A 40 meses del asesinato de la compañera Berta Cáceres exigimos
juicio y castigo para los autores intelectuales del crimen
Más de 3 años después del asesinato de la compañera Berta Cáceres,
los autores intelectuales del crimen no han sido investigados ni
juzgados y, ahora, enfrentamos una campaña mediática que busca mantener
en impunidad su caso. A continuación, presentamos una actualización del
proceso a #40MesesSinJusticia.
7 meses sin sentencia
El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.
Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.
A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.
Campaña por la impunidad
El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.
Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por Fraude, Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.
Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David Castillo por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado. .
Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia delos medios corporativos de comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPINH.
Nuestros pasos en el camino de la justicia
Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.
Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.
Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos
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#40MesesSinJusticia #JusticiaParaBerta #
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A #40Meses del asesinato de #BertaCáceres y aún #NoHayJusticia. No ha habido captura de TODOS los #AutoresIntelectuales de su crimen ni se ha emitido la sentencia escrita del primer juicio. Exigimos al Estado de Honduras garantizar #JusticiaParaBerta #JusticiaParaHonduras
#JusticiaParaBerta es #JusticiaParaHonduras Se cumplen #40MesesSinJusticia en el caso de #BertaCáceres El Estado de #Honduras debe garantizar el juicio y castigo de TODOS los autores intelectuales de este crimen. #NoMásAsesinatos a lideresas sociales en #Honduras
7 meses sin sentencia
El 19 de octubre de 2018 inició el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por la autoría material del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Este juicio se caracterizó por una serie de graves irregularidades practicadas desde el inicio del proceso que violentaron el derecho de la familia de Berta Cáceres y el COPINH al acceso a la verdad y la justicia.
Para el 29 de noviembre, la Sala I del Tribunal de Sentencia emitió el fallo en que condenó a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores por el asesinato de la defensora. Además, el Tribunal condenó a Rápalo, Torres, Hernández y Duarte por tentativa de asesinato contra Gustavo Castro y absolvió de toda responsabilidad a Emerson Duarte porque no se pudo comprobar su participación en el crimen.
A 7 meses de la emisión de este fallo condenatorio aún no se emite sentencia escrita que debe contener la individualización de lapena. Según las leyes hondureñas la sentencia debe emitirse sin retraso para garantizar los derechos a la verdad y la justicia. En este caso la falta de sentencia pone en peligro el fallo emitido contra los autores materiales del crimen y representa un obstáculo para la investigación y juzgamiento de los autores intelectuales.
Campaña por la impunidad
El 2 de marzo de 2018 se produjo la captura de David Castillo, miembro de la junta directiva y gerente general de DESA, único autor intelectual detenido por el asesinato de Berta Cáceres.
Un año después, en marzo de 2019, la UFECIC en conjunto con la MACCIH, emitió un requerimiento fiscal a 16 funcionarios públicos por los delitos cometidos en la licencia ambiental otorgada a DESA para la imposición del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. A David Castillo se le imputó por Fraude, Negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos falsos.
Posteriormente, a principios de abril de este año se realizó la audiencia preliminar en contra de David Castillo por el asesinato nuestra compañera. En esta audiencia la defensa de David Castillo presentó un nuevo peritaje como medio de prueba en un momento procesal inadecuado, lo que implicó la suspensión de la audiencia que, hasta la fecha, no se ha retomado. .
Junto a esto, la defensa de David Castillo y de DESA, con anuencia delos medios corporativos de comunicación, han instalado a nivel nacional una campaña que busca victimizar a David Castillo y deslegitimar el proceso en su contra, cuestionando las pruebas que lo vinculan con el asesinato e intentando justificar su inocencia con una narrativa absolutamente perversa y revictimizante tanto para la familia de Berta Cáceres como para el COPINH.
Nuestros pasos en el camino de la justicia
Para alcanzar verdad y justicia integral en esta causa, exigimos que se investigue, juzgue y sancione, de manera diligente, a todas las personas responsables por el asesinato de Berta y por las agresiones sistemáticas perpetradas contra el COPINH, incluyendo tanto a David Castillo como a la familia Atala, el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), funcionarios estatales, miembros de las fuerzas armadas, financiadoras y más.
Además, la concesión del río Gualcarque, que aún continúa representando una fuente de riesgo para las comunidades lencas, debe ser cancelada inmediatamente.
Finalmente, es urgente que se inicie un proceso para reparar al COPINH por todo el daño causado y, en particular, que se reconozca el rol importante que han liderado en la defensa de la tierra y los derechos de los pueblos
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VIDEO: A 40 meses de Impunidad, seguimos exigiendo Justicia para Berta
Mantener la memoria de los desaparecidos es una apuesta colectiva
Tegucigalpa, Honduras. –
Mantener la memoria de los detenidos desaparecidos en el ámbito público
es una apuesta colectiva, haciendo incidencia en fechas como la Semana
Internacional del Detenido Desaparecido, que este año es el 27 al 31 de
mayo.
Lo anterior fue expuesto por Berta
Oliva, en la Conferencia Internacional: Desaparición forzada e
Impunidad, organizada por el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), este miércoles 29 de mayo, en
Tegucigalpa.
La Conferencia Internacional “Desaparición Forzada e Impunidad” se desarrolló en el hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, en el marco del cierre del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”, que implementó el COFADEH con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.
Afirmó que el COFADEH tiene suficiente
información para decir que los crímenes de hoy y la barbarie que se
vive, es porque no se hizo nada para combatir la impunidad desde la
década de los 80. Oliva tiene 37 años hablando de los detenidos
desaparecidos, y no lo olvida ni un tan solo día.
El proceso de búsqueda empezó desde la
exigencia al Estado que devolvieran con vida a los detenidos
desaparecidos, luego identificar cementerios clandestinos, y de esos
procesos son muy pocas las madres que han quedado, entre las asistentes
estuvo doña Elvia Zelaya, madre de Róger González Zelaya (1988). Oliva
agregó que las esposas ahora más bien parecen las madres, en un modo de
expresar el tiempo que ha transcurrido.
Oliva, exhortó a que no se aliente ni se
haga caso a los torturadores, a los financiadores de la Asociación para
el Progreso de Honduras (APROH), de los cuales uno de ellos está preso,
pero no por violador de derechos humanos, sino por corrupto; y dos de
ellos están muertos, Miguel Facussé (2015) y Rafael Ferrari (2018), y
hay uno de los torturadores lanzándose para presidente de la República,
Billy Fernando Joya Améndola.
“Solo la verdad nos permite ser defensores de los derechos humanos” Berta Oliva
Recalcó la necesidad de hablar de esos
184 detenidos desaparecidos reconocidos por el Estado de Honduras a
través del informe “Los hechos hablan por sí mismos” presentado en 1993
por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Solicitó a la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Honduras
(OACNUDH), a que se instale una mesa para los detenidos desparecidos,
que la integre el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, en el país,
para ello los archivos del COFADEH están listos, pero serán entregados
en medio de mentiras como ha sucedido en el pasado, y las familias
continúan esperando respuestas de parte del Estado.
Deuda pendiente
Para
María Soledad Pazo, representante OACNUDH, el tema de desaparición
forzada es de mucha importancia, y se refirió a las recomendaciones del
Comité sobre Desapariciones Forzadas hechas al Estado de Honduras, el
año pasado, entre ellas que se investigue, informe a los familiares y
haya garantías en el proceso.
Además, que se aceleren las investigaciones y que ninguno de los responsables quede son castigo.
Aunque hay avances, es ha sido difícil
con respecto a 184 víctimas entre ellas 25 mujeres. y suman los casos de
violaciones de derechos humanos específicamente en el marco del fraude
post electoral (2017) donde registraron al menos un caso. Los mecanismos
de reparación siguen siendo necesarios para las víctimas de todos los
tiempos.
También se refirió a la reciente
publicación del nuevo Código Penal hondureño, en que se ha logrado
tipificar la desaparición forzada como delito autónomo y como crimen de
lesa humanidad, y se incluyó en la lista de penas inprescriptibles, el
seguimiento ha sido minucioso por parte del Comité de Desaparición
Forzada. Pero falta adoptar recomendaciones presentadas por esta Oficina
de la ONU, como elementos y circunstancias de arresto de responsables y
la pena del delito de lesa humanidad como tal.
Las deudas de impunidad crecen, infectan, debilitan el Estado de Derecho y ponen en grave peligro el respeto por los derechos humanos. María Soledad Pozo
Afirmó que es una deuda pendiente que no
debe dejarse de lado, reiterando su acompañamiento a las víctimas de
desaparición forzada a través de la labor impulsada por el COFADEH.
La figura de desaparición se expande con la migración
Hablar
de desaparición forzada de los años 80, también se asemeja a la
situación actual, refirió el sacerdote jesuita, Ismael Moreno, director
del Espacio de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-sj).
En el análisis contextual, el padre
“Melo”, expresó que no hay señales inmediatas que la situación cambie y
se asemeja a la década de los 80 que atraviesa el pensamiento y las
ideas. Y LA desaparición forzada también atraviesa a nuestras
poblaciones que se ve obliga a la migración forzada.
“Tenemos responsabilidades diversas de
lo que ocurre en Honduras y que se acaben las desapariciones forzadas.
hay acciones legales, políticas y particulares que se han agudizado
desde el 2009. pero el golpe de Estado no ocurrió en el 2009 es una
serie de golpes año tras año, es una década de construcción de golpes de
estado y un proceso de construcción de contragolpes, puntualizó.
Por lo que se debe emprender acciones
conjuntas de denuncia y construcciones de protestas de contragolpes, con
construcciones de propuestas.
Conferencia internacional sobre desaparición forzada e impunidad
30 | 05 | 2019
Este 29 de mayo, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, se llevó a cabo la Conferencia “Desaparición forzada e impunidad”, organizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
La actividad contó con la presencia de expertos internacionales y reconocidas personalidades de la defensa y promoción de los derechos humanos y la memoria histórica sobre la desaparición forzada.
En la década de los años ochenta, ‘escuadrones de la muerte’ detuvieron, torturaron y desaparecieron a unas 184 personas relacionadas con el movimiento social y popular hondureño.
Todos estos casos quedaron en la impunidad.
Actualmente el país vive quizás la peor crisis de derechos humanos de su historia reciente, y persisten todas las condiciones para que la historia negra de las desapariciones forzadas y la impunidad se repita.
Experto argentino disertará en el Foro: “Desaparición Forzada e Impunidad”
La Conferencia es en el marco del cierre del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”, que ejecuta el COFADEH con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.
Nombrado en 2017, el Doctor Luciano A. Hazan, de nacionalidad argentina, es miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.
Hazan fue miembro del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas (CED) por dos períodos (2011-2013 y 2013-2017). Se desempeñó como abogado en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo durante diez años, desde donde coordinó su equipo legal y litigó varios casos penales por desapariciones forzadas de niños secuestrados durante la dictadura y cuya identidad ha cambiado.
Luciano Hazan también coordinó el Programa de Verdad y Justicia y fue Subsecretario de Políticas contra la Criminalidad, tanto en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina; y se desempeñó como asesor legal en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
Fue abogado de Active Memory, una asociación de víctimas del ataque terrorista contra AMIA en 1994, donde los representó en el caso sobre el encubrimiento del crimen por parte de funcionarios judiciales y gubernamentales.
También se desempeñó como Subdirector en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y consultor experto en reforma judicial en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (JSCA).
Estudió Derecho con una mejor calificación en Derecho Penal (Universidad de Buenos Aires) y Periodismo, y tiene un Máster en Derecho de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Southwestern (Los Ángeles, Estados Unidos).
Actualmente coordina el Programa contra la Violencia Institucional en la Oficina Federal de Defensores Públicos de Argentina.
El Dr. Luciano Hazan disertará en el Foro: “Desaparición Forzada e Impunidad” que desarrollará el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) el próximo miércoles 29 de mayo en el Hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
La impunidad cubre por completo la búsqueda de verdad y justicia
Exhumaciones en Las Vueltas, Jacaleapa, mayo 1994
Tegucigalpa.- La Conferencia Internacional
“Desaparición Forzada e Impunidad” llevada a cabo en esta capital por el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
reveló que no existe voluntad política del régimen para investigar y
castigar a los culpables del delito de desaparición forzada en Honduras y
que un manto de impunidad pretende borrar de la memoria este crimen de
lesa humanidad.La actividad se desarrolló en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido con la participación de expertos nacionales e internacionales, defensores y defensoras de derechos humanos, campesinos, feministas, comunicadores sociales, periodistas, familiares de víctimas de los detenidos desaparecidos y miembros de la comunidad de la diversidad sexual.
El médico especialista en antropología y biología forense del País Vasco, Francisco Etxeberria expuso que el delito de desaparición forzada provoca un gran sufrimiento no sólo en las propias víctimas, sino en los allegados y familiares.
Francisco Etxeberria, médico especialista en antropología y biología forense del País Vasco
“Cuando se produce una desaparición hay sentimientos de culpa, de
angustia, a uno le entra una desesperación personal y solo quizás el
hallazgo de los restos, puede remontar esa situación que jamás adquiere
el tono original”, comentó el forense.
Etxeberria reconoció que a pesar que Honduras es un país pobre, cuenta con el conocimiento y tecnología acorde con los estándares internacionales, como para investigar los casos de desaparición forzada, perpetrados por escuadrones de la muerte y ocurridos en la década de los años ochenta e inicios de los noventa, de los cuales el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha documentado 184 casos.
Acerca de la publicación del informe titulado “Los Hechos Hablan por sí Mismos”, presentado por el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Leo Valladares Lanza, Etxeberria se preguntó que cómo era posible que a pesar que en las recomendaciones ubicadas en el apartado 4, punto número 8; “se dice que el estado debe crear una comisión especial que se encargue de localizar los cementerios clandestinos”, ¿por qué no se ha hecho?.
¿Por qué no se ha hecho?, no es una imposición de nadie de afuera, pero por lo que me he enterado no se ha hecho absolutamente nada, no ha tenido ningún desarrollo, cosa que a mí me asombra muchísimo, tendrá que ver con el nivel de impunidad que existe, y ya lo sabemos, con los medios que acumulan quienes mandan y acumulan el poder, sostuvo el experto.
Etxeberria reconoció que a pesar que Honduras es un país pobre, cuenta con el conocimiento y tecnología acorde con los estándares internacionales, como para investigar los casos de desaparición forzada, perpetrados por escuadrones de la muerte y ocurridos en la década de los años ochenta e inicios de los noventa, de los cuales el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha documentado 184 casos.
La búsqueda de los desaparecidos “debe ser coordinada, la búsqueda debe respetar el derecho a la participación, la búsqueda debe regirse por una política pública, sin embargo las autoridades no quieren cumplir esto que ya está decidido y pensado con lógica”.“…se dice que el estado debe crear una comisión especial que se encargue de localizar los cementerios clandestinos”, ¿por qué no se ha hecho?…”: Dr. Francisco Etxeberria.
Acerca de la publicación del informe titulado “Los Hechos Hablan por sí Mismos”, presentado por el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Leo Valladares Lanza, Etxeberria se preguntó que cómo era posible que a pesar que en las recomendaciones ubicadas en el apartado 4, punto número 8; “se dice que el estado debe crear una comisión especial que se encargue de localizar los cementerios clandestinos”, ¿por qué no se ha hecho?.
¿Por qué no se ha hecho?, no es una imposición de nadie de afuera, pero por lo que me he enterado no se ha hecho absolutamente nada, no ha tenido ningún desarrollo, cosa que a mí me asombra muchísimo, tendrá que ver con el nivel de impunidad que existe, y ya lo sabemos, con los medios que acumulan quienes mandan y acumulan el poder, sostuvo el experto.
Casa Amarateca
Sobre la Casa de la Memoria, el nuevo proyecto en el que está
involucrado el COFADEH, que fue un centro clandestino de detención y
tortura y que está localizada en el valle de Amarateca a unos 25
kilómetros hacia el norte de Tegucigalpa, el experto expuso que este
puede ser el primer lugar configurado de memoria.
La casa de la tortura que perteneció al coronel Amílcar Zelaya, fue adquirida recientemente por el COFADEH a través de un acuerdo amistoso con el gobierno de Honduras, en el caso conocido como “Seis Estudiantes”.
Hay indicios de que muchos detenidos desaparecidos de la década de los años ochenta, que fue de tiempo de persecución y terrorismo de estado, pasaron por esta casa y que incluso puede haber personas que fueron enterradas en este sitio.
Por su parte el doctor Luciano Hazan, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) explicó que cuando el grupo de trabajo se formó en 1980, sus integrantes se dieron cuenta que las desapariciones forzadas no solo se produjeron en el cono sur de América, sino que era un problema mundial.
El experto expuso que “la impunidad es un problema central. Mientras haya impunidad es difícil conseguir avances en términos de, el hallazgo de los desaparecidos, mientras haya impunidad es muy difícil conseguir memoria”.
Hazan que también se desempeñó como abogado en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina), resaltó que el propio estado debe reconocer lo sucedido con las desapariciones forzadas y por ende prometer la situación de no repetición de los hechos.
La casa de la tortura que perteneció al coronel Amílcar Zelaya, fue adquirida recientemente por el COFADEH a través de un acuerdo amistoso con el gobierno de Honduras, en el caso conocido como “Seis Estudiantes”.
Hay indicios de que muchos detenidos desaparecidos de la década de los años ochenta, que fue de tiempo de persecución y terrorismo de estado, pasaron por esta casa y que incluso puede haber personas que fueron enterradas en este sitio.
Por su parte el doctor Luciano Hazan, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) explicó que cuando el grupo de trabajo se formó en 1980, sus integrantes se dieron cuenta que las desapariciones forzadas no solo se produjeron en el cono sur de América, sino que era un problema mundial.
Hazan destacó que actualmente el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) está trabajando en la actualidad en los estándares internacionales y políticas públicas sobre este delito de lesa humanidad.“…la impunidad es un problema central. Mientras haya impunidad es difícil conseguir avances en términos del hallazgo de los desaparecidos, mientras haya impunidad es muy difícil conseguir memoria…”: Luciano Hazan
El experto expuso que “la impunidad es un problema central. Mientras haya impunidad es difícil conseguir avances en términos de, el hallazgo de los desaparecidos, mientras haya impunidad es muy difícil conseguir memoria”.
Hazan que también se desempeñó como abogado en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo (Argentina), resaltó que el propio estado debe reconocer lo sucedido con las desapariciones forzadas y por ende prometer la situación de no repetición de los hechos.
Luciano Hazan, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas
El experto dijo que las políticas públicas que debe llevar adelante
el estado para resolver la problemática de las desapariciones forzadas
son, entre otras, la prohibición de leyes de amnistía, exclusión de la
justicia militar, el derecho a denunciar las desapariciones forzadas
ante las autoridades y el deber de las mismas a aceptarlas, iniciar de
oficio las investigaciones durante las primeras horas de la denuncia;
que el estado de estructurar unidades de investigación específicas sobre
este delito, el acceso a toda la información relevante de los casos,
que incluya archivos de policía, archivos militares y de inteligencia y
tener acceso a todos los lugares de detención.
Finalmente Pablo Cala de la Fundación “Hasta Encontrarlos” de Colombia, dijo que la mayoría de investigaciones judiciales no tienen en cuenta el contexto, y el contexto es muy determinante para el esclarecimiento.
“Lo judicial no es suficiente para investigar una desaparición forzada. La investigación debe ser interdisciplinaria. Además de los abogados deben existir otros haberes y experiencias empezando por los familiares, los defensores de derechos humanos, los comunicadores sociales, antropólogos, sociólogos y forenses”.
Cala apuntó que la participación de los familiares de víctimas de desaparición forzada debe ser central en todo el proceso de investigación.
La Conferencia Internacional “Desaparición Forzada e Impunidad” se desarrolló en el hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, en el marco del cierre del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”, que implementó el COFADEH con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.
Al evento asistieron la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Lempira (Red Lempira), la Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de La Paz (Redhil-Paz), la red de defensores y defensoras de derechos humanos del oriente (Red Lempira), Red de defensores y defensores y defensoras ocotepecanos de derechos humanos (DEOCODERH).
Los jóvenes defensores de diferentes sectores del país expresaron sus emociones al escuchar a los panelistas, tanto nacionales como internacionales, que expusieron temas que no son desconocidos en el país, pero sí los escucharon desde otra mirada.
Para Nulman Maradiaga de la (REDHIL- PAZ), este evento fue bueno porque fue un espacio donde se pudo exponer muchas situaciones, donde tuvieron la oportunidad de hacer algunas preguntas y aclarar algunas dudas de casos y cosas que desconocía y para él las respuestas fueron aceptables.
“En algunas partes coincidimos, esta conferencia nos generó algunas expectativas que fueron superadas y como red nos sentimos satisfechos, todas nuestras expectativas fueron superadas”, señaló el defensor.
Por su parte Allan Torres de la REDEHSUR, agregó que “en primer lugar muy importante porque con este evento que se realizó hoy reafirmamos la presencia y seguimos reafirmando que seguimos buscando a los detenidos desaparecidos, seguimos exigiendo justicia y verdad por ellos, y al juntarnos todas y todos eso hacemos al conocer estos mecanismos de otros países que trabajan también la temática de las desapariciones forzadas, conocemos como ha ido trabajando y para tomar el ejemplo como país”.
Margarita Pineda señaló que va “muy sorprendida con la calidad de los expositores; emociones encontradas al saber que el dolor que todos los familiares de los detenidos desaparecidos a causado por muchos años, y ver que se mantiene viva la esperanza de encontrar una respuesta, ya no está la esperanza de encontrarlos vivos, si no que ahora de encontrar donde descansan para recuperar la historia de nuestros desaparecidos. Todo lo que ahora se dio pues me inspira a seguir la lucha y a seguir apoyando al Comité y como dicen ni olvido ni perdón.
Patricia Eguigure de la Red de El Paraíso reafirma que en la Semana Nacional del Detenido Desaparecido esta conferencia nos atraído muchas cosas buenas, sobre todo en el conocimiento, porque una de las cosas que nos entristece es ver las obligaciones que tiene un Estado como tal, para resolver los problemas de las víctimas y en este país eso todavía no se hace y eso es lamentable, pero nuestro deber es continuar, no claudicar.
Otra de las defensoras que se trasladó desde el occidente del país para asistir a la conferencia es Mayra Lara de DEOCODERH, quien dijo a defensoresenlinea.com que “con esta conferencia damos a entender que las desapariciones forzadas aún siguen vigentes en nuestra memoria y que nunca dejaremos de pedir verdad y justicia para con los hechores, y el llamado es para que no exista más impunidad, criminalización y estigmatización para con los defensores de la vida”.
El evento contó con la participación de expertos internacionales y reconocidas personalidades de la defensa, promoción de los derechos humanos y la Memoria Histórica sobre las desapariciones forzadas. En la década de los años ochenta, “escuadrones de la muerte”, detuvieron, torturaron y desaparecieron a unas 184 personas, relacionadas al movimiento social en Honduras.
Al acto asistieron representantes de organizaciones de derechos humanos, sectores populares, sindicales, campesinos, redes de defensores y defensoras, operadores de justicia, medios de comunicación y de la comunidad internacional.
Entre los conferencistas internacionales, participaron el Dr. Luciano Hazan, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.
El Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo, médico especialista en Medicina Legal y Forense. Especialista en Antropología y biología Forense de la Universidad Complutense de Madrid, España. El Dr. Etxeberria Gabilondo es conocido como el “forense de la memoria histórica”. También estuvo Pablo Cala, defensor de derechos humanos. Miembro de la Fundación “Hasta Encontrarlos” de Colombia.
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, habló sobre el compromiso de trabajar contra el delito de la desaparición forzada y perseguir criminalmente a los responsables que aún viven y se pasean libremente en Honduras.
También fue panelista el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y de Radio Progreso, obras de la Compañía de Jesús en Honduras.
La Conferencia se dio en el marco del cierre del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”, que ejecutó el COFADEH con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.
El próximo mes de junio Honduras recordará?, celebrará?, condenará?, llorará? O luchará? diez años de golpismo.
Por si lo habíamos olvidado, el 28 de junio de 2019 se cumplirá una década del Golpe de Estado que partió a Honduras en tres: la Honduras chafarota lame botas del Comando Sur, la Honduras próspera del Cartel de Lempira, el Planeta Verde, la Red de Pandora, y la Honduras resistente, la sufriente, la invencible, la valiente.
No es fácil hallar el mejor verbo para definir la acción que se merece un tiempo tan largo de éxito militar, de prosperidad criminal y de sufrimiento popular. No lo es.
Pero tenemos tiempo para seguir pensando el buen verbo, mientras tanto podemos analizar otros aspectos de este lamentable episodio.
¿Cómo ha sido posible que la élite del crimen organizado que dirige Estados Unidos en Honduras haya permanecido estos diez años en control del Estado?
Podemos intentar algunas respuestas basándonos en algunos hechos que han ocurrido durante estos años.
Sin duda, la estrategia de gerenciar la crisis social y política de Honduras es una decisión del gobierno de Estados Unidos, particularmente de su gobierno paralelo representado por el Pentágono, el Comando Sur y el Fondo Monetario Internacional.
Ese gobierno paralelo creó el Consejo Empresarial de América Latina para triangular los fondos que financiaron el golpe, así como en 1980 había creado a nivel local la Asociación para el Progreso de Honduras que financió la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de la oposición política a la ocupación militar del territorio.
A nivel ideológico el golpe usó los carteles religiosos y mediáticos para llenar de basura el ambiente nacional y sostener la idea que es mejor una dictadura de narcos violentos y corruptos que una apertura política al socialismo del siglo 21. Y Estados Unidos sigue basándose en esas MISMAS gargantas asalariadas para sostenerse hasta nuestros días.
En la esfera puramente política Washington utiliza la OEA, el Grupo de Lima, el ProSur y a sus propias agencias policiales y de inteligencia, la DEA, el FBI, la Policía de Fronteras y la CIA, para el manejo del crimen organizado en este eslabón central de la gran cadena que empieza en el sur de América hasta su mercado expandido.
Estados Unidos ha sacado una enorme ventaja de esta gerencia económica. Después de 1989 dejó sembrada en Palmerola una súper base militar permanente y en la laguna de Caratasca una base naval móvil. Además, un ejército local obediente, que no duda un instante en triangular con la Otan Latina y el imperio sionista para atacar el vecindario.
Después de 2009 tras el golpe, los intereses estadounidenses se ven claramente prosperados en el terreno geoestratégico, con oficinas instaladas en Casa Presidencial, el Ministerio Público y la Corte Suprema, desde donde opera el proceso electoral, la administración de la justicia, el comercio de droga, los movimientos migratorios y las relaciones internacionales de Honduras. Es decir, dirige el gobierno nacional.
El objetivo ha sido siempre ese, regresar el país a la falsa normalidad. Esa normalidad que llama poderes de Estado a las ventanillas de los criminales en el ejecutivo, congreso y corte, que nombra elecciones al fraude, presidente al impostor, Eminencia Reverendísima al triste religioso que pontifica desde la catedral de la dictadura, y esa normalidad que se atreve a calificar de tranquila la violencia militar, tranquila la masacre. Tranquila la deuda externa de 18 mil millones de dólares a la fecha.
Entonces, por eso debemos aprovechar la partida de Guimaraes para preguntarnos en serio qué hace realmente la Maccih en este proceso de construcción de la estabilización de la crisis? Y de qué sirve realmente la prolongación de su mandato.
Podemos también aprovechar la próxima visita del relator de la ONU sobre las desapariciones forzadas para preguntarle qué hacen las Naciones Unidas en este macabro proceso de normalización de la corrupción, el fraude electoral, la corrupción y la dictadura militar?
Tenemos, igualmente, que aprovechar la visita en junio próximo de 80 mujeres periodistas que llega a Tegucigalpa y San Pedro Sula porqué la prensa internacional no designa a Canadá y a la Unión Europea entre los financiadores de este desastre nacional que obliga a la población a marcharse de Honduras?
El Cofadeh aprovechará la última semana de este mes de mayo – la semana internacional del detenido desaparecido — para exigir a la ONU que vaya de una vez por todas por los responsables de la desaparición forzada después de la ocupación militar de Honduras en 1980, y después del golpe de 2009. No se puede continuar posponiendo la justicia. Ya basta!
En resumen, tenemos que evitar el uso de las organizaciones internacionales para imponernos la Honduras falsa, y tenemos que denunciar con nombre y apellido a los países traidores que financian este despropósito normalizador.
Una sola intervención internacional es aceptable, y es esa que nos ayude a expulsar a los canallas que nos dañan. No aceptamos ninguna otra intervención que venga aquí a domesticar nuestra brava resistencia y a distraernos de la reconquista de la vida. Y de la Patria.
Buenas noches!
El Progreso, Yoro.- Un nuevo caso de las
personas que fueron judicializadas durante la crisis post electoral de
2017 ha sido remitido al Tribunal de Sentencia.
Se trata del caso de Gustavo Adolfo Cáceres que se encuentra privado de libertad desde diciembre de 2017 en el Centro Penal de El Progreso.
Gustavo Cáceres es un joven de 26 años que se dedicaba a vender agua para mantener a su madre, fue detenido durante la crisis post electoral de 2017 y fue acusado de los delitos portación de explosivos o material de guerra o combate o fabricación casera. Desde diciembre de ese año permanece recluido en el centro penal de El Progreso.
La mayoría de los judicializados y privados de libertad durante la crisis post electoral sus expedientes han sido remitidos a los Tribunales de Sentencia.
Actualmente existen tres privados de libertad por razones políticas, ellos son Gustavo Adolfo Cáceres, Edwin Espinal y Raúl Álvarez, estos dos últimos recluidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
De acuerdo al Código Procesar Penal durante un periodo determinado se podrá solicitar revisión de medidas sustitutivas a la prisión, por lo que su apoderada legal Prisila Alvarado tendrá que hacer la solicitud ahora al Tribunal de Sentencia.
Tegucigalpa.- Cumplir con la Recomendación
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dar atención y
tratamiento médico urgente y especializado a los presos políticos,
liberarlos de inmediato y aprobar amnistía general e incondicional a las
174 personas acusadas en el contexto post electoral de 2017, exigió
este martes el Comité por la Liberación de Presos Políticos en Honduras.
Así lo demandaron durante una comparecencia frente al Ministerio Público, donde participaron miembros del comité y familiares de los privados de libertad por razones políticas, donde también denunciaron que los presos políticos son objeto de abuso de autoridad y se encuentran indebidamente en prisión y que el Estado está obligado a reparar el daño causado.
Tras el proceso electoral de 2017 se generó una crisis política en Honduras por el fraude electoral que se dio en favor de Juan Orlando Hernández, donde fue reelegido de marea ilegal y arbitraria con el beneplácito de Estados Unidos, la Unión Europea, los militares y el empresariado hondureño.
Ante el robo electoral la población salió a las calles a exigir se respetara su voluntad, lo que generó que el gobierno de Juan Orlando Hernández a través de la Policía Militar y Preventiva reprimiera a los protestantes que no aceptaban el fraude electoral porque se les estaba imponiendo a un presidente por el que no había votado.
Esa “casería” que se hizo fue salvaje para proteger el fraude electoral de Juan Orlando Hernández, donde dejó a más de 74 personas judicializadas, de las cuales tres personas todavía permanecen encarcelados.
Los que aún continúan privados de libertad por razones políticas son Gustavo Cáceres preso en el centro penal de El Progreso, Edwin Espinal y Raúl Álvarez recluidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
Durante su comparecencia frente al Ministerio Público el Comité por la Liberación de Presos Políticos en Honduras recordaron al Estado que durante la crisis post electoral el Comisionado Nacional de Derechos Humanos mostró su preocupación por que en sus inspecciones en los Juzgados y Tribunales y verificaron que el Ministerio Público realizó presentó requerimientos fiscales por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado agravado,sin un sustento sólido.
Además, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar de fin de visita en agosto de 2018, recomendó “Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
También denunciaron que el Ministerio Público presentó 174 requerimientos fiscales contra manifestantes y contra algunos transeúntes, y más grave aún contra personas que se encontraban fuera del País como el caso de Eduardo Enrique Urbina Ayala.
Estos requerimientos el Ministerio Público los presentó en forma subjetiva, sin diligencias de investigación técnico científicas a las que está obligado conforme a la Ley Penal y su propia Ley.
Texto y fotos: Sandra Rodríguez
Finalmente Pablo Cala de la Fundación “Hasta Encontrarlos” de Colombia, dijo que la mayoría de investigaciones judiciales no tienen en cuenta el contexto, y el contexto es muy determinante para el esclarecimiento.
“Lo judicial no es suficiente para investigar una desaparición forzada. La investigación debe ser interdisciplinaria. Además de los abogados deben existir otros haberes y experiencias empezando por los familiares, los defensores de derechos humanos, los comunicadores sociales, antropólogos, sociólogos y forenses”.
Cala apuntó que la participación de los familiares de víctimas de desaparición forzada debe ser central en todo el proceso de investigación.
La Conferencia Internacional “Desaparición Forzada e Impunidad” se desarrolló en el hotel Honduras Maya de Tegucigalpa, en el marco del cierre del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”, que implementó el COFADEH con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.
Familiares de los desaparecidos conocerán sobre el proceso de investigación desde la experiencia colombiana
Pablo Cala, pertenece a la fundación Hasta Encontrarlos de Colombia
Tegucigalpa.-
En el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COFADEH)
realizara la Conferencia Internacional Desaparición Forzada e Impunidad,
el que contara con expositores nacionales como internacionales.
En este foro uno de los conferencistas
es Pablo Cala, quien pertenece a la fundación Hasta Encontrarlos de
Colombia, donde la coordinadora general Berta Oliva es miembro
honoraria.
La Fundación para Encontrarlos, al igual
que el COFADEH, se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas, ya
que tanto en Honduras, como en varios países, incluyendo Colombia, la
desaparición forzada ha callado miles de voces que se alzaban a favor
del pueblo.
Según la fundación Hasta Encontrarlos y
otras organizaciones vinculadas con los derechos humanos son más de
45.000 las personas desaparecidas en Colombia.
En la Conferencia Internacional Cala
hablará sobre la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación
del crimen de desaparición forzada, desde la experiencia Colombiana.
Pablo Cala expresó vía teléfono que
“este 29 de mayo en la Conferencia Internacional Desaparición Forzada e
Impunidad, convocado por el COFADEH, vamos a estar interviniendo a
nombre de la Fundación Hasta Encontrarlos, compartiendo las experiencia
de la búsqueda de personas desaparecidas y los procesos de
investigación de este crimen en Colombia y los resultado sobre todo de
la experiencia desde los familiares y las organizaciones de derechos
humanos”.
“Y tratando de dar una mirada de lo que
en este momento o hasta la fecha el Estado no ha hecho y que se genera
una gran expectativa con relación a la implementación a la unidad de
búsqueda de personas desaparecidas”.
“La búsqueda de los familiares de
personas desaparecidas se centra en la memoria y la verdad como dos
banderas que exigen justicia y reparación integral, el esclarecimiento
de la verdad es un deber del Estado, pero en gran medida ya conocemos
que fue lo que pasó, y el hecho de que no esté probado no quiere decir
que no sepamos la verdad y de que hay una responsabilidad de agentes del
estado en las desapariciones forzadas”.
Estas actividades en Honduras y en otros
países son para recordarle al Estado que tiene una deuda con los
familiares, la reivindicación para con las víctimas, cuyo recuerdo
construye una identidad para la memoria de las víctimas de lesa
humanidad.
La Conferencia es en el marco del cierre del proyecto “Defendiendo
derechos y libertades para vos y para tu voz”, que ejecuta el COFADEH
con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.
Es lamentable que el Estado no cumpla con sus obligaciones por las víctimas de la desaparición forzada
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Las redes de defensores y defensoras
de derechos humanos de las diferentes zonas del país que han sido
formadas y acompañadas por el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), asistieron a la Conferencia
Internacional: Desaparición Forzada e Impunidad, en el marco de la
Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora del 27
al 31 de mayo.Al evento asistieron la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Lempira (Red Lempira), la Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de La Paz (Redhil-Paz), la red de defensores y defensoras de derechos humanos del oriente (Red Lempira), Red de defensores y defensores y defensoras ocotepecanos de derechos humanos (DEOCODERH).
Los jóvenes defensores de diferentes sectores del país expresaron sus emociones al escuchar a los panelistas, tanto nacionales como internacionales, que expusieron temas que no son desconocidos en el país, pero sí los escucharon desde otra mirada.
Para Nulman Maradiaga de la (REDHIL- PAZ), este evento fue bueno porque fue un espacio donde se pudo exponer muchas situaciones, donde tuvieron la oportunidad de hacer algunas preguntas y aclarar algunas dudas de casos y cosas que desconocía y para él las respuestas fueron aceptables.
“En algunas partes coincidimos, esta conferencia nos generó algunas expectativas que fueron superadas y como red nos sentimos satisfechos, todas nuestras expectativas fueron superadas”, señaló el defensor.
Por su parte Allan Torres de la REDEHSUR, agregó que “en primer lugar muy importante porque con este evento que se realizó hoy reafirmamos la presencia y seguimos reafirmando que seguimos buscando a los detenidos desaparecidos, seguimos exigiendo justicia y verdad por ellos, y al juntarnos todas y todos eso hacemos al conocer estos mecanismos de otros países que trabajan también la temática de las desapariciones forzadas, conocemos como ha ido trabajando y para tomar el ejemplo como país”.
Margarita Pineda señaló que va “muy sorprendida con la calidad de los expositores; emociones encontradas al saber que el dolor que todos los familiares de los detenidos desaparecidos a causado por muchos años, y ver que se mantiene viva la esperanza de encontrar una respuesta, ya no está la esperanza de encontrarlos vivos, si no que ahora de encontrar donde descansan para recuperar la historia de nuestros desaparecidos. Todo lo que ahora se dio pues me inspira a seguir la lucha y a seguir apoyando al Comité y como dicen ni olvido ni perdón.
Patricia Eguigure de la Red de El Paraíso reafirma que en la Semana Nacional del Detenido Desaparecido esta conferencia nos atraído muchas cosas buenas, sobre todo en el conocimiento, porque una de las cosas que nos entristece es ver las obligaciones que tiene un Estado como tal, para resolver los problemas de las víctimas y en este país eso todavía no se hace y eso es lamentable, pero nuestro deber es continuar, no claudicar.
Otra de las defensoras que se trasladó desde el occidente del país para asistir a la conferencia es Mayra Lara de DEOCODERH, quien dijo a defensoresenlinea.com que “con esta conferencia damos a entender que las desapariciones forzadas aún siguen vigentes en nuestra memoria y que nunca dejaremos de pedir verdad y justicia para con los hechores, y el llamado es para que no exista más impunidad, criminalización y estigmatización para con los defensores de la vida”.
El evento contó con la participación de expertos internacionales y reconocidas personalidades de la defensa, promoción de los derechos humanos y la Memoria Histórica sobre las desapariciones forzadas. En la década de los años ochenta, “escuadrones de la muerte”, detuvieron, torturaron y desaparecieron a unas 184 personas, relacionadas al movimiento social en Honduras.
Al acto asistieron representantes de organizaciones de derechos humanos, sectores populares, sindicales, campesinos, redes de defensores y defensoras, operadores de justicia, medios de comunicación y de la comunidad internacional.
Entre los conferencistas internacionales, participaron el Dr. Luciano Hazan, miembro del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Suiza.
El Dr. Francisco Etxeberria Gabilondo, médico especialista en Medicina Legal y Forense. Especialista en Antropología y biología Forense de la Universidad Complutense de Madrid, España. El Dr. Etxeberria Gabilondo es conocido como el “forense de la memoria histórica”. También estuvo Pablo Cala, defensor de derechos humanos. Miembro de la Fundación “Hasta Encontrarlos” de Colombia.
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, habló sobre el compromiso de trabajar contra el delito de la desaparición forzada y perseguir criminalmente a los responsables que aún viven y se pasean libremente en Honduras.
También fue panelista el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y de Radio Progreso, obras de la Compañía de Jesús en Honduras.
La Conferencia se dio en el marco del cierre del proyecto “Defendiendo derechos y libertades para vos y para tu voz”, que ejecutó el COFADEH con el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.
En un Estado asesino es difícil encontrar justicia para Ebed Jassiel Yánez
Tegucigalpa, Honduras.-
El Día de la Madre hondureña, Berlín Cáceres, lo conmemoró exigiendo
justicia para su hijo adolescente, asesinado por militares la madrugada
del domingo 27 de mayo del 2012.
Estaba
junto a otras madres en duelo. Portaba la imagen impresa de Ebed Jassiel
Yánez Cáceres, de 15 años, sonrisa discreta y ojos azules, con sueños y
travesuras, como los demás jóvenes.
Para
doña Berlín fue difícil contener las lágrimas, más cuando en lugar de
abrazar a su hijo, solo puede tener un retrato y el recuerdo del amargo
camino en la búsqueda de justicia, donde sólo uno de tres co homicidas
guarda prisión, tal como lo decidió la Sala V del Tribunal de Juicios
Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en enero del
2015.
Para la
madre, al igual que para el padre de Ebed Jassiel, Wilfredo Yánez
(fallecido en septiembre del 2016), la CSJ emitió una decisión en la que
volvieron a matar al menor, al determinar prisión únicamente para el
sargento Eliazar Abimael Rodríguez; y absolviendo al cabo Felipe de
Jesús Rodríguez y al subteniente Antonio Sierra, encargado de la
patrulla, quien pidió perdón aunque con eso no devolvería le devolvería
la vida, expresó al finalizar el juicio.
En una de las audiencias de ese proceso penal, Sierra llegó con vestimenta militar, en su momento el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), representante legal en el caso, denunció el acto como intimidatorio, y el militar reapareció vestido de civil.
En
referencia al segundo domingo de mayo, Cáceres afirmó que “no hay nada
que celebrar, sobre todo cuando nuestros hijos mueren por la mano del
mismo Estado”, por militares que devengan su salario de la Tasa de
Seguridad, fondo que sale de los impuestos pagados por hondureños
honrados, para una seguridad que no existe.
A Ebed
le gustaba escribir y siempre tenía una carta para darme el Día de la
Madre, su padre les inculcó (a su hijo e hija) el valor de honrarnos, y
del dinero que guardaban me compraban un detalle, agregó la catedrática
universitaria.
Como
maestra, a mis alumnos les cuento lo que sucedió con mi hijo, que ahora
tendría su edad. En la juventud ella encuentra felicidad al compartir
conocimiento recíproco con los futuros líderes de este país.
Mi hijo está descansando, es libre de la actual violencia, pero está mi hija por la que debo luchar, agregó.
Hoy
se cumple un aniversario más del asesinato de Ebed Jassiel, quién salió
la noche del 26 de mayo de su casa, a bordo de la motocicleta de su
papá, y al volver en la madrugada, en el marco de la operación Relámpago
de las Fuerzas Armadas de Honduras, una patrulla militar le hizo parada
el desvío de la colonia Los Pinos, al oriente de Tegucigalpa, pero el
menor continuó el camino.
No pudo
volver a sus casa en la colonia Villa Vieja. Antes de llegar, la
patrulla militar lo alcanzó, siete hombres armados iban a bordo, lo
acorralaron y le dispararon. Se fueron del lugar, y regresaron a recoger
los casquillos de balas, luego los tiraron a la orilla de la carretera
en la colonia Villa Nueva, por el puente del anillo periférico,
relataron testigos protegidos en juicio oral y público.
Don
Wilfredo hasta la mañana de ese domingo se percató que su hijo pequeño
no estaba en casa e inició la búsqueda, hasta en la tarde dio con el
cuerpo registrado en la Morgue Judicial del Ministerio Público, como
desconocido y de alguien de unos 26 años. También estaba el de otra
muchacha, asesinada en la misma zona, denunció el incansable buscador de
justicia, que encontró indicios para probar que a su hijo lo mataron
los militares.
Sólo con
una arma tuvo coincidencia el revestimiento balístico presentado por
Yánez, y que los militares no vieron esa madrugada.
Y,
aunque varios dispararon contra Ebed, sólo el sargento Eliazar Rodríguez
fue condenado a prisión. Los otros caminan con su fatiga militar
libremente, absueltos por la CSJ y la falta de ampliación de
requerimientos del Ministerio Público, como lo denunció Wilfredo Yánez,
hasta que un cáncer le arrebató la vida.h
En un
cementerio capitalino hay una lápida de mármol con los nombres de Ebed
Jassiel y Wilfredo Yánez, y sobre ella coloridas flores, lágrimas,
esperanza y la promesa de seguir la lucha de parte de Berlín Cáceres y
su hija.
“Han
pasado siete años y lo recuerdo como si fuera ayer, extraño su sonrisa y
acudo a la justicia de Dios”, finalizó la mamá de Ebed Jassiel, quien
no descarta acudir a instancias internacionales de justicia.
A gerencia del conflicto hondureño
Por si lo habíamos olvidado, el 28 de junio de 2019 se cumplirá una década del Golpe de Estado que partió a Honduras en tres: la Honduras chafarota lame botas del Comando Sur, la Honduras próspera del Cartel de Lempira, el Planeta Verde, la Red de Pandora, y la Honduras resistente, la sufriente, la invencible, la valiente.
No es fácil hallar el mejor verbo para definir la acción que se merece un tiempo tan largo de éxito militar, de prosperidad criminal y de sufrimiento popular. No lo es.
Pero tenemos tiempo para seguir pensando el buen verbo, mientras tanto podemos analizar otros aspectos de este lamentable episodio.
¿Cómo ha sido posible que la élite del crimen organizado que dirige Estados Unidos en Honduras haya permanecido estos diez años en control del Estado?
Podemos intentar algunas respuestas basándonos en algunos hechos que han ocurrido durante estos años.
Sin duda, la estrategia de gerenciar la crisis social y política de Honduras es una decisión del gobierno de Estados Unidos, particularmente de su gobierno paralelo representado por el Pentágono, el Comando Sur y el Fondo Monetario Internacional.
Ese gobierno paralelo creó el Consejo Empresarial de América Latina para triangular los fondos que financiaron el golpe, así como en 1980 había creado a nivel local la Asociación para el Progreso de Honduras que financió la tortura, la desaparición forzada y el asesinato de la oposición política a la ocupación militar del territorio.
A nivel ideológico el golpe usó los carteles religiosos y mediáticos para llenar de basura el ambiente nacional y sostener la idea que es mejor una dictadura de narcos violentos y corruptos que una apertura política al socialismo del siglo 21. Y Estados Unidos sigue basándose en esas MISMAS gargantas asalariadas para sostenerse hasta nuestros días.
En la esfera puramente política Washington utiliza la OEA, el Grupo de Lima, el ProSur y a sus propias agencias policiales y de inteligencia, la DEA, el FBI, la Policía de Fronteras y la CIA, para el manejo del crimen organizado en este eslabón central de la gran cadena que empieza en el sur de América hasta su mercado expandido.
Estados Unidos ha sacado una enorme ventaja de esta gerencia económica. Después de 1989 dejó sembrada en Palmerola una súper base militar permanente y en la laguna de Caratasca una base naval móvil. Además, un ejército local obediente, que no duda un instante en triangular con la Otan Latina y el imperio sionista para atacar el vecindario.
Después de 2009 tras el golpe, los intereses estadounidenses se ven claramente prosperados en el terreno geoestratégico, con oficinas instaladas en Casa Presidencial, el Ministerio Público y la Corte Suprema, desde donde opera el proceso electoral, la administración de la justicia, el comercio de droga, los movimientos migratorios y las relaciones internacionales de Honduras. Es decir, dirige el gobierno nacional.
El objetivo ha sido siempre ese, regresar el país a la falsa normalidad. Esa normalidad que llama poderes de Estado a las ventanillas de los criminales en el ejecutivo, congreso y corte, que nombra elecciones al fraude, presidente al impostor, Eminencia Reverendísima al triste religioso que pontifica desde la catedral de la dictadura, y esa normalidad que se atreve a calificar de tranquila la violencia militar, tranquila la masacre. Tranquila la deuda externa de 18 mil millones de dólares a la fecha.
Entonces, por eso debemos aprovechar la partida de Guimaraes para preguntarnos en serio qué hace realmente la Maccih en este proceso de construcción de la estabilización de la crisis? Y de qué sirve realmente la prolongación de su mandato.
Podemos también aprovechar la próxima visita del relator de la ONU sobre las desapariciones forzadas para preguntarle qué hacen las Naciones Unidas en este macabro proceso de normalización de la corrupción, el fraude electoral, la corrupción y la dictadura militar?
Tenemos, igualmente, que aprovechar la visita en junio próximo de 80 mujeres periodistas que llega a Tegucigalpa y San Pedro Sula porqué la prensa internacional no designa a Canadá y a la Unión Europea entre los financiadores de este desastre nacional que obliga a la población a marcharse de Honduras?
El Cofadeh aprovechará la última semana de este mes de mayo – la semana internacional del detenido desaparecido — para exigir a la ONU que vaya de una vez por todas por los responsables de la desaparición forzada después de la ocupación militar de Honduras en 1980, y después del golpe de 2009. No se puede continuar posponiendo la justicia. Ya basta!
En resumen, tenemos que evitar el uso de las organizaciones internacionales para imponernos la Honduras falsa, y tenemos que denunciar con nombre y apellido a los países traidores que financian este despropósito normalizador.
Una sola intervención internacional es aceptable, y es esa que nos ayude a expulsar a los canallas que nos dañan. No aceptamos ninguna otra intervención que venga aquí a domesticar nuestra brava resistencia y a distraernos de la reconquista de la vida. Y de la Patria.
Buenas noches!
HOMENAJE A LOS 77 CAÍDOS HOY DÍA DEL PERIODISTA EN HONDURAS
- Publicado: 25 Mayo 2019
El
25 de mayo en Honduras se celebra el Día del Periodista, en el marco de
esta fecha, el Conadeh ha reconocido que entre 2001 y 2019, 77
comunicadores han sido asesinados. Además, el gremio conmemora esta
fecha en el contexto de un nuevo Código Penal que atenta contra la
prensa.
El
dato es ratificado por el Comité por la Libre expresión (C-Libre),
quien amplía que al menos 60 comunicadores cuentan con mecanismos
especiales de protección.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el marco del
Día del Periodista hondureño, ha reconocido que desde 2001 a la fecha,
han sido asesinadas 77 personas ligadas a los medios de comunicación.
A
lo largo de los años, organismos especiales de protección han
manifestado que los principales agresores del gremio, son personajes
vinculados al Estado.
De
acuerdo con el Conadeh, los crímenes a periodistas, locutores,
camarógrafos y propietarios de medios, mantienen una impunidad del 92
por ciento de los casos.
Cabe
destacar que la mayoría de las víctimas en el gremio han sido personas
ligadas a la prensa alternativa y medios de comunicación comunitarios,
quienes son un grupo vulnerable por su postura de denuncia contra el
abuso de sectores “privilegiados”, que declaran la guerra a campesinos e
indígenas; la represión paramilitar y militar; su labor de defensa del
medio ambiente y toda causa en pro de la lucha social.
De
acuerdo al observatorio de la violencia de EL LIBERTADOR, martes,
miércoles, jueves y sábado son los días que más incidencia han
registrado en cuanto a muertes violentas de periodistas se trata.
Ahora,
el gremio enfrenta un nuevo contexto de criminalización, luego que el
14 de mayo se publicara en el diario oficial “La Gaceta”, el nuevo
Código Penal que según el Colegio de Periodistas de Honduras, atenta
contra la prensa.
Un caso más de los judicializados post elecciones es enviado al Tribunal de Sentencia
Se trata del caso de Gustavo Adolfo Cáceres que se encuentra privado de libertad desde diciembre de 2017 en el Centro Penal de El Progreso.
Gustavo Cáceres es un joven de 26 años que se dedicaba a vender agua para mantener a su madre, fue detenido durante la crisis post electoral de 2017 y fue acusado de los delitos portación de explosivos o material de guerra o combate o fabricación casera. Desde diciembre de ese año permanece recluido en el centro penal de El Progreso.
La mayoría de los judicializados y privados de libertad durante la crisis post electoral sus expedientes han sido remitidos a los Tribunales de Sentencia.
Actualmente existen tres privados de libertad por razones políticas, ellos son Gustavo Adolfo Cáceres, Edwin Espinal y Raúl Álvarez, estos dos últimos recluidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
De acuerdo al Código Procesar Penal durante un periodo determinado se podrá solicitar revisión de medidas sustitutivas a la prisión, por lo que su apoderada legal Prisila Alvarado tendrá que hacer la solicitud ahora al Tribunal de Sentencia.
Comité por los Presos Políticos exige se cumplan las recomendaciones de la CIDH
Así lo demandaron durante una comparecencia frente al Ministerio Público, donde participaron miembros del comité y familiares de los privados de libertad por razones políticas, donde también denunciaron que los presos políticos son objeto de abuso de autoridad y se encuentran indebidamente en prisión y que el Estado está obligado a reparar el daño causado.
Tras el proceso electoral de 2017 se generó una crisis política en Honduras por el fraude electoral que se dio en favor de Juan Orlando Hernández, donde fue reelegido de marea ilegal y arbitraria con el beneplácito de Estados Unidos, la Unión Europea, los militares y el empresariado hondureño.
Ante el robo electoral la población salió a las calles a exigir se respetara su voluntad, lo que generó que el gobierno de Juan Orlando Hernández a través de la Policía Militar y Preventiva reprimiera a los protestantes que no aceptaban el fraude electoral porque se les estaba imponiendo a un presidente por el que no había votado.
Esa “casería” que se hizo fue salvaje para proteger el fraude electoral de Juan Orlando Hernández, donde dejó a más de 74 personas judicializadas, de las cuales tres personas todavía permanecen encarcelados.
Los que aún continúan privados de libertad por razones políticas son Gustavo Cáceres preso en el centro penal de El Progreso, Edwin Espinal y Raúl Álvarez recluidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
Durante su comparecencia frente al Ministerio Público el Comité por la Liberación de Presos Políticos en Honduras recordaron al Estado que durante la crisis post electoral el Comisionado Nacional de Derechos Humanos mostró su preocupación por que en sus inspecciones en los Juzgados y Tribunales y verificaron que el Ministerio Público realizó presentó requerimientos fiscales por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado agravado,sin un sustento sólido.
Además, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar de fin de visita en agosto de 2018, recomendó “Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
También denunciaron que el Ministerio Público presentó 174 requerimientos fiscales contra manifestantes y contra algunos transeúntes, y más grave aún contra personas que se encontraban fuera del País como el caso de Eduardo Enrique Urbina Ayala.
Estos requerimientos el Ministerio Público los presentó en forma subjetiva, sin diligencias de investigación técnico científicas a las que está obligado conforme a la Ley Penal y su propia Ley.
Sin mucha confianza, defensores comparten testimonios ante la CIDH
Tegucigalpa, Honduras.-
Para las once de la mañana de este jueves 23 d emayo, fueron citados
defensores y defensoras de derechos humanos, por representantes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el
tiempo fue insuficiente para exponer la criminalización impulsada desde
el régimen de Juan Hernández.
A eso de las 11:15 de la mañana, Joel
Hernández García, Primer Vicepresidente de la CIDH y relator para
Honduras, dio inicio a la reunión en la que expresó se hicieran
referencia al accionar de Mecanismo Nacional de Protección.
Entre los asistentes había defensores de
la tierra y el territorio, campesinas, periodistas, feministas,
ambientalistas e indígenas criminalizados, procesados y perseguidos por
su labor de procuración en unos de los países más peligrosos para los y
las defensoras de derechos humanos.
Desde Tocoa, departamento de Colón, a 500 metros de Tegucigalpa, llegó Leonel George,
quien le expresó a la CIDH, que estuvo preso por defensor el río
Guapinol, junto a otros compañeros, entre los cuales (incluyendo él) hay
beneficiarios de medidas cautelares.
Soy beneficiario de medidas cautelares, y
más bien estuve preso en Támara, declaró George, quien está amparado en
la ampliación de la MC 50/14 emitida por la CIDH, en favor de la
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
La visita de CIDH fue del 22 al 24 de mayo, en Tegucigalpa.
El defensor German Chirinos,
del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA),
detalló que es beneficiario de medidas de protección, pero que, “hace
tres meses no voy a mi casa, por la persecución”, asimismo que le han
ofrecido sacarlo del país y reubicación, “pero eso significa no seguir
con mi labor de defensor y para eso mejor es haberme ido del país”.
Hace algún tiempo Chirinos denunció
persecución por la labor que emprende en favor de la defensa de los
bienes comunes, en ese momento el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH) medió para que estuviera fuera del
país tres meses, y volvió en agosto del 2018.
La CIDH escuchó que “ser feministas y
ambientalista en el país es un delito”. Fue la representante del
Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Betty Vásquez,
que lo expresó, agregando que la mayoría de las personas denunciantes
en esa reunión, eran mujeres, en quienes impacto las mayoría de las
violaciones a los derechos humanos.
Santa Bárbara ha logrado avanzar en la
declaración de municipios libres de hemos logrado minería, pero la
consecuencia es que están militarizando el departamento, sobre todo en
zonas de instalación de proyectos extractivistas, que de igual forma, el
impacto es los cuerpos de las mujeres.
Betty Vásquez (MAS)
En el caso de la represa El Tornillito,
en el municipio de Chinda, hay una declaratoria de NO al extractivismo y
represas hidroeléctricas, pero –la construcción- del proyecto avanza.
Mientras que “a las compañeras les dicen que son otras Bertas” haciendo
referencia a la defensora del pueblo indígena Lenca, Berta Cáceres,
asesinada en el 2016.
A mi hijo de 15 años, le han dicho: decile a tu mamá que se cuide, que va terminar en El Pozo
(explicó que es una cárcel de tortura y máxima seguridad), las amenazas
provienen de activistas políticos del partido de turno, por lo que
“tenemos miedo”, finalizó Vásquez.
Otra mujer que expresó su preocupación por el contexto para los y las defensoras fue Albertina López,
lideresa de la comunidad de Pajuiles, donde hay un campamento por la
dignidad, en Tela, departamento de Atlántida, donde hay señores de 80
años que tienen que pagar por el viaje para ir a formar a los juzgados,
hasta 800 lempiras, y no tienen empleo. Ella misma, en estado de
embarazo estuvo privada de libertad, en el 2017.
Al llegarle turno de expresar su situación, el periodista Jairo López,
de Choluteca, detalló que “me acusan de ser criminal, pero yo no soy
familia de políticos” –detallando algunos nombres y cargos de influencia
en el régimen-.
Al menos 80 personas asistieron a la cita convocada por la CIDH de 11:00 a 01:00 p.m.
Hizo referencia al encuentro con la
CIDH, “quiero que esto tenga eco, porque este país es corrupto. Me
corrieron del canal donde trabajaba por orden de Juan Orlando Hernández,
quien para congraciarse con la CIDH y al saber que ustedes venían, no
quiso que yo siguiera firmando medidas sustitutivas a la prisión, y el
pasado lunes en el Tribunal de San Lorenzo, Valle, me dieron libertad
definitiva.
A López se le acusaba de daños en
perjuicio de la Empresa de Energía Honduras (EEH), en esa ciudad del
sur. Y cuando lo arrestaron fue frente a su esposa e hija menor, al
amanecer del 10 de noviembre del 2018, y por estar cubriendo una
protesta social, lo volvieron a requerir en enero anterior. El
periodista quien goza de medidas de protección, tiene tres meses sin
escolta.
Jessica Trinidad,
representante de la Red de Defensoras, expuso que “es una verdadera
lástima que se invierta fondos y que se tenga tanta fe es este aparato
(Mecanismo Nacional de Protección), porque tienen representadas
amparadas con medidas que son constantes víctimas de hostigamiento.
Desde Las Vegas, Santa Bárbara, Ovidio Enamorado
manifestó a la CIDH que estuvo preso 90 días en El Pozo, y que en
Honduras, aunque se tenga medidas de protección, no se nos respetan, lo
que vivió en prisión, acusado de incendiar la alcaldía municipal,
durante protestas contra el fraude electoral, no quiere ni recordarlo.
El día que lo capturaron no valió el carnet que le facilita el Mecanismo
de Protección.
Al finalizar la audiencia, dijo en tono muy fuerte “aquí nos van a matar”, dirigiéndose al Relator Hernández. Otras voces se le unieron en rechazo a las reuniones y visitas de este nivel, por considerarlas no provechosas.
Olga Velásquez (CAVS)
En agosto del año pasado una misión oficial de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos dejó escrita en papel una lista de 25
recomendaciones a Honduras.
Esta semana la CIDH regresó – nueve meses después — para evaluar aquellas !25! recomendaciones que proponían diálogo, transición democrática, superación de las debilidades institucionales y cosas así, a veces escritas de manera rara, que en el buen entender de la población hondureña, suenan a poemas a la luna…
A propósito, en esta columna de opinión, dijimos el año pasado que el país no narco, el no corrupto, el no violento, quisiera que la Comisión hablara claro y que actúe en coherencia.
A Honduras no se le puede colocar dentro de una situación de “debilidad institucional”, porque lo que tenemos en realidad es un gobierno ilegal y una Constitución rota. No se le puede definir la convivencia dentro de “un clima político polarizado”, porque lo que existe es una guerra de fusina, de la policía militar y de grupos paramilitares contra la población en resistencia a la dictadura.
Es inconsecuente, por tanto, hacerle recomendaciones democráticas a una dictadura sometida a la embajada de Estados Unidos. Y no es justo recomendarle “diálogo nacional” a una sociedad harta de los delincuentes con poder. No es éticamente admisible pedirle a las víctimas del golpismo, que incluye el fraude electoral, que se sienten a pactar con la mafia narco-corrupta que atenaza el Estado.
Una “salida democrática, incluyente y participativa” a esta situación — como le gustó decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –, significaría adelantar elecciones generales para reestablecer los poderes a la Constitución y rehacer el Contrato Social destruido por los delincuentes de la Red, el cártel, la Caja Chica de la Dama y los Pandoros. Pero el texto no llega a ese atrevimiento ortográfico.
Eso dijimos el año pasado. También señalamos varias omisiones en el texto oficial de la Comisión, particularmente en el tema de derecho a la información y libertad de expresión. Creímos que alguien pudiera escuchar en Washington. Pero no, la situación sigue ahí más intensa que antes. El magisterio y el personal de salud están dialogando en las calles con todo el mundo, menos con los delincuentes. Guapinol sigue allá arriba en la montaña, en su campamento. Los asesinos del batallón de la muerte 3-16 ahí van a fundar un nuevo partido político. La familia presidencial está en los enormes expedientes de corrupción documentados por la MACCIH. Y en la lista del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y los narcos y violadores sexuales frotándose las manos con ese nuevo Código Penal hecho a su medida. Y con ellos hay que dialogar? No.
Precisamente, por los enormes peligros que continúan vigentes en Honduras, el próximo lunes 27 comienza la Semana Internacional contra la Desaparición Forzada, con una serie de acciones concretas por parte de la población y de las organizaciones que acompañamos a las víctimas.
La semana arranca con el lanzamiento de la campaña “Cultivar sin Riesgo”, válida para los territorios ocupados por campesinas, campesinos e indígenas en varios departamento de Honduras, particularmente en el Occidente y en el Norte, donde los desalojos violentos, la criminalización penal y la persecución paramilitar son las principales perturbaciones.
En las sierras de La Paz, Intibucá, Comayagua y en los valles de Naco, Sula, Aguán, Leán y otras zonas de cultivos de alimentos, los derechos campesinos e indígenas son atacados por sectores privados protegidos por los actores violentos con poder.
Por eso esta próxima semana nos unimos la Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo y el COFADEH para difundir mensajes que nos permitan cultivar sin riesgo.
Luego, la semana sigue vibrante con una serie de foros, conferencias y visitas de las cuales les hablaremos en notas informativas en breve, en este mismo programa.
De momento sólo podemos desear que nuestro encuentro con las Naciones Unidas en este tema de la impunidad y el desafío de la justicia, de la no repetición y la reparación de los daños ocasionados a la sociedad, sean asumidos al fin con la seriedad y responsabilidad que demandan las víctimas.
Les pedimos que nos acompañen como sociedad en este esfuerzo del 27 al 29.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, 25 mayo de 2019
La problemática del Valle de Siria, está afectando directamente a los y las defensoras del ambiente, así lo dejó saber Olga Velázquez, cuya vivienda está siendo vigilada por hombres vestidos de negro, durante la noche.
Ella es parte del Comité Ambientalista
del Valle de Siria (CAVS), al norte del departamento de Francisco
Morazán, donde permanecen los desastres que hizo la empresa minera
“Entremares”, y en el 2016 el Congreso Nacional dio una concesión para
la instalación de una empresa geotérmica, y nuevamente se reactivaron
las amenazas contra los y las defensoras que se oponen a dicha
explotación.
“Siento que es más protocolo estar en
esta mesa a lo que pueden hacer ante este gobierno maldito y usurpador”,
finalizó la defensora del ambiente.
Del 22 al 24 de mayo estuvo en el país
la visita de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), para dar seguimiento a la visita in loco realizada al
país en 2018. Estuvo, además del Relator de país el Comisionado Joel
Hernández, la Relatora para los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA), Soledad García Muñoz; y dos técnicos.
El COFADEH acompañó a un grupo
defensores de derechos humanos criminalizado y en riesgo, para que
expusieran desde su experiencia lo que enfrentan en Honduras.
Menos recomendaciones, pasemos a la acción
Esta semana la CIDH regresó – nueve meses después — para evaluar aquellas !25! recomendaciones que proponían diálogo, transición democrática, superación de las debilidades institucionales y cosas así, a veces escritas de manera rara, que en el buen entender de la población hondureña, suenan a poemas a la luna…
A propósito, en esta columna de opinión, dijimos el año pasado que el país no narco, el no corrupto, el no violento, quisiera que la Comisión hablara claro y que actúe en coherencia.
A Honduras no se le puede colocar dentro de una situación de “debilidad institucional”, porque lo que tenemos en realidad es un gobierno ilegal y una Constitución rota. No se le puede definir la convivencia dentro de “un clima político polarizado”, porque lo que existe es una guerra de fusina, de la policía militar y de grupos paramilitares contra la población en resistencia a la dictadura.
Es inconsecuente, por tanto, hacerle recomendaciones democráticas a una dictadura sometida a la embajada de Estados Unidos. Y no es justo recomendarle “diálogo nacional” a una sociedad harta de los delincuentes con poder. No es éticamente admisible pedirle a las víctimas del golpismo, que incluye el fraude electoral, que se sienten a pactar con la mafia narco-corrupta que atenaza el Estado.
Una “salida democrática, incluyente y participativa” a esta situación — como le gustó decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –, significaría adelantar elecciones generales para reestablecer los poderes a la Constitución y rehacer el Contrato Social destruido por los delincuentes de la Red, el cártel, la Caja Chica de la Dama y los Pandoros. Pero el texto no llega a ese atrevimiento ortográfico.
Eso dijimos el año pasado. También señalamos varias omisiones en el texto oficial de la Comisión, particularmente en el tema de derecho a la información y libertad de expresión. Creímos que alguien pudiera escuchar en Washington. Pero no, la situación sigue ahí más intensa que antes. El magisterio y el personal de salud están dialogando en las calles con todo el mundo, menos con los delincuentes. Guapinol sigue allá arriba en la montaña, en su campamento. Los asesinos del batallón de la muerte 3-16 ahí van a fundar un nuevo partido político. La familia presidencial está en los enormes expedientes de corrupción documentados por la MACCIH. Y en la lista del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y los narcos y violadores sexuales frotándose las manos con ese nuevo Código Penal hecho a su medida. Y con ellos hay que dialogar? No.
Precisamente, por los enormes peligros que continúan vigentes en Honduras, el próximo lunes 27 comienza la Semana Internacional contra la Desaparición Forzada, con una serie de acciones concretas por parte de la población y de las organizaciones que acompañamos a las víctimas.
La semana arranca con el lanzamiento de la campaña “Cultivar sin Riesgo”, válida para los territorios ocupados por campesinas, campesinos e indígenas en varios departamento de Honduras, particularmente en el Occidente y en el Norte, donde los desalojos violentos, la criminalización penal y la persecución paramilitar son las principales perturbaciones.
En las sierras de La Paz, Intibucá, Comayagua y en los valles de Naco, Sula, Aguán, Leán y otras zonas de cultivos de alimentos, los derechos campesinos e indígenas son atacados por sectores privados protegidos por los actores violentos con poder.
Por eso esta próxima semana nos unimos la Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo y el COFADEH para difundir mensajes que nos permitan cultivar sin riesgo.
Luego, la semana sigue vibrante con una serie de foros, conferencias y visitas de las cuales les hablaremos en notas informativas en breve, en este mismo programa.
De momento sólo podemos desear que nuestro encuentro con las Naciones Unidas en este tema de la impunidad y el desafío de la justicia, de la no repetición y la reparación de los daños ocasionados a la sociedad, sean asumidos al fin con la seriedad y responsabilidad que demandan las víctimas.
Les pedimos que nos acompañen como sociedad en este esfuerzo del 27 al 29.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, 25 mayo de 2019
