¡CRISIS HUMANITARIA! 700 MIL MIGRANTES DETENIDOS EN EE.UU.
Los
números de la migración siguen elevándose alarmantemente, de acuerdo a
los reportes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, desde octubre
de 2018 a junio de 2019, han sido detenidos 688,000 migrantes, de ellos,
90,000 esperan el visto bueno para obtener un asilo político.
En
octubre de 2018, la primera caravana de migrantes partió de San Pedro
Sula, en principio está se formó por unas 4,000 personas, con el paso de
los días y a medida avanzaban hasta México, el número incrementó a
15,000, con ciudadanos de otros países y con más “replicas” de la
caravana inicial, un éxodo nunca visto en América.
Agencias / EL LIBERTADOR.
México. El
drama de los migrantes hondureños no cesa, a dos meses de cumplirse un
año de la partida de la primera caravana de un éxodo nunca visto en
América, los números de la Patrulla Fronteriza, exponen la emergencia en
la que están los países del Triángulo Norte, especialmente Honduras.
De
acuerdo con la Patrulla Fronteriza, desde octubre de 2018 hasta junio
de 2019, han sido arrestados unos 688,000 migrantes. Según las
estimaciones de Estados Unidos, la mayoría de indocumentados proceden de
Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones que tienen problemas
similares en corrupción, violencia y marginación social.
En
el caso de Honduras, la crisis social, económica y política, se ahondó a
partir de la cuestionada reelección presidencial, que sumado a los
índices de violencia, en alza en 2019, según el Observatorio de la
Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), las
condiciones de pobreza en la que vive el 70 por ciento de la población,
provocó la masiva huida de hondureños.
Según
los reportes oficiales, en los “Tribunales Migratorios”, están activos
90,000 casos que esperan ser atendidos por el Gobierno de EE.UU.,
anhelando recibir un asilo político en ese país. En el caso de los
hondureños, han sido cientos los que han expresado que a su tierra no
pueden volver.
A
partir de junio pasado, los migrantes han perdido la “buena fe” del
Gobierno mexicano, “extorsionado” por Donald Trump de frenar la
migración de centroamericanos, tema que en el pasado no era de interés.
En
tanto, en Honduras la queja del pueblo sigue siendo la misma, culpan a
EE.UU. de apoyar a un régimen ilegitimo que ha provocado miseria, muerte
y corrupción.
ICE arrestó a 899 inmigrantes en operativo especial
Así lo confirmó el director interino de “La Migra”. La agencia rechaza informar cuándo y dónde comenzará sus operativosPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
En un operativo llamado “Cross Check” (“Verificación Cruzada”), la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) logró la captura de 899 inmigrantes en dos meses, afirmó el director interino de la agencia Matt Albence.
El funcionario especificó a The New York Times que esa movilización ocurrió entre el 13 de mayo y el 11 de julio, es decir antes de las llamadas “grandes redadas” anunciadas por el presidente Donald Trump.
“Lo que descubrimos es que la mayoría ni siquiera se presentó a su primera audiencia”, dijo Albence. “Además les enviamos cartas para que tuvieran la oportunidad de entregarse y organizar un proceso de salida más ordenado, lo que incluía el tiempo para organizar sus asuntos y programar vuelos en aerolíneas comerciales”.
Sin embargo, un reporte de ICE dado a conocer en Twitter se indica que fueron 934 las personas capturadas, aunque la agencia no dio detalles al respecto.
Como parte de un enfoque múltiple para frenar la inmigración de indocumentados, Albence dijo que el Gobierno también intensificó las inspecciones de las compañías sospechosas de contratarlos.
Nota relacionada ICE cambia táctica a miniredadas contra migrantes
La propia agencia reportó que se hicieron operativos en 3,300 empresas, aunque los detalles serían revelados en cualquier momento de este martes.“Parte de nuestro objetivo es reducir las oportunidades económicas”, dijo Albence. “No podemos tener individuos que ingresen ilegalmente al país y luego vayan a buscar trabajo de manera ilegal”.
En las grandes redadas anunciadas en 10 ciudades, ICE solamente capturó a 35 inmigrantes y Albence acusó la difusión de la información, además de criticar a los activistas por orientar a los extranjeros sobre cómo protegerse.
Redadas de inmigrantes responde a campaña electoral de Trump según alianza américa
Las anunciadas redadas del gobierno de Donald
Trump contra la población inmigrante indocumentada responde al plan integral
del gobierno norteamericano para sembrar miedo en las poblaciones migrantes y
seguir cumpliendo con su promesa de atacar a las personas que viven en Estados
Unidos sin una autorización migratoria como parte de su campaña electoral dijo
en Radio Progreso Oscar Chacón, director de Alianza América.
“Es una manera en la que esta administración busca congraciarse con los votantes más extremistas que han apoyado al presidente Trump precisamente porque ya estamos en una campaña electoral donde este presidente busca su reelección en el año 2020 y el ataque a los extranjeros sigue siendo una piedra angular de su campaña electoral” analizó Chacón.
El experto sostiene que en dicho anuncio hay bastante exageración y demagogia porque se anunció la detención y deportación de un millón de personas cuando la realidad indica que la capacidad del gobierno norteamericano, con su policía migratoria, da sólo para arrestar a cerca de 150 mil migrantes cada año.
“Estos anuncios también buscan, de cierta forma, telegrafiar al Congreso de los Estados Unidos ya que el presidente va a pedir muchos más recursos financieros precisamente para apoyar la maquinaria policíaca federal para efectos de incrementar su capacidad operativa y poder conseguir arrestar y deportar a más personas” aseguró Oscar Chacón.
“Todos hemos sido testigos del reciente
acuerdo bilateral México – Estados Unidos por medio del cual los Estados Unidos
impone sus enfoques de política migratoria al gobierno mexicano a tal grado que
ahora México ha decidido desplegar a una Guardia Nacional que tenía otros fines
originalmente y que ahora se dispone a vigilar la frontera sur de México”
observó Chacón.
El director de Alianza América analizó que en el caso de los países Centroamericanos la cosa es más preocupante por el grado de sometimiento, casi que sin cuestionamiento alguno. “El grado de intensidad en esta política de sometimiento varía, en el caso de Guatemala y Honduras creo que son más sometidos y más sumisos, y en el caso de El Salvador donde hay un gobierno todavía muy nuevo, apenas con mes y medio, las señales iniciales son preocupantes” dijo Oscar Chacón.
“Las atenciones que se brindan es una atención y recepción digna, se les llena una ficha económica para conocer luego la forma cómo se les va a reinsertar en la sociedad en coordinación con las distintas secretarías de Estado” dijo Medrano. Aseguró desconocer el número de migrantes que podrían ser deportados.
Pero la directora de la Pastoral de Movilidad Humana, Sor Lidia Mara de Sousa, aseguró que el país no está preparado para recibir a más deportados, pues la realidad económica y política, se conjuga con las dificultades en materia de inversión, empleo, inseguridad y falta de oportunidades.
“En ningún momento hemos visto ninguna sola propuesta que diga que vamos a garantizar los Derechos Humanos, vamos a garantizar la vida y la dignidad de estas personas, todo lo que se escucha es que los vamos a detener y los vamos a deportar, y en los países de origen dicen los vamos a recibir y los vamos a apoyar pero en ningún momento se ha dicho vamos hacer una estrategia para evitar la deportación porque la deportación como tal es un trauma muy grandes para cualquier persona” Dijo Sousa.
La directora de la Pastoral de Movilidad Humana, explicó que todas las personas que están todavía gestionando algún tipo de estatus en Estados Unidos, sea el asilo, sea algún tipo de proceso de reunificación familiar o cualquier tipo de gestión no pueden ser detenidos y no pueden ser deportados porque así lo dice el marco internacional. Dijo que las personas que son más sujetas a las deportaciones son aquellas que ya tenían orden de deportación.
“El tema migratorio para Estados Unidos pero infelizmente para nuestros países también es moneda de cambio para el tema político económico, lo utilizan para los intereses de los partidos y de los grandes empresarios porque es muy rentable la migración irregular, el tráfico ilícito de personas tiene una rentabilidad muy parecida con el tráfico de drogas y de armas. La migración irregular en el mundo es muy rentable” aseguro la hermana Lidia Mara de Sousa.
“Es una manera en la que esta administración busca congraciarse con los votantes más extremistas que han apoyado al presidente Trump precisamente porque ya estamos en una campaña electoral donde este presidente busca su reelección en el año 2020 y el ataque a los extranjeros sigue siendo una piedra angular de su campaña electoral” analizó Chacón.
El experto sostiene que en dicho anuncio hay bastante exageración y demagogia porque se anunció la detención y deportación de un millón de personas cuando la realidad indica que la capacidad del gobierno norteamericano, con su policía migratoria, da sólo para arrestar a cerca de 150 mil migrantes cada año.
“Estos anuncios también buscan, de cierta forma, telegrafiar al Congreso de los Estados Unidos ya que el presidente va a pedir muchos más recursos financieros precisamente para apoyar la maquinaria policíaca federal para efectos de incrementar su capacidad operativa y poder conseguir arrestar y deportar a más personas” aseguró Oscar Chacón.
Gobiernos sometidos
Los anuncios del presidente norteamericano Donald Trump no han tenido mayor respuesta de resistencias en los países centroamericanos. Según Oscar Chacón, el común denominador pareciera ser una aceptación, ya sea voluntaria o hasta cierto punto obligado, de estas directrices políticas que emanan de la administración Trump.
“Todos hemos sido testigos del reciente
acuerdo bilateral México – Estados Unidos por medio del cual los Estados Unidos
impone sus enfoques de política migratoria al gobierno mexicano a tal grado que
ahora México ha decidido desplegar a una Guardia Nacional que tenía otros fines
originalmente y que ahora se dispone a vigilar la frontera sur de México”
observó Chacón.El director de Alianza América analizó que en el caso de los países Centroamericanos la cosa es más preocupante por el grado de sometimiento, casi que sin cuestionamiento alguno. “El grado de intensidad en esta política de sometimiento varía, en el caso de Guatemala y Honduras creo que son más sometidos y más sumisos, y en el caso de El Salvador donde hay un gobierno todavía muy nuevo, apenas con mes y medio, las señales iniciales son preocupantes” dijo Oscar Chacón.
Honduras no está preparado
La directora de Atención al Migrante Retornado, Lisa Medrano, dijo en Radio Progreso que su gobierno, el gobierno de JOH, está preparado para recibir a los migrantes que sean víctimas de las redadas en Estados Unidos.“Las atenciones que se brindan es una atención y recepción digna, se les llena una ficha económica para conocer luego la forma cómo se les va a reinsertar en la sociedad en coordinación con las distintas secretarías de Estado” dijo Medrano. Aseguró desconocer el número de migrantes que podrían ser deportados.
Pero la directora de la Pastoral de Movilidad Humana, Sor Lidia Mara de Sousa, aseguró que el país no está preparado para recibir a más deportados, pues la realidad económica y política, se conjuga con las dificultades en materia de inversión, empleo, inseguridad y falta de oportunidades.
“En ningún momento hemos visto ninguna sola propuesta que diga que vamos a garantizar los Derechos Humanos, vamos a garantizar la vida y la dignidad de estas personas, todo lo que se escucha es que los vamos a detener y los vamos a deportar, y en los países de origen dicen los vamos a recibir y los vamos a apoyar pero en ningún momento se ha dicho vamos hacer una estrategia para evitar la deportación porque la deportación como tal es un trauma muy grandes para cualquier persona” Dijo Sousa.
La directora de la Pastoral de Movilidad Humana, explicó que todas las personas que están todavía gestionando algún tipo de estatus en Estados Unidos, sea el asilo, sea algún tipo de proceso de reunificación familiar o cualquier tipo de gestión no pueden ser detenidos y no pueden ser deportados porque así lo dice el marco internacional. Dijo que las personas que son más sujetas a las deportaciones son aquellas que ya tenían orden de deportación.
“El tema migratorio para Estados Unidos pero infelizmente para nuestros países también es moneda de cambio para el tema político económico, lo utilizan para los intereses de los partidos y de los grandes empresarios porque es muy rentable la migración irregular, el tráfico ilícito de personas tiene una rentabilidad muy parecida con el tráfico de drogas y de armas. La migración irregular en el mundo es muy rentable” aseguro la hermana Lidia Mara de Sousa.
Imagen por: Prensa Libre
Unicef llama a garantizar los derechos de niños migrantes en la frontera Estados Unidos-México
«Lo
que ocurre ahora en la frontera estadounidense es una situación grave
que requiere medidas urgentes», dijo Henrietta Fore, directora ejecutiva
de Unicef. Foto: Unicef.
“Después de enfrentarse a viajes peligrosos, algunos niños ahora se encuentran en instalaciones que no están equipadas para satisfacer las necesidades de esa población tan vulnerable”, advirtió la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore por medio de un comunicado.
Fore calificó de macabras las condiciones de algunas instalaciones en las cuales están retenidos esos menores de edad.
“Los niños no deben estar en entornos inseguros que puedan causar estrés tóxico y daños irreparables a su salud y desarrollo: lo que ocurre ahora en la frontera estadounidense es una situación grave que requiere medidas urgentes”, recalcó.
Hace falta asegurar los fondos para proporcionar a esos menores y sus familias servicios y apoyo esenciales, añadió. La semana pasada, Henrietta Fore visitó un refugio en Tijuana, México, y conoció de primera mano la situación de niños migrantes y sus familias.
“Muchos sentían que no tenía otra opción que salir de sus comunidades de origen para huir de la violencia o la pobreza, y varios menores tenían traumas debido a las experiencias vividas”, señaló Fore, citada por el sitio oficial de noticias de la ONU.
La directora ejecutiva de la Unicef también se refirió a la desgarradora foto que muestra los cuerpos sin vida de una pequeña salvadoreña junto a su padre, quienes se ahogaron en el río Bravo siguiendo una peligrosa ruta de migración irregular.
“Es un recordatorio de los peligros que enfrentan los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Es una imagen extrema que debería conmovernos profundamente”, afirmó la ejecutiva.
Fore enfatizó en la necesidad de garantizar los derechos, la protección, el bienestar y la dignidad de los niños migrantes y refugiados, por lo que insistió en que urge un compromiso colectivo.
(Con información de Prensa Latina)
Huyendo de Honduras a Alemania: Deutsche Welle
Cientos de miles de personas de América Central huyen cada año del hambre, la pobreza y la violencia. La mayoría de ellos se dirige hacia Estados Unidos. Pero algunos también buscan protección en Alemania.Tomado de Deutsche Welle (emisora internacional de Alemania que produce periodismo independiente en 30 idiomas)
Las imágenes dieron la vuelta al mundo: caravanas con miles de mujeres, hombres y niños que partieron a pie en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Huyen de sus tierras natales de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua del hambre, la pobreza y la violencia. La migración de América Central a EE.UU. se ha convertido desde hace mucho tiempo en un éxodo masivo, pero cada vez es más difícil y peligroso para los migrantes llegar a Estados Unidos. Bajo la presión de Washington, el gobierno mexicano ha enviado numerosas unidades de la recién creada Guardia Nacional a su frontera sur con Guatemala, para frenar el flujo de migrantes hacia el norte. Estados Unidos también ha endurecido aún más las regulaciones de asilo para los centroamericanos.
En consecuencia, algunos huyen por la peligrosa ruta hacia Estados unidos, sino que optan por buscar refugio en Europa. Según Eurostat, el número de solicitudes de asilo de centroamericanos en la UE se ha multiplicado por más de diez en los últimos cuatro años, aunque las cifras absolutas siguen siendo muy bajas: mientras que en 2015 solo unas 900 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua solicitaron asilo en la UE, en 2018 la cifra había aumentado a poco más de 10.000. Según Eurostat, la mayoría de estos solicitantes se encuentran en España, Italia y, en cierta medida, en Suecia. Según la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF), solo 65 personas de esos cuatro países centroamericanos solicitaron asilo a las autoridades alemanas en 2018, frente a 142 en el primer semestre de 2019.
Noticia Relacionada: CIPRODEH pide a la ONU reconozca que en Honduras existe una crisis humanitaria
Refugio en Alemania
Darwin Sánchez
Uno de ellos es Darwin Sánchez. Junto
con su esposa y su hija de 11 años, el hondureño huyó de su tierra natal
porque se enfrentaba a la amenaza de una larga pena de prisión. En
2017, el joven de 33 años y sus compañeros ocuparon un edificio de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Choluteca y
organizaron manifestaciones para una mayor autonomía de los estudiantes.
Ahora lo quieren juzgar. «Los que exigen sus derechos no deben ser
castigados», dice Sánchez.
«Nosotros como familia hemos decidido venir a Alemania porque creemos que Alemania respeta los derechos humanos y nos atenderá como personas perseguidas». A principios de abril Sánchez llegó a Alemania con su familia, y presentó una petición de asilo.
Dennis Muñoz ya ha dado este paso. El activista hondureño de derechos humanos y candidato parlamentario de la oposición tuvo que abandonar su patria en 2017 después de que su padre, un político local, fue asesinado. Cuando el hermano de Muñoz comenzó a investigar la muerte de su padre, también fue asesinado. Sólo unos meses después de su llegada a Alemania, Muñoz fue reconocido por las autoridades alemanas como refugiado político. Hoy ayuda a otros migrantes hondureños en el proceso de solicitar asilo político en Alemania. Su caso concreto, sin embargo, es más bien la excepción, según Muñoz. La mayoría de los hondureños que llegan a Alemania huyen de las pandillas juveniles criminales que controlan barrios enteros y extorsionan a sus habitantes, dice Muñoz.
«Nosotros como familia hemos decidido venir a Alemania porque creemos que Alemania respeta los derechos humanos y nos atenderá como personas perseguidas». A principios de abril Sánchez llegó a Alemania con su familia, y presentó una petición de asilo.
Dennis Muñoz ya ha dado este paso. El activista hondureño de derechos humanos y candidato parlamentario de la oposición tuvo que abandonar su patria en 2017 después de que su padre, un político local, fue asesinado. Cuando el hermano de Muñoz comenzó a investigar la muerte de su padre, también fue asesinado. Sólo unos meses después de su llegada a Alemania, Muñoz fue reconocido por las autoridades alemanas como refugiado político. Hoy ayuda a otros migrantes hondureños en el proceso de solicitar asilo político en Alemania. Su caso concreto, sin embargo, es más bien la excepción, según Muñoz. La mayoría de los hondureños que llegan a Alemania huyen de las pandillas juveniles criminales que controlan barrios enteros y extorsionan a sus habitantes, dice Muñoz.
Protestas sacuden Honduras desde las controvertidas elecciones de noviembre de 2017.
Solicitar asilo en Alemania
Pero solicitar asilo en Alemania debido a esta amenaza no es muy prometedor: «Sólo un porcentaje muy pequeño de inmigrantes tiene una posibilidad real de obtener asilo político», dice Muñoz. No obstante, muchos presentan una solicitud, que suele ser rechazada, aunque en realidad tendrían derecho a la protección subsidiaria. Según el BAMF, se trata de reglas jurídicas que entran en vigor cuando no se puede conceder el estatus de protección al refugiado ni el derecho de asilo, pero el solicitante sigue corriendo el riesgo de sufrir daños graves en su país de origen.
Hace unos días, el activista estudiantil hondureño Darwin Sánchez recibió la respuesta a su solicitud de asilo: fue negativa. Mediante un abogado, apelará contra la sentencia. Mientras tanto, Dennis Muñoz, junto con otros migrantes hondureños, organiza una exposición itinerante para proporcionar información sobre el crimen, la corrupción, la situación de los derechos humanos y el contrabando de drogas en su país de origen. Espera contribuir así a que muchos alemanes entiendan mejor por qué él y sus compatriotas huyen de su patria para buscar protección en Alemania.
La coordinadora de la Organización Fraternal Negra
Hondureña, Miriam Miranda, consideró que Honduras se ha convertido en un
sitio hostil para los defensores del medio ambiente.
La criminalización ha llegado al punto que son vistos como terroristas y enemigos públicos, poniendo en peligro sus vidas.
“Hoy en Honduras por defender el medio ambiente te convierten en terrorista y en enemigo público”, dijo la dirigente indígena a El Periódico.
Recordó el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres que a tres años de su crimen, el caso queda en la impunidad.
“El caso de Berta demuestra hasta qué punto somos desechables para el estado. Eso es lo que más duele”, agregó Miranda.
La líder ambientalista indicó que desde el golpe de Estado del 2009 el país “se convirtió en un laboratorio político que entregó sus recursos después de destruir su institucionalidad”.
Se estima que el 70 por ciento del territorio hondureño es explotado por inversionista, afectando al pueblo garífuna.
“Muchas comunidades son militarizadas, se impone el terror y el desplazamiento. La gente ya no puede producir”, acotó.
Nueve indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido enjuiciados por defender sus bosques y territorio ancestral en la tribu de San Francisco, Yoro, Honduras. Este día se sustancia audiencia inicial en el Juzgado de Letras del departamento de Yoro en contra de Alisson Pineda, Wendy Pineda, José Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Villeda, Sergio Ávila y Ramón Matute, acusados del delito de obstaculización de un plan de manejo forestal.
Con este nuevo proceso de criminalización sumarían tres los enfrentados por el pueblo tolupán a partir del año 2010, a pesar de que la misma justicia hondureña emitió resoluciones reconociendo su inocencia y la legalidad de sus acciones de defensa del bosque enmarcados en los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los pueblos indígenas. Pero, para entender qué hay detrás del permanente asedio en contra del pueblo tolupán es necesario revisar su origen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de la tribu desde el año 2013[1] y el Estado de Honduras es el encargado de garantizar su implementación a través del Mecanismo Nacional de Protección, sin embargo, a pesar de gozar de supuesta protección son nuevamente víctimas de uso indebido del derecho penal y de la indiferencia y desidia de la institucionalidad hondureña encargada de protegerles.
¿Cuál es el origen del conflicto?
La Tribu Indígena de San Francisco Locomapa, se encuentra asentada en el municipio de Yoro, departamento de Yoro. Forma parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en dicho departamento y de las 31 tribus ancestrales tolupanes existentes en Honduras. El pueblo tolupán tiene 5,000 años de existencia, tiempo en el cual han desarrollado sus propias instituciones políticas, formas de organización y producción, prácticas religiosas, costumbres, idioma, cosmovisión de la vida, del entorno y sus semejantes.
Desde 1864, el territorio donde se encuentra asentada la tribu de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral que reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de territorio, en los cuales han habitado después de su desplazamiento forzado del Valle de Sula. La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente pretendidas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.
Diversas circunstancias de conflictividad social se han suscitado a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en territorio de la tribu. Ante eso, los líderes indígenas de la tribu de San Francisco Locomapa han ejercido diversas acciones de ejercicio de autonomía y soberanía indígena que implican control territorial, siendo amenazados, perseguidos y asesinados por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes naturales comunes. A partir de 2013 y sobre todo en los últimos dos años el saldo del conflicto ha sido fatal.
La tribu también denunció la ilegalidad y el actuar de algunos empresarios en la zona, mediante manifestaciones pacíficas y actos asamblearios en rechazo a las acciones de explotación de sus bosques de pino. A esto se le ha sumado la explotación ilegal e ilegítima de su riqueza mineral y la pretensión de concesionar las aguas de sus ríos a empresas mercantiles para la generación de energía eléctrica.
El 16 de diciembre de 2009 el ingeniero Rene Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF de Yoro, autorizó el Plan Operativo Anual N°. ICF-Y-309-2009, que contemplaba el corte de 7,394 árboles de pino que representaban un volumen de 5,304.0295 metros cúbicos (M³) de madera sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio de la tribu que serían procesadas por la empresa mercantil Velomato propiedad del empresario Kenton Gerardo Landa Uclés. Dicho proceso de aprobación y autorización del plan operativo anual se realizó sin consulta previa, libre, informada y de buena fe al pueblo indígena de San Francisco Locomapa, por lo que se les privó de decidir sobre esta acción administrativa que afectó directamente a la tribu generando grandes conflictos sociales a lo interno y el aprovechamiento arbitrario de sus bosques por terceros ajenos a la comunidad.
Desde el 11 de febrero de 2010, y por varios días, las comunidades indígenas de San Francisco Locomapa desarrollaron manifestaciones públicas y pacíficas, además de ejercicios de control territorial indígena en rechazo a las acciones de despojo y explotación de sus bienes forestales.
La criminalización como herramienta en favor de los intereses de los empresarios madereros: Dos procesos anteriores
Primer proceso en 2010
En vista de las acciones de la tribu, el 15 de marzo de 2010, el empresario Kenton Gerardo Landa Ucléscomprador de la madera en territorio indígena de la Tribu de San Francisco Locomapa, interpuso denuncia en contra de los ciudadanos indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute acusándolos del delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF.
Al día siguiente, 16 de marzo se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en contra de los ocho líderes indígenas denunciados, en la respectiva audiencia de declaración de imputados se les interpusieron medidas como ser presentarse a firmar cada 15 días al juzgado y prohibir concurrir a lugares donde se distribuyan bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.
El procedimiento judicial se vio cargado de vicios de ilegalidad por lo que la defensa privada, condición en que se actuó desde el equipo legal del Movimiento Amplio solicitó la nulidad de las actuaciones desarrolladas y se llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial en la cual la autoridad competente ratificó su decisión de dictar auto de formal procesamiento en contra de los 8 indígenas e imponerles medidas sustitutivas a la prisión. Dicha resolución fue apelada por la defensa privada y finalmente la Corte resolvió revocando el auto de prisión y decretando sobreseimiento definitivo a favor de los 8 líderes indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio.
Segundo proceso en 2012
El antecedente que constituyó el proceso judicial en contra de los 8 líderes indígenas provocó el incremento de la conflictividad entre la comunidad y los empresarios, siendo así que, el 03 de enero de 2012, el empresario Kenton Landa Uclés interpuso una nueva denuncia en contra e en contra de los líderes indígenas del MADJ José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF, en perjuicio de la misma Industria Velomato, quienes fueron detenidos el mismo día.
La acción surgió en respuesta a los actos de manifestación pacífica que la tribu realizó en el predio que ocupa dicha empresa en la zona, como resultado de la aprobación ilegal de un nuevo plan operativo anual y un plan de manejo forestal el cual autorizó el corte 5,666 árboles de pino que representaría 2,515.18 M³ de madera sobre territorio comunal indígena, procedimiento realizado en una nueva ocasión por el ingeniero René Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF.
Nuevamente, el abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio y quien actuó como defensor privado en el proceso judicial, presentó recurso apelando la resolución de audiencia inicial en la cual se dictó auto de formal procesamiento en contra de los líderes indígenas y se les ratificaron medidas cautelares, siendo el comportamiento de la instancia judicial similar al del proceso arbitrario instado anteriormente contra los 8 líderes tolupanes. El desenlace de este segundo proceso, fue la revocación de dicha resolución por parte de la Corte quien determinó dictar sobreseimiento definitivo en favor de los 3 indígenas acusados injustamente.
Finalmente, el Estado hondureño admitió, a través de ambos fallos de La Corte, que “la protesta indígena no puede ser considerada una acción “ilegal”, ya que los mismos están legitimados, por el Convenio 169 de la OIT, el cual les ampara para reclamar su derecho de ser consultados “antes” de emprender o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.
Baño de sangre indígena: El saldo de la corrupción en el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes operativos Anuales
Además de la criminalización y el asedio permanente, el saldo sufrido por el pueblo tolupán en general y de la tribu de San Francisco de Locomapa e integrantes del MADJ, en particular, es una amplia lista de asesinatos, incrementados a partir del año 2013.
2013: Triple asesinato
El 25 de agosto de 2013, mientras realizaban dicho acto de control territorial fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute[2], de los cuales se supone responsables a los señores Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque Varela, de quienes se refieren en tribu de San Francisco como quienes cuidan los intereses de los explotadores de la riqueza natural de la tribu. Armando Fúnez Medina era uno de acusados en procesos judiciales y María Enriqueta Matute inicialmente fue detenida cuando se presentó la acusación. Los autores materiales de estos asesinatos, están plenamente identificados y ubicados, pero aún no han sido capturados y sometidos a un proceso penal.
2015: Asesinato de Luis Reyes Marcia
El 5 de abril de 2015 fue asesinado en horas de la madrugada, el indígena Luis de Reyes Marcía, esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz del ambiente de inseguridad que hay en la zona y las amenazas concretas, debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la mayoría de ciudadanos indígenas de la tribu San Francisco Locomapa. El 22 de febrero de 2015 Reyes Marcía, junto con su familia, habían retornado a la tribu luego de permanecer 6 meses fuera debido a las constantes amenazas a su integridad física sobrevenidas por oponerse a la tala del bosque y a los proyectos mineros.
2015: Asesinato de Erasio Vieda Ponce
El 18 de julio de 2015, en la comunidad de Las Brisas de Locomapa, fue asesinado el indígena Erasio Vieda Ponce era de los principales líderes en este sector, firme militante de la lucha contra del despojo y la explotación de los bosques.
2019: Doble asesinato de Salomón y Samael Matute
El 25 de febrero de 2019, luego de fuertes amenazas y constantes agresiones físicas y verbales en horas de la mañana Juan Samael y José Salomón Matute fueron asesinados por personas vinculadas al ex general del ejército Finlander Armijo Uclés, involucrado históricamente en acciones de diversa naturaleza en contra de la población tolupana, particularmente en contra de la organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y quien fue condenado por delitos en contra de la población tolupana[3].
José Salomón Matute y Juan Samael Matute se constituyeron como referentes de la defensa de bienes naturales en la tribu y en el país en general. En 2015 formaron parte del grupo de indígenas tolupanes que se sumaron a la huelga de hambre en la capital del país en exigencia de la instalación de una comisión internacional para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, sumado a la denuncia de los conflictos de sus tribus provocados por el despojo y la indiferencia del Estado[4].
Más de 40 denuncias y procesos judiciales promovidos por la tribu vinculados al conflicto en total abandono institucional
El 5 de noviembre de 2016, integrantes de la tribu denunciaron a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), agentes del Ministerio Público y operadores de justicia, quienes fueron parte en los procesos de judicialización anteriores.
Existe un acumulado de más de 40 denuncias y procesos judiciales vinculados al conflicto provocado por el saqueo, así como a amenazas, ataques y diversas formas de hostigamiento en contra de la tribu y particularmente de personas que ahora están siendo criminalizadas que, a pesar de que es constatable la grave situación, continúan con procesos investigativos sin ningún avance.
La resistencia permanente del pueblo tolupán: El Campamento Digno en Defensa del Territorio Ancestral
A pesar del alarmante y adverso escenario, la tribu no ha bajado los brazos en ningún momento. Desde el Consejo Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de 2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán” mediante el cual se pretende frenar cualquier ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de madera.
El 16 de febrero de 2018 se reinstaló el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores individuales directos del triple asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de explotación de madera en la comunidad de San Blas.
Una larguísima lista de ataques corresponde a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.
[1] CIDH, Resolución 12/2013. Medida Cautelar No. 416-13, Asunto 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familias. Honduras. 19 de diciembre de 2013. Párr. 14.
[2] “Por defender sus tierras mataron a tres tolupanes”, Diario La Prensa, 28 de agosto de 2013. Honduras. Recuperado de: https://www.laprensa.hn/
[3] “General Finlander Armijo enfrenta cargos por agredir a indígenas tolupanes en Yoro”, Pasos de Animal Grande, Tegucigalpa, Honduras. 10 de enero de 2019. Disponible en: http://www.
[4] “Etnia tolupán se suma a huelga de hambre en Honduras”, Criterio.hn, Tegucigalpa Honduras, 30 de junio de 2015. Accesible en: https://criterio.hn/2015/06/
La guardia presidencial de Juan Orlando Hernández lanzó la
madrugada del domingo gases lacrimógenas al grupo de misquitos que
exigen en las afueras de la sede del Poder Ejecutivo una reunión.
Desde hace una semana, los pobladores viajaron desde La Mosquita, Gracias a Dios, a la capital de Honduras, para exponer a Hernández los problemas en la región.
A pesar de los intentos y de la tragedia en la zona, el grupo de ciudadanos no ha logrado el encuentro y en respuesta fueron reprimidos por elementos de la seguridad del representante de la dictadura en Honduras.
Líderes misquitos han denunciado que en la zona un 95 por ciento de sus habitantes no cuentan con un trabajo, obligándolos a faenar en el mar bajo condiciones inhumanas.
La campaña es impulsada por ACI Participa y financiada por PADF (Pan American Development Foundation) El porqué de la campaña
La permanente crisis política-social en Honduras, consecuencia de la ruptura del orden constitucional con el Golpe de Estado en el año 2009, ha posesionado un escenario de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática e institucionalizada. Pese a cuestionamientos y recomendaciones de organizaciones, organismos y países del primer mundo, el gobierno hondureño actual no ha mostrado voluntad sincera en el respeto y promoción a los derechos humanos, por el contrario existen fuertes reclamos y denuncias sobre la voluntad policía de los gobernantes en la protección de defensores de derechos humanos, aun y cuando la normativa nacional contempla de forma tácita una “Ley para la Protección de los Defensores de DDHH”. Al respecto, el informe preliminar de la visita in loco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH a Honduras, en el mes de agosto del año 2018, se resume la situación de vulnerabilidad, específicamente para los y las personas que realizan defensa de derechos humanos: “La Comisión observa que defensoras y defensores de derechos humanos continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a la que están expuestos”. “La CIDH constató que la mayoría de los casos de violencia, criminalización y difamación contra personas defensoras de derechos humanos está relacionada con la defensa del ambiente, la tierra o el territorio frente a la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros o agrarios”.
Finalmente la impunidad y la negación de acceso a la justicia para los grupos “estereotipados” representa un mensaje claro, directo y sencillo de los encargados de administras e impartir justicia en Honduras, “Hay un Ministerio Publico muy diligente para emitir requerimientos fiscales contra estudiantes, contra defensoras y defensores del ambiente y de los bienes comunes; pero, no para los ladrones del Estado ni para los violadores de los derechos humanos”.
Bajo este contexto, resulta oportuno el trabajo articulado e integral para hacer contra peso a la violencia orgánica y estructural del gobierno hondureño. Es necesaria la elaboración e implementación de una estrategia de comunicación que trabaje específicamente en la construcción de una campaña comunicacional con dos ejes centrales: el respeto de los derechos humanos, fortalecimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a defender derechos de parte del Estado.
Para lograr estos resultados, esta campaña fortalecerá las capacidades y empoderamiento en sectores geográficos identificados previamente. La campaña de comunicación tiene como prioridad la promoción del respeto al derecho a defender derechos, a la no criminalización por el trabajo de defensoría que realizan y por otra parte se diseñarán de manera puntual herramientas comunicacionales para visibilizar el trabajo que realizan las defensoras y defensores de DD.HH. La campaña estará dirigida a la sociedad nacional en general, pero existirán mensajes directos de sensibilización para las autoridades estatales locales, regionales y nacionales.
Unos mil hondureños marcharon este martes a la sede de la ONU en Tegucigalpa, donde reclamaron una intervención internacional para desmilitarizar la seguridad y desmontar el «terrorismo de Estado» en el país centroamericano.
Médicos, docentes y estudiantes caminaron juntos dos kilómetros hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en la capital al grito de «más medicina, menos cocaína», en alusión a supuestos vínculos de funcionarios públicos con el narcotráfico.
Dirigentes de la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, que protesta desde hace más de dos meses contra medidas gubernamentales, anunciaron la entrega de un pliego de peticiones a la misión de la ONU en Tegucigalpa.
«Una de las peticiones es la desmilitarización del territorio hondureño. No podemos permitir el terrorismo de Estado que se está viviendo en este momento«, dijo a periodistas la dirigente de la Plataforma, Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico Hondureños (CMH).
«Los niveles de represión en este gobierno están llegando a los niveles de los años 80, con escuadrones de la muerte asesinando a dirigentes en forma selectiva», aseguró a la AFP durante la caminata el dirigente magisterial de la Plataforma, Luis Sosa.
El presidente Hernández ha defendido la participación de militares en el combate contra el crimen, señalando que ha permitido reducir la tasa de homicidios de 79 por cada 100.000 habitantes en 2013, una de las más altas del mundo, a 40 por 100.000 el año pasado.
Médicos y educadores iniciaron hace más de dos meses una serie de manifestaciones y bloqueos de vías exigiendo al gobierno la derogación de dos secretos que, a su juicio, privatizan la salud y la educación, así como la renuncia de Hernández.
La semana pasada, Hernández ordenó que la Policía Militar de Orden Público (PMOP), una unidad élite con 5.000 efectivos creada por el gobernante para combatir el crimen organizado, reforzara a la policía para reprimir a los manifestantes.
Los manifestantes atribuyen a la PMOP la muerte de tres personas en las protestas.
El lunes, miembros de esa policía incursionaron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) e hirieron a tiros a cinco estudiantes, en una acción que fue repudiada por organizaciones sociales.
(Con información de AFP)
El régimen de Juan Orlando Hernández pretende crear una
fuerza élite para darle seguimiento a los expolicías depurados para
evitar que se involucren en hechos de desestabilización política y
social.
Lo anterior, confirmado por diario La Prensa, se da a conocer a unas semanas de la protesta de elementos de la Unidad Especial Cobras.
Según investigaciones del medio de comunicación, la nueva fuerza cuenta con el apoyo de la Comisión de Depuración Policial.
“Es una situación que trabajaremos este segundo semestre y la idea es que dé seguimiento a los policías depurados sobre todo a aquellos que tienen vínculos con actividades ilícitas y de crimen organizado”, cita La Prensa en su artículo.
En represalia por la sublevación policial, los elementos fueron dispersados a nivel nacional y la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial (TIGRES) desapareció.
Era la segunda vez que en dichas unidades se registraban acciones de protesta en contra de las condiciones laborales.
Las denuncias fueron enfocadas a la alimentación, horarios, violación a los derechos humanos y otras.
Los primeros elementos que se pronunciaron en el 2017 en contra de Juan Orlando Hernández han denunciado férrea persecución.
Pero solicitar asilo en Alemania debido a esta amenaza no es muy prometedor: «Sólo un porcentaje muy pequeño de inmigrantes tiene una posibilidad real de obtener asilo político», dice Muñoz. No obstante, muchos presentan una solicitud, que suele ser rechazada, aunque en realidad tendrían derecho a la protección subsidiaria. Según el BAMF, se trata de reglas jurídicas que entran en vigor cuando no se puede conceder el estatus de protección al refugiado ni el derecho de asilo, pero el solicitante sigue corriendo el riesgo de sufrir daños graves en su país de origen.
Hace unos días, el activista estudiantil hondureño Darwin Sánchez recibió la respuesta a su solicitud de asilo: fue negativa. Mediante un abogado, apelará contra la sentencia. Mientras tanto, Dennis Muñoz, junto con otros migrantes hondureños, organiza una exposición itinerante para proporcionar información sobre el crimen, la corrupción, la situación de los derechos humanos y el contrabando de drogas en su país de origen. Espera contribuir así a que muchos alemanes entiendan mejor por qué él y sus compatriotas huyen de su patria para buscar protección en Alemania.
Por
Publicado el 22 Julio, 2019
La criminalización ha llegado al punto que son vistos como terroristas y enemigos públicos, poniendo en peligro sus vidas.
“Hoy en Honduras por defender el medio ambiente te convierten en terrorista y en enemigo público”, dijo la dirigente indígena a El Periódico.
Recordó el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres que a tres años de su crimen, el caso queda en la impunidad.
“El caso de Berta demuestra hasta qué punto somos desechables para el estado. Eso es lo que más duele”, agregó Miranda.
La líder ambientalista indicó que desde el golpe de Estado del 2009 el país “se convirtió en un laboratorio político que entregó sus recursos después de destruir su institucionalidad”.
Se estima que el 70 por ciento del territorio hondureño es explotado por inversionista, afectando al pueblo garífuna.
“Muchas comunidades son militarizadas, se impone el terror y el desplazamiento. La gente ya no puede producir”, acotó.
Conflicto tolupán: Corrupción y saqueo de su territorio
9 índígenas tolupanes e integrantes del MADJ criminalizados por defender su territorio ancestralPor: MADJ
Nueve indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio han sido enjuiciados por defender sus bosques y territorio ancestral en la tribu de San Francisco, Yoro, Honduras. Este día se sustancia audiencia inicial en el Juzgado de Letras del departamento de Yoro en contra de Alisson Pineda, Wendy Pineda, José Pineda, Ángela Murillo, Celso Cabrera, Óscar Cabrera, Óscar Villeda, Sergio Ávila y Ramón Matute, acusados del delito de obstaculización de un plan de manejo forestal.
Con este nuevo proceso de criminalización sumarían tres los enfrentados por el pueblo tolupán a partir del año 2010, a pesar de que la misma justicia hondureña emitió resoluciones reconociendo su inocencia y la legalidad de sus acciones de defensa del bosque enmarcados en los derechos contenidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referente a los pueblos indígenas. Pero, para entender qué hay detrás del permanente asedio en contra del pueblo tolupán es necesario revisar su origen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de la tribu desde el año 2013[1] y el Estado de Honduras es el encargado de garantizar su implementación a través del Mecanismo Nacional de Protección, sin embargo, a pesar de gozar de supuesta protección son nuevamente víctimas de uso indebido del derecho penal y de la indiferencia y desidia de la institucionalidad hondureña encargada de protegerles.
¿Cuál es el origen del conflicto?
La Tribu Indígena de San Francisco Locomapa, se encuentra asentada en el municipio de Yoro, departamento de Yoro. Forma parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en dicho departamento y de las 31 tribus ancestrales tolupanes existentes en Honduras. El pueblo tolupán tiene 5,000 años de existencia, tiempo en el cual han desarrollado sus propias instituciones políticas, formas de organización y producción, prácticas religiosas, costumbres, idioma, cosmovisión de la vida, del entorno y sus semejantes.
Desde 1864, el territorio donde se encuentra asentada la tribu de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral que reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de territorio, en los cuales han habitado después de su desplazamiento forzado del Valle de Sula. La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente pretendidas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.
Diversas circunstancias de conflictividad social se han suscitado a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en territorio de la tribu. Ante eso, los líderes indígenas de la tribu de San Francisco Locomapa han ejercido diversas acciones de ejercicio de autonomía y soberanía indígena que implican control territorial, siendo amenazados, perseguidos y asesinados por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes naturales comunes. A partir de 2013 y sobre todo en los últimos dos años el saldo del conflicto ha sido fatal.
La tribu también denunció la ilegalidad y el actuar de algunos empresarios en la zona, mediante manifestaciones pacíficas y actos asamblearios en rechazo a las acciones de explotación de sus bosques de pino. A esto se le ha sumado la explotación ilegal e ilegítima de su riqueza mineral y la pretensión de concesionar las aguas de sus ríos a empresas mercantiles para la generación de energía eléctrica.
El 16 de diciembre de 2009 el ingeniero Rene Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF de Yoro, autorizó el Plan Operativo Anual N°. ICF-Y-309-2009, que contemplaba el corte de 7,394 árboles de pino que representaban un volumen de 5,304.0295 metros cúbicos (M³) de madera sobre un área de 201.54 hectáreas de territorio de la tribu que serían procesadas por la empresa mercantil Velomato propiedad del empresario Kenton Gerardo Landa Uclés. Dicho proceso de aprobación y autorización del plan operativo anual se realizó sin consulta previa, libre, informada y de buena fe al pueblo indígena de San Francisco Locomapa, por lo que se les privó de decidir sobre esta acción administrativa que afectó directamente a la tribu generando grandes conflictos sociales a lo interno y el aprovechamiento arbitrario de sus bosques por terceros ajenos a la comunidad.
Desde el 11 de febrero de 2010, y por varios días, las comunidades indígenas de San Francisco Locomapa desarrollaron manifestaciones públicas y pacíficas, además de ejercicios de control territorial indígena en rechazo a las acciones de despojo y explotación de sus bienes forestales.
La criminalización como herramienta en favor de los intereses de los empresarios madereros: Dos procesos anteriores
Primer proceso en 2010
En vista de las acciones de la tribu, el 15 de marzo de 2010, el empresario Kenton Gerardo Landa Ucléscomprador de la madera en territorio indígena de la Tribu de San Francisco Locomapa, interpuso denuncia en contra de los ciudadanos indígenas José María Pineda, Tomás Matute Zavala, Melvin Mercedes Castro Matute, Armando Fúnez Medina, Carlos Roberto Martínez, Bernardo Martínez, Celso Alberto Cabrera Matute y Juan Matute acusándolos del delito de Obstaculización de la Ejecución de un Plan de Manejo Forestal y Plan Operativo Anual Aprobado por el ICF.
Al día siguiente, 16 de marzo se presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Yoro, en contra de los ocho líderes indígenas denunciados, en la respectiva audiencia de declaración de imputados se les interpusieron medidas como ser presentarse a firmar cada 15 días al juzgado y prohibir concurrir a lugares donde se distribuyan bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas.
El procedimiento judicial se vio cargado de vicios de ilegalidad por lo que la defensa privada, condición en que se actuó desde el equipo legal del Movimiento Amplio solicitó la nulidad de las actuaciones desarrolladas y se llevó a cabo nuevamente la audiencia inicial en la cual la autoridad competente ratificó su decisión de dictar auto de formal procesamiento en contra de los 8 indígenas e imponerles medidas sustitutivas a la prisión. Dicha resolución fue apelada por la defensa privada y finalmente la Corte resolvió revocando el auto de prisión y decretando sobreseimiento definitivo a favor de los 8 líderes indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio.
Segundo proceso en 2012
El antecedente que constituyó el proceso judicial en contra de los 8 líderes indígenas provocó el incremento de la conflictividad entre la comunidad y los empresarios, siendo así que, el 03 de enero de 2012, el empresario Kenton Landa Uclés interpuso una nueva denuncia en contra e en contra de los líderes indígenas del MADJ José María Pineda Cardona, Celso Alberto Cabrera Matute y Oscar Amado Cabrera Matute por el delito de obstaculización de la ejecución de plan de manejo o plan operativo aprobados por el ICF, en perjuicio de la misma Industria Velomato, quienes fueron detenidos el mismo día.
La acción surgió en respuesta a los actos de manifestación pacífica que la tribu realizó en el predio que ocupa dicha empresa en la zona, como resultado de la aprobación ilegal de un nuevo plan operativo anual y un plan de manejo forestal el cual autorizó el corte 5,666 árboles de pino que representaría 2,515.18 M³ de madera sobre territorio comunal indígena, procedimiento realizado en una nueva ocasión por el ingeniero René Roberto Cabrera en su condición de Subdirector de Desarrollo Forestal ICF.
Nuevamente, el abogado Víctor Fernández, parte del equipo legal del Movimiento Amplio y quien actuó como defensor privado en el proceso judicial, presentó recurso apelando la resolución de audiencia inicial en la cual se dictó auto de formal procesamiento en contra de los líderes indígenas y se les ratificaron medidas cautelares, siendo el comportamiento de la instancia judicial similar al del proceso arbitrario instado anteriormente contra los 8 líderes tolupanes. El desenlace de este segundo proceso, fue la revocación de dicha resolución por parte de la Corte quien determinó dictar sobreseimiento definitivo en favor de los 3 indígenas acusados injustamente.
Finalmente, el Estado hondureño admitió, a través de ambos fallos de La Corte, que “la protesta indígena no puede ser considerada una acción “ilegal”, ya que los mismos están legitimados, por el Convenio 169 de la OIT, el cual les ampara para reclamar su derecho de ser consultados “antes” de emprender o autorizarse cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.
Baño de sangre indígena: El saldo de la corrupción en el otorgamiento de planes de manejo forestal y planes operativos Anuales
Además de la criminalización y el asedio permanente, el saldo sufrido por el pueblo tolupán en general y de la tribu de San Francisco de Locomapa e integrantes del MADJ, en particular, es una amplia lista de asesinatos, incrementados a partir del año 2013.
2013: Triple asesinato
El 25 de agosto de 2013, mientras realizaban dicho acto de control territorial fueron asesinados los indígenas Armando Fúnez Medina, Ricardo Soto Fúnez y María Enriqueta Matute[2], de los cuales se supone responsables a los señores Selin Eliazar Fúnez Bonilla y Carlos Roberto Luque Varela, de quienes se refieren en tribu de San Francisco como quienes cuidan los intereses de los explotadores de la riqueza natural de la tribu. Armando Fúnez Medina era uno de acusados en procesos judiciales y María Enriqueta Matute inicialmente fue detenida cuando se presentó la acusación. Los autores materiales de estos asesinatos, están plenamente identificados y ubicados, pero aún no han sido capturados y sometidos a un proceso penal.
2015: Asesinato de Luis Reyes Marcia
El 5 de abril de 2015 fue asesinado en horas de la madrugada, el indígena Luis de Reyes Marcía, esposo de Vilma Consuelo Soto quien goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH a raíz del ambiente de inseguridad que hay en la zona y las amenazas concretas, debido a la instalación de proyectos extractivos rechazados por la mayoría de ciudadanos indígenas de la tribu San Francisco Locomapa. El 22 de febrero de 2015 Reyes Marcía, junto con su familia, habían retornado a la tribu luego de permanecer 6 meses fuera debido a las constantes amenazas a su integridad física sobrevenidas por oponerse a la tala del bosque y a los proyectos mineros.
2015: Asesinato de Erasio Vieda Ponce
El 18 de julio de 2015, en la comunidad de Las Brisas de Locomapa, fue asesinado el indígena Erasio Vieda Ponce era de los principales líderes en este sector, firme militante de la lucha contra del despojo y la explotación de los bosques.
2019: Doble asesinato de Salomón y Samael Matute
El 25 de febrero de 2019, luego de fuertes amenazas y constantes agresiones físicas y verbales en horas de la mañana Juan Samael y José Salomón Matute fueron asesinados por personas vinculadas al ex general del ejército Finlander Armijo Uclés, involucrado históricamente en acciones de diversa naturaleza en contra de la población tolupana, particularmente en contra de la organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y quien fue condenado por delitos en contra de la población tolupana[3].
José Salomón Matute y Juan Samael Matute se constituyeron como referentes de la defensa de bienes naturales en la tribu y en el país en general. En 2015 formaron parte del grupo de indígenas tolupanes que se sumaron a la huelga de hambre en la capital del país en exigencia de la instalación de una comisión internacional para el combate a la corrupción y la impunidad en Honduras, sumado a la denuncia de los conflictos de sus tribus provocados por el despojo y la indiferencia del Estado[4].
Más de 40 denuncias y procesos judiciales promovidos por la tribu vinculados al conflicto en total abandono institucional
El 5 de noviembre de 2016, integrantes de la tribu denunciaron a funcionarios y funcionarias públicas del Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), agentes del Ministerio Público y operadores de justicia, quienes fueron parte en los procesos de judicialización anteriores.
Existe un acumulado de más de 40 denuncias y procesos judiciales vinculados al conflicto provocado por el saqueo, así como a amenazas, ataques y diversas formas de hostigamiento en contra de la tribu y particularmente de personas que ahora están siendo criminalizadas que, a pesar de que es constatable la grave situación, continúan con procesos investigativos sin ningún avance.
La resistencia permanente del pueblo tolupán: El Campamento Digno en Defensa del Territorio Ancestral
A pesar del alarmante y adverso escenario, la tribu no ha bajado los brazos en ningún momento. Desde el Consejo Preventivo de Tribu y los núcleos del Movimiento Amplio el 02 de octubre de 2017 se instalaron en asamblea permanente a través de un acto de control territorial indígena denominado “El Campamento Digno Tolupan por la Defensa del Bosque y el territorio Tolupán” mediante el cual se pretende frenar cualquier ingreso al territorio de la tribu de maquinaria para corte y traslado de madera.
El 16 de febrero de 2018 se reinstaló el Campamento Digno Tolupan tras el inicio de la explotación inconsulta de madera de pino y el ingreso arbitrario al territorio tribal de varios camiones propiedad de la empresa INMARE S. de R.L, desde entonces, el Campamento Digno ha sufrido constantes ataque por parte de los trabajadores de la referida empresa maderera, integrantes del Consejo Directivo de Tribu y el presidente de la FETRIXY, Noé Adalberto Rodríguez. Además, se tiene conocimiento que Selin Eleazar Fúnez Bonilla, uno de los autores individuales directos del triple asesinato del 25 de agosto de 2013, está brindando seguridad en el sitio de explotación de madera en la comunidad de San Blas.
Una larguísima lista de ataques corresponde a los sufridos por el Campamento desde su instalación hasta la fecha. A pesar de eso, se mantiene firme en su convicción de proteger el territorio ancestral.
[1] CIDH, Resolución 12/2013. Medida Cautelar No. 416-13, Asunto 18 miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y sus familias. Honduras. 19 de diciembre de 2013. Párr. 14.
[2] “Por defender sus tierras mataron a tres tolupanes”, Diario La Prensa, 28 de agosto de 2013. Honduras. Recuperado de: https://www.laprensa.hn/
[3] “General Finlander Armijo enfrenta cargos por agredir a indígenas tolupanes en Yoro”, Pasos de Animal Grande, Tegucigalpa, Honduras. 10 de enero de 2019. Disponible en: http://www.
[4] “Etnia tolupán se suma a huelga de hambre en Honduras”, Criterio.hn, Tegucigalpa Honduras, 30 de junio de 2015. Accesible en: https://criterio.hn/2015/06/
Impunidad militar vestida de civil
Tegucigalpa, Honduras.- “Usted siempre viene a complicar las cosas“,
expresó esta tarde la secretaria del juez de jurisdicción nacional,
Claudio Aguilar, a la abogada Karol Cárdenas, del área legal del Comité
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Cárdenas acompañó a familiares del
asesinado político Raúl Antonio Triminio Cisnado, cuyos ejecutores
fueron agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuando
dispararon contra el ciudadano de 39 años, en el marco de las protestas
post fraude electoral, la noche del 03 de diciembre del 2017.
La familia que vive en la capitalina colonia Villa Nueva, fue citada por el Ministerio Público a rendir declaración como prueba anticipada,
para este jueves 25 de julio a las dos de la tarde, en el juzgado cuyas
oficinas están dentro del cuartel militar “Fuerte Cabañas”, en el
Ocotal, Comayagüela.
Los testigos citados llegaron a eso de
las 02:15 p.m. a la entrada del fuerte. Los militares alargaron el
proceso de ingreso, como desconociendo hacia donde se dirigían.
Hubo comuncación por radio transmisor y
llamadas celulares desde la caseta en el acceso principal, preguntaban
una y otra vez, a qué lugar y con quién se iban a entrevistar, en eso
llegó la abogada del COFADEH y fueron a la oficina respectiva con un
militar a bordo del vehículo privado.
En este tiempo pasaron 20 minutos, a las
2:35 p.m. la abogada Cárdenas, acompañada del militar con un chaleco de
la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), entraron a
la oficina donde estaban tres empleadas públicas, y una de ellas le
preguntó ¿cuál era el motivo de estar allí?
La procuradora de derechos humanos le
explicó que estaba ahí por la audiencia para la que los había citado el
Ministerio Público; Pero Berenice Vallejo, me dijo que el juez, el
fiscal y la defensa pública ya se habían ido, porque los testigos no
llegaron, manifestó Cárdenas.
Agregó que, fue inútil explicarle a la
secretaria del juez el motivo del retraso, expresando que ella no estaba
para saber si los testigos estaban o no abajo (posta de registro) y que
yo solo llegaba a complicar las cosas. Que a ella no le constaba que
los testigos estaban a allí, por lo que a mí tampoco me consta que las
partes legales se hicieran presentes.
Vallejo le informó a Cárdenas que a la
hora señalada estaban presentes Luís Cardona, fiscal del Ministerio
Público; Claudio Aguilar, juez de jurisdicción nacional; y Andrés
Fernando Martínez, por la defensa pública, en el caso contra agentes de
la PMOP.
Frases como “hagan los que ustedes
quieran” y “siempre viene igual y denuncie, usted siempre hace lo que se
le da la gana”, recibió la abogada del COFADEH, que acompañaba a las
víctimas de la policía militar y ahora del sistema judicial.
Por la premura de la citación, se
hicieron gestiones para que la audiencia se pospusiera, pero no hubo una
respuesta concreta del fiscal y del juez, aseveró la defensora en
representación del COFADEH.
Además lo que se solicitaba era una
Declaración Anticipada, y para esto hay condiciones precisas como que el
testigo vaya a salir del país u otra circunstancia que le impida ir a
declarar en el tiempo estipulado, y éste no es el caso, detalló.
Según información brindada por la
defensora, el Ministerio Público solicitó esta audiencia hace cuatro
meses. Sin embargo, la misma entidad noticifcó a las víctimas hasta el
día de ayer miércoles.
Cabe señalar que los familiares de Triminio Cisnado, sentían temor luego que agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), los llamó la tarde del martes 23 de julio, y ayer el fiscal quería hablar con ellos. Todo fue rápido y les propuso que van a testificar como protegidos. O sea, que debían ir cubiertos de pies a cabeza, lo que les asustó, eso sería esta tarde. Karol Cárdenas
Ante ese temor, las víctimas se
apersonaron al COFADEH, por la extraña petición, pues no están de
acuerdo con eso que les pide la fiscalía.
El fiscal tuvo que haber llamado a los
testigos y confirmarles que la audiencia seguía en pie, así mismo la
secretaria del juez debió haber informado a la posta militar que iban a
llegar unos testigos, y no atrasar con engorrosos trámites el acceso.
La familia de Raúl Triminio, en búsqueda
de justicia, es revictimizada al negársele el debido proceso en un
juzgado dentro de un batallón militar.
En el marco de protestas contra la
ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, el COFADEH registró 34
asesinatos políticos, 23 de ellos ejecutados por la PMOP.
Por
Publicado el 8 Julio, 2019
Desde hace una semana, los pobladores viajaron desde La Mosquita, Gracias a Dios, a la capital de Honduras, para exponer a Hernández los problemas en la región.
A pesar de los intentos y de la tragedia en la zona, el grupo de ciudadanos no ha logrado el encuentro y en respuesta fueron reprimidos por elementos de la seguridad del representante de la dictadura en Honduras.
Líderes misquitos han denunciado que en la zona un 95 por ciento de sus habitantes no cuentan con un trabajo, obligándolos a faenar en el mar bajo condiciones inhumanas.
Ante vulnerabilidad lanzan campaña de protección para defensores de DD.HH.
La campaña es impulsada por ACI Participa y financiada por PADF (Pan American Development Foundation) El porqué de la campaña
La permanente crisis política-social en Honduras, consecuencia de la ruptura del orden constitucional con el Golpe de Estado en el año 2009, ha posesionado un escenario de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática e institucionalizada. Pese a cuestionamientos y recomendaciones de organizaciones, organismos y países del primer mundo, el gobierno hondureño actual no ha mostrado voluntad sincera en el respeto y promoción a los derechos humanos, por el contrario existen fuertes reclamos y denuncias sobre la voluntad policía de los gobernantes en la protección de defensores de derechos humanos, aun y cuando la normativa nacional contempla de forma tácita una “Ley para la Protección de los Defensores de DDHH”. Al respecto, el informe preliminar de la visita in loco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH a Honduras, en el mes de agosto del año 2018, se resume la situación de vulnerabilidad, específicamente para los y las personas que realizan defensa de derechos humanos: “La Comisión observa que defensoras y defensores de derechos humanos continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a la que están expuestos”. “La CIDH constató que la mayoría de los casos de violencia, criminalización y difamación contra personas defensoras de derechos humanos está relacionada con la defensa del ambiente, la tierra o el territorio frente a la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros o agrarios”.
Lea además: Defensoras, productoras de alimentos y de desarrollo
Por su parte Informe situacional DD.HH. 2018, elaborado por La Asociación para una Ciudadanía Participativa ACI-PARTICIPA, resalta la “multiplicación de las violaciones de los derechos humanos después del fraude electoral (2017)… La baja tolerancia de quienes detentan el poder ante los justos reclamos de la población… El uso indiscriminado de la violencia y los gases lacrimógenos, incluso los disparos de balas mortales, por parte de la policía para dispersar cualquier manifestación de protesta popular sin importar su tamaño y su razón de ser”. De igual manera el informe resalta la responsabilidad mediática en cuanto a los mensajes de fomento de odio, estigma y criminalización como estrategia contenedora e incluso incriminadora por parte de los gobernantes, “los grandes medios de comunicación corporativos que han tenido en los gobernantes corruptos sus mejores clientes, a cambio de defenderlos y justificar sus acciones, aunque éstas sean antidemocráticas y violadoras de los derechos humanos”.Finalmente la impunidad y la negación de acceso a la justicia para los grupos “estereotipados” representa un mensaje claro, directo y sencillo de los encargados de administras e impartir justicia en Honduras, “Hay un Ministerio Publico muy diligente para emitir requerimientos fiscales contra estudiantes, contra defensoras y defensores del ambiente y de los bienes comunes; pero, no para los ladrones del Estado ni para los violadores de los derechos humanos”.
Bajo este contexto, resulta oportuno el trabajo articulado e integral para hacer contra peso a la violencia orgánica y estructural del gobierno hondureño. Es necesaria la elaboración e implementación de una estrategia de comunicación que trabaje específicamente en la construcción de una campaña comunicacional con dos ejes centrales: el respeto de los derechos humanos, fortalecimiento del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y el reconocimiento del derecho a defender derechos de parte del Estado.
Para lograr estos resultados, esta campaña fortalecerá las capacidades y empoderamiento en sectores geográficos identificados previamente. La campaña de comunicación tiene como prioridad la promoción del respeto al derecho a defender derechos, a la no criminalización por el trabajo de defensoría que realizan y por otra parte se diseñarán de manera puntual herramientas comunicacionales para visibilizar el trabajo que realizan las defensoras y defensores de DD.HH. La campaña estará dirigida a la sociedad nacional en general, pero existirán mensajes directos de sensibilización para las autoridades estatales locales, regionales y nacionales.
Defensores de Honduras estamos con ustedes: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ha enviado una carta de respaldo a los y las defensoras de derechos humanos en Honduras en la fecha que se conmemora el décimo aniversario del golpe de estado a Manuel Zelaya Rosales y que ha significado el deterioro de los derechos humanos, la persecución, estigmatización y asesinato de los y las defensoras.
Aquí su carta
El día de hoy, queremos dirigir nuestras palabras a ustedes; para reconocer, con profunda admiración, su labor inclaudicable e imprescindible en la construcción de un país democrático, en el que la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos constituya una realidad y no, un anhelo.
La ruptura del orden constitucional el 28 de junio del 2009 tuvo consecuencias que aún continúan vigentes y encuentra sus secuelas más profundas en la cotidianeidad que enfrentan miles de personas que deben sobrevivir a la violencia, la discriminación, la muerte, y la exclusión como prácticas sostenidas.
En otras palabras, el golpe de Estado fracturó aún más el tejido social, aumentó la desprotección de los grupos históricamente excluidos a la vez que fortaleció las estructuras que promueven la corrupción y la impunidad.
El golpe no pasó en vano. Fue un hito más en medio de un continuo de ataques y amenazas a la democracia, sistema que hoy se encuentra en severo riesgo a partir de la concentración del poder en manos de las élites políticas y económicas que han cooptado el Estado para proteger sus intereses particulares.
Tal y como hace unos días, en ese entonces las protestas fueron disueltas por la fuerza con la implementación de operativos militares que utilizaron armas de fuego en contra de las y los ciudadanos que se opusieron a la ruptura constitucional. La manifestación se dejó de ver como el ejercicio legítimo de un derecho, y se asumió como un acto que debe ser eliminado, al costo que implique.
La impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto alimenta la desconfianza que muchos y muchas de ustedes tienen contra la institucionalidad. Sabemos también que las historias de nuestros países están llenas de heridas abiertas, que nadie se hace cargo de curar, porque les reditúa más el odio que la reconciliación.
Por eso Hoy, nos dirigimos a ustedes, a quienes alzan su voz para reivindicar la verdad y la justicia superando día con día las amenazas, el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización y las agresiones, sin la certeza de poder retornar día a día a sus hogares.
A diez años, queremos reconocer la valentía de las y los jueces, magistrados y fiscales valientes, que desafiaron toda orden de callar para reclamar las injusticias y hoy, ejercen su labor con independencia.
Igualmente reconocemos a los pueblos indígenas y campesinos que aún se niegan a creer y abrazar una idea de progreso que anula sus reivindicaciones históricas y desde sus territorios, son vivo ejemplo de dignidad.
En otros espacios, las y los estudiantes; ciudadanos y ciudadanas, que han salido a la calle sin miedo para reclamar cuantas veces sea necesario, que la salud y la educación no son negociables, que un derecho no se regala, si no que se exige. A las y los periodistas independientes, que, a pesar de las condiciones, afirman su compromiso con la verdad y con la información, como bases para tomar decisiones sobre nuestro porvenir.
A quienes luchan desde los movimientos feministas y colectivos LGTTTBI, emprendiendo una apuesta por la vida libre de violencia y discriminación, desafiando las estructuras patriarcales y machistas que aún hacen guerra en sus cuerpos.
Queremos decirles que estamos con ustedes, que, a pesar del panorama, confiamos en que su querido país se reconstituirá, volverá a entrelazar el tejido social y dará paso a una sociedad más justa, más próspera y más democrática. De eso no hay duda. Así lo vemos en las banderas flameantes que buscan romper con los ciclos históricos; en las voces que no se silencian frente a lo que sucede; en las manos dispuestas a trabajar para avanzar en conjunto en vez de crear barreras para profundizar la división.
Desde CEJIL reafirmamos nuestro compromiso para acompañar estas transformaciones, para acompañar sus demandas cuantas veces sea necesario, para aportar con ideas y propuestas a ese nuevo país que se vislumbra en la resistencia. Cuenten con nosotras.
Tegucigalpa.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ha enviado una carta de respaldo a los y las defensoras de derechos humanos en Honduras en la fecha que se conmemora el décimo aniversario del golpe de estado a Manuel Zelaya Rosales y que ha significado el deterioro de los derechos humanos, la persecución, estigmatización y asesinato de los y las defensoras.
Aquí su carta
El día de hoy, queremos dirigir nuestras palabras a ustedes; para reconocer, con profunda admiración, su labor inclaudicable e imprescindible en la construcción de un país democrático, en el que la garantía de la plena vigencia de los derechos humanos constituya una realidad y no, un anhelo.
La ruptura del orden constitucional el 28 de junio del 2009 tuvo consecuencias que aún continúan vigentes y encuentra sus secuelas más profundas en la cotidianeidad que enfrentan miles de personas que deben sobrevivir a la violencia, la discriminación, la muerte, y la exclusión como prácticas sostenidas.
En otras palabras, el golpe de Estado fracturó aún más el tejido social, aumentó la desprotección de los grupos históricamente excluidos a la vez que fortaleció las estructuras que promueven la corrupción y la impunidad.
El golpe no pasó en vano. Fue un hito más en medio de un continuo de ataques y amenazas a la democracia, sistema que hoy se encuentra en severo riesgo a partir de la concentración del poder en manos de las élites políticas y económicas que han cooptado el Estado para proteger sus intereses particulares.
Tal y como hace unos días, en ese entonces las protestas fueron disueltas por la fuerza con la implementación de operativos militares que utilizaron armas de fuego en contra de las y los ciudadanos que se opusieron a la ruptura constitucional. La manifestación se dejó de ver como el ejercicio legítimo de un derecho, y se asumió como un acto que debe ser eliminado, al costo que implique.
La impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto alimenta la desconfianza que muchos y muchas de ustedes tienen contra la institucionalidad. Sabemos también que las historias de nuestros países están llenas de heridas abiertas, que nadie se hace cargo de curar, porque les reditúa más el odio que la reconciliación.
Por eso Hoy, nos dirigimos a ustedes, a quienes alzan su voz para reivindicar la verdad y la justicia superando día con día las amenazas, el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización y las agresiones, sin la certeza de poder retornar día a día a sus hogares.
Nota relacionada Defensores latinoamericanos se solidarizan con lucha de Honduras por la salud y la educación
Entendemos la desprotección que sienten frente a un contexto que les mantiene alerta en todo momento, intentando reparar los embates que enfrenta constantemente el Estado de Derecho. Por esto, no cuestionamos los motivos que incluso les incitan a tomar lo indispensable para cruzar fronteras caminando, por mar o por aire, para buscar un nuevo comienzo, donde puedan vivir con seguridad.A diez años, queremos reconocer la valentía de las y los jueces, magistrados y fiscales valientes, que desafiaron toda orden de callar para reclamar las injusticias y hoy, ejercen su labor con independencia.
Igualmente reconocemos a los pueblos indígenas y campesinos que aún se niegan a creer y abrazar una idea de progreso que anula sus reivindicaciones históricas y desde sus territorios, son vivo ejemplo de dignidad.
En otros espacios, las y los estudiantes; ciudadanos y ciudadanas, que han salido a la calle sin miedo para reclamar cuantas veces sea necesario, que la salud y la educación no son negociables, que un derecho no se regala, si no que se exige. A las y los periodistas independientes, que, a pesar de las condiciones, afirman su compromiso con la verdad y con la información, como bases para tomar decisiones sobre nuestro porvenir.
A quienes luchan desde los movimientos feministas y colectivos LGTTTBI, emprendiendo una apuesta por la vida libre de violencia y discriminación, desafiando las estructuras patriarcales y machistas que aún hacen guerra en sus cuerpos.
Queremos decirles que estamos con ustedes, que, a pesar del panorama, confiamos en que su querido país se reconstituirá, volverá a entrelazar el tejido social y dará paso a una sociedad más justa, más próspera y más democrática. De eso no hay duda. Así lo vemos en las banderas flameantes que buscan romper con los ciclos históricos; en las voces que no se silencian frente a lo que sucede; en las manos dispuestas a trabajar para avanzar en conjunto en vez de crear barreras para profundizar la división.
Desde CEJIL reafirmamos nuestro compromiso para acompañar estas transformaciones, para acompañar sus demandas cuantas veces sea necesario, para aportar con ideas y propuestas a ese nuevo país que se vislumbra en la resistencia. Cuenten con nosotras.
Honduras: Manifestantes piden ayuda a la ONU frente terrorismo de Estado
Estudiantes
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) participan en
una manifestación para exigir la renuncia del presidente hondureño Juan
Orlando Hernández en Tegucigalpa el 24 de junio de 2019. Foto: AFP
Médicos, docentes y estudiantes caminaron juntos dos kilómetros hasta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en la capital al grito de «más medicina, menos cocaína», en alusión a supuestos vínculos de funcionarios públicos con el narcotráfico.
Dirigentes de la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, que protesta desde hace más de dos meses contra medidas gubernamentales, anunciaron la entrega de un pliego de peticiones a la misión de la ONU en Tegucigalpa.
«Una de las peticiones es la desmilitarización del territorio hondureño. No podemos permitir el terrorismo de Estado que se está viviendo en este momento«, dijo a periodistas la dirigente de la Plataforma, Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico Hondureños (CMH).
«Los niveles de represión en este gobierno están llegando a los niveles de los años 80, con escuadrones de la muerte asesinando a dirigentes en forma selectiva», aseguró a la AFP durante la caminata el dirigente magisterial de la Plataforma, Luis Sosa.
El presidente Hernández ha defendido la participación de militares en el combate contra el crimen, señalando que ha permitido reducir la tasa de homicidios de 79 por cada 100.000 habitantes en 2013, una de las más altas del mundo, a 40 por 100.000 el año pasado.
Médicos y educadores iniciaron hace más de dos meses una serie de manifestaciones y bloqueos de vías exigiendo al gobierno la derogación de dos secretos que, a su juicio, privatizan la salud y la educación, así como la renuncia de Hernández.
La semana pasada, Hernández ordenó que la Policía Militar de Orden Público (PMOP), una unidad élite con 5.000 efectivos creada por el gobernante para combatir el crimen organizado, reforzara a la policía para reprimir a los manifestantes.
Los manifestantes atribuyen a la PMOP la muerte de tres personas en las protestas.
El lunes, miembros de esa policía incursionaron en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) e hirieron a tiros a cinco estudiantes, en una acción que fue repudiada por organizaciones sociales.
(Con información de AFP)
Por
Publicado el 22 Julio, 2019
Lo anterior, confirmado por diario La Prensa, se da a conocer a unas semanas de la protesta de elementos de la Unidad Especial Cobras.
Según investigaciones del medio de comunicación, la nueva fuerza cuenta con el apoyo de la Comisión de Depuración Policial.
“Es una situación que trabajaremos este segundo semestre y la idea es que dé seguimiento a los policías depurados sobre todo a aquellos que tienen vínculos con actividades ilícitas y de crimen organizado”, cita La Prensa en su artículo.
En represalia por la sublevación policial, los elementos fueron dispersados a nivel nacional y la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial (TIGRES) desapareció.
Era la segunda vez que en dichas unidades se registraban acciones de protesta en contra de las condiciones laborales.
Las denuncias fueron enfocadas a la alimentación, horarios, violación a los derechos humanos y otras.
Los primeros elementos que se pronunciaron en el 2017 en contra de Juan Orlando Hernández han denunciado férrea persecución.
Narcoavión decomisado en 2014 era un obsequio para Tony Hernández
3 junio, 2019
TEGUCIGALPA, HONDURAS
Un narcoavión iba a ser regalado en 2014 por los cárteles de la droga a Juan Tony Hernández por sus generosas contribuciones para el narcotráfico y que tuvo como intermediario a un operador del cártel de los Valle Valle que fue extraditado en fecha reciente a EE.UU., de acuerdo a esta línea de investigación de los equipos de trabajo de Radio Globo y ConfidencialHN.
La aeronave, con matrícula mexicana XA-LUN -en código fonético X-Ray Alpha Lima Uniform November- fue traída a Honduras por dos pilotos aztecas, quienes fueron arrestados y posteriormente liberados por órdenes superiores, iba dirigido al hermano del actual gobernante como un estímulo a su contribución para que cientos de toneladas de cocaína fueran enviadas a la nación del norte.
En la investigación se pudo confirmar que el aeroplano se encuentra bajo custodia en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula y a cinco años de que se registrara el incidente sobre la captura de los dos tripulantes y Jeffry Darío Guzmán Tovar, extraditado en fecha reciente por su colaboración activa con los cárteles, permanece estancada.
Sobre el tema, los investigadores de ambos medios pudieron confirmar que jamás se abrió un expediente para dejar constancia de la confiscación del aparato, cuando las normas ya ordenan de que tiene que crearse un proceso legal para efectos de constancia y verificar si los involucrados son culpables o inocentes de los hechos que se imputan.
Tanto el fiscal general Óscar Chinchilla, como la actual jefa antinarcóticos Soraya Cálix tuvieron total y amplio conocimiento de la inmovilización del avión de matrícula mexicana, la captura y posterior libertad de los pilotos, quienes se fueron para su país y jamás se les dio seguimiento o, en su defecto, coordinar acciones con el Ministerio Público mexicano para perseguirlos penalmente.
Este bimotor tendría como destino la familia Hernández Alvarado-García Carías y su uso sería estrictamente personal, aunque un grupo de personas comprometidas con la ley impidieron que ese anhelo se hiciera realidad.
Al cierre de esta investigación, no hay requerimientos fiscales contra Guzmán Tovar (quien aspiraba a ser candidato a alcalde por la comunidad copaneca de El Paraíso), ni los otros dos ciudadanos para deducirles las responsabilidades.
El lujoso avión, según datos del fabricante, es un British Aerospace 125-700B, con número de serie, 257127, registrado a nombre de JY Hermanos SA, que estuvo matriculado en Inglaterra, Dinamarca, Suiza, EE.UU. y México, antes de ser decomisado y confinado en uno de los hangares de la Fuerza Aérea Hondureña.
Radio Globo y ConfidencialHN hallaro
«Esta empresa esta clasificada dentro del sector (531 – Servicios inmobiliarios que agrupa unidades económicas) dedicadas principalmente al alquiler sin intermediación de bienes raíces y proporcionar servicios inmobiliarios, como administración promoción y consultoría de propiedades», según indican los registros públicos mexicanos.
Por el tipo de actividad económica y la cantidad de empleados que suele tener esta empresa, podría ser utilizada por la delincuencia organizada.
Un narcoavión iba a ser regalado en 2014 por los cárteles de la droga a Juan Tony Hernández por sus generosas contribuciones para el narcotráfico y que tuvo como intermediario a un operador del cártel de los Valle Valle que fue extraditado en fecha reciente a EE.UU., de acuerdo a esta línea de investigación de los equipos de trabajo de Radio Globo y ConfidencialHN.
La aeronave, con matrícula mexicana XA-LUN -en código fonético X-Ray Alpha Lima Uniform November- fue traída a Honduras por dos pilotos aztecas, quienes fueron arrestados y posteriormente liberados por órdenes superiores, iba dirigido al hermano del actual gobernante como un estímulo a su contribución para que cientos de toneladas de cocaína fueran enviadas a la nación del norte.
En la investigación se pudo confirmar que el aeroplano se encuentra bajo custodia en la base aérea Armando Escalón de San Pedro Sula y a cinco años de que se registrara el incidente sobre la captura de los dos tripulantes y Jeffry Darío Guzmán Tovar, extraditado en fecha reciente por su colaboración activa con los cárteles, permanece estancada.
Sobre el tema, los investigadores de ambos medios pudieron confirmar que jamás se abrió un expediente para dejar constancia de la confiscación del aparato, cuando las normas ya ordenan de que tiene que crearse un proceso legal para efectos de constancia y verificar si los involucrados son culpables o inocentes de los hechos que se imputan.
Tanto el fiscal general Óscar Chinchilla, como la actual jefa antinarcóticos Soraya Cálix tuvieron total y amplio conocimiento de la inmovilización del avión de matrícula mexicana, la captura y posterior libertad de los pilotos, quienes se fueron para su país y jamás se les dio seguimiento o, en su defecto, coordinar acciones con el Ministerio Público mexicano para perseguirlos penalmente.
Este bimotor tendría como destino la familia Hernández Alvarado-García Carías y su uso sería estrictamente personal, aunque un grupo de personas comprometidas con la ley impidieron que ese anhelo se hiciera realidad.
Al cierre de esta investigación, no hay requerimientos fiscales contra Guzmán Tovar (quien aspiraba a ser candidato a alcalde por la comunidad copaneca de El Paraíso), ni los otros dos ciudadanos para deducirles las responsabilidades.
El lujoso avión, según datos del fabricante, es un British Aerospace 125-700B, con número de serie, 257127, registrado a nombre de JY Hermanos SA, que estuvo matriculado en Inglaterra, Dinamarca, Suiza, EE.UU. y México, antes de ser decomisado y confinado en uno de los hangares de la Fuerza Aérea Hondureña.
Radio Globo y ConfidencialHN hallaro
«Esta empresa esta clasificada dentro del sector (531 – Servicios inmobiliarios que agrupa unidades económicas) dedicadas principalmente al alquiler sin intermediación de bienes raíces y proporcionar servicios inmobiliarios, como administración promoción y consultoría de propiedades», según indican los registros públicos mexicanos.
Por el tipo de actividad económica y la cantidad de empleados que suele tener esta empresa, podría ser utilizada por la delincuencia organizada.
¡Increíble! Mientras a dos calles policía gaseaba la UPN, acribillan exalcalde de Tegucigalpa, Roberto Acosta
- Publicado: 04 Julio 2019
Hace
unos momentos trascendió que esta mañana en un sector de la colonia
Miraflores, fue asesinado el exalcalde de Tegucigalpa, Roberto “El
Pelón” Acosta, quien estuvo al frente de la Alcaldía del Distrito
Central entre 1994 y 1998 tras ser electo por el Partido Liberal.
Acosta
fue acribillado en las cercanías de la Universidad Pedagógica Nacional
(UPN), donde efectivos de la Policía gaseaban a estudiantes en protesta.
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
De varios disparos fue asesinado esta mañana el exalcalde del Distrito
Central de Honduras, Roberto Acosta, quien gobernó en la capital entre
1994 y 1998, siendo electo por el Partido Liberal.
De
acuerdo a la información preliminar, Acosta fue interceptado por
desconocidos que provocaron un choque entre los vehículos para frenarlo,
posteriormente individuos fuertemente armados abrieron fuego contra la
humanidad del exedil.
A
eso de las 12:30 del mediodía, la Policía Nacional confirmó la
identidad del occiso e inició el levantamiento del cuerpo y la pericia
forense. Acosta fue acribillado en un sector de la colonia Lomas de
Miraflores.
De
momento se desconoce el móvil del crimen, según vecinos del lugar, el
exfuncionario era una persona “tranquila”. En tanto, dirigentes del
Partido Liberal tras condenar el suceso, lo destacan como una persona
“entregada a su partido”.
NOTICIA EN DESARROLLO…
