¡La tierra es de quien la trabaja!
ALERTA – AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO A 16 COMPAÑERXS
Y GIRAN 100 ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA COMUNITARIXS DE NUEVA ESPERANZA, COMAYAGUA
Dictan auto de formal procesamiento a 16 compañeros y compañeras de la comunidad de Nueva Esperanza quienes han estado llevando a cabo un proceso de recuperación de tierra.
Además, se han girado 100 órdenes de captura en contra de los demás comunitarios que trabajan la tierra en la comunidad de Nueva Esperanza.
Las tierras recuperadas por la comunidad han estado ociosas por mucho tiempo, sin embargo, ahora que lxs compañeros y compañeras empezaron a cosechar han sido víctimas de criminalización por parte de las autoridades.
COPINH no cesará en su lucha por defender el derecho a la tierra de nuestros compañeros y compañeras y exigimos al Instituto Nacional Agrario su pronta actuación ante los acuerdos realizados este 22 y 23 de julio en Tegucigalpa, y así cesar con esta persecución legal en contra de nuestros compañeros y compañeras.
¡La tierra es de quien la trabaja!
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Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tegucigalpa.- Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han hecho un llamado al gobierno de Honduras que pare ya de asesinar y herir a quienes protestan y al gobierno estadounidense le piden que denuncie los abusos de las fuerzas de seguridad hondureñas
En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad hondureñas han matado y herido a maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros ciudadanos hondureños que protestaban por los recortes en los sistemas de salud y educación.
Al menos cuatro estudiantes resultaron heridos por balas el 24 de junio cuando la Policía Militar del Orden Público irrumpió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, efectivamente violando su autonomía.
Eblin Noel Corea Maradiaga, de 17 años, recibió un disparo en la cabeza y murió el 19 de junio cuando miembros de la policía y las fuerzas armadas dispararon contra una multitud que protestaba en Yarumela, La Paz.
Jesús Ariel Sánchez Osorio, un joven maestro, fue asesinado el 31 de mayo por un disparo en la cabeza cuando policías dispararon contra manifestantes en Villanueva, Cortés.
Instamos al gobierno hondureño a: ordenar a todas las fuerzas de seguridad que inmediatamente pongan fin al uso excesivo de fuerza contra manifestantes; prohibir a las fuerzas armadas y la Policía Militar responder a cualquier protesta; disolver la Policía Militar del Orden Público; asegurar que los agentes del gobierno pongan fin a cualquier amenaza y abuso contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas; y asegurar que los casos contra agentes estatales por estos abusos sean investigados y procesados con prontitud.
Instamos al Departamento de Estado: a exigir al gobierno hondureño que: ponga fin al uso excesivo de la fuerza; respete los derechos de los hondureños a protestar, defender los derechos e informar sobre las noticias; disuelva la Policía Militar del Orden Público; y garantice la justicia para los crímenes contra los derechos humanos. Hacemos un llamamiento a la Embajada de los Estados Unidos en Honduras para que ponga fin a su silencio, demasiado a menudo, ensordecedor y denuncie regularmente y públicamente los abusos que se están cometiendo.
Firman,
Latin America Working Group (LAWG)
AFL-CIO
Amnesty International
CARECEN DC
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Guatemala Human Rights Committee – USA (GHRC)
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
International Labor Rights Forum (ILRF)
Jesuit Conference Office of Justice and Ecology
Maryknoll Office for Global Concerns
Oxfam America
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)
Las últimas represiones por parte de centenares de
soldados y policías han dejado muertos, heridos, golpeados e
intoxicados. La gente salió para unirse a la lucha de la Plataforma por
la Defensa de la Salud y la Educación, a cambio de diálogo recibió
balas.
El discurso justificativo de la figura con más rango en Honduras, el mandatario del país, ha elevado el grado de “conciencia represiva” de sus tropas. Ahora utilizan hasta rayos laser para tener certeza de dar en el blanco de víctimas que únicamente reclaman derechos.
Pasosdeanimalgrande.com ha documentado algunas situaciones que hacen del uso de la fuerza por parte de los cuerpos represivos del Estado el mayor peligro contra la población. Hay patrones de ataque definidos y planificados.
Este documento está en proceso de construcción pero dada la coyuntura es preciso generar un debate para exigir un alto a la estrategia de muerte.
Entre lo que contamos en este documento están los “bonos por trabajo” para los policías y militares que más repriman. El uso de las tecnologías de la vigilancia, como relojes y lápices con cámaras para grabar perfiles de quienes van a las manifestaciones, son solo parte de la “creatividad represiva”, utilizando hombres jóvenes infiltrados en las protestas.
Lea este documento y aporte en la construcción….en este Link
La familia de Edwin Robelo Espinal, de Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez y de Rommel Baldemar Herrera Portillo, así como organizaciones especializadas en atención a personas privadas de libertad han informado a sus representantes legales y a este Comité que estas personas se encuentran en grave riesgo, situación que se agudizó a partir del 11 de junio de 2019.
Los tres han tenido un rol de liderazgo y visibilidad en contra de la actual dictadura y se han expresado en manifestaciones públicas, las amenazas desproporcionadas y los riesgos a los que son expuestos son características de un Estado vengador, que usa su poder estatal y sus instrumentos de coerción contra personas que se encuentran en situación de desequilibrio de poder y son particularmente vulnerables al abuso. El Estado a través de sus autoridades penitenciarias ha conducido una campaña descredito al interior del centro penal, en relación a que los presos políticos son peligrosos y violentos, generando un ambiente de hostilidad entre privados de libertad y coordinadores totalmente desfavorables a los presos políticos, convirtiéndolos en blancos de terceros.
Según fuentes confidenciales existe una trama para atacarlos, simulando un motín. Desde el mes de marzo de 2019, este comité viene denunciando que las condiciones de hostilidad hacia los presos políticos se habían incrementado. Los militares, que desempeñan la función de directores del centro penal, intentaron acusarlos de iniciar motines, cuando solo reclamaron agua potable y medicamentos.
En el mes de mayo y junio cuando las manifestaciones públicas fueron más fuertes, las autoridades penitenciaras suspendieron las visitas familiares y conyugales y el traslado de los internos a sus citas médicas o audiencias legales en Tegucigalpa, por la crisis política. Los coordinadores y otros internos acusaron a los presos políticos de ser los responsables porque sus compañeros andaban en las calles.
Paralelo a ello avanzaron diferentes formas de violencia, entre estos hostigamientos que comenzaron con el robo de sus pertenencias e información que los iban a matar. Este tipo de agresiones constituyen torturas psicológicas y angustia moral para sus familiares. Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, incurre en un deber de cuidado para garantizar que la dignidad de esa persona sea respetada. Este no es el caso, los presos Políticos experimentan sufrimiento psicológico y emocional intenso, debido a la incertidumbre de sus reclamos de traslado y las condiciones de seguridad.
Las familias y sus representantes legales han interpuesto una serie de recursos para exigir la seguridad personal de los presos políticos; cuatro meses después no han encontrado respuestas en las autoridades competentes. Entre estos:
1.- Cuatro habeas corpus correctivos ante la Sala Constitucional, que han sido declarados sin lugar, no obstante un juez ejecutor, recomendó al Director del Centro Penal de Moroceli (La Tolva) “Se tomen las medidas precautorias URGENTES encaminadas a garantizar la seguridad física; se envíen Oficios al Ministerio Público para que continúen con las investigaciones necesarias a fin de determinar la certeza de las denuncias por Amenazas Interpuestas por los familiares de los señores Espinal y Álvarez”.
El Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto que amenaza a la vida e integridad de sus ciudadanos.
2.- Dos denuncia han sido presentadas ante el Mecanismo Nacional de Prevención Contra La Tortura (MNP-CONAPREV) sobre las amenazas a muerte recibidas por Edwin Róbelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar Herrera, por otros privados de libertad recluidos juntos con ellos en el centro penal “La Tolva.” Que ha emitido informes recomendando medidas urgentes de seguridad.
La dirección del centro penal tampoco implementó la recomendación del Juez de Ejecución de Francisco Morazán que a petición de los familiares visitó a los tres presos políticos y recomendó “que se realicen las investigaciones pertinentes sobre supuestas amenazas a muerte contra Espinal, Álvarez y Herrera, y ordenó brindar a partir de la fecha (13 de junio) suficiente seguridad y protección a los privados de libertad mencionados”.
3.- Dos solicitud de traslado urgente por escrito han sido presentados al Director del centro penal de Morocelí (La Tolva) con copia a CONAPREV y el juez de ejecución exponiendo los motivos y urgente necesidad de traslado de Espinal, Álvarez y Herrera al Segundo Batallón en Francisco Morazán, en el cual se le pueda proporcionar la seguridad necesaria para preservar sus vidas o integridad física. En el caso de Edwin la Embajada de Canadá ha exigido a la Dirección del Instituto Penitenciario información al respecto.
4.- Finalmente el 29 de junio de 2019, la esposa de Edwin Espinal solicitó en forma verbal al Director del Centro Penal el traslado de Edwin Espinal basada en la recomendación del Juez de ejecución, que insistió el 25 de junio ante las autoridades de La Tolva proporcionar las medidas de seguridad a Espinal, Álvarez y Herrera, debido a la incomodidad expresado por los coordinadores del módulo 3 contra los tres presos políticos:
En consecuencias, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades penitenciarias:
Adoptar las medidas necesarias para garantizar vida e integridad personal de Edwin Robelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar Herrera. Tomando en consideración el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las circunstancias que rodean la privación de libertad de los presos políticos, así como la necesidad de salvaguardar tales derechos, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares aplicables, medidas alternativas a la privación de la libertad como medio para salvaguardar sus derechos, o hacer efectivo su traslado a un centro de mayor seguridad para sus vidas.
Tegucigalpa 4 de julio de 2019.
Libertad para los presos políticos
Herrera Portillo es acusado de daños e incendio agravado en perjuicio de la Embajada de Estados Unidos, hecho sucedido el viernes 31 de mayo del año en curso.
El Comité por la Liberación de Presos Políticos, la Convergencia Contra el Continuismo y la Rel-UITA, realizaron una conferencia de prensa frente al Instituto Nacional Penitenciario donde denunciaron y condenaron la situación de riesgo en la que se encuentran tres líderes sociales privados de la libertad por razones políticas.
En la conferencia de prensa participaron los padres de Rommel Baldemar Herrera, el ex presidenciable Salvador Nasralla, el dirigente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Guillermo Valle, defensores de derechos humanos, miembros del Comité por la Liberación de Presos Políticos y representantes de la Rel-UITA.
“Yo responsabilizo de manera contundente a Juan Orlando Hernández si algo le sucede a mi hijo, él sería el responsable junto con doña Rosa Gudiel y German Mcneil, quienes han engavetado las solicitudes que de manera forma se le han hecho llegar para que el traslado de nuestro hijo se haga efectivo”, señaló Juan Carlos Herrera.
Asimismo dijo estar muy preocupado por la vida de los presos políticos, ya que las razones son de sobras porque han tenido pláticas directas con su hijo, con Edwin Robelo Espinal, con Raúl Álvarez quienes les han expresado el grado de riesgo que están corriendo y que se ha plasmado en el comunicado que se ha compartido con la prensa nacional e internacional.
“Los tres han tenido un rol de liderazgo y visibilidad en contra de la actual dictadura y se han expresado en manifestaciones públicas, las amenazas desproporcionadas y los riesgos a los que son expuestos son características de un Estado vengador, que usa su poder estatal y sus instrumentos de coerción contra personas que se encuentran en situación de desequilibrio de poder y son particularmente vulnerables al abuso”, indica el comunicado.
Además señala que “el Estado a través de sus autoridades penitenciarias ha conducido una campaña descredito al interior del centro penal, en relación a que los presos políticos son peligrosos y violentos, generando un ambiente de hostilidad entre privados de libertad y coordinadores, totalmente desfavorables a los presos políticos, convirtiéndolos en blancos de terceros”.
El Ex presidenciable Salvador Nasralla también fue claro y contundente al señalar al dictador Juan Orlando Hernández como el principal responsable si le llega a suceder algo a la integridad de los tres presos políticos recluidos en La Tolva.
“Quiero decirle al dictador Juan Orlando Hernández que si le llega a pasar algo a estas tres personas, vamos a hacer un llamado a todo el pueblo hondureño para ir a las calles y eso que si será algo fuerte para Honduras porque tendrá que venir intervenciones de organismos internacionales para poder parar la delincuencia que sale de la dictadura que dirige Juan Orlando Hernández”.
No puede ser que a nuestros presos políticos los tengan revueltos con criminales que han asesinado gente, ellos no han asesinado gente, ellos son defensores del estado del derecho violado, y no es posible que no se les permita tener acceso a la comida y a medicina, denunció Narsralla.
Asimismo exigió que a los tres presos políticos, Raúl Álvarez, Edwin Robelo Espinal y Rommel Baldemar Herrera los saquen de La Tolva y los trasladen a un batallón, los que son utilizados por la dictadura para llevar a los ladrones que han estafado al pueblo.
Finalmente cuestionó que a los saqueadores del estado los llevan a los batallones y a los que defienden los derechos humanos son llevados a cárceles de máxima seguridad donde están revueltos con criminales, por lo tanto exigimos que sean sacado de La Tolva.
Rel UITA
La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (UTRASURPA) se suma a la campaña de la Rel UITA por la liberación del joven maestro detenido por sumarse a las manifestaciones populares contra la privatización de la educación y la salud en Honduras.
La Regional y sus organizaciones afiliadas demandan al gobierno de Juan Orlando Hernández que cese la represión y la criminalización de la protesta social y que libere a todos los presos políticos.
Dictan auto de formal procesamiento a 16 compañeros y compañeras de la comunidad de Nueva Esperanza quienes han estado llevando a cabo un proceso de recuperación de tierra.
Además, se han girado 100 órdenes de captura en contra de los demás comunitarios que trabajan la tierra en la comunidad de Nueva Esperanza.
Las tierras recuperadas por la comunidad han estado ociosas por mucho tiempo, sin embargo, ahora que lxs compañeros y compañeras empezaron a cosechar han sido víctimas de criminalización por parte de las autoridades.
COPINH no cesará en su lucha por defender el derecho a la tierra de nuestros compañeros y compañeras y exigimos al Instituto Nacional Agrario su pronta actuación ante los acuerdos realizados este 22 y 23 de julio en Tegucigalpa, y así cesar con esta persecución legal en contra de nuestros compañeros y compañeras.
¡La tierra es de quien la trabaja!
#NoMasCriminalización
#TierraParaQuienLaTrabaja
LEER TAMBIEN: ALERTA ANTERIOR DEL 09/07/2019 Acción urgente por la TIERRA
El COPINH ha sufrido, en las últimas 2 semanas, ataques en 4
comunidades que se encuentran en la defensa de sus tierras producto de
la política de persecución a las más desposeídas y desposeídos que
existe en este país.
Rechazamos la destrucción de los cultivos en la comunidad de Río Blanco, las órdenes de captura libradas contra la comunidad de Nueva Esperanza, el ataque armado impune contra la comunidad de Somolagua y las amenazas de muerte contra la comunidad de Montaña Verde.
Rechazamos los intentos de división a nuestras comunidades impulsados por la dirección de “pueblos indígenas” del Gobierno (DINAFROH) y las acciones de personas traidoras que se prestan a los intereses empresariales, gubernamentales y corruptos.
Es por esto que, en memoria de nuestro héroe Lempira se han convocado una decena de comunidades del pueblo Lenca para exigir la pronta resolución de nuestras demandas y anunciamos en este momento la realización de un plantón indefinido que no se levantará hasta que se cumplan nuestras demandas.
Se han movilizado el día de hoy, hasta Tegucigalpa, comunidades indígenas que tienen siglos viviendo en sus territorios, que son hábitat indispensable para la vida comunitaria y comunidades campesinas que han ocupado tierras ociosas que pertenecían al Estado y que irregularmente fueron dadas a terratenientes, tierras despojadas al pueblo Lenca.
Las más de 200 comunidades Lencas organizadas en el COPINH llevan años esperando la actuación diligente del Instituto Nacional Agrario (INA) para resolver diversas demandas por la titulación de las tierras comunitarias indígenas Lencas, sin embargo, hasta ahora solo hemos recibido engaños y largas en la resolución de nuestras demandas.
Esto ha expuesto a cientos de comunitarios a órdenes de captura por usurpación de tierra, amenazas a muerte por parte de terratenientes, el daño de los cultivos del maíz y el ingreso inconsulto de proyectos sin consentimiento.
Recordamos que la demanda central es el avance en los procesos de titulación comunitaria de las tierras para las y los indígenas legítimos dueños y dueñas de los territorios. En concreto nuestras peticiones después de largas esperas por las diligencias de INA son:
a) Comunidad indígena Montaña Verde, Lempira: Emisión del título comunitario.
b) Comunidad indígena Guise, Intibucá: Emisión del título comunitario.
c) Comunidad indígena La Jarcia, Intibucá: Emisión del título comunitario.
d) Comunidad de Somolagua, Ceguaca, Santa Bárbara: Emisión del título comunitario.
e) Comunidad indígena Río Blanco, Intibucá: Introducción y emisión de la personalidad jurídica comunitaria.
f) Comunidad de La Cuchilla, Santa Bárbara: Ejecución de los fondos para el pago de la tierra.
g) Comunidad indígena El Achiotal, Comayagua: Emisión de la personería jurídica.
h) Comunidad de Petoa, San Bárbara: Emisión de la personalidad jurídica.
i) Empresa campesina “Nueva Esperanza”, Comayagua: Emisión de la personalidad jurídica.
Nuestra organización no quiere más mártires, ni más sangre derramada. No más muertes violentas por defender lo que es nuestro.
“Él vive, viene con nosotrxs desde el final de los olvidos”
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado en Tegucigalpa, a los veintidós días de mes de julio del año dos mil diecinueve.
Rechazamos la destrucción de los cultivos en la comunidad de Río Blanco, las órdenes de captura libradas contra la comunidad de Nueva Esperanza, el ataque armado impune contra la comunidad de Somolagua y las amenazas de muerte contra la comunidad de Montaña Verde.
Rechazamos los intentos de división a nuestras comunidades impulsados por la dirección de “pueblos indígenas” del Gobierno (DINAFROH) y las acciones de personas traidoras que se prestan a los intereses empresariales, gubernamentales y corruptos.
Es por esto que, en memoria de nuestro héroe Lempira se han convocado una decena de comunidades del pueblo Lenca para exigir la pronta resolución de nuestras demandas y anunciamos en este momento la realización de un plantón indefinido que no se levantará hasta que se cumplan nuestras demandas.
Se han movilizado el día de hoy, hasta Tegucigalpa, comunidades indígenas que tienen siglos viviendo en sus territorios, que son hábitat indispensable para la vida comunitaria y comunidades campesinas que han ocupado tierras ociosas que pertenecían al Estado y que irregularmente fueron dadas a terratenientes, tierras despojadas al pueblo Lenca.
Las más de 200 comunidades Lencas organizadas en el COPINH llevan años esperando la actuación diligente del Instituto Nacional Agrario (INA) para resolver diversas demandas por la titulación de las tierras comunitarias indígenas Lencas, sin embargo, hasta ahora solo hemos recibido engaños y largas en la resolución de nuestras demandas.
Esto ha expuesto a cientos de comunitarios a órdenes de captura por usurpación de tierra, amenazas a muerte por parte de terratenientes, el daño de los cultivos del maíz y el ingreso inconsulto de proyectos sin consentimiento.
Recordamos que la demanda central es el avance en los procesos de titulación comunitaria de las tierras para las y los indígenas legítimos dueños y dueñas de los territorios. En concreto nuestras peticiones después de largas esperas por las diligencias de INA son:
a) Comunidad indígena Montaña Verde, Lempira: Emisión del título comunitario.
b) Comunidad indígena Guise, Intibucá: Emisión del título comunitario.
c) Comunidad indígena La Jarcia, Intibucá: Emisión del título comunitario.
d) Comunidad de Somolagua, Ceguaca, Santa Bárbara: Emisión del título comunitario.
e) Comunidad indígena Río Blanco, Intibucá: Introducción y emisión de la personalidad jurídica comunitaria.
f) Comunidad de La Cuchilla, Santa Bárbara: Ejecución de los fondos para el pago de la tierra.
g) Comunidad indígena El Achiotal, Comayagua: Emisión de la personería jurídica.
h) Comunidad de Petoa, San Bárbara: Emisión de la personalidad jurídica.
i) Empresa campesina “Nueva Esperanza”, Comayagua: Emisión de la personalidad jurídica.
Nuestra organización no quiere más mártires, ni más sangre derramada. No más muertes violentas por defender lo que es nuestro.
“Él vive, viene con nosotrxs desde el final de los olvidos”
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado en Tegucigalpa, a los veintidós días de mes de julio del año dos mil diecinueve.
Celebramos 25 años de la fundación del municipio de Opalaca
ANIVERSARIO El
año 1992, San Francisco de Opalaca sale a la capital de la República al
Congreso Nacional exigiendo poder ser un territorio libre y autónomo.
Hoy celebramos 25 años de la fundación del municipio de Opalaca, gracias a la lucha de compañeros y compañeras lencas que defendieron osadamente su autonomía.
Por la defensa de sus derechos ancestrales, autonomía y autodeterminación, San Francisco de Opalaca es un ejemplo de lucha y valentía para el pueblo hondureño.
Hoy celebramos 25 años de la fundación del municipio de Opalaca, gracias a la lucha de compañeros y compañeras lencas que defendieron osadamente su autonomía.
Por la defensa de sus derechos ancestrales, autonomía y autodeterminación, San Francisco de Opalaca es un ejemplo de lucha y valentía para el pueblo hondureño.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Destrucción de los viveros de coco en Vallecito
Hace dos décadas en Hondura arribó el virus del amarillamieto
letal, el que afecta las palmáceas, enfermedad que para antes del inicio
del milenio, destruyó las .4.500 hectáreas de cocos que existían en
Honduras.
A pesar de los inconsistentes esfuerzo realizados para recuperar las plantaciones de coco, las iniciativas realizadas no tuvieron éxito alguno, mientras tanto las plantaciones de variedades resistentes al amarillamiento, fueron utilizados por “emprendedores’ que optaron por embotellar el agua de coco, más que en crear viveros con el propósito de recuperar las plantaciones.
La pérdida del coco afecto directamente la estructura matrifocal del pueblo Garífuna, teniendo repercusiones profundas para la familia extensa, teniendo como resultado final, el masivo éxodo que se dio hacia los Estados Unidos a inicios de este siglo.
La OFRANEH desde hace mas de cinco años viene impulsado como iniciativa propia, sin el apoyo de la cooperación y mucho menos del Estado, un proyecto de replantación del coco, con miras a fortalecer la economía familiar, al mismo tiempo que crear barreras vivas, para proteger las playas de la inexorable erosión costera.
A pesar de los esfuerzo realizados por el pueblo Garífuna para recuperar uno de los alimentos básicos de la gastronomía de nuestro pueblo, parece ser que existe un complot entre los vecinos de Vallecito – entre los que se encuentran los heredero de Miguel Facusse- para destruir las plántulas destinadas a repartirse entre las comunidades, las que así eventualmente tendrán viveros con los cuales se iniciaría la replantación a nivel de la costa Garífuna.
El pasado viernes, en horas de la noche, parte del vivero de cocos fue destruido por el ganado de algún mal intencionado “vecino”. Cabe señalar que desde años, grupos aliados al crimen organizado han tratado de apoderarse de nuevo de Vallecito, paraje que hasta el 2014 fue utilizado como pista clandestina.
A pesar de las múltiples denuncias interpuestas en relación a invasiones ante el Ministerio Publico y el INA, no han tenido resultado alguno, ya que dadas las condiciones de país, el estado fallido es incapaz de garantizar la vida y mucho menos la propiedad comunitaria.
A partir del golpe de estado de 2009, el corredor Trujillo-Palacios pasó a ser territorio controlado por siniestros personajes, que a pesar de haber sido extraditados, las estructuras de poder siguen intactas..
Con un enorme dolor contemplamos la destrucción de los viveros de coco en Vallecito, pero aun así no cejaremos en persistir en la recuperación del coco, con el propósito de fortalecer nuestra diezmada dieta e intentar frenar el avance de la erosión costera.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
A pesar de los inconsistentes esfuerzo realizados para recuperar las plantaciones de coco, las iniciativas realizadas no tuvieron éxito alguno, mientras tanto las plantaciones de variedades resistentes al amarillamiento, fueron utilizados por “emprendedores’ que optaron por embotellar el agua de coco, más que en crear viveros con el propósito de recuperar las plantaciones.
La pérdida del coco afecto directamente la estructura matrifocal del pueblo Garífuna, teniendo repercusiones profundas para la familia extensa, teniendo como resultado final, el masivo éxodo que se dio hacia los Estados Unidos a inicios de este siglo.
La OFRANEH desde hace mas de cinco años viene impulsado como iniciativa propia, sin el apoyo de la cooperación y mucho menos del Estado, un proyecto de replantación del coco, con miras a fortalecer la economía familiar, al mismo tiempo que crear barreras vivas, para proteger las playas de la inexorable erosión costera.
A pesar de los esfuerzo realizados por el pueblo Garífuna para recuperar uno de los alimentos básicos de la gastronomía de nuestro pueblo, parece ser que existe un complot entre los vecinos de Vallecito – entre los que se encuentran los heredero de Miguel Facusse- para destruir las plántulas destinadas a repartirse entre las comunidades, las que así eventualmente tendrán viveros con los cuales se iniciaría la replantación a nivel de la costa Garífuna.
El pasado viernes, en horas de la noche, parte del vivero de cocos fue destruido por el ganado de algún mal intencionado “vecino”. Cabe señalar que desde años, grupos aliados al crimen organizado han tratado de apoderarse de nuevo de Vallecito, paraje que hasta el 2014 fue utilizado como pista clandestina.
A pesar de las múltiples denuncias interpuestas en relación a invasiones ante el Ministerio Publico y el INA, no han tenido resultado alguno, ya que dadas las condiciones de país, el estado fallido es incapaz de garantizar la vida y mucho menos la propiedad comunitaria.
A partir del golpe de estado de 2009, el corredor Trujillo-Palacios pasó a ser territorio controlado por siniestros personajes, que a pesar de haber sido extraditados, las estructuras de poder siguen intactas..
Con un enorme dolor contemplamos la destrucción de los viveros de coco en Vallecito, pero aun así no cejaremos en persistir en la recuperación del coco, con el propósito de fortalecer nuestra diezmada dieta e intentar frenar el avance de la erosión costera.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Éxodo masivo, narcodictadura y sus padrinos en Washington y Tel Aviv
Las comunidades Garífunas en la costa caribe de Honduras vienen
siendo abandonadas, especialmente por la juventud y niñez, que han
emprendido el incierto camino hacia “el norte”, generando un vaciamiento
de los territorios, ante la severa crisis que afecta el país.
Mientras tanto la administración Trumo y su política de “cero tolerancia”, ha dado lugar al surgimiento de campos de concentración y a la separación de miles de hijos de sus padres, hasta el punto que se desconoce el paradero de más de 2400 menores de edad.
A casi diez años del golpe de estado de 2009, Honduras se encuentra bajo una nube permanente de gas lacrimógeno con la cual el cartel que controla el estado pretende disipar su irremediable fracaso; siendo su único sostén el apoyo irrestricto que viene brindando la administración de Donald Trump.
En los últimos diez años, el estado ha sido saqueado por los políticos y sus allegados, los que se han dedicado a legislar para conculcar de derechos y repartirse el botín. Mientras tanto la pobreza se ha disparado al mismo tiempo que las reformas neoliberales de rigor, vienen privatizando las instituciones demolidas; por otro lado se coloca la biodiversidad y el territorio nacional en subasta, a través de las “ciudades modelo” (ZEDE).
La atomización de los títulos comunitarios, impulsada a través de las municipalidades y avalada por los juzgados, ha sido uno de los catalizadores del incremento de la pérdida del territorio ancestral; situación que sumada a la taza de un 90% de desempleo en las comunidades Garífunas, forman un sombrío coctel, dando lugar a un enorme incremento de la migración, por no decir estampida.
El corredor de la costa caribe, se convirtió a partir del golpe de estado en un feudo de diferentes capos, que asociados con los amos de las administraciones gubernamentales de turno, se apoderaron de los organismos de seguridad, de las municipalidades y del sistema de aplicación de justicia. La violencia se convirtió en una forma de control social administrado por el crimen organizado, situación que ha culminado con una estampida generalizada.
Además de las precarias condiciones de país, existe el catalizador de las redes sociales, que conducen a un contagio social, que predispone a un éxodo que se viene dando en grupos, sin alcanzar la notoriedad de las caravanas mediáticas del año pasado.
Si bien los Garinagu poseemos un bagaje cultural de pueblo horticultor recolector, que nos predispone a la migración, la estampida que se dio desde finales de 2013 a mediados de 2014, fue como un ensayo del éxodo que enfrentamos este 2019.
Todo parece indicar que es la misma administración Trump con su apoyo incondiconal al actual gobierno de Honduras, el que ha venido promoviendo y manipulando el éxodo, con propósitos electorales tal como sucedió con la caravana hondureña, surgida previo a las elecciones de término medio.
La política de tolerancia zero de Trump que ha causado la separación de miles de progenitores y sus vástagos, ha dado generado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, las que en cierta medida sus denuncias parece ser que no llegan a tener la cobertura de las caravanas mediáticas. pasando desapercibidos los campos de concentración en que son internados sobre todo los menores no acompañados.
El pasado mes de mayo, fueron detenidos 11,507 menores no acompañados. La cifra da lugar a pensar, que este año el numero de menores no acompañados superará a los más de 70,000 detenidos en el 2014, cuando se dio lo que se puede denominar la primera cruzada. Si bien para el 2015 la cifra descendió, es a partir del años pasado que se dispara la detención de menores, en su mayoría provenientes de los países centroamericanos.
La detención de ilegales en Estados Unidos se ha convertido en un gran negocio, ante los exorbitantes costos que compañías privadas cobran al gobierno estadounidense. La cifra de 750 dólares diarios por cada detenido en el Tornillo -infame campo de concentración, localizado en Texas, y que fue clausurado a finales del año pasado, es una muestra del lucrativo negocio. En la actualidad hay más de 15.000 menores detenidos por el ICE, a los cuales les espera la deportación tan pronto cumplan los 18 años.
El éxodo masivo en Centroamérica es provocado por la violencia estructural manifestado por organismos de seguridad y carteles del crimen organizado, los que cada se se parecen más. El estrepitoso fracaso de la guerra contra las drogas es demostrado por la simbiosis existente entre partidos políticos, maras (bandas) y carteles, los que se han encargado de socavar la incipiente democracia que existía en el los países del triángulo norte.
En la actual reclasificación promovida por el emperador Trump, Honduras pasó de república bananera a país “shit hole”, y es de suponer que para el actual emperador las hordas de migrantes desesperados no llegan a la condición de humanos, sin embargo al final de cuentas “la crisis en la frontera” se ha convertido en un pingue negocio para sus allegados.
Es importante tener en cuenta que el triunfo electoral de Trump en 2016, en cierta medida fue inspirado por Steve Bannon y el alt right, que despertaron el recóndito racismo existente entre la futura minoría blanca, dando lugar a un rechazo al otrora alabado multiculturalismo.
”
El “tambaleante” gobierno de Honduras logra mantenerse en el poder, ante la enorme militarización a la que ha recurrido, con el apoyo estadounidense y su nuevo e íntimo socio, Israel, a través de su cuestionado y demandado presidente Benjamin Netanyahu.
El arsenal israelita’ que incluye desde helicópteros, aviones de combate, drones, globos y app de espionaje, ademas del supuesto arribo de tropas; no son precisamente utilizados para combatir el narcotráfico y crimen organizado, sino para amedrentar un pueblo desesperado que se enfrenta con una dictadura represiva la cual ha desmantelado la institucionalidad del país.
La Ceiba 20 de Junio del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Mientras tanto la administración Trumo y su política de “cero tolerancia”, ha dado lugar al surgimiento de campos de concentración y a la separación de miles de hijos de sus padres, hasta el punto que se desconoce el paradero de más de 2400 menores de edad.
A casi diez años del golpe de estado de 2009, Honduras se encuentra bajo una nube permanente de gas lacrimógeno con la cual el cartel que controla el estado pretende disipar su irremediable fracaso; siendo su único sostén el apoyo irrestricto que viene brindando la administración de Donald Trump.
En los últimos diez años, el estado ha sido saqueado por los políticos y sus allegados, los que se han dedicado a legislar para conculcar de derechos y repartirse el botín. Mientras tanto la pobreza se ha disparado al mismo tiempo que las reformas neoliberales de rigor, vienen privatizando las instituciones demolidas; por otro lado se coloca la biodiversidad y el territorio nacional en subasta, a través de las “ciudades modelo” (ZEDE).
La atomización de los títulos comunitarios, impulsada a través de las municipalidades y avalada por los juzgados, ha sido uno de los catalizadores del incremento de la pérdida del territorio ancestral; situación que sumada a la taza de un 90% de desempleo en las comunidades Garífunas, forman un sombrío coctel, dando lugar a un enorme incremento de la migración, por no decir estampida.
El corredor de la costa caribe, se convirtió a partir del golpe de estado en un feudo de diferentes capos, que asociados con los amos de las administraciones gubernamentales de turno, se apoderaron de los organismos de seguridad, de las municipalidades y del sistema de aplicación de justicia. La violencia se convirtió en una forma de control social administrado por el crimen organizado, situación que ha culminado con una estampida generalizada.
Además de las precarias condiciones de país, existe el catalizador de las redes sociales, que conducen a un contagio social, que predispone a un éxodo que se viene dando en grupos, sin alcanzar la notoriedad de las caravanas mediáticas del año pasado.
Si bien los Garinagu poseemos un bagaje cultural de pueblo horticultor recolector, que nos predispone a la migración, la estampida que se dio desde finales de 2013 a mediados de 2014, fue como un ensayo del éxodo que enfrentamos este 2019.
Todo parece indicar que es la misma administración Trump con su apoyo incondiconal al actual gobierno de Honduras, el que ha venido promoviendo y manipulando el éxodo, con propósitos electorales tal como sucedió con la caravana hondureña, surgida previo a las elecciones de término medio.
La política de tolerancia zero de Trump que ha causado la separación de miles de progenitores y sus vástagos, ha dado generado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, las que en cierta medida sus denuncias parece ser que no llegan a tener la cobertura de las caravanas mediáticas. pasando desapercibidos los campos de concentración en que son internados sobre todo los menores no acompañados.
El pasado mes de mayo, fueron detenidos 11,507 menores no acompañados. La cifra da lugar a pensar, que este año el numero de menores no acompañados superará a los más de 70,000 detenidos en el 2014, cuando se dio lo que se puede denominar la primera cruzada. Si bien para el 2015 la cifra descendió, es a partir del años pasado que se dispara la detención de menores, en su mayoría provenientes de los países centroamericanos.
La detención de ilegales en Estados Unidos se ha convertido en un gran negocio, ante los exorbitantes costos que compañías privadas cobran al gobierno estadounidense. La cifra de 750 dólares diarios por cada detenido en el Tornillo -infame campo de concentración, localizado en Texas, y que fue clausurado a finales del año pasado, es una muestra del lucrativo negocio. En la actualidad hay más de 15.000 menores detenidos por el ICE, a los cuales les espera la deportación tan pronto cumplan los 18 años.
El éxodo masivo en Centroamérica es provocado por la violencia estructural manifestado por organismos de seguridad y carteles del crimen organizado, los que cada se se parecen más. El estrepitoso fracaso de la guerra contra las drogas es demostrado por la simbiosis existente entre partidos políticos, maras (bandas) y carteles, los que se han encargado de socavar la incipiente democracia que existía en el los países del triángulo norte.
En la actual reclasificación promovida por el emperador Trump, Honduras pasó de república bananera a país “shit hole”, y es de suponer que para el actual emperador las hordas de migrantes desesperados no llegan a la condición de humanos, sin embargo al final de cuentas “la crisis en la frontera” se ha convertido en un pingue negocio para sus allegados.
Es importante tener en cuenta que el triunfo electoral de Trump en 2016, en cierta medida fue inspirado por Steve Bannon y el alt right, que despertaron el recóndito racismo existente entre la futura minoría blanca, dando lugar a un rechazo al otrora alabado multiculturalismo.
”
El “tambaleante” gobierno de Honduras logra mantenerse en el poder, ante la enorme militarización a la que ha recurrido, con el apoyo estadounidense y su nuevo e íntimo socio, Israel, a través de su cuestionado y demandado presidente Benjamin Netanyahu.
El arsenal israelita’ que incluye desde helicópteros, aviones de combate, drones, globos y app de espionaje, ademas del supuesto arribo de tropas; no son precisamente utilizados para combatir el narcotráfico y crimen organizado, sino para amedrentar un pueblo desesperado que se enfrenta con una dictadura represiva la cual ha desmantelado la institucionalidad del país.
La Ceiba 20 de Junio del 2019
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Al gobierno hondureño: Basta de matar y herir a manifestantes
Al gobierno hondureño: Basta de matar y herir a manifestantesPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Al gobierno estadounidense: Denuncie los abusos de las fuerzas de seguridad hondureñas
Tegucigalpa.- Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos han hecho un llamado al gobierno de Honduras que pare ya de asesinar y herir a quienes protestan y al gobierno estadounidense le piden que denuncie los abusos de las fuerzas de seguridad hondureñas
En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad hondureñas han matado y herido a maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros ciudadanos hondureños que protestaban por los recortes en los sistemas de salud y educación.
Al menos cuatro estudiantes resultaron heridos por balas el 24 de junio cuando la Policía Militar del Orden Público irrumpió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, efectivamente violando su autonomía.
Eblin Noel Corea Maradiaga, de 17 años, recibió un disparo en la cabeza y murió el 19 de junio cuando miembros de la policía y las fuerzas armadas dispararon contra una multitud que protestaba en Yarumela, La Paz.
Jesús Ariel Sánchez Osorio, un joven maestro, fue asesinado el 31 de mayo por un disparo en la cabeza cuando policías dispararon contra manifestantes en Villanueva, Cortés.
Nota relacionada Hay esquizofrenia o polaridad estatal en el gobierno hondureño: Joaquín Mejía
En muchos otros incidentes en todo el país, las fuerzas de seguridad han herido a manifestantes disparando balas y con el uso indiscriminado de gases lacrimógenos. Esta represión debe parar ahora mismo.Instamos al gobierno hondureño a: ordenar a todas las fuerzas de seguridad que inmediatamente pongan fin al uso excesivo de fuerza contra manifestantes; prohibir a las fuerzas armadas y la Policía Militar responder a cualquier protesta; disolver la Policía Militar del Orden Público; asegurar que los agentes del gobierno pongan fin a cualquier amenaza y abuso contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas; y asegurar que los casos contra agentes estatales por estos abusos sean investigados y procesados con prontitud.
Instamos al Departamento de Estado: a exigir al gobierno hondureño que: ponga fin al uso excesivo de la fuerza; respete los derechos de los hondureños a protestar, defender los derechos e informar sobre las noticias; disuelva la Policía Militar del Orden Público; y garantice la justicia para los crímenes contra los derechos humanos. Hacemos un llamamiento a la Embajada de los Estados Unidos en Honduras para que ponga fin a su silencio, demasiado a menudo, ensordecedor y denuncie regularmente y públicamente los abusos que se están cometiendo.
Firman,
Latin America Working Group (LAWG)
AFL-CIO
Amnesty International
CARECEN DC
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Guatemala Human Rights Committee – USA (GHRC)
Institute for Policy Studies – Global Economy Project
International Labor Rights Forum (ILRF)
Jesuit Conference Office of Justice and Ecology
Maryknoll Office for Global Concerns
Oxfam America
Robert F. Kennedy Human Rights
Washington Office on Latin America (WOLA)
Contemos las balas y a quiénes las disparan
Wednesday, 03 July 2019 21:32 Written by Dina Meza Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: Red Solidaria con la Resistencia en Honduras
Un
documento en proceso de construcción para contar la fuerza represiva
utilizada por el Gobierno de Juan Orlando Hernández, destaca la
militarización de que son objeto las protestas pacíficas y las
consecuencias hacia manifestantes que son víctimas de represión en los
últimos meses en Honduras.
 Ese solo es parte del arsenal represivo usado un día en la UNAH. |
El discurso justificativo de la figura con más rango en Honduras, el mandatario del país, ha elevado el grado de “conciencia represiva” de sus tropas. Ahora utilizan hasta rayos laser para tener certeza de dar en el blanco de víctimas que únicamente reclaman derechos.
Pasosdeanimalgrande.com ha documentado algunas situaciones que hacen del uso de la fuerza por parte de los cuerpos represivos del Estado el mayor peligro contra la población. Hay patrones de ataque definidos y planificados.
Este documento está en proceso de construcción pero dada la coyuntura es preciso generar un debate para exigir un alto a la estrategia de muerte.
Entre lo que contamos en este documento están los “bonos por trabajo” para los policías y militares que más repriman. El uso de las tecnologías de la vigilancia, como relojes y lápices con cámaras para grabar perfiles de quienes van a las manifestaciones, son solo parte de la “creatividad represiva”, utilizando hombres jóvenes infiltrados en las protestas.
Lea este documento y aporte en la construcción….en este Link
CIDH llama al Estado de Honduras a garantizar el derecho a la protesta y reunión pacífica
Thursday, 04 July 2019 15:09 Written by Webmaster Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó este
03 de julio de 2019, los hechos de violencia donde ha habido la
afectación a la vida e integridad de las personas; e insta al Estado de
Honduras a adoptar las medidas necesarias para que sean investigados de
manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las
responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los
responsables.
Preocupa particularmente a la Comisión los actos de violencia
ocurridos entre el 19 y 20 de junio que tuvieron como saldo que tres
personas civiles perdieran la vida y al menos 19 resultaran heridas. De
estas personas, al menos 18 fueron heridas por armas de fuego.
Adicionalmente, la CIDH fue informada por el Estado que al menos 50
agentes policiales habrían resultado heridos en el contexto de las
manifestaciones en el país.
Según información de público conocimiento el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa anunció un despliegue conjunto, militar y policial, para el control de las manifestaciones. Al respecto, el 24 de junio, en un operativo de fuerzas policiales y militares en la Universidad Autónoma de Honduras, se habría hecho uso excesivo de la fuerza habiendo resultado heridos por lo menos 3 estudiantes por arma de fuego. La CIDH llama al Estado a investigar con debida diligencia estos hechos. Asimismo, toma nota del anuncio del Ejecutivo y del comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en la que se insta a una investigación urgente.
Este es el comunicado íntegro:
Comunicado de prensa 169/19
CIDH manifiesta su preocupación por la situación en Honduras; y llama al Estado a garantizar el derecho a la protesta y reunión pacífica de acuerdo a estándares interamericanos
03 de julio de 2019 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado seguimiento a las manifestaciones que se vienen llevando a cabo en Honduras en el marco del paro convocado por los sectores de salud y educación. La Comisión hace un llamado a habilitar canales de interlocución genuinos a fin de garantizar y canalizar las manifestaciones y protestas en curso.
Preocupa particularmente a la Comisión los actos de violencia ocurridos entre el 19 y 20 de junio que tuvieron como saldo que tres personas civiles perdieran la vida y al menos 19 resultaran heridas. De estas personas, al menos 18 fueron heridas por armas de fuego. Adicionalmente, la CIDH fue informada por el Estado que al menos 50 agentes policiales habrían resultado heridos en el contexto de las manifestaciones en el país.
Según información de público conocimiento el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa anunció un despliegue conjunto, militar y policial, para el control de las manifestaciones. Al respecto, el 24 de junio, en un operativo de fuerzas policiales y militares en la Universidad Autónoma de Honduras, se habría hecho uso excesivo de la fuerza habiendo resultado heridos por lo menos 3 estudiantes por arma de fuego. La CIDH llama al Estado a investigar con debida diligencia estos hechos. Asimismo, toma nota del anuncio del Ejecutivo y del comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en la que se insta a una investigación urgente.
Por otra parte, se ha tenido conocimiento que el 1 de julio estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula (UNAH-VS), denunciaron disparos y gases lacrimógenos por parte de la policía militar en el marco de una manifestación. Este hecho fue condenado por la Dirección de la UNAH-VS en comunicado oficial del 2 de julio.
La Comisión condena los hechos de violencia donde ha habido la afectación a la vida e integridad de las personas; e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.
La Comisión recuerda que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas. Asimismo, la Comisión llama a todas las personas que participan en manifestaciones a no recurrir a actos de violencia. Al mismo tiempo, la Comisión reafirma que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta.
De conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En todo caso, la jurisprudencia interamericana ha establecido que cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, ésta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, así como regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Al respecto, La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH señaló: “Recordamos al Estado de Honduras que el resguardo de la seguridad pública corresponde a la policía civil y continuaremos monitoreando la situación”.
Finalmente, y ante las instalaciones de mesas de diálogo recientemente instaladas para abordar el paro, la CIDH llama al Estado a garantizar su efectividad y legitimidad a través de una amplia y representativa participación. El Comisionado Joel Hernández García, Relator para Honduras indicó: “Reiteramos nuestro llamado al Gobierno a que en cualquier proceso de diálogo, deben participar todas las partes involucradas con miras a alcanzar una solución pacífica que satisfaga a todos los sectores”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia
Según información de público conocimiento el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa anunció un despliegue conjunto, militar y policial, para el control de las manifestaciones. Al respecto, el 24 de junio, en un operativo de fuerzas policiales y militares en la Universidad Autónoma de Honduras, se habría hecho uso excesivo de la fuerza habiendo resultado heridos por lo menos 3 estudiantes por arma de fuego. La CIDH llama al Estado a investigar con debida diligencia estos hechos. Asimismo, toma nota del anuncio del Ejecutivo y del comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en la que se insta a una investigación urgente.
Este es el comunicado íntegro:
Comunicado de prensa 169/19
CIDH manifiesta su preocupación por la situación en Honduras; y llama al Estado a garantizar el derecho a la protesta y reunión pacífica de acuerdo a estándares interamericanos
03 de julio de 2019 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado seguimiento a las manifestaciones que se vienen llevando a cabo en Honduras en el marco del paro convocado por los sectores de salud y educación. La Comisión hace un llamado a habilitar canales de interlocución genuinos a fin de garantizar y canalizar las manifestaciones y protestas en curso.
Preocupa particularmente a la Comisión los actos de violencia ocurridos entre el 19 y 20 de junio que tuvieron como saldo que tres personas civiles perdieran la vida y al menos 19 resultaran heridas. De estas personas, al menos 18 fueron heridas por armas de fuego. Adicionalmente, la CIDH fue informada por el Estado que al menos 50 agentes policiales habrían resultado heridos en el contexto de las manifestaciones en el país.
Según información de público conocimiento el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa anunció un despliegue conjunto, militar y policial, para el control de las manifestaciones. Al respecto, el 24 de junio, en un operativo de fuerzas policiales y militares en la Universidad Autónoma de Honduras, se habría hecho uso excesivo de la fuerza habiendo resultado heridos por lo menos 3 estudiantes por arma de fuego. La CIDH llama al Estado a investigar con debida diligencia estos hechos. Asimismo, toma nota del anuncio del Ejecutivo y del comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en la que se insta a una investigación urgente.
Por otra parte, se ha tenido conocimiento que el 1 de julio estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula (UNAH-VS), denunciaron disparos y gases lacrimógenos por parte de la policía militar en el marco de una manifestación. Este hecho fue condenado por la Dirección de la UNAH-VS en comunicado oficial del 2 de julio.
La Comisión condena los hechos de violencia donde ha habido la afectación a la vida e integridad de las personas; e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.
La Comisión recuerda que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas. Asimismo, la Comisión llama a todas las personas que participan en manifestaciones a no recurrir a actos de violencia. Al mismo tiempo, la Comisión reafirma que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta.
De conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En todo caso, la jurisprudencia interamericana ha establecido que cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, ésta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, así como regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Al respecto, La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH señaló: “Recordamos al Estado de Honduras que el resguardo de la seguridad pública corresponde a la policía civil y continuaremos monitoreando la situación”.
Finalmente, y ante las instalaciones de mesas de diálogo recientemente instaladas para abordar el paro, la CIDH llama al Estado a garantizar su efectividad y legitimidad a través de una amplia y representativa participación. El Comisionado Joel Hernández García, Relator para Honduras indicó: “Reiteramos nuestro llamado al Gobierno a que en cualquier proceso de diálogo, deben participar todas las partes involucradas con miras a alcanzar una solución pacífica que satisfaga a todos los sectores”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia
Presos políticos se encuentran en una situación de extrema gravedad en cárceles de Honduras
Foto: Giorgio Trucchi
El Comité Pro-Liberación de Presos Políticos, la Convergencia
Contra el Continuismo y la Rel-UITA, denunciamos y condenamos
enérgicamente la situación de riesgo en la que se encuentran tres
líderes sociales privados de la libertad ante inminentes daños
irreparables a su vida e integridad en el Centro Penal de Morocelí,
conocido como La Tolva.La familia de Edwin Robelo Espinal, de Raúl Eduardo Álvarez Ordóñez y de Rommel Baldemar Herrera Portillo, así como organizaciones especializadas en atención a personas privadas de libertad han informado a sus representantes legales y a este Comité que estas personas se encuentran en grave riesgo, situación que se agudizó a partir del 11 de junio de 2019.
Los tres han tenido un rol de liderazgo y visibilidad en contra de la actual dictadura y se han expresado en manifestaciones públicas, las amenazas desproporcionadas y los riesgos a los que son expuestos son características de un Estado vengador, que usa su poder estatal y sus instrumentos de coerción contra personas que se encuentran en situación de desequilibrio de poder y son particularmente vulnerables al abuso. El Estado a través de sus autoridades penitenciarias ha conducido una campaña descredito al interior del centro penal, en relación a que los presos políticos son peligrosos y violentos, generando un ambiente de hostilidad entre privados de libertad y coordinadores totalmente desfavorables a los presos políticos, convirtiéndolos en blancos de terceros.
Según fuentes confidenciales existe una trama para atacarlos, simulando un motín. Desde el mes de marzo de 2019, este comité viene denunciando que las condiciones de hostilidad hacia los presos políticos se habían incrementado. Los militares, que desempeñan la función de directores del centro penal, intentaron acusarlos de iniciar motines, cuando solo reclamaron agua potable y medicamentos.
En el mes de mayo y junio cuando las manifestaciones públicas fueron más fuertes, las autoridades penitenciaras suspendieron las visitas familiares y conyugales y el traslado de los internos a sus citas médicas o audiencias legales en Tegucigalpa, por la crisis política. Los coordinadores y otros internos acusaron a los presos políticos de ser los responsables porque sus compañeros andaban en las calles.
Paralelo a ello avanzaron diferentes formas de violencia, entre estos hostigamientos que comenzaron con el robo de sus pertenencias e información que los iban a matar. Este tipo de agresiones constituyen torturas psicológicas y angustia moral para sus familiares. Cuando el Estado priva a una persona de su libertad, incurre en un deber de cuidado para garantizar que la dignidad de esa persona sea respetada. Este no es el caso, los presos Políticos experimentan sufrimiento psicológico y emocional intenso, debido a la incertidumbre de sus reclamos de traslado y las condiciones de seguridad.
Las familias y sus representantes legales han interpuesto una serie de recursos para exigir la seguridad personal de los presos políticos; cuatro meses después no han encontrado respuestas en las autoridades competentes. Entre estos:
1.- Cuatro habeas corpus correctivos ante la Sala Constitucional, que han sido declarados sin lugar, no obstante un juez ejecutor, recomendó al Director del Centro Penal de Moroceli (La Tolva) “Se tomen las medidas precautorias URGENTES encaminadas a garantizar la seguridad física; se envíen Oficios al Ministerio Público para que continúen con las investigaciones necesarias a fin de determinar la certeza de las denuncias por Amenazas Interpuestas por los familiares de los señores Espinal y Álvarez”.
El Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto que amenaza a la vida e integridad de sus ciudadanos.
2.- Dos denuncia han sido presentadas ante el Mecanismo Nacional de Prevención Contra La Tortura (MNP-CONAPREV) sobre las amenazas a muerte recibidas por Edwin Róbelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar Herrera, por otros privados de libertad recluidos juntos con ellos en el centro penal “La Tolva.” Que ha emitido informes recomendando medidas urgentes de seguridad.
La dirección del centro penal tampoco implementó la recomendación del Juez de Ejecución de Francisco Morazán que a petición de los familiares visitó a los tres presos políticos y recomendó “que se realicen las investigaciones pertinentes sobre supuestas amenazas a muerte contra Espinal, Álvarez y Herrera, y ordenó brindar a partir de la fecha (13 de junio) suficiente seguridad y protección a los privados de libertad mencionados”.
3.- Dos solicitud de traslado urgente por escrito han sido presentados al Director del centro penal de Morocelí (La Tolva) con copia a CONAPREV y el juez de ejecución exponiendo los motivos y urgente necesidad de traslado de Espinal, Álvarez y Herrera al Segundo Batallón en Francisco Morazán, en el cual se le pueda proporcionar la seguridad necesaria para preservar sus vidas o integridad física. En el caso de Edwin la Embajada de Canadá ha exigido a la Dirección del Instituto Penitenciario información al respecto.
4.- Finalmente el 29 de junio de 2019, la esposa de Edwin Espinal solicitó en forma verbal al Director del Centro Penal el traslado de Edwin Espinal basada en la recomendación del Juez de ejecución, que insistió el 25 de junio ante las autoridades de La Tolva proporcionar las medidas de seguridad a Espinal, Álvarez y Herrera, debido a la incomodidad expresado por los coordinadores del módulo 3 contra los tres presos políticos:
En consecuencias, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades penitenciarias:
Adoptar las medidas necesarias para garantizar vida e integridad personal de Edwin Robelo Espinal, Raúl Eduardo Álvarez y Rommel Baldemar Herrera. Tomando en consideración el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las circunstancias que rodean la privación de libertad de los presos políticos, así como la necesidad de salvaguardar tales derechos, las autoridades competentes adopten, a la luz de los estándares aplicables, medidas alternativas a la privación de la libertad como medio para salvaguardar sus derechos, o hacer efectivo su traslado a un centro de mayor seguridad para sus vidas.
Tegucigalpa 4 de julio de 2019.
Libertad para los presos políticos
JOH y las autoridades del INP son responsables si le sucede algo a los presos políticos
Fotos: Giorgio Trucchi
Tegucigalpa.- El dictador Juan Orlando
Hernández y las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP)
son responsables de lo que le pase a mi hijo y a los otros presos
políticos, denunció hoy Juan Carlos Herrera, padre de Rommel Baldemar
Herrera Portillo, privado de libertad por razones políticas en la cárcel
de máxima seguridad conocida como La Tolva.Herrera Portillo es acusado de daños e incendio agravado en perjuicio de la Embajada de Estados Unidos, hecho sucedido el viernes 31 de mayo del año en curso.
El Comité por la Liberación de Presos Políticos, la Convergencia Contra el Continuismo y la Rel-UITA, realizaron una conferencia de prensa frente al Instituto Nacional Penitenciario donde denunciaron y condenaron la situación de riesgo en la que se encuentran tres líderes sociales privados de la libertad por razones políticas.
En la conferencia de prensa participaron los padres de Rommel Baldemar Herrera, el ex presidenciable Salvador Nasralla, el dirigente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Guillermo Valle, defensores de derechos humanos, miembros del Comité por la Liberación de Presos Políticos y representantes de la Rel-UITA.
“Yo responsabilizo de manera contundente a Juan Orlando Hernández si algo le sucede a mi hijo, él sería el responsable junto con doña Rosa Gudiel y German Mcneil, quienes han engavetado las solicitudes que de manera forma se le han hecho llegar para que el traslado de nuestro hijo se haga efectivo”, señaló Juan Carlos Herrera.
Asimismo dijo estar muy preocupado por la vida de los presos políticos, ya que las razones son de sobras porque han tenido pláticas directas con su hijo, con Edwin Robelo Espinal, con Raúl Álvarez quienes les han expresado el grado de riesgo que están corriendo y que se ha plasmado en el comunicado que se ha compartido con la prensa nacional e internacional.
“Los tres han tenido un rol de liderazgo y visibilidad en contra de la actual dictadura y se han expresado en manifestaciones públicas, las amenazas desproporcionadas y los riesgos a los que son expuestos son características de un Estado vengador, que usa su poder estatal y sus instrumentos de coerción contra personas que se encuentran en situación de desequilibrio de poder y son particularmente vulnerables al abuso”, indica el comunicado.
Además señala que “el Estado a través de sus autoridades penitenciarias ha conducido una campaña descredito al interior del centro penal, en relación a que los presos políticos son peligrosos y violentos, generando un ambiente de hostilidad entre privados de libertad y coordinadores, totalmente desfavorables a los presos políticos, convirtiéndolos en blancos de terceros”.
El Ex presidenciable Salvador Nasralla también fue claro y contundente al señalar al dictador Juan Orlando Hernández como el principal responsable si le llega a suceder algo a la integridad de los tres presos políticos recluidos en La Tolva.
“Quiero decirle al dictador Juan Orlando Hernández que si le llega a pasar algo a estas tres personas, vamos a hacer un llamado a todo el pueblo hondureño para ir a las calles y eso que si será algo fuerte para Honduras porque tendrá que venir intervenciones de organismos internacionales para poder parar la delincuencia que sale de la dictadura que dirige Juan Orlando Hernández”.
No puede ser que a nuestros presos políticos los tengan revueltos con criminales que han asesinado gente, ellos no han asesinado gente, ellos son defensores del estado del derecho violado, y no es posible que no se les permita tener acceso a la comida y a medicina, denunció Narsralla.
Asimismo exigió que a los tres presos políticos, Raúl Álvarez, Edwin Robelo Espinal y Rommel Baldemar Herrera los saquen de La Tolva y los trasladen a un batallón, los que son utilizados por la dictadura para llevar a los ladrones que han estafado al pueblo.
Finalmente cuestionó que a los saqueadores del estado los llevan a los batallones y a los que defienden los derechos humanos son llevados a cárceles de máxima seguridad donde están revueltos con criminales, por lo tanto exigimos que sean sacado de La Tolva.
¡Los queremos libres!
La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (UTRASURPA) se suma a la campaña de la Rel UITA por la liberación del joven maestro detenido por sumarse a las manifestaciones populares contra la privatización de la educación y la salud en Honduras.
La Regional y sus organizaciones afiliadas demandan al gobierno de Juan Orlando Hernández que cese la represión y la criminalización de la protesta social y que libere a todos los presos políticos.
El Estado, principal responsable de crisis sanitaria por dengue, según médicos
Para profesionales de
la medicina el principal responsable de la crisis sanitaria que vive el país,
producto del dengue, es el Estado, y lo es por el abandono que ha hecho en los
últimos años de las políticas de salud pública.
Médicos y especialistas consideran que la reducción de presupuesto, el abandono del programa preventivo del dengue y la no renovación de contrato a fumigadores y entomólogos dejan en evidencia el papel estatal en el asunto.
Honduras enfrenta una crisis que ha dejado unos 28 mil 603 casos en lo que va del año según las autoridades sanitarias, de los cuales 52 personas han fallecido. “Sabemos que el gobierno es el principal responsable de esta situación, ellos son los encargados de orientar las políticas para prevenir esta enfermedad, pero no lo hicieron en el momento que debían”, dijo la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa.
Este 2019 quedará en la historia en lo que respecta al dengue, siendo el año donde más daño ocasionó la enfermedad, por tal razón la situación que actualmente vive la población es producto de la falta de presupuesto para implementar los programas de prevención tal y como lo indican los parámetros internacionales de la medicina.
Figueroa habló del tema
en una conferencia de prensa convocada por la Plataforma por la Defensa de la
Salud y Educación, en ese sentido, manifestó que hay un alto grado de
responsabilidad, y que incluso ahora que la enfermedad enfrenta su pico más
alto en casos, no han podido aplicar las medidas de combate correspondiente.
Por tal razón, la Plataforma anunció acciones de ataque al dengue, que serán implementadas en varias comunidades de las regiones que en este momento se encuentran bajo estado de alerta extrema por los casos de dengue registrados y también por las muertes contabilizadas en los centros asistenciales.
El doctor Gaspar Rodríguez también hizo alusión a la situación que vive el país. Lamentó que hay muchos casos que han afectado a menores, y esa situación debe ser signo de preocupación para la gente, los médicos y sobre todo para el gobierno.
El gobierno ha salido al paso a defenderse de las acusaciones de algunos profesionales de la salud, manifestando que han gestionado toda la logística para aplicar fumigaciones, dotar de medicinas e insumos los hospitales y también colaborar con la población para labores de limpieza en zonas en riesgo.
El cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, a inicio de semana, decretó estado de emergencia con la aprobación de un fondo para contribuir a la lucha contra el dengue a nivel nacional, días anteriores la institucionalidad a través de algunas entidades pidió a la comunidad internacional para que apoyaran con fondos para combatir el dengue.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, emitió varios boletines, pidiendo ayuda a la comunidad internacional para recibir tal apoyo. Este actuar del gobierno ha sido también criticado por médicos. La doctora Figueroa lamentó que el gobierno sea incapaz de destinar un presupuesto digno para salud y así prevenir estas situaciones.
Pero el gobierno, una semana antes, en plena emergencia por dengue, aprobó en el Congreso Nacional, más de 40 millones de lempiras destinados a seguridad, y fue hasta la semana 27 que el dengue ha afectado al país, que el Poder Ejecutivo decidió decretar emergencia y destinar presupuesto.
Las prioridades del gobierno han sido la seguridad a través del fortalecimiento de la militarización, compra de armas, gas lacrimógeno y logística para los entes represores del Estado, dejando en segundo y hasta tercer plano a la educación y salud pública.
Las autoridades con el compromiso de dotar todos los vacíos de presupuesto que puedan producir falta de insumos, medicinas o logística para las fumigaciones y limpiezas.
Según Suyapa Figueroa a las autoridades les está quedando grande la camiseta para pelear contra el dengue, la falta de presupuesto es fundamental en ello. Para el caso en la ciudad de El Progreso, las autoridades municipales están denunciando que se han quedado sin suero para darles a los pacientes, insumo vital para fortalecer la lucha contra el dengue cuando un paciente está en pleno daño producido por los síntomas.
Y esta situación se extiende por todos los centros asistenciales de este municipio de la zona norte del país, por lo que su director municipal, Eleazar Manueles, hizo un llamado para que a la mayor brevedad las autoridades puedan dotar de los insumos necesarios a los centros sanitarios públicos de la región.
En esa lógica también los médicos se han comprometido a permanecer en sus centros de trabajo para brindar todo el apoyo de diagnóstico y tratamiento a las personas afectadas por la enfermedad.
Las autoridades gubernamentales han llamado constantemente a la gente a limpiar sus casas, eliminar criaderos, y sobre todo que al sentir el más mínimo síntoma de dengue puedan acudir al centro de salud u hospital más cercano, así como no auto medicarse, pues los únicos tratamientos recomendados son el acetaminofén y el suero.
Por ahora según los datos de las autoridades, el dengue seguirá en aumento, y se espera que, hasta finales de septiembre, se empiece a ver una tendencia a la baja del número casos.
Médicos y especialistas consideran que la reducción de presupuesto, el abandono del programa preventivo del dengue y la no renovación de contrato a fumigadores y entomólogos dejan en evidencia el papel estatal en el asunto.
Honduras enfrenta una crisis que ha dejado unos 28 mil 603 casos en lo que va del año según las autoridades sanitarias, de los cuales 52 personas han fallecido. “Sabemos que el gobierno es el principal responsable de esta situación, ellos son los encargados de orientar las políticas para prevenir esta enfermedad, pero no lo hicieron en el momento que debían”, dijo la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa.
Este 2019 quedará en la historia en lo que respecta al dengue, siendo el año donde más daño ocasionó la enfermedad, por tal razón la situación que actualmente vive la población es producto de la falta de presupuesto para implementar los programas de prevención tal y como lo indican los parámetros internacionales de la medicina.
Figueroa habló del tema
en una conferencia de prensa convocada por la Plataforma por la Defensa de la
Salud y Educación, en ese sentido, manifestó que hay un alto grado de
responsabilidad, y que incluso ahora que la enfermedad enfrenta su pico más
alto en casos, no han podido aplicar las medidas de combate correspondiente.Por tal razón, la Plataforma anunció acciones de ataque al dengue, que serán implementadas en varias comunidades de las regiones que en este momento se encuentran bajo estado de alerta extrema por los casos de dengue registrados y también por las muertes contabilizadas en los centros asistenciales.
El doctor Gaspar Rodríguez también hizo alusión a la situación que vive el país. Lamentó que hay muchos casos que han afectado a menores, y esa situación debe ser signo de preocupación para la gente, los médicos y sobre todo para el gobierno.
El gobierno ha salido al paso a defenderse de las acusaciones de algunos profesionales de la salud, manifestando que han gestionado toda la logística para aplicar fumigaciones, dotar de medicinas e insumos los hospitales y también colaborar con la población para labores de limpieza en zonas en riesgo.
El cuestionado presidente Juan Orlando Hernández, a inicio de semana, decretó estado de emergencia con la aprobación de un fondo para contribuir a la lucha contra el dengue a nivel nacional, días anteriores la institucionalidad a través de algunas entidades pidió a la comunidad internacional para que apoyaran con fondos para combatir el dengue.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, emitió varios boletines, pidiendo ayuda a la comunidad internacional para recibir tal apoyo. Este actuar del gobierno ha sido también criticado por médicos. La doctora Figueroa lamentó que el gobierno sea incapaz de destinar un presupuesto digno para salud y así prevenir estas situaciones.
Pero el gobierno, una semana antes, en plena emergencia por dengue, aprobó en el Congreso Nacional, más de 40 millones de lempiras destinados a seguridad, y fue hasta la semana 27 que el dengue ha afectado al país, que el Poder Ejecutivo decidió decretar emergencia y destinar presupuesto.
Las prioridades del gobierno han sido la seguridad a través del fortalecimiento de la militarización, compra de armas, gas lacrimógeno y logística para los entes represores del Estado, dejando en segundo y hasta tercer plano a la educación y salud pública.
Llaman a comprometerse a luchar contra el dengue
Donde sí hay coincidencia entre el gobierno y médicos es en las acciones de concienciación que se deben aplicar en este momento, a través del compromiso que autoridades, médicos y población deben tomar sobre el asunto.Las autoridades con el compromiso de dotar todos los vacíos de presupuesto que puedan producir falta de insumos, medicinas o logística para las fumigaciones y limpiezas.
Según Suyapa Figueroa a las autoridades les está quedando grande la camiseta para pelear contra el dengue, la falta de presupuesto es fundamental en ello. Para el caso en la ciudad de El Progreso, las autoridades municipales están denunciando que se han quedado sin suero para darles a los pacientes, insumo vital para fortalecer la lucha contra el dengue cuando un paciente está en pleno daño producido por los síntomas.
Y esta situación se extiende por todos los centros asistenciales de este municipio de la zona norte del país, por lo que su director municipal, Eleazar Manueles, hizo un llamado para que a la mayor brevedad las autoridades puedan dotar de los insumos necesarios a los centros sanitarios públicos de la región.
En esa lógica también los médicos se han comprometido a permanecer en sus centros de trabajo para brindar todo el apoyo de diagnóstico y tratamiento a las personas afectadas por la enfermedad.
Las autoridades gubernamentales han llamado constantemente a la gente a limpiar sus casas, eliminar criaderos, y sobre todo que al sentir el más mínimo síntoma de dengue puedan acudir al centro de salud u hospital más cercano, así como no auto medicarse, pues los únicos tratamientos recomendados son el acetaminofén y el suero.
Por ahora según los datos de las autoridades, el dengue seguirá en aumento, y se espera que, hasta finales de septiembre, se empiece a ver una tendencia a la baja del número casos.
Diversos sectores condenan presencia militar y policial en centros educativos
Con fuerte presencia policial y militar han
estado esta semana varios centros educativos a nivel nacional. La medida surge
como respuesta del régimen frente a las protestas que los estudiantes de
educación media mantienen desde hace varias semanas.
Frente a las protestas y demandas del sector estudiantil, el régimen de Juan Orlando Hernández responde con el uso de la fuerza, el lanzamiento de bombas lacrimógenas y golpes contra los estudiantes que se manifiestan en las calles del país.
El dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Copemh, Ruy Díaz, dijo que el régimen nacionalista busca a toda costa detener la protesta social.
“La presencia de militares y policías en las escuelas, es un proceso de intimidación más. Está de por medio el boicot del régimen a todas las voces que se atreven a denunciar sus abusos”, expresó el dirigente magisterial.
Un líder estudiantil, que prefirió no identificarse por razones de seguridad, expresó a Radio Progreso, que lamenta la persecución y estigmatización que se impulsa desde el Estado Hondureño. Cuestionó el papel de la policía y el ejercito “para qué militarizar y llenar de armas el país, sin son el principal factor para crisis”.
“La militarización de los centros educativos
no es la salida, necesitamos mejorar la calidad educativa, más presupuesto para
educación”, señaló el dirigente estudiantil.
Las cifras reflejan que entre el año 2010 y 2016, fueron asesinados alrededor de 21 mil alumnos, la mayoría de ellos de instituciones de grado secundario (colegios). El 40 por ciento de los homicidios en perjuicio de este fragmento de la población lo constituyen las personas menores de 30 años, que son las de mayor potencial productivo.
Las investigaciones revelan que las muertes violentas de menores estudiantes observan el mismo patrón y son provocadas por heridas con instrumentos corto-punzantes, armas de fuego y asfixia por estrangulamiento.
En ese sentido, el director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruela, señala que es alarmante la situación que viven los estudiantes en el país. El llevar militares a centros escolares, es un riesgo más para los jovencitos y jovencitas.
“Los acuerdos internacionales, los protocolos facultativos que prohíben la presencia de militares en los centros educativos, están guardados con llaves, junto con la constitución, la decencia y las leyes, en la gaveta del dictador”, opinó el defensor.
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, (RED- COIPRODEN), aseguró que la militarización de la sociedad hondureña constituye una enorme preocupación para las organizaciones de Derechos Humanos.
Dijo que la presencia de los órganos de
seguridad del Estado en los centros educativos es la evidencia del
autoritarismo del régimen, que quiere solucionar los problemas del país con el
uso de la fuerza.
“Es alarmante y condenable desde todo punto de vista, que los militares se encuentren intimidando a los estudiantes que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. No concebimos como en un Estado, que se supone es democrático, se usen las armas para reprimir a la ciudadanía”, expresó.
Las organizaciones condenaron el papel de las diferentes agencias de seguridad del Estado de Honduras, en el contexto de violencia generalizada y violaciones sistemáticas a derechos fundamentales en todo el país. Así mismo aseguraron que han constatado que los exorbitantes índices de violencia policial tienen un comportamiento ascendente, en la medida que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar se ven involucradas en el control de las manifestaciones sociales.
Frente a las protestas y demandas del sector estudiantil, el régimen de Juan Orlando Hernández responde con el uso de la fuerza, el lanzamiento de bombas lacrimógenas y golpes contra los estudiantes que se manifiestan en las calles del país.
El dirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Copemh, Ruy Díaz, dijo que el régimen nacionalista busca a toda costa detener la protesta social.
“La presencia de militares y policías en las escuelas, es un proceso de intimidación más. Está de por medio el boicot del régimen a todas las voces que se atreven a denunciar sus abusos”, expresó el dirigente magisterial.
Un líder estudiantil, que prefirió no identificarse por razones de seguridad, expresó a Radio Progreso, que lamenta la persecución y estigmatización que se impulsa desde el Estado Hondureño. Cuestionó el papel de la policía y el ejercito “para qué militarizar y llenar de armas el país, sin son el principal factor para crisis”.
“La militarización de los centros educativos
no es la salida, necesitamos mejorar la calidad educativa, más presupuesto para
educación”, señaló el dirigente estudiantil.Más de 21 mil estudiantes asesinados
Las estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, confirman que alrededor de 21 mil estudiantes han sido asesinados en el país en los últimos siete años.Las cifras reflejan que entre el año 2010 y 2016, fueron asesinados alrededor de 21 mil alumnos, la mayoría de ellos de instituciones de grado secundario (colegios). El 40 por ciento de los homicidios en perjuicio de este fragmento de la población lo constituyen las personas menores de 30 años, que son las de mayor potencial productivo.
Las investigaciones revelan que las muertes violentas de menores estudiantes observan el mismo patrón y son provocadas por heridas con instrumentos corto-punzantes, armas de fuego y asfixia por estrangulamiento.
En ese sentido, el director de Casa Alianza Honduras, José Guadalupe Ruela, señala que es alarmante la situación que viven los estudiantes en el país. El llevar militares a centros escolares, es un riesgo más para los jovencitos y jovencitas.
“Los acuerdos internacionales, los protocolos facultativos que prohíben la presencia de militares en los centros educativos, están guardados con llaves, junto con la constitución, la decencia y las leyes, en la gaveta del dictador”, opinó el defensor.
Wilmer Vásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez, (RED- COIPRODEN), aseguró que la militarización de la sociedad hondureña constituye una enorme preocupación para las organizaciones de Derechos Humanos.
Dijo que la presencia de los órganos de
seguridad del Estado en los centros educativos es la evidencia del
autoritarismo del régimen, que quiere solucionar los problemas del país con el
uso de la fuerza. “Es alarmante y condenable desde todo punto de vista, que los militares se encuentren intimidando a los estudiantes que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. No concebimos como en un Estado, que se supone es democrático, se usen las armas para reprimir a la ciudadanía”, expresó.
Mesa de Derechos Humanos condena uso de la fuerza
A través de un comunicado, la Mesa de Derechos Humanos condenó enérgicamente el papel de la fuerza de seguridad del Estado en el contexto de violencia contra la niñez y la juventud en Honduras.Las organizaciones condenaron el papel de las diferentes agencias de seguridad del Estado de Honduras, en el contexto de violencia generalizada y violaciones sistemáticas a derechos fundamentales en todo el país. Así mismo aseguraron que han constatado que los exorbitantes índices de violencia policial tienen un comportamiento ascendente, en la medida que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar se ven involucradas en el control de las manifestaciones sociales.
Miguel Pastor habría recibió $ 50,000 del cártel de Sinaloa
Tegucigalpa.-Documentos
de la Corte del Distrito Sur de New York correspondientes al caso de
Fabio Lobo, revelan que el extitular de la desaparecida Secretaría de
Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) Miguel Rodrígo Pastor,
recibió $50,000 (más de un millón de lempiras) provenientes del cártel
de Sinaloa, como pago por participar en dos reuniones, en las que se
discutió sobre la creación de una empresa en Puerto Cortés que
facilitaría el transporte de cocaína hacia Estados Unidos.
En la relación de hechos, la publicación hace mención a los vínculos existentes entre Pastor Mejía y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, condenado en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y el exdiputado Fredy Nájera, quien guarda prisión en la nación del norte por delitos de narcotráfico.
Los hechos se dieron entre el año 2012 y 2013, en ese periodo Fabio asistió a una empresa marítima que involucraba al diputado Fredy Renán Nájera Montoya, a un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa de México y a un narcotraficante hondureño. La primera reunión se dio en San Pedro Sula con Nájera Montoya y otras dos personas a las que Fabio identificó como narcotraficantes. Durante la reunión, Nájera Montoya explicó a Fabio Lobo y a Miguel Pastor la propuesta de una empresa que pretendían montar para el cartel de Sinaloa. En ese momento Miguel Pastor era ministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi) y desempeñó un papel en las operaciones aduaneras hondureñas en Puerto Cortés (un importante puerto comercial en el departamento de Cortés).
Posteriormente, Fabio Lobo participó en otra reunión en San Pedro Sula, a la que asistieron Nájera Montoya, Miguel Pastor, otro funcionario de aduanas y al menos un narcotraficante mexicano. El grupo examinó la propuesta de la empresa que recibiría cocaína en Puerto Cortés, para posteriormente exportarla a Estados Unidos a través de México. Al final de la discusión, los narcotraficantes mexicanos le dieron a Nájera Montoya una gran cantidad de billetes de $100 que el entonces congresista hondureño repartió entre Fabio Lobo y Miguel Pastor, dándoles un aproximado de $50,000 a cada uno, como pago por participar en estas reuniones.
Según declaraciones de la defensa de Fabio, los hechos que rodearon este evento no concluyen en ningún acuerdo para el tráfico de drogas, pero aceptaron la responsabilidad de Fabio Lobo de conspirar para participar en un acuerdo de drogas, y aceptar $50,000 por su presencia en las reuniones.
Pro Honduras Network recuerda en su publicación de este jueves que hace unas semanas reveló información en la que la Fiscalía del Distrito Sur de New York revela la existencia de pruebas documentales, como un libro de contabilidad de drogas, que describe los vuelos de drogas recibidos por el grupo logístico de Fredy Nájera que incluye a Pastor Mejía y una persona identificada como «Cooper», en estas pruebas se asegura que Miguel Pastor ayudó a Fredy Nájera y a otros narcotraficantes, en el transporte de al menos 10 toneladas de cocaína a través de Puerto Cortés, con lo que el argumento de la defensa de Fabio Lobo ,sobre la nula existencia de un acuerdo entre funcionarios hondureños y miembros del cartel de Sinaloa, queda desbaratado.
“Según nuestras investigaciones, la información que data desde el año 2017 ha estado en posesión de medios de prensa hondureños, quienes teniendo conocimiento de los hechos, han decidido omitir la divulgación de esta importante información que involucra a funcionarios hondureños”, culmina Pro Honduras Network.
Noticia Relacionada: Miguel Pastor habría ayudado a transportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos
Lo anterior fue publicado este jueves por Honduras Network, una organización de sociedad civil conformada por hondureños radicados en Estados Unidos y que desde el año 2015 ha venido trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad.En la relación de hechos, la publicación hace mención a los vínculos existentes entre Pastor Mejía y Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, condenado en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y el exdiputado Fredy Nájera, quien guarda prisión en la nación del norte por delitos de narcotráfico.
Noticia Relacionada: Fredy Nájera se declara culpable por narcotráfico en Corte de Nueva York
CRITERIO reproduce la publicación de Honduras Network:Los hechos se dieron entre el año 2012 y 2013, en ese periodo Fabio asistió a una empresa marítima que involucraba al diputado Fredy Renán Nájera Montoya, a un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa de México y a un narcotraficante hondureño. La primera reunión se dio en San Pedro Sula con Nájera Montoya y otras dos personas a las que Fabio identificó como narcotraficantes. Durante la reunión, Nájera Montoya explicó a Fabio Lobo y a Miguel Pastor la propuesta de una empresa que pretendían montar para el cartel de Sinaloa. En ese momento Miguel Pastor era ministro de la desaparecida Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi) y desempeñó un papel en las operaciones aduaneras hondureñas en Puerto Cortés (un importante puerto comercial en el departamento de Cortés).
Posteriormente, Fabio Lobo participó en otra reunión en San Pedro Sula, a la que asistieron Nájera Montoya, Miguel Pastor, otro funcionario de aduanas y al menos un narcotraficante mexicano. El grupo examinó la propuesta de la empresa que recibiría cocaína en Puerto Cortés, para posteriormente exportarla a Estados Unidos a través de México. Al final de la discusión, los narcotraficantes mexicanos le dieron a Nájera Montoya una gran cantidad de billetes de $100 que el entonces congresista hondureño repartió entre Fabio Lobo y Miguel Pastor, dándoles un aproximado de $50,000 a cada uno, como pago por participar en estas reuniones.
Según declaraciones de la defensa de Fabio, los hechos que rodearon este evento no concluyen en ningún acuerdo para el tráfico de drogas, pero aceptaron la responsabilidad de Fabio Lobo de conspirar para participar en un acuerdo de drogas, y aceptar $50,000 por su presencia en las reuniones.
Pro Honduras Network recuerda en su publicación de este jueves que hace unas semanas reveló información en la que la Fiscalía del Distrito Sur de New York revela la existencia de pruebas documentales, como un libro de contabilidad de drogas, que describe los vuelos de drogas recibidos por el grupo logístico de Fredy Nájera que incluye a Pastor Mejía y una persona identificada como «Cooper», en estas pruebas se asegura que Miguel Pastor ayudó a Fredy Nájera y a otros narcotraficantes, en el transporte de al menos 10 toneladas de cocaína a través de Puerto Cortés, con lo que el argumento de la defensa de Fabio Lobo ,sobre la nula existencia de un acuerdo entre funcionarios hondureños y miembros del cartel de Sinaloa, queda desbaratado.
“Según nuestras investigaciones, la información que data desde el año 2017 ha estado en posesión de medios de prensa hondureños, quienes teniendo conocimiento de los hechos, han decidido omitir la divulgación de esta importante información que involucra a funcionarios hondureños”, culmina Pro Honduras Network.
«Cinco familias controlan el 75% de la economía de Honduras»: Gilberto Ríos
Tomado de: elestado.net
Escrito por: Gonzalo Sánchez
Escrito por: Gonzalo Sánchez
Honduras es un pequeño país de Centroamérica que
no cuenta con cobertura en los medios de comunicación excepto cuando se
celebran elecciones, momento en que la mayoría de los espacios
informativos reproducen notas de prensa de las agencias de noticias con
los resultados.
Sin embargo la situación política y social de Honduras está en permanente tensión por la actuación de una dictadura instalada en el poder desde el pasado año 2009, mediante un golpe de estado. Para conocer en profundidad lo que allí acontece, hemos podido entrevistar a uno de los principales dirigentes de la oposición, el activista Gilberto Ríos, del partido Libertad y Refundación (Libre).
Ese es el caso específico de Honduras, pero también en España se ha comentado mucho como periódicos como El País y otras grandes transnacionales de la información, se dedican más a informar sobre lo que ocurre en Venezuela de una forma aviesa, que de lo que ocurre en su propio país.
Ese cerco mediático no es solo sobre el tema Honduras, que es un país pequeño, la segunda economía más pobre de América Latina, y por eso tampoco genera tanta importancia en los medios de comunicación. Pero más allá de eso, con los niveles de violación de los Derechos Humanos, y lo que ha acontecido durante los 10 años que han pasado desde el golpe de estado, el silencio tiene con ver con ese cerco, que es parte de un plan latinoamericano de control, de reposicionamiento del Imperio y de las grandes transnacionales en toda la región.
Esta situación ha dejado sin oportunidades a las grandes mayorías en un país donde no hay inversión, en un país en el que hay muchísima violencia. Pasa este mismo fenómeno en África y Medio Oriente, con gran cantidad de personas yendo hacia Europa. Todo tiene que ver con esas políticas de desarrollo que se han impulsado para concentrar las riquezas en las élites y en el poder de las grandes transnacionales.
Esta migración también ha servido para nutrir de mano de obra barata a los centros de poder más cercanos, en este caso los norteamericanos, que ahora tienen una fuerza laboral barata en los migrantes, que sin duda fortalecen su economía.
Después del golpe esto ha ido cambiando, se ha ido reduciendo a cinco familias con grandes emporios económicos que controlan alrededor del 75% de la economía hondureña. JOH es el representante de esa élite, es su expresión política.
En función de la correlación de magistrados tengan en la Corte Suprema así van a ser los fallos, por tanto todo el sistema judicial está controlado por esa misma élite de la que hablamos.
En ese momento se vivía mucha ausencia de protesta en la calle porque habíamos vivido una década de desmovilización en los años 90. Luego de esto, en el año 20o3 se creó la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que funcionó del año 2003 al año 2009 -año en que se dio el golpe de estado contra el presidente Zelaya-.
Ya había una alianza en los últimos tiempos, años 2008-09, con el gobierno del presidente Zelaya, y esto hizo que la estructura del movimiento popular se transformara de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, al Frente Nacional de Resistencia Popular, que en el año 2011 creó el partido Libertad y Refundación (Libre).
Quiero implicar con esto que hay una relación intrínseca entre los dirigentes de Libre y los de las fuerzas sociales, que son los que han dado cátedra de lucha popular, de agitación callejera, de propaganda, de movilización. Por eso hemos mantenido siempre nuestra lucha en las calles, y nuestra vigencia en las masas a pesar de la censura, la represión y la persecución que ha sido bastante dura y muy grave en estos últimos diez años.
En ese sentido el ejército no va a dar un golpe de estado, está muy ligado al tema del narcotráfico, a lo que también está ligado el presidente y su familia y la élite hondureña en general, lo que hace que la correlación no se pueda medir internamente, sino que tiene que ver más bien con una situación geopolítica.
Aquí la embajada norteamericana ha dado varios apoyo al presidente de facto: ha respaldado fraudes, ha respaldado el golpe de estado por supuesto, la persecución y las demás violaciones a los Derechos Humanos. Entonces no estamos compitiendo contra un personaje que se ha erigido en el poder por su propia fuerza, sino por las fuerzas oligárquicas e imperialistas que dominan Honduras.
Aunque más allá de eso no hay otra estrategia, hay organizaciones populares que se están fortaleciendo en la lucha en este momento por la crisis. Eso también hace que Libre esté planteando una coalición de fuerzas políticas y sociales para las próximas elecciones.
Creo que el mayor éxito de esta propuesta es justamente que no es sectaria, no representa solamente nuestro programa, sino que lo que pretendemos es construir el programa junto con todos los sectores de la sociedad hondureña: empresarios trabajadores, campesinos, fuerzas progresistas, democráticas, mujeres, indígenas, pobladores, ambientalistas…
Todos los sectores de la sociedad que son llamados fuerzas vivas, activas, beligerantes para que propongan un plan de país, una estructura de país a través de una nueva constitución. Y eso es lo que nos hace ser un partido de vanguardia.
En este momento sí es una fuerza capaz de movilizar temporalmente el país, y de ganar elecciones como las del 2013 y 2017. Libre sí es capaz de mantenerse vigente en la opinión pública, de ser beligerante, pero no es capaz de organizar a nivel social una fuerza que trascienda el tema electoral, y esa carencia la están asumiendo ahora otros sectores que superaron al partido en su capacidad de movilización.
No obstante se puede reconstruir, y hay sectores que todavía le apostamos a eso.
Dentro de una visión muy amplia, que plantea Libre, claro que los vemos como aliados. Sí hay personas que, tal vez por ingenuidad, desconocimiento o falta de análisis, no entienden que el problema viene del norte, que siguen tratando de rechazar toda presencia de lo que se llame socialismo e influencia de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia en el continente, pero bueno, son fuerzas que sinceramente no están vinculadas a actos de corrupción y que no han cometido crímenes, y eso ya es bastante decir entre lo que son los sectores dirigentes políticos del país.
Sin embargo la situación política y social de Honduras está en permanente tensión por la actuación de una dictadura instalada en el poder desde el pasado año 2009, mediante un golpe de estado. Para conocer en profundidad lo que allí acontece, hemos podido entrevistar a uno de los principales dirigentes de la oposición, el activista Gilberto Ríos, del partido Libertad y Refundación (Libre).
Existe un apagón informativo en España sobre Honduras, ¿cómo explicaría la situación política y social que vive su país a alguien que no sabe lo que pasa allí?
Nosotros consideramos que hay una agenda setting internacional, que genera una corriente de opinión pública siempre volcada en los temas que son de interés para las grandes transnacionales, al contrario de lo que son los intereses para los pueblos, sobre todo de las luchas de estos por su liberación.Ese es el caso específico de Honduras, pero también en España se ha comentado mucho como periódicos como El País y otras grandes transnacionales de la información, se dedican más a informar sobre lo que ocurre en Venezuela de una forma aviesa, que de lo que ocurre en su propio país.
Ese cerco mediático no es solo sobre el tema Honduras, que es un país pequeño, la segunda economía más pobre de América Latina, y por eso tampoco genera tanta importancia en los medios de comunicación. Pero más allá de eso, con los niveles de violación de los Derechos Humanos, y lo que ha acontecido durante los 10 años que han pasado desde el golpe de estado, el silencio tiene con ver con ese cerco, que es parte de un plan latinoamericano de control, de reposicionamiento del Imperio y de las grandes transnacionales en toda la región.
¿Cree que lo que sucede en Honduras no es lo suficientemente grave como para que aparezca en los medios de comunicación?
Es parte de nuestra cuota mediática que nos toca recibir en esta estrategia comentada previamente. Es la profundización del modelo neoliberal, es la experimentación de nuevos mecanismos de control social y de políticas de cambio social para continuar con las acciones que favorecen la concentración de la riqueza. Se quiere comprobar hasta dónde los pueblos, y bajo qué mecanismos, pueden ser dóciles en esta dominación.¿Por qué se marcha la gente de Honduras?
Los grandes éxodos que se han producido en Honduras están muy ligados a las políticas de desarrollo económico, que han sido un fracaso durante su implementación a los largo de los últimos 40 años, pero más marcadamente en los últimos diez años, desde el golpe de estado, con políticas neoliberales que han privatizado muchos de los servicios públicos, específicamente en los últimos meses los de la salud y la educación.Esta situación ha dejado sin oportunidades a las grandes mayorías en un país donde no hay inversión, en un país en el que hay muchísima violencia. Pasa este mismo fenómeno en África y Medio Oriente, con gran cantidad de personas yendo hacia Europa. Todo tiene que ver con esas políticas de desarrollo que se han impulsado para concentrar las riquezas en las élites y en el poder de las grandes transnacionales.
Esta migración también ha servido para nutrir de mano de obra barata a los centros de poder más cercanos, en este caso los norteamericanos, que ahora tienen una fuerza laboral barata en los migrantes, que sin duda fortalecen su economía.
¿Es Juan Orlando Hernández una consecuencia del golpe de estado de 2009?
Juan Orlando Hernández es la representación de una élite económica que antes del golpe de estado estaba más o menos en unas diez familias que controlaban el 90% de la economía nacional. Estamos hablando de diez familias de las cuales 8 eran de origen palestino y dos de origen judío.Después del golpe esto ha ido cambiando, se ha ido reduciendo a cinco familias con grandes emporios económicos que controlan alrededor del 75% de la economía hondureña. JOH es el representante de esa élite, es su expresión política.
Desde su organización política (Libre) se acusa a JOH de ser un dictador, ¿por qué?
Cuando nosotros hablamos de que Juan orlando Hernández es un dictador es porque es la representanción de esa dictadura oligárquica que vivimos en Honduras, y que controla todos los poderes del estado, tanto el poder ejecutivo con la presidencia, el poder legislativo con la mayoría en el Congreso Nacional y también en el judicial donde hay quince magistrados que son claramente representantes de esos sectores económicos. De hecho entre la prensa que cubre el poder judicial te pueden decir con nombres y apellidos qué empresa o qué personaje de la economía hondureña representa cada uno de los magistrados.En función de la correlación de magistrados tengan en la Corte Suprema así van a ser los fallos, por tanto todo el sistema judicial está controlado por esa misma élite de la que hablamos.
Libre, y antes el FNRP, es la mayor fuerza de oposición al régimen gobernante, ¿cómo han aguantado 10 años con tanto apoyo social pese a la censura, represión y persecución?
Yo he sido militante toda la vida de las fuerzas políticas de izquierda y también de las organizaciones sociales. A finales de los 90 se creó el Bloque Popular, que fue una instancia de sindicatos, pequeñas organizaciones de izquierda, movimiento estudiantil, organizaciones campesinas, de pobladores… que estuvo tratando de recuperar la protesta pública.En ese momento se vivía mucha ausencia de protesta en la calle porque habíamos vivido una década de desmovilización en los años 90. Luego de esto, en el año 20o3 se creó la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, que funcionó del año 2003 al año 2009 -año en que se dio el golpe de estado contra el presidente Zelaya-.
Ya había una alianza en los últimos tiempos, años 2008-09, con el gobierno del presidente Zelaya, y esto hizo que la estructura del movimiento popular se transformara de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, al Frente Nacional de Resistencia Popular, que en el año 2011 creó el partido Libertad y Refundación (Libre).
Quiero implicar con esto que hay una relación intrínseca entre los dirigentes de Libre y los de las fuerzas sociales, que son los que han dado cátedra de lucha popular, de agitación callejera, de propaganda, de movilización. Por eso hemos mantenido siempre nuestra lucha en las calles, y nuestra vigencia en las masas a pesar de la censura, la represión y la persecución que ha sido bastante dura y muy grave en estos últimos diez años.
¿Está JOH viviendo sus últimos días en el poder?
Pienso que es una visión optimista decir que Juan Orlando Hernández va a estar poco tiempo más en el poder, porque en realidad si lo midiéramos en cuanto a la correlación interna de las fuerzas, veríamos que es bastante pobre el apoyo que recibe JOH, porque solo lo apoyan ya sectores muy ligados al gobierno y las Fuerzas Armadas por supuesto, pero estas FFAA, como bien decía un poeta salvadoreño, están ensambladas, lo que significa que son fabricadas por las transnacionales gringas en nuestro territoio nacional con partes hondureñas, porque son ejércitos que responden ante la voluntad norteamericana.En ese sentido el ejército no va a dar un golpe de estado, está muy ligado al tema del narcotráfico, a lo que también está ligado el presidente y su familia y la élite hondureña en general, lo que hace que la correlación no se pueda medir internamente, sino que tiene que ver más bien con una situación geopolítica.
Aquí la embajada norteamericana ha dado varios apoyo al presidente de facto: ha respaldado fraudes, ha respaldado el golpe de estado por supuesto, la persecución y las demás violaciones a los Derechos Humanos. Entonces no estamos compitiendo contra un personaje que se ha erigido en el poder por su propia fuerza, sino por las fuerzas oligárquicas e imperialistas que dominan Honduras.
¿Qué está haciendo Libre para garantizar la caída del régimen?
Libre en particular tiene una estrategia electoral, pacífica, de ganar correlación para vencer el fraude, y así lograr avasallar a todas esas fuerzas de la derecha que se expresan en las elecciones. Tal y como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador, digamos de una manera tal que no puedan vencernos con artilugios, por lo menos a nivel público.Aunque más allá de eso no hay otra estrategia, hay organizaciones populares que se están fortaleciendo en la lucha en este momento por la crisis. Eso también hace que Libre esté planteando una coalición de fuerzas políticas y sociales para las próximas elecciones.
¿Cuál ha sido el mayor acierto de Libre?
Para nosotros el mayor acuerdo del partido es haber sido capaz de conjuntar todo el descontento social el país y haberlo traducido en una propuesta política que es amplia. Básicamente Libre plantea que la única forma de cambiar Honduras es refundándola, hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente que integre a todos los sectores.Creo que el mayor éxito de esta propuesta es justamente que no es sectaria, no representa solamente nuestro programa, sino que lo que pretendemos es construir el programa junto con todos los sectores de la sociedad hondureña: empresarios trabajadores, campesinos, fuerzas progresistas, democráticas, mujeres, indígenas, pobladores, ambientalistas…
Todos los sectores de la sociedad que son llamados fuerzas vivas, activas, beligerantes para que propongan un plan de país, una estructura de país a través de una nueva constitución. Y eso es lo que nos hace ser un partido de vanguardia.
¿Y el mayor error?
A mi criterio, yo no vengo del tradicionalismo político electoral, justamente el mayor error ha sido desmovilizar. Libre no es necesariamente una fuerza movilizadora en las calles.En este momento sí es una fuerza capaz de movilizar temporalmente el país, y de ganar elecciones como las del 2013 y 2017. Libre sí es capaz de mantenerse vigente en la opinión pública, de ser beligerante, pero no es capaz de organizar a nivel social una fuerza que trascienda el tema electoral, y esa carencia la están asumiendo ahora otros sectores que superaron al partido en su capacidad de movilización.
No obstante se puede reconstruir, y hay sectores que todavía le apostamos a eso.
¿Luis Zelaya y Salvador Nasralla son aliados?
Salvador Nasralla y Luis Zelaya representan esas fuerzas democráticas, aunque sean de derecha, que también pueden ser aliadas en el plan de cambiar el país. No obstante su cercanía con la embajada norteamericana y su fe en que Washington va a resolver los problemas de Honduras, nos hacen dudar de su alcance en cuanto a su propuesta política.Dentro de una visión muy amplia, que plantea Libre, claro que los vemos como aliados. Sí hay personas que, tal vez por ingenuidad, desconocimiento o falta de análisis, no entienden que el problema viene del norte, que siguen tratando de rechazar toda presencia de lo que se llame socialismo e influencia de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia en el continente, pero bueno, son fuerzas que sinceramente no están vinculadas a actos de corrupción y que no han cometido crímenes, y eso ya es bastante decir entre lo que son los sectores dirigentes políticos del país.
