Estados Unidos detuvo en 2019 a casi 70 mil niños migrantes
12 noviembre 2019
| CUBADEBATE
Migrantes camino a Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro.Después de que funcionarios del gobierno los separaran por la fuerza en la frontera, de sufrir abuso sexual en el sistema de hogares de acogida de Estados Unidos y de ser deportada, la niña, antes risueña y radiante, llegó a Honduras retraída, ansiosa y enojada, convencida de que su padre la había abandonado.
Él teme que el lazo entre ambos se haya roto para siempre.
“Pienso en que le va a quedar ese trauma a ella también, porque a mí me ha quedado ese trauma y no se me ha borrado todavía”, afirmó.
Nuevos datos del gobierno mostraron este mes que la niña está entre la cifra récord de 69.550 menores migrantes retenidos en custodia del gobierno de Estados Unidos durante el año pasado, suficientes bebés, niños y adolescentes para atestar un estadio promedio de la NFL.
Son más niños detenidos lejos de sus padres que en cualquier otro país, según investigadores de Naciones Unidas. Y está ocurriendo a pesar de que Washington reconoció que la detención puede ser traumática para los menores, lo que los pone en riesgo de padecer daños físicos y emocionales de largo plazo.
Algunos de los menores migrantes que estuvieron en custodia este año ya fueron deportados. Otros se han reunido con familiares en Estados Unidos, donde tratan de ir a la escuela y reconstruir sus vidas. Unos 4.000 siguen aún bajo custodia del gobierno, casi siempre en albergues grandes e impersonales. Y llegan más cada semana.
Los casi 70.000 niños migrantes que permanecieron en custodia del gobierno este año _un incremento del 42 por ciento en el ejercicio fiscal 2019 en comparación con 2018_ pasaron más tiempo en albergues y lejos de sus familias que en años previos.
La serie de estrictas políticas de inmigración del gobierno de Trump ha aumentado el tiempo que los niños pasan detenidos, a pesar de que el gobierno reconoce que les está causando daño.
En 2013, Australia detuvo a 2.000 menores durante una oleada de llegadas por mar. En Canadá, los menores migrantes son separados de sus padres sólo como último recurso; 155 fueron detenidos en 2018. En Gran Bretaña, 42 menores migrantes fueron colocados en refugios en 2017, según autoridades en esos países.
“Las primeras experiencias quedan literalmente integradas en nuestro cerebro y cuerpo”, dice el doctor Jack Shonkoff, que dirige el Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard.
A principios de año, le dijo al Congreso que “investigaciones revisadas por colegas durante décadas” muestran que detener a niños separados de sus padres o cuidadores primarios es malo para su salud. Es un problema de conexiones cerebrales, señaló.
“Las relaciones estables y receptivas promueven una arquitectura cerebral saludable”, dijo Shonkoff. “Si estas relaciones se interrumpen, los niños pequeños reciben el doble golpe de un cerebro que es privado de la estimulación positiva que necesita y es atacado por una respuesta al estrés que altera sus conexiones en desarrollo”.
El
crimen impulsa la emigración de Guatemala a los Estados Unidos, ya que
las familias buscan refugio del peligro. Foto: Getty Images.Un adolescente hondureño que estuvo en un gran centro de detención durante cuatro meses antes de reunirse con su madre dijo que su miedo y su ansiedad se incrementaban cada día que pasaba.
“Había allí algo que nos hacía sentir desesperados. Era la libertad. Queríamos ser libres”, recuerda. “Había desesperación por todos lados”.Otro adolescente hondureño, que llegó a Estados Unidos a los 16 años y estuvo más de un año retenido en una serie de albergues con cada vez más medidas de seguridad, dijo que vio a sus compañeros autolesionarse.
“A veces lloraban, solos, o se golpeaban contra la pared”, contó. “Pensé que se debía a que llevaban mucho tiempo allí”.
Los adolescentes hablaron bajo condición de guardar el anonimato por temores de seguridad.
La niña hondureña de 3 años fue separada de su padre cuando agentes de inmigración los detuvieron cerca de la frontera en Texas, en marzo de 2019, fue enviada a un hogar de acogida financiado por el gobierno. El padre no tuvo idea de dónde estaba su hija durante tres semanas de pánico. Pasó otro mes antes de que quien la cuidaba la pusiera al teléfono, pero la niña, que cumplió cuatro años bajo custodia gubernamental, se negó a hablar, gritando de ira.
“Ella dijo que yo la había dejado sola y llorando”, recordó su padre durante una entrevista con la AP y Frontline en su hogar en Honduras. “’Me dejó sola. No le quiero, papi, me dejó sola’”, le dijo.
Lo que la niña no le contó o no pudo contarle a su padre fue que otro menor en el hogar de acogida la despertaba y abusaba de ella, según registros judiciales. Con el paso de los días, comenzó a orinarse y parecía incapaz de comer o beber, dijo uno de los padres de acogida en esos registros.
“Ella es muy pequeña para que pase ese tipo de cosas”, dijo el padre, quien supo de los abusos a su hija mientras estaba detenido. “Me sentí como que no podía hacer nada para ayudarla”.Desesperado por ver a su hija, suplicó que le hicieran una prueba de ADN cuando llevaba cuatro meses retenido para probar su relación. Sin embargo, el gobierno los mantuvo separados. En junio se rindió y le pidió a un juez que lo reuniera con su hija y los deportara. Las autoridades lo mandaron solo a Honduras. Su hija lo siguió un mes después, a mediados de agosto.
Una tarde de agosto en su pueblo natal, la niña estaba peinada con coletas. Su vestido era color lavanda y sus zapatillas rosas estaban decoradas con moños. Jugaba con su hermana menor y se acurrucó junto a su abuelo, pero ignoró las súplicas de su padre y se negó a tomarlo de la mano, convencida de que trataba de abandonarla para siempre.
“Cuando la quise chinear (acunar), se puso a llorar”, afirmó el padre.
No sabía de la existencia de apoyo psicológico en el pueblo para ayudar a la niña a procesar los abusos que sufrió.
“Ahorita vamos a tratar nosotros de darle más cariño, más amor y luego si miramos que no hay cambio, vamos a tratar de buscar ayuda”, dijo.
Aspecto de un centro de detención de migrantes en Brownsville, Texas. Foto: AP.Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que, en una época en que Estados Unidos tiene retenidos a la mayor cantidad de niños migrantes en la historia de su iniciativa, “hay que darle crédito a la Oficina de Reubicación de Refugiados y al personal de la red de albergues por administrar un programa que fue capaz de expandirse rápidamente y unificar a la mayor cantidad de niños de la historia, todo en un ambiente increíblemente difícil”.
En una solicitud urgente para financiar un albergue de emergencia antes este año, el departamento advirtió que “Sin una forma de proporcionar estos servicios, existe un riesgo inaceptable de que miles de UAC no tengan cubiertas sus necesidades humanas básicas, lo que resultaría en lesiones o muertes de niños”.
En la edición de septiembre de la revista “Pediatrics”, la Academia Estadounidense de Pediatría dijo que los menores migrantes que son detenidos “enfrentan historias traumáticas casi universales”. El grupo recomienda terapias específicas para ayudarles a recuperarse y reunirlos con sus familias, advirtiendo de consecuencias serias si no reciben tratamiento.
Pero pocos de los miles de menores separados de sus padres están recibiendo terapia después de ser deportados a Centroamérica. La mayoría proviene de comunidades empobrecidas donde hay pocos o ningún recurso para la salud mental.
Estados Unidos está siendo demandado por cientos de millones de dólares por algunas familias que dicen que sus hijos sufrieron daños por su detención, y el 5 de noviembre un juez federal ordenó al gobierno que brinde exámenes y tratamientos de salud mental a familias migrantes traumatizadas por la separación.
El juez dictaminó que los abogados de los afectados presentaron evidencias de que la política de Washington “provocó un trauma mental severo a los padres y a sus hijos”, y que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos eran “conscientes de los riesgos asociados con la separación de las familias cuando la implementaron”.
Ryan Matlow, experto en trauma infantil de la Universidad Stanford, señaló que el estrés tóxico en los niños se asocia con tasas más altas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, enfermedades cardiacas, cáncer e incluso una muerte temprana.
“Entonces, ¿queremos ser un país que le provoca más traumas a individuos que están experimentando una adversidad extrema y buscan refugio y ayuda en un país vecino?”, preguntó Matlow, quien se reunió con menores inmigrantes detenidos en varios de los mayores centros de detención. “¿Nos parecen bien las implicaciones de provocarle daño a menores vulnerables, niños de 2 y 3 años, y también a adolescentes? ¿Podemos aceptar eso?”.
Este año, el presidente Donald Trump firmó una ley aprobando 2.800 millones de dólares para que el gobierno proporcione alojamiento, transporte y cuidados a los menores inmigrantes. Nueve de cada 10 provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, y menos del 3 por ciento son de México.
Donald
Trump firmó una ley aprobando 2.800 millones de dólares para que el
gobierno proporcione alojamiento, transporte y cuidados a los menores
inmigrantes. Foto: APAunque hace más de una década que a la frontera sur de Estados Unidos llegan menores solos, el número de ellos bajo custodia gubernamental creció mucho en los dos últimos años, principalmente porque estuvieron detenidos por más tiempo.
Unos meses después de que Trump asumió la presidencia, la agencia federal se hacía cargo de unos 2.700 menores, reuniéndolos con los parientes o patrocinadores que los esperaban en un plazo aproximado de un mes. Este junio, la cifra ya era de 13.000, y permanecían bajo custodia durante dos meses.
Las autoridades migratorias estadounidenses separaron a más de 5.400 menores de sus padres en la frontera con México, antes, durante y después de una controvertida política de “tolerancia cero” que terminó a principios de 2018.
Eskinder Negash, que dirige la organización sin ánimo de lucro Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes (USCRI, por sus siglas en inglés), conoce bien el trauma que provoca la separación y la detención, y ha dedicado su vida a buscar soluciones.
“Yo fui un refugiado. Sé por lo que han pasado”, dijo Negash, quien huyó solo de Etiopía cuando era adolescente después de que su país cayó en el caos por un golpe militar.
Negash también sabe lo que significa tener que cuidar de pronto a decenas de miles de menores migrantes capturados en la frontera. Dirigía la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en 2014, durante el gobierno de Barack Obama, cuando más de 60.000 menores cruzaron la frontera, en su mayoría no acompañados.
Negash y su equipo se apresuraron a alojarlos en distintos lugares, incluyendo bases militares. En ese momento, las consecuencias fueron duras: los activistas de derechos humanos que hoy denuncian el trato que da el gobierno a los menores, entonces estaban frustrados con el cuidado que recibían y pidieron que se les concediera asilo rápidamente.
Negash dejó el gobierno para ponerse al frente del USCRI con el objetivo de mejorar las condiciones de los menores tanto en Estados Unidos como en el extranjero.
En El Salvador, USCRI gestiona el proyecto Livelihoods, que enseña a jóvenes adultos que deportados desde Estados Unidos habilidades para ganarse la vida. En una visita reciente, los estudiantes estaban en grupos reducidos alrededor de mesas de trabajo para practicar la construcción de circuitos que harían funcionar motores pequeños.
Aprenden de todo, desde cómo realizar una instalación eléctrica residencial y comercial hasta construir subestaciones y transformadores. Otras opciones son mecánico de autos, chef y barman. Desde 2016, unos 400 adultos jóvenes se han graduado del programa, que se lleva a cabo en asociación con el gobierno salvadoreño.
“Ya no pienso en migrar”, dijo José Fernando Guillén Rodríguez, de 21 años, que fue detenido en Estados Unidos a los 18 y pasó tiempo en un centro para adultos antes de ser deportado. Ya completó un año de clases diarias de electricidad y trabaja como aprendiz en una empresa de construcción eléctrica.
Mientras tanto, el USCRI abrió este verano en el sur de Florida, cerca del club Mar-a-Lago de Trump, lo que Negash espera se convierta en un modelo de albergue financiado por el gobierno. El centro, Rinconcito de Sol, es diferente a las otras instalaciones para menores migrantes.
No hay guardias de seguridad uniformados en la entrada. Las residentes, niñas de 13 a 17 años, pueden llamar a su familia cuando lo necesiten, dice el personal, y hay más servicios terapéuticos durante toda la semana, incluyendo el tratamiento intensivo para víctimas de trata y abuso.
En cada habitación duermen dos personas, que pueden pasear por una amplia zona al aire libre o “comprar” en una tienda llena de artículos donados. Los trabajadores sociales intentan reunirlas rápidamente con familiares en Estados Unidos, en un plazo medio de cuatro semanas. Y los costos para los contribuyentes son un tercio de los 750 dólares diarios que suponen los grandes albergues de emergencia donde hay cien menores por habitación.
“Aquí cambiamos vidas”, apuntó la directora del albergue, Elcy Valdez, quien trabajó para la Oficina de Reasentamiento de Refugiados visitando diversas instalaciones durante seis años. Fue testigo de varias prácticas y tomó nota de las mejores. Hoy esperan compartir su forma de operar con unos 170 programas de acogida en 23 estados.
“Las niñas llegan muy tristes, nerviosas, sin saber qué esperar, inseguras de lo que les depara el futuro”, dijo. “Les damos una sensación de seguridad por primera vez”.
Esta historia es parte de una investigación conjunta entre The Associated Press y la serie FRONTLINE, de PBS, sobre el trato que reciben los menores migrantes.
(Tomado de La Jornada)
Militarización fronteriza, niños migrantes y cárceles: caja para los amigos de Trump
por Aram Aharonian
LA HAINE - 17/10/2019
La represión como negocio
Un
pequeño número de corporaciones, principalmente firmas de armas y
también de información tecnológica, han desempeñado un papel fundamental
en la promoción de la militarización fronteriza entre EEUU y México, de
la que se han beneficiado con miles de millones de dólares en
contratos.
Más de una docena de grandes compañías del negocio de seguridad fueron identificadas como los beneficiarios, pero con demasiada frecuencia, estos vínculos muy lucrativos se ocultan a la vista del público y, por lo tanto, se borran del imaginario colectivo y de la conversación pública. Estos vínculos lucrativos obviamente se ocultan al público.
Los grandes fabricantes de armas son el actor oculto en la militarización de la frontera entre EEUU y México y en los últimos años han jugado un papel más relevante que la propia Casa Blanca en el endurecimiento de la lucha contra la migración ilegal, según un estudio elaborado por el Instituto Transnacional (TNI).
El informe señala que firmas de seguridad y fabricantes de armas como General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon y Boeing, entre otras, han diseñado la política fronteriza en las últimas tres décadas y son las responsables de la actual coyuntura. El debate sobre (el presidente Donald) Trump y la frontera ha distorsionado la realidad, porque ignora que ya hay un muro altamente militarizado apoyado por los republicanos y los demócratas durante tres décadas, dijo Nick Buxton, coeditor del reporte.
En los últimos 15 años el presupuesto destinado a la seguridad fronteriza y control migratorio en EEUU pasó de 9.100 millones de dólares en 2003 a 23.700 millones en 2018, lo que generó enormes ganancias a estas corporaciones mientras crean un ambiente cada vez más mortal para los inmigrantes que cruzan las fronteras.
El aumento es mucho mayor si se compara con el presupuesto de 1990, cuando la inversión fue de 1.200 millones de dólares, lo que equivale a un «increíble aumento del 1.875 %», apunta el informe.
Todd Miller, autor del informe, indicó que el hecho de que las corporaciones gigantes se beneficien y conduzcan a la militarización fronteriza debe ser el centro de una de las discusiones más importantes que tienen lugar en EEUU en este momento.
La Patrulla Fronteriza (CBP), entre 2006 y 2018, firmó contratos por un valor de 26.100 millones de dólares, que excede la suma de los presupuestos acumulados del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de 1975 a 1998.
Aunque Trump trajo su propia influencia tóxica al debate, demonizando a los emigrantes e inspirando ataques xebófobos y racistas, la evidencia muestra que la mayor parte de la militarización de la frontera de EEUU comenzó mucho antes de la llegada del mandatario tuitero. Es que estas corporaciones hacen grandes contribuciones a las campañas de congresistas, tanto republicanos como demócratas, lo que en cualquier país en vías de desarrollo sería calificado como soborno y corrupción.
Beneficiarios de contratos con la Patrulla Fronteriza, como Boeing, Lockheed Martin, General Atomics, General Dynamics y Raytheon, también son grandes contribuyentes de campaña de los miembros del comité de Asignaciones del Congreso y del comité de Seguridad Nacional, responsables de los presupuestos y la política fronteriza. Apunte: entre 2006 y 2018, otorgaron 27,6 millones de dólares a ese comité, aunque el reporte aclara que este cabildeo también se relaciona con el gasto militar.
El cabildeo de estas empresas no va a cambiar de cara a las elecciones de noviembre de 2020, para asegurar la militarización fronteriza, fuente de sus millonarios recursos, aun cuando sirva para separar a padres migrantes de sus hijos, por el delito de no haber nacido en EEUU.
Hannah Taleb, portavoz de No More Deaths (No más muertes), organización que copatrocinó el informe, afirmó que las políticas fronterizas han seguido «impulsando» la migración a estas zonas profundamente militarizadas, lo que causa un «sufrimiento humano incalculable».
Para terminar el ciclo de muertes en la frontera hay que hacer frente a quienes actualmente se benefician de ello, o sea las corporaciones que brindan seguridad en altísimos contratos con el gobierno y, además, son fabricantes de armas. En el gobierno estadounidense (no solo en éste) nadie se preocupa por las causas profundas de la migración forzada, sino que la ven como una excusa para excelentes negocios.
Centros de reclusión de niños migrantes, otro buen negocio
Para evitar la migración de centroamericanos, las políticas del régimen de Donald Trump, incluyen la separación de niños de sus padres, infantes que son llevados a centros privados de reclusión o, como los llaman en Washington, campos de concentración.
La detención en estos centros de los niños que sobreviven a las redadas y la persecución inhumana, es un negocio lucrativo, que enriquece a exfuncionarios que pasaron por el gobierno de Donald Trump. Se negocia con la vida y el futuro de niños, cuyo gran delito es no haber nacido en EEUU.
El modelo de negocios no es nuevo. Empresas privadas como Blackwater y Halliburton, con sus servicios de mercenarios, armamentos e inteligencia, son las que lucraron y lucran con las guerras e invasiones como las de Afganistán, Irán, Siria.
Hoy sus mercenarios intentan ser colocados en servicios fronterizos de los países latinoamericanos, con la excusa del combate al narcotráfico y el terrorismo.
Las instalaciones de reclusión infantil de los niños migrantes son regenteadas por la empresa Caliburn, cuya junta directiva es integrada por John Kelly, exjefe del Comando Sur entre 2012 y 2016 y exsecretario de Seguridad Nacional de Trump. Cuatro meses más tarde de retirarse del Gobierno se había sumado a esta multinacional que lucra con los menores migrantes.
Caliburn es una especie de ave de rapiña de grandes tragedias humanitarias. Opera en Afganistán, Irak y a través de su filial Comprehensive Health Services, adentro de EEUU. Homestead es el llamado centro modelo de reclusión infantil, en el más grande su tipo, ubicado en el estado de Florida.
Sin dudas, es un negocio muy lucrativo. La empresa Comprehensive recibió 222 millones de dólares solo para operar entre el 7 de julio del 2018 y el 20 de abril de este año. En 270 días, Caliburn y su subsidiaria cobraron unos 800.000 dólares por día, por alojar en condiciones penosas e inhumana a menores que ingresaron sin papeles a EEUU.
Hasta Homestead ha derivado una buena parte de los niños y adolescentes después de que se cerrara un campo de Tornillo, en Texas. El Gobierno de Trump lleva gastados al menos 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos para el programa de Niños extranjeros no acompañados.
Según un vocero de Caliburn, desde marzo de 2018 pasaron por Homestead 6.000 niños de los cuales se habían entregado 4.450, en su mayoría a sus padres o familiares en EEUU. Telemundo se prestó para ofrecer a los televidentes hispanoparlantes de EEUU una escenografía planificada y montada para la ocasión.
Pero el rentable Homestead no es el único sitio al que van a parar los niños migrantes. El lugar de detención temporal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU en Clint, Texas, golpea a la sensibilidad de cualquier persona normal, salvo a Mark Morgan, su director interino, nombrado por el propio Trump.
En Fox News dijo Morgan: Me acerqué a estos individuos a los que se llama ‘menores’ de 17 años de edad o menos, y los he mirado. Los miré a los ojos y me dije: ‘Estos son los que pronto serán miembros de la pandilla MS-13.
Quienes visitaron Clint pudieron certificar las condiciones en que se encontraban los niños: muy sucios, enfermos, tosiendo.
Nadie cuidaba a estos niños directamente, que estaban encerrados en estas celdas las 24 horas del día. En muchas de sus celdas solo hay baños abiertos. No hay jabón, no hay forma de lavarse las manos. Y muchos de ellos se ven obligados a dormir directamente sobre el piso debido a la escasez de camas y colchonetas y espacio para dormir.
Primero se crean las condiciones de menores migrantes no acompañados: se los separa de sus padres. Y, luego, se los recluyen en centros de detención para negocio de los amigos de Trump. Así se ayuda a sostener y reproducir el sistema xenófobo e inhumano del Gobierno estadounidense.
Cuantos más presos, más ingresos
De todos los países del mundo, EEUU es el que más presos tiene en su sistema carcelario. Comparemos (fuera de la guerra comercial): la población china es de 1.400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1,6 millones de personas. EEUU, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2,2 millones de personas.
EEUU cuenta con cerca de cinco por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Desde la década de los años 1970 la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante. Y con estos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad.
Son solo negocios: la privatización de cárceles en EEUU tenía una larga tradición y tomó gran impulso en los años 1990 y hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes.
Las cárceles privadas son, sin duda, un gran negocio y estas empresas estadounidenses están presionando al Gobierno para aplicar su plan de negocios en otros países, en especial latinoamericanos y caribeños.
Vayamos a los números. A las empresas privadas administradoras de prisiones el Gobierno federal otorga un subsidio de 23.000 dólares anuales por reo. Vale recordar que el salario mínimo es de 15.000l dólares anuales. Y, además, si las celdas están vacías, el Gobierno otorga el mismo subsidio a las empresas, quizá suponiendo que la culpa es de lenitud de la policía o de la indulgencia de algunos jueces.
Las ganancias de las citadas tres principales empresas han crecido exponencialmente en los años recientes. CoreCivic vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento).
La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de cinco mil millones de dólares anuales, logró mantener el negocios también tiene su costo y se ven obligadas a cabildear en el Congreso estadounidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Entre 1999 y 2010 Core Civic destinó 1,4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal.
A nadie puede sorprender, entonces, que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp. Incluso no sería nada raro que integraran los directorios de las mismas.
Lo que realmente les conviene a estas empresas es que la población encarcelada siga aumentando, para lo cual –insisten en sus cabildeos- se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos, condenas más largas y reducción de gastos, es la consigna.
¿Cómo reducir gastos? Fácil: con una mala alimentación y pésimos (o nulos) servicios de salud. Y al que se queje, abusos de todo tipo, parte de la violencia generalizada, en un sistema carcelario donde el racismo es lo que sucede del otro lado de las rejas, en el país que se llena la boca con la libertad y la democracia.
A todos nos enseñan que no existe el racismo en EEUU y que el presidente Donald Trump es fiel ejemplo de ello. Los que no se enteraron de esto son las encuestas que señalan que un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos.
Cinco años atrás, varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar la privatización del sistema carcelario. Durante la presidencia de Barak Obama se aprobaron algunas reformas, pero el fuerte lobby de los carceleros privados consiguió que los cambios sólo afectaran a las prisiones federales.
Tras la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic. Pero en el verano del año pasado los presos estadounidenses lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional, con huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos.
Hoy el debate electoral, de cara a las elecciones de noviembre de 2020, incluye el tema de la reforma penal y carcelaria en EEUU. Tiene razón Alejandro Nadal: sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.
CLAE
Más de una docena de grandes compañías del negocio de seguridad fueron identificadas como los beneficiarios, pero con demasiada frecuencia, estos vínculos muy lucrativos se ocultan a la vista del público y, por lo tanto, se borran del imaginario colectivo y de la conversación pública. Estos vínculos lucrativos obviamente se ocultan al público.
Los grandes fabricantes de armas son el actor oculto en la militarización de la frontera entre EEUU y México y en los últimos años han jugado un papel más relevante que la propia Casa Blanca en el endurecimiento de la lucha contra la migración ilegal, según un estudio elaborado por el Instituto Transnacional (TNI).
El informe señala que firmas de seguridad y fabricantes de armas como General Dynamics, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon y Boeing, entre otras, han diseñado la política fronteriza en las últimas tres décadas y son las responsables de la actual coyuntura. El debate sobre (el presidente Donald) Trump y la frontera ha distorsionado la realidad, porque ignora que ya hay un muro altamente militarizado apoyado por los republicanos y los demócratas durante tres décadas, dijo Nick Buxton, coeditor del reporte.
En los últimos 15 años el presupuesto destinado a la seguridad fronteriza y control migratorio en EEUU pasó de 9.100 millones de dólares en 2003 a 23.700 millones en 2018, lo que generó enormes ganancias a estas corporaciones mientras crean un ambiente cada vez más mortal para los inmigrantes que cruzan las fronteras.
El aumento es mucho mayor si se compara con el presupuesto de 1990, cuando la inversión fue de 1.200 millones de dólares, lo que equivale a un «increíble aumento del 1.875 %», apunta el informe.
Todd Miller, autor del informe, indicó que el hecho de que las corporaciones gigantes se beneficien y conduzcan a la militarización fronteriza debe ser el centro de una de las discusiones más importantes que tienen lugar en EEUU en este momento.
La Patrulla Fronteriza (CBP), entre 2006 y 2018, firmó contratos por un valor de 26.100 millones de dólares, que excede la suma de los presupuestos acumulados del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de 1975 a 1998.
Aunque Trump trajo su propia influencia tóxica al debate, demonizando a los emigrantes e inspirando ataques xebófobos y racistas, la evidencia muestra que la mayor parte de la militarización de la frontera de EEUU comenzó mucho antes de la llegada del mandatario tuitero. Es que estas corporaciones hacen grandes contribuciones a las campañas de congresistas, tanto republicanos como demócratas, lo que en cualquier país en vías de desarrollo sería calificado como soborno y corrupción.
Beneficiarios de contratos con la Patrulla Fronteriza, como Boeing, Lockheed Martin, General Atomics, General Dynamics y Raytheon, también son grandes contribuyentes de campaña de los miembros del comité de Asignaciones del Congreso y del comité de Seguridad Nacional, responsables de los presupuestos y la política fronteriza. Apunte: entre 2006 y 2018, otorgaron 27,6 millones de dólares a ese comité, aunque el reporte aclara que este cabildeo también se relaciona con el gasto militar.
El cabildeo de estas empresas no va a cambiar de cara a las elecciones de noviembre de 2020, para asegurar la militarización fronteriza, fuente de sus millonarios recursos, aun cuando sirva para separar a padres migrantes de sus hijos, por el delito de no haber nacido en EEUU.
Hannah Taleb, portavoz de No More Deaths (No más muertes), organización que copatrocinó el informe, afirmó que las políticas fronterizas han seguido «impulsando» la migración a estas zonas profundamente militarizadas, lo que causa un «sufrimiento humano incalculable».
Para terminar el ciclo de muertes en la frontera hay que hacer frente a quienes actualmente se benefician de ello, o sea las corporaciones que brindan seguridad en altísimos contratos con el gobierno y, además, son fabricantes de armas. En el gobierno estadounidense (no solo en éste) nadie se preocupa por las causas profundas de la migración forzada, sino que la ven como una excusa para excelentes negocios.
Centros de reclusión de niños migrantes, otro buen negocio
Para evitar la migración de centroamericanos, las políticas del régimen de Donald Trump, incluyen la separación de niños de sus padres, infantes que son llevados a centros privados de reclusión o, como los llaman en Washington, campos de concentración.
La detención en estos centros de los niños que sobreviven a las redadas y la persecución inhumana, es un negocio lucrativo, que enriquece a exfuncionarios que pasaron por el gobierno de Donald Trump. Se negocia con la vida y el futuro de niños, cuyo gran delito es no haber nacido en EEUU.
El modelo de negocios no es nuevo. Empresas privadas como Blackwater y Halliburton, con sus servicios de mercenarios, armamentos e inteligencia, son las que lucraron y lucran con las guerras e invasiones como las de Afganistán, Irán, Siria.
Hoy sus mercenarios intentan ser colocados en servicios fronterizos de los países latinoamericanos, con la excusa del combate al narcotráfico y el terrorismo.
Las instalaciones de reclusión infantil de los niños migrantes son regenteadas por la empresa Caliburn, cuya junta directiva es integrada por John Kelly, exjefe del Comando Sur entre 2012 y 2016 y exsecretario de Seguridad Nacional de Trump. Cuatro meses más tarde de retirarse del Gobierno se había sumado a esta multinacional que lucra con los menores migrantes.
Caliburn es una especie de ave de rapiña de grandes tragedias humanitarias. Opera en Afganistán, Irak y a través de su filial Comprehensive Health Services, adentro de EEUU. Homestead es el llamado centro modelo de reclusión infantil, en el más grande su tipo, ubicado en el estado de Florida.
Sin dudas, es un negocio muy lucrativo. La empresa Comprehensive recibió 222 millones de dólares solo para operar entre el 7 de julio del 2018 y el 20 de abril de este año. En 270 días, Caliburn y su subsidiaria cobraron unos 800.000 dólares por día, por alojar en condiciones penosas e inhumana a menores que ingresaron sin papeles a EEUU.
Hasta Homestead ha derivado una buena parte de los niños y adolescentes después de que se cerrara un campo de Tornillo, en Texas. El Gobierno de Trump lleva gastados al menos 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos para el programa de Niños extranjeros no acompañados.
Según un vocero de Caliburn, desde marzo de 2018 pasaron por Homestead 6.000 niños de los cuales se habían entregado 4.450, en su mayoría a sus padres o familiares en EEUU. Telemundo se prestó para ofrecer a los televidentes hispanoparlantes de EEUU una escenografía planificada y montada para la ocasión.
Pero el rentable Homestead no es el único sitio al que van a parar los niños migrantes. El lugar de detención temporal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU en Clint, Texas, golpea a la sensibilidad de cualquier persona normal, salvo a Mark Morgan, su director interino, nombrado por el propio Trump.
En Fox News dijo Morgan: Me acerqué a estos individuos a los que se llama ‘menores’ de 17 años de edad o menos, y los he mirado. Los miré a los ojos y me dije: ‘Estos son los que pronto serán miembros de la pandilla MS-13.
Quienes visitaron Clint pudieron certificar las condiciones en que se encontraban los niños: muy sucios, enfermos, tosiendo.
Nadie cuidaba a estos niños directamente, que estaban encerrados en estas celdas las 24 horas del día. En muchas de sus celdas solo hay baños abiertos. No hay jabón, no hay forma de lavarse las manos. Y muchos de ellos se ven obligados a dormir directamente sobre el piso debido a la escasez de camas y colchonetas y espacio para dormir.
Primero se crean las condiciones de menores migrantes no acompañados: se los separa de sus padres. Y, luego, se los recluyen en centros de detención para negocio de los amigos de Trump. Así se ayuda a sostener y reproducir el sistema xenófobo e inhumano del Gobierno estadounidense.
Cuantos más presos, más ingresos
De todos los países del mundo, EEUU es el que más presos tiene en su sistema carcelario. Comparemos (fuera de la guerra comercial): la población china es de 1.400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1,6 millones de personas. EEUU, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2,2 millones de personas.
EEUU cuenta con cerca de cinco por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Desde la década de los años 1970 la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante. Y con estos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad.
Son solo negocios: la privatización de cárceles en EEUU tenía una larga tradición y tomó gran impulso en los años 1990 y hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes.
Las cárceles privadas son, sin duda, un gran negocio y estas empresas estadounidenses están presionando al Gobierno para aplicar su plan de negocios en otros países, en especial latinoamericanos y caribeños.
Vayamos a los números. A las empresas privadas administradoras de prisiones el Gobierno federal otorga un subsidio de 23.000 dólares anuales por reo. Vale recordar que el salario mínimo es de 15.000l dólares anuales. Y, además, si las celdas están vacías, el Gobierno otorga el mismo subsidio a las empresas, quizá suponiendo que la culpa es de lenitud de la policía o de la indulgencia de algunos jueces.
Las ganancias de las citadas tres principales empresas han crecido exponencialmente en los años recientes. CoreCivic vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento).
La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de cinco mil millones de dólares anuales, logró mantener el negocios también tiene su costo y se ven obligadas a cabildear en el Congreso estadounidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Entre 1999 y 2010 Core Civic destinó 1,4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal.
A nadie puede sorprender, entonces, que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp. Incluso no sería nada raro que integraran los directorios de las mismas.
Lo que realmente les conviene a estas empresas es que la población encarcelada siga aumentando, para lo cual –insisten en sus cabildeos- se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos, condenas más largas y reducción de gastos, es la consigna.
¿Cómo reducir gastos? Fácil: con una mala alimentación y pésimos (o nulos) servicios de salud. Y al que se queje, abusos de todo tipo, parte de la violencia generalizada, en un sistema carcelario donde el racismo es lo que sucede del otro lado de las rejas, en el país que se llena la boca con la libertad y la democracia.
A todos nos enseñan que no existe el racismo en EEUU y que el presidente Donald Trump es fiel ejemplo de ello. Los que no se enteraron de esto son las encuestas que señalan que un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos.
Cinco años atrás, varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar la privatización del sistema carcelario. Durante la presidencia de Barak Obama se aprobaron algunas reformas, pero el fuerte lobby de los carceleros privados consiguió que los cambios sólo afectaran a las prisiones federales.
Tras la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic. Pero en el verano del año pasado los presos estadounidenses lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional, con huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos.
Hoy el debate electoral, de cara a las elecciones de noviembre de 2020, incluye el tema de la reforma penal y carcelaria en EEUU. Tiene razón Alejandro Nadal: sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.
CLAE
Nueva norma de migración en EEUU traería problemas de salud
En esta foto del martes 13 de agosto de
2019, la doctora Jasmine Saavedra, una pediatra en la clínica Esperanza
Health Centers, cuyos padres emigraron de México en la década de 1980,
examina a Alondra Márquez, una bebé recién nacida en su clínica, en
Chicago. (Foto AP/Amr Alfiky)
Agosto 17, 2019 - HOY (Los Angeles)
Algunos
médicos y expertos en salud pública advierten que las nuevas normas de
inmigración en Estados Unidos traerán consecuencias graves para la salud
de la población y un aumento en los costos: los diabéticos no acudirán a
sus revisiones rutinarias, los asmáticos jóvenes no obtendrán atención
preventiva y habrá un aumento en las costosas visitas a las salas de
emergencia.
Dicen que los cambios radicales, que les negarían la residencia permanente a muchos inmigrantes, harán que dejen de utilizar el Medicaid _el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los pobres o discapacitados_, los cupones de alimentos y otro tipo de asistencia pública.
Algunos defensores del cambio dicen que ya están viendo las consecuencias incluso antes de que la compleja regla de 837 páginas entre en vigor en octubre.
El gobierno del presidente Donald Trump pregona su enfoque enérgico como una forma de mantener sólo a los inmigrantes autosuficientes en el país, pero los expertos en salud sostienen que el cambio podría forzar a millones de migrantes de bajos ingresos a elegir entre recibir servicios de salud necesarios y sus intentos de permanecer legalmente en el país.
“La gente va a estar más enferma. No van a buscar atención médica o
no hasta que tengan que ir a una sala de emergencias”, opinó Lisa David,
presidenta y directora ejecutiva de Public Health Solutions, la
organización de salud pública más grande de Nueva York. “Le va a costar
mucho dinero al sistema”, agregó.
A los inmigrantes que quieren obtener la residencia legal permanente,
a través de la comúnmente llamada “green card”, se les ha exigido desde
hace mucho tiempo que demuestren que no serán “una carga pública”. El
gobierno de Trump anunció el lunes que redefiniría el término para
referirse a aquellos que tienen menos probabilidades de recibir
prestaciones públicas durante un cierto período.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) también tendrá en cuenta otros factores, como los ingresos, la educación y el dominio del inglés.
“Queremos ver gente que venga a este país y sea autosuficiente”, dijo Ken Cuccinelli, director interino del USCIS. “Ese es un principio básico del sueño americano. Está profundamente arraigado en nuestra historia y particularmente en nuestra historia relacionada con la inmigración legal”.
Dos condados de California y fiscales de 13 estados entablaron demandas, diciendo que los cambios aumentarán los peligros para la salud pública.
Hay indicios de que eso ya está ocurriendo en ciudades como Chicago, Detroit y Nueva York, afirman los defensores de los inmigrantes.
A las pocas horas del anuncio, una abogada de inmigración de Minnesota dijo que recibió una ráfaga de llamadas de clientes preocupados sobre si debían dejar de recibir ayuda del Medicaid o no. Una organización sin fines de lucro de Detroit, que ayuda a los latinos e inmigrantes con servicios sociales, dijo que su vestíbulo, por lo general repleto de gente, estaba vacío el día después de que se dieron a conocer las reglas. La organización de salud pública más grande de Nueva York, Public Health Solutions (Soluciones de Salud Pública), que atiende a una gran población inmigrante, reportó una caída del 20% en la inscripción de cupones de alimentos desde que se propuso la regla por primera vez en el otoño.
Federico Mason, quien emigró desde México hace más de dos décadas, dijo que está preocupado por los nuevos criterios porque tiene bajos ingresos y no habla bien el inglés. El residente de Chicago dijo que no tiene planes inmediatos para retirar de Medicaid a sus hijos de 8 y 15 años de edad, que son ciudadanos estadounidenses, pero que la nueva regla lo ha hecho preocuparse sobre la forma en que mantendrá a su familia y sobre si debería solicitar una tarjeta de residencia permanente.
Dijo en español que si algún día quiere cambiar su estatus de residencia, será más difícil bajo estas nuevas normas, a las que calificó de injustas y discriminatorias.
La doctora Deanna Behrens, pediatra de terapia intensiva en los suburbios de Chicago, dijo que los niños son los más vulnerables.
Aseguró que los padres que no son ciudadanos podrían dudar en solicitar prestaciones de salud para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses, temiendo erróneamente que si sus hijos obtienen la ayuda social, se arruinarían sus propias posibilidades de obtener una tarjeta de residencia y separarían a sus familias. Esto hará que las personas no puedan costear la atención de enfermedades crónicas como el asma y la diabetes, así como las medidas preventivas. En su lugar, dependerán de salas de emergencia mucho más costosas.
“Esto ha obligado a las familias inmigrantes a tomar una decisión imposible”, dijo Behrens.
El tema es personal para la doctora Jasmine Saavedra, una pediatra que trabaja en la clínica Esperanza, en un vecindario fuertemente latino de Chicago.
Ella está convencida de que si los nuevos criterios del gobierno de Trump hubieran estado en vigor para sus padres hace tres décadas, ella habría tenido un futuro muy diferente. Sus padres emigraron de México en la década de 1980 sin hablar inglés y con poca educación. Mientras dependían de trabajos de bajos salarios, recurrieron a cupones de alimentos durante un breve tiempo para poder sobrevivir.
Luego su madre decidió dejar de recibir asistencia pública debido al estigma, pero Saavedra dijo que hubo días en que su madre no quería comer para que sus hijos pudieran hacerlo. Ella cree que eso la ayudó a convertirse en doctora y a sus dos hermanas en contadora y enfermera.
“Tal vez cuando ciertas personas piensan en las familias inmigrantes, las ven como una carga para este país, de la misma manera que la gente le diría a mi madre cuando recibía asistencia”, dijo Saavedra. “Pero mis padres, sin educación, sin hablar este idioma, pobres y con un poco de ayuda cuando pudieron, nos sacaron adelante y tienen tres hijas exitosas”.
Dicen que los cambios radicales, que les negarían la residencia permanente a muchos inmigrantes, harán que dejen de utilizar el Medicaid _el programa gubernamental estadounidense de asistencia médica para los pobres o discapacitados_, los cupones de alimentos y otro tipo de asistencia pública.
Algunos defensores del cambio dicen que ya están viendo las consecuencias incluso antes de que la compleja regla de 837 páginas entre en vigor en octubre.
El gobierno del presidente Donald Trump pregona su enfoque enérgico como una forma de mantener sólo a los inmigrantes autosuficientes en el país, pero los expertos en salud sostienen que el cambio podría forzar a millones de migrantes de bajos ingresos a elegir entre recibir servicios de salud necesarios y sus intentos de permanecer legalmente en el país.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) también tendrá en cuenta otros factores, como los ingresos, la educación y el dominio del inglés.
“Queremos ver gente que venga a este país y sea autosuficiente”, dijo Ken Cuccinelli, director interino del USCIS. “Ese es un principio básico del sueño americano. Está profundamente arraigado en nuestra historia y particularmente en nuestra historia relacionada con la inmigración legal”.
Dos condados de California y fiscales de 13 estados entablaron demandas, diciendo que los cambios aumentarán los peligros para la salud pública.
Hay indicios de que eso ya está ocurriendo en ciudades como Chicago, Detroit y Nueva York, afirman los defensores de los inmigrantes.
A las pocas horas del anuncio, una abogada de inmigración de Minnesota dijo que recibió una ráfaga de llamadas de clientes preocupados sobre si debían dejar de recibir ayuda del Medicaid o no. Una organización sin fines de lucro de Detroit, que ayuda a los latinos e inmigrantes con servicios sociales, dijo que su vestíbulo, por lo general repleto de gente, estaba vacío el día después de que se dieron a conocer las reglas. La organización de salud pública más grande de Nueva York, Public Health Solutions (Soluciones de Salud Pública), que atiende a una gran población inmigrante, reportó una caída del 20% en la inscripción de cupones de alimentos desde que se propuso la regla por primera vez en el otoño.
Federico Mason, quien emigró desde México hace más de dos décadas, dijo que está preocupado por los nuevos criterios porque tiene bajos ingresos y no habla bien el inglés. El residente de Chicago dijo que no tiene planes inmediatos para retirar de Medicaid a sus hijos de 8 y 15 años de edad, que son ciudadanos estadounidenses, pero que la nueva regla lo ha hecho preocuparse sobre la forma en que mantendrá a su familia y sobre si debería solicitar una tarjeta de residencia permanente.
Dijo en español que si algún día quiere cambiar su estatus de residencia, será más difícil bajo estas nuevas normas, a las que calificó de injustas y discriminatorias.
La doctora Deanna Behrens, pediatra de terapia intensiva en los suburbios de Chicago, dijo que los niños son los más vulnerables.
Aseguró que los padres que no son ciudadanos podrían dudar en solicitar prestaciones de salud para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses, temiendo erróneamente que si sus hijos obtienen la ayuda social, se arruinarían sus propias posibilidades de obtener una tarjeta de residencia y separarían a sus familias. Esto hará que las personas no puedan costear la atención de enfermedades crónicas como el asma y la diabetes, así como las medidas preventivas. En su lugar, dependerán de salas de emergencia mucho más costosas.
“Esto ha obligado a las familias inmigrantes a tomar una decisión imposible”, dijo Behrens.
El tema es personal para la doctora Jasmine Saavedra, una pediatra que trabaja en la clínica Esperanza, en un vecindario fuertemente latino de Chicago.
Ella está convencida de que si los nuevos criterios del gobierno de Trump hubieran estado en vigor para sus padres hace tres décadas, ella habría tenido un futuro muy diferente. Sus padres emigraron de México en la década de 1980 sin hablar inglés y con poca educación. Mientras dependían de trabajos de bajos salarios, recurrieron a cupones de alimentos durante un breve tiempo para poder sobrevivir.
Luego su madre decidió dejar de recibir asistencia pública debido al estigma, pero Saavedra dijo que hubo días en que su madre no quería comer para que sus hijos pudieran hacerlo. Ella cree que eso la ayudó a convertirse en doctora y a sus dos hermanas en contadora y enfermera.
“Tal vez cuando ciertas personas piensan en las familias inmigrantes, las ven como una carga para este país, de la misma manera que la gente le diría a mi madre cuando recibía asistencia”, dijo Saavedra. “Pero mis padres, sin educación, sin hablar este idioma, pobres y con un poco de ayuda cuando pudieron, nos sacaron adelante y tienen tres hijas exitosas”.
Trump habría sugerido disparos en las piernas y una trinchera llena de serpientes para detener a los inmigrantes desde México
Publicado: 2 oct 2019 02:22 GMT | Última actualización: 2 oct 2019 11:31 GMT - RT
El presidente de EE.UU. habría propuesto
también una valla electrificada e incluso pedido calcular costos para un
foso con caimanes, revela The New York Times.
El
presidente de EE.UU., Donald Trump, habría sugerido en una reunión con
asesores disparar a los inmigrantes en las piernas para frenarlos cuando
cruzan la frontera sur, informa The New York Times al citar entrevistas con más de una docena de fuentes de la Casa Blanca y de la Administración involucradas en el asunto.
En esa reunión, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, el mandatario también propuso cerrar toda la frontera entre EE.UU. y México, se dice en el artículo, que es un extracto del libro 'Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration' ('Guerras fronterizas: dentro del asalto de Trump a la inmigración'), de los reporteros Mike Shear y Julie Hirschfield Davis, que se publicará el próximo 8 de octubre.
Según el medio, la propuesta la hizo Trump después de haber sugerido
públicamente que los soldados dispararan a los migrantes si arrojaban
piedras, si bien entonces retrocedió cuando su personal le dijo que eso
era ilegal.
Asimismo, el jefe de la Casa Blanca habría hablado en privado acerca de fortificar un muro fronterizo con una trinchera llena de agua y repleta de serpientes o caimanes, y ordenó a sus asistentes que calcularan costos. También mencionó la idea de una valla electrificada, "con picos en la parte superior que puedan perforar la carne humana", recoge Times.
La orden de Trump de cerrar la frontera desencadenó lo que el artículo describe como "una frenética semana de furias presidenciales, pánico del personal las 24 horas y mucha más confusión en la Casa Blanca de lo que se conocía hasta ese momento". Finalmente, el presidente abandonó la idea, pero inició una "purga" de los ayudantes que habían intentado contenerlo.
En esa reunión, que tuvo lugar el pasado mes de marzo, el mandatario también propuso cerrar toda la frontera entre EE.UU. y México, se dice en el artículo, que es un extracto del libro 'Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration' ('Guerras fronterizas: dentro del asalto de Trump a la inmigración'), de los reporteros Mike Shear y Julie Hirschfield Davis, que se publicará el próximo 8 de octubre.
Serpientes, caimanes y un muro electrificado
Asimismo, el jefe de la Casa Blanca habría hablado en privado acerca de fortificar un muro fronterizo con una trinchera llena de agua y repleta de serpientes o caimanes, y ordenó a sus asistentes que calcularan costos. También mencionó la idea de una valla electrificada, "con picos en la parte superior que puedan perforar la carne humana", recoge Times.
La orden de Trump de cerrar la frontera desencadenó lo que el artículo describe como "una frenética semana de furias presidenciales, pánico del personal las 24 horas y mucha más confusión en la Casa Blanca de lo que se conocía hasta ese momento". Finalmente, el presidente abandonó la idea, pero inició una "purga" de los ayudantes que habían intentado contenerlo.
EE.UU. recolectará el ADN de los inmigrantes ilegales que crucen la frontera desde México
Publicado: 3 oct 2019 00:28 GMT | Última actualización: 3 oct 2019 13:51 GMT - RT
Washington almacenará los datos en una base
de criminales del FBI y varias divisiones del Gobierno estadounidense
podrán utilizar esa información.
Agentes fronterizos de EE.UU. detienen a inmigrantes ilegales en la frontera con México, 18 de julio de 2019.
Carlos Jasso / Reuters
El
Gobierno de EE.UU. planea recolectar muestras de ADN de todos los
inmigrantes detenidos tras ingresar en territorio estadounidense de
manera ilegal, según han manifestado altos cargos del Departamento de
Seguridad Nacional norteamericano (DHS, por sus siglas en inglés) a
periodistas este 2 de octubre.
Ese organismo desarrollara esta iniciativa en coordinación con el Departamento de Justicia de EE.UU. para almacenar datos sobre los arrestados en una base de criminales del FBI, incluso de personas que podrían no haber sido acusadas de ningún otro delito.
Además, otras divisiones del Gobierno podrán utilizar esa información, una medida que podría provocar críticas por parte de grupos que defienden los derechos civiles.
"Ya recolectamos datos biométricos tradicionales, esto será un conjunto adicional que nos ayudaría a la identificación futura
de las personas", aunque aún están elaborando los detalles del programa
y no hay fecha para su lanzamiento, explicaron esas fuentes del DHS.
Este proyecto aportaría "un perfil más completo" y resulta "fundamentalmente diferente" de las pruebas de ADN rápidas que ya realiza la Patrulla Fronteriza de EE.UU. desde los principios de este año para determinar la filiación de los sospechosos.
En el año fiscal 2018, se registraron 396.579 detenciones en la frontera de EE.UU. con México y la gran mayoría de las personas detenidas procedía de El Salvador, Honduras y Guatemala.
El poderoso buque que le cuesta a Honduras 60 millones de
dólares zarpará a Honduras el domingo 17 de noviembre, según
autoridades de las Fuerzas Armadas.
Juan Orlando Hernández, quien ostenta el poder tras un fraude electoral, denominó a la majestuosa aeronave como José Trinidad Cabañas (JTC).
Además, se detalló que la entrega no será completa; porque faltaría el helicóptero y el hangar de equipamiento.
Hace dos meses, el gobernante viajó a Israel para supervisar la construcción del buque, destacando en las redes su tecnología.
BUQUE TRAE INCORPORADO:
Tres cañones, una ametralladora pesada de 12.7 mm.
Sensores, sistemas y armamento avanzados
Radar de navegación.
Aparatos de vigilancia y observación electro-óptica y artillería.
Contará con la tecnología de punta para poder contrarrestar cualquier amenaza en las zonas costeras del país.
Podrá desplegar pequeñas embarcaciones para operaciones de abordaje, rescate y búsqueda.
Una plataforma de vuelo para un helicóptero.
Dos vehículos no tripulados que forman parte de los equipos instalados.
Los fuertes señalamientos desde Estados Unidos en contra del
presidente Juan Orlando Hernández de tener supuestamente vínculos con
el narcotráfico deben ser investigados por el Ministerio Público, dijo
este jueves el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando
Argueta.
Argueta fue abordado sobre este tema respecto a que no ha habido investigación en el país al mandatario Hernández, después que fuera mencionado en una Corte de Nueva York de haber recibido dinero de narcotraficantes para financiar sus campañas que lo llevaron al poder, durante el juicio a su hermano Juan Antonio ‘Tony’ Hernández.
«Este es un tema que yo se lo dejo porque así lo establece la Constitución y la Ley, al Ministerio Público y a otras entidades de investigación nacionales e internacionales para que hagan su trabajo», respondió el presidente de la CSJ.
Hernández ha negado las acusaciones del narcotraficante Alexander Ardón de haberle dado dinero para sus campañas electorales y ha rechazado que Honduras sea un «narcoestado» como se le señaló en el juicio por narcotráfico contra ‘Tony’.
El medio Univisión fue el que realizó en su momento una publicación, donde según los documentos, indica que el actual mandatario recibió 1.5 millones de dólares para su campaña presidencial.
Manifiesto Rebelde de Mujeres Hondureñas
Ese organismo desarrollara esta iniciativa en coordinación con el Departamento de Justicia de EE.UU. para almacenar datos sobre los arrestados en una base de criminales del FBI, incluso de personas que podrían no haber sido acusadas de ningún otro delito.
Además, otras divisiones del Gobierno podrán utilizar esa información, una medida que podría provocar críticas por parte de grupos que defienden los derechos civiles.
Este proyecto aportaría "un perfil más completo" y resulta "fundamentalmente diferente" de las pruebas de ADN rápidas que ya realiza la Patrulla Fronteriza de EE.UU. desde los principios de este año para determinar la filiación de los sospechosos.
En el año fiscal 2018, se registraron 396.579 detenciones en la frontera de EE.UU. con México y la gran mayoría de las personas detenidas procedía de El Salvador, Honduras y Guatemala.
Publicado el 14 Noviembre, 2019
Juan Orlando Hernández, quien ostenta el poder tras un fraude electoral, denominó a la majestuosa aeronave como José Trinidad Cabañas (JTC).
Además, se detalló que la entrega no será completa; porque faltaría el helicóptero y el hangar de equipamiento.
Hace dos meses, el gobernante viajó a Israel para supervisar la construcción del buque, destacando en las redes su tecnología.
BUQUE TRAE INCORPORADO:
Tres cañones, una ametralladora pesada de 12.7 mm.
Sensores, sistemas y armamento avanzados
Radar de navegación.
Aparatos de vigilancia y observación electro-óptica y artillería.
Contará con la tecnología de punta para poder contrarrestar cualquier amenaza en las zonas costeras del país.
Podrá desplegar pequeñas embarcaciones para operaciones de abordaje, rescate y búsqueda.
Una plataforma de vuelo para un helicóptero.
Dos vehículos no tripulados que forman parte de los equipos instalados.
Publicado el 14 Noviembre, 2019
Argueta fue abordado sobre este tema respecto a que no ha habido investigación en el país al mandatario Hernández, después que fuera mencionado en una Corte de Nueva York de haber recibido dinero de narcotraficantes para financiar sus campañas que lo llevaron al poder, durante el juicio a su hermano Juan Antonio ‘Tony’ Hernández.
«Este es un tema que yo se lo dejo porque así lo establece la Constitución y la Ley, al Ministerio Público y a otras entidades de investigación nacionales e internacionales para que hagan su trabajo», respondió el presidente de la CSJ.
Hernández ha negado las acusaciones del narcotraficante Alexander Ardón de haberle dado dinero para sus campañas electorales y ha rechazado que Honduras sea un «narcoestado» como se le señaló en el juicio por narcotráfico contra ‘Tony’.
El medio Univisión fue el que realizó en su momento una publicación, donde según los documentos, indica que el actual mandatario recibió 1.5 millones de dólares para su campaña presidencial.
Arresto de hermanos Paisano devela historia de narcopolítica en Honduras
noviembre 7, 2019
Redacción
Tomado de: InSightCrime
Los Paisano Wood son miembros de una familia con arraigo y poder político en el departamento de Gracias a Dios en Honduras
Dos hermanos —veteranos operadores políticos de una región del noreste de Honduras que es una importante ruta aérea y marítima de narcotráfico— han sido arrestados en un caso que pone al descubierto nuevos nexos entre traficantes y políticos en ese país.
Las recientes capturas de Roberto y Seth Paisano Wood son parte del Operación Corsario que la fiscalía y fuerza pública antinarcotráfico ejecutaron en varios departamentos del norte hondureño, las cuales están basadas en una investigación que inició en 2014, según confirmó a InSight Crime una fuente de inteligencia militar en Tegucigalpa.
La Fiscalía hondureña recibió “denuncias en fechas 20 de septiembre de 2014 y 19 de agosto de 2019 en las que se hacía referencia a la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas que tiene su centro de operaciones en el Departamento de Gracias a Dios, sector desde el cual transportan por vía marítima la droga que descargan desde avionetas”, según un comunicado emitido el mismo día de las capturas, el 28 de octubre pasado.
Por el momento, Roberto y Seth Paisano Wood, quienes ya guardan prisión provisional mientras las investigaciones continúan, solo son acusados de lavado de activos.
Las autoridades han decomisado y asegurado nueve inmuebles, cinco sociedades mercantiles y nueve embarcaciones en el marco de la Operación Corsario, aunque no han especificado si estos pertenecen a los detenidos.
Los hermanos Paisano Wood son miembros de una familia que es una importante casa de poder político en el departamento de Gracias a Dios en el Caribe hondureño, en la región conocida como La Mosquitia, al noreste del país y una de las rutas más transitadas por el narcotráfico en las últimas dos décadas.
Las investigaciones a estas redes de narcotráfico y política iniciaron en 2014, a poco de que el ejército hondureño desplegara en La Mosquitia y otras zonas del país a una fuerza interinstitucional de seguridad pública que, asesorada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la cual empezó a realizar operativos e interdicción de cocaína y a recoger inteligencia en el terreno.
De aquellas investigaciones se derivaron varias capturas de narcotraficantes que formaban parte del llamado Cartel del Atlántico en Honduras, como las de Wilter Neptalí Blanco y, luego, de su mano derecha, José Emilio Arrechavala, líder de un clan familiar al que la inteligencia militar ha vinculado con los hermanos Paisano Wood, según un oficial de la fuerza armada hondureña y un exfiscal que participaron en operativos de investigación e interdicción en La Mosquitia entre 2014 y 2016, y quienes hablaron recientemente con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
Blanco fue arrestado en Costa Rica en 2016 y enviado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de narcotráfico un año después. Debido a ese proceso, la DEA declaró a Juan Antonio “Tony” Hernández persona de interés. En octubre de 2019, Hernández, hermano del actual presidente hondureño, fue condenado por narcotráfico en Nueva York.
El lunes 6 de septiembre fue detenida la alcaldesa de Brus laguna, Teonela Paisano Wood quien portaba la cantidad de 279 mil lempiras. La detención se realizó por parte de Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, Policarpo Paz García, en el Aeródromo de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
La Alcaldesa de Brus Laguna, con identidad 0902-1975-00061 viajaba hacia la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida y portaba en su equipaje la cantidad de 279,000 lempiras en efectivo.
La Edil y el efectivo fueron remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Lempira para continuar con las investigaciones de rigor, de acuerdo a lo que indica la legislación hondureña.
Al dia siguiente fue liberada porque según las autoridades pudo demostrar de donde había obtenido el dinero
Análisis de InSight Crime
Las recientes acusaciones del Ministerio Público hondureño, las investigaciones realizadas por el ejército y la policía hondureñas desde 2014 en Gracias a Dios —a algunas de las cuales InSight Crime ha tenido acceso—, así como entrevistas realizadas en La Mosquitia y Tegucigalpa arrojan indicios de que los hermanos Paisano Wood serían parte de las extensas redes de crimen organizado que han controlado el tráfico de cocaína y el lavado de activos en esta zona de Honduras desde principios de siglo.
Gracias a Dios colinda al norte con el Mar Caribe a través de costas abiertas y pequeños archipiélagos donde se practica la pesca artesanal e industrial, actividades económicas que en la última década han servido de fachada al trasiego de la cocaína que entra por ruta marítima desde Jamaica o Nicaragua, o que sale, también por mar, hacia las costas mexicanas o guatemaltecas en su ruta hacia Estados Unidos.
La parte occidental de Gracias a Dios es fronteriza con Colón, territorio que estuvo dominado por la banda Los Cachiros, y con las montañas de Olancho, en zonas naturales protegidas que también han servido para el tráfico de cocaína y el aterrizaje de aeronaves en pistas clandestinas.
Toda esta esquina del nororiente hondureño ha sido una de las piezas más importantes en el narcotráfico regional a lo largo de dos décadas. En 2011, de acuerdo con mapas elaborados por la DEA y publicados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cerca del 60% de toda la droga procedente de Colombia, Venezuela y Ecuador recaló en las costas de Gracias a Dios y en las montañas de La Mosquitia u Olancho.
Las bandas de narcotraficantes que en aquellos años consolidaron sus porciones de la ruta hondureña, como Los Cachiros, Los Amador en Olancho y el Cartel del Atlántico en La Mosquitia, trabajaron como una especie de federación que respetaba los pasos por cada territorio. En todos estos lugares, así como en otras porciones del país, terminó siendo esencial la participación de los poderes políticos locales para garantizar el libre paso de la droga.
En La Mosquitia, de acuerdo con las investigaciones actuales, la relación entre el narcotráfico y el poder político empezó a través de los caciques partidarios locales, como los hermanos Paisano Wood, y sus conexiones con los entramados nacionales de los dos grandes partidos.
Los Paisano Wood son miembros de una familia con arraigo y poder político en el departamento de Gracias a Dios en Honduras
Dos hermanos —veteranos operadores políticos de una región del noreste de Honduras que es una importante ruta aérea y marítima de narcotráfico— han sido arrestados en un caso que pone al descubierto nuevos nexos entre traficantes y políticos en ese país.
Las recientes capturas de Roberto y Seth Paisano Wood son parte del Operación Corsario que la fiscalía y fuerza pública antinarcotráfico ejecutaron en varios departamentos del norte hondureño, las cuales están basadas en una investigación que inició en 2014, según confirmó a InSight Crime una fuente de inteligencia militar en Tegucigalpa.
La Fiscalía hondureña recibió “denuncias en fechas 20 de septiembre de 2014 y 19 de agosto de 2019 en las que se hacía referencia a la existencia de una organización dedicada al tráfico de drogas que tiene su centro de operaciones en el Departamento de Gracias a Dios, sector desde el cual transportan por vía marítima la droga que descargan desde avionetas”, según un comunicado emitido el mismo día de las capturas, el 28 de octubre pasado.
Por el momento, Roberto y Seth Paisano Wood, quienes ya guardan prisión provisional mientras las investigaciones continúan, solo son acusados de lavado de activos.
Las autoridades han decomisado y asegurado nueve inmuebles, cinco sociedades mercantiles y nueve embarcaciones en el marco de la Operación Corsario, aunque no han especificado si estos pertenecen a los detenidos.
Los hermanos Paisano Wood son miembros de una familia que es una importante casa de poder político en el departamento de Gracias a Dios en el Caribe hondureño, en la región conocida como La Mosquitia, al noreste del país y una de las rutas más transitadas por el narcotráfico en las últimas dos décadas.
Las investigaciones a estas redes de narcotráfico y política iniciaron en 2014, a poco de que el ejército hondureño desplegara en La Mosquitia y otras zonas del país a una fuerza interinstitucional de seguridad pública que, asesorada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la cual empezó a realizar operativos e interdicción de cocaína y a recoger inteligencia en el terreno.
De aquellas investigaciones se derivaron varias capturas de narcotraficantes que formaban parte del llamado Cartel del Atlántico en Honduras, como las de Wilter Neptalí Blanco y, luego, de su mano derecha, José Emilio Arrechavala, líder de un clan familiar al que la inteligencia militar ha vinculado con los hermanos Paisano Wood, según un oficial de la fuerza armada hondureña y un exfiscal que participaron en operativos de investigación e interdicción en La Mosquitia entre 2014 y 2016, y quienes hablaron recientemente con InSight Crime bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
Blanco fue arrestado en Costa Rica en 2016 y enviado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de narcotráfico un año después. Debido a ese proceso, la DEA declaró a Juan Antonio “Tony” Hernández persona de interés. En octubre de 2019, Hernández, hermano del actual presidente hondureño, fue condenado por narcotráfico en Nueva York.
El lunes 6 de septiembre fue detenida la alcaldesa de Brus laguna, Teonela Paisano Wood quien portaba la cantidad de 279 mil lempiras. La detención se realizó por parte de Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta, Policarpo Paz García, en el Aeródromo de Puerto Lempira, departamento de Gracias a Dios.
La Alcaldesa de Brus Laguna, con identidad 0902-1975-00061 viajaba hacia la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida y portaba en su equipaje la cantidad de 279,000 lempiras en efectivo.
La Edil y el efectivo fueron remitidos a la Fiscalía de Turno del Ministerio Público de la ciudad de Puerto Lempira para continuar con las investigaciones de rigor, de acuerdo a lo que indica la legislación hondureña.
Al dia siguiente fue liberada porque según las autoridades pudo demostrar de donde había obtenido el dinero
Análisis de InSight Crime
Las recientes acusaciones del Ministerio Público hondureño, las investigaciones realizadas por el ejército y la policía hondureñas desde 2014 en Gracias a Dios —a algunas de las cuales InSight Crime ha tenido acceso—, así como entrevistas realizadas en La Mosquitia y Tegucigalpa arrojan indicios de que los hermanos Paisano Wood serían parte de las extensas redes de crimen organizado que han controlado el tráfico de cocaína y el lavado de activos en esta zona de Honduras desde principios de siglo.
Gracias a Dios colinda al norte con el Mar Caribe a través de costas abiertas y pequeños archipiélagos donde se practica la pesca artesanal e industrial, actividades económicas que en la última década han servido de fachada al trasiego de la cocaína que entra por ruta marítima desde Jamaica o Nicaragua, o que sale, también por mar, hacia las costas mexicanas o guatemaltecas en su ruta hacia Estados Unidos.
La parte occidental de Gracias a Dios es fronteriza con Colón, territorio que estuvo dominado por la banda Los Cachiros, y con las montañas de Olancho, en zonas naturales protegidas que también han servido para el tráfico de cocaína y el aterrizaje de aeronaves en pistas clandestinas.
Toda esta esquina del nororiente hondureño ha sido una de las piezas más importantes en el narcotráfico regional a lo largo de dos décadas. En 2011, de acuerdo con mapas elaborados por la DEA y publicados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cerca del 60% de toda la droga procedente de Colombia, Venezuela y Ecuador recaló en las costas de Gracias a Dios y en las montañas de La Mosquitia u Olancho.
Las bandas de narcotraficantes que en aquellos años consolidaron sus porciones de la ruta hondureña, como Los Cachiros, Los Amador en Olancho y el Cartel del Atlántico en La Mosquitia, trabajaron como una especie de federación que respetaba los pasos por cada territorio. En todos estos lugares, así como en otras porciones del país, terminó siendo esencial la participación de los poderes políticos locales para garantizar el libre paso de la droga.
En La Mosquitia, de acuerdo con las investigaciones actuales, la relación entre el narcotráfico y el poder político empezó a través de los caciques partidarios locales, como los hermanos Paisano Wood, y sus conexiones con los entramados nacionales de los dos grandes partidos.
Periodista de Radio Globo: intento de querella es otro hostigamiento para cerrar el medio
Tuesday, 01 October 2019 07:35 Written by Heidy Dávila - PASOS DE ANIMAL GRANDE
“Se sienten con poder para estar intimidando a los periodistas y
nosotros estamos tranquilos, hubiéramos llegado hasta el final , no
íbamos a pedir disculpas porque las denuncias que hacemos acá son con
documentos”, dijo la periodista Lidieth Díaz al referirse a una querella
fallida en su contra interpuesta por Ebal Díaz, Secretario de Estado en
el Despacho de la Presidencia de la República , la cual fue declarada
inadmisible por un tribunal.
La periodista Díaz y su colega Héctor Amador, ambos de Radio Globo,
fueron acusados de cuatro delitos de Injurias y otro tanto por calumnias
el 19 de septiembre de este año por el funcionario .
La acción judicial fue desestimada el 22 de septiembre en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por la jueza unipersonal Alina Arminda Aguilera, quien argumentó que no se cumplían los elementos para los delitos por calumnias e injurias.
La entrevistada expresó que es parte del hostigamiento que sufren desde hace tres años por parte del gobierno por ser un medio crítico y que las acciones tomadas solo demuestran intolerancia y dominación que tienen en los órganos de poder del país.
Añadió que algunas veces no les permiten ingresar a eventos de algún funcionario para darles cobertura lo que constituye una barrera que limita su derecho a la información, en especial si se encuentra el mandatario Juan Orlando Hernández.
Se conoció también que algunos periodistas de la radio no se acreditan porque no confían en que les brinde acceso a las fuentes, pero otros sí lo han hecho y aun así se les excluye de espacios por pertenecer al medio.
Un periodista de la Radio se acercó a pasosdeanimalgrande.com para comentarle que este tipo de intimidaciones no solo se daban en el momento en que realizan su trabajo, sino que llegaban a tener persecución personal y sus familias en la vida cotidiana, pero que no hacían las respectivas denuncias porque los que están en las instituciones son los mismos que los hostigan.
Marginación al medio de comunicación desde Golpe de Estado
Díaz explicó a pasosdeanimalgrande.com que “ha sido un hostigamiento desde que el gobierno cerró Globo tv. Para Radio Globo por ejemplo empresarios que querían anunciarse en este medio de comunicación no podían hacerlo porque decían que se sentían amenazados por el gobierno , entre las acciones mencionó que en un momento la ex ministra de comunicaciones Hilda Hernández, hermana del mandatario los amenazaba para que no otorgaran publicidad”.
El 29 de octubre del 2015, un funcionario de un Juzgado de Ejecución de Honduras le entregó personalmente a Julio Ernesto Alvarado, conductor del programa “Mi Nación”, del canal Globo TV, una notificación oficial de suspensión de la profesión de periodista. Es la primera vez que en Honduras se prohíbe de manera oficial a una persona ejercer esta actividad, a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había emitido una medida cautelar para suspensión de una condena de un año y cuatro meses por difamación y calumnias.
El 23 de mayo del 2016 Ebal Díaz, como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), argumentó que el cierre de Globo TV se debía a un pago no realizado, por lo que se le retiraba la autorización de transmisión. David Romero, director del medio de ese entonces, acusó que se trataba de una estrategia del gobierno para eliminar la prensa de oposición.
El 28 de marzo del presente años se realizó la captura del director Romero, por el delito de injurias contra Sonia Gálvez, ex fiscal del Ministerio Público. Al medio llegaron policías que destruyeron las puertas a pesar que sabían que en la cabina se encontraba el comunicador, lo cual no era necesario, él está encarcelado por delitos acumulados que suman unos 10 años de prisión, lo cual es un abuso del uso del derecho penal según han manifestado algunos defensores de derechos humanos.
La CIDH había admitido la denuncia del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, sobre este caso y señalado en su decisión que se trataba de una violación a la libertad de expresión por lo que se debía suspender la condena, pero esta decisión no ha sido puesta en práctica por el Estado.
“La Comisión considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria dictada el 15 de marzo de 2016 por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición P-696-19”, señaló este organismo en su decisión del 21 de marzo de 2019.
La acción judicial fue desestimada el 22 de septiembre en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, por la jueza unipersonal Alina Arminda Aguilera, quien argumentó que no se cumplían los elementos para los delitos por calumnias e injurias.
La entrevistada expresó que es parte del hostigamiento que sufren desde hace tres años por parte del gobierno por ser un medio crítico y que las acciones tomadas solo demuestran intolerancia y dominación que tienen en los órganos de poder del país.
Añadió que algunas veces no les permiten ingresar a eventos de algún funcionario para darles cobertura lo que constituye una barrera que limita su derecho a la información, en especial si se encuentra el mandatario Juan Orlando Hernández.
Se conoció también que algunos periodistas de la radio no se acreditan porque no confían en que les brinde acceso a las fuentes, pero otros sí lo han hecho y aun así se les excluye de espacios por pertenecer al medio.
Un periodista de la Radio se acercó a pasosdeanimalgrande.com para comentarle que este tipo de intimidaciones no solo se daban en el momento en que realizan su trabajo, sino que llegaban a tener persecución personal y sus familias en la vida cotidiana, pero que no hacían las respectivas denuncias porque los que están en las instituciones son los mismos que los hostigan.
Marginación al medio de comunicación desde Golpe de Estado
Díaz explicó a pasosdeanimalgrande.com que “ha sido un hostigamiento desde que el gobierno cerró Globo tv. Para Radio Globo por ejemplo empresarios que querían anunciarse en este medio de comunicación no podían hacerlo porque decían que se sentían amenazados por el gobierno , entre las acciones mencionó que en un momento la ex ministra de comunicaciones Hilda Hernández, hermana del mandatario los amenazaba para que no otorgaran publicidad”.
El 29 de octubre del 2015, un funcionario de un Juzgado de Ejecución de Honduras le entregó personalmente a Julio Ernesto Alvarado, conductor del programa “Mi Nación”, del canal Globo TV, una notificación oficial de suspensión de la profesión de periodista. Es la primera vez que en Honduras se prohíbe de manera oficial a una persona ejercer esta actividad, a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, había emitido una medida cautelar para suspensión de una condena de un año y cuatro meses por difamación y calumnias.
El 23 de mayo del 2016 Ebal Díaz, como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, (CONATEL), argumentó que el cierre de Globo TV se debía a un pago no realizado, por lo que se le retiraba la autorización de transmisión. David Romero, director del medio de ese entonces, acusó que se trataba de una estrategia del gobierno para eliminar la prensa de oposición.
El 28 de marzo del presente años se realizó la captura del director Romero, por el delito de injurias contra Sonia Gálvez, ex fiscal del Ministerio Público. Al medio llegaron policías que destruyeron las puertas a pesar que sabían que en la cabina se encontraba el comunicador, lo cual no era necesario, él está encarcelado por delitos acumulados que suman unos 10 años de prisión, lo cual es un abuso del uso del derecho penal según han manifestado algunos defensores de derechos humanos.
La CIDH había admitido la denuncia del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, sobre este caso y señalado en su decisión que se trataba de una violación a la libertad de expresión por lo que se debía suspender la condena, pero esta decisión no ha sido puesta en práctica por el Estado.
“La Comisión considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita a Honduras que suspenda la ejecución de la sentencia condenatoria dictada el 15 de marzo de 2016 por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición P-696-19”, señaló este organismo en su decisión del 21 de marzo de 2019.
Asamblea de Mujeres del COPINH – 7 y 8 de mayo 2019
Convocamos a las comunidades del COPINH a la Asamblea de Mujeres los
días 7 y 8 de mayo en el centro de Encuentro y amistad “Utopía”
Para fortalecer y consolidar nuestros procesos organizativos, la lucha antipatriarcal es una urgencia para nuestros horizontes de liberación.
“Sin el puño de la mujer no hay revolución”
Compartimos un extracto de la sentencia de la Corte popular de Mujeres del COPINH del 21 de diciembre del 2010
“…CONSIDERANDO 1: que las mujeres hemos vivido históricamente bajo un sistema de opresión de genero, clase, edad, sexo y por pertenencia a pueblos indígenas ha generado múltiples dimensiones de desigualdad reforzadas por el sistema patriarcal y racista que impactan de manera diferenciada en la vida y cuerpo de las mujeres
CONSIDERANDO 2: que en el sistema patriarcal neoliberal no hay interés de las instituciones estatales para atender y dar seguimiento a las denuncias realizadas por mujeres que dando así impunes todos los femicidios y otros crimines hacia nosotras, enfrentándonos hacia una impunidad institucional que niega el reconocimiento del derecho al acceso de la justicia para las mujeres y sus mecanismos.
CONSIDERANDO 3: que en los últimos años la violencia contra las mujeres ha incrementado en gran escala, redoblándose la inseguridad de las mujeres tanto en el ámbito privado como en el publico
CONSIDERANDO 4: que en la actualidad como consecuencia de un golpe de estado nos enfrentamos hacia los grandes intereses de las transnacionales y ante un territorio militarizado que se manifiestan en otros tipos de violencia.
Por lo tanto la Corte de Mujeres falla:
La identificación inmediata de los agresores para su reconocimiento y repudio publico ante la población, a través de los medios de comunicación locales y nacionales.
La identificación inmediata de las empresas locales y nacionales donde no se reconozcan los derechos y garantías laborales fundamentales de las mujeres para promover la movilización social de condena hacia las mismas.
La penalización de todo tipo de violencia contra las mujeres
La convocatoria inmediata al movimiento social a la solidaridad y al Pueblo Lenca a la defensa y recuperación de sus territorios amenazados por las empresas y transnacionales
Inmediata refundación de Honduras a través del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente con una amplia participación de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos
Cúmplase
Corte Popular de Mujeres del COPINH”
AQUI EL TEXTO COMPLETO
Para fortalecer y consolidar nuestros procesos organizativos, la lucha antipatriarcal es una urgencia para nuestros horizontes de liberación.
“Sin el puño de la mujer no hay revolución”
Compartimos un extracto de la sentencia de la Corte popular de Mujeres del COPINH del 21 de diciembre del 2010
“…CONSIDERANDO 1: que las mujeres hemos vivido históricamente bajo un sistema de opresión de genero, clase, edad, sexo y por pertenencia a pueblos indígenas ha generado múltiples dimensiones de desigualdad reforzadas por el sistema patriarcal y racista que impactan de manera diferenciada en la vida y cuerpo de las mujeres
CONSIDERANDO 2: que en el sistema patriarcal neoliberal no hay interés de las instituciones estatales para atender y dar seguimiento a las denuncias realizadas por mujeres que dando así impunes todos los femicidios y otros crimines hacia nosotras, enfrentándonos hacia una impunidad institucional que niega el reconocimiento del derecho al acceso de la justicia para las mujeres y sus mecanismos.
CONSIDERANDO 3: que en los últimos años la violencia contra las mujeres ha incrementado en gran escala, redoblándose la inseguridad de las mujeres tanto en el ámbito privado como en el publico
CONSIDERANDO 4: que en la actualidad como consecuencia de un golpe de estado nos enfrentamos hacia los grandes intereses de las transnacionales y ante un territorio militarizado que se manifiestan en otros tipos de violencia.
Por lo tanto la Corte de Mujeres falla:
La identificación inmediata de los agresores para su reconocimiento y repudio publico ante la población, a través de los medios de comunicación locales y nacionales.
La identificación inmediata de las empresas locales y nacionales donde no se reconozcan los derechos y garantías laborales fundamentales de las mujeres para promover la movilización social de condena hacia las mismas.
La penalización de todo tipo de violencia contra las mujeres
La convocatoria inmediata al movimiento social a la solidaridad y al Pueblo Lenca a la defensa y recuperación de sus territorios amenazados por las empresas y transnacionales
Inmediata refundación de Honduras a través del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente con una amplia participación de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos
Cúmplase
Corte Popular de Mujeres del COPINH”
AQUI EL TEXTO COMPLETO
En el rebelde territorio garífuna de Vallecito, Iriona, Colón,
Honduras, con la presencia de los elementos de la naturaleza que hacen
crecer la vida y la esperanza de quienes caminamos para llegar al
encuentro, donde más de 1200 mujeres y aproximadamente 350 niñas y niños
fueron abrazadas por el encuentro como la continuidad de la vida y la
palabra provenientes de Choluteca, El Paraíso, Copan, Olancho, Valle,
Francisco Morazán, Gracias a Dios, Colón, Yoro, Cortes, Atlántida,
Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara.
Con la presencia ancestral de Margarita Murillo, María Enriqueta Matute, Berta Cáceres, Maudalena Morales y tía Macucu, que en un sólo espíritu, pensamiento y fuerza nos acompañan en todas las acciones. Se hicieron sentir las energías del pueblo Tolupán, Lenca, Misquito, Garífuna, Pech, Maya Chortí, y de los pueblos en lucha nos juntamos a diez años del golpe de estado y de la resistencia del pueblo de Honduras, de las mujeres de Honduras.
El Encuentro saluda la fuerza y rebeldía de las mujeres, las que estamos presentes, las que no vinieron, las que no están físicamente. Reconocemos que a pesar de las heridas y dolores de la violencia y opresión que impactan en los cuerpos, territorios y procesos organizativos, tenemos la enorme convicción y decisión de continuar pensando, creando y haciendo juntas.
La fuerza de la cosmovisión de los pueblos indígenas estuvieron presentes y se expresaron en las espiritualidades, las sabidurías, experiencias de resistencia y formas de relacionamiento con la naturaleza y la vida. En debate y conversaciones durante los espacios de comidas, descansos, trabajo fuimos juntando nuestras palabras comunes que compartimos ahora.
El golpe de estado, convertido en dictadura, profundiza el modelo extractivista que atenta contra los proyectos de vida de las mujeres y los pueblos, un régimen de despojo de bienes comunes, identidades, cuerpos, saberes, espiritualidades que se sostiene por la corrupción, impunidad, narcotráfico, militarización, persecución, criminalización de nuestras compañeras que luchan en todos los territorios de Honduras.
Vivimos una crisis humanitaria, producto de ese despojo, que se expresa de manera cruel y contundente en el éxodo migratorio de nuestras hermanas y hermanos provocando el vaciamiento de los territorios que ha generado un terrible impacto sobre las personas y el tejido social comunitario y favorece que los proyectos extractivos encuentren cada vez menos oposición.
Nos llamamos a la urgente necesidad de recuperar y multiplicar las prácticas de autonomía existentes y plantear alternativas soberanas antipatriarcales, antirracistas, inclusivas y diversas, debido al evidente fracaso del ejercicio del poder masculinista basado en el modelo colonial democrático electorero, que atenta contra las mujeres y los pueblos.
Vemos con preocupación el aumento de las violencias normalizadas contra los cuerpos de las mujeres que se convierten en un territorio donde queda marcada la frustración de una cultura machista y heteropatriarcal, protagonizada muchas veces por hombres del movimiento social, y alentada por el incremento de la militarización y el fundamentalismo religioso. Es cierto que se ha retrocedido, pero a la vez se ha fortalecido el papel de las mujeres en la lucha con mayor claridad política, conocimiento, capacidad movilizadora y avivamiento de diversas luchas donde han estado colocando de frente su pensamiento, su voz, sus cuerpos y su accionar. Ninguna violencia va a detenernos.
Desde este encuentro nos comprometemos a seguir juntándonos en rebeldía colectiva, acuerpar las luchas de todas y repensar una Honduras sin dictadura, con autonomía y soberanías populares y de las mujeres.
A diez años del golpe, seguimos luchando juntas.
Por una Honduras sin dictadura.
Vallecito, Iriona, Colón 29 de junio del 2019
https://encuentrodemujeres.
Con la presencia ancestral de Margarita Murillo, María Enriqueta Matute, Berta Cáceres, Maudalena Morales y tía Macucu, que en un sólo espíritu, pensamiento y fuerza nos acompañan en todas las acciones. Se hicieron sentir las energías del pueblo Tolupán, Lenca, Misquito, Garífuna, Pech, Maya Chortí, y de los pueblos en lucha nos juntamos a diez años del golpe de estado y de la resistencia del pueblo de Honduras, de las mujeres de Honduras.
El Encuentro saluda la fuerza y rebeldía de las mujeres, las que estamos presentes, las que no vinieron, las que no están físicamente. Reconocemos que a pesar de las heridas y dolores de la violencia y opresión que impactan en los cuerpos, territorios y procesos organizativos, tenemos la enorme convicción y decisión de continuar pensando, creando y haciendo juntas.
La fuerza de la cosmovisión de los pueblos indígenas estuvieron presentes y se expresaron en las espiritualidades, las sabidurías, experiencias de resistencia y formas de relacionamiento con la naturaleza y la vida. En debate y conversaciones durante los espacios de comidas, descansos, trabajo fuimos juntando nuestras palabras comunes que compartimos ahora.
El golpe de estado, convertido en dictadura, profundiza el modelo extractivista que atenta contra los proyectos de vida de las mujeres y los pueblos, un régimen de despojo de bienes comunes, identidades, cuerpos, saberes, espiritualidades que se sostiene por la corrupción, impunidad, narcotráfico, militarización, persecución, criminalización de nuestras compañeras que luchan en todos los territorios de Honduras.
Vivimos una crisis humanitaria, producto de ese despojo, que se expresa de manera cruel y contundente en el éxodo migratorio de nuestras hermanas y hermanos provocando el vaciamiento de los territorios que ha generado un terrible impacto sobre las personas y el tejido social comunitario y favorece que los proyectos extractivos encuentren cada vez menos oposición.
Nos llamamos a la urgente necesidad de recuperar y multiplicar las prácticas de autonomía existentes y plantear alternativas soberanas antipatriarcales, antirracistas, inclusivas y diversas, debido al evidente fracaso del ejercicio del poder masculinista basado en el modelo colonial democrático electorero, que atenta contra las mujeres y los pueblos.
Vemos con preocupación el aumento de las violencias normalizadas contra los cuerpos de las mujeres que se convierten en un territorio donde queda marcada la frustración de una cultura machista y heteropatriarcal, protagonizada muchas veces por hombres del movimiento social, y alentada por el incremento de la militarización y el fundamentalismo religioso. Es cierto que se ha retrocedido, pero a la vez se ha fortalecido el papel de las mujeres en la lucha con mayor claridad política, conocimiento, capacidad movilizadora y avivamiento de diversas luchas donde han estado colocando de frente su pensamiento, su voz, sus cuerpos y su accionar. Ninguna violencia va a detenernos.
Desde este encuentro nos comprometemos a seguir juntándonos en rebeldía colectiva, acuerpar las luchas de todas y repensar una Honduras sin dictadura, con autonomía y soberanías populares y de las mujeres.
A diez años del golpe, seguimos luchando juntas.
Por una Honduras sin dictadura.
Vallecito, Iriona, Colón 29 de junio del 2019
https://encuentrodemujeres.
Asesinan a luchador indígena Tolupán en Yoro
- 01/10/2019
Con Milge Iván Soto suman seis los indígenas asesinados en los últimos meses.
Desde
el lunes 23 de septiembre, Milgen Iván Soto Ávila, de 29 años, un indígena Tolupan
desapareció de su casa ubicada en la tribu San Francisco, Locomapa departamento
de Yoro.
El cuerpo sin vida de Milgen fue encontrado enterrado en las cercanías del cementerio de la localidad.
El joven había asumido una postura crítica y de rechazo contra las empresas madereras que explotan el bosque en la zona.
Ramón Matute, integrante del consejo preventivo en la tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, lamenta que otro compañero de lucha haya sido asesinado y la justicia brille por su ausencia.
Matute dice que el Estado de Honduras tiene mucha responsabilidad en toda la persecución y asesinatos que se comenten contra el pueblo Tolupán, porque en dos ocasiones el Instituto de Conservación Forestal, ICF, amplió el plan de manejo forestal a favor del empresario Wilder Domínguez, irrespetando la consulta previa libre e informada, estipulada en el convenio 169 de la OIT, como medida para consultar a los pueblos originarios.
“El Consejo Directivo nos amenazó a nosotros como integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en una asamblea acordaron desalojarnos del campamento digno. Responsabilizamos a Wilder Domínguez, al ICF y al consejo directivo, de cualquier otro ataque contra las personas que nos oponemos a la entrega de nuestros bosques”, denuncia Ramón Matute.
Las muertes tienen nombre
Para el abogado Martín Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, en todos los asesinatos que se han registrado contra los luchadores y luchadoras Tolupanes, el Estado Hondureño tiene mucha responsabilidad porque facilitó la entrega de los bosques, además protege a los responsables de los crímenes, dijo Fernández.
El abogado asegura que, en los últimos seis años, al menos 6 personas han sido asesinadas por estar en la defensa legítima de sus bienes naturales y territorios en Locomapa.
“La institucionalidad se olvida del papel que debe jugar para proteger a quienes defienden, no solamente su territorio, sino la vida de los hondureños y el planeta. Son 28,000 árboles los que se van a talar, sin que nuestros compañeros hayan ni siquiera, tenido la posibilidad de participar en la decisión de la entrega de ese recurso”, puntualiza Fernández.
Demanda de Justicia
A través de su cuenta oficial en Twitteer, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humano en Honduras, OACNUDH condenó la muerte de Milgen Soto:
“La OACNUDH condena la muerte violenta después de su desaparición el lunes del defensor Tolupan Milgen Soto, y se solidariza con sus familiares, amistades y la comunidad.
La OACNUDH insta a las autoridades a ejercer la debida diligencia en investigación y sanción a los culpables, y adoptar una política integral que haga efectiva la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, publicó el organismo de la ONU.
Desde el 2010, 19 indígenas vinculados al conflicto socio ambiental han sido asesinados. A pesar del dolor que provocan estas muertes y la pobreza que cada día aflora, los indígenas aseguran que, a través de la organización seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos producto de la explotación de sus bienes naturales, y la negligencia de las autoridades responsables de aplicar la justicia.
El cuerpo sin vida de Milgen fue encontrado enterrado en las cercanías del cementerio de la localidad.
El joven había asumido una postura crítica y de rechazo contra las empresas madereras que explotan el bosque en la zona.
Ramón Matute, integrante del consejo preventivo en la tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, lamenta que otro compañero de lucha haya sido asesinado y la justicia brille por su ausencia.
Matute dice que el Estado de Honduras tiene mucha responsabilidad en toda la persecución y asesinatos que se comenten contra el pueblo Tolupán, porque en dos ocasiones el Instituto de Conservación Forestal, ICF, amplió el plan de manejo forestal a favor del empresario Wilder Domínguez, irrespetando la consulta previa libre e informada, estipulada en el convenio 169 de la OIT, como medida para consultar a los pueblos originarios.
“El Consejo Directivo nos amenazó a nosotros como integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en una asamblea acordaron desalojarnos del campamento digno. Responsabilizamos a Wilder Domínguez, al ICF y al consejo directivo, de cualquier otro ataque contra las personas que nos oponemos a la entrega de nuestros bosques”, denuncia Ramón Matute.
Las muertes tienen nombre
Para el abogado Martín Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, en todos los asesinatos que se han registrado contra los luchadores y luchadoras Tolupanes, el Estado Hondureño tiene mucha responsabilidad porque facilitó la entrega de los bosques, además protege a los responsables de los crímenes, dijo Fernández.
El abogado asegura que, en los últimos seis años, al menos 6 personas han sido asesinadas por estar en la defensa legítima de sus bienes naturales y territorios en Locomapa.
“La institucionalidad se olvida del papel que debe jugar para proteger a quienes defienden, no solamente su territorio, sino la vida de los hondureños y el planeta. Son 28,000 árboles los que se van a talar, sin que nuestros compañeros hayan ni siquiera, tenido la posibilidad de participar en la decisión de la entrega de ese recurso”, puntualiza Fernández.
Demanda de Justicia
A través de su cuenta oficial en Twitteer, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humano en Honduras, OACNUDH condenó la muerte de Milgen Soto:
“La OACNUDH condena la muerte violenta después de su desaparición el lunes del defensor Tolupan Milgen Soto, y se solidariza con sus familiares, amistades y la comunidad.
La OACNUDH insta a las autoridades a ejercer la debida diligencia en investigación y sanción a los culpables, y adoptar una política integral que haga efectiva la protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras”, publicó el organismo de la ONU.
Desde el 2010, 19 indígenas vinculados al conflicto socio ambiental han sido asesinados. A pesar del dolor que provocan estas muertes y la pobreza que cada día aflora, los indígenas aseguran que, a través de la organización seguirán denunciando las violaciones a los derechos humanos producto de la explotación de sus bienes naturales, y la negligencia de las autoridades responsables de aplicar la justicia.
Indígenas tolupanes han decidido huir después de los últimos tres asesinatos
Tuesday, 15 October 2019 17:49 Written by Heidy Dávila Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: conexihon.hn
Milgen Soto, Salomón Matute y Juan Samuel Matute fueron asesinados
porque se declararon en contra de la tala masiva de árboles que
perjudican los ríos de la Tribu San Francisco Locomapa, ubicada en el
departamento de Yoro. Sus crímenes están en la completa impunidad a
pesar de que las denuncias abundan en el Ministerio Público.
Hasta ahora miembros de la comunidad denunciaron que no tienen
ninguna respuesta ni datos de investigación por el Ministerio Público de
la muerte de Soto ni de la familia Matute, por el miedo constante
muchos indígenas han abandonado la comunidad también por amenazas a su
integridad.
La demanda de la comunidad inició en octubre del 2018 con el levantamiento de un campamento para defender los bosques, porque la alcaldía de la municipalidad otorgó permisos de corte de madera que irrespetaron los límites establecidos en el documento y estaban haciendo una tala masiva en lugares que perjudicaban a los indígenas.
Desde la ubicación del campamento hasta la comunidad, una persona tarda tres horas caminando. Ese trayecto lo recorrió el joven Milgen Idan Soto Ávila, cuando lo asesinaron se dirigía a su casa después de estar 19 días seguidos apoyando la loucha.Por la distancia del lugar sus familiares y compañeros no corroboraron si él había llegado a su casa.
El 22 de septiembre fue la última vez que lo vieron con vida, el viernes 27 uno de los defensores del campamento llegó a la vivienda a buscarlo y se encontró con la sorpresa que él nunca fue a sus vivienda. Llamaron al Mecanismo de Protección y no obtuvieron respuesta, así que fueron a la Policía Nacional, allí iniciaron un proceso de búsqueda, mas tarde del mismo día encontraron el cadáver en una poza, con la misma ropa que conocían lo identificaron inmediatamente.
En febrero del presente año asesinaron a balazos en la comunidad de Locomapa a Salomón Matute junto a su hijo Juan Samuel Matute, su hermano Ramón Santiago Matute se desplazó a refugiarse en otra comunidad por miedo a que lo maten junto a su familia.
Ramón expresó que han pasado ocho meses desde el asesinato y el Ministerio Público no ha investigado el paradero de los culpables, y las autoridades del departamento de Yoro no hacen nada para ayudar a los pueblos indígenas.
La demanda de la comunidad inició en octubre del 2018 con el levantamiento de un campamento para defender los bosques, porque la alcaldía de la municipalidad otorgó permisos de corte de madera que irrespetaron los límites establecidos en el documento y estaban haciendo una tala masiva en lugares que perjudicaban a los indígenas.
Desde la ubicación del campamento hasta la comunidad, una persona tarda tres horas caminando. Ese trayecto lo recorrió el joven Milgen Idan Soto Ávila, cuando lo asesinaron se dirigía a su casa después de estar 19 días seguidos apoyando la loucha.Por la distancia del lugar sus familiares y compañeros no corroboraron si él había llegado a su casa.
El 22 de septiembre fue la última vez que lo vieron con vida, el viernes 27 uno de los defensores del campamento llegó a la vivienda a buscarlo y se encontró con la sorpresa que él nunca fue a sus vivienda. Llamaron al Mecanismo de Protección y no obtuvieron respuesta, así que fueron a la Policía Nacional, allí iniciaron un proceso de búsqueda, mas tarde del mismo día encontraron el cadáver en una poza, con la misma ropa que conocían lo identificaron inmediatamente.
En febrero del presente año asesinaron a balazos en la comunidad de Locomapa a Salomón Matute junto a su hijo Juan Samuel Matute, su hermano Ramón Santiago Matute se desplazó a refugiarse en otra comunidad por miedo a que lo maten junto a su familia.
Ramón expresó que han pasado ocho meses desde el asesinato y el Ministerio Público no ha investigado el paradero de los culpables, y las autoridades del departamento de Yoro no hacen nada para ayudar a los pueblos indígenas.
Familiares
y ex-compañeros de prisión de Rommel, permanecieron afuera del
Juzgado, dunrante la audiencia de revision de medidas de Rommel Herrera
Portillo.
Texto y fotos: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
El juez que conoce el caso de Rommel Baldemar Herrera Portillo,
solicitó una certificación del médico psiquiatra donde se establezca la
situación de salud del preso político, para continuar el lunes 14 de
octubre con la audiencia de revisión de medidas.
El joven maestro privado de libertad
desde el 30 de mayo del 2019, está acusado por los supuestos delitos de
incendio y daño agravado en perjuicio de la Embajada de los Estados
Unidos, en el marco de las movilizaciones convocadas por la Plataforma
en defensa de la salud y la educación, cuando desconocidos quemaron
llantas afuera de la sede diplomática en Tegucigalpa.
El dictamen que solicita el juez, es
sobre la última consulta médica, que fue este miércoles 09 de octubre,
cuando Rommel permaneció por más de 8 horas en Medicina Forense del
Ministerio Público, ocasión aprovechada por su abuela María, hermanos y
otros parientes para compartir con él.
Con una voz muy pausada, el también
estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán”
(UPNFM) y de una universidad privada –a la vez- comentó con www.defensoresenlinea.com
que “No mermemos la lucha, está pronto el día de mi libertad, nunca he
tenidos enemigos, es una lucha justa, nunca he querido lastimar o herir a
alguien”.
Rommel durante su última cita médica, el miércoles 9 de octubre.
Rommel está a la espera que la justicia
se aplique y se le concedan las medidas sustitutivas a la prisión, pues
estos cuatro meses en la cárcel de máxima tortura llamada “La Tolva” en
Morocelí, departamento de El Paraíso, le crea soledad, pese a que está
ayudando en la cocina.
La audiencia de este jueves, inició a
las 10 de la mañana en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial
de Tegucigalpa, una hora después el equipo de defensa integrado por
Karol Cárdenas y María Elena Méndez, en representación del Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); y el
abofado Omar Menjivar, como representante privado, informaron sobre la
disocian del juez.
“El juez solicita que se le presente el
documento médico-psiquiátrico que muestre como se ha desencadenado una
depresión y que puede terminar en un acto suicida” explicó Cárdenas.
10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental, en el 2019, se centró en la prevención del suicidio. En Honduras se estima que entre el año 2018 y agosto de 2019 hubo un promedio de 35 suicidios mensuales.En la actualidad, las consultas psiquiátricas de esta población son atendidas como consulta externa en los dos hospitales psiquiátricos de la capital e internados cuando su estado lo amerita o cuando los jueces los remiten, denunció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).La fuente oficial, detalla que entre las víctimas de suicidio figuran estudiantes de todos los niveles, amas de casa, guardias de seguridad, privados de libertad, profesionales del derecho, comerciantes, empresarios, agricultores, policías e incluso militares.
Pese a que existe una constancia firmada
por la doctora América Chirinos, directora ejecutiva del hospital
siquiátrico “Mario Mendoza”, que confirma la necesidad de atención
profesional para Herrera Portillo, el juez Samir Martínez, solicitó un
dictamen de Medicina Forense, como ente encargado de emitir estos
diagnósticos.
Cárdenas explicó al juez Martínez, el
peligro que corre Rommel ante la depresión emocional surgida por tener
una medida extrema, que es la encarcelación, por hechos que no aparecen
el catálogo de delitos en los cuales no se deben imponer la prisión
preventiva.
También se le hizo del conocimiento al poder judicial que el estado emocional de Rommel está afectando al núcleo familiar.
Juan Carlos Herrera, padre del preso
político en La Tolva, afirmó que la afectación emocional en su hijo lo
ha llevado a un cuadro muy depresivo y ansioso, por lo que “estoy
viendo como le voy a decir que el juez determinó negar hoy las medidas y
toca esperar el lunes”.
La abogada Karol Cárdenas (COFADEH), explica a la mamá, pápá y una tía Rommel, sobre el proceso de la audiencia.
El Comité de Familiares de Migrantes
Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO), es la alegría que
contrarresta la tristeza, es el bálsamo de sanación que se brinda con palabras
y abrazos de compresión y ternura (…). Es humanizar el dolor porque ubica a la
víctima en el centro de todo y le brinda el lugar que se merece a cambio de
nada”, así define el Psicólogo Allang Rodríguez, el trabajo de esta
organización en un pequeño editorial de una revista que se editó en el marco de
sus 20 años de fundación.
COFAMIPRO se organizó en 1999, como una iniciativa de madres y familiares de migrantes que emprendieron un día su camino hacia Estados Unidos, y de los que nunca volvieron a saber. Fue en septiembre de ese año que nace, desde un esfuerzo del programa radiofónico “Sin Fronteras”, hoy “Abriendo Fronteras”, que se transmite por Radio Progreso.
«Esta organización, nace del dolor, del llanto, de la angustia, de la desesperación, al no encontrar a nuestros hijos. Nace de ver que nos abrazamos unas con otras”, indicó Edita Maldonado una de las fundadoras de COFAMIPRO.
“Nos organizamos sabiendo que teníamos un dolor compartido frente a la desaparición o muerte de nuestros familiares, pero que, además compartíamos la indiferencia de las autoridades gubernamentales, que no se preocuparon por investigar un solo caso de los reportados, pese a estar obligados por nuestras leyes y los tratados internacionales a hacerlo”, indicó.
Actualmente COFAMIPRO es una organización que cuenta con personería jurídica y es reconocida a nivel nacional e internacional como un referente en materia de búsqueda de migrantes desaparecidos y que representa a sus familias, quienes esperan que vuelvan.
Desde su fundación, en el proceso de búsqueda “unos 300 casos han dado resultados, pero no siempre hay un final feliz: desgraciadamente algunas madres encuentran a sus hijos, pero ya sin vida. Sin embargo, lo primero que dicen es ‘aunque sean huesitos, pero lo encontré’”, indicó Marcia Martínez, integrante del Comité.
El Comité de familiares ha logrado expandir su causa gracias al
programa que se transmite todos los domingos por Radio Progreso, a las
redes sociales y, sobre todo, a las Caravanas de Madres de Migrantes
Desaparecidos, quienes organizan cada año una búsqueda por territorio
mexicano.
De momento se acerca la XV Caravana de Madres hondureñas, que recorrerá parte de la ruta migratoria buscando pistas y buscando a sus hijos e hijas que desaparecieron en el territorio mexicano. Entre los meses de noviembre y diciembre esta caravana estará realizando acciones de búsqueda, de convivencia y de protesta por 12 estados en México, cubriendo casi 4,000 kilómetros de extensión y con la confianza de impactar a la sociedad a la que piden solidaridad con su causa.
De momento, las madres organizadas a través COFAMIPRO seguirán unidas, recorriendo países y kilómetros, investigando el paradero de quienes se fueron y jamás regresaron.
“Nuestro sueño es seguir encontrando desaparecidos, pero también que, en el país los gobiernos ataquen los problemas que generan la migración”, indicó Edita Maldonado.
Tocoa, Colón.- A nueve años del asesinato de Yorleni Yadira Sánchez, quien era la persona que iba en el carro con el periodista Nahúm Palacios la noche que fue asesinado por sujetos desconocidos, sigue viviendo en el corazón de su familia.
Ella resultó con una herida de bala en la espalda a la altura del pulmón, que días después le causó la muerte.
El maestro de secundaria afirmó que “el
juez se arriesgó a no dar las medidas hoy, porque el dictamen de
Medicina Forense es claro. Rommel está en una situación de peligrosidad,
de riesgo. El diagnóstico es que puede llegar a un intento suicida, y
fue ratificado ayer en medicina forense”
La madre de Rommel, Maricruz Portillo
guardara nuevamente la esperanza que su hijo salga pronto de la cárcel
para ser atendido por los médicos bajo medidas sustitutivas a la prisión
“estamos con bastantes esperanzas de que mi hijo pueda defenderse en
libertad y recibir su tratamiento médicos y que Rommel Baldemar pueda
volver a su estado emocional de antes”.
La profesora Portillo expresó que es el
Sistema de Justicia debe garantizar una labor acorde con las necesidades
de las víctimas, donde prevalezca la objetividad e independencia en la
ejecución de sus funciones.
Afirmó que la familia está muy
preocupada y alarmada por que se ha desatado fuertes emociones ante lo
que enfrenta su hijo en el recorrido de búsqueda de justicia, lo que ha
impactado en la personalidad de Rommel, quien normalmente es muy activo,
noble y tranquilo.
Se espera que el lunes a las diez de la
mañana se pueda continuar con la revisión de medidas, informó el abogado
Omar Menjivar. También será la audiencia premilitar donde se hará un
breve resumen de lo sucedido, previo a un juicio oral y público.
Entre las medidas presentadas para que
Rommel Herrera Portillo se defienda en libertad, el COFADEH se propuso
como garante de su cuidado, así mismo disponer de la atención de un
medido psiquiatra además del que lo atiendan en el hospital Mario
Mendoza.
COFAMIPRO: 20 años de esperanza y amor en la búsqueda de migrantes desparecidos
- 06/09/2019
El Comité de Familiares de Migrantes
Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO), es la alegría que
contrarresta la tristeza, es el bálsamo de sanación que se brinda con palabras
y abrazos de compresión y ternura (…). Es humanizar el dolor porque ubica a la
víctima en el centro de todo y le brinda el lugar que se merece a cambio de
nada”, así define el Psicólogo Allang Rodríguez, el trabajo de esta
organización en un pequeño editorial de una revista que se editó en el marco de
sus 20 años de fundación. COFAMIPRO se organizó en 1999, como una iniciativa de madres y familiares de migrantes que emprendieron un día su camino hacia Estados Unidos, y de los que nunca volvieron a saber. Fue en septiembre de ese año que nace, desde un esfuerzo del programa radiofónico “Sin Fronteras”, hoy “Abriendo Fronteras”, que se transmite por Radio Progreso.
«Esta organización, nace del dolor, del llanto, de la angustia, de la desesperación, al no encontrar a nuestros hijos. Nace de ver que nos abrazamos unas con otras”, indicó Edita Maldonado una de las fundadoras de COFAMIPRO.
“Nos organizamos sabiendo que teníamos un dolor compartido frente a la desaparición o muerte de nuestros familiares, pero que, además compartíamos la indiferencia de las autoridades gubernamentales, que no se preocuparon por investigar un solo caso de los reportados, pese a estar obligados por nuestras leyes y los tratados internacionales a hacerlo”, indicó.
Actualmente COFAMIPRO es una organización que cuenta con personería jurídica y es reconocida a nivel nacional e internacional como un referente en materia de búsqueda de migrantes desaparecidos y que representa a sus familias, quienes esperan que vuelvan.
Desde su fundación, en el proceso de búsqueda “unos 300 casos han dado resultados, pero no siempre hay un final feliz: desgraciadamente algunas madres encuentran a sus hijos, pero ya sin vida. Sin embargo, lo primero que dicen es ‘aunque sean huesitos, pero lo encontré’”, indicó Marcia Martínez, integrante del Comité.
El Comité de familiares ha logrado expandir su causa gracias al
programa que se transmite todos los domingos por Radio Progreso, a las
redes sociales y, sobre todo, a las Caravanas de Madres de Migrantes
Desaparecidos, quienes organizan cada año una búsqueda por territorio
mexicano. De momento se acerca la XV Caravana de Madres hondureñas, que recorrerá parte de la ruta migratoria buscando pistas y buscando a sus hijos e hijas que desaparecieron en el territorio mexicano. Entre los meses de noviembre y diciembre esta caravana estará realizando acciones de búsqueda, de convivencia y de protesta por 12 estados en México, cubriendo casi 4,000 kilómetros de extensión y con la confianza de impactar a la sociedad a la que piden solidaridad con su causa.
De momento, las madres organizadas a través COFAMIPRO seguirán unidas, recorriendo países y kilómetros, investigando el paradero de quienes se fueron y jamás regresaron.
“Nuestro sueño es seguir encontrando desaparecidos, pero también que, en el país los gobiernos ataquen los problemas que generan la migración”, indicó Edita Maldonado.
Padre de Yorleni Sánchez: “Aunque ella este fallecida, sigue viviendo en mí”
Por defensores -
16 octubre, 2019
Justo Pastor Sánchez
Por Riccy Ponce.Tocoa, Colón.- A nueve años del asesinato de Yorleni Yadira Sánchez, quien era la persona que iba en el carro con el periodista Nahúm Palacios la noche que fue asesinado por sujetos desconocidos, sigue viviendo en el corazón de su familia.
Ella resultó con una herida de bala en la espalda a la altura del pulmón, que días después le causó la muerte.
Yorleni era médica general con una especialidad en gineco-obstetra y laboraba en una clínica en Tocoa
El hecho sucedió el 14 de marzo de 2010, cuando Yorleni viajaba con
su prometido Nahúm Palacios, a quien iba dirigido el ataque. La joven
pareja se dirigía hacia la colonia Los Pinos de Tocoa, Colon, cuando
desconocidos lo atacaron con arma de fuego de grueso calibre, quitándole
la vida de manera instantánea a Nahúm, mientras Yorleni resultó
gravemente herida, y murió días después.
Hoy su familia perdió la esperanza de que en Honduras se haga justicia en el caso de la joven, pero la ha puesto en el sistema internacional, ya que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su padre, Justo Pastor Sánchez, dijo que “he perdido las esperanzas aquí en este país, porque han pasado prácticamente diez años y hasta ahorita no se ve nada ni siquiera se menciona y ahora tengo las esperanzas que internacionalmente se haga justicia con el caso; esa es la Esperanza que tenemos que sean los de afuera que vengan a hacernos justicia, porque aquí no creo yo que se lleve a cabo lo que esperamos, pero ojalá que un día las naciones que ayudan este país sin ley, hagan algo por nosotros”.
Don justo dijo a defensoresenlinea.com que la pérdida de un hijo nunca se olvida, siempre está en su memoria y en el corazón.
“Como padre eso es algo que nunca termina, es algo que se lo lleva hasta la muerte los sentimientos de un padre para sus hijos, son tan grandes que mueren con uno, y aunque ella esté fallecida, sigue viviendo en mí y siento que fue ayer que hicieron eso”.
“Yo mantengo esa esperanza y muchas gracias a COFADEH porque están actuando a favor de los inocentes y a favor de las personas, de las que no tenemos voz ni voto, ustedes son la única esperanza que tenemos, porque sabemos que si son escuchados a nivel internacional y eso nos devuelve la esperanza de justicia algún día”, añadió.
Finalizó diciendo que lo que le hicieron a su hija ya no se puede arreglar, “yo pienso que eso no tiene remiendo, ya lo que pasó no creo que vuelva atrás y siento que ahora tengo que proteger los que están conmigo, porque si no lo hago yo, quien lo va hacer; las autoridades en este país ya no son un remedio para uno, más bien se siente temor de ellos”.
Yorleni Yadira Sánchez, a quien su padre describe como un gran ser humano, víctima de las circunstancias y la situación del país, donde no se puede decir la verdad, era médico general, con una especialidad en gineceo-obstetra. Murió el 27 de marzo de 2010, 13 días después que se registró el ataque donde fue herida y donde murió su pareja, el periodista Nahúm Palacios y tenía 33 años de edad, a quien no solo le segaron su vida, si no que le negaron el privilegio de ser madre, ya que ella estaba en estado de embarazo cuando fue herida de bala, la que le provocó la muerte junto con el bebé que llevaba en su vientre.
Hoy su familia perdió la esperanza de que en Honduras se haga justicia en el caso de la joven, pero la ha puesto en el sistema internacional, ya que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su padre, Justo Pastor Sánchez, dijo que “he perdido las esperanzas aquí en este país, porque han pasado prácticamente diez años y hasta ahorita no se ve nada ni siquiera se menciona y ahora tengo las esperanzas que internacionalmente se haga justicia con el caso; esa es la Esperanza que tenemos que sean los de afuera que vengan a hacernos justicia, porque aquí no creo yo que se lleve a cabo lo que esperamos, pero ojalá que un día las naciones que ayudan este país sin ley, hagan algo por nosotros”.
Don justo dijo a defensoresenlinea.com que la pérdida de un hijo nunca se olvida, siempre está en su memoria y en el corazón.
“Como padre eso es algo que nunca termina, es algo que se lo lleva hasta la muerte los sentimientos de un padre para sus hijos, son tan grandes que mueren con uno, y aunque ella esté fallecida, sigue viviendo en mí y siento que fue ayer que hicieron eso”.
“Yo mantengo esa esperanza y muchas gracias a COFADEH porque están actuando a favor de los inocentes y a favor de las personas, de las que no tenemos voz ni voto, ustedes son la única esperanza que tenemos, porque sabemos que si son escuchados a nivel internacional y eso nos devuelve la esperanza de justicia algún día”, añadió.
Finalizó diciendo que lo que le hicieron a su hija ya no se puede arreglar, “yo pienso que eso no tiene remiendo, ya lo que pasó no creo que vuelva atrás y siento que ahora tengo que proteger los que están conmigo, porque si no lo hago yo, quien lo va hacer; las autoridades en este país ya no son un remedio para uno, más bien se siente temor de ellos”.
Yorleni Yadira Sánchez, a quien su padre describe como un gran ser humano, víctima de las circunstancias y la situación del país, donde no se puede decir la verdad, era médico general, con una especialidad en gineceo-obstetra. Murió el 27 de marzo de 2010, 13 días después que se registró el ataque donde fue herida y donde murió su pareja, el periodista Nahúm Palacios y tenía 33 años de edad, a quien no solo le segaron su vida, si no que le negaron el privilegio de ser madre, ya que ella estaba en estado de embarazo cuando fue herida de bala, la que le provocó la muerte junto con el bebé que llevaba en su vientre.
