Plataforma anuncia reactivación de acciones de protesta para el jueves y viernes
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-En rechazo a las audiencias de descargo contra el magisterio y las represiones ejercidas contras los estudiantes universitarios y de educación media, la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación ha convocado a nuevas acciones de protesta a nivel nacional para mañana jueves y viernes 5 de julio.
Varios docentes que han participado en las protestas durante los últimos tres meses han denunciado que están siendo sometidos a audiencias de descargo.
La Plataforma denunció además la intensificación de la criminalización e intimidación contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de educación media.
El lunes 24 de junio un contingente militar ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) disparando sus potentes armas e hiriendo al instante a cinco estudiantes. Al día siguiente un grupo de estudiantes del Instituto Técnico Honduras de la colonia Kennedy fue brutalmente reprimido por militares y policías.
En razón de lo anterior, la Plataforma convocó a un plantón para mañana jueves a partir de las 7:00 de la mañana en el Instituto Técnico Luis Bográn en la colonia El Carrizal de Comayagüela y para el viernes, siempre a la misma hora, en el Instituto Central Vicente Cáceres, en la colonia Tiloarque, de Comayagüela.
En tanto los docentes de los municipios de nororiente y sur de Francisco Morazán fueron convocados a realizar actividades de protesta sin labores académicas en los tres niveles educativos. Misma acción que deberán emprender en los demás departamentos del país.
La Plataforma anunció que mañana jueves Instalará las mesas temáticas tendientes a desarrollar un proyecto de salud y educación que responda a las necesidades del pueblo hondureño. “Mañana se presentarán los coordinadores y los técnicos que trabajarán en cada una de las mesas, aseguraron”, señalaron.
Los médicos y docentes, llamaron también al pueblo hondureño a unirse a la Plataforma para hacerle frente a la crisis generada por el dengue, y que, según ellos, ha sido creada por la “incapacidad del gobierno”. En ese sentido, anunciaron que en los próximos días realizarán trabajos de limpieza y prevención en las escuelas públicas con mayor incidencia de la enfermedad, por lo que pidieron a los padres de familia que no envíen a sus hijos durante esos días.
Tegucigalpa.-En rechazo a las audiencias de descargo contra el magisterio y las represiones ejercidas contras los estudiantes universitarios y de educación media, la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación ha convocado a nuevas acciones de protesta a nivel nacional para mañana jueves y viernes 5 de julio.
Noticia Relacionada: Para tumbar a JOH, Plataforma debe retomar el paro nacional por unos cinco días
Al hacer la convocatoria, la dirigencia de la Plataforma manifestó que mientras los docentes se han concentrado en actividades académicas y organizativas en los centros educativos a nivel nacional, el gobierno ha intensificado sus acciones de represión laboral y hostigamientos contra los maestros interinos y contra aquellos que participan en la lucha.Varios docentes que han participado en las protestas durante los últimos tres meses han denunciado que están siendo sometidos a audiencias de descargo.
La Plataforma denunció además la intensificación de la criminalización e intimidación contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de educación media.
El lunes 24 de junio un contingente militar ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) disparando sus potentes armas e hiriendo al instante a cinco estudiantes. Al día siguiente un grupo de estudiantes del Instituto Técnico Honduras de la colonia Kennedy fue brutalmente reprimido por militares y policías.
En razón de lo anterior, la Plataforma convocó a un plantón para mañana jueves a partir de las 7:00 de la mañana en el Instituto Técnico Luis Bográn en la colonia El Carrizal de Comayagüela y para el viernes, siempre a la misma hora, en el Instituto Central Vicente Cáceres, en la colonia Tiloarque, de Comayagüela.
En tanto los docentes de los municipios de nororiente y sur de Francisco Morazán fueron convocados a realizar actividades de protesta sin labores académicas en los tres niveles educativos. Misma acción que deberán emprender en los demás departamentos del país.
La Plataforma anunció que mañana jueves Instalará las mesas temáticas tendientes a desarrollar un proyecto de salud y educación que responda a las necesidades del pueblo hondureño. “Mañana se presentarán los coordinadores y los técnicos que trabajarán en cada una de las mesas, aseguraron”, señalaron.
Los médicos y docentes, llamaron también al pueblo hondureño a unirse a la Plataforma para hacerle frente a la crisis generada por el dengue, y que, según ellos, ha sido creada por la “incapacidad del gobierno”. En ese sentido, anunciaron que en los próximos días realizarán trabajos de limpieza y prevención en las escuelas públicas con mayor incidencia de la enfermedad, por lo que pidieron a los padres de familia que no envíen a sus hijos durante esos días.
Asesinato de Berta Cáceres continúa sin sentencia escrita a seis meses de su emisión
MONTEVIDEO, URUGUAY
(Spútnik) A medio año de emitido el dictamen sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el tribunal aún no presentó la sentencia condenatoria por escrito y esto debilita el fallo, contó a Spútnik el vicepresidente de la Federación Internacional de DDHH (FIDH), Francisco Soto.
«A seis meses de emitido el fallo lamentablemente no hay una sentencia escrita por parte del tribunal; eso significa que el fallo en primera instancia no está firme hasta que esa sentencia escrita se pueda dar a las partes del proceso», señaló el abogado guatemalteco.
El defensor es uno de los integrantes de la Misión de Observación Calificada del juicio oral y público por el asesinato de la activista hondureña, que está acompañando el caso desde hace más de un año y medio.
Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Soto, quien también es Director del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, manifestó que la falta de una sentencia escrita les preocupa además porque la misión no puede brindar el informe completo sobre el acompañamiento del caso debido a que «el proceso no termina hasta que ese fallo no esté escrito».
Seis meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista y determinó que el crimen fue cometido «con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)» con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca y declaró culpables a siete de los ocho acusados.
Cáceres había realizado denuncias relacionadas a este proyecto hidroeléctrico por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.
Fuentes del Copinh dijeron a Spútnik que la demora en la emisión de la sentencia demuestra que «las irregularidades continúan estando presentes en el proceso y se demuestra la inoperancia del sistema de justicia hondureño, que tiene un uso político», expresó la organización.
«No hay ningún documento oficial escrito en el que se corrobore el fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas; lo que se dio el 29 de noviembre fue un fallo oral, si bien lo dijeron públicamente no hay ningún documento que respalde eso, las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso que tiene tanta trascendencia demuestra la inoperancia del sistema de justicia», dijo el Copinh a esta agencia.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recordó el miércoles en un comunicado que «es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables».
Además, opinaron que «en este caso el retraso de seis meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso».
Los abogados de los imputados por el asesinato de Cáceres denunciaron a mediados de mayo una supuesta manipulación de pruebas presentadas durante el juicio por parte de una perita del Ministerio Público.
Esto es cuestionado por Soto, debido a que considera que el momento en el que se debían presentar estos reclamos era durante el desarrollo del juicio, donde tendrían que haber demostrado que la prueba no cumple con los requisitos necesarios.
«El tribunal es el que valora los medios de prueba, si no lo hacen en ese momento obviamente después es una forma de tratar de defender algo que ya se valoró», explicó el abogado.
Según el Copinh, lo que la defensa está haciendo con estas alegaciones «es un show mediático, porque se dan cuenta de que jurídicamente su defendido, David Castillo, está muy involucrado, entonces lo que quieren es mediáticamente y con una narrativa política tratar de buscar exculparlo».
«Están diciendo que el Ministerio Público falsificó unas pruebas, lo cual es mentira; ellos pueden criticar todo lo que quieran el manejo de la prueba realizado por el Ministerio Público, critican a una perito que hace una interpretación de las comunicaciones, sin embargo la prueba habla por sí misma, no hace falta una interpretación de ningún perito para leer las comunicaciones», señaló el Copinh a esta agencia.
«Las comunicaciones de David Castillo y los demás imputados son las pruebas y en eso se fundamenta el caso y no en el análisis de ella, que fue quien sistematizó la información», agregaron desde la organización.
En paralelo a esta situación se está desarrollando en Honduras el juicio contra el único presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres que está siendo investigado, David Castillo Mejía (actualmente en prisión preventiva).
Ex gerente general de DESA, Mejía es acusado de actuar como nexo entre los autores materiales y la empresa, y se está esperando que finalice la audiencia preliminar para ver si se el caso se lleva o no a juicio.
«Que se esté cuestionando el proceso tiene un impacto en el otro proceso; aquí el tema es que el tribunal brinde certeza jurídica en el sentido de que emita su resolución por escrito y que las partes, conforme el procedimiento legal, presenten sus apelaciones si así lo consideran pertinente», opinó Soto.
El vicepresidente de la FIDH añadió que según su experiencia «la defensa siempre argumenta el mal manejo de los medios de prueba; es una forma de desacreditar las investigaciones y más que un planteamiento jurídico es un planteamiento político».
«Obviamente este es un caso de alto impacto en Centroamérica porque demuestra cómo los diferentes megaproyectos que se están implementando en esta región se están realizando sin el consentimiento y sin la aprobación de la población en los territorios en donde se están llevando a cabo», comentó el abogado guatemalteco.
Soto considera que el caso de Berta Cáceres es emblemático debido a que «demuestra cómo la empresa con tal de imponer estos proyectos llega al extremo de eliminar físicamente a las personas que se oponen».
El activista considera que si bien es algo que sucede mucho en esta región, en el caso de Cáceres esto logró ser probado en un tribunal.
(Spútnik) A medio año de emitido el dictamen sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres el tribunal aún no presentó la sentencia condenatoria por escrito y esto debilita el fallo, contó a Spútnik el vicepresidente de la Federación Internacional de DDHH (FIDH), Francisco Soto.
«A seis meses de emitido el fallo lamentablemente no hay una sentencia escrita por parte del tribunal; eso significa que el fallo en primera instancia no está firme hasta que esa sentencia escrita se pueda dar a las partes del proceso», señaló el abogado guatemalteco.
El defensor es uno de los integrantes de la Misión de Observación Calificada del juicio oral y público por el asesinato de la activista hondureña, que está acompañando el caso desde hace más de un año y medio.
Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
Soto, quien también es Director del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos, manifestó que la falta de una sentencia escrita les preocupa además porque la misión no puede brindar el informe completo sobre el acompañamiento del caso debido a que «el proceso no termina hasta que ese fallo no esté escrito».
Seis meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista y determinó que el crimen fue cometido «con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA)» con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca y declaró culpables a siete de los ocho acusados.
Cáceres había realizado denuncias relacionadas a este proyecto hidroeléctrico por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal.
Fuentes del Copinh dijeron a Spútnik que la demora en la emisión de la sentencia demuestra que «las irregularidades continúan estando presentes en el proceso y se demuestra la inoperancia del sistema de justicia hondureño, que tiene un uso político», expresó la organización.
«No hay ningún documento oficial escrito en el que se corrobore el fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas; lo que se dio el 29 de noviembre fue un fallo oral, si bien lo dijeron públicamente no hay ningún documento que respalde eso, las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso que tiene tanta trascendencia demuestra la inoperancia del sistema de justicia», dijo el Copinh a esta agencia.
Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recordó el miércoles en un comunicado que «es un deber de los jueces y juezas el dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables».
Además, opinaron que «en este caso el retraso de seis meses en la emisión de la sentencia no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable. Esta dilación vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso».
Los abogados de los imputados por el asesinato de Cáceres denunciaron a mediados de mayo una supuesta manipulación de pruebas presentadas durante el juicio por parte de una perita del Ministerio Público.
Esto es cuestionado por Soto, debido a que considera que el momento en el que se debían presentar estos reclamos era durante el desarrollo del juicio, donde tendrían que haber demostrado que la prueba no cumple con los requisitos necesarios.
«El tribunal es el que valora los medios de prueba, si no lo hacen en ese momento obviamente después es una forma de tratar de defender algo que ya se valoró», explicó el abogado.
Según el Copinh, lo que la defensa está haciendo con estas alegaciones «es un show mediático, porque se dan cuenta de que jurídicamente su defendido, David Castillo, está muy involucrado, entonces lo que quieren es mediáticamente y con una narrativa política tratar de buscar exculparlo».
«Están diciendo que el Ministerio Público falsificó unas pruebas, lo cual es mentira; ellos pueden criticar todo lo que quieran el manejo de la prueba realizado por el Ministerio Público, critican a una perito que hace una interpretación de las comunicaciones, sin embargo la prueba habla por sí misma, no hace falta una interpretación de ningún perito para leer las comunicaciones», señaló el Copinh a esta agencia.
«Las comunicaciones de David Castillo y los demás imputados son las pruebas y en eso se fundamenta el caso y no en el análisis de ella, que fue quien sistematizó la información», agregaron desde la organización.
En paralelo a esta situación se está desarrollando en Honduras el juicio contra el único presunto autor intelectual del asesinato de Cáceres que está siendo investigado, David Castillo Mejía (actualmente en prisión preventiva).
Ex gerente general de DESA, Mejía es acusado de actuar como nexo entre los autores materiales y la empresa, y se está esperando que finalice la audiencia preliminar para ver si se el caso se lleva o no a juicio.
«Que se esté cuestionando el proceso tiene un impacto en el otro proceso; aquí el tema es que el tribunal brinde certeza jurídica en el sentido de que emita su resolución por escrito y que las partes, conforme el procedimiento legal, presenten sus apelaciones si así lo consideran pertinente», opinó Soto.
El vicepresidente de la FIDH añadió que según su experiencia «la defensa siempre argumenta el mal manejo de los medios de prueba; es una forma de desacreditar las investigaciones y más que un planteamiento jurídico es un planteamiento político».
«Obviamente este es un caso de alto impacto en Centroamérica porque demuestra cómo los diferentes megaproyectos que se están implementando en esta región se están realizando sin el consentimiento y sin la aprobación de la población en los territorios en donde se están llevando a cabo», comentó el abogado guatemalteco.
Soto considera que el caso de Berta Cáceres es emblemático debido a que «demuestra cómo la empresa con tal de imponer estos proyectos llega al extremo de eliminar físicamente a las personas que se oponen».
El activista considera que si bien es algo que sucede mucho en esta región, en el caso de Cáceres esto logró ser probado en un tribunal.
Misión de Observación calificada en el caso Berta Cáceres, en
conferencia de prensa, expresó su preocupación debido a la falta de
sentencia escrita del fallo donde se declaran culpables a 7 autores
materiales del asesinato de Berta Cáceres.
En el comunicado, recalcaron que según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, sin embargo, han pasado ya 6 meses y aún no se emite sentencia escrita del fallo, lo que significa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales, “el procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen es una obligación y necesidad para el estado con el fin de garantizar la justicia” afirmaron.
“El retraso de 6 meses para entregar la sentencia escrita no nos parece razonable, la falta de emisión por escrito de la sentencia sobre los delitos cometidos es preocupante pues impide que la misma cobre firmeza y también pueda ser impugnada dentro de plazos razonables” agregó Joseph P. Berra, miembro de la Misión.
MAS ARTICULOS:
Isabel Solis, miembra de la Misión de Observación Calificada caso Berta Cáceres, nos comparte una mirada del proceso del caso por el asesinato de Berta Cáceres y también denuncia la manipulación mediática que se ha estado llevando a cabo por los abogados de David Castillo.
FORO: La Deuda de la Justicia: el impacto del 1er juicio en la causa Berta Cáceres
Tegucigalpa, 29 may (EFE).- La Misión de Observación Calificada, que da seguimiento al juicio por el asesinato el 3 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, expresó este miércoles su preocupación ante la demora sobre la sentencia que deberán cumplir las siete personas condenadas por el crimen.
En un comunicado de prensa, las organizaciones que integran la Misión de Observación expresan "su preocupación por el hecho que el Tribunal aún no haya dictado la sentencia condenatoria por escrito, lo que genera inseguridad jurídica en la causa".
Señala que el 29 de noviembre, la Corte reconoció que el asesinato de Cáceres fue "planeado" y ejecutado con el "pleno conocimiento y consentimiento" de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con la intención de detener la oposición a su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
"El fallo acredita una verdad sobre los hechos que coincide sustancialmente con las afirmaciones y declaraciones de la acusación privada desde el inicio de la investigación", dijo el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Juan Francisco Soto.
La resolución reconoce que Berta Cáceres fue "asesinada por ser líder indígena y defensora de los derechos humanos, de la tierra y del agua del pueblo lenca", subrayó Soto, también director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala.
Mariano Díaz, Douglas Bustillo, ambos exoficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa DESA, fueron condenados el 29 de noviembre de 2018 por el delito de asesinato.
Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.
Pero la sentencia que deberán cumplir los condenados se conocerá hasta después de que la Sala de lo Constitucional resuelva dos recursos de amparo presentados en enero de este año por abogados de la familia de la líder indígena.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La Misión Calificada indicó que durante el juicio observó "deficiencias estructurales en el sistema judicial hondureño que siguen planteando limitaciones y dificultades para el acceso de la población a la justicia".
Esos límites, añade, incluyen la "falta de resolución oportuna de los recursos judiciales, la omisión de la investigación de la autoría intelectual de los hechos y la limitación de los derechos de las víctimas".
"Es una obligación del Estado hondureño emitir un fallo por escrito contra los perpetradores", enfatizó Isabel Solís, investigadora de maya k"iche" y directora nacional de la Comisión de los Derechos Humanos en Guatemala.
Señaló que emitir la sentencia es un paso necesario para continuar con "la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales del crimen y para garantizar una verdadera justicia para la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)".
La Misión Calificada, cuyos miembros celebraron hoy un foro en Tegucigalpa, considera que "es imposible" divulgar su informe final sobre el juicio hasta que no haya una sentencia por escrito.
Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el fallo condenatorio representa "un avance" hacia el reconocimiento de "la verdad del caso y la exigencia de justicia".
A Cejil le preocupa también la "falta de una sentencia firme" en contra de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, y señaló que es "un deber" de los jueces "dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables".
El retraso en la sentencia "no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable" y la dilación "vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso", subrayó.
El caso de Cáceres representa "la grave situación de violencia e impunidad" que sufren los defensores de derechos humanos y ambientalistas en Latinoamérica, según Cejil.
Laura Zúñiga continua la lucha de su madre, Berta Cáceres, mientras combate la impunidad a tres años de su asesinato, y denuncia cómo el régimen hondureño sigue acosando a quienes defienden el territorio con la complicidad de estados como España. Por El Salto
Tiene solo 26 años y habla con el aplomo, la fluidez y la convicción de quien lleva mucho tiempo en la lucha y tiene muy claro el diagnóstico de las amenazas, la potencia que esconden algunas resistencias. Forma parte del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, como también formó parte su madre. Lucha para que se haga justicia para Berta Cáceres, y para todas las víctimas de la dictadura extractivista hondureña, y recuerda que para que esto suceda, también hay que presionar a estados como el español, con su carga de responsabilidad en lo que sigue pasando en Honduras.
Con Laura Zúñiga Cáceres pudimos conversar hace algunas semanas, cuando estuvo en Madrid para asistir a la presentación de un informe de la fiscalía española sobre el primer juicio del asesinato de su madre. Horas antes de tomar un vuelo de vuelta a casa, nos habló de la lucha del pueblo Lenca, de la resistencia de las mujeres hondureñas, de cómo la impunidad devora los derechos, y de la oleada represiva que se cierne sobre Latinoamérica.
¿En qué consiste el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca contra el que lleváis años luchando?
Es un proyecto que se genera a partir del Golpe de Estado de 2009 que se da en Honduras y de los paquetes de concesiones mineras y energéticas que se aprueban en ese momento. Como proyecto nace ya desde un lugar ilegal e ilegítimo, de fractura de la institucionalidad hondureña. Quien lo lleva adelante es la empresa de Desarrollos Energético Sociedad Anónima, DESA. Se trata de una empresa nueva que nace para ejecutar ese proyecto, pero sus socios, quienes tienen el capital, son personas que ya se dedican a este tipo de industria extractivista, los empresarios más ricos de Centroamérica, gente con mucho poder. En la estructura de DESA hay varios personajes, entre ellos David Castillo, que es el gerente general. Es un ex militar, que fue entrenado en el West Point en Estados Unidos, está vinculado a la Inteligencia y a partir de su rol como interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica logra tener información sobre el proyecto. Con esa información se asocia con esa familia rica, la familia Atala. Se juntan e intentan empezar a construir este proyecto, hidroeléctrica Agua Zarca, sobre un río llamado Gualcarque, que es un río que pasa por territorio Lenca. Nace en nuestro territorio y, para la cosmovisión Lenca, es un río sagrado.
Y para defender ese río, ¿cómo se organiza la resistencia?
El pueblo Lenca es un pueblo que, históricamente, ha defendido su territorio, tiene un anclaje y un entendimiento de qué implica el territorio, los ríos, el agua, el aire, el cielo, la tierra, nuestros propios cuerpos. Cuando empiezan a concesionarse estos paquetes después del golpe de estado, hay una alerta general en toda la población porque se concesionaron todos los ríos de la región Lenca. Concretamente, la población que hace resistencia a este proyecto, es la de Río Blanco, una comunidad que está en las orillas de río Gualcarque. Se empiezan a organizar en asambleas para decidir si entra o no el proyecto, más de cien asambleas deciden que no y se organiza esta población en el COPINH.
En el que momento en el que se empieza esa resistencia, Berta Cáceres es la directora general del COPINH, tiene ese liderazgo, aunque entendiendo que son los pueblos los que deciden. Empieza a denunciarse, se hacen tomas de carretera, y el primero de abril de 2013 se toma la calle que era donde pasaban las maquinarias, esa toma se conoce como la toma del Roble y duró casi un año. Eso es la resistencia, ha sido también hacer lo que se entiende como control territorial en los territorios ocupados por la empresa: ir y estar en ese lugar, caminar, recorrerlo como propio, porque realmente pertenece a los pueblos.
Queremos que el mismo Estado reconozca que la concesión de Agua Zarca es inconstitucional y es ilegal porque se da sin consulta hacia los pueblos, y además es criminal porque es un proyecto que se llevó la vida de Berta Cáceres, pero también de otros compañeros
También en los últimos años hemos llevado una lucha que tiene que ver con la parte jurídica: que el mismo Estado reconozca que esa concesión es inconstitucional y es ilegal porque se da sin consulta hacia los pueblos, y además es criminal porque es un proyecto que se llevó la vida de Berta Cáceres, mi mami, pero también de otros compañeros y compañeras, como por ejemplo la vida de Tomás Rodríguez, que también fue asesinado por defender el territorio y que era un líder de la comunidad.
¿Cuál es el lugar de las mujeres en la resistencia?
Cuando se da el golpe de estado hay un fenómeno que es bien bonito: toda la gente se une para luchar contra él porque se entiende que en ese momento histórico no podía suceder eso, y además porque era un atentado directo hacia la vida del pueblo hondureño. En ese encontrarse las mujeres se van también acuerpando, van tejiendo redes. Empieza a haber una lucha que va más allá del golpe y que tiene que ver también con todas las injusticias que se viven cotidianamente.
Se da también algo muy interesante: los liderazgos de las mujeres a nivel nacional. Una estaba acostumbrada a ver liderazgos de mujeres tal vez en la comunidad, más reducidos, con muchos problemas porque claro también está el machismo. Verlo a nivel nacional, fue bien interesante, animó a más mujeres a salir a organizarse, se creó ahí Feministas en Resistencia, una nueva propuesta feminista que no venía de estar sentada en una oficina, de lo que siempre se entendió —a veces mal— como feminismo en el sentido de algo medio burgués. Estas feministas venían de la calle, del enfrentarse con la policía, de poner el cuerpo a la represión.
¿De qué manera ha atravesado el eje feminista al COPINH?
Venimos de 26 años de construir, de debatir, de disputar espacios en los que se decidió asumirse, siendo una asociación mixta e indígena que tiene cargas históricas de machismo bien importantes, como una organización antipatriarcal. Eso fue muy importante, y en esa decisión también se dijo que el 50% de la directiva tenía obligatoriamente que ser conformada por mujeres.
Las mujeres en el COPINH tienen un papel de liderazgo, tienen un papel de guardar la memoria histórica del pueblo, y tienen un papel, también, de guardar el tejido social que muchas veces se rompe en la represión de una dictadura. La implementación de un proyecto extractivo busca romper el tejido social y somos las mujeres las que en este momento estamos guardando este tejido, reconstruyéndolo desde la comunidad pero tambien desde esta línea intergeneracional.
Las mujeres en el COPINH tienen un papel de liderazgo, de guardar la memoria histórica del pueblo, y de preservar el tejido social que muchas veces se rompe en la represión de una dictaduraYo soy hija, como mi mami es hija, y este guardar la resistencia como desde otro lugar, desde otro espacio, también es interesante pensarlo en el rol de las mujeres, sobre todo las indígenas, que guardamos la memoria diferente, que nos entendemos enlazadas desde otro lugar que tiene que ver también con la espiritualidad, con la resistencia, con la lucha, con nuestro mismo cuerpo como un territorio en disputa. Los cuerpos de las mujeres tuvieron muchas veces que revelarse a ser trofeos de guerra. Toda esa historia es lo que también se va guardando: es esa capacidad de tejer redes, incluso conspirar, frente a los otros. Lo aprendimos siempre, pues siempre venimos haciendo esa resistencia para vivir, por eso estamos vivas, por eso hay mujeres indígenas, por eso hay pueblos indígenas.
A veces se relaciona vuestra lucha con el ecofeminismo
Yo creo que hemos asumido en el COPINH la lucha antipatriarcal porque vamos intentando construirla desde la base. Nos cuesta como organización asumirnos feministas, porque eso también implica una responsabilidad. Vamos construyendo ese camino gracias a otras compañeras, pero nosotras, por ahora, nos asumimos como antipatriarcales.
Personalmente, junto a otras compañeras del COPINH, intentemos trabajar desde el feminismo, sobretodo desde los feminismos territoriales, comunitarios, porque también es nuestra realidad, y porque entendemos también que hay que trabajar un feminismo descolonizado frente a la historia que nos plantea el feminismo blanco, o el feminismo de Europa, como cuando se reivindica a las brujas que quemaron acá —y que es super interesante y hay que reivindicarlas— pero se desaparece también toda la historia de las mujeres de América Latina. Intentamos proponer desde ahí, enlazando y tejiendo redes con feministas de otros lugares.
El extractivismo es un proceso que se reproduce a nivel regional provocando la resistencia de los pueblos ¿con qué otras luchas os sentís vinculadas en el continente?¿qué alianzas se trazan?
Yo creo que cada país tiene sus particularidades, cada zona tiene sus propias especificidades de qué es lo que se quiere extraer, la forma en la que se hace. Pensamos en Honduras, en que ha sido el portavión de los Estados Unidos, por ejemplo, donde se han ensayado políticas de represión. Nuestra historia es diferente a la de El Salvador y Guatemala, pero toda la región tiene problemas comunes y al final las fronteras se diluyen cuando nos pensamos como pueblo.
Hemos visto cómo en los últimos años empieza a haber una ofensiva represiva, los gobiernos de derecha empiezan a ser mucho más virulentos, y esto nos sitúa en lugares muy parecidos, porque también las políticas de Estados Unidos o Europa, las estrategias que se dan para saquear nuestro territorio, son similares, van entendiendo qué es lo que les funciona en un lugar, qué no les funciona, y cómo romper esto de lo que hablábamos que son los tejidos sociales. Vimos por ejemplo cómo el golpe de Estado en Honduras habilita golpes de Estado en Paraguay y en Brasil, yo creo que la fractura de la institucionalidad es algo muy marcado y que marca la construcción de la lucha desde otro lugar. No es lo mismo un gobierno que llega por elección que un gobierno que se impone por la fuerza, a pesar de que tengan políticas muy similares. Eso nos hermana y también nos crea mucha empatía, nosotros con Brasil tenemos mucha empatía porque entendemos la indignación de lo que es un golpe de Estado. Está también la represión concentrada en los pueblos indígenas, la estigmatización, y las políticas de asesinato que vemos en Colombia. Sabemos que son políticas que se aplican ahí, pero que esas formas bestiales de represión se ensayan, aprenden, practican también en nuestros territorios. O la guerra contra el narco que se dio en México, pero también todas las redes de narcotráfico y trata que se hermanan con las empresas extractivas. En México eso pasa.
Empezar a ser disruptivas respecto a sociedades conservadoras es muy importante, que se hable en Argentina o en Chile del aborto, nos habilita la posibilidad de que en una sociedad tan conservadora como la de Honduras se pueda hablar de aborto Vamos aprendiendo que nuestros pueblos tienen luchas similares pero también que ejercen mucha resistencia, nosotros nos hermanamos en la lucha contra la militarización, en los 2000, cuando ni siquiera nos imaginamos que habría un golpe de estado, ya estábamos organizados con otros pueblos, con otras regiones aprendiendo sobre Colombia, sobre México, nos hermanamos contra los Tratados de Libre Comercio. Ahora, por ejemplo, con muchos pueblos estamos pensando cómo se quiere hacer retroceder el derecho a la consulta, que es tan básico. El convenio 169 de la OIT, que en su momento fue progresivo, la misma OIT lo quiere hacer retroceder quitándonos derechos. Podemos encontrar muchos puntos en común también en tema de las mujeres. Salir a las calles, empezar a ser disruptivas respecto a sociedades conservadoras es muy importante, que se hable en Argentina o en Chile del aborto, nos habilita la posibilidad de que en una sociedad tan conservadora como la de Honduras se pueda hablar de aborto, se pueda incluso proponer que la pastilla anticonceptiva de emergencia no sea penada. América Latina a veces se siente como un solo pueblo, se crea teoría, se crean narrativas desde ese lugar que son muy ricas. Voy a otros lugares y escucho debates que en América Latina los tenemos superados, y ahí se ve el acumulado histórico, teórico, político, organizativo que tenemos.
¿Qué precio específico pagan las mujeres por resistir?
Para las mujeres defender el territorio tiene grandes dificultades. Primero se asume el riesgo que tiene todo ser humano y es que le puedan criminalizar, que le hagan campañas de odio, que lo puedan matar. Pero además de eso se usa para la ruptura del tejido social todo el ataque, todas las estrategias que el patriarcado ha construido durante tantos años para acabar con la resistencia. Vemos, por ejemplo, las campañas que se basan en su vida personal, en lo que usted hace o deja de hacer. Se instala como legítimo que alguien la pueda asesinar por ser su pareja o tener un grado de intimidad. Imagínense ustedes que DESA lo que propone es que mi mami era amiga del gerente general de la empresa, era no sólo el que reprimía, el que aplicaba las políticas de represión, el que daba las estrategias, también era un acosador, la buscaba, la perseguía, y eso se presenta como una amistad por parte de la empresa. Es muy retorcido. Utilizan su vida personal y además utilizan a veces las debilidades que una tiene como mujer, porque nosotras nacimos en el patriarcado. Intentamos no caer, pero una nunca se salva de ser vulnerable ante la violencia machista que no siempre viene de las empresas o de los gobiernos, sino que a veces viene de los compañeros.
Existe además como posibilidad para las mujeres la violencia sexual , existe la estigmatización, que le hagan escarnio público por lo que usted hace o deja de hacer: las empresas extractivistas y los gobiernos tienes muchas más herramientas para el ataque hacia las mujeres con una sociedad que legitima estos ataques, que los ve normales. Crean discursos en los que a una le dicen, bruja, puta, o que se vende, todo esto lo van narrando y lo van construyendo. Que por qué no se preocupa por su casa, de su pareja, y eso entonces invisibiliza toda la lucha que una tiene. Es complicado a veces pero yo creo que también una tiene su fortaleza, no es que la doblan así no más.
Viniste a Madrid para estar en la presentación de un informe de la fiscalía española sobre el primer juicio relativo al asesinato de tu madre, ¿cuáles fueron las principales conclusiones?
Una de las cosas que a mi me llaman la atención tiene que ver con la continua exclusión que sufrimos como víctimas. Exclusión por parte del sistema judicial que no nos reconoció, que nunca nos dio información, que no nos tomó en cuenta y que nunca respondió a nuestras dudas. Respondía a la prensa, pero no a nosotras. Hay un momento concreto que es cuando nos expulsan del proceso judicial, expulsan a nuestros abogados pero también nos niegan la posibilidad de estar presentes incluso en el juicio de los asesinos de mi madre. Nos sacaron. También sobre la pérdida del expediente: una jueza lo saca, casualmente se lo roban, y ante eso la suspendieron por un a mes con goce de sueldo, le dieron un mes de vacaciones, También se habló sobre las pruebas, porque no se permitió que se admitieran pruebas propuestas por nosotras, cuando hacíamos parte. Se saca información que es prueba importante para el caso de la empresa DESA y nunca se llama como testigos a quienes administran, a los socios de esa empresa. ¿Por qué no, si tienen una conexión directa?
Una necesita seguir retando al sistema judicial para que responda a las víctimas, no solo en el caso de Berta Cáceres sino de un montón de casos que están en la impunidad en Honduras
Son dudas que a una le quedan, no nos aceptaron cosas que nos parecían bastante lógicas. Al final yo creo que la conclusión es que una necesita seguir retando al sistema judicial para que responda a las víctimas, no solo en el caso de Berta Cáceres sino de un montón de casos que están en la impunidad en Honduras. Seguimos con eso, y esas son las conclusiones que sacaron en una misión de observación sobre este primer juicio, eran juristas, gente experta en el tema.
¿Hasta dónde llega esa impunidad?
En el caso de Berta Cáceres vemos un montón de procesos judiciales que tiene a personas de diferentes niveles: se está evidenciando en el primer juicio que era contra los autores materiales, sicarios, intermediarios, gente que participó monitoreando el operativo, pero no llegamos a ver nunca a quienes pagaron por ese asesinato, y esa es la ausencia, que usted va por todos los casos y no encuentra actores intelectuales, quienes pagaron, quienes corrompen a los funcionarios públicos, entonces siempre hay impunidad.
Otra cosa que llama la atención es que hay un montón de militares y exmilitares, condenados incluso, pero no hay ninguna acción jurídica para ver cuál es el vínculo de las fuerzas armadas en este asesinato, tampoco se ha visto cual es el vínculo de los funcionarios públicos importantes. Hablamos de que el Ministro de Seguridad, por ejemplo, daba declaraciones en el sentido de que el asesinato de mi mami era un crimen pasional antes incluso de que se levantase su cuerpo. Se estaba comunicando con la gente de DESA, lo sabemos porque tuvimos acceso a pruebas donde se le oía diciendo cual era la versión que iba a dar.
Cómo puede tener la capacidad un ministro de decirle a un empresario: mire vamos a ir por acá, vamos a decir eso. Hay un nivel ahí de impunidad: que en el caso de Berta Cáceres, que es el caso más sonado en Honduras y América Latina, que hemos logrado por suerte tener un arco de solidaridad tan amplio, no haya justicia, abre la puerta para que lleguen a matar a cualquiera. Cuando nosotras hablamos de justicia para Berta hablamos de justicia para las miles de personas que han sido asesinadas por defender el territorio, pero también hablamos de protección para quienes lo están haciendo ahora. Mientras no haya justicia no va a haber protección sobre los que estamos todavía haciendo este trabajo que somos muchas en Honduras, en América Latina y en el mundo. ¿Qué rol tiene España y la Unión Europea en la situación en Honduras? El estado español es socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el único banco que no se ha retirado del proyecto de Agua Zarca, los otros —el FMO holandés y el FinnFund, finés— se fueron por toda la campaña que se hizo. Por eso uno cuando viene acá necesita que la gente se sume, porque a los gobiernos no les interesa lo que dice el pueblo hondureño, les interesa lo que digan sus propios pueblos, pues se tratan a veces de fondos públicos. Todavía ahora venimos acá preguntando por qué el estado español, como socio de este banco, no ha presionado para que se salga de este proyecto.
La Cooperación española ayuda a crear un código procesal penal criminalizante a la protesta social. Que habla de terrorismo en un país donde jamás en la vida ha habido eventos terroristas,También tenemos la Cooperación española que ayuda a crear un código procesal penal criminalizante a la protesta social. Forma parte de la estrategia para fortalecer el sistema judicial: establecer un código que habilita para que se abran un montón de procesos. Habla de terrorismo en un país donde jamás en la vida ha habido eventos terroristas, nosotros jamás hemos tenido esa realidad, habla de terrorismo porque se lo dedica a quienes luchamos por la defensa de los territorios, porque siempre ha estado la narrativa de que somos terroristas, de que somos mareros, de que somos cualquier cosa. Y mientras tanto, España sigue financiando al sistema judicial que no funciona, que tiene más del 90% de impunidad en el crimen y que ni siquiera responde al crimen más mediático. Se sigue acompañando con fondos, con apoyo político, a la dictadura en Honduras, porque la dictadura en Honduras es funcional al extractivismo, es funcional a las madereras, nuestro oro se siguen viniendo, nuestros minerales se siguen viniendo para acá y otros lugares, Honduras manda mucha mano de obra barata, porque nuestros migrantes son eso, mano de obra casi esclava.
Entonces, claro, le sigue beneficiando la dictadura al primer mundo, a los estados de bienestar. Yo creo que es importante que se entienda este rol de países como España porque a veces dicen: “por qué los hondureños no resuelven sus problemas y tienen que salir”. Porque nuestros problemas se basan en todo este sistema extractivo, que está avalado, acompañado por estos estados, de ahí la responsabilidad que tienen sobre la realidad hondureña.
La docente exigía el retorno del orden constitucional, roto el 28 de junio, por lo que se movilizó desde el departamento de Olancho para unirse a la manifestantes en Tegucigalpa.
Tras ser víctima de violaciones a sus derechos por parte de la Policía Nacional, Flored fue acusada de terrorismo, entre otros delitos y enviada al Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), la cárcel para mujeres en Támara.
Fue una larga noche para dar con el paradero de la maestra. La alerta la hizo su hermana menor, Bertita, quien llamó a Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que representa y acompaña a Agustina.
Al lograr su libertad tras varios días en prisión, Flores junto al COFADEH, iniciaron el proceso de denuncia contra las victimarias, y tras 10 años de exigencia de justicia, hoy se llega a juicio oral y público.
Cabe señalar que los operadores de justicia fueron desestimando los cargos contra las agentes policiales Esther Ponce y Aracely García, y solo serán enjuiciadas por el delito de vejámenes contra la defensora de de derechos humanos, Agustina Flores.
El juicio será este viernes 07 de junio, en la Sala I Tribunales de Justicia CSJ, a las nueve de la mañana.
Tegucigalpa
En el comunicado, recalcaron que según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia, sin embargo, han pasado ya 6 meses y aún no se emite sentencia escrita del fallo, lo que significa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales, “el procesamiento, enjuiciamiento y condena de los responsables materiales e intelectuales del crimen es una obligación y necesidad para el estado con el fin de garantizar la justicia” afirmaron.
“El retraso de 6 meses para entregar la sentencia escrita no nos parece razonable, la falta de emisión por escrito de la sentencia sobre los delitos cometidos es preocupante pues impide que la misma cobre firmeza y también pueda ser impugnada dentro de plazos razonables” agregó Joseph P. Berra, miembro de la Misión.
MAS ARTICULOS:
FEED NOTICIAS: BERTA CÁCERES – Observadores preocupados por demora en la sentencia a asesinos de Berta Cáceres
SPUTNIK INTERNACIONAL: Mueller Resigns but the Russiagate Conspiracy Hoax Lives On
CONFIDENCIAL HN: Asesinato de Berta Cáceres continúa sin sentencia escrita a seis meses de su emisión
Isabel Solis, miembra de la Misión de Observación Calificada caso Berta Cáceres, nos comparte una mirada del proceso del caso por el asesinato de Berta Cáceres y también denuncia la manipulación mediática que se ha estado llevando a cabo por los abogados de David Castillo.
FORO: La Deuda de la Justicia: el impacto del 1er juicio en la causa Berta Cáceres
Observadores preocupados por demora en la sentencia a asesinos de Berta Cáceres
05/29/2019
Tegucigalpa, 29 may (EFE).- La Misión de Observación Calificada, que da seguimiento al juicio por el asesinato el 3 de marzo de 2016 de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, expresó este miércoles su preocupación ante la demora sobre la sentencia que deberán cumplir las siete personas condenadas por el crimen.
En un comunicado de prensa, las organizaciones que integran la Misión de Observación expresan "su preocupación por el hecho que el Tribunal aún no haya dictado la sentencia condenatoria por escrito, lo que genera inseguridad jurídica en la causa".
Señala que el 29 de noviembre, la Corte reconoció que el asesinato de Cáceres fue "planeado" y ejecutado con el "pleno conocimiento y consentimiento" de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con la intención de detener la oposición a su proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
"El fallo acredita una verdad sobre los hechos que coincide sustancialmente con las afirmaciones y declaraciones de la acusación privada desde el inicio de la investigación", dijo el vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Juan Francisco Soto.
La resolución reconoce que Berta Cáceres fue "asesinada por ser líder indígena y defensora de los derechos humanos, de la tierra y del agua del pueblo lenca", subrayó Soto, también director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos en Guatemala.
Mariano Díaz, Douglas Bustillo, ambos exoficiales del Ejército de Honduras, y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa DESA, fueron condenados el 29 de noviembre de 2018 por el delito de asesinato.
Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.
Pero la sentencia que deberán cumplir los condenados se conocerá hasta después de que la Sala de lo Constitucional resuelva dos recursos de amparo presentados en enero de este año por abogados de la familia de la líder indígena.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
La Misión Calificada indicó que durante el juicio observó "deficiencias estructurales en el sistema judicial hondureño que siguen planteando limitaciones y dificultades para el acceso de la población a la justicia".
Esos límites, añade, incluyen la "falta de resolución oportuna de los recursos judiciales, la omisión de la investigación de la autoría intelectual de los hechos y la limitación de los derechos de las víctimas".
"Es una obligación del Estado hondureño emitir un fallo por escrito contra los perpetradores", enfatizó Isabel Solís, investigadora de maya k"iche" y directora nacional de la Comisión de los Derechos Humanos en Guatemala.
Señaló que emitir la sentencia es un paso necesario para continuar con "la investigación, juicio y sanción de todos los autores intelectuales del crimen y para garantizar una verdadera justicia para la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)".
La Misión Calificada, cuyos miembros celebraron hoy un foro en Tegucigalpa, considera que "es imposible" divulgar su informe final sobre el juicio hasta que no haya una sentencia por escrito.
Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el fallo condenatorio representa "un avance" hacia el reconocimiento de "la verdad del caso y la exigencia de justicia".
A Cejil le preocupa también la "falta de una sentencia firme" en contra de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, y señaló que es "un deber" de los jueces "dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia en plazos razonables".
El retraso en la sentencia "no tiene justificación alguna ni responde a un plazo razonable" y la dilación "vulnera el debido proceso acrecentando el riesgo de impunidad e impacta negativamente en otros procesos en curso", subrayó.
El caso de Cáceres representa "la grave situación de violencia e impunidad" que sufren los defensores de derechos humanos y ambientalistas en Latinoamérica, según Cejil.
25/05/2019
Laura Zúñiga Cáceres: “España tiene una responsabilidad en la realidad hondureña”
Laura Zúñiga continua la lucha de su madre, Berta Cáceres, mientras combate la impunidad a tres años de su asesinato, y denuncia cómo el régimen hondureño sigue acosando a quienes defienden el territorio con la complicidad de estados como España. Por El Salto
Tiene solo 26 años y habla con el aplomo, la fluidez y la convicción de quien lleva mucho tiempo en la lucha y tiene muy claro el diagnóstico de las amenazas, la potencia que esconden algunas resistencias. Forma parte del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, como también formó parte su madre. Lucha para que se haga justicia para Berta Cáceres, y para todas las víctimas de la dictadura extractivista hondureña, y recuerda que para que esto suceda, también hay que presionar a estados como el español, con su carga de responsabilidad en lo que sigue pasando en Honduras.
Con Laura Zúñiga Cáceres pudimos conversar hace algunas semanas, cuando estuvo en Madrid para asistir a la presentación de un informe de la fiscalía española sobre el primer juicio del asesinato de su madre. Horas antes de tomar un vuelo de vuelta a casa, nos habló de la lucha del pueblo Lenca, de la resistencia de las mujeres hondureñas, de cómo la impunidad devora los derechos, y de la oleada represiva que se cierne sobre Latinoamérica.
¿En qué consiste el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca contra el que lleváis años luchando?
Es un proyecto que se genera a partir del Golpe de Estado de 2009 que se da en Honduras y de los paquetes de concesiones mineras y energéticas que se aprueban en ese momento. Como proyecto nace ya desde un lugar ilegal e ilegítimo, de fractura de la institucionalidad hondureña. Quien lo lleva adelante es la empresa de Desarrollos Energético Sociedad Anónima, DESA. Se trata de una empresa nueva que nace para ejecutar ese proyecto, pero sus socios, quienes tienen el capital, son personas que ya se dedican a este tipo de industria extractivista, los empresarios más ricos de Centroamérica, gente con mucho poder. En la estructura de DESA hay varios personajes, entre ellos David Castillo, que es el gerente general. Es un ex militar, que fue entrenado en el West Point en Estados Unidos, está vinculado a la Inteligencia y a partir de su rol como interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica logra tener información sobre el proyecto. Con esa información se asocia con esa familia rica, la familia Atala. Se juntan e intentan empezar a construir este proyecto, hidroeléctrica Agua Zarca, sobre un río llamado Gualcarque, que es un río que pasa por territorio Lenca. Nace en nuestro territorio y, para la cosmovisión Lenca, es un río sagrado.
Y para defender ese río, ¿cómo se organiza la resistencia?
El pueblo Lenca es un pueblo que, históricamente, ha defendido su territorio, tiene un anclaje y un entendimiento de qué implica el territorio, los ríos, el agua, el aire, el cielo, la tierra, nuestros propios cuerpos. Cuando empiezan a concesionarse estos paquetes después del golpe de estado, hay una alerta general en toda la población porque se concesionaron todos los ríos de la región Lenca. Concretamente, la población que hace resistencia a este proyecto, es la de Río Blanco, una comunidad que está en las orillas de río Gualcarque. Se empiezan a organizar en asambleas para decidir si entra o no el proyecto, más de cien asambleas deciden que no y se organiza esta población en el COPINH.
En el que momento en el que se empieza esa resistencia, Berta Cáceres es la directora general del COPINH, tiene ese liderazgo, aunque entendiendo que son los pueblos los que deciden. Empieza a denunciarse, se hacen tomas de carretera, y el primero de abril de 2013 se toma la calle que era donde pasaban las maquinarias, esa toma se conoce como la toma del Roble y duró casi un año. Eso es la resistencia, ha sido también hacer lo que se entiende como control territorial en los territorios ocupados por la empresa: ir y estar en ese lugar, caminar, recorrerlo como propio, porque realmente pertenece a los pueblos.
Queremos que el mismo Estado reconozca que la concesión de Agua Zarca es inconstitucional y es ilegal porque se da sin consulta hacia los pueblos, y además es criminal porque es un proyecto que se llevó la vida de Berta Cáceres, pero también de otros compañeros
También en los últimos años hemos llevado una lucha que tiene que ver con la parte jurídica: que el mismo Estado reconozca que esa concesión es inconstitucional y es ilegal porque se da sin consulta hacia los pueblos, y además es criminal porque es un proyecto que se llevó la vida de Berta Cáceres, mi mami, pero también de otros compañeros y compañeras, como por ejemplo la vida de Tomás Rodríguez, que también fue asesinado por defender el territorio y que era un líder de la comunidad.
¿Cuál es el lugar de las mujeres en la resistencia?
Cuando se da el golpe de estado hay un fenómeno que es bien bonito: toda la gente se une para luchar contra él porque se entiende que en ese momento histórico no podía suceder eso, y además porque era un atentado directo hacia la vida del pueblo hondureño. En ese encontrarse las mujeres se van también acuerpando, van tejiendo redes. Empieza a haber una lucha que va más allá del golpe y que tiene que ver también con todas las injusticias que se viven cotidianamente.
Se da también algo muy interesante: los liderazgos de las mujeres a nivel nacional. Una estaba acostumbrada a ver liderazgos de mujeres tal vez en la comunidad, más reducidos, con muchos problemas porque claro también está el machismo. Verlo a nivel nacional, fue bien interesante, animó a más mujeres a salir a organizarse, se creó ahí Feministas en Resistencia, una nueva propuesta feminista que no venía de estar sentada en una oficina, de lo que siempre se entendió —a veces mal— como feminismo en el sentido de algo medio burgués. Estas feministas venían de la calle, del enfrentarse con la policía, de poner el cuerpo a la represión.
¿De qué manera ha atravesado el eje feminista al COPINH?
Venimos de 26 años de construir, de debatir, de disputar espacios en los que se decidió asumirse, siendo una asociación mixta e indígena que tiene cargas históricas de machismo bien importantes, como una organización antipatriarcal. Eso fue muy importante, y en esa decisión también se dijo que el 50% de la directiva tenía obligatoriamente que ser conformada por mujeres.
Las mujeres en el COPINH tienen un papel de liderazgo, tienen un papel de guardar la memoria histórica del pueblo, y tienen un papel, también, de guardar el tejido social que muchas veces se rompe en la represión de una dictadura. La implementación de un proyecto extractivo busca romper el tejido social y somos las mujeres las que en este momento estamos guardando este tejido, reconstruyéndolo desde la comunidad pero tambien desde esta línea intergeneracional.
Las mujeres en el COPINH tienen un papel de liderazgo, de guardar la memoria histórica del pueblo, y de preservar el tejido social que muchas veces se rompe en la represión de una dictaduraYo soy hija, como mi mami es hija, y este guardar la resistencia como desde otro lugar, desde otro espacio, también es interesante pensarlo en el rol de las mujeres, sobre todo las indígenas, que guardamos la memoria diferente, que nos entendemos enlazadas desde otro lugar que tiene que ver también con la espiritualidad, con la resistencia, con la lucha, con nuestro mismo cuerpo como un territorio en disputa. Los cuerpos de las mujeres tuvieron muchas veces que revelarse a ser trofeos de guerra. Toda esa historia es lo que también se va guardando: es esa capacidad de tejer redes, incluso conspirar, frente a los otros. Lo aprendimos siempre, pues siempre venimos haciendo esa resistencia para vivir, por eso estamos vivas, por eso hay mujeres indígenas, por eso hay pueblos indígenas.
A veces se relaciona vuestra lucha con el ecofeminismo
Yo creo que hemos asumido en el COPINH la lucha antipatriarcal porque vamos intentando construirla desde la base. Nos cuesta como organización asumirnos feministas, porque eso también implica una responsabilidad. Vamos construyendo ese camino gracias a otras compañeras, pero nosotras, por ahora, nos asumimos como antipatriarcales.
Personalmente, junto a otras compañeras del COPINH, intentemos trabajar desde el feminismo, sobretodo desde los feminismos territoriales, comunitarios, porque también es nuestra realidad, y porque entendemos también que hay que trabajar un feminismo descolonizado frente a la historia que nos plantea el feminismo blanco, o el feminismo de Europa, como cuando se reivindica a las brujas que quemaron acá —y que es super interesante y hay que reivindicarlas— pero se desaparece también toda la historia de las mujeres de América Latina. Intentamos proponer desde ahí, enlazando y tejiendo redes con feministas de otros lugares.
El extractivismo es un proceso que se reproduce a nivel regional provocando la resistencia de los pueblos ¿con qué otras luchas os sentís vinculadas en el continente?¿qué alianzas se trazan?
Yo creo que cada país tiene sus particularidades, cada zona tiene sus propias especificidades de qué es lo que se quiere extraer, la forma en la que se hace. Pensamos en Honduras, en que ha sido el portavión de los Estados Unidos, por ejemplo, donde se han ensayado políticas de represión. Nuestra historia es diferente a la de El Salvador y Guatemala, pero toda la región tiene problemas comunes y al final las fronteras se diluyen cuando nos pensamos como pueblo.
Hemos visto cómo en los últimos años empieza a haber una ofensiva represiva, los gobiernos de derecha empiezan a ser mucho más virulentos, y esto nos sitúa en lugares muy parecidos, porque también las políticas de Estados Unidos o Europa, las estrategias que se dan para saquear nuestro territorio, son similares, van entendiendo qué es lo que les funciona en un lugar, qué no les funciona, y cómo romper esto de lo que hablábamos que son los tejidos sociales. Vimos por ejemplo cómo el golpe de Estado en Honduras habilita golpes de Estado en Paraguay y en Brasil, yo creo que la fractura de la institucionalidad es algo muy marcado y que marca la construcción de la lucha desde otro lugar. No es lo mismo un gobierno que llega por elección que un gobierno que se impone por la fuerza, a pesar de que tengan políticas muy similares. Eso nos hermana y también nos crea mucha empatía, nosotros con Brasil tenemos mucha empatía porque entendemos la indignación de lo que es un golpe de Estado. Está también la represión concentrada en los pueblos indígenas, la estigmatización, y las políticas de asesinato que vemos en Colombia. Sabemos que son políticas que se aplican ahí, pero que esas formas bestiales de represión se ensayan, aprenden, practican también en nuestros territorios. O la guerra contra el narco que se dio en México, pero también todas las redes de narcotráfico y trata que se hermanan con las empresas extractivas. En México eso pasa.
Empezar a ser disruptivas respecto a sociedades conservadoras es muy importante, que se hable en Argentina o en Chile del aborto, nos habilita la posibilidad de que en una sociedad tan conservadora como la de Honduras se pueda hablar de aborto Vamos aprendiendo que nuestros pueblos tienen luchas similares pero también que ejercen mucha resistencia, nosotros nos hermanamos en la lucha contra la militarización, en los 2000, cuando ni siquiera nos imaginamos que habría un golpe de estado, ya estábamos organizados con otros pueblos, con otras regiones aprendiendo sobre Colombia, sobre México, nos hermanamos contra los Tratados de Libre Comercio. Ahora, por ejemplo, con muchos pueblos estamos pensando cómo se quiere hacer retroceder el derecho a la consulta, que es tan básico. El convenio 169 de la OIT, que en su momento fue progresivo, la misma OIT lo quiere hacer retroceder quitándonos derechos. Podemos encontrar muchos puntos en común también en tema de las mujeres. Salir a las calles, empezar a ser disruptivas respecto a sociedades conservadoras es muy importante, que se hable en Argentina o en Chile del aborto, nos habilita la posibilidad de que en una sociedad tan conservadora como la de Honduras se pueda hablar de aborto, se pueda incluso proponer que la pastilla anticonceptiva de emergencia no sea penada. América Latina a veces se siente como un solo pueblo, se crea teoría, se crean narrativas desde ese lugar que son muy ricas. Voy a otros lugares y escucho debates que en América Latina los tenemos superados, y ahí se ve el acumulado histórico, teórico, político, organizativo que tenemos.
¿Qué precio específico pagan las mujeres por resistir?
Para las mujeres defender el territorio tiene grandes dificultades. Primero se asume el riesgo que tiene todo ser humano y es que le puedan criminalizar, que le hagan campañas de odio, que lo puedan matar. Pero además de eso se usa para la ruptura del tejido social todo el ataque, todas las estrategias que el patriarcado ha construido durante tantos años para acabar con la resistencia. Vemos, por ejemplo, las campañas que se basan en su vida personal, en lo que usted hace o deja de hacer. Se instala como legítimo que alguien la pueda asesinar por ser su pareja o tener un grado de intimidad. Imagínense ustedes que DESA lo que propone es que mi mami era amiga del gerente general de la empresa, era no sólo el que reprimía, el que aplicaba las políticas de represión, el que daba las estrategias, también era un acosador, la buscaba, la perseguía, y eso se presenta como una amistad por parte de la empresa. Es muy retorcido. Utilizan su vida personal y además utilizan a veces las debilidades que una tiene como mujer, porque nosotras nacimos en el patriarcado. Intentamos no caer, pero una nunca se salva de ser vulnerable ante la violencia machista que no siempre viene de las empresas o de los gobiernos, sino que a veces viene de los compañeros.
Existe además como posibilidad para las mujeres la violencia sexual , existe la estigmatización, que le hagan escarnio público por lo que usted hace o deja de hacer: las empresas extractivistas y los gobiernos tienes muchas más herramientas para el ataque hacia las mujeres con una sociedad que legitima estos ataques, que los ve normales. Crean discursos en los que a una le dicen, bruja, puta, o que se vende, todo esto lo van narrando y lo van construyendo. Que por qué no se preocupa por su casa, de su pareja, y eso entonces invisibiliza toda la lucha que una tiene. Es complicado a veces pero yo creo que también una tiene su fortaleza, no es que la doblan así no más.
Viniste a Madrid para estar en la presentación de un informe de la fiscalía española sobre el primer juicio relativo al asesinato de tu madre, ¿cuáles fueron las principales conclusiones?
Una de las cosas que a mi me llaman la atención tiene que ver con la continua exclusión que sufrimos como víctimas. Exclusión por parte del sistema judicial que no nos reconoció, que nunca nos dio información, que no nos tomó en cuenta y que nunca respondió a nuestras dudas. Respondía a la prensa, pero no a nosotras. Hay un momento concreto que es cuando nos expulsan del proceso judicial, expulsan a nuestros abogados pero también nos niegan la posibilidad de estar presentes incluso en el juicio de los asesinos de mi madre. Nos sacaron. También sobre la pérdida del expediente: una jueza lo saca, casualmente se lo roban, y ante eso la suspendieron por un a mes con goce de sueldo, le dieron un mes de vacaciones, También se habló sobre las pruebas, porque no se permitió que se admitieran pruebas propuestas por nosotras, cuando hacíamos parte. Se saca información que es prueba importante para el caso de la empresa DESA y nunca se llama como testigos a quienes administran, a los socios de esa empresa. ¿Por qué no, si tienen una conexión directa?
Una necesita seguir retando al sistema judicial para que responda a las víctimas, no solo en el caso de Berta Cáceres sino de un montón de casos que están en la impunidad en Honduras
Son dudas que a una le quedan, no nos aceptaron cosas que nos parecían bastante lógicas. Al final yo creo que la conclusión es que una necesita seguir retando al sistema judicial para que responda a las víctimas, no solo en el caso de Berta Cáceres sino de un montón de casos que están en la impunidad en Honduras. Seguimos con eso, y esas son las conclusiones que sacaron en una misión de observación sobre este primer juicio, eran juristas, gente experta en el tema.
¿Hasta dónde llega esa impunidad?
En el caso de Berta Cáceres vemos un montón de procesos judiciales que tiene a personas de diferentes niveles: se está evidenciando en el primer juicio que era contra los autores materiales, sicarios, intermediarios, gente que participó monitoreando el operativo, pero no llegamos a ver nunca a quienes pagaron por ese asesinato, y esa es la ausencia, que usted va por todos los casos y no encuentra actores intelectuales, quienes pagaron, quienes corrompen a los funcionarios públicos, entonces siempre hay impunidad.
Otra cosa que llama la atención es que hay un montón de militares y exmilitares, condenados incluso, pero no hay ninguna acción jurídica para ver cuál es el vínculo de las fuerzas armadas en este asesinato, tampoco se ha visto cual es el vínculo de los funcionarios públicos importantes. Hablamos de que el Ministro de Seguridad, por ejemplo, daba declaraciones en el sentido de que el asesinato de mi mami era un crimen pasional antes incluso de que se levantase su cuerpo. Se estaba comunicando con la gente de DESA, lo sabemos porque tuvimos acceso a pruebas donde se le oía diciendo cual era la versión que iba a dar.
Cómo puede tener la capacidad un ministro de decirle a un empresario: mire vamos a ir por acá, vamos a decir eso. Hay un nivel ahí de impunidad: que en el caso de Berta Cáceres, que es el caso más sonado en Honduras y América Latina, que hemos logrado por suerte tener un arco de solidaridad tan amplio, no haya justicia, abre la puerta para que lleguen a matar a cualquiera. Cuando nosotras hablamos de justicia para Berta hablamos de justicia para las miles de personas que han sido asesinadas por defender el territorio, pero también hablamos de protección para quienes lo están haciendo ahora. Mientras no haya justicia no va a haber protección sobre los que estamos todavía haciendo este trabajo que somos muchas en Honduras, en América Latina y en el mundo. ¿Qué rol tiene España y la Unión Europea en la situación en Honduras? El estado español es socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el único banco que no se ha retirado del proyecto de Agua Zarca, los otros —el FMO holandés y el FinnFund, finés— se fueron por toda la campaña que se hizo. Por eso uno cuando viene acá necesita que la gente se sume, porque a los gobiernos no les interesa lo que dice el pueblo hondureño, les interesa lo que digan sus propios pueblos, pues se tratan a veces de fondos públicos. Todavía ahora venimos acá preguntando por qué el estado español, como socio de este banco, no ha presionado para que se salga de este proyecto.
La Cooperación española ayuda a crear un código procesal penal criminalizante a la protesta social. Que habla de terrorismo en un país donde jamás en la vida ha habido eventos terroristas,También tenemos la Cooperación española que ayuda a crear un código procesal penal criminalizante a la protesta social. Forma parte de la estrategia para fortalecer el sistema judicial: establecer un código que habilita para que se abran un montón de procesos. Habla de terrorismo en un país donde jamás en la vida ha habido eventos terroristas, nosotros jamás hemos tenido esa realidad, habla de terrorismo porque se lo dedica a quienes luchamos por la defensa de los territorios, porque siempre ha estado la narrativa de que somos terroristas, de que somos mareros, de que somos cualquier cosa. Y mientras tanto, España sigue financiando al sistema judicial que no funciona, que tiene más del 90% de impunidad en el crimen y que ni siquiera responde al crimen más mediático. Se sigue acompañando con fondos, con apoyo político, a la dictadura en Honduras, porque la dictadura en Honduras es funcional al extractivismo, es funcional a las madereras, nuestro oro se siguen viniendo, nuestros minerales se siguen viniendo para acá y otros lugares, Honduras manda mucha mano de obra barata, porque nuestros migrantes son eso, mano de obra casi esclava.
Entonces, claro, le sigue beneficiando la dictadura al primer mundo, a los estados de bienestar. Yo creo que es importante que se entienda este rol de países como España porque a veces dicen: “por qué los hondureños no resuelven sus problemas y tienen que salir”. Porque nuestros problemas se basan en todo este sistema extractivo, que está avalado, acompañado por estos estados, de ahí la responsabilidad que tienen sobre la realidad hondureña.
Primer juicio oral y Público por violación a ddhh en el golpe del 2009
Agustina Flores, acompañada de su hermana Berta Cáceres Flores, durante su detención
Tegucigalpa.
El 22 de septiembre del 2009, Agustina
Flores fue víctima de tortura, vejamenes y detención ilegal por la
policía, en Tegucigalpa.
La profesora Agustina Flores (hermana de Berta Cáceres lideresa
indígena asesinada en el 2016), se manifestaba contra el golpe de
Estado, la noche que ingresó al país Manuel Zelaya Rosales. Esa noche
hubo una fuerte represión y persecución contra las personas que estaban
en las cercanías a la Embajada de Brasil, refugio del entonces presente.La docente exigía el retorno del orden constitucional, roto el 28 de junio, por lo que se movilizó desde el departamento de Olancho para unirse a la manifestantes en Tegucigalpa.
Tras ser víctima de violaciones a sus derechos por parte de la Policía Nacional, Flored fue acusada de terrorismo, entre otros delitos y enviada al Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), la cárcel para mujeres en Támara.
Fue una larga noche para dar con el paradero de la maestra. La alerta la hizo su hermana menor, Bertita, quien llamó a Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que representa y acompaña a Agustina.
Al lograr su libertad tras varios días en prisión, Flores junto al COFADEH, iniciaron el proceso de denuncia contra las victimarias, y tras 10 años de exigencia de justicia, hoy se llega a juicio oral y público.
Cabe señalar que los operadores de justicia fueron desestimando los cargos contra las agentes policiales Esther Ponce y Aracely García, y solo serán enjuiciadas por el delito de vejámenes contra la defensora de de derechos humanos, Agustina Flores.
El juicio será este viernes 07 de junio, en la Sala I Tribunales de Justicia CSJ, a las nueve de la mañana.
Represión policial deja varios heridos en el Bajo Aguán
Al menos cuatro heridos, niños y
ancianos afectados por gases lacrimógenos dejó este día la represión
policial ejecutada en la comunidad Guadalupe Carney, municipio de
Trujillo, Colón.
El Observatorio Permanente de Derechos
Humanos del Aguán (OPDHA), denunció a la comunidad nacional e
internacional, a los organismos y mecanismos de protección y derechos
humanos, y autoridades competentes encargadas de aplicar la ley y la
justicia, sobre el ataque que inició a la 06:30 de la mañana.
La policía llegó y sin mediar palabras o
informar a que iba a ejecutar el desalojo de la protesta pacífica que
era parte del paro nacional en defensa de la salud y educación, irrumpió
violentamente contra la población, en su mayoría campesina.
La toma de calle se mantenía desde ayer
miércoles 30 de mayo, a la altura de la comunidad Guadalupe Carney,
donde protestan maestros, médicos, enfermeras padres y madres de familia
contra el régimen de Juan Orlando Hernández y contra la privatización
de la salud y educación pública.
La represión fue con gas pimienta y
lacrimógenos, han gaseados niños, niñas y adultos mayores como a don
Fausto de 87 años, denunció el OPDHA, al Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Así mismo golpearon al defensor de
derechos humanos, Obed Ulloa, quien es miembro activo del observatorio
permanente de derechos humanos del Aguán (OPDHA) y le quitaron su
teléfono celular, por lo que se ha hecho imposible comunicación con él.
Defensores en Línea dialogó con el
también defensor de derechos humanos h padre de Obed, Pedeo Ulloa, quien
conformó que su hijo está fuera de peligro, y que la toma de carretera
continúa esta noche.
Don Alejandro Méndez fue atendido de
emergencia en el centro de salud de la comunidad, por que una bomba
lacrimógena habría herido su cabeza.
El ultraje policial y militar contra la
comunidad Guadalupe Carney, es reiterativo, igual que lo hicieron en
noviembre del 2016 sin respetar que este poblado goza de Medidas
Cautelares colectivas desde el año 2003.
Hoy se repitió la historia y hay muchos
niños y niñas gaseada entre ellos mi hermanito Dennis Eduardo Lemus
Amaya (10) y mi hija Sindy Gabriela Osorio Lemus (13), entre otros,
denunció la vice presidenta del OPDHA, Irma Lemus.
Según testimonio de algunos
manifestantes, la policía además agrede verbalmente a los
manifestantes, llamándolos “sesinos y delincuentes”, detalló la denuncia
pública.
Esta comunidad es parte de una región
que se mantiene en resiste por la defensa 3la tierra y el territorio, y
tiene 19 años oponiéndose al extractivismo que afecta los bienes
comunes de la naturaleza.
En Noviembre 2016, la comunidad
Guadalupe Carney, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, en
la ciudad de Trujillo, contra los cuerpos represores del Estado, bajo
el registro número 1026, la cual aún no tiene ningún avance, “lo digo
con conocimiento de causa porque yo, en lo personal le he dado
seguimiento a la denuncia monitoriando y no hay avances sobre la misma”
afirmó Lemus.
Es lamentable que por exigir que se
respeten se garanticen y se cumplan nuestros derechos nos reprima de la
manera que lo hacen los cuerpos represores del Estado, que lo único que
saben hacer es reprimir torturar y asesinar al pueblo, para eso los han
entrenado, agregó.
También expresó mi impotencia y rabia ante las violaciones de derechos humanos y exigo respecto a la vida y al derecho a defender derechos. Irma Lemus
Ya basta Juan Orlando Hernández, ya
basta, eres un inhumano asesinando la humanidad, finalizó la defensora,
quién por represalias ha debido a abandonar la comunidad campesina en el
Bajo Aguán.
Jefe investigador del CNA evade responder denuncia de ex vicepresidenta contra JOH
13 junio, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
El jefe investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, evadió responder las denuncias interpuestas por la ex vicepresidenta hondureña Lorena Herrera contra Juan Orlando Hernández por la misteriosa apertura de una cuenta bancaria a nombre de su despacho, la cual jamás autorizó.
El funcionario, reconocido por montar parafernalias mediáticas para denunciar presuntas irregularidades en la administración pública, fue escueto a la pregunta formulada por este periódico respecto a una carta que recibió el 15 de junio de 2018 para que procediera a indagar sobre la cuenta hecha por terceros, por lo que se limitó a decir que la información fue trasladada a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC).
“La misma fue (enviada) a la UFECIC y nosotros estamos haciendo las diligencias correspondientes”, se limitó a decir Fernández.
Declinó de emitir comentarios acerca de la carta que le envió la entonces compañera de fórmula de Hernández, a sabiendas de que la vida de la exdignataria corre riesgo por revelar actos ilícitos cometidos por altos funcionarios del Ejecutivo nacionalista y que pretendieron involucrarla tras negarse a seguir el juego contiunista del actual gobernante.
Radio Globo y ConfidencialHN revelar
En junio del año anterior, la ex vicepresidenta decidió enviarle al jefe investigador del CNA una nota a través de correo electrónico; previamente, ya había anticipado por teléfono a Fernández sobre el incidente que padeció cuando ocupó una oficina en Casa Presidencial.
Entre otras cosas, la exfuncionaria le pidió al funcionario «que investigue si se aperturó u operó en el sistema bancario nacional cuentas, ya sea a nombre de Lorena Enriqueta Herrera Estévez, o ligadas al despacho designada presidencial Lorena Enriqueta Herrera Estévez , durante su periodo 2014-2018 y según se describen en las notas dirigidas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a los departamentos de cumplimiento de dos bancos (donde se abrieron las libretas). Esto con el objetivo de transparentar nuestra gestión como designada YA QUE NUESTRO DESPACHO NO MANEJÓ CUENTAS EN LEMPIRAS NI EN DÓLARES».
Al cierre de esta nota, los resultados de las investigaciones se mantienen en un total hermetismo, ni Odir Fernández, ni su superior Gabriela Castellanos han revelado los resultados de esta trama que podría abrir otro frente de denuncias contra el actual ocupante del palacio José Cecilio del Valle.
El jefe investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández, evadió responder las denuncias interpuestas por la ex vicepresidenta hondureña Lorena Herrera contra Juan Orlando Hernández por la misteriosa apertura de una cuenta bancaria a nombre de su despacho, la cual jamás autorizó.
El funcionario, reconocido por montar parafernalias mediáticas para denunciar presuntas irregularidades en la administración pública, fue escueto a la pregunta formulada por este periódico respecto a una carta que recibió el 15 de junio de 2018 para que procediera a indagar sobre la cuenta hecha por terceros, por lo que se limitó a decir que la información fue trasladada a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC).
“La misma fue (enviada) a la UFECIC y nosotros estamos haciendo las diligencias correspondientes”, se limitó a decir Fernández.
Declinó de emitir comentarios acerca de la carta que le envió la entonces compañera de fórmula de Hernández, a sabiendas de que la vida de la exdignataria corre riesgo por revelar actos ilícitos cometidos por altos funcionarios del Ejecutivo nacionalista y que pretendieron involucrarla tras negarse a seguir el juego contiunista del actual gobernante.
Radio Globo y ConfidencialHN revelar
En junio del año anterior, la ex vicepresidenta decidió enviarle al jefe investigador del CNA una nota a través de correo electrónico; previamente, ya había anticipado por teléfono a Fernández sobre el incidente que padeció cuando ocupó una oficina en Casa Presidencial.
Entre otras cosas, la exfuncionaria le pidió al funcionario «que investigue si se aperturó u operó en el sistema bancario nacional cuentas, ya sea a nombre de Lorena Enriqueta Herrera Estévez, o ligadas al despacho designada presidencial Lorena Enriqueta Herrera Estévez , durante su periodo 2014-2018 y según se describen en las notas dirigidas a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, a los departamentos de cumplimiento de dos bancos (donde se abrieron las libretas). Esto con el objetivo de transparentar nuestra gestión como designada YA QUE NUESTRO DESPACHO NO MANEJÓ CUENTAS EN LEMPIRAS NI EN DÓLARES».
Al cierre de esta nota, los resultados de las investigaciones se mantienen en un total hermetismo, ni Odir Fernández, ni su superior Gabriela Castellanos han revelado los resultados de esta trama que podría abrir otro frente de denuncias contra el actual ocupante del palacio José Cecilio del Valle.
Profesor que fue herido por policías durante manifestación pierde un riñón
Por Riccy Ponce
Siguatepeque.- El
maestro Claros Alfonso González Sánchez que fuera herido con bala por
parte de la policía en la carretera CA-5 a la altura de Siguatepeque
durante la movilización de ayer, perdió un hígado, pero su estado de
salud es estable.
Claros Alfonso fue auxiliado
inmediatamente y trasladado a un centro asistencial de Comayagua, donde
fue sometido a una cirugía y producto de la herida que llevaba los
médicos no le pudieron salvar uno de sus riñones. Permanecerá con un
tubo conectado en el hígado y en el pulmón, esto hasta esperar su
evolución.
El maestro Claros Alonso recibió el disparo en la espalda, en la región lumbar a centímetros de la columna.
Pablo González Pérez, padre del profesor herido, dialoga con una de las procuradoras del Cofadeh
El profesor se encontraba junto con un
grupo de profesores y personal del área de la salud de Siguatepeque y de
Intibucá en una manifestación en la CA-5 en protesta contra la
privatización de la salud y la educación.
Los elementos represores del estado
comenzaron a reprimir la manifestación con gas lacrimógeno y bala viva,
resultando herido de proyectil el profesor, quien producto de la herida
perdió el riñón derecho, tiene laceración en el hígado y pulmón.
Según la doctora que lo auxilió cuando
cayó herido, de la que omitimos su nombre, dijo que “ellos (la policía)
ya estaban disparando hacia el aire, pero no le estaban disparando a la
gente, pero cuando para evitar sentir el gas que lanzaba las fuerzas
represoras del estado se las estaban regresando, entonces ellos
empezaron a dispararle a la gente y al que afectaron fue al profesor”.
El profesor fue trasladado hasta el hospital Santa Teresa de Comayagua, donde fue atendido e intervenido quirúrgicamente.
“Un profesor al que no le pregunté su
nombre, pero que trabajó en la Cruz Roja, tuvo el valor de venirse
conmigo en un taxi que paramos en el camino, atrás iba el profesor
herido con él y yo adelante, hicimos las conexiones con el hospital
Evangélico de Siguatepeque, allí ya lo revisaron la cirujana, médicos
generales, enfermería y después esperamos la ambulancia del 911 y desde
allá hicimos las gestiones al hospital Santa Teresa de Comayagua,
asegurándonos de que hubiera cirujano y personal para poderlo atender y
todo se hizo muy rápido”.
Añadió que “si no hubiera habido
personal médico se muere, porque fíjese que desde el momento que le
hicieron la herida de bala lo trasladamos al hospital Evangélico, nos
demoramos 15 minutos y en 15 minutos él ya iba con una presión de 80-
40, ya sus signos vitales estaban inestables, sudoroso, pálido, entonces
si nos demoramos unos 15 minutos más y se muere”.
“Gracias a Dios en hospital Evangélico
se logró estabilizar y durante todo el trayecto que venimos de
Siguatepeque a Comayagua en la ambulancia se mantuvo estable su presión
arterial entre 120-70, entró al salón de operaciones estable,
lamentablemente perdió uno de sus riñones y sufrió heridas en el pulmón
e hígado pero está estable”, finalizó la profesional de la medicina
que actuó rápido para lograr salvarle la vida al profesor.
Por su parte su padre, Pablo González
Pérez, desde la sala de espera del hospital, condena el hecho y afirma
que la Policía Nacional y la Militar están para cuidar no para disparar
en contra de las personas, y más contra quienes luchan por una causa
justa como lo hace su hijo.
“Yo pienso que mi hijo está en una lucha
justa, porque ellos tiene mucho tiempo de estar trabajando y todavía no
les han pagado, y a raíz de eso ellos andaban en apoyo, no andaban
queriendo agredir a nadie”, señaló.
Se preguntó ¿porque le dispararon?, algo
que no lo veo justo yo y no tienen la potestad de dispárale a un ser
humano, porque ante Dios todos somos iguales, el presidente no tiene
porque dar órdenes de que esto suceda porque somos seres humanos e hijos
de un solo padre.
Al mismo tiempo el señor González pide
justicia para su hijo “yo pido que se averigüe y que también caiga el
peso de la ley, que se averigüe como fue su causa y porque, si fue
alguno del gremio militar o de la policía, yo pido que se castigue con
la ley, porque no podemos estar en esto de que ya no confía uno, la
policía y los militares están para hacer poner orden no para quitar
vidas, condeno rotundamente las acciones de las Fuerzas Armadas y de la
policía.
Como voy a estar de acuerdo yo, si soy
un hombre que paso luchando, un hombre que luché para que este hijo mío
se ganara el salario diferente y hoy, no estoy de acuerdo en esto, y no
estoy en condiciones de aceptar esto, porque todos somos seres humanos y
todos tenemos el derecho a vivir como mejor nos venga, pero hay que
luchar por lo que no vemos bien y yo aquí rotundamente condeno esto,
finalizó el padre del profesor.
Desde el momento que el Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) conoció del
hecho, se trasladó hasta el hospital para brindar acompañamiento a la
familia.
El profesor Claros es un maestro
originario de Intibucá y labora en un centro básico del municipio de
Opalaca, y está en contra de la privatización de la salud y la
educación y eso lo motivó a luchar porque se deroguen los decretos que
aprobó el Ejecutivo en Consejo de Ministros y que perjudican al pueblo y
al gremio de la salud y la educación.
PERIODISTAS ADVIERTEN A CIDH QUE ATIENDA LO QUE PASA EN HONDURAS
- Publicado: 13 Junio 2019
El
presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto
Rodríguez, dijo hoy que pronto viajará a Estados Unidos a exponer sobre
el nuevo Código Penal. Y además, mencionó que alertará a la CIDH sobre
el nuevo instrumento judicial que a su criterio no dejará trabajar a los
comunicadores.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), ha retomado hoy el reproche
contra el nuevo Código Penal que entrará en vigencia en noviembre
próximo. A través de su presidente, Dagoberto Rodríguez, el gremio de
comunicadores ha hecho un llamado a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
El
presidente del CPH, recordó que los artículos que violan la libertad de
expresión, específicamente son: el 28, 229, 230, 231 y 234,
relacionados a los delitos contra el honor de injuria y calumnia.
Abordado
por EL LIBERTADOR, Rodríguez, aseveró que prácticamente con esos
artículos los periodistas no van a poder trabajar, a menos que se
dediquen a ejercer la “prensa rosa” o relaciones públicas. Lamentó
también, que el nuevo Código Penal, criminaliza el periodismo de
investigación.
El
presidente de los periodistas insistió en que “deben derogarse esas
iniciativas, porque tal como están planteadas son atentatorias y
violatorias a la libertad de expresión de los artículos 72 y 74 de la
Constitución”.
Mencionó
que pronto viajará a Washington, capital de Estados Unidos, donde hará
una exposición sobre el nuevo Código Penal y sus artículos que violentan
la libertad de expresión. Asimismo, dijo que alertará a la CIDH y al
relator especial para la libertad de prensa.
Rodríguez
concluyó que los delitos contra el honor, deben ser sacados del ámbito
penal, ya que a nivel internacional se considera que éstos deben ser
llevados en el ámbito civil.
Envían carta a Oracle por ilegal contrato en Honduras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La Plataforma Social Ciudadana por Honduras remitió una carta al presidente de la compañía Oracle informándole que el contrato aprobado por el Congreso nacional de Honduras tiene enormes vicios de nulidad.
Señalan en la misiva que todo se dio en “una sesión vergonzosa, que no reunía el quórum de diputados exigido por la Constitución, en la que no contabilizaron los votos emitidos, en donde no se celebraron los debates requeridos, por lo que, como es de su conocimiento, dicho contrato es nulo y no reúne los requisitos exigidos por nuestra legislación”.
Como Plataforma Social Ciudadana por Honduras le advierte a ORACLE de la gravedad de los hechos en relación con dicho contrato, y la certeza que dicho proceso vendrá no solo a ensuciar el nombre de una empresa de prestigio mundial como ORACLE, sino a acarrearle responsabilidades como consecuencia del viciado y corrupto proceso empleado para su aprobación.
Solicitan a Oracle que con su panel de abogados evalúe y valore dicha situación y comprobar la veracidad de lo planteado en la carta.
Advierten que son muchas organizaciones políticas, sociales y civiles las que han denunciado esta situación, y no pararán hasta lograr el objetivo de evitar, no solo un acto evidente de corrupción, sino la construcción de un nuevo fraude electoral en el país.
Apelan además a la sensatez y pragmatismo de ORACLE al invitarle a no ser parte de un proceso fraudulento, corrupto y viciado.
Tegucigalpa.- La Plataforma Social Ciudadana por Honduras remitió una carta al presidente de la compañía Oracle informándole que el contrato aprobado por el Congreso nacional de Honduras tiene enormes vicios de nulidad.
Señalan en la misiva que todo se dio en “una sesión vergonzosa, que no reunía el quórum de diputados exigido por la Constitución, en la que no contabilizaron los votos emitidos, en donde no se celebraron los debates requeridos, por lo que, como es de su conocimiento, dicho contrato es nulo y no reúne los requisitos exigidos por nuestra legislación”.
Leer más En ambiente de convulsión, Congreso hondureño aprueba varios contratos amañados
En adición a lo anterior, es preciso destacar que, de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado de Honduras, una contratación de esa naturaleza requiere y exige obligatoriamente la celebración de una licitación pública, no pudiéndose celebrar una contratación directa.Como Plataforma Social Ciudadana por Honduras le advierte a ORACLE de la gravedad de los hechos en relación con dicho contrato, y la certeza que dicho proceso vendrá no solo a ensuciar el nombre de una empresa de prestigio mundial como ORACLE, sino a acarrearle responsabilidades como consecuencia del viciado y corrupto proceso empleado para su aprobación.
Solicitan a Oracle que con su panel de abogados evalúe y valore dicha situación y comprobar la veracidad de lo planteado en la carta.
Advierten que son muchas organizaciones políticas, sociales y civiles las que han denunciado esta situación, y no pararán hasta lograr el objetivo de evitar, no solo un acto evidente de corrupción, sino la construcción de un nuevo fraude electoral en el país.
Apelan además a la sensatez y pragmatismo de ORACLE al invitarle a no ser parte de un proceso fraudulento, corrupto y viciado.
Tegucigalpa paralizada
Honduras y la crisis invisible
El
país centroamericano atraviesa en este momento por una profunda crisis
institucional, producto de la aplicación de un modelo que profundiza las
desigualdades presentes desde hace décadas en una sociedad que ha
tenido que ver, casi como espectador, que desde Estados Unidos se dictan
las medidas que afectan las condiciones de vida de la población,
mientras esta sufre una brutal represión que es premeditadamente
ocultada por los medios vinculados al poder.
Por Germán Ávila
Existe un libreto desarrollado con el fin de aplicar la receta neoliberal que ha rendido frutos en la mayor parte de Latinoamérica. El postulado básico es todo se compra, todo se vende y, en la medida que todo es una mercancía, el mercado es el centro de toda lógica de poder.
Honduras, igual que todos los países de Centroamérica, vivió una sangrienta colonización, una dolorosa independencia y un siglo XX lleno de inestabilidad, revueltas y gobiernos de hecho; al final quedó una clase política ultraconservadora atornillada a un gobierno construido para cuidar los intereses de un poder local que siempre está a la sombra del poder norteamericano.
En 2009, cuando casi todo el continente miraba con esperanza hacia el progresismo y se construían grandes iniciativas integradoras que buscaban plantar cara al modelo desarrollado hasta la fecha, un presidente al que no podría ubicarse originalmente en términos ideológicos como un militante comprometido de la izquierda revolucionaria, sino más bien como un liberal reformista, decidió acercar a Honduras a los modelos de integración propuestos desde el progresismo sudamericano por medio de Petrocaribe.
Esto marcó el golpe que arrojó a Manuel Zelaya de la presidencia en una puesta en escena en que la comunidad internacional asistió como testigo mudo e impotente; la OEA no invocó la carta democrática en defensa de un gobierno elegido en las urnas, ni se ofreció una fuerza multilateral que buscara el restablecimiento de la democracia en ese país centroamericano, ya que las palabras usurpación e ilegitimidad no se habían descubierto en ese momento.
De ahí en adelante las cosas sólo pasaron a ser peores para el pueblo hondureño, el cual hoy tiene uno de los índices de pobreza más altos del continente. Caras & Caretas habló con Hernán Daffoncio, un uruguayo quien desde su participación en el movimiento estudiantil internacionalista en la década pasada se vinculó con Centroamérica y México, pero principalmente con Honduras y su dura realidad.
Para Daffoncio, el punto que marca un quiebre en la realidad en Honduras es el golpe contra Zelaya en 2009, no porque antes las cosas estuvieran mejor, sino porque la manera en que el establishment se ha sostenido desde entonces ha sido cada vez más abiertamente autoritaria y se preocupan cada vez menos por generar, al menos en las apariencias, un esquema republicano que simule una democracia.
En esta perspectiva todos los gobiernos que han continuado luego del golpe han cargado tras de sí una enorme impopularidad que han tenido que resolver por medio de elecciones las cuales, por lo menos en el caso del presidente en ejercicio, Juan Orlando Hernández, han estado marcadas por las denuncias de fraude que se han hecho a nivel nacional e internacional, obviamente sin respuesta.
El descontento popular ha estado a flor de piel debido a que este tipo de gobiernos no se mantienen por la fuerza con un carácter decorativo, se imponen para defender intereses particulares; desde esta perspectiva la última receta viene planteada en forma de un proyecto de ley que cambia el carácter de la prestación de los servicios de salud y educación en el país por un modelo privado y que termina siendo sancionado por la fuerza.
La manera en que el gobierno defiende su iniciativa es planteando que la población hondureña no se vería afectada, pues la administración en manos de privados no afectaría la gratuidad en la prestación de los servicios; en ese sentido, de acuerdo con Daffoncio, existe un franco inmovilismo por parte de las tres centrales sindicales del país, quienes no han logrado entablar un escenario de movilización que aglutine el descontento general en un llamado a la huelga general de tal manera que se logren revertir las medidas privatizadoras aprobadas por medio de decretos de emergencia, los cuales tienen un claro carácter antidemocrático y autoritario.
La respuesta más contundente se ha producido desde los gremios de la salud, y principalmente de la educación, reunidos en el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh), que tiene un gran nivel de afiliación y ha sido determinante, no sólo en términos de movilización, sino a la hora de sustentar teórica y políticamente las razones del descontento general, que van más allá de la gratuidad en la prestación de los servicios y están vinculadas al modelo económico y el papel mismo del Estado.
Por otro lado es importante resaltar que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Hernández por deslegitimar las movilizaciones, buscando reducirlas a un ámbito sectorial y queriendo restar autoridad a quienes las dirigen por medio de acusaciones individuales, la crisis institucional en Honduras hoy es evidente. Una pequeña muestra de ello no sólo se ve en el volumen de movilización que rechaza las decisiones y mecanismos gubernamentales, sino en la violenta respuesta del gobierno contra cualquier expresión de inconformismo desde la perspectiva legal por medio de represión policial y judicializaciones sumarias violando los mínimos derechos de los sindicados, y paralegal por medio de expresiones armadas ilegales, pero amparadas por las fuerzas militares y policiales.
El modelo paramilitar en Honduras ha estado en auge desde el golpe por medio de asesinatos selectivos, masacres y una fuerte persecución en contra de las organizaciones, lo que ha cobrado vidas como la de la activista Berta Cáceres, quien cayó asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa.
La crisis institucional en Honduras es profunda y sin duda cada vez más crítica en la medida en que la injerencia norteamericana se ha hecho más notoria, pues las identidades ideológicas con el discurso neoliberal no resuelven las profundas grietas éticas que tiene la clase dirigente local, ya que los vínculos con el narcotráfico se han vuelto inocultables y tocan a la puerta misma del presidente Juan Orlando Hernández, quien ha estado en la mira de las autoridades con una investigación por narcotráfico que involucra a varios miembros de su familia.
Una muestra más de la fragilidad institucional es que un sector de los militares hondureños ha hecho un pronunciamiento en el que desconocen casi en su totalidad al Estado Mayor debido a sus vínculos con la ilegalidad, y llaman a los mandos medios a un recambio de dirección.
La situación en ese país centroamericano es profundamente grave por los niveles de inconformismo alcanzado por la población, el carácter represivo que tiene el gobierno de Hernández y porque, igual que en el caso de Haití, sufre de un tremendo cerco mediático impuesto desde los grandes emporios de la comunicación que de forma premeditada ocultan los estrepitosos fracasos del modelo, poniendo en riesgo la vida de miles.
Existe un libreto desarrollado con el fin de aplicar la receta neoliberal que ha rendido frutos en la mayor parte de Latinoamérica. El postulado básico es todo se compra, todo se vende y, en la medida que todo es una mercancía, el mercado es el centro de toda lógica de poder.
Honduras, igual que todos los países de Centroamérica, vivió una sangrienta colonización, una dolorosa independencia y un siglo XX lleno de inestabilidad, revueltas y gobiernos de hecho; al final quedó una clase política ultraconservadora atornillada a un gobierno construido para cuidar los intereses de un poder local que siempre está a la sombra del poder norteamericano.
En 2009, cuando casi todo el continente miraba con esperanza hacia el progresismo y se construían grandes iniciativas integradoras que buscaban plantar cara al modelo desarrollado hasta la fecha, un presidente al que no podría ubicarse originalmente en términos ideológicos como un militante comprometido de la izquierda revolucionaria, sino más bien como un liberal reformista, decidió acercar a Honduras a los modelos de integración propuestos desde el progresismo sudamericano por medio de Petrocaribe.
Esto marcó el golpe que arrojó a Manuel Zelaya de la presidencia en una puesta en escena en que la comunidad internacional asistió como testigo mudo e impotente; la OEA no invocó la carta democrática en defensa de un gobierno elegido en las urnas, ni se ofreció una fuerza multilateral que buscara el restablecimiento de la democracia en ese país centroamericano, ya que las palabras usurpación e ilegitimidad no se habían descubierto en ese momento.
De ahí en adelante las cosas sólo pasaron a ser peores para el pueblo hondureño, el cual hoy tiene uno de los índices de pobreza más altos del continente. Caras & Caretas habló con Hernán Daffoncio, un uruguayo quien desde su participación en el movimiento estudiantil internacionalista en la década pasada se vinculó con Centroamérica y México, pero principalmente con Honduras y su dura realidad.
Para Daffoncio, el punto que marca un quiebre en la realidad en Honduras es el golpe contra Zelaya en 2009, no porque antes las cosas estuvieran mejor, sino porque la manera en que el establishment se ha sostenido desde entonces ha sido cada vez más abiertamente autoritaria y se preocupan cada vez menos por generar, al menos en las apariencias, un esquema republicano que simule una democracia.
En esta perspectiva todos los gobiernos que han continuado luego del golpe han cargado tras de sí una enorme impopularidad que han tenido que resolver por medio de elecciones las cuales, por lo menos en el caso del presidente en ejercicio, Juan Orlando Hernández, han estado marcadas por las denuncias de fraude que se han hecho a nivel nacional e internacional, obviamente sin respuesta.
El descontento popular ha estado a flor de piel debido a que este tipo de gobiernos no se mantienen por la fuerza con un carácter decorativo, se imponen para defender intereses particulares; desde esta perspectiva la última receta viene planteada en forma de un proyecto de ley que cambia el carácter de la prestación de los servicios de salud y educación en el país por un modelo privado y que termina siendo sancionado por la fuerza.
La manera en que el gobierno defiende su iniciativa es planteando que la población hondureña no se vería afectada, pues la administración en manos de privados no afectaría la gratuidad en la prestación de los servicios; en ese sentido, de acuerdo con Daffoncio, existe un franco inmovilismo por parte de las tres centrales sindicales del país, quienes no han logrado entablar un escenario de movilización que aglutine el descontento general en un llamado a la huelga general de tal manera que se logren revertir las medidas privatizadoras aprobadas por medio de decretos de emergencia, los cuales tienen un claro carácter antidemocrático y autoritario.
La respuesta más contundente se ha producido desde los gremios de la salud, y principalmente de la educación, reunidos en el Sindicato Profesional de Docentes Hondureños (Sinprodoh), que tiene un gran nivel de afiliación y ha sido determinante, no sólo en términos de movilización, sino a la hora de sustentar teórica y políticamente las razones del descontento general, que van más allá de la gratuidad en la prestación de los servicios y están vinculadas al modelo económico y el papel mismo del Estado.
Por otro lado es importante resaltar que, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Hernández por deslegitimar las movilizaciones, buscando reducirlas a un ámbito sectorial y queriendo restar autoridad a quienes las dirigen por medio de acusaciones individuales, la crisis institucional en Honduras hoy es evidente. Una pequeña muestra de ello no sólo se ve en el volumen de movilización que rechaza las decisiones y mecanismos gubernamentales, sino en la violenta respuesta del gobierno contra cualquier expresión de inconformismo desde la perspectiva legal por medio de represión policial y judicializaciones sumarias violando los mínimos derechos de los sindicados, y paralegal por medio de expresiones armadas ilegales, pero amparadas por las fuerzas militares y policiales.
El modelo paramilitar en Honduras ha estado en auge desde el golpe por medio de asesinatos selectivos, masacres y una fuerte persecución en contra de las organizaciones, lo que ha cobrado vidas como la de la activista Berta Cáceres, quien cayó asesinada el 3 de marzo de 2016 en su casa.
La crisis institucional en Honduras es profunda y sin duda cada vez más crítica en la medida en que la injerencia norteamericana se ha hecho más notoria, pues las identidades ideológicas con el discurso neoliberal no resuelven las profundas grietas éticas que tiene la clase dirigente local, ya que los vínculos con el narcotráfico se han vuelto inocultables y tocan a la puerta misma del presidente Juan Orlando Hernández, quien ha estado en la mira de las autoridades con una investigación por narcotráfico que involucra a varios miembros de su familia.
Una muestra más de la fragilidad institucional es que un sector de los militares hondureños ha hecho un pronunciamiento en el que desconocen casi en su totalidad al Estado Mayor debido a sus vínculos con la ilegalidad, y llaman a los mandos medios a un recambio de dirección.
La situación en ese país centroamericano es profundamente grave por los niveles de inconformismo alcanzado por la población, el carácter represivo que tiene el gobierno de Hernández y porque, igual que en el caso de Haití, sufre de un tremendo cerco mediático impuesto desde los grandes emporios de la comunicación que de forma premeditada ocultan los estrepitosos fracasos del modelo, poniendo en riesgo la vida de miles.
Protesta social
Miércoles, 05 junio 2019
Los funcionarios públicos, algunos
empresarios, especialmente de Tegucigalpa, y los medios de comunicación
llamados tarifados han pretendido confundir a la opinión pública
queriendo meter en el mismo saco de la convulsión social tanto a la
criminalidad como a la protesta social.
En las movilizaciones actuales, se
escuchan voces en algunos medios de comunicación que hacen creer que las
protestas son sinónimo de violencia, y que si maestros, trabajadores de
la medicina y la población que se manifiesta, lo hacen porque van a
quebrar vidrios de comercios y a provocar incendios. Es decir, quieren
hacer creer que la protesta es dañina para el país y para la economía, y
quienes protestan son enemigos de la sociedad.
En estos días, una transnacional
estadunidense anunció su retiro del país por la pérdida de bienes como
resultado de las protestas. El retiro de una empresa no es extraño, como
no es extraño el daño que hacen muchas empresas transnacionales a las
trabajadoras y trabajadores. Pero los empresarios y los medios de
comunicación aprovechan la ocasión para hacerle creer a la gente que el
retiro de la empresa se debe a las manifestaciones y tomas de puentes y
carreteras de los grupos populares.
Es cierto que tanto la criminalidad como
la protesta social se nutren de la pobreza, desempleo, alza de precios,
corrupción, abandono del campo por parte del Estado, y en definitiva de
la injusta distribución de la riqueza. Pero así como la criminalidad se
asocia claramente a grupos de poder en el país conectados con el crimen
organizado y con instituciones y funcionarios públicos corruptos, la
protesta social no tiene ninguna relación organizativa con la
criminalidad.
La protesta social tiene una relación
directa con los reclamos y malestares justos de los pobres. Y estos
reclamos se han ido acrecentando en la medida en que las políticas
públicas agrandan las desigualdades y responden más a intereses de
mafias que a las realidades del país.
Mientras siga creciendo la inequidad es
una responsabilidad ética participar en protestas sociales, y es una
obligación descontaminarlas de dirigentes o grupos políticos interesados
en manipularlas. Las protestas sociales son buena noticia cuando
expresan la voluntad de la población de canalizar organizadamente su
descontento y demandar respuestas a sus clamores.
Cuando abunda la injusticia, la protesta social es un servicio a la
paz, la justicia y a la democratización de la sociedad. Por ello, la
Iglesia debe alentarlas, enriquecerlas, analizarlas, y en todo momento
contribuir a que la población se despierte de su letargo. En este
proceso es en donde la Iglesia ha de dar su servicio evangelizador,
porque un pueblo que no protesta organizada y pacíficamente ante las
injusticias más lo humillan los potentados. Y cuando un pueblo se
organiza y reclama sus derechos, se hace respetar.
