
Alliance for Global Justice – AFGJ
Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
Cosecha
Cross Border Network
DC International Womxn Alliance
Dra. Suyapa Portillo, Pitzer College
GHRC-USA
Honduras Solidarity Network
Institute for Policy Studies
Interfaith Movement for Human Integrity (IM4HI)
La Voz de los de Abajo Chicago
Latin America Task Force (LATF) of Interfaith Council for Peace & Justice (ICPJ)
Latin American Working Group – LAWG
Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA)
Pitzer College
Raíces Migrantes (Migrant Roots Media)
Unitarian Universalist Service Committee
Guatemala
Asociación Civil Barillense de Desarrollo Integral Yalmotx ACIBDIYA
Bufete Para Pueblos Indígenas
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos CALDH
Comité Campesino de Altiplano (CCDA)
Eco Conciencia con amor Zaragoza (Eccaz)
Equipo de Estudios Comunitario y Acción Psicosocial – ECAP
H.I.J.O.S. Guatemala
Prensa Comunitaria KM169
SOMOS
UDEFEGUA
Italia
Collettivo Italia Centro America – C.I.C.A.
Studenti Indipendenti Medicina La Sapienza
México
Servicios y Asesoría para la Paz A.C.
Perú
Estudio Arbizu & Gamarra
Reino Unido
Christian Aid – CA
Suiza
Foro Honduras Suiza
Peace Watch Switzerland PWS
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Regional
IM-Defensoras
ADEPZA
Caritas de honduras
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
La Voz de Zacate Grande
Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe
Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos JASS (Asociadas por lo Justo)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Trocaire


Radio Progreso

Autoridades penitenciarias se niegan a cumplir traslado de defensores del Río Guapinol

  • 26/10/2019
Defensores del río Guapinol que está presos en La Tolva. La jueza de ejecución Marleney Tercero, desde el 13 de septiembre, ha ordenado que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario cumplan la resolución del juzgado de jurisdicción nacional, en la que dicta que los siete defensores del Río Guapinol sean privados de libertad en el Penal de Olanchito, Yoro, y no en la cárcel de máxima seguridad La Tolva.
El abogado Carlo Jiménez, integrante de la defensa de los ambientalistas del Río Guapinol, explica que la jueza de ejecución detalla en su resolución ha habido una total violación al debido proceso, al que se enfrentan los siete ambientalistas, quienes fueron privados de libertad en la cárcel La Tolva desde el 3 de septiembre.
Si las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, es decir Rosa Gudiel y German McNiel, no cumple con la orden de traslado de los siete defensores del Río Guapinol estarían incurriendo en un segundo delito de desobediencia, señala el abogado Carlo Jiménez.
“El Instituto Penitenciario ya no tiene como obviar esta obligación de realizar este traslado de manera inmediata, es una segunda orden judicial; desde el momento que esta resolución fue emitida ha pasado más de un mes, es de considerar que el de delito de desobediencia ya está configurado”, apunta el abogado Jiménez.
Instalaciones de la cárcel de máxima seguridad La Tolva. Familiares exigen traslado
Con un plantón frente a las instalaciones del Instituto Nacional Penitenciario en Tegucigalpa, familiares e integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, exigieron el traslado inmediato de los ambientalistas al centro penal de Olanchito, Yoro.
Juana Zúniga, integrante del Comité en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, manifiesta que mientras el sistema de justicia encarcela a los defensores, los criminales andan en las calles: “les han violentado todos sus derechos al ser trasladado a La Tolva, aislados de sus familias; llevan casi dos meses y solo una vez los hemos visto”.
Sin embargo, el sub director del Instituto Nacional Penitenciario, German McNiel, sin importarle las resoluciones judiciales, insiste que es a esa institución a quien le compete determinar a qué centro penitenciario se enviará el privado de libertad, de acuerdo a la capacidad de alojamiento.
“Estas cárceles –La Tolva- son las que no cuentan con sobrepoblación, en sentido cuentan para poder dar una privación de libertar digna para estas personas; esto no se trata de si uno manda más que el otro, es cuestión de competencias y es al Instituto Penitenciario que le compete”, expresa McNiel, quien no accedió a conversar con los familiares de los defensores del Río Guapinol, acusados por la empresa minera Inversiones Los Pinares.
En respuesta a la negativa de no dejar pasar la alimentación y los paquetes de aseo personal, German McNiel dice que la administración solo cumple fielmente con la normativa del sistema nacional penitenciario: “no encuentro motivo por el cual pudiesen llevarles comida”.
Por su parte, la ministra de derechos humanos, Karla Cueva, al ser consultada sobre los incumplimientos del Instituto Penitenciario, manifiesta que la institución que ella dirige solo está encargada de velar el cumplimiento de la normativa en materia de derechos humanos.
“Nuestro rol es hacer del conocimiento del Instituto la existencia de estas directrices emanadas de los órganos judiciales, para que ellos se manifiesten”, argumentó Cuevas.
Karla Cueva refirió que la defensa legal de los siete ambientalistas del Río Guapinol debe de acudir al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), porque ellos son los que tienen la potestad de investigar quejas de violaciones o vulneraciones de garantías.
En ese sentido, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, asegura que ya están realizando una investigación sobre el caso, y que por el momento la única respuesta de las autoridades penitenciarias es que existe sobrepoblación en el centro penal de Olanchito.
“Nosotros seguimos insistiendo que estas cosas debemos verificarlas; por otro lado hay otra sentencia que a nuestro juicio debería de respetarse”, dijo Herrera Cáceres, afirmando que la investigación en proceso determinará si las autoridades penitenciarias han incurrido en abuso de autoridad y desobediencia.
Herrera Cáceres dijo que, junto al Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), están verificando las condiciones en el penal de Olanchito, teniendo en cuenta que lo primero es la dignidad de los seres humanos.
Organizaciones internacionales exigen traslado
Un total de ocho organizaciones internacionales enviaron una carta a Rosa Gudiel, Directora del Instituto Nacional Penitenciario, para exigir el cumplimiento de “las debidas garantías procesales y de las órdenes judiciales que garanticen el traslado inmediato” de los siete defensores del Río Guapinol, que son privados de libertad arbitrariamente durante casi dos meses.
De acuerdo a la información proporcionada por el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en la carta se resalta que “la decisión de trasladar a los defensores a la cárcel de La Tolva es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos recogidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”
Dicha carta también fue dirigida a la Corte Suprema de Justicia, y hacen ver que los defensores del Río Guapinol “viven en condiciones violatorias de sus derechos humanos incluyendo un régimen restrictivo y excesivamente burocrático de visitas y comunicación con familiares que les condena a la incomunicación”.
Los defensores José Daniel Márquez, Kelvin Romero Martínez, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnol Javier Alemán Soriano, fueron acusados por la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Ministerio Público de incendio agravado, asociación ilícita, robo y privación injusta de la libertad.


Radio Progreso

Por detención ilegal en “La Tolva” presentan Habeas Corpus en favor de defensores del Río Guapinol

  • 28/10/2019
Momento en que equipo interpone Habeas Corpus La defensa legal de los siete defensores del río Guapinol ha presentado un tercer recurso de Habeas Corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por la detención ilegal y las omisiones del Instituto Nacional Penitenciario para el traslado inmediato de los ambientalistas.
“El motivo de este recurso es para que se exija al Instituto Nacional Penitenciario el cumplimiento de dos resoluciones judiciales, una emitida por la jueza Lisseth Vallecillo y otra por Marleny Tercero”, se indica en el recurso presentado por la defensa de los siete ambientalistas, a quienes las autoridades penitenciarias enviaron arbitrariamente a la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.
El primero de septiembre, al finalizar la audiencia inicial contra los siete defensores, Lisseth Vallecillo, jueza de jurisdicción nacional, resolvió que los acusados por la empresa minera Inversiones Los Pinares, fuesen privados de libertad en la granja penal de Olanchito, departamento de Yoro; doce días después, la jueza de ejecución, Marleny Tercero, ordenó al Instituto Penitenciario cumplir con el traslado.
“Le estamos diciendo al Poder Judicial que ellos tienen la facultad, incluso, de ordenar la inmediata libertad de los compañeros, puesto que el Instituto Penitenciario ha desobedecido dos órdenes judiciales de los jueces que conocen la causa”, explicó la abogada Kenia Oliva, integrante del equipo de defensa.
El escrito de exhibición personal pide a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que se nombre un juez ejecutor “atendiendo la urgencia del caso y darle el trámite prioritario e inmediato”, conforme a la Constitución de la República.
Remitiéndose a los hechos violentos en la cárcel La Tolva, en los que un privado de libertad fue asesinado, la abogada Kenia Oliva señala que los defensores del Río Guapinol no solo se encuentran en inseguridad física, sino que, también en inseguridad jurídica, porque el Instituto Penitenciario “no toma en cuenta lo que dice el Poder Judicial y no valora lo que ordena un juez de jurisdicción nacional”.
Por su parte, el abogado Edy Tábora indica que tanto Rosa Gudiel y German McNiel, directora y sub director del Instituto Nacional Penitenciario, están cometiendo los delitos de desobediencia y abuso de autoridad al no cumplir con las órdenes judiciales.
“Hay un objetivo político sobre estos defensores, el Instituto Nacional Penitenciario en sus resoluciones está invocando que las órdenes de traslado vienen del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, en la cual le dan facultades extraordinarias para el traslado, sin motivaciones de los privados de libertad”, denunció el abogado Eddy Tábora, del equipo defensor, quien apunta que, desde el 5 de septiembre, acudieron a la Fiscalía para que investigue y presente la acusación contra los funciones del Instituto Nacional Penitenciario.
Familiares siguen exigiendo traslado
Una representación de familiares y del Comité en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa se reunió con la directora del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Gudiel, para exigirle que cumpla las dos órdenes judiciales que mandan el traslado de los siete defensores del río Guapinol a la granja penal de Olanchito.
Durante la reunión, la que se realizó en la cárcel La Tolva, la directora del Instituto Penitenciario aseguró a los familiares que está revisado el expediente de los defensores del río Guapinol, pero que la decisión del traslado deberá tomarse junto a otras personas, dijo Juana Zúniga, integrante del Comité en Defensa de los Bienes Comunes de Toca.
Juana Zúniga cuenta que el objetivo de la reunión también era poder visitar a sus familiares, sin embargo, por los hechos violentos y la muerte de un privado de libertad en La Tolva, solo alcanzaron verles a través de las cámaras de seguridad.
“Los miramos a través de una cámara, lastimosamente no era ese el plan, los identificamos, ellos están ahí; puede observar a mi compañero, estaba sentado en una mesa viendo televisión, y sentí que hay mucha preocupación, pudimos ver también a Porfirio Sorto con el mismo semblante de mi esposo, pensativos”, describe Juana Zúniga.
De acuerdo a lo indicado por la defensa legal de los siete defensores del río Guapinol, y establecido en la Ley de Justicia Constitucional, la Corte Suprema de Justicia en un término de 24 horas deberá nombrar un juez ejecutor del recurso de Habeas Corpus, para que constate la integridad física, psíquica y jurídica de los ambientalistas.


Radio Progreso

Justicia en C.A está en manos de jueces parciales, señala jurista internacional

  • 27/09/2019
Ramón Cadenas presidente de la Comisión Internacional de Juristas. En entrevista con Radio Progreso (RP), el presidente de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, Ramón Cadena (RC), sostiene que la justicia en Centroamérica está en manos de los poderes judiciales pero que, se debería pensar el tipo de jueces que integran dichos poderes.
“…, y eso nos llevaría a concluir que hay un gran porcentaje de jueces que están parcializados, que no son independientes y, por lo tanto, yo podría decir que, por lo menos, en los que respecta a Honduras, El Salvador, Guatemala, y sobre todo en Honduras y Guatemala, la justicia está en manos de jueces que no son imparciales e independientes, lamentablemente”, dijo Ramón Cadena.
RP. ¿En manos de quién está la justicia en Centroamérica?
RC. Está en manos de los poderes judiciales de Centroamérica. Lo que deberíamos de pensar es qué tipo de jueces integran los poderes judiciales, y eso nos llevaría a concluir que hay un gran porcentaje de jueces que están parcializados, que no son independientes y, por lo tanto, yo podría decir que por lo menos en los que respecta a Honduras, El Salvador, Guatemala, y sobre todo en Honduras y Guatemala, la justicia está en manos de jueces que no son imparciales y que no son independientes, lamentablemente.
RP. ¿Es el triángulo norte de Centroamérica el más preocupante?
RC. Sí. En todos los países del mundo, los gobiernos, el organismo ejecutivo trata de controlar el poder judicial, en Latinoamérica hay muchos ejemplos, pero el triángulo norte es de especial preocupación porque aquí hay producción, hay tránsito de drogas, hay un fenómeno migratorio muy intenso que a veces está siendo afectado por políticas de los países de destino como es el caso de Estados Unidos con lo de “tercer país seguro”
RP. Además, es una región de inestabilidad política, y aquí entra Nicaragua
RC. Exactamente. Es una región de inestabilidad política, hay demasiada pobreza, demasiada desigualdad. Indudablemente Nicaragua si es otro de los países en donde el poder judicial está cooptado por el poder ejecutivo.
RP. ¿Hay apertura en estos países para las observaciones que ustedes hacen como Comisión Internacional de Juristas?
RC. En general hay apertura, sobre todo para la capacitación, hay interés de que se capacitan a jueces y juezas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero hay obstáculos muy grandes. Si bien hay apertura para que se capacite, pero hay un obstáculo para implementar esos conocimientos. Por ejemplo, hay resistencia entre los propios operadores de la justicia en aplicar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no hay resistencia de aprender, pero si resistencia en aplicarlo.
RP. ¿Por qué pasa eso?
RC. Porque tenemos muy afectados a los jueces con una capacitación clásica en donde se trata prácticamente de adoctrinar a los abogados, abogadas, jueces, fiscales sobre el concepto de soberanía absoluta, y el Derechos Internacional de los Derechos Humanos, en parte, es una limitación progresiva a la soberanía de los países hasta el extremo donde la soberanía de los Estados es cedida al aceptar una Corte Penal Internacional. En Centroamérica estamos transitando entre la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la defensa retrógrada y muy extremista de la soberanía absoluta, y es allí donde empezamos a encontrar los grandes y serios obstáculos para la aplicación de la justicia en general.
RP. ¿Por eso estamos avanzando a más pactos de impunidad?
RC. En la medida en que se defiende la soberanía absoluta se defiende también esos pactos de impunidad. Sin embargo, los pactos de impunidad se han ido aclarando gracias a la presencia de organismos internacionales, en Guatemala es muy evidente. La presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, Cicig, fue clave para poder encontrar los elementos de ese pacto y para que la sociedad pudiera entenderlo, interiorizarlo e identificarlo.
RP. ¿Qué va a pasar con Guatemala hoy sin la Cicig?
RC. Como Comisión Internacional de Juristas hicimos una misión para eso y nuestra conclusión fue que en Guatemala se necesita un mecanismo internacional contra la impunidad. Analizamos si el Ministerio Público estaba lo suficientemente fortalecido para poder enfrentar al crimen organizado y a estas mafias que están enquistadas dentro del Estado, y nuestra conclusión es que no, necesitamos un mecanismo internacional.
RP. ¿Y qué va hacer el presidente electo, Alejandro Giammattei?
RC. El presidente electo, Giammattei, habla de una Comisión Nacional pero es lo mismo que se está planteando en El Salvador. Lo que se necesita es una Comisión Internacional con garra para que pueda hacerle frente al crimen organizado. De lo que Giammattei habla, de una Comisión Nacional en el ejecutivo, ya tenemos muchas experiencias, no funcionan, y no funcionan porque al ser nacionales o son parte de las mafias o simplemente les da miedo o no quieren enfrentarse como deben de hacerlo.
RP. ¿Cuál es la mejor herencia de la Cicig para Guatemala?
RC. La mejor herencia es un ejemplo de que sí se puede detener a aquellos delincuentes de cuello blanco. Nos dio la lección de que juntos, si los funcionarios guatemaltecos del Ministerio Público reciben apoyo y están respaldados, hombro a hombro, con un organismo internacional, pueden hacer su trabajo y detener a delincuentes de cuello blanco, es decir, a los más poderosos de los poderosos: el sector privado, el sector militar y el sector político.
RP. ¿Cómo ve a Honduras?
RC. Honduras se parece mucho a mi país, hay necesidad de reformas, cuesta introducir las reformas, el Consejo de la Carrera fue fallido, hay mucha corrupción, hay cooptación de los funcionarios públicos y del poder judicial, hay poca independencia judicial, poca imparcialidad y hay mucha desigualdad, mucha pobreza y mucha riqueza, pero en pocas manos. Se parece mucho a Guatemala también porque hay una persecución y criminalización a dirigentes que se oponen a ese modelo de desarrollo.
RP. ¿Qué piensa de la Maccih?
RC. Bueno en Honduras se vivió el golpe de Estado de 2009, y ese golpe vino a afectar muy seriamente a la ciudadanía. No se hizo justicia, entonces es fundamental que la sociedad hondureña hiciera esta reflexión y viendo lo que hacía Guatemala con la Cicig empezó a plantear esa necesidad. Es lamentable que la Maccih que se creó no sea tan fuerte como la Cicig, no es un querellante adhesivo, pero aun así creo que es un mecanismo internacional contra la impunidad al que hay que darle el apoyo para ver si logra romper con todas las estructurales criminales que hay en Honduras.
Acción de apoyo a la MACCIH. RP. ¿Cómo valora usted el Código Penal que entrará en vigencia en noviembre?
RC. Primero tengo que felicitar al pueblo hondureño por haber logrado un Código Penal porque no es fácil, sólo vean el caso de Guatemala, en los acuerdos de paz, que se firmaron en 1996, se acordó un nuevo Código Penal y más de 20 años y no se ha logrado. Hay que celebrar el tener un nuevo Código Penal, claro no se trata sólo de aprobarlo. En el caso de Honduras tiene cosas buenas, importantes que hay mantener, pero si hay que revisarle algunos puntos como la criminalización.
RP. ¿Hay que abrogarlo o derogarlo?
RC. Sea como sea, pienso que para nada sería bueno abrogarlo o derogarlo, porque nunca van a aprobar otro Código Penal porque va a seguir rigiendo el código anterior o si aprueban uno nuevo quizá todo el dinero que se invirtió se pierda.
RP. ¿Hay que ampliar la vacatio legis?
RC. Yo diría que es bueno ampliar la vacatio legis, es razonable que no entre en vigor en noviembre, dar un chance más, unos seis meses más pero no más, y que durante ese periodo se tenga un programa intensivo de capacitación, de análisis, de reflexión para mejorar el código.
Movilización en rechazo a la corrupción en Honduras.


COPINH
Comunicados 

¡Alerta! Amenazas a muerte a Rosalina Domínguez y otrxs en Río Blanco.

Desde le lunes, 29 de abril, se han sostenido agresiones permanentes contra la compañera Rosalina Domínguez y otrxs por parte de miembros de la familia Madid quienes portan armas de fuego (calibre 38, de las que han podido identificarse) junto con la señora Nery Méndez quién hace blandir su machete como actos intimidatorios. Esto se ha desarrollado en el lugar denominado “La Vega del Culatón” (zona limítrofe entre los municipios de San Francisco de Ojuera, Santa Bárbara y el municipio de Intibucá, Intibucá) donde varios miembros de COPINH liderados por la señora Rosalina Domínguez se hicieron presentes para comenzar el cultivo en tierras ancestrales que la empresa #DESA pretendió utilizar para el desarrollo del Proyecto “Agua zarca”. La familia Madrid llegó al lugar de los hechos para proferir amenazas a muerte a Rosalina y a los jóvenes Arnold Sánchez, Fredi Sánchez, Amos Sánchez, Leonidas Sánchez, Salomé Rodríguez y la señora Cornelia González y otros. Durante estos tres días se han proferido diversas amenazas e incidentes en los que han estado a punto de machetear a varios de estos compañeros, se han expresado comentarios como “que cualquier rato la iban a encontrar sola” “qué comieran bastante porque bien llenos iban a morir”, entre otras. Estas amenazas se han dirigido especialmente a Rosalina por considerarla la “organizadora” del grupo a la que se ha expresado que matarán de la misma manera que a la señora Berta.
Saludamos la valentía de Rosalina y otrxs compañerxs y exigimos la actuación inmediata del Sistema Nacional de Protección, la fiscalía de Derechos Humanos y la Policía Nacional par arrestar a esas personas que incluso portan armas “hechizas”.
#BastaDeCriminalizar

COPINH

Atentan contra la vida de nuestra compañera Rosalina Domínguez, líderesa de la comunidad de Río Blanco.

Ayer en horas de la tarde mientras nuestrxs compañerxs trabajaban en La Vega del Culatón, tierra que intentó usurpar la empresa DESA, Donato Madrid llegó a hostigar y amenazar a quienes estaban trabajando.
Rosalina Domínguez, líderesa de la comunidad, se acercó a Donato y le dijo que se alejara y dejara de molestar a quienes trabajaban, fue entonces cuando Donato Madrid la agarró del cuello de la camisa e intentó golpearla con el machete en el cuello en un claro intento de asesinarla.
Rosalina logró defenderse y un grupo de la comunidad logró sacar a Donato del predio donde estaban trabajando.
El incremento de los ataques en contra de la comunidad, en especial contra Rosalina, son el reflejo de la inoperancia del Ministerio Público, el Mecanismo de Protección y la Policía Nacional, quienes a pesar de las denuncias interpuestas aún no actúan para proteger a las compañeras y compañeros de Río Blanco y mantienen en la impunidad a la familia Madrid.
Responsabilizamos al Instituto Nacional Agrario (INA) por no diligenciar su trabajo para resolver el problema de la tierra.
Entendemos este aumento de los ataques a la comunidad como resultado de la impunidad en que continúan los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Nuestra compañera Rosalina se encuentra bien, sin embargo su vida se encuentra en grave riesgo.
Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para con Rosalina y la comunidad de Río Blanco, pedimos difundir esta información y denunciar los ataques en contra nuestras compañeras y compañeros.
#SolidaridadRíoBlanco #NoMásImpunidad

COPINH
Hijxs de Berta Cáceres solicitan ante tribunal de EEUU datos sobre compra de casa de $1.4m por David Castillo 8 meses después del crimen
Este 4 de septiembre en el Hotel Honduras Maya se presentará un informe con información clave sobre Castillo

El articulo publicado en THE GUARDIAN:

Family of slain Honduran activist appeal to US court for help in her murder trial

The children of Berta Cáceres want to subpoena bank records to a luxury house purchased by the alleged mastermind of the murder

El articulo publicado en PASO DE ANIMAL GRANDE:

Hijos de Berta Cáceres solicitan ante tribunal de EUA datos sobre compra de lujosa casa por David Castillo después del crimen

Hijos de Berta Cáceres solicitan ante tribunal de EUA datos sobre compra de lujosa casa

por David Castillo después del crimen

Sábado, 31 Agosto 2019 08:19 Written by  Published in Bertha Caceres - PASOS DE ANIMAL GRANDE

La madre de Berta Cáceres, Austra Berta Flores, derecha, y sus hijas, Olivia, centro, y Berta Zuniga Cáceres, izquierda, salen de una reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el 10 de agosto. Fotografía: Orlando Sierra / AFP / Getty Images
La madre de Berta Cáceres, Austra Berta Flores, derecha, y sus hijas, Olivia, centro, y Berta Zuniga Cáceres, izquierda, salen de una reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el 10 de agosto. Fotografía: Orlando Sierra / AFP / Getty Images
Los hijos de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres presentaron una solicitud ante un tribunal federal de los Estados Unidos para citar los registros bancarios vinculados a una casa de lujo de 1,4 millones de dólares en Texas comprada por el presunto autor intelectual ocho meses después del asesinato, según una noticia publicada este 31 de agosto en el periódico The Guardian,  por la prestigiosa periodista Nina Lakhani.
Los hijos de Cáceres, Laura, Bertita y Salvador Zúñiga Cáceres, son demandantes en el caso, y según la ley hondureña tienen derecho a instruir a los abogados para que procesen en privado a Castillo por presuntamente orquestar el asesinato de su madre.
Según la investigación publicada por The Guardian la lujosa casa consta de cinco dormitorios y cinco baños ubicada en Houston fue comprada por Castillo Mejía en noviembre de 2016, gracias a un pago inicial de $ 400,000 y una hipoteca de $ 1.04 millones del Banco Hancock Whitney en Mississippi Luisiana.
Los abogados de la familia Cáceres argumentan que el momento de la compra de bienes raíces de 5.034 pies cuadrados y el pago inicial sustancial podrían proporcionar evidencia sobre el motivo financiero del asesinato. Afirman que la información buscada por el banco también podría ayudar a identificar a otras personas aún desconocidas involucradas en el asesinato.
"Nuestros clientes tienen todos los derechos de los fiscales para presentar pruebas relevantes", dijo la abogada Ralitza Dineva, de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, que presentó la solicitud.
La esposa de Castillo, Tanya Romero-Baca, ciudadana de los Estados Unidos, se opone a la solicitud porque "es casi seguro que es una expedición de pesca de mala fe".
La solicitud de los hijos de Cáceres para citar detalles financieros en poder del banco ha sido presentada en el tribunal de distrito sur de Mississippi. La solicitud es para asistencia legal extranjera, y busca descubrir evidencia para usar en el juicio por asesinato hondureño contra Castillo
Esta es una traducción libre de la noticia en el periódico londinense The Guardian:
Familia de activista hondureña asesinada apela a la corte estadounidense para que la ayude en su juicio por asesinato
Por: Nina Lakhani
Los hijos de la activista hondureña asesinada Berta Cáceres presentaron una solicitud ante un tribunal federal de los Estados Unidos para citar los registros bancarios vinculados a una casa de lujo de 1,4 millones de dólares en Texas comprada por el presunto autor intelectual del crimen pocos meses después del asesinato, según una noticia publicada en el periódico The Guardian por la prestigiosa periodista Nina Lakhani.
Cáceres, de 44 años, ganador del prestigioso premio Goldman para defensores del medio ambiente, fue asesinado a tiros en su casa por pistoleros a sueldo el 2 de marzo de 2016 después de una larga batalla para detener la construcción de una presa hidroeléctrica financiada internacionalmente en el río Gualcarque, que el Lenca La gente lo considera sagrado.
En noviembre de 2018, siete hombres fueron condenados por llevar a cabo el asesinato , que el tribunal de Tegucigalpa dictaminó que fue ordenado por ejecutivos de la empresa de represas de Agua Zarca Desa debido a demoras y pérdidas financieras relacionadas con las protestas lideradas por Cáceres.
Uno de los ejecutivos identificados en la corte fue David Roberto Castillo Mejía, el CEO de Desa. En marzo de 2018, Castillo fue acusado de ser un "autor intelectual", quien supuestamente coordinó y proporcionó fondos a los asesinos. Él vehementemente niega cualquier participación.
Castillo, un ex oficial de inteligencia capacitado en los EE. UU. Y ex empleado del gobierno, compró la lujosa casa independiente de cinco dormitorios y cinco baños en Houston en noviembre de 2016, gracias a un pago inicial de $ 400,000 y una hipoteca de $ 1.04 millones del Banco Hancock Whitney en Mississippi Luisiana
La solicitud de los hijos de Cáceres para citar detalles financieros en poder del banco ha sido presentada en el tribunal de distrito sur de Mississippi. La solicitud es para asistencia legal extranjera, y busca descubrir evidencia para usar en el juicio por asesinato hondureño contra Castillo.
Los abogados de la familia Cáceres argumentan que el momento de la compra de bienes raíces de 5.034 pies cuadrados y el pago inicial sustancial podrían proporcionar evidencia sobre el motivo financiero del asesinato. Afirman que la información buscada por el banco también podría ayudar a identificar a otras personas aún desconocidas involucradas en el asesinato.
Los hijos de Cáceres, Laura, Bertita y Salvador Zúñiga Cáceres, son demandantes en el caso, y según la ley hondureña tienen derecho a instruir a los abogados para que procesen en privado a Castillo por presuntamente orquestar el asesinato de su madre.
"Nuestros clientes tienen todos los derechos de los fiscales para presentar pruebas relevantes", dijo la abogada Ralitza Dineva, de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, que presentó la solicitud.
La esposa de Castillo, Tanya Romero-Baca, ciudadana de los Estados Unidos, se opone a la solicitud porque "es casi seguro que es una expedición de pesca de mala fe".
“No hay una razón legítima para creer que el archivo de la hipoteca contenga evidencia relevante sobre si David Castillo 'planeó' el asesinato de la Sra. Cáceres en Honduras . Por el contrario, el archivo seguramente contiene todo tipo de información sobre los activos, intereses comerciales, tenencias financieras, cuentas bancarias y otra información financiera confidencial de Castillos ”, escribieron los abogados de Romero-Baca, quienes no quisieron hacer más comentarios.
El asesinato de Cáceres provocó la indignación internacional generalizada y las demandas de justicia, en un país donde la impunidad ronda el 95%.
Sus partidarios dieron la bienvenida a las condenas del año pasado como el primer paso hacia la justicia, pero han seguido exigiendo el enjuiciamiento de las personas poderosas que ordenaron y pagaron el asesinato.
Nueve meses después del veredicto, los siete asesinos aún no han sido condenados.
Los representantes de Castillo han presionado por su liberación, alegando que es víctima de persecución política.
Pero el viernes, una coalición de grupos de derechos de los EE. UU., Incluida la Fundación del Debido Proceso Legal, Plataforma Internacional contra la Impunidad, publicó un expediente que implica a Castillo en un patrón de violencia, violaciones de derechos humanos y corrupción para beneficiar a las empresas con las que estaba asociado. y Robert F. Kennedy Human Rights.
El informe, Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña , describe los negocios de Castillo y numerosos casos legales que sugieren que influyó ilegalmente en los contratos del gobierno y solicitó la asistencia de las fuerzas de seguridad estatales para cometer abusos contra los derechos humanos.
Castillo se encuentra entre las 16 personas acusadas de cargos de corrupción, incluido el fraude y el uso de documentos falsos vinculados a la presa de Agua Zarca, financiada internacionalmente. En ese caso, conocido como el fraude de Gualcarque, los fiscales alegan que Castillo utilizó poderes para crear Desa con el fin de evitar que su nombre apareciera como propietario, mientras negociaba permisos y lucrativos contratos de energía con la Compañía Nacional de Electricidad (ENEE), la compañía estatal de energía que él trabajó para el momento. Castillo niega haber actuado mal.
Los supuestos representantes testificaron durante el proceso de acusación que eran empleados de Castillo en su empresa de computadoras Digicom, donde trabajaban como conductor y técnico informático, respectivamente. En 2009, Castillo fue multado después de que los auditores del gobierno descubrieran que Digicom vendía suministros de oficina y accesorios de computadora a las fuerzas armadas a precios inflados. Castillo también fue sancionado por haber reclamado ilegalmente dos salarios estatales, uno de las fuerzas armadas y el otro de ENEE.
Al comentar sobre el informe, el representante demócrata de Illinois, Jesús García, quien recientemente viajó a América Central en una delegación encabezada por la presidenta de la casa, Nancy Pelosi, dijo: "Este informe implica a las compañías energéticas hondureñas en el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres en 2016 y documentos corrupción sistémica y violencia que enfrenta el pueblo hondureño ".
"Los líderes del Congreso y la política internacional internacional deben asegurarse de que los bancos de desarrollo financiados por los contribuyentes no estén financiando proyectos y compañías involucradas en abusos de derechos humanos, corrupción o actividades delictivas".
A principios de esta semana, una delegación empresarial y de derechos humanos de la ONU en Honduras, dijo: "Con demasiada frecuencia, las empresas y los inversores se benefician de la corrupción y descuidan su responsabilidad de respetar los derechos humanos ".
La presa a la que se opuso Cáceres se encontraba entre decenas de proyectos lucrativos de energía renovable sancionados después de un golpe de estado de 2009, que se llevó a cabo sin consultas legales requeridas por la comunidad y estudios de impacto ambiental. Sin embargo, desde 2009, el precio de la electricidad en Honduras ha aumentado un 164% .
Vea la publicación original en inglés, en este Link :
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/31/berta-caceres-murder-trial-subpoena-david-castillo

¿Quién es David Castillo?


El hombre acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres
CLICK AQUI para leer o descargar el dossier en ingles “Violence, Corruption & Impunity in the Honduran Energy Industry – A profile of Roberto David Castillo Mejía”.

COPINH

Nuestra Coordinadora General Bertha Zúniga se reúne con el Relator de Independencia Judicial de la ONU para informar sobre el caso Berta Cáceres

El Relator García Sayán visita Honduras para conocer las amenazas que enfrenta la justicia en un ambiente de corrupción que impera en el sistema judicial hondureño.
Bertha Zúniga informó a García Sayán sobre los diferentes obstáculos que ha tenido que enfrentar la familia y el COPINH para tener un acceso real a la verdad y la justicia por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. El ocultamiento de información sobre el desarrollo del caso, la expulsión de las víctimas del proceso, la negación del derecho del COPINH a ser parte en el caso, la nula investigación y procesamiento a todos los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera, fueron parte de los temas de este encuentro.
La suspensión del proceso en contra de David Castillo gerente de la empresa DESA, a 7 meses de que termine su prisión preventiva, debido a que la defensa presentara de manera irregular un peritaje que tenía como objetivo desvincular a Castillo de este crimen, fue uno de los puntos centrales de la reunión.
De igual forma el sistema judicial ha estado confabulado para la venta de territorios que pertenecen ancestralmente a las comunidades indígenas en procesos totalmente irregulares e ilegales, procesos plagados de corrupción, demostrado en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, sumado a la criminalización de la que fue víctima nuestra compañera Berta Cáceres en una abierta subyugación del Ministerio Público a la empresa DESA.

Las irregularidades en los casos por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres no son aislados, responden a un sistema judicial que ha perpetuado la impunidad en este país.

ofraneh

Federación del pueblo garifuna de Honduras

A 30 años del Convenio 169 de la OIT, la destrucción de la consulta previa a manos del

Estado

El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el texto del Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento jurídico para la protección de los pueblos indígenas, los que hasta la fecha continuamos resistiendo los embates coloniales.
Honduras en 1994 firmó el convenio, creando un sinnúmero de ilusiones entre los pueblos indígenas del país, los que nos esperanzamos que se lograría implementar la consulta previa, libre e informada, y así poder contener la avalancha de proyectos extractivos que serían impuestos en nombre del neoliberalismo imperante.
Según la OIT, “Al ratificar un convenio un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio”. El Estado pretendió desde la década de los años 90, adaptar el Convenio a la legislación nacional emitiendo para ello leyes secundarias.
Es hasta el 2012 cuando en el marco del proyecto El Acuerdo Voluntario de Asociación UE-Honduras, AVAFLEGT y el proyecto ONUREDD, que el Estado mostró interés en crear un mecanismo de consulta. Tanto las organizaciones indígenas como el mismo Estado elaboraron sus anteproyectos de consulta, los que a final de cuentas fueron desdeñados, ante la imposición por parte del PNUD de un nuevo borrador, copiado de la actual Ley de Consulta del Perú.
A pesar de las denuncias interpuestas por la manipulación que efectúo tanto el Estado a través de DINAFROH y el PNUD, ambas instancias llevaron a cabo una serie de talleres del borrador de Ley elaborado por el consultor Ivan Lanegra proceso al cual denominaron consulta.
No obstante las observaciones presentadas por la relatora de Naciones Unidas. Vicky Tauli-Copus y las recomendaciones del Comité para la Erradicación del Racismo y la Xenofobia (CERD), organismos que manifestaron su preocupación ante la evidente distorsión en relación al proceso de consulta el estado pretende aprobar una Ley que a todas luces atenta contra la vida de los pueblos indígenas del país.
Se supone que el Convenio 169 tiene dos postulados básicos: “el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan¨. Esos dos pilares son totalmente desconocidos tanto por el Estado de Honduras y algunos organismos internacionales que ven en la consulta previa, un mero tramite para legitimar la entrega de los recursos naturales a los inversionistas tanto nacionales como internacionales.
La OFRANEH, como parte del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ODIPINH) nos pronunciamos ante el cinismo por parte de algunos políticos que nunca han legislado a favor de los pueblos indígenas asumiendo el rol de instigadores de la aprobación del texto en cuestión el que traerá enormes consecuencias en materia de derechos humanos, en un país donde defender el territorio se ha sido convertido en un delito que inclusive nos genera la muerte, tal como el recién asesinato de nuestra compañera presidente del Patronato de Masca, Mirna Suazo.
La Ceiba a los 13 días del mes de Septiembre del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

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Honduras: Interponen recurso de inconstitucionalidad contra el fuero legislativo

31 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS 
La bancada del socialdemócrata Pinu interpuso el jueves un recurso ante la Sala Constitucional del Poder Judicial a fin de revertir las reformas a la Ley orgánica del Legislativo respecto al fuero parlamentario.
Los denunciantes indicaron que acudieron a la instancia adscrita a la Corte Suprema de Justicia «un recurso de inconstitucional en contra del decreto 117-2019 respecto a la reforma por adición del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo”.
La finalidad del fuero, dijo la jefa de bancada Doris Gutiérrez, es crear una clase privilegiada que buscan quedar impunes respecto a la aprobación de normas que podrían ser lesivas para la sociedad.
Por su parte, el legislador David Reyes detalló que se busca «blindar» a congresistas que en su momento avalaron controvertidas leyes por lo que va en contra de las normas constitucionales.
Los parlamentarios pidieron a sus compañeros de cámara que se sumen a la iniciativa para revertir la norma que fue aprobada a mediados de octubre por el Congreso y que fue publicada en el diario oficial La Gaceta.

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Se suicida comisionado de transparencia del Ejecutivo nacionalista de Hernández

31 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS 
El comisionado de transparencia del Ejecutivo nacionalista, Alfredo Cantero, se quitó la vida el jueves dentro de su vivienda en la colonia Tepeyac de la capital.
Por el momento se desconoce cuál sería el motivo por el que el funcionario recurrió al suicidio que ocurrió en unos lujosos apartamentos de la referida zona.
Hasta el lugar se hicieron presente familiares y amigos del occiso y no daban crédito a lo ocurrido.
Mientras tanto el personal de Medicina Forense ingresó a la vivienda para realizar el levantamiento del cadáver.
Cantero Callejas tenía 45 años  y desde junio del año pasado dirigía la unidad de transparencia; su rango era de secretario de Estado.

Este lunes arriba misión técnica del FMI para revisar programa económico


  • Lunes, 28 Octubre 2019 07:36 - PROCESO DIGITAL

Este lunes arriba misión técnica del FMI para revisar programa económico
Autor del artículo: Proceso Digital
Tegucigalpa - El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Wilfredo Cerrato, confirmó el arribo de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), para evaluar el comportamiento de la economía en el marco del acuerdo aprobado por el directorio de ese organismo multilateral en julio pasado.
El funcionario indicó que se trata de la primera revisión del segundo acuerdo suscrito con el FMI y comprende un trimestre donde se van a evaluar los resultados que se han tenido entre julio, agosto y septiembre en metas cualitativas.
También se van a evaluar los avances que se han tenido en otro tipo de reformas.
Detalló que la delegación del FMI estará hoy en San Pedro Sula en una reunión con el sector privado y mañana el jefe de misión Esteban Vesperoni y su equipo se trasladan a Tegucigalpa para reunirse con el gabinete económico y el equipo técnico.
Asimismo, sostendrán otra serie de reuniones con otros sectores como la empresa privada y sociedad civil y se espera que la visita y esta primera revisión concluya el próximo viernes 8 de noviembre.
Cerrato aseguró que los resultados fiscales están bien conforme al plan en cuanto a la administración central y en cuanto al rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), se ha cumplido con el pago a generadores en las facturas de julio, agosto y septiembre, “aunque hay un tema que atender ahí que es parte de la discusión, cómo va lo del plan de reforma del sector eléctrico”.
“En la política monetaria estamos bien, dentro del rango estimado y avanzando bastante en el mercado interbancario de divisas”, aseveró el funcionario quien aclaró que la emisión del billete de 200 lempiras no será tema de discusión con la misión del FMI, pues tiene un efecto neutro.
Detalló que el Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), en julio fue de 2.8, en agosto de 2.7 y con lo que pasó en septiembre se está viendo que el Producto Interno Bruto (PIB), en el tercer trimestre que no hay posibilidades de que sea negativo.
El BCH ha estado revisando su nueva estimación de crecimiento económico y el nuevo rango es de entre 2.7 y 3.1 por ciento y esas estimaciones van a ser revisadas por los miembros de la misión técnica del FMI a fin de que a mediados de noviembre se tenga consensuada esa estimación de crecimiento económico, falta aún por revisar algunos detalles.
Afirmó que el compromiso del Banco Central es que la inflación se mantenga en el rango de entre un tres y cinco por ciento. En los últimos 12 meses, es decir entre octubre del año pasado y septiembre de 2019 es de 4.42.
Mientras tanto, la devaluación entre mediados de octubre del año pasado y octubre de este año, es decir en los últimos 12 meses, ha sido de 2.35 por ciento y entre enero y el 15 de octubre de este año ha sido de 1.30 por ciento.
Respecto a las reservas internacionales netas, es la mejor posición en los últimos cinco años ya que cubren 5.13 meses de importación, lo que ha permitido el desarrollo del mercado interbancario de divisas donde el dólar tiene un precio incluso menor al establecido por el BCH.

El FMI anuncia acuerdo técnico con Honduras para concederle un crédito por 311 millones de dólares

Publicado: 6 may 2019 21:13 GMT - RT
El pacto se alcanzó luego de la visita que realizó una misión del Fondo al país centroamericano del 22 de abril al 6 de mayo de 2019.
El FMI anuncia acuerdo técnico con Honduras para concederle un crédito por 311 millones de dólares
Logotipo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Johannes P. Christo / Reuters
El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes un acuerdo con Honduras, a nivel de personal técnico, para conceder un crédito por 311 millones de dólares a la nación centroamericana.
El acuerdo busca brindar "una facilidad crediticia combinada de Derechos Especiales de Giro (acuerdo 'stand-by') y Servicio de Crédito Ampliado de 24 meses", por el monto descrito, informó el FMI a través de un comunicado.
El acuerdo se alcanzó luego de la visita que realizó una misión del FMI a Honduras, del 22 de abril al 6 de mayo de 2019. En el texto señalan que las autoridades del país centroamericano "planean usar esta facilidad en forma precautoria". 
Indican que el programa económico del país, que apoya el FMI, apunta a "mantener la estabilidad macroeconómica mediante reformas para garantizar la sostenibilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)", además de crear el espacio fiscal necesario para la inversión y el gasto social, manteniendo la estabilidad fiscal.
Según el Fondo, el programa gubernamental también incluye medidas para "fortalecer la gobernanza y mejorar el ambiente de negocios con el fin de fomentar un crecimiento económico sostenible e inclusivo".

EE UU
Inquina sostenida contra la inmigración latina: consecuencias fatales para menores y familias

23/09/2019 | Bernard P. Dreyer
El 3 de agosto de 2019, un supremacista blanco armado con una AK-47 abrió fuego contra las personas que estaban comprando en un supermercado Walmart de El Paso (Texas), matando a 22 de ellas, incluido un menor de 15 años de edad, y dejando heridas a muchas más, entre ellas a dos menores de 9 y 2 años de edad. Padres y abuelos murieron protegiendo con el cuerpo a hijos y nietos. Que los latinos eran los objetivos declarados del pistolero estaba claro por el lugar que eligió, por los testimonios de las supervivientes y por su propia confesión. Minutos antes de la masacre había publicado en las redes una diatriba de 2.300 palabras contra la inmigración, refiriéndose a la “invasión hispánica” y expresando el temor a que la población blanca se vea “reemplazada” por “forasteros.”
El atentado fue el más mortífero contra la población latina en la historia reciente de EE UU. Se produjo varios años después de que el presidente Donald Trump y sus medios se pusieran a demonizar a los mexicanos y latinos (tachándolos de narcotraficantes, criminales, asesinos, violadores y animales) y calificando la llegada de familias solicitantes de asilo de una invasión de gente que venía a reemplazarnos, una lenguaje del que se hizo eco el asesino de El Paso. El gobierno de EE UU también organizó agresiones sostenidas contra estas familias mediante políticas y medidas del Departamento de Seguridad Interior (DHS) y de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS-ORR) y órdenes ejecutivas del presidente.
El año pasado, por primera vez en casi una década, murieron niños y niñas bajo la custodia del DHS y del DHHS. Seis menores centroamericanos (de 2½ a 16 años de edad) murieron entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, en su mayoría en dependencias del servicio de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP). Una niña de 19 meses murió en agosto de 2018, poco después de abandonar el Centro de Detención Familiar de Dilley en Texas; en mi calidad de expresidente de la Academia Americana de Pediatría, examiné su historial médico y puedo atestiguar que a pesar de las súplicas de la madre, ningún médico la visitó. Una vez dada de alta sin una evaluación médica apropiada, al llegar horas después a su destino estaba gravemente enferma y murió al cabo de unas semanas.
Todos estamos al tanto de la horrible política de tolerancia cero del gobierno, que ha amparado que niños y niñas fueran arrancados de los brazos de sus progenitores. También hemos oído hablar de las deplorables condiciones de detención en los centros del CBP, donde los menores no reciben suficientes alimentos, permanecen sentados durante días en pañales sucios, duermen sobre suelos de hormigón con luces permanentemente encendidas, están expuestos a infecciones en lugares cerrados sin medidas de higiene ni atención médica suficiente, y son víctimas de abusos físicos y sexuales 1/. Pero toda una serie de medidas administrativas causan todavía más daños a las niñas y niños inmigrantes.
En primer lugar, pese a que oficialmente se puso fin a la separación familiar hace un año, muchos niños y niñas siguen siendo separadas de sus progenitores en la frontera y enviadas a centros de DHHS-ORR. Los progenitores que cruzan la frontera pueden ser acusados de un delito, calificados de delincuentes y obligados a separarse de sus hijos e hijas. A menudo, los menores que llegan con una abuela, un hermano adulto u otro familiar que los ha estado criando, asumiendo el papel de progenitor, también son separados de dicha persona adulta. La Unión Americana de Libertades Civiles calcula que desde el pasado verano cerca de un millar de menores han sido separados de sus progenitores, lo que probablemente constituye una subestimación significativa, si bien desconocemos la cifra exacta porque el procedimiento es opaco para los servicios sanitarios, defensores, abogados y medios de comunicación.
En segundo lugar, en un cruel intento de impedir que familias que solicitan asilo en puntos de acceso legales entren en EE UU, el gobierno ha puesto en marcha un proceso de medición llamado oficialmente Protocolos DHS de Protección de Migrantes. De acuerdo con esta medida, cientos de solicitantes de asilo han de esperar en México durante semanas o meses, mientras que solo se permite cruzar la frontera a unos pocos cada semana. Estas familias viven en condiciones precarias y peligrosas, y muchas se arriesgan finalmente a entrar en EE UU fuera de los puntos de acceso. Más de cien personas se han ahogado durante el año pasado tratando de cruzar a nado el Río Grande, entre ellas padres con sus hijos pequeños 2/.
En tercer lugar, el sistema de centros de la ORR, que antes presentaban unas condiciones más humanas que los centros del CBP o de detención familiar, se ha expandido rápidamente; se han acondicionado grandes almacenes, entre ellos uno en Homestead, Florida, así como un campamento de carpas en Tornillo, Texas, además de numerosos refugios pequeños, donde apenas se imparte formación al personal encargado ni se asegura su supervisión. La necesidad de un espacio de alojamiento tan amplio es un problema creado por el propio gobierno al separar a los menores de sus familias y establecer unos requisitos más estrictos para sus posibles apadrinadores, alargando la estancia en los centros y atascando los procedimientos. Existen numerosos informes de niños que son víctimas de abusos sexuales bajo la custodia de empresas subcontratistas de la ORR, a veces a manos del personal. Ya no se permite el acceso de pediatras y abogados a los centros para comprobar qué sucede en ellos.
En cuarto lugar, el gobierno ha decretado continuamente órdenes ejecutivas y reglamentos punitivos. Un reglamento, publicado en el Registro Federal del 12 de agosto de 2019 y que comenzará a aplicarse este otoño, redefine qué constituye una denuncia pública; ha hecho que muchas familias hayan renunciado de antemano a prestaciones a los que tienen derecho ellas y sus hijos, que en casi todo los casos tienen la ciudadanía de EE UU. El 21 de agosto, el gobierno publicó un reglamento que sustituirá al acuerdo Flores de 1997, que limitaba a un par de semanas el tiempo en que se permitía mantener bajo custodia a menores migrantes y obligaba a asegurar cuidados equivalentes a los de los centros de menores aprobadas por el Estado, entre ellos un entorno físico seguro, alimentación suficiente, atención médica apropiada y servicios de educación y recreativos. El nuevo reglamento permitiría al gobierno detener a los menores por tiempo indefinido y decidir qué cuidados habrán de recibir. El reglamento ha sido objeto de impugnación en los tribunales 3/.
El gobierno también pretende restringir la asistencia en materia de vivienda para las familias cuyos componentes son de distintas nacionalidades; esto afectaría probablemente a más de 50.000 menores, que posiblemente se quedarían sin hogar. Y están elaborándose reglamentos para exigir a ciudadanos estadounidenses que devuelvan el dinero empleado en programas con medios comprobados (como el Programa del Seguro de Salud de Menores) para familiares inmigrantes, incluso niños y niñas, a quienes han apadrinado.
En julio se publicaron dos nuevos reglamentos en materia de asilo: el reglamento del País Tercero Seguro estipula que las familias que solicitan asilo en la frontera del sur deben solicitarlo primero en México o Guatemala y esperar allí; el otro reglamento pone trabas a las familias que piden asilo debido a las amenazas para la vida de algunos de sus miembros. Estas normas recortarían gravemente el derecho legítimo a la petición de asilo y hasta ahora han sido bloqueadas por los tribunales.
Es más, las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas comportan ahora la deportación de progenitores que han vivido y trabajado durante muchos años en EE UU y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses, en vez de centrarse en delincuentes y personas recién llegadas, como hacían gobiernos anteriores. Parece que cada semana se decreta una nueva medida gubernamental que perjudica a la inmigración, como el reciente intento de deportar a inmigrantes que se encuentran legalmente en el país para recibir un tratamiento médico vital. Estas iniciativas pretenden atemorizar a los inmigrantes, creando un estado de sitio.
¿Cómo ha llegado este país, este pueblo, a semejante situación? De hecho, tenemos una larga historia de actitudes y acciones contrarias a la inmigración. A partir de mediados del siglo XIX, la inquina contra las personas inmigrantes se propagó y al principio estuvo dirigida contra irlandeses y alemanes. Pese a que nuestro legado racista más tóxico afecta a afroamericanos e indígenas norteamericanos, una ley de 1882 prohibió la inmigración de personas chinas, que no pudieron adquirir la nacionalidad hasta 1943. Durante la segunda guerra mundial, las personas de origen japonés nacionalizadas o nacidas en EE UU fueron internadas en entornos de tipo carcelario. Este fervor racista antiinmigrante de base eugenésica afectó a quienes actualmente calificamos de grupos étnicos blancos. El miedo a personas italianas, judías y otras dio pie a fuertes restricciones a la inmigración procedente de países que no fueran del norte de Europa desde comienzos de la década de 1920 hasta mediados de la de 1960 4/. Entre otras consecuencias, esta política causó la muerte de muchos judíos que no pudieron escapar de la maquinaria asesina de los nazis debido a los cupos de inmigración fijados por EE UU.
La inquina antimexicana se remonta al menos hasta la guerra entre México y EE UU en la década de 1840 y la subsiguiente expansión estadounidense hacia el oeste. Los mexicanos eran considerados salvajes y mestizos, degradados e incivilizados. De 1929 a 1936, nuestro país llevó a cabo redadas y deportaciones inconstitucionales a México que alteraron la vida de cerca de dos millones de personas cuyos apellidos sonaban a mexicano. El 60 % de las personas deportadas eran ciudadanas de EE UU, y muchas de ellas habían nacido aquí 51/. Operación Wetback empleó tácticas de índole militar para expulsar de EE UU a alrededor de un millón de inmigrantes mexicanos, algunos de los cuales eran ciudadanos estadounidenses. En 1996, en el marco de una reforma del estado de bienestar, se prohibió a inmigrantes legales, en su mayoría latinos, recibir prestaciones sociales federales hasta al menos cinco años después de su llegada.
A pesar de que siempre nos hemos dicho que EE UU recibe a la inmigración con los brazos abiertos, la inquina contra los y las inmigrantes es tan típica de aquí como la tarta de manzana y está inscrita en nuestra historia. Lo que estamos viendo hoy, aunque nos choque, se ampara en un legado que sigue acechándonos. Sin embargo, la clase médica estadounidense puede oponerse a la demonización y el acoso; puede apoyar y aconsejar a los y las pacientes latinas y ayudarles a resistir; y defender los derechos humanos fundamentales de todas las personas inmigrantes.
11/09/2019
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1908995?query=TOC
El autor trabaja en el Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York.
Traducción: viento sur
1/ Matlow R., Reicherter D., Reducing protections for noncitizen children — exacerbating harm and trauma. N Engl J Med 2019; 380:5-7.
2/ Thebault R., Velarde L., Hauslohner A., The father and daughter who drowned at the border were desperate for a better life, family says. Washington Post, 26/06/2019 (https://www.washingtonpost.com/world/2019/06/26/father-daughter-who-drowned-border-dove-into-river-desperation/).
3/ Danaher F. The suffering of children. N Engl J Med 2018; 379(2):e4-e4.
4/ Jacobson M.F., Whiteness of a different color. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.
5/ Balderrama F.E., Rodríguez R., Decade of betrayal: Mexican repatriation in the 1930s. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2006.