Casi un millón de inmigrantes fueron detenidos en un año en frontera sur de EE.UU.
8 octubre 2019
| CUBADEBATE
Casi
un millón de detenciones de inmigrantes irregulares ocurrieron en la
frontera sur de Estados Unidos durante el año fiscal 2019. Foto: Héctor
Guerrero/ El País.La cantidad registrada en dicho período, del 1 octubre de 2018 al 30 de septiembre último, representa un incremento de 88 por ciento en comparación con la cifra del lapso precedente.
Estos son números que ningún sistema migratorio del mundo está preparado para manejar, agregó Morgan en una rueda de prensa en la Casa Blanca, cuyas políticas sobre el tema reciben rechazo dentro y fuera de territorio norteamericano.
Desde su llegada al poder el 20 de enero de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha promovido innumerables acciones para disminuir la inmigración legal e ilegal a su país, incluido un repudiado muro en la línea divisoria con México.
Según datos de la mencionada oficina, la cifra divulgada es la más alta de los últimos 12 años y se debió a grandes cantidades de detenciones de migrantes de Centroamérica en marzo, abril y mayo.
Morgan puntualizó que unos 150 mil migrantes consiguieron cruzar la el área limítrofe sin ser interceptados por las autoridades estadounidenses.
Por otra parte, el funcionario reconoció que en los últimos cuatro meses del año fiscal 2019 se produjo una disminución constante del número de detenciones a raíz de un acuerdo firmado en junio por Estados Unidos y México.
Mediante el convenio, México aceptó acoger en su territorio a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras se analizan los casos, y a la par desplegó efectivos de su Guardia Nacional en las fronteras sur y norte.
Hace casi un mes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó en esta capital que la implementación del instrumento permitió el descenso de la inmigración irregular.
La estrategia mexicana ha dado resultados muy importantes para que los flujos migratorios se den de acuerdo a la ley, se observa un descenso significativo, afirmó Ebrard en conferencia de prensa tras un encuentro con el vicepresidente norteamericano, Mike Pence.
Esa reunión en la Casa Blanca, en la cual participaron también el secretario de Estado de la nación anfitriona, Mike Pompeo, y otros funcionarios, dio seguimiento al referido pacto migratorio.
Pasados 90 días de la iniciativa, Washington se reservaba el derecho de retomar sus amenazas de imponer aranceles a la importación de productos mexicanos, con lo cual presionó a la vecina nación.
(Con información de Prensa Latina)
Cerca de 475.000 familias de migrantes fueron arrestadas en la frontera entre EE.UU. y México en el último año
Publicado: 29 oct 2019 21:39 GMT | Última actualización: 29 oct 2019 22:35 GMT - RT
Esta cifra supone un aumento del 342 % en relación con el año anterior.
Veronica Cardenas / Reuters
La
cantidad de detenciones de familias de migrantes y niños no acompañados
en la frontera sur de Estados Unidos con México ha alcanzado en el
último año fiscal niveles sin precedentes. En 2019, la Patrulla
Fronteriza de EE.UU. arrestó a 473.682 personas integradas en "unidades familiares" (migrantes y miembros de sus familias), lo que supera en 3,5 veces los índices del año anterior.
En el año fiscal de 2018, las fuerzas estadounidenses detuvieron a 107.212 personas de la misma categoría, por lo que la cifra alcanzada en 2019 supone un incremento de un 342 %. Los datos, que fueron anunciados este martes por Mark Morgan, comisionado interino de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), han sido publicados en el sitio web de esta agencia.
Además, este año fueron arrestados en la frontera sur de EE.UU 76.020 niños no acompañados de entre 0 y 17 años de edad, una cifra mayor que la de cualquier otro año desde 2010, incluido el año récord de 2014.
"En el año fiscal 2019 empleados y empleadas del CBP afrontaron una crisis sin precedentes" vinculada con la "seguridad fronteriza" y, por ende, con la "seguridad nacional", expresó Morgan este martes en su cuenta de Twitter.
A primeros de octubre también se anunció que en este mismo período, que va de octubre de 2018 a septiembre 2019, en la frontera con México fueron detenidos un total de 972.000 migrantes indocumentados.
"Son números que ningún sistema migratorio del mundo está preparado para manejar", dijo el jefe de la CBP durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado 8 de octubre.
Desde entonces, la Administración mexicana puso en marcha el Plan de Migración y Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI), que se encuentra bajo evaluación constante de EE.UU.
No obstante, el 7 de octubre, el Gobierno de EE.UU. reveló que iniciará una estrategia paralela a México para impulsar el desarrollo económico en el llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.
En el año fiscal de 2018, las fuerzas estadounidenses detuvieron a 107.212 personas de la misma categoría, por lo que la cifra alcanzada en 2019 supone un incremento de un 342 %. Los datos, que fueron anunciados este martes por Mark Morgan, comisionado interino de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), han sido publicados en el sitio web de esta agencia.
"En el año fiscal 2019 empleados y empleadas del CBP afrontaron una crisis sin precedentes" vinculada con la "seguridad fronteriza" y, por ende, con la "seguridad nacional", expresó Morgan este martes en su cuenta de Twitter.
"Son números que ningún sistema migratorio del mundo está preparado para manejar", dijo el jefe de la CBP durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado 8 de octubre.
El plan de México para contener la migración
En junio pasado, México comenzó a "frenar" el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, con el fin de evitar que se cumpliera la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a todas las mercancías mexicanas por la política de puertas abiertas impulsada por el presidente López Obrador durante los primeros meses de su mandato.Desde entonces, la Administración mexicana puso en marcha el Plan de Migración y Desarrollo Integral para Centroamérica (PDI), que se encuentra bajo evaluación constante de EE.UU.
No obstante, el 7 de octubre, el Gobierno de EE.UU. reveló que iniciará una estrategia paralela a México para impulsar el desarrollo económico en el llamado Triángulo del Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.
Médicos Sin Fronteras advierte que los migrantes en México son torturados con "descargas eléctricas en los genitales"
Publicado: 30 oct 2019 19:55 GMT - RT
Un reporte de la organización denuncia
diversos abusos a los que son sometidos los migrantes en su intento por
llegar a EE.UU.
Migrantes
utilizan una balsa improvisada para cruzar el río Suchiate, desde Tecun
Uman, en Guatemala hasta Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, México, el
14 de junio de 2019.
Quetzalli Blanco / AFP
Los abusos y la violencia contra los migrantes en la frontera sur de México han ido en aumento: secuestros, violaciones sexuales y torturas,
como descargas eléctricas en los genitales, son algunas de las
vejaciones a los que son sometidos, informó este miércoles Médicos Sin
Fronteras (MSF) en un reporte realizado por el equipo que trabaja en el municipio de Tenosique, en el estado de Chiapas (sureste).
El informe, realizado con testimonios recopilados en las últimas semanas por el personal de MSF que da atención médica y psicológica a los migrantes, revela la violencia que han sufrido estos al cruzar la frontera de Guatemala, en la ruta hacia Tenosique. "Estamos viendo más secuestros, mayor crueldad y más métodos de tortura en los grupos criminales que operan en esta área", dijo Gemma Pomares, líder del equipo en esta zona de México.
El 'modus operandi' descrito por las víctimas es que son trasladadas a viviendas abandonadas, conocidas en México como 'casas de seguridad', donde son atadas y torturadas de distintas formas hasta conseguir que proporcionen algún número telefónico de sus familiares para demandar el pago de un rescate.
El reporte destaca que, en menos de un mes, MSF ha brindado atención a 11 migrantes por tortura y secuestro; la cifra es igual al número de servicios brindados de enero a agosto de este año en la región.
"MSF ha brindado asistencia médica en Tenosique durante cuatro años. Si bien la violencia siempre ha sido una realidad en la ruta migratoria hacia el norte desde Guatemala a través de México, la extorsión y este nivel de violencia extrema se observaban más en las ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos y, hasta ahora, no eran tan frecuentes en el sur", refirió Pomares.
Los médicos han brindado atención a personas violentadas sexualmente, que han recibido descargas eléctricas en los genitales o el ano, o que han sido obligadas a observar cuando sus compañeros son violados. Además, muchas de las víctimas llegan con heridas con armas de fuego o cuchillos.
Los migrantes también refieren que sus agresores los obligan a desnudarse y mantenerse así a la intemperie.
La organización advierte en su reporte que la nueva política migratoria del Gobierno de México, adoptada en junio pasado para contener los flujos migratorios hacia EE.UU., ha obligado a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas.
"Era solo cuestión de tiempo antes de que los altos niveles de
violencia contra migrantes y refugiados que MSF ha visto en la frontera
norte de México, se trasladaran al sur. Lo que estamos viendo son las
consecuencias humanitarias del endurecimientode las políticas de migración
contra personas que escapan desesperadamente por salvar sus vidas",
expresó Sergio Martín, coordinador general de MSF en México.
La semana pasada, una familia de migrantes hondureños fue rescatada en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, norte de México, después de que se difundiera un video en el que se veía a una mujer arrodillada, junto a varios niños, mientras un hombre les apuntaba con una pistola en la cabeza para extorsionarlos.
Se
estima que 500.000 personas al año huyen de la violencia y la pobreza
en El Salvador, Guatemala y Honduras con la intención de llegar a EE.UU.
a través del territorio mexicano.
El informe, realizado con testimonios recopilados en las últimas semanas por el personal de MSF que da atención médica y psicológica a los migrantes, revela la violencia que han sufrido estos al cruzar la frontera de Guatemala, en la ruta hacia Tenosique. "Estamos viendo más secuestros, mayor crueldad y más métodos de tortura en los grupos criminales que operan en esta área", dijo Gemma Pomares, líder del equipo en esta zona de México.
El 'modus operandi' descrito por las víctimas es que son trasladadas a viviendas abandonadas, conocidas en México como 'casas de seguridad', donde son atadas y torturadas de distintas formas hasta conseguir que proporcionen algún número telefónico de sus familiares para demandar el pago de un rescate.
El reporte destaca que, en menos de un mes, MSF ha brindado atención a 11 migrantes por tortura y secuestro; la cifra es igual al número de servicios brindados de enero a agosto de este año en la región.
"MSF ha brindado asistencia médica en Tenosique durante cuatro años. Si bien la violencia siempre ha sido una realidad en la ruta migratoria hacia el norte desde Guatemala a través de México, la extorsión y este nivel de violencia extrema se observaban más en las ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos y, hasta ahora, no eran tan frecuentes en el sur", refirió Pomares.
Los médicos han brindado atención a personas violentadas sexualmente, que han recibido descargas eléctricas en los genitales o el ano, o que han sido obligadas a observar cuando sus compañeros son violados. Además, muchas de las víctimas llegan con heridas con armas de fuego o cuchillos.
Los migrantes también refieren que sus agresores los obligan a desnudarse y mantenerse así a la intemperie.
La organización advierte en su reporte que la nueva política migratoria del Gobierno de México, adoptada en junio pasado para contener los flujos migratorios hacia EE.UU., ha obligado a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas.
La semana pasada, una familia de migrantes hondureños fue rescatada en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, norte de México, después de que se difundiera un video en el que se veía a una mujer arrodillada, junto a varios niños, mientras un hombre les apuntaba con una pistola en la cabeza para extorsionarlos.
EEUU ordena cierre del mayor centro de detención de menores de Florida
- Lunes, 28 Octubre 2019 16:39 - PROCESO DIGITAL
Autor del artículo:
EFE
Miami -
El gobierno de Donald Trump ordenó este lunes el cierre un polémico
centro de detención de menores inmigrantes en Homestead, a unos 40 km al
sur de Miami, uno de los mayores del país y considerado por Amnistía
Internacional (AI) como "cruel" e "ilegal".
El
Departamento de Salud (HHS) señaló que el albergue, con capacidad para
2.500 menores, será clausurado el próximo 30 de noviembre.
El
lugar fue blanco de críticas de congresistas demócratas y
organizaciones de derechos humanos por las condiciones de los menores y
el vínculo de la empresa que lo administra con el general retirado John
Kelly, el que fuera máximo responsable de inmigración del presidente
Donald Trump y después su jefe de Gabinete.
El
HHS señaló que ha reducido a cero la capacidad de camas y dará por
terminado el contrato con Comprehensive Health Services Inc. a partir
del 30 de noviembre, lo que implica además el despido de unos 2.000
trabajadores.
"Si
bien sé que esto probablemente no será el fin de detener a niños
inmigrantes con fines de lucro en este país, aplaudo la decisión del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de no renovar el contrato para
el proveedor de servicios en el refugio Homestead", expresó este lunes
la congresista demócrata por Florida Donna Shalala.
"Nadie,
especialmente los niños, debe ser recluido en estas condiciones", dijo
por su parte la congresista Debbie Mucarsel-Powell, de origen
ecuatoriano y también demócrata.
En un informe de julio pasado, AI instó al Gobierno Trump a "cerrarlo cuanto antes" tras dos visitas que hizo al lugar.
"Homestead
no es un hogar para niños (...) es una línea industrial para procesar
grandes cantidades de niños, en lugar de centrarse en sus mejores
intereses", señaló entonces Denise Bell, investigadora de AI.
El
albergue es uno de varios en el país a los que fueron llevados niños
separados de sus padres como parte de la polémica política de "cero
tolerancia", que separó a 5.460 niños de sus padres desde mediados de
2017, según cifras reveladas el jueves pasado, 1.566 más de lo que había
admitido la administración.
Según
AI, las condiciones "ilegales" de los niños en Homestead son el
resultado directo de las políticas del Gobierno de Estados Unidos
diseñadas para "castigar en lugar de proteger a las personas que
intentan reconstruir sus vidas".
Amnistía
Internacional señaló que a principios de abril más de 2.100 niños de
edades entre 13 y 17 años fueron alojados en el centro, que en algún
momento llegó a tener ocupadas sus 2.500 camas.
Violencia en Honduras y El Salvador genera 320 mil desplazados, según Acnur
- Lunes, 28 Octubre 2019 19:23 - PROCESO DIGITAL
Autor del artículo:
EFE
San Salvador
- La violencia que afecta a El Salvador y Honduras ha generado el
desplazamiento forzado de 320.000 personas, según datos dados a conocer
este lunes por un representante del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur), que prevé que la cifra aumente.
El
encargado de este organismo en Centroamérica y Cuba, Giovanni Bassu,
señaló que este dato se desprende de "estudios finalizados por los
Gobiernos de Honduras y El Salvador, apoyados por el Acnur.
"La
gente no solo huye de Centroamérica, también huye dentro de
Centroamérica. A veces se quedan dentro de sus mismo países como
desplazados internos", sin detallar la cifra que corresponde a cada
nación.
De
igual forma, Bassu señaló, sin especificar, que "2 de los 10 países de
donde proviene el mayor número de solicitantes de asilo en todo el mundo
son centroamericanos".
Apuntó
que el número total de solicitantes de asilo y refugiados de
Centroamérica en el mundo es cercano a los 500.000, de los que unos
100.000 han pedido protección principalmente en Costa Rica y Panamá.
"Mirando las tendencias y los cambios de políticas migratorias en la región, esos números van a seguir creciendo", subrayó.
Los
países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, una de las zonas
más mortíferas del mundo compuesta por El Salvador, Honduras y
Guatemala, han firmado una serie de acuerdos para plegarse, según
expertos, a la política antimigrante del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump.
Estos
acuerdos incluyen ayudas para reforzar las patrullas fronterizas en
estas naciones para evitar la migración irregular y recibir a
solicitantes de asilo en territorio centroamericano mientras Estados
Unidos estudia los casos.
Estos
datos fueron revelados durante la presentación de un estudio regional
sobre migración y desplazamiento forzado elaborado entre el Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA), Acnur y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM).
El
secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, sostuvo que la migración
centroamericana es asociada "con algo negativo", dado que "ha llamado la
atención internacional por los dramas humanos".
"Es
un problema que es derivado y es un efecto directo de nuestro déficit
histórico del desarrollo" y vinculado con la desigualdad social,
violencia sistematizada y vulnerabilidad al cambio climático, sostuvo.
Cerezo
aprovechó su intervención durante la presentación de los resultados del
estudio para llamar a los miembros del SICA a implementar un plan de
desarrollo conjunto para "impactar efectivamente en las condiciones de
vida de los ciudadanos centroamericanos".
Publicado el 30 Septiembre, 2019
El funcionario del régimen Alden Rivera detalló que los connacionales solo hacen el trámite para poder cruzar el territorio mexicano y llegar a los Estados Unidos (EEUU).
Las cinco mil solicitudes vigentes aún no reciben el visto bueno para que los hondureños permanezcan en el país.
Entre los argumentos para obtener el refugio destacan la pobreza e inseguridad de la nación centroamericana.
A pesar de las condiciones económicas de Honduras, la administración Donald Trump obligó al régimen orlandista a firmar un acuerdo migratorio de asilo.
Publicado el 30 Octubre, 2018
En el encuentro que sostuvo este 29 de octubre con los participantes del XV Capítulo General de la Congregación de los Misioneros de San Carlos (scalabrinianos), el Papa afirmó que “el migrante reza. Reza porque necesita muchas cosas y reza a su modo, pero reza. Un peligro para todos nosotros, hombres y mujeres de Iglesia, pero más para vosotros por su vocación, sería el de pensar que no necesitan de la oración”.
“Otro fenómeno de los migrantes –pensemos en la caravana que va de Honduras a Estados Unidos– es el de agruparse. El migrante por lo general busca andar en grupo. A veces tiene que andar solo, pero es normal agruparse porque así nos sentimos más fuertes en la migración”, dijo el Pontífice respondiendo a algunas preguntas de los presentes.
“Allí está la comunidad (…). Siempre la comunidad porque su vocación es adecuada para los migrantes que se agrupan. Siéntanse migrantes, siéntanse migrantes ante las necesidades, migrantes ante el Señor, migrantes entre ustedes. De allí la necesidad de agruparse”, continuó.
Otra característica del migrante, explicó el Papa Francisco, es “arriesgar. A veces también arriesga la vida. La prudencia en ustedes tiene otro tono respecto a la prudencia de un monje de clausura: son prudencias distintas. Las dos son virtud, pero con un carácter distinto. Arriesgar”.
Un scalabriniano colombiano que sirve en Asia y Australia solicitó un mensaje para los seminaristas. Francisco dijo que deben ser “migrantes para poder trabajar con los migrantes. Migrantes de Dios, migrantes con la comunidad, migrantes de un pueblo, que se sientan en camino”.
“Y con lo de ser migrantes de Dios que lleven a la oración cosas concretas: que la oración es para pelear, para pelear con Dios! Y si uno pelea, saca las cosas. Deciles eso: que tengan coraje”, concluyó.
Publicado el 29 Septiembre, 2019
Asimismo, reprochó que, “las guerras afectan sólo a algunas regiones del mundo; sin embargo, la fabricación de armas y us venta se lleva a cabo en otras regiones, que luego no quieren hacerse cargo de los refugiados que dicho conflictos generan”.
“No se trata sólo de migrantes, sino de todos los habitantes de las periferias existenciales que, jnto con los migrantes y los refugiados, son víctimas de la cultura de del descarte”, dijo el pontífice.
Francisco instó a recuperar la humanidad y evitar la discriminación de las personas más vulnerables para no “dejar a nadie fuera”.
Publicado el 25 Abril, 2019
“Hemos visto y analizado que esto de los flujos migratorios es por deudas”, dijo el funcionario del régimen.
Miles de connacionales se encuentran en México a la espera del asilo político que les permita vivir en los EEUU y dar a sus seres queridos un futuro mejor.
En Honduras, desde octubre del 2018 se han reportado varias caravanas de ciudadanos huyendo de la pobreza e inseguridad.
Uno de los factores que han provocado la falta de empleo y por ende el incremento de la migración es el alto costo de la energía.
Migración
Jugadores de NFL ayudan a pagar fianza de indocumentado
El apoyador externo de New Orleans
Saints, Demario Davis (d), celebra con el ala defensiva de los New
Orleans Saints, Alex Okafor (i) después de interceptar un pase lanzado.
Los futbolistas ayudaron con 50 mil dólares...
Agosto 13, 2019
7:06 PM
EFE
Los Ángeles — HOY - LOS ANGELES
Los
jugadores de fútbol americano Josh Norman y Demario Davis contribuyeron a
pagar la fianza de 50,000 dólares de un joven indocumentado y
trabajador agrícola que permanecía bajo custodia de ICE desde mayo
pasado, informó ACLU.
José Bello, de 22 años y detenido el pasado 15 de mayo, abandonó el centro de detención en Mesa Verde, California, donde permaneció 89 días encarcelado tras recitar un poema en el marco de una reunión de funcionarios del Condado de Kern y en el que criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
The New York Immigrant Freedom Fund y el National Bail Fund Network fueron otras de las organizaciones que aportaron para la puesta en libertad de Bello, padre de un menor, que gana unos 20,000 dólares anuales y llegó al país siendo menor de edad.
Norman, del Washington Redskins , y Davis, de New Orleans Saints ,
forman parte de Players Coalition, una organización independiente fundad
en 2017 y que trabaja para mejorar la justicia social y la igualdad
racial, y se centra en las relaciones policiales y comunitarias.
“Si fue detenido por recitar un poema pacífico, entonces deberíamos
preguntarnos ¿Son nuestras palabras verdaderamente libres? Esto es
Estados Unidos donde la Primera Enmienda es la libertad de expresión, a
menos que me haya perdido el memo en alguna parte”, argumentó Norman, en
declaraciones que recoge un comunicado de la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU).
De acuerdo al medio Bakersfield.com, Bello fue detenido por agentes de ICE en mayo de 2018 y liberado en agosto de ese año por un juez de inmigración, tras pagar una fianza de 10,000 dólares.
La de mayo pasado era la segunda detención del indocumentado, estudiante del Bakersfield College y que es representado legalmente por United Farm Workers Foundation.
ACLU promovió una recaudación de fondos a la que se unieron los
jugadores de la Liga Nacional de Fútbol americano a través de la
coalición fundada por el jugador Malcolm Jenkins y el jugador retirado
Anquan Boldin , quien ganó el Super Bowl XLVII con los Ravens de
Baltimore.
“Hemos visto a ICE capturar a casi 700 personas en Misisipi y dejar a sus hijos sin padres, los hemos visto rechazar a los solicitantes de asilo que enfrentarán una muerte segura en sus países de origen. ¿Es esto América? Debemos decir que no, y debemos comenzar ayudando a los más vulnerables”, dijo por su parte Davis.
Las fundaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y el norte de California presentaron una demanda federal en nombre de Bello acusando a ICE de violar sus derechos de libre expresión.
José Bello, de 22 años y detenido el pasado 15 de mayo, abandonó el centro de detención en Mesa Verde, California, donde permaneció 89 días encarcelado tras recitar un poema en el marco de una reunión de funcionarios del Condado de Kern y en el que criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
The New York Immigrant Freedom Fund y el National Bail Fund Network fueron otras de las organizaciones que aportaron para la puesta en libertad de Bello, padre de un menor, que gana unos 20,000 dólares anuales y llegó al país siendo menor de edad.
De acuerdo al medio Bakersfield.com, Bello fue detenido por agentes de ICE en mayo de 2018 y liberado en agosto de ese año por un juez de inmigración, tras pagar una fianza de 10,000 dólares.
La de mayo pasado era la segunda detención del indocumentado, estudiante del Bakersfield College y que es representado legalmente por United Farm Workers Foundation.
“Hemos visto a ICE capturar a casi 700 personas en Misisipi y dejar a sus hijos sin padres, los hemos visto rechazar a los solicitantes de asilo que enfrentarán una muerte segura en sus países de origen. ¿Es esto América? Debemos decir que no, y debemos comenzar ayudando a los más vulnerables”, dijo por su parte Davis.
Las fundaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles del sur de California y el norte de California presentaron una demanda federal en nombre de Bello acusando a ICE de violar sus derechos de libre expresión.
Publicado el 30 Septiembre, 2019
En dos meses; es decir, en diciembre estarán listos los planes de acción conjunta por medio de los cuales Honduras podrá expulsar a los inmigrantes que utilicen el territorio nacional como paso hacia Estados Unidos.
Honduras será el punto en el cual serán retenidos, particularmente quienes ingresen con procedencia de Nicaragua y de Cuba, con el fin de desincentivar la emigración insegura e irregular, agregó el ministro de Relaciones Exteriores.
En declaraciones a noticiero radial, el funcionario confirmó -asimismo- que una fuerza de tarea será desplegada para reforzar a la Policía Nacional que ya opera en las fronteras. Este cuerpo tendrá una misión similar a la desarrollada por la Patrulla Fronteriza.
El nuevo orden pactado para endurecer el blanco contra los indocumentados está diseñado de tal manera que cada país del istmo, desde Panamá hasta Guatemala, será un puesto de registro y control de “caminantes” que no podrán pedir asilo ni refugio en Estados Unidos si antes no es considerado su estatus en la nación de su tránsito.
Corte Suprema autorizó a Trump a gastar 2 500 millones de dólares del Pentágono en el muro
27 julio 2019
| CUBADEBATE
Financiado
con donaciones de simpatizantes del presidente Donald Trump, la
agrupación de veteranos de guerra United Constitutional Patriots comenzó
este fin de semana la construcción del primer muro “privado” en la
frontera con México. Foto: AFP.A finales de mayo el magistrado Haywood Gilliam, de Oakland (California), dictaminó que la propuesta de la Administración de la Casa Blanca de usar recursos del Pentágono destinados al soporte de la lucha contra los estupefacientes para la construcción del muro fronterizo era ilícita y congeló el uso de fondos militares con estos fines.
En junio, emitió una orden judicial permanente en un tribunal federal de California, impidiendo el desvío de fondos. El juez razonó que el Congreso no autorizó específicamente el uso de los fondos del Departamento de Defensa para el proyecto del muro al que se opusieron los demócratas y el Gobierno mexicano.
Trump ha celebrado la decisión judicial a su favor y la ha calificado como una “gran victoria” para la seguridad en la frontera y “el Estado de derecho”. Con los 2 500 millones de dólares su Administración busca elevar más de 160 kilómetros de la valla en tres estados.
Según uno de los proyectos, 789 millones se destinarían a la renovación de 75 kilómetros del muro en Nuevo México. Otro proyecto busca reemplazar unos 100 kilómetros del muro en Arizona por 646 millones de dólares, y también existen dos proyectos de menor escala para elevar la barrera en Arizona y California.
- En febrero, al no conseguir los 5 700 millones de dólares que había solicitado al Congreso para construir el muro, Trump declaró una emergencia nacional para desviar fondos del Departamento de Defensa hacia ese objetivo.
- En abril, el Departamento de Defensa transfirió casi 1 000 millones de dólares a los fondos para el muro, mientras que en mayo autorizó una nueva partida de 1.500 millones de dólares para financiar su construcción.
Construcción
del muro fronterizo en Sunland Park (Nuevo México, EE.UU.) vista desde
Ciudad Juárez, México, el 30 de mayo de 2019. Foto: José Luis
González/Reuters.
Congreso de EE.UU aprueba más fondos para seguridad fronteriza
Esos nuevos fondos dañarán niños, separará familias y desperdiciará recursos públicos considera Alianza AmericasPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – El pasado jueves 27 de junio, el Congreso aprobó el proyecto de ley H.R. 3401 de gasto de $4.5 mil millones para aumentar los fondos de seguridad fronteriza. El director ejecutivo de Alianza Americas, Oscar Chacón, y Matt Nelson, director ejecutivo de Presente.Org, emiten la siguiente declaración conjunta con respecto a la votación.
“Durante la semana pasada, personas de todo el mundo se mostraron horrorizadas por las inhumanas condiciones en las que los niños y las familias se encuentran en detención migratoria en los Estados Unidos. Esta semana, lamentamos la trágica muerte por ahogamiento del joven padre Óscar Martínez y su pequeña hija Valeria, como resultado del bloqueo al derecho a solicitar asilo por parte de la administración Trump, que lleva a las familias a tomar rutas más riesgosas.
Es vergonzoso y devastador que los legisladores decidieron darle a la administración Trump cerca de $4.5 mil millones adicionales para financiar la maquinaria que pone a niños y niñas en jaulas, donde al menos seis han fallecido en los últimos meses. Que los niños mueran bajo custodia del gobierno es un síntoma de la incapacidad de este gobierno para cumplir con sus responsabilidades mínimas y participar en soluciones que defiendan todos los derechos de la niñez. Estos fondos adicionales no mantendrán a los niños seguros ni abordará los factores que están motivando que personas huyan de sus países. Con esta decisión, se desperdiciarán miles de millones de dólares de los contribuyentes, mientras se traduce en más ganancias para las prisiones privadas.
Casi el 70 % de las personas inmigrantes detenidas se encuentran en centros privados. Estas compañías privadas reciben más de $1 mil millones al año en contratos con ICE, casi $5.5 millones por día de dinero de los contribuyentes. Este es un claro incentivo financiero para que estos centros mantengan detenidas a la mayor cantidad de personas posible. Estas compañías se aprovechan de las comunidades de inmigrantes.
¿Cuántos
niños tienen que morir antes de que nos demos cuenta de que miles de
millones de dólares para detenciones no es la respuesta?
“Sin
embargo, 305 legisladores, incluidos 129 demócratas, votaron a favor de
este presupuesto adicional. Esta acción nos obliga a actuar. Es
indignante que el Congreso dé a la administración Trump un cheque en
blanco para continuar con su agenda de miedo y odio. Esto ocurre en un
momento en que los bancos más grandes del país, incluidos JPMorgan
Chase, Wells Fargo y Bank of America, se están alejando de la agenda de
Trump al negarse a financiar la industria de las prisiones privadas.
Esto deja al Gobierno Federal como el principal financiador de una
maquinaria de tortura de inmigrantes con fines de lucro.Nota relacionada Congreso de EE.UU. aprueba 10 mil millones de dólares para el muro de Trump
“Los legisladores que dicen preocuparse por el bienestar de la niñez deben dejar de lado el enfoque punitivo y mal dirigido para las personas solicitantes de asilo y, en su lugar, centrarse en tomar medidas reales para mantener a los niños seguros, incluido el reconocimiento de su derecho legítimo de solicitar asilo en un lugar en el que tengan protección, y que permanezcan con sus padres. Alianza Americas y Presente.Org invitan a todas las personas conscientes a visitar a sus representantes en el Congreso durante las próximas dos semanas. A los legisladores que votaron a favor del proyecto de ley, exija que tomen medidas inmediatas para revertir el daño. A los que votaron en contra, expréseles su agradecimiento, pero recuérdeles que no es suficiente. Deben persuadir a sus colegas sobre la urgencia de brindar seguridad a las personas centroamericanas y todas las que buscan un lugar seguro para ellos y sus familias, y no someterlas a una nueva ronda de persecución y castigo. Además, deben responsabilizar a sus colegas, a la administración ya las compañías de detención por el dolor, las violaciones de derechos humanos y las muertes que podrían causar estos fondos.No hay soluciones mágicas para los problemas que impulsan el éxodo centroamericano, pero eso sólo significa que debemos comenzar ya a trabajar juntos para impulsar políticas que eliminen la desigualdad, la violencia y la impunidad que prevalecen en esta región. Ese es el camino hacia una solución real, no desperdiciar más dinero en jaulas.
Continuaremos documentando violaciones de derechos humanos y trabajando con aliados y la sociedad civil aquí y en la región para presionar al Congreso y a la administración Trump. No permaneceremos en silencio, daremos voz a cada persona que sufrirá las consecuencias de estas políticas basadas en el odio. Podemos hacerlo mejor”.
En medio de esas dos categorías, el inepto presidente de Brasil subió al pódium a decirle a la humanidad que la gran Amazonía de nueve países del sur de América es sólo suya, y que él puede disponer como quiera del río, de la selva, los animales y la tierra, porque no son un pulmón del planeta ni son un patrimonio de todos nosotros los terrícolas. Semejante ignorante!
El turno fue enseguida para el otro, el peor de todos, el líder de la corriente mundial que se salta las reglas de todos nuestros ancestros, que niega la legitimidad de los valores universales, y que adora entrañablemente solo los negocios. El dinero.
El presidente de Estados Unidos subió al pódium con sarna anticomunista para atacar directamente a los países socialistas y lanzar un ataque directo a su competidor demócrata Bernie Sanders, quien reúne simpatías de hombres y mujeres jóvenes hartos del nacionalismo republicano.
“Estados Unidos no será nunca comunista, nunca socialista” decía el supremacista casi al mismo tiempo que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, anunciaba en Washington la apertura oficial de una investigación contra Donald Trump que avanza a un juicio político.
En julio pasado el cuestionado inquilino de la Casa Blanca le propuso por teléfono un intercambio al ambicioso presidente de Ucrania: Washington les libera rápidamente un paquete millonario de apoyo militar, y Kiev reabre una investigación contra Joe Biden y su hijo Hunter, por operaciones empresariales en aquél país.
Trump busca, entonces, pulverizar a sus dos rivales políticos, Biden y Sanders, que podrían impedirle la reelección, y para ello ha utilizado el foro de la ONU y ha puesto la reputación de un competidor estadounidense en manos de un gobierno extranjero.
En línea con este discurso podrido de violación de reglas, de construcción de muros, de reconocimiento a narcos, de negocios sucios y de ataque a los oponentes políticos, un impostor de Centroamérica subió al pódium en Nueva York.
Juan Orlando Hernández, maestro del disfraz, militar activado cada mañana como civil y con su hermano expuesto a cadena perpetua por narco a gran escala en esta misma ciudad de los rascacielos, aprovechó igualmente el púlpito de las Naciones Unidas.
Con la imagen de un súbdito del nacionalismo arterioesclerótico de Donald Trump, Hernández, “alias el hombre”, acusó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de ser los causantes del desastre de Honduras y culpó a Mel Zelaya de ser el socio local de la conspiración durante los últimos diez años.
Enseguida, el desaprobado político nacionalista hondureño firmó con su amo nacionalista republicano un acuerdo para recibir a cubanos y nicaragüenses en Honduras, quienes llegarían en masa a pedir asilo a Tegucigalpa para repetir las imágenes de los venezolanos supuestamente huyendo hacia Colombia y Ecuador. Y concertar así los ataques militares a los países de América que no obedecen al imperio.
En este mundo del discurso único nada es casual. El jueves, en la audiencia sobre Honduras en la Comisión Interamericana en Washington, una de las dependencias de la OEA, aquella línea discursiva de Trump y de Hernández se repitió.
En el momento que las organizaciones hondureñas – El ERIC, Caritas, C-Libre, Cofadeh, Fundación San Alonzo y Defensoras – junto a Cejil y Amnistía Internacional, los comisionados sobrepasaron su mandato ético y hablaron como políticos.
El tema de la audiencia era la criminalización de las manifestaciones pacíficas de la población hondureña contra la dictadura política- militar, que viola diariamente los derechos humanos individuales y colectivos. Era el tiempo de la sociedad organizada de Honduras para denunciar la represión militar y jurídica contra la disidencia social.
Era el momento esperado por seis organizaciones nacionales y dos internacionales para decirle a la cabeza del sistema interamericano de derechos humanos que Honduras sufre un aparato policial, militar y paramilitar, que enfrenta con armas y con derecho penal a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que resisten la extracción ilegal de sus riquezas naturales. Y que defienden la vida y la libertad.
Pero no, lamentablemente la escucha fue decadente. Los reportes estratégicos de estas organizaciones valoran que el agresivo lobby de la Casa Blanca estuvo presente en el aire de la audiencia. Tres de los cuatro comisionados que presidieron la sala tomaron la palabra de inmediato para comparar a Honduras con Nicaragua.
Uno de los comisionados dijo que las acciones del gobierno de Ortega representan la principal alerta en la región, otro destacó la interrupción del derecho a las manifestaciones en Managua y un tercero inclusive precisó que recién llegaba de los campamentos de refugiados nicas en Panamá.
Todos fueron tenues en sus referencias a la situación hondureña, al rol del gobierno ilegítimo y ninguno testificó las caravanas de familias katrachas que huyen de las violencias que genera la dictadura en complicidad con el crimen organizado. Nada sobre la brutalidad de la separación de los niños de sus padres. Ninguno levantó la bandera de los refugiados y expatriados que están lejos del Cartel del Río Grande, que empuja la corrupción sobre ruedas con la ayuda de Pandora y de la Dama. Nada. Sus tonos parecían de consejeros y componedores.
Las organizaciones asistentes se miraban entre sí. Y al menos una voz partió el aire para señalar a los comisionados su falta de polités, su imprudencia política y su infracción al lenguaje jurídico que ha caracterizado la narrativa de la CIDH en épocas difíciles.
No es correcto hacer en este momento una comparación con Nicaragua, porque estamos exponiendo sobre Honduras donde no existe un Estado de Derecho, sino un Estado des-hecho. Y donde no tenemos una democracia representativa, sino una dictadura. Así fue dicho.
Hasta aquí les dejamos nuestra valoración de lo ocurrido esta semana en Nueva York y Washington, con la certeza que seguimos atentos al discurso y las acciones de los lobistas oficiosos, y siempre trabajando para que la libertad de expresión de los pueblos sea la piedra angular de la convivencia ciudadana y el control de los despóticos.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 28 de septiembre de 2019
La nota originalmente escrita en inglés pero traducida al español expresa lo siguiente:
Viernes 18 de octubre de 2019
El ex congresista hondureño Tony Hernández fue condenado en el tribunal federal de Manhattan por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, portación de armas de fuego relacionadas y emitir declaraciones falsas. Hernández participó en la importación de casi 200,000 kilogramos de cocaína, utilizó seguridad fuertemente armada, incluidos miembros de la Policía Nacional de Honduras, y coordinó dos asesinatos relacionados con drogas.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy C. Woolcock, el Agente Especial a Cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (“DEA”), anunciaron hoy que un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ ALVARADO, a / k / a “Tony Hernández” (“HERNÁNDEZ”) por los cuatro cargos en la acusación de Superación, que incluía la importación de cocaína, armas y delitos de declaraciones falsas.
HERNÁNDEZ está programado para ser sentenciado el 17 de enero de 2020. El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “El ex congresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas que estaban destinadas a los Estados Unidos.
Hernández sobornó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger los envíos de drogas, solicitó grandes sobornos de los principales narcotraficantes, y organizó la seguridad de las ametralladoras para los envíos de cocaína. Hoy, Hernández está condenado por sus crímenes y se enfrenta a la posibilidad de una larga pena de prisión”.
La agente especial a cargo de la DEA, Wendy C. Woolcock, dijo: “Esta condena sirve como una advertencia para todos aquellos que trafican drogas ilegales a nuestro país con total desprecio por la vida humana.
Estados Unidos no tolerará a ningún individuo u organización que busque obtener ganancias a través de la violencia y la corrupción. La DEA continuará apoyando a sus socios para buscar justicia independientemente de su estatus social. Nadie está exento de rendir cuentas por actividades delictivas depredadoras “.
Como se refleja en la acusación de superación y la evidencia presentada en el juicio:
HERNÁNDEZ es un ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, el hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes en, entre otros lugares, Colombia, Honduras y México, para importar cocaína. en los Estados Unidos Desde al menos aproximadamente en 2004, hasta aproximadamente en 2018, HERNÁNDEZ ayudó a procesar, recibir, transportar y distribuir cargas de cocaína de varias toneladas que llegaron a Honduras a través de aviones, helicópteros y embarcaciones rápidas.
HERNÁNDEZ controlaba los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de su cocaína estaba estampada con el símbolo “TH”, es decir, “Tony Hernández”. HERNÁNDEZ también coordinó y, a veces, participó en la provisión de seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso por miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados con ametralladoras y otras armas. HERNÁNDEZ también utilizó a miembros de la Policía Nacional de Honduras para coordinar el asesinato de Franklin Arita relacionado con las drogas en 2011, y utilizó a los asociados del narcotráfico para asesinar a un trabajador de drogas conocido como “Chino” en 2013. En relación con estas actividades, HERNÁNDEZ participó en la importación de casi 200,000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
HERNÁNDEZ ganó millones de dólares a través de su tráfico de cocaína, y canalizó millones de dólares de las ganancias de las drogas a las campañas del Partido Nacional para el impacto de las elecciones presidenciales hondureñas en 2009, 2013 y 2017. Entre 2010 y al menos 2013, Uno de los principales conspiradores de HERNÁNDEZ fue el ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, a / k / a “Chapo”. Durante ese período, HERNÁNDEZ ayudó a Guzmán Loera con varios envíos grandes de cocaína y entregó a un soborno de $ 1 millón de Guzmán Loera al hermano de HERNÁNDEZ en relación con el ciudadano de 2013. elecciones en Honduras.
HERNÁNDEZ, de 42 años, fue condenado por cuatro cargos: (1) conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, que conlleva una pena de prisión mínima obligatoria de 10 años y una pena máxima de prisión; (2) usar y transportar ametralladoras durante, y poseer ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena de prisión obligatoria de 30 años; (3) conspirar para usar y portar ametralladoras durante, y poseer ametralladoras para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una pena máxima de prisión de por vida; y (4) hacer declaraciones falsas a agentes federales, lo que conlleva una pena máxima de prisión de cinco años.
Berman elogió los esfuerzos sobresalientes de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Huelga de Nueva York y la Oficina de País de Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Jason A. Richman, Matthew J. Laroche y Emil J. Bove III están a cargo de la acusación.
Schakowsky, Johnson, Jayapal y Pocan Emiten Declaración sobre Honduras
Por defensores -
18 octubre, 2019
“La Administración de Trump tiene que terminar su apoyo para el régimen represivo y corrupto de Juan Orlando Hernández en Honduras. El Hermano del Presidente y ex-congresista, Antonio ‘Tony’ Hernández, fue arrestado y sentenciado en los Estados Unidos por conspirar en la importación de cocaína a los EEUU y por posesión de armas ilegales. Durante las últimas dos semanas, testigo tras testigo brindo testimonio en el juicio en Nueva York, estableciendo que traficantes de drogas, asesinos, incluyendo Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, dieron al Presidente Hernández más de dos millones de dólares para apoyar sus campañas electorales a cambio de protección.
“Un traficante de drogas prominente testificó que Tony Hernández pago sobornos al actual Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, quien supervisa la policía. Otro testificó que pago sobornos para asegurar que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien según alegaciones es miembro de un escuadrón de la muerte, recibiera un alto puesto bajo los presidentes Lobo y Hernández a solicitud de Hernández y también dio testimonio sobre un asesinato cometido por Bonilla a la solicitud de ellos. Bonilla fue nombrado Director Nacional de la Policía, y a pesar de evidencia documentado que él era un líder de un escuadrón de la muerte, la Embajada de los Estados Unidos trabajo estrechamente con Bonilla durante todo su término. La Administración de Trump tiene que suspender inmediatamente el apoyo financiero para la policía y las fuerzas armadas corruptos y dejar de celebrar el Presidente Hernández como un amigo, aliado y contraparte en la guerra contra las drogas.
“Los Estados Unidos tiene que eliminar las barreras para los migrantes Hondureños quienes están intentando huir de este terror en su país. Necesitamos condenar el uso continuo de balas vivas y gas lacrimógeno toxica para reprimir protestas de la oposición y hacer un llamado a que cese su criminalización de los defensores del medio ambiente, incluyendo los de Guapinol. Por esto, 74 miembros del Congreso apoyan H.R. 1945, la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, lo cual exige la suspensión inmediata de fondos de los Estados Unidos para las fuerzas de seguridad de Honduras hasta que su gobierno investigue y lleva ante la justicia los responsables para la violencia y turbulencia en Honduras.”
Miguel A. Ayala
Director de Comunicaciones
Rep. Jan Schakowsky
2367 Rayburn HOB
Washington, D.C. 20515
P: 202-225-2111; C: 202-374-1098 http://schakowsky.house.gov
Gualaco, Olancho.- Por no traer ningún beneficio al municipio, Gualaco en el departamento de Olancho, se declaró mediante un cabildo abierto libre de minería.
El acto se llevó a cabo en el salón parroquial el día viernes 11 de octubre, donde participaron las autoridades municipales, patronatos, organizaciones de la sociedad civil, representanres de iglesias y pobladores residente en el municipio.
El departamento de Olancho está formado por 23 municipios y en la mayoría de ellos se ha otorgado concesiones para exploración y explotación, según el informe “El Estado de la Minería en el Departamento de Olancho”, realizado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC).
El Municipio que más actividad minera tiene, para exploración o explotación, es Juticalpa, le sigue Concordia y en tercer lugar está Gualaco, según el documento.
Ante esta problemática que enfrentan los pobladores de la zona y conociendo las consecuencias de las instalaciones mineras, el Comité Ambiental por la Vida de Gualaco decidieron hacer un cabildo abierto para declarar el municipio libre de minería.
Rafael de Jesús Ulloa, asesor del Comité Ambiental por la Vida de Gualaco, dijo que este cabildo abierto es porque nosotros desconocíamos lo que estaba pasando en nuestro municipio, extraoficialmente investigábamos y después nos dimos cuenta que Gualaco era el municipio más concesionado de Honduras, y por consiguiente eso pocas personas sabían y las autoridades nunca nos dijeron esto”.
Agregó que “gracias a organizaciones de derechos humanos que nos han abierto la puerta nos dimos cuenta que la mayor cantidad de concesión estaba en Olancho, específicamente en Gualaco, fue así como a través de juntas de agua, de ganaderos y también las diferentes organizaciones del municipio, decidimos un día ir a la Alcaldía para solicitar información con respecto a la minería de la cual salieron varias reuniones y precisamente se acordó pedirle a la Corporación que se desarrollara un cabildo en vista de que nunca habíamos sido informados sobre este tema”.
Ulloa dijo que “realmente estamos satisfechos, no podemos pedirle más a Dios, el pueblo ha sido contundente, se ha visto que aquí hay de los cuatro puntos cardinales del municipio y nadie se le anda pagando, la gente asistió voluntariamente, así como varias organizaciones, hasta la Iglesia Católica, estuvo el presidente de los pastores del municipio y todas las organizaciones de sociedad civil integradas en este cabildo, realmente es una respuesta contundente que me la esperaba pero no así”.
“No podemos decir que la población antes de este cabildo estaba informada en un cien por ciento, pero gracias a Dios el equipo que hemos tenido del Comité Ambiental hicimos una labor de comunidad en comunidad, de aldea en aldea y también en cada caserío través de las organizaciones de sociedad civil, de iglesias, para llegar a donde hemos podido.
Asimismo entiende que falta mucha población, pero con la concientización en los lugares donde hemos llegado, para que todo el pueblo esté bien informada de las causas y efectos que producen la minería en el mundo, y especialmente lo que va a producir en Gualaco.
Por su parte Elvin Sarmiento, coordinador del Comité Ambiental por la Vida de Gualaco dijo que “definitivamente no podemos pedirle más al pueblo y a Dios, creo que lo que hoy se manifestó en este cabildo abierto fue un éxito porque el pueblo se manifestó tal y como lo esperábamos”.
Sostuvo que “nosotros estamos convencidos que esto solo es un paso que hemos dado, porque en el municipio hay muchas cosas que tratar en el tema ambiental, y el decir hoy no a la minería fue una prevención para poder lograr y preservar la vida a través del recurso líquido que es el agua.
“Definitivamente que en este cabildo abierto los convocantes fueron el pueblo a través del Comité Ambiental, porque nosotros ya estábamos conscientes de la amenaza de lo que es la minería y el pueblo ya no aguantaba más y decidió a través del Comité Ambiental hacer la solicitud a la Corporación Municipal, quienes debido a la presión que se dio a través del pueblo, accedieron a poder colocar este cabildo abierto”, finalizó diciendo.
Por su parte Carlos Padilla de CEHPRODEC, explicó todo lo que implica una empresa minera en las comunidades.
“La minería genera conflictos sociales, división de la familia hondureña y las comunidades, porque desde que llegan les empiezan a hablar con promesas de desarrollo y grandes beneficios, pero que realmente nadie los ve”.
Ejemplificó lo del Valle de Siria, donde después de diez años de explotación minera han quedado igual o peor el municipio en el cual se asentó la minera y esta aún menos desarrollado que el resto, no se ha dicho todo sobre esto, recordemos que la minería metálica implica minerales y solo en Honduras el óxido de hierro es un mineral no metálico, y eso ha dado mayores facilidades para otorgar concesiones.
“Las consecuencias de la minería hoy en día son comunidades desplazadas, hablamos del Valle de Siria, de la Unión, Copán, donde incluso, la población a pesar de estar a favor de la minería, tuvo que enfrentarse a la compañía, porque descubrieron que el mayor yacimiento en general se encontraba debajo del cementerio, que es ancestral de sus antepasados, y ni siquiera eso han querido respetar”.
Añadió Padilla que hoy en día lo que tenemos en la Unión, Copán, es un gran conflicto que se ha alargado y lo que era antes una comunidad si, quizás pobre, de escaso recursos, ahora es una comunidad llena de conflictos y ríos totalmente secos”.
Asimismo dijo que no hay minera que no implique la utilización de agua y eso implica también sustraer las fuentes que están en el sub suelo, otra de las consecuencias es de comunidades confrontadas, la criminalización de defensores de la tierra y el territorio; hoy encontramos que en el país la mayor cantidad de líderes que se oponen a esta destrucción del medio ambiente están siendo procesados, criminalizados, igualmente tenemos el asesinato de líderes, esos son las consecuencias de la minería.
Cabe señalar que este es primer cabildo abierto que se realiza en el municipio de Gualaco donde los pobladores consideran que es históricos, y reconocen la labor del comité ambiental que ha venido luchando desde que se creó en contra de la instalación de las hidroeléctricas en la zona.
JOH usa al CNA para destruir al movimiento social al ponerlos a marchar contra nuevo Código Penal
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández supo penetrar a sus cuadros útiles en los actores políticos y sociales para desactivar con inteligencia el creciente descontento popular por los señalamientos en su contra ante un tribunal federal de Nueva York por vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada que, en el peor de los casos, podrian costarle la titularidad del Ejecutivo.
Uno de los caballos de Troya que Hernández está utilizando para neutralizar ese descontento son las cabezas visibles del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos y Odir Fernández, quienes están influyendo en los actores como el Colegio Médico, organizaciones defensoras de derechos humanos, al pedirles que salgan a las calles a pedir la derogación del nuevo Código Penal que deberá entrar en vigencia el próximo 10 de noviembre.
Estos dos personajes, de la noche a la mañana, se volvieron acérrimos opositores a la norma que sustituirá el actual Código y que -según ellos- «trastocará» las crudas penas a delitos de corrupción, a pesar que el Legislativo ha dejado claro que no se están suavizando las mismas, pues se busca que exista una proporcionalidad a la comisión de delitos que cometen las personas naturales y jurídicas, así como la creación de otras figuras que vendrán a descongestionar el sobresaturado sistema carcelario nacional y permitirá que aquellas personas comunes que fueron sancionadas con severidad por delitos menores, puedan reunirse con sus familias y reivindicarse ante la sociedad.
De hecho, los dirigentes de la denominada instancia de sociedad civil han venido blanqueando el raciocinio de estos actores, quienes han asumido sus consejos sin contar con la asesoría de penalistas y responsables de la redacción de la nueva norma; tampoco han reparado en los intereses que priman sobre Castellanos y Fernandez ya que, aparte de actuar como esquiroles para dividir a los opositores al régimen, suelen defender sutilmente a Hernández al acusar a otros gobiernos de casos de corrupción y hacen la vista gorda en las irregularidades que se han cometido en la actual administración nacionalista.
En otras palabras, la función de ambos es dividir al movimiento social que ha mantenido beligerancia con relación al ocupante de Casa Presidencial, en el sentido que en los últimos meses bajaron la intensidad de sus movilizaciones; la consigna Fuera JOH pasó a un segundo plano y las exigencias para que deje el gobierno son nulas y apenas se oyen pocas voces que exigen cambios en el aparato institucional; en la actual coyuntura -cuando se juzga a Juan Antonio Tony Hernández por narcotráfico- los críticos han optado por ver a un lado y enfocarse en el adoctrinamiento que realizan el cuestionado dúo, quienes se han vendido como unos pulcros e infalibles luchadores anticorrupción.
¿Cuál es el fin último de que Hernández use al CNA como punta de lanza para aplacar al movimiento popular? Pretende mantenerse a toda costa, al recurrir al terrorismo de Estado y tácticas de guerra sucia -con técnicas de disuasión diplomática y mediática- que supieron aplicar las dictaduras militares suramericanas porque comprende que estando dentro del Ejecutivo cuenta con un blindaje que le permitiría gobernar aunque pendan en su contra fuertes acusaciones de pertenecer al narcotráfico.
Por tanto, sabe que seguir ejerciendo la presidencia le da un enorme respiro a sus pretensiones de blindarse de una posible persecución penal y junto a sus más cercanos asesores, así como la participación de sicólogos, sociólogos y antropólogos, han podido prever los escenarios venideros y, en consecuencia, ya le tomaron el pulso a quienes cuestionan su mandato y una de las formas más efectivas para evitar su caída, es confiar en los buenos oficios de Fernández y Castellanos.
Hernández busca, sin sudar la camisa y confiando en el trabajo sucio que realicen sus cuadros claves, llevar a la trampa a gremios beligerantes como el Colegio Médico dirigido por Suyapa Figueroa, a reconocidos defensores de la niñez, a connotados dirigentes de la sociedad civil, a los miembros de los colegios magisteriales, incluyendo a reconcidos políticos y que las peticiones de renuncia se vean reducidas a la nada.
En concreto, el Consejo Nacional Anticorrupción está usando el poder de convocatoria para minar las protestas sociales contra el régimen jefeado por Juan Orlando Hernández al pretender enquistarla en un hecho particular, o sea, una lucha «de película» contra el nuevo Código Penal y el único fin es que la población se olvide de pedir su renuncia inmediata por ser mencionado en el juicio contra su hermano. Entiende que al bajar la intensidad de una posible rebelión que lo echaría del palacio José Cecilio del Valle le facilitaría gobernar con cierta calma.
En resumen, con esta estrategia se busca destruir las movilizaciones populares contra la norma que se encuentra en la etapa de vacatio legis.
Cabe recordar que en el marco de las protestas organizadas por la Plataforma sanitaria y educativa, Hernández encontró el momento propicio para prácticar la técnica del ensayo-error, por lo que mandó a Castellanos y Fernández a reunirse con médicos y docentes y les doblaron el brazo al alertarlos por la llegada de la nueva legislación penal…Las consecuencias fueron nefastas. El autoritario personaje echó mano de la ley para mandar al banquillo de los acusados a los docentes y médicos que permanecieron en las calles durante los últimos meses pidiendo su salida hasta que logró recuperar la gobernabilidad del sistema.
Esa experiencia le permitió ir perfilando a sus críticos y se advierte que en el corto o mediano plazo cumplirá sus objetivos de perpetuarse en el gobierno; al estar fuera de la administración pública se convierte en un sujeto débil porque la justicia lo perseguirá sin compasión y los cárteles de la droga por haberlos traicionado, lo que obligaría a tomar decisiones hasta radicales para huir de sus enemigos y del sistema judicial que incluso podría emular el suicidio al que recurrió el expresidente peruano Alan García, fuertemente salpicado por corrupción en la causa de Odebrecht.
En últimas líneas JOH está fraguando junto a la directora y el jefe de investigaciones del CNA asestar un golpe fatal a las organizaciones populares, gremiales y otras que le dará un enorme respiro para seguir gobernando con puño de hierro lo que resta de su mandato…y cuatro años más, si las circunstancias se lo permiten.
El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández supo penetrar a sus cuadros útiles en los actores políticos y sociales para desactivar con inteligencia el creciente descontento popular por los señalamientos en su contra ante un tribunal federal de Nueva York por vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada que, en el peor de los casos, podrian costarle la titularidad del Ejecutivo.
Uno de los caballos de Troya que Hernández está utilizando para neutralizar ese descontento son las cabezas visibles del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos y Odir Fernández, quienes están influyendo en los actores como el Colegio Médico, organizaciones defensoras de derechos humanos, al pedirles que salgan a las calles a pedir la derogación del nuevo Código Penal que deberá entrar en vigencia el próximo 10 de noviembre.
Estos dos personajes, de la noche a la mañana, se volvieron acérrimos opositores a la norma que sustituirá el actual Código y que -según ellos- «trastocará» las crudas penas a delitos de corrupción, a pesar que el Legislativo ha dejado claro que no se están suavizando las mismas, pues se busca que exista una proporcionalidad a la comisión de delitos que cometen las personas naturales y jurídicas, así como la creación de otras figuras que vendrán a descongestionar el sobresaturado sistema carcelario nacional y permitirá que aquellas personas comunes que fueron sancionadas con severidad por delitos menores, puedan reunirse con sus familias y reivindicarse ante la sociedad.
De hecho, los dirigentes de la denominada instancia de sociedad civil han venido blanqueando el raciocinio de estos actores, quienes han asumido sus consejos sin contar con la asesoría de penalistas y responsables de la redacción de la nueva norma; tampoco han reparado en los intereses que priman sobre Castellanos y Fernandez ya que, aparte de actuar como esquiroles para dividir a los opositores al régimen, suelen defender sutilmente a Hernández al acusar a otros gobiernos de casos de corrupción y hacen la vista gorda en las irregularidades que se han cometido en la actual administración nacionalista.
En otras palabras, la función de ambos es dividir al movimiento social que ha mantenido beligerancia con relación al ocupante de Casa Presidencial, en el sentido que en los últimos meses bajaron la intensidad de sus movilizaciones; la consigna Fuera JOH pasó a un segundo plano y las exigencias para que deje el gobierno son nulas y apenas se oyen pocas voces que exigen cambios en el aparato institucional; en la actual coyuntura -cuando se juzga a Juan Antonio Tony Hernández por narcotráfico- los críticos han optado por ver a un lado y enfocarse en el adoctrinamiento que realizan el cuestionado dúo, quienes se han vendido como unos pulcros e infalibles luchadores anticorrupción.
¿Cuál es el fin último de que Hernández use al CNA como punta de lanza para aplacar al movimiento popular? Pretende mantenerse a toda costa, al recurrir al terrorismo de Estado y tácticas de guerra sucia -con técnicas de disuasión diplomática y mediática- que supieron aplicar las dictaduras militares suramericanas porque comprende que estando dentro del Ejecutivo cuenta con un blindaje que le permitiría gobernar aunque pendan en su contra fuertes acusaciones de pertenecer al narcotráfico.
Por tanto, sabe que seguir ejerciendo la presidencia le da un enorme respiro a sus pretensiones de blindarse de una posible persecución penal y junto a sus más cercanos asesores, así como la participación de sicólogos, sociólogos y antropólogos, han podido prever los escenarios venideros y, en consecuencia, ya le tomaron el pulso a quienes cuestionan su mandato y una de las formas más efectivas para evitar su caída, es confiar en los buenos oficios de Fernández y Castellanos.
Hernández busca, sin sudar la camisa y confiando en el trabajo sucio que realicen sus cuadros claves, llevar a la trampa a gremios beligerantes como el Colegio Médico dirigido por Suyapa Figueroa, a reconocidos defensores de la niñez, a connotados dirigentes de la sociedad civil, a los miembros de los colegios magisteriales, incluyendo a reconcidos políticos y que las peticiones de renuncia se vean reducidas a la nada.
En concreto, el Consejo Nacional Anticorrupción está usando el poder de convocatoria para minar las protestas sociales contra el régimen jefeado por Juan Orlando Hernández al pretender enquistarla en un hecho particular, o sea, una lucha «de película» contra el nuevo Código Penal y el único fin es que la población se olvide de pedir su renuncia inmediata por ser mencionado en el juicio contra su hermano. Entiende que al bajar la intensidad de una posible rebelión que lo echaría del palacio José Cecilio del Valle le facilitaría gobernar con cierta calma.
En resumen, con esta estrategia se busca destruir las movilizaciones populares contra la norma que se encuentra en la etapa de vacatio legis.
Cabe recordar que en el marco de las protestas organizadas por la Plataforma sanitaria y educativa, Hernández encontró el momento propicio para prácticar la técnica del ensayo-error, por lo que mandó a Castellanos y Fernández a reunirse con médicos y docentes y les doblaron el brazo al alertarlos por la llegada de la nueva legislación penal…Las consecuencias fueron nefastas. El autoritario personaje echó mano de la ley para mandar al banquillo de los acusados a los docentes y médicos que permanecieron en las calles durante los últimos meses pidiendo su salida hasta que logró recuperar la gobernabilidad del sistema.
Esa experiencia le permitió ir perfilando a sus críticos y se advierte que en el corto o mediano plazo cumplirá sus objetivos de perpetuarse en el gobierno; al estar fuera de la administración pública se convierte en un sujeto débil porque la justicia lo perseguirá sin compasión y los cárteles de la droga por haberlos traicionado, lo que obligaría a tomar decisiones hasta radicales para huir de sus enemigos y del sistema judicial que incluso podría emular el suicidio al que recurrió el expresidente peruano Alan García, fuertemente salpicado por corrupción en la causa de Odebrecht.
En últimas líneas JOH está fraguando junto a la directora y el jefe de investigaciones del CNA asestar un golpe fatal a las organizaciones populares, gremiales y otras que le dará un enorme respiro para seguir gobernando con puño de hierro lo que resta de su mandato…y cuatro años más, si las circunstancias se lo permiten.
Opinion
¿Cuál democracia?
7 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
(Por: Edmundo Orellana) Próximos a las elecciones, debemos preguntarnos: ¿Tenemos democracia en Honduras?
Desde 1980 hemos tenido, ininterrumpidamente, elecciones generales para elegir al presidente, diputados y alcaldes. Si practicar elecciones es democracia, entonces, tenemos democracia.
Elegir autoridades es, por supuesto, una expresión democrática, pero no agota el significado del vocablo democracia, cuyas más importantes características son las siguientes: la expresión sin restricciones de la voluntad popular y el control de esta sobre el ejercicio del poder público.
Estas características exigen del pueblo el conocimiento previo de sus responsabilidades para expresarse libremente y para ejercer ese control.
En la elección de las autoridades supremas, habrá que preguntarse: ¿es el pueblo el que escoge los candidatos que vota? Esa boleta que le entregan al votante contiene fotos o nombres de personas que, muy probablemente, sea la primera vez que los ve. Significa, entonces, que esos candidatos ya están seleccionados; en otras palabras, el votante no selecciona, simplemente vota al preseleccionado. En esa preselección no participa el votante.
¿Quién preselecciona el candidato? El líder (¿o, mejor dicho, el dueño?) del movimiento político que elabora las planillas para las elecciones primarias, en las que se eligen los candidatos que el partido ofrece oficialmente a la población políticamente activa para votarlos en las elecciones generales.
Esas elecciones primarias constituyen la primera etapa del proceso formal de elecciones. Hasta las últimas elecciones primarias, el TSE, supuestamente, las supervisaba; aún no se sabe quién las supervisará en el futuro, porque la ley respectiva todavía no ha sido aprobada. Sin embargo, es de lato conocimiento que esa supervisión ha sido muy débil y, en ciertos lugares, inexistente. Las elecciones primarias, en todo caso, las deciden anticipadamente los dueños de los movimientos porque son ellos los que escogen los candidatos que serán votados por los militantes del partido político.
Una vez electas las autoridades supremas en estos supuestos procesos democráticos, surge la otra pregunta: ¿El pueblo puede ejercer control sobre las autoridades que elige y que, supuestamente, son sus representantes?
Si el electo ejerce arbitrariamente el poder o dicta, sistemáticamente, medidas desfavorables para la población, ¿tiene el pueblo a su disposición los mecanismos para solucionar estos problemas? Fuera del juicio político, solo existen soluciones judiciales (jurisdicción constitucional o contencioso-administrativo) que no son idóneas para estos casos. Y el juicio político se diseñó con tanta complejidad que es muy difícil hacerlo efectivo.
Esos supuestos procesos democráticos, han servido a las élites para diseñar un estado que niega la República y rechaza la condición de representantes del pueblo a los que este elige como tales. En el primer caso, los poderes del Estado, que en virtud de la Constitución son independientes y complementarios, se han convertido en dependencias de una instancia denominada Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el Presidente de la República e integrado, en condiciones de subordinación, por el diputado-presidente, por el magistrado-presidente de la CSJ, el Fiscal General, el Jefe del Estado Mayor y el ministro de Seguridad. Con esta estructura se niega el Principio de la División de Poderes y también el de la seguridad jurídica, no solo porque participen el magistrado-presidente de la CSJ y el Fiscal General, sino porque a esa instancia se adscriben los tribunales con competencia nacional en materia penal, vía la policía militar del orden público, a la que aquella se integra.
En el segundo caso, se puede citar como ejemplo la condición del diputado-presidente, que, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es el poder supremo en el Congreso Nacional, a quien compete manejar el presupuesto libremente, decidir sobre las cuestiones administrativas y también orgánicas legislativas, así como sobre la dinámica del proceso legislativo, al grado de que solamente se conoce y se debate sobre las iniciativas que él, y solo él, decide someter a la Asamblea Legislativa (no ha reparado usted, distinguido lector, que cada vez que una crisis legislativa se soluciona, los diputados de todos los partidos, invariablemente, le agradecen, primero, a Dios y, después, al diputado-presidente; como si la voluntad colectiva de los diputados nada significase). Si no hay democracia en el parlamento, no hay democracia, porque los representantes del pueblo se someten voluntariamente a la voluntad de una sola persona.
En estas condiciones, debemos exigir democracia efectiva y no formal; urge, entonces, que digamos con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA!
Desde 1980 hemos tenido, ininterrumpidamente, elecciones generales para elegir al presidente, diputados y alcaldes. Si practicar elecciones es democracia, entonces, tenemos democracia.
Elegir autoridades es, por supuesto, una expresión democrática, pero no agota el significado del vocablo democracia, cuyas más importantes características son las siguientes: la expresión sin restricciones de la voluntad popular y el control de esta sobre el ejercicio del poder público.
Estas características exigen del pueblo el conocimiento previo de sus responsabilidades para expresarse libremente y para ejercer ese control.
En la elección de las autoridades supremas, habrá que preguntarse: ¿es el pueblo el que escoge los candidatos que vota? Esa boleta que le entregan al votante contiene fotos o nombres de personas que, muy probablemente, sea la primera vez que los ve. Significa, entonces, que esos candidatos ya están seleccionados; en otras palabras, el votante no selecciona, simplemente vota al preseleccionado. En esa preselección no participa el votante.
¿Quién preselecciona el candidato? El líder (¿o, mejor dicho, el dueño?) del movimiento político que elabora las planillas para las elecciones primarias, en las que se eligen los candidatos que el partido ofrece oficialmente a la población políticamente activa para votarlos en las elecciones generales.
Esas elecciones primarias constituyen la primera etapa del proceso formal de elecciones. Hasta las últimas elecciones primarias, el TSE, supuestamente, las supervisaba; aún no se sabe quién las supervisará en el futuro, porque la ley respectiva todavía no ha sido aprobada. Sin embargo, es de lato conocimiento que esa supervisión ha sido muy débil y, en ciertos lugares, inexistente. Las elecciones primarias, en todo caso, las deciden anticipadamente los dueños de los movimientos porque son ellos los que escogen los candidatos que serán votados por los militantes del partido político.
Una vez electas las autoridades supremas en estos supuestos procesos democráticos, surge la otra pregunta: ¿El pueblo puede ejercer control sobre las autoridades que elige y que, supuestamente, son sus representantes?
Si el electo ejerce arbitrariamente el poder o dicta, sistemáticamente, medidas desfavorables para la población, ¿tiene el pueblo a su disposición los mecanismos para solucionar estos problemas? Fuera del juicio político, solo existen soluciones judiciales (jurisdicción constitucional o contencioso-administrativo) que no son idóneas para estos casos. Y el juicio político se diseñó con tanta complejidad que es muy difícil hacerlo efectivo.
Esos supuestos procesos democráticos, han servido a las élites para diseñar un estado que niega la República y rechaza la condición de representantes del pueblo a los que este elige como tales. En el primer caso, los poderes del Estado, que en virtud de la Constitución son independientes y complementarios, se han convertido en dependencias de una instancia denominada Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el Presidente de la República e integrado, en condiciones de subordinación, por el diputado-presidente, por el magistrado-presidente de la CSJ, el Fiscal General, el Jefe del Estado Mayor y el ministro de Seguridad. Con esta estructura se niega el Principio de la División de Poderes y también el de la seguridad jurídica, no solo porque participen el magistrado-presidente de la CSJ y el Fiscal General, sino porque a esa instancia se adscriben los tribunales con competencia nacional en materia penal, vía la policía militar del orden público, a la que aquella se integra.
En el segundo caso, se puede citar como ejemplo la condición del diputado-presidente, que, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es el poder supremo en el Congreso Nacional, a quien compete manejar el presupuesto libremente, decidir sobre las cuestiones administrativas y también orgánicas legislativas, así como sobre la dinámica del proceso legislativo, al grado de que solamente se conoce y se debate sobre las iniciativas que él, y solo él, decide someter a la Asamblea Legislativa (no ha reparado usted, distinguido lector, que cada vez que una crisis legislativa se soluciona, los diputados de todos los partidos, invariablemente, le agradecen, primero, a Dios y, después, al diputado-presidente; como si la voluntad colectiva de los diputados nada significase). Si no hay democracia en el parlamento, no hay democracia, porque los representantes del pueblo se someten voluntariamente a la voluntad de una sola persona.
En estas condiciones, debemos exigir democracia efectiva y no formal; urge, entonces, que digamos con más fuerza que nunca: ¡BASTA YA!
