Respeto a sus derechos y justicia para 5,000 asesinadas demandaron en el Día Internacional de la Mujer
Friday, 09 March 2018 21:52 Written by Webmaster Published in Contexto
En el Día Internacional de la Mujer, la demanda de las hondureñas
es claro. Igualdad de oportunidades, respeto a decidir en sus cuerpos y
la penalización de ese 98% de los más de 5 mil asesinatos contra mujeres
que las autoridades mantienen impunes por falta de investigación.
Portando mantas, pancartas y gritando consignas, centenares de
mujeres de San Pedro Sula y Tegucigalpa desfilaron por las calles en
masivas manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la
Mujer.
“No queremos flores, queremos que nuestros derechos se cumplan, estamos cansadas de que los gobernantes crean que nos hacen un favor cuando aprueban una ley o cuando impulsan proyectos para las mujeres”, dice un comunicado que fue leído por las manifestantes en Tegucigalpa.
Para ellas es importante recordarles a las autoridades la obligación que tienen de impartir justicia para las más de 5,000 mujeres que en los últimos 15 años han perdido la vida de manera violenta, sin que los asesinos hayan pagado por esos crímenes.
Sólo en el 2017 el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), registró que de 987 mujeres que murieron violentamente de diversas formas, 389 fueron por homicidio, 90 suicidios, 274 por accidentes de tránsito, 104 muertes no intencionales y 130 de manera indeterminada. En el 2016 por estas razones murieron 1034 mujeres, 47 más que en el 2017, sin embargo hay sub registros porque en la morgue no se están registrando todos los asesinatos de mujeres, según lo han denunciado debido a que quieren presentar estadísticas maquilladas con la intención de presentar que el gobierno avanza en disminuir los homicidios.
¿Y por qué sudor y consignas envés de rosas?
El 8 de marzo de 1857, mujeres obreras de la industria textil salieron a las calles de Nueva York a protestar por las precarias condiciones en las que trabajaban y esta fue una de sus primeras manifestaciones por sus derechos.
Pero el 5 de marzo de 1908, un grupo de 140 de mujeres que reclamaban igualdad salarial, disminución de la jornada laboral a 8 horas y tiempo para poder estar con sus familias, se declararon en huelga y murieron quemadas en el interior de la fábrica de Sirtwoot Cotton, cuando el dueño de la empresa en represalias le prendió fuego.
Y en 1910, para conmemorar sus muertes, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague (Dinamarca) y a propuesta de la ideóloga comunista y política alemana Clara Zetkin, respaldada por más de 100 mujeres procedentes de 17 países, decidieron declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta fecha también fue reconocida en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas.
El principal objetivo siempre ha sido promover la igualdad de derechos, incluyendo el de votar, un derecho al que en Honduras lograron las mujeres hasta en 1955 cuando se les permitió elegir y ser electas. Sin embargo, hasta hoy ninguna mujer ha logrado ser presidenta de este país centroamericano.
Mujeres hondureñas exigen justica y un alto a la impunidad
Con pancartas y consignas las hondureñas organizadas en salieron a las calles en conmemoración para exigir justicia ante tanta impunidad, en la capital el punto de salida fue en las cercanías de la casa presidencial con rumbo a los Juzgados de lo penal de Tegucigalpa ubicados en el barrio la Granja.
A tempranas horas se dieron cita para salir con una caravana que las reuniría en esa zona para exigir justicia, sin embargo como ya es de costumbre el Estado las recibió con un fuerte pelotón de policías para impedir que la movilización saliera desde la casa presidencial, pero esto no impidió que se reunieran.
Con solo dos femicidos juzgados desde el 2016 a la fecha, aún permanecen el Ministerio Público un estimado de unas 2 mil 300 denuncias de mujeres víctimas de femicidos y otros delitos pero la respuesta de este ente ha sido silencio y no da respuesta inmediatas a las denuncias.
Según Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, (CEM-H), “los patrones de agresiones contra las mujeres en Honduras son la violencia sexual que ocupa un 20% de las estadísticas de los asesinatos cuyos autores en algunos casos eon maras y pandillas, trata, discriminación y asesinatos por su desempeño laboral, son algunos de los patrones por los cuales nos están asesinando”.
Dentro de sus análisis la feminista reclamó que para los próximos cuatro años “habrá una profundización del patriarcado con la agudización de los femicidios, más violaciones sexuales, incestos, mas mujeres sin derechos y más pobreza para las mujeres con estos elementos Honduras estaría enfrentando una gran crisis con respecto a los derechos de las mujeres.
A gritos y consignas demandaron más políticas públicas que beneficien a las mujeres con legislaciones operativas, creativas, innovadoras porque en el Congreso Nacional hay varios proyectos que no benefician a las mujeres.
“En Honduras la alianza que mantienen las cúpulas religiosas con el poder político han dejado sentado un fundamentalismo religioso y ese es un obstáculo para que la mujer tenga políticas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos”, dijo Katerin Zeron, de la Red de Mujeres Katrachas.
Para Zerón los avances que han obtenido son producto de las diferentes luchas impulsadas en los últimos cuatro años son casi nulos debido que hay leyes que no favorecen a las mujeres, otras existen pero pocas veces se cumplen, por lo que estos próximos cuatro años seguirán en resistencia ante este sistema de opresión que viven.
La movilización terminó frente a las instalaciones de los juzgados del Barrio La Granja, en solidaridad con la familia de Berta Isabel Cáceres donde se realizaba la Audiencia Inicial contra uno de los responsables del asesinato de la ambientalista, la cual fue suspendida, en ese Juzgado adujeron que no habían condiciones para que ésta se llevara a cabo y fue reprogramada para el este viernes 09 de marzo.
Coalición contra la Impunidad repudia todas las formas de violencia hacia las mujeres
CIDH exhorta a los Estados a abstenerse de adoptar medidas derechos de las mujeres
Washington, D.C. – 8 de marzo de 2018.-Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados de la región a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, y a abstenerse de adoptar medidas que tengan un impacto negativo o regresivo en el respeto y garantía de sus derechos fundamentales.
En la región, las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica contra ellas.
En particular, se registran altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia, y subsisten serios obstáculos que les impiden tener un acceso oportuno y sin discriminación a la justicia y a una reparación y protección integral frente a estos actos. Al mismo tiempo, las mujeres también enfrentan barreras para obtener un debido acceso a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva, de manera imparcial, oportuna y culturalmente adecuada. La discriminación contra las mujeres también impide que las mujeres tengan acceso a la igualdad de oportunidades de trabajo y condiciones de empleo y, en particular, a igual remuneración que sus colegas varones por un trabajo de igual valor y a un lugar de trabajo libre de acoso sexual.
Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres tienen un impacto diferenciado en aquéllas que pertenecen a grupos históricamente excluidos, tales como las mujeres en situación de pobreza, las que habitan en zonas rurales, las mujeres indígenas y/o afrodescendientes, las mujeres con discapacidad y las mujeres de la comunidad LGBTI. A su vez tienen un alcance especial en el caso de las niñas y adolescentes.
La CIDH reafirma que la perspectiva de género es un concepto que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres a los hombres en razón de su género y es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia. En este sentido, urge a los Estados a prevenir la influencia de tendencias que buscan limitar los derechos de las mujeres, como el preocupante uso de la “ideología de género” en referencia peyorativa a la perspectiva de género.
La CIDH también exhorta a los Estados a documentar, investigar y sancionar las formas emergentes de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, como el acoso sexual y laboral, la violencia obstétrica, la violencia que toma lugar en el ámbito de las tecnologías y de Internet, la trata de personas, entre otras.
La Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, ha señalado que “las medidas que representen un retroceso en los esfuerzos de los Estados para cumplir con estas obligaciones pueden constituir una violación a los derechos humanos de las mujeres y, por ende, resultan inaceptables”.
La Comisión subraya que los Estados deben abordar los patrones socioculturales discriminatorios que subyacen en estas prácticas. Asimismo, tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y ofrecer una reparación integral a las víctimas.
A fin de contribuir al cumplimiento de estas obligaciones, en el periodo 2017-2018, la CIDH ha decidido poner especial énfasis en sus acciones orientadas a monitorear la situación de los derechos de las mujeres en la región; avanzar en el establecimiento y difusión de estándares y en la formulación y el seguimiento de recomendaciones en la materia; y a brindar la asesoría técnica que tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad civil puedan requerir para avanzar en la promoción de los derechos de las mujeres.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
“No queremos flores, queremos que nuestros derechos se cumplan, estamos cansadas de que los gobernantes crean que nos hacen un favor cuando aprueban una ley o cuando impulsan proyectos para las mujeres”, dice un comunicado que fue leído por las manifestantes en Tegucigalpa.
Para ellas es importante recordarles a las autoridades la obligación que tienen de impartir justicia para las más de 5,000 mujeres que en los últimos 15 años han perdido la vida de manera violenta, sin que los asesinos hayan pagado por esos crímenes.
Sólo en el 2017 el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), registró que de 987 mujeres que murieron violentamente de diversas formas, 389 fueron por homicidio, 90 suicidios, 274 por accidentes de tránsito, 104 muertes no intencionales y 130 de manera indeterminada. En el 2016 por estas razones murieron 1034 mujeres, 47 más que en el 2017, sin embargo hay sub registros porque en la morgue no se están registrando todos los asesinatos de mujeres, según lo han denunciado debido a que quieren presentar estadísticas maquilladas con la intención de presentar que el gobierno avanza en disminuir los homicidios.
¿Y por qué sudor y consignas envés de rosas?
El 8 de marzo de 1857, mujeres obreras de la industria textil salieron a las calles de Nueva York a protestar por las precarias condiciones en las que trabajaban y esta fue una de sus primeras manifestaciones por sus derechos.
Pero el 5 de marzo de 1908, un grupo de 140 de mujeres que reclamaban igualdad salarial, disminución de la jornada laboral a 8 horas y tiempo para poder estar con sus familias, se declararon en huelga y murieron quemadas en el interior de la fábrica de Sirtwoot Cotton, cuando el dueño de la empresa en represalias le prendió fuego.
Y en 1910, para conmemorar sus muertes, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague (Dinamarca) y a propuesta de la ideóloga comunista y política alemana Clara Zetkin, respaldada por más de 100 mujeres procedentes de 17 países, decidieron declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta fecha también fue reconocida en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas.
El principal objetivo siempre ha sido promover la igualdad de derechos, incluyendo el de votar, un derecho al que en Honduras lograron las mujeres hasta en 1955 cuando se les permitió elegir y ser electas. Sin embargo, hasta hoy ninguna mujer ha logrado ser presidenta de este país centroamericano.
Mujeres hondureñas exigen justica y un alto a la impunidad
Con pancartas y consignas las hondureñas organizadas en salieron a las calles en conmemoración para exigir justicia ante tanta impunidad, en la capital el punto de salida fue en las cercanías de la casa presidencial con rumbo a los Juzgados de lo penal de Tegucigalpa ubicados en el barrio la Granja.
A tempranas horas se dieron cita para salir con una caravana que las reuniría en esa zona para exigir justicia, sin embargo como ya es de costumbre el Estado las recibió con un fuerte pelotón de policías para impedir que la movilización saliera desde la casa presidencial, pero esto no impidió que se reunieran.
Con solo dos femicidos juzgados desde el 2016 a la fecha, aún permanecen el Ministerio Público un estimado de unas 2 mil 300 denuncias de mujeres víctimas de femicidos y otros delitos pero la respuesta de este ente ha sido silencio y no da respuesta inmediatas a las denuncias.
Según Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, (CEM-H), “los patrones de agresiones contra las mujeres en Honduras son la violencia sexual que ocupa un 20% de las estadísticas de los asesinatos cuyos autores en algunos casos eon maras y pandillas, trata, discriminación y asesinatos por su desempeño laboral, son algunos de los patrones por los cuales nos están asesinando”.
Dentro de sus análisis la feminista reclamó que para los próximos cuatro años “habrá una profundización del patriarcado con la agudización de los femicidios, más violaciones sexuales, incestos, mas mujeres sin derechos y más pobreza para las mujeres con estos elementos Honduras estaría enfrentando una gran crisis con respecto a los derechos de las mujeres.
A gritos y consignas demandaron más políticas públicas que beneficien a las mujeres con legislaciones operativas, creativas, innovadoras porque en el Congreso Nacional hay varios proyectos que no benefician a las mujeres.
“En Honduras la alianza que mantienen las cúpulas religiosas con el poder político han dejado sentado un fundamentalismo religioso y ese es un obstáculo para que la mujer tenga políticas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos”, dijo Katerin Zeron, de la Red de Mujeres Katrachas.
Para Zerón los avances que han obtenido son producto de las diferentes luchas impulsadas en los últimos cuatro años son casi nulos debido que hay leyes que no favorecen a las mujeres, otras existen pero pocas veces se cumplen, por lo que estos próximos cuatro años seguirán en resistencia ante este sistema de opresión que viven.
La movilización terminó frente a las instalaciones de los juzgados del Barrio La Granja, en solidaridad con la familia de Berta Isabel Cáceres donde se realizaba la Audiencia Inicial contra uno de los responsables del asesinato de la ambientalista, la cual fue suspendida, en ese Juzgado adujeron que no habían condiciones para que ésta se llevara a cabo y fue reprogramada para el este viernes 09 de marzo.
Coalición contra la Impunidad repudia todas las formas de violencia hacia las mujeres
CIDH exhorta a los Estados a abstenerse de adoptar medidas derechos de las mujeres
Washington, D.C. – 8 de marzo de 2018.-Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados de la región a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, y a abstenerse de adoptar medidas que tengan un impacto negativo o regresivo en el respeto y garantía de sus derechos fundamentales.
En la región, las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica contra ellas.
En particular, se registran altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia, y subsisten serios obstáculos que les impiden tener un acceso oportuno y sin discriminación a la justicia y a una reparación y protección integral frente a estos actos. Al mismo tiempo, las mujeres también enfrentan barreras para obtener un debido acceso a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva, de manera imparcial, oportuna y culturalmente adecuada. La discriminación contra las mujeres también impide que las mujeres tengan acceso a la igualdad de oportunidades de trabajo y condiciones de empleo y, en particular, a igual remuneración que sus colegas varones por un trabajo de igual valor y a un lugar de trabajo libre de acoso sexual.
Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres tienen un impacto diferenciado en aquéllas que pertenecen a grupos históricamente excluidos, tales como las mujeres en situación de pobreza, las que habitan en zonas rurales, las mujeres indígenas y/o afrodescendientes, las mujeres con discapacidad y las mujeres de la comunidad LGBTI. A su vez tienen un alcance especial en el caso de las niñas y adolescentes.
La CIDH reafirma que la perspectiva de género es un concepto que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres a los hombres en razón de su género y es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia. En este sentido, urge a los Estados a prevenir la influencia de tendencias que buscan limitar los derechos de las mujeres, como el preocupante uso de la “ideología de género” en referencia peyorativa a la perspectiva de género.
La CIDH también exhorta a los Estados a documentar, investigar y sancionar las formas emergentes de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, como el acoso sexual y laboral, la violencia obstétrica, la violencia que toma lugar en el ámbito de las tecnologías y de Internet, la trata de personas, entre otras.
La Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, ha señalado que “las medidas que representen un retroceso en los esfuerzos de los Estados para cumplir con estas obligaciones pueden constituir una violación a los derechos humanos de las mujeres y, por ende, resultan inaceptables”.
La Comisión subraya que los Estados deben abordar los patrones socioculturales discriminatorios que subyacen en estas prácticas. Asimismo, tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y ofrecer una reparación integral a las víctimas.
A fin de contribuir al cumplimiento de estas obligaciones, en el periodo 2017-2018, la CIDH ha decidido poner especial énfasis en sus acciones orientadas a monitorear la situación de los derechos de las mujeres en la región; avanzar en el establecimiento y difusión de estándares y en la formulación y el seguimiento de recomendaciones en la materia; y a brindar la asesoría técnica que tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad civil puedan requerir para avanzar en la promoción de los derechos de las mujeres.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Mujeres: doblemente violentadas en Honduras
Mar 08, 2018
Honduras es considerado uno de los
países más peligro del mundo. Las mujeres enfrentan la violencia por
partida doble. Una violencia ancestral impuesta por el sistema
patriarcal, donde son asesinadas por el hecho de ser mujeres, y la otra
política, donde son criminalizadas y torturadas por protestar contra el
régimen de Juan Orlando Hernández.
En el país cada año se registran más de
20 mil casos de violencia doméstica, cada 14 horas una mujer es
asesinada y cada día una desaparece. La militarización de la sociedad y
la impunidad en casi el 95 por ciento de los femicidios, promueven la
repetición de los crímenes y profundizan la violencia contra las
mujeres.
Bajo esa realidad, las hondureñas
conmemoraron el día internacional de la mujer en las calles, donde
reafirmaron que no hay nada que celebrar, al contrario, son muchas las
razones para luchar.
Datos oficiales del Observatorio de la
Violencia de la Universidad Pública de Honduras, muestran que solo en
enero de 2018, se registraron 22 asesinatos de mujeres, lo que
significa que a diario dos mujeres están siendo asesinadas. Ese mismo
observatorio establece que durante el 2017, la violencia mató a casi
400 mujeres.
A pesar del recrudecimiento de la
violencia, después del golpe de Estado de 2009, ellas han salido con más
fuerza a las calles y otros espacios públicos a protestar contra la
corrupción e impunidad. Sin embargo, el país vive una de las peores
crisis en materia de derechos humanos, similar a la ocurrida el 2009,
con la notoria diferencia del amplio despliegue de las Fuerzas Armadas,
mediante el ejército y la Policía Militar.
De acuerdo a los datos del Comité de
Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras Cofadeh, del 28 de
noviembre de 2017 al 27 de enero de 2018, se registraron 38 muertes de
personas manifestantes vinculadas al conflicto post electoral. A estos
asesinatos se suman decenas de heridos, centenares de detenidos y más de
100 personas judicializadas o criminalizadas.
Mery Agurcia del Cofadeh, dijo que,
aunque las victimas mortales de la crisis post electoral son hombres,
las mujeres son las más afectadas porque son las viudas, hijas, madres,
hermanas y primas de las víctimas, que ahora tendrán que sobrevivir con
el dolor de la ausencia.
En la actualidad las mujeres están en
medio de crisis y guerras provocadas por un sistema racista, patriarcal y
capitalista. Pese a ello, las mujeres se niegan aceptar este modelo de
muerte, resisten y proponen cambios que logren dignificar sus vidas y la
de los suyos.
Mesa de Derechos Humanos condena protección del Estado de Honduras a oficiales que torturaron a defensores y estudiantes
Thursday, 08 March 2018 07:20 Written by Dina Meza Published in Denuncia
La Mesa de Derechos Humanos condenó la asociación del Estado de
Honduras con todas sus instituciones del sistema de justicia que están
protegiendo a los altos mandos policiales que torturaron y cometieron
otros graves delitos contra la integridad física de defensores de
derechos humanos y estudiantes el 08 de septiembre de 2017, en los
predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Los oficiales de policía Félix Adrián Colindres, Juan Manuel Aguilar y
Marlon Vásquez Palma,están acusados de cometer violaciones a derechos
humanos entre estos torturas, detención ilegal, lesiones, Violación a
los Deberes de los Funcionarios y Abuso de Autoridad contra los
defensores de derechos humanos María Tomasa Morales, de la Asociación
por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Hedme Castro, de
ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación de Jóvenes por los Derechos
Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico
Internacional de Derechos Humanos, OEIDH, y ocho estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, hecho ocurrido el 08 de
septiembre de 2017.
Este el comunicado completo:MESA DE DERECHOS HUMANOS CONDENA PROTECCIÓN A VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS CONTRA DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, FALTA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO Y HOSTILIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Reunida la Mesa de Derechos Humanos para analizar el caso de los defensores y defensoras de derechos humanos víctimas de varios delitos por parte de la Policía Nacional de Honduras, después de las valoraciones de rigor, expresa:
1. Condenamos la actitud de la Jueza Gabriela Cristina Gallo, cuyas actuaciones fueron cargadas de contenido de parcialidad con los victimarios en detrimento de las víctimas, incluso mostrando acciones de discriminación durante la audiencia.
2. Reprochamos el papel del Ministerio Público por cuanto el Fiscal durante la audiencia no tuvo la diligencia correspondiente, lo que pone en peligro la sanción que corresponde a los agresores, pues el rango del cargo o los grupos a que estos representan no deben ser motivo de intimidación ante la justicia.
3. Rechazamos de la Secretaría de Seguridad las acciones de protección en favor de los policías encausados en detrimento de las sanciones que corresponden y del juicio mismo, pues al premiarles con mejores puestos mandan un mal mensaje a los mismos integrantes de la policía alejándoles más de su misión.
Por lo anterior demandamos:
1) A la Corte Suprema de Justicia proceda contra la jueza Gabriela Cristina Gallo y que no siga conociendo de la causa. Que vele por la independencia judicial y el no sometimiento a ningún poder fáctico.
2) Al Ministerio Público revisar su accionar en razón de asumir con propiedad este asunto que impacta en la vida del Estado hondureño por sus implicaciones y repercusiones.
3) A la Secretaría de seguridad que suspenda toda acción de privilegio, protección e injerencia en favor de los policías procesados, pues va en contra de todo el sistema de justicia.
4) Solicitamos a las distintas embajadas y organismos internacionales, con presencia en nuestro país, que tienen en su mandato de nación el respeto irrestricto de los derechos humanos, su solidaridad activa por la vigencia de estos principios universales.
5) Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras, a mantenerse vigilante y tomar acciones en este emblemático caso que afecta al mundo de los derechos humanos.
6) Al Relator de la Comisión Interamericana sobre defensoras y defensores de derechos humanos tomar nota de esta comunicación y desarrollar las acciones de urgencia que precisan.
7) Al Relator para Honduras de la Comisión Interamericana, como yo lo hemos pedido en las audiencias pasada de la CIDH, que en su visita de este mes de abril, conozca en terreno de este caso para las medidas que correspondan.
MESA DE DERECHOS HUMANOS.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 7 días del mes de marzo del 2018.
Cc: Magistrado Presidente Rolando Argueta, Corte Suprema de Justicia.
Cc: Jueza Gabriela Cristina Gallo. Juzgado de Letras de lo Penal. Tegucigalpa.
Cc: Abogado Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República.
Cc: Abogada Soraya Morales, Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Cc: General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad en los Despachos de Seguridad.
Cc: Comisionado General José David Aguilar Morán, Director Policía Nacional.
Cc: María Soledad Pazo, Representante Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Cc: Comisionado Francisco Eguiguiren, Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Cc: Comisionado Joel Hernández, Relator para Honduras. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Naciones Unidas: Es alarmante la situación de los derechos humanos en Honduras
Wednesday, 07 March 2018 21:12 Written by Webmaster Published in Contexto
Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, foto de la izquierda Foto de la derecha:HispanTV
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein ha manifestado que
en los próximos días darán a conocer el informe sobre represión del
Ejército y la Policía contra los hondureños que claman justicia por el
fraude electoral.
Zeid Ra’ad Al Hussein se refirió al tema, al presentar su informe ante el Consejo de los Derechos Humanos en
Ginebra, sobre el respeto de las garantías fundamentales en países
como, Venezuela, Siria, Myanmar, México y Estados Unidos, entre otros.
El funcionario de este organismo multilateral dijo que la situación en Venezuela es profundamente alarmante, que Siria continúa en la catástrofe y que en Honduras también alarma el aumento de las amenazas y la intimidación contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y los activistas sociales y políticos.
Ante tal situación advirtió que “mi oficina dará a conocer un informe en los próximos días que detalla el uso excesivo de la fuerza y las detenciones masivas en respuesta a las protestas que tuvieron lugar después de las elecciones de noviembre de 2017, y el Consejo será informado el 21 de marzo”, indicó el Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos.
Y es que después de las elecciones generales, de noviembre pasado, los hondureños han denunciado un fraude que estuvo a la vista del mundo y se volcaron a las calles a exigir la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia de la República, pues la mayoría de los ciudadanos no lo respetan ni lo reconocen como presidente.
Sin embargo, a esas manifestaciones populares, el mandatario, por la fuerza para muchos, las ha respondido con gases lacrimógenos, gas pimienta, toletes y balas vivas, que ya han provocado la muerte de más de una treintena de manifestantes y centenares de detenidos ilegalmente, heridos, intoxicados y golpeados, donde se incluyen niños, mujeres embarazadas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El 27 de febrero pasado, el representante que envió la ONU para mediar en el diálogo propuesto por el gobierno con propósitos de solventar la crisis derivada del fraude electoral, Igor Garafulic, pudo comprobar en la manifestación pacífica desarrollada por la Alianza de Oposición frente a la sede de ese organismo en Tegucigalpa, que los militares y los policías estaban reprimido al pueblo.
En plática con medios de comunicación, Igor Garafulic lamentó lo que estaba pasando. “Hay cosas que uno no controla, pero el que una persona sea golpeada, si se puede controlar”.
Tegucigalpa.
El Informe: “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta” divulgado el martes 31 de enero por la organización británica Global Witness ha provocado una agresividad manifiesta de parte del gobierno de Juan Orlando Hernández y del sector privado del país.
Las amenazas contra Billy Kyte, director de Incidencia de Global Witness que coordinó la investigación (que duró 2 años en los territorios indígenas), fueron manifiestas por parte del ministro de Recursos Naturales y Ambiente, José Antonio Galdámez.
En un foro televisivo, transmitido este jueves 2 de febrero, Galdámez habría instado al Ministerio Público para que interpele a Kyle por el contenido de la investigación, la cual expone que la élite política y empresarial está detrás de los hostigamientos y represiones en contra de los pueblos indígenas lencas que se oponen al extractivismo, las represas y los cortes de madera.
Entre tanto, Marcos Zelaya, apoderado legal de la vice presidenta del Congreso Nacional y presidenta del partido Nacional (en el gobierno) Gladys Aurora López, amenazó con querellar Kyte.
Curiosamente en el espacio televisivo solo se recibieron llamadas para condenar el informe, entre ellas la del alcalde del municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, Santos Ventura , zona donde se han establecido las hidroeléctricas Aurora y Los Encinos, de las cuales la presidenta del partido Nacional, Gladys Aurora López, sería su principal accionista.
Ventura descalificó el informe y dijo que mandó 126 páginas a Global Witness sobre el tema. El edil también estigmatizó a los dirigentes del MILPAH.
En el mismo espacio televisivo, Elsia Paz , ex presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable, también descalificó el informe de Global Witness, que revela que algunas industrias respaldadas por élites políticas y empresariales han incumplido leyes y sobornado a funcionarios y han pasado por alto las exigencias de los pueblos de ser consultados sobre los proyectos que afectan sus tierras.
Asimismo Global Witness destacó que cuenta con denuncias de actividades ilegales y supuesta corrupción relacionadas a los proyectos empresariales que provocan violencia contra los defensores del medio ambiente.
En reacción al informe, el vice- presidente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Martín Gómez, dijo a www.defensoresenlinea.com que el informe es verídico y que respaldan en un 100 por ciento el contenido del mismo, porque es la realidad que viven los indígenas lencas en el país.
El informe de Global Witness cita el crimen contra Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, en donde destaca que “un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) supuestamente intentó sobornarla para que no continuara oponiéndose al proyecto de construcción de la represa” en el Río Gualcarque, que cruza los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara.
Global Witness citó que existen poderosos vínculos que tiene DESA con el ejército y el gobierno de Honduras.
Las amenazas vertidas por el gobierno y el sector empresarial contra los ejecutivos de Global Witness han puesto en alarma a las organizaciones de derechos humanos, que como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), demanda la protección de los dirigentes indígenas lencas.
De hecho las organizaciones han demandado que se active el Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el propósito que el Estado de Honduras, se obligue a proteger a los defensores y defensoras del ambiente.
Desde el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y luego el régimen de JOH, ha salido a la luz pública que espían a la ciudadanía hondureña Foto de la izquierda: La Gringa's Blogicito. Foto de la derecha: Cybermedios
El funcionario de este organismo multilateral dijo que la situación en Venezuela es profundamente alarmante, que Siria continúa en la catástrofe y que en Honduras también alarma el aumento de las amenazas y la intimidación contra los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y los activistas sociales y políticos.
Ante tal situación advirtió que “mi oficina dará a conocer un informe en los próximos días que detalla el uso excesivo de la fuerza y las detenciones masivas en respuesta a las protestas que tuvieron lugar después de las elecciones de noviembre de 2017, y el Consejo será informado el 21 de marzo”, indicó el Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos.
Y es que después de las elecciones generales, de noviembre pasado, los hondureños han denunciado un fraude que estuvo a la vista del mundo y se volcaron a las calles a exigir la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia de la República, pues la mayoría de los ciudadanos no lo respetan ni lo reconocen como presidente.
Sin embargo, a esas manifestaciones populares, el mandatario, por la fuerza para muchos, las ha respondido con gases lacrimógenos, gas pimienta, toletes y balas vivas, que ya han provocado la muerte de más de una treintena de manifestantes y centenares de detenidos ilegalmente, heridos, intoxicados y golpeados, donde se incluyen niños, mujeres embarazadas, periodistas y defensores de los derechos humanos.
El 27 de febrero pasado, el representante que envió la ONU para mediar en el diálogo propuesto por el gobierno con propósitos de solventar la crisis derivada del fraude electoral, Igor Garafulic, pudo comprobar en la manifestación pacífica desarrollada por la Alianza de Oposición frente a la sede de ese organismo en Tegucigalpa, que los militares y los policías estaban reprimido al pueblo.
En plática con medios de comunicación, Igor Garafulic lamentó lo que estaba pasando. “Hay cosas que uno no controla, pero el que una persona sea golpeada, si se puede controlar”.
Amenazas del Estado y sector empresarial contra informe de Global Witness, pone en peligro a defensores de la tierra
El Informe: “Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta” divulgado el martes 31 de enero por la organización británica Global Witness ha provocado una agresividad manifiesta de parte del gobierno de Juan Orlando Hernández y del sector privado del país.
Las amenazas contra Billy Kyte, director de Incidencia de Global Witness que coordinó la investigación (que duró 2 años en los territorios indígenas), fueron manifiestas por parte del ministro de Recursos Naturales y Ambiente, José Antonio Galdámez.
En un foro televisivo, transmitido este jueves 2 de febrero, Galdámez habría instado al Ministerio Público para que interpele a Kyle por el contenido de la investigación, la cual expone que la élite política y empresarial está detrás de los hostigamientos y represiones en contra de los pueblos indígenas lencas que se oponen al extractivismo, las represas y los cortes de madera.
Entre tanto, Marcos Zelaya, apoderado legal de la vice presidenta del Congreso Nacional y presidenta del partido Nacional (en el gobierno) Gladys Aurora López, amenazó con querellar Kyte.
Curiosamente en el espacio televisivo solo se recibieron llamadas para condenar el informe, entre ellas la del alcalde del municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, Santos Ventura , zona donde se han establecido las hidroeléctricas Aurora y Los Encinos, de las cuales la presidenta del partido Nacional, Gladys Aurora López, sería su principal accionista.
Ventura descalificó el informe y dijo que mandó 126 páginas a Global Witness sobre el tema. El edil también estigmatizó a los dirigentes del MILPAH.
En el mismo espacio televisivo, Elsia Paz , ex presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable, también descalificó el informe de Global Witness, que revela que algunas industrias respaldadas por élites políticas y empresariales han incumplido leyes y sobornado a funcionarios y han pasado por alto las exigencias de los pueblos de ser consultados sobre los proyectos que afectan sus tierras.
Asimismo Global Witness destacó que cuenta con denuncias de actividades ilegales y supuesta corrupción relacionadas a los proyectos empresariales que provocan violencia contra los defensores del medio ambiente.
En reacción al informe, el vice- presidente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Martín Gómez, dijo a www.defensoresenlinea.com que el informe es verídico y que respaldan en un 100 por ciento el contenido del mismo, porque es la realidad que viven los indígenas lencas en el país.
El informe de Global Witness cita el crimen contra Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, en donde destaca que “un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) supuestamente intentó sobornarla para que no continuara oponiéndose al proyecto de construcción de la represa” en el Río Gualcarque, que cruza los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara.
Global Witness citó que existen poderosos vínculos que tiene DESA con el ejército y el gobierno de Honduras.
Las amenazas vertidas por el gobierno y el sector empresarial contra los ejecutivos de Global Witness han puesto en alarma a las organizaciones de derechos humanos, que como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), demanda la protección de los dirigentes indígenas lencas.
De hecho las organizaciones han demandado que se active el Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con el propósito que el Estado de Honduras, se obligue a proteger a los defensores y defensoras del ambiente.
Galileo: el millonario sistema de espionaje que compró JOH para vigilar a hondureños
Monday, 05 March 2018 00:28 Written by Webmaster Published in Contexto
Desde el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y luego el régimen de JOH, ha salido a la luz pública que espían a la ciudadanía hondureña Foto de la izquierda: La Gringa's Blogicito. Foto de la derecha: Cybermedios
En octubre de 2007, trascendió que sectores interesados en
desestabilizar el gobierno del ex Presidente, Manuel Zelaya, estaban
grabando las conversaciones que mantenía el mandatario con sus
ministros, pero a nadie le preocupó lo que estaba pasando en el país.
Sin embargo, en julio del 2015, los hondureños se dieron cuenta que la
denuncia hecha años atrás sí era real y que en la actualidad representa
un peligro para la sociedad.
A mediados del 2015 después de que fuera hackeado el sitio web de la
empresa italiana, Hacking Team, se filtraron documentos reveladores de
que Honduras compró por 355,000 Euros, equivalentes a 11 millones de
lempiras un sistema espía, que le permite al gobierno controlar las
comunicaciones de los usuarios de la telefonía y el internet.
Con ese sistema, la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC), adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) puede descifrar archivos y correos encriptados, grabar llamadas y otras comunicaciones.
Un informe publicado en marzo de 2016 por la abogada mexicana y activista de los derechos humanos Gisela Pérez de Acha, indica que de acuerdo con los correos electrónicos filtrados, en el 2012, meses después de haberse aprobado la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas, más conocida como Ley de Escuchas, el gobierno de Porfirio Lobo conversaba con Hacking Team para la adquisición de sus servicios.
Sin embargo, fue hasta el 20 de marzo de 2014, ya en el gobierno de Juan Orlando Hernández, el director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligenci, (DNII), firmó el acuerdo de licencia de software e hizo el primer pago para el programa Galileo.
El informe señala que en el negocio, quien sirvió de intermediario fue Ori Zoller, ex militar israelí dedicado a la venta de armas AK-47 a grupos paramilitares de Colombia.
Los riegos que trae Galileo
Galileo es una herramienta de espionaje que ya existía hace años, pero que fue descubierta hasta mediados del 2015 por un grupo de hackers que filtró 400 GB de información extraídas de la base de datos de la compañía Hacking Team.
Como ventajas a los gobiernos represores Galileo, de Hacking Team, ofrece la capacidad para descifrar la información considerada segura, como los correos encriptados que sin esta herramienta no sería posible leer, pues los correos encriptados traen una codificación como esta:hQIMA4Cd+7BuQnIDARAAqQGA6
Hackin Team ha sido criticado por vender este sistema a gobiernos con bajos niveles de protección de los derechos humanos, como Sudan, Bahréin, Arabia Saudita, y Honduras, que en los últimos años se sitúa en los primeros lugares de criminalidad en el Mundo.
Capacidades
Galileo tiene la capacidad de ocultar listados de correos electrónicos, mensajes de texto historiales de llamadas telefónicas y agendas de contactos, vulnerar datos del historial de búsqueda y tomar pantallazos (fotos de pantalla). También puede grabar audios de llamadas telefónicas, activar cámaras de teléfono o computadora y sistemas telefónicos de GPS para monitorear la ubicación de personas.
Además, puede infectar computadoras, extraer contraseñas de wifi, extraer monederos de bitcoin y otras criptomonedas para recoger datos de cuentas, contactos e historias de transacciones.
En Honduras, Galileo, de Hacking Team, utiliza el software en el control de la computadora o teléfono celular seleccionado y con la capacidad de rastrear los movimientos de un individuo, registrar sus teclas e incluso activar su cámara.
El gobierno hondureño compró este servicio por 355,000 euros. “Las conversaciones entre las partes tuvieron lugar a lo largo de 2013, en medio de una elección presidencial hondureña marcada por la violencia”, dice el informe de Gisela Pérez.
El informe señala que el Partido Nacional ayudó a instigar el golpe de Estado de 2009 que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya y que lo largo de los años, este régimen y sus partidarios se han relacionado con asesinatos de abogados, periodistas, así como de activistas LGBT y trabajadores agrícolas.
De igual forma, señala que este con sistema se elaboran perfiles de periodistas, defensores de derechos humanos, de los líderes estudiantiles y personas ligadas a la oposición del gobierno.
Detalla, que aparte de Honduras, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Panamá compraron licencias para el uso de este software de espionaje. Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela contactaron la empresa y negociaron precios, pero no hay evidencia de que hayan adquirido licencias. En el 2012 la instalación de esta herramienta costaba 600.000 euros.
Violaciones a derechos humanos
Expertos en la defensa de los derechos humanos consideran que el uso de este programa en violatorio de la libertad de expresión y de privacidad de las personas.
Hasta ahora se considera que el cliente más importante de Hacking Team es el gobierno de México, que pagó 5 millones 808 mil 875 euros por el sistema que es utilizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Y en Puebla el software se utilizó para espiar a periodistas, opositores políticos y estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
En Chile, la Policía de Investigaciones ha manifestado que la vigilancia se hacía con fines estrictamente legales y bajo orden judicial, pero las órdenes judiciales no son suficientes para garantizar el uso legítimo del software de espionaje.
La filtración de los documentos de Hacking Team reveló que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), intercepta todas las comunicaciones de los ciudadanos colombianos.
El 12 de diciembre de 2012, siendo Presidente del Congreso, el actual Presidente de la República, con la oposición de varios sectores de la sociedad, se puso en vigencia la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas, un mecanismo que legalmente está concebido como excepcional de investigación criminal, pero nadie puede negar, que por muchos años, de ilegal esta fue una práctica recurrente de los órganos de inteligencia del Estado, no para reducir los índices de impunidad que imperan en el país, sino de persecución contra personas oponentes al régimen.
Por ejemplo, el uno de marzo del 2010, basado en un supuesto informe de Inteligencia Militar, el ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, acusó a los movimientos campesinos del Aguan de estar organizando una célula guerrillera para desestabilizar su gobierno. Y bajo ese argumento militarizó la zona.
Fue desde el mismo Estado que sin sustento alguno se levantaron campañas de difamación contra los movimientos campesinos, aduciendo que ellos estaban siendo financiados por la guerrilla colombiana y por carteles del narcotráfico. Ocho años después no existe un informe que afirme o niegue los señalamientos, pero la zona fue militariza y allí se produjeron decenas de asesinatos contra campesinos y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Pero la fijación del gobierno para espiar a los ciudadanos no se queda allí, The Guardian, un prestigiado periódico del Reino Unido, publicó en febrero anterior una noticia sobre que el gobierno británico vendió a las autoridades hondureñas sofisticado material de espionaje que se pudo poner en uso antes de las protestas masivas contra el fraude electoral.
Este equiamento estaba valorado en 400 mil dólares y puede usarse para rastrear llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea, según The Guardian.
Con el nuevo contexto de violencia tras las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017, la intervención en las comunicaciones se ha incrementado de tal manera que hay datos concretos donde defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos son pinchados en todas sus formas de comunicación.
La creación de perfiles falsos, activación de las cámaras de los celulares y laptop, así como adelanto en la contestación de llamadas por desconocidos que están al otro lado del teléfono interceptando las llamadas, es tan común que ya no se puede ni hablar de nada.
De acuerdo a varios sectores esta situación irá en incremento a medida que el régimen de Juna Orlando Hernández se empecine en consolidarse a pesar de la oposición de diversos sectores por considerar que es ilegal por haber llegado tras la ilegal figura de la reelección y de elecciones no certificadas por la observación internacional y la nacional.
Links de interés
https://www.derechosdigitales.
https://wikileaks.org/hackingt
Con ese sistema, la Unidad de Intervención de las Comunicaciones (UIC), adscrita a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) puede descifrar archivos y correos encriptados, grabar llamadas y otras comunicaciones.
Un informe publicado en marzo de 2016 por la abogada mexicana y activista de los derechos humanos Gisela Pérez de Acha, indica que de acuerdo con los correos electrónicos filtrados, en el 2012, meses después de haberse aprobado la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas, más conocida como Ley de Escuchas, el gobierno de Porfirio Lobo conversaba con Hacking Team para la adquisición de sus servicios.
Sin embargo, fue hasta el 20 de marzo de 2014, ya en el gobierno de Juan Orlando Hernández, el director de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligenci, (DNII), firmó el acuerdo de licencia de software e hizo el primer pago para el programa Galileo.
El informe señala que en el negocio, quien sirvió de intermediario fue Ori Zoller, ex militar israelí dedicado a la venta de armas AK-47 a grupos paramilitares de Colombia.
Los riegos que trae Galileo
Galileo es una herramienta de espionaje que ya existía hace años, pero que fue descubierta hasta mediados del 2015 por un grupo de hackers que filtró 400 GB de información extraídas de la base de datos de la compañía Hacking Team.
Como ventajas a los gobiernos represores Galileo, de Hacking Team, ofrece la capacidad para descifrar la información considerada segura, como los correos encriptados que sin esta herramienta no sería posible leer, pues los correos encriptados traen una codificación como esta:hQIMA4Cd+7BuQnIDARAAqQGA6
Hackin Team ha sido criticado por vender este sistema a gobiernos con bajos niveles de protección de los derechos humanos, como Sudan, Bahréin, Arabia Saudita, y Honduras, que en los últimos años se sitúa en los primeros lugares de criminalidad en el Mundo.
Capacidades
Galileo tiene la capacidad de ocultar listados de correos electrónicos, mensajes de texto historiales de llamadas telefónicas y agendas de contactos, vulnerar datos del historial de búsqueda y tomar pantallazos (fotos de pantalla). También puede grabar audios de llamadas telefónicas, activar cámaras de teléfono o computadora y sistemas telefónicos de GPS para monitorear la ubicación de personas.
Además, puede infectar computadoras, extraer contraseñas de wifi, extraer monederos de bitcoin y otras criptomonedas para recoger datos de cuentas, contactos e historias de transacciones.
En Honduras, Galileo, de Hacking Team, utiliza el software en el control de la computadora o teléfono celular seleccionado y con la capacidad de rastrear los movimientos de un individuo, registrar sus teclas e incluso activar su cámara.
El gobierno hondureño compró este servicio por 355,000 euros. “Las conversaciones entre las partes tuvieron lugar a lo largo de 2013, en medio de una elección presidencial hondureña marcada por la violencia”, dice el informe de Gisela Pérez.
El informe señala que el Partido Nacional ayudó a instigar el golpe de Estado de 2009 que derrocó al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya y que lo largo de los años, este régimen y sus partidarios se han relacionado con asesinatos de abogados, periodistas, así como de activistas LGBT y trabajadores agrícolas.
De igual forma, señala que este con sistema se elaboran perfiles de periodistas, defensores de derechos humanos, de los líderes estudiantiles y personas ligadas a la oposición del gobierno.
Detalla, que aparte de Honduras, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Panamá compraron licencias para el uso de este software de espionaje. Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela contactaron la empresa y negociaron precios, pero no hay evidencia de que hayan adquirido licencias. En el 2012 la instalación de esta herramienta costaba 600.000 euros.
Violaciones a derechos humanos
Expertos en la defensa de los derechos humanos consideran que el uso de este programa en violatorio de la libertad de expresión y de privacidad de las personas.
Hasta ahora se considera que el cliente más importante de Hacking Team es el gobierno de México, que pagó 5 millones 808 mil 875 euros por el sistema que es utilizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Y en Puebla el software se utilizó para espiar a periodistas, opositores políticos y estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
En Chile, la Policía de Investigaciones ha manifestado que la vigilancia se hacía con fines estrictamente legales y bajo orden judicial, pero las órdenes judiciales no son suficientes para garantizar el uso legítimo del software de espionaje.
La filtración de los documentos de Hacking Team reveló que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), intercepta todas las comunicaciones de los ciudadanos colombianos.
El 12 de diciembre de 2012, siendo Presidente del Congreso, el actual Presidente de la República, con la oposición de varios sectores de la sociedad, se puso en vigencia la Ley Especial sobre la Intervención de las Comunicaciones Privadas, un mecanismo que legalmente está concebido como excepcional de investigación criminal, pero nadie puede negar, que por muchos años, de ilegal esta fue una práctica recurrente de los órganos de inteligencia del Estado, no para reducir los índices de impunidad que imperan en el país, sino de persecución contra personas oponentes al régimen.
Por ejemplo, el uno de marzo del 2010, basado en un supuesto informe de Inteligencia Militar, el ex presidente, Porfirio Lobo Sosa, acusó a los movimientos campesinos del Aguan de estar organizando una célula guerrillera para desestabilizar su gobierno. Y bajo ese argumento militarizó la zona.
Fue desde el mismo Estado que sin sustento alguno se levantaron campañas de difamación contra los movimientos campesinos, aduciendo que ellos estaban siendo financiados por la guerrilla colombiana y por carteles del narcotráfico. Ocho años después no existe un informe que afirme o niegue los señalamientos, pero la zona fue militariza y allí se produjeron decenas de asesinatos contra campesinos y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Pero la fijación del gobierno para espiar a los ciudadanos no se queda allí, The Guardian, un prestigiado periódico del Reino Unido, publicó en febrero anterior una noticia sobre que el gobierno británico vendió a las autoridades hondureñas sofisticado material de espionaje que se pudo poner en uso antes de las protestas masivas contra el fraude electoral.
Este equiamento estaba valorado en 400 mil dólares y puede usarse para rastrear llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajería instantánea, según The Guardian.
Con el nuevo contexto de violencia tras las elecciones fraudulentas de noviembre de 2017, la intervención en las comunicaciones se ha incrementado de tal manera que hay datos concretos donde defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos son pinchados en todas sus formas de comunicación.
La creación de perfiles falsos, activación de las cámaras de los celulares y laptop, así como adelanto en la contestación de llamadas por desconocidos que están al otro lado del teléfono interceptando las llamadas, es tan común que ya no se puede ni hablar de nada.
De acuerdo a varios sectores esta situación irá en incremento a medida que el régimen de Juna Orlando Hernández se empecine en consolidarse a pesar de la oposición de diversos sectores por considerar que es ilegal por haber llegado tras la ilegal figura de la reelección y de elecciones no certificadas por la observación internacional y la nacional.
Links de interés
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Militares de m…….
Por: Oscar Miguel Marroquín
Que
otro asesino podría plasmar mejor esta macabra obra de arte, esta es
una postal de la muerte que ya recorrió el mundo entero, anunciando que
los militares siguen siendo bazofia humana, siguen siendo justo lo que
siempre han sido: caninos al servicio del amo, basta con un chasquido de
los dedos y ellos disparan rompiendo las entrañas del pueblo.
Ahí está Anselmo Villareal, pintura al natural, rompiendo en gritos y quejidos: ayúdeme compa.
Los
militares ya dispararon, Sidney Tarrow, ya lo dijo en su libro PODER EN
MOVIMIENTO, el control de los medios de represión lo tiene la
oligarquía en sus manos, dictan a quien asesinar, como y cuando, al fin y
al cabo, siempre hay un militar de mierda que acepte el trabajito por
una palmadita en la espalda y unos tantos lempiras en el bolsillo.
Alégrese
el dictador del pacifismo de este pueblo, duerman tranquilos los
militares de mierda en sus barracas, dejen de lado el insomnio los
banqueros, pero no se fíen tantito de mucha confianza no sea que el que
quede vivo al final de tanta represión intente la revancha y entonces lo
haga estallar todo en mil pedazos, los gritos embravecidos pues de los
Anselmos podrían sonar a furia revolucionaria y, solo entonces los
militares de mierda temblarán de pavor.
Cuídese
el dictador porque si mañana mismo Anselmo Villareal resucita en el
corazón y la memoria colectiva, el estallido será ensordecedor, muralla
alguna no habrá para detener tanta avalancha contenida por largas
décadas.
Tampoco
olviden los militares de mierda que los volcanes tienen apariencia de
pacíficos, pero que más temprano que tarde se vuelven monstruos
furiosos, embravecidos e incandescentes lo queman todo a su paso, no
olvidan y por eso no perdonan, de sus entrañas salen hombres y mujeres
disparando al que un día los humillo, es algo así como la propuesta
bíblica de ojo por ojo y diente por diente.
Anselmo
Villareal está al rojo vivo en los corazones y mentes de los que ya han
descubierto que si pueden gritar a los cuatro vientos: “MILITARES DE
MIERDA NO LES TENEMOS ABSOLUTAMENTE NINGUN MIEDO”.
En
estos andares de militares y dictadores, cabe recordar aquel 17 de
septiembre cuando el cuerpo ya inerte de Anastasio Somoza le dijo a dios
a la vida, la bazuca y la metralla irrumpieron en un instante un pasado
de tortura, desaparición y asesinato.
El
dictador había sido ajusticiado, lejos de su natal Nicaragua. No fue la
justicia divina, la que lo alcanzo, fue la justicia de hombres y
mujeres, que sellaron con revolucionaria acción aquella página de muerte
y dolor producida por el dictador.
Tomen en cuenta pues dictadores o militares de mierda que no existe lugar seguro donde esconderse.
Si
creen que ya sembraron temor en el pueblo que equivocados están, si
creen que el asesinato de Anselmo Villareal fue la mejor estrategia de
miedo con la que cuentan, ya pueden ustedes militares de mierda
proclamarse estúpidos, acaso no se dan cuenta que el color de la sangre
enardece a los pueblos y que les indica el camino hacia su verdadera
liberación.
No olviden pues ustedes militares de mierda que el que ríe por último ríe mejor y, este pueblo muy pronto se reirá de ustedes.
Prospecto de un País en Crisis Política
Por: Marlin Oscar Ávila
Honduras,
en su última década ha pasado por experiencias políticas que ninguna
sociedad madura puede envidiar. No solamente es un país que expulsa sus
familias completas a buscar su futuro económico al Norte de América,
como lo hacen los otros dos países del denominado “triángulo norte”,
pero ahora tiene exiliados políticos en otros países, por la constante
represión política, asesinatos de sus líderes sociales y políticos, etc.
Desde las elecciones de noviembre del 2017, se cuentan más de
doscientos exiliados políticos, declarados o no, en su gran mayoría
estudiantes. Algunos han logrado salir con visas y medios adecuados,
pero otros han tenido que escapar de la represión por cualquier medio
que les permita salvaguardar sus vidas. Esto, sin contar con más de
veinte prisioneros políticos encarcelados como los peores delincuentes
y, lo peor, hay otras decenas de víctimas letales en manos de las
fuerzas gubernamentales, regulares o irregulares, aun en la impunidad.
Uno
de los logros nefastos del actual régimen dictatorial, con el apoyo de
la derecha internacional, es envenenar la conciencia de la juventud para
que ésta concluya despreciando la sola existencia de un
Estado. Eventualmente puede llegar a desear, o un Estado neo fascista o
la anarquía completa. Sin elegir a ningún gobernante por no creer en la
real democracia. Podremos llegar a tener una juventud que no creerá
posible un Estado democrático esencial para la vida de toda sociedad,
pues no habrá llegado a vislumbrar, ni intelectualmente, la libertad, la
equidad social y económica en toda su dimensión.
Con
los dos últimos simulacros electorales, después del golpe de Estado por
un grupo de liberales, aliados con nacionalistas, empresarios y
jerarcas religiosos, en el 2009, esta ciudadanía no ha vuelto a vivir un
estado democrático; es decir, que su población, ahora apenas en mayoría
de edad (18), quien, en el golpe de Estado, apenas tenía cumplidos
siete, ni siquiera ha vivido y conocido lo que es una elección política
honrada y correcta. Conoce de golpes de Estado, de estados denominados
“Democráticos” pero que son de-facto, de sobre-militarización y de
violencia por expresar una opinión diferente. No ha vivido, con
capacidad de discernimiento siquiera, los pocos años de democracia
representativa anterior al 2009. Llegará a sus veintiunos (21) sin
vivirlo, pero sí con esperanza de lograrlo, cuando alguien lo persuada
de eso. Los gobernantes actuales saben eso, por lo que buscan consolidar
un ejército de jóvenes neo-fascistas, que controle cualquier intento de
Democracia real.
Los
tres poderes de la república formal, junto a sus instituciones
autónomas, no son otra cosa que un conglomerado institucional atado,
desde sus bases hasta su vértice más elevado, como lo hace una
enredadera-parásito sobre un árbol, hasta matarlo. Las redes corruptas,
creadas por un grupo militante del Partido Nacional, cada una liderada
por sus piezas más astutas, así como cínicas, controlan desde su base,
hasta su parte superior, coordinando dentro de un circuito cuyo centro
lidera su presidente Juan Orlando Hernández.
Pero
este presidente no dirige sólo, este sistema corrupto, avasallador y
degradante requiere de otros actores nacionales e internacionales. Él
debe contar con las directrices de un grupo cerrado de los grandes
empresarios y banqueros, además de altos oficiales de las Fuerzas
Armadas, quienes participan de los mayores beneficios del botín. Éste
poder también debe contar con el visto bueno y, generalmente, con las
propuestas del poder estadounidense, como es usual. Esa última fuerza
internacional ya se ha asegurado del sometimiento absoluto a sus
directrices.
Pese
a lo anterior, la ciudadanía sigue ejercitando algunas acciones
democráticas en sus organizaciones locales, en sus barrios, escuelas, y
demás espacios donde puede expresarse con algún grado de libertad. Lo
que no deja de haber es la expresión de resistencia y protesta frente a
los abusos y ofensas a los derechos ciudadanos por parte de las argollas
del poder del PN. Ya se aprendió que no hay que estar inscrito en un
partido político de oposición para expresar su repudio al sistema
dictatorial, corrupto y narco que tiene el poder usurpado. Se aprendió
que el problema atañe a toda la ciudadanía por igual.
No
obstante, contradictoriamente, se está aprendiendo que el patriotismo y
nacionalismo que expresan los grupos políticos mafiosos es parte de un
simulacro construido desde el inicio de sus “carreras políticas” para
ganar adeptos. Al momento mismo de acumular los primeros millones
obtenidos por actos delincuenciales, abren sus cuentas en bancos
internacionales, compran sus lujosas viviendas afuera de Honduras y en
“paraísos urbanos” de la clase burgués que no habla el idioma español y
menos el catracho. Buscan obtener membresía en clubs de la alta clase
social extranjera y rosarse socialmente con grupos de “políticos” y
empresarios dueños de fuertes capitales. Eso les hace felices, pues se
asimilan cada vez más a otras “especies humanas, menos centroamericanas”
Porque
sus proyecciones familiares están afuera de Honduras, no les importa si
dejan abismales deudas en el Estado, menos si dejan un pueblo más pobre
y miserable, si las empresas extractivistas se llevan los recursos
naturales, nada de eso importa. Más bien, gracias a esos daños
irreversibles, esa clase gobernante, puede enriquecerse más rápido.
Ojalá haya más pobres, sin casa, ropa ni zapatos, sin alimentación,
etc., pues eso permite venderle proyectos a la comunidad internacional,
quienes luego los sobre-financian. Así se lucha contra los pobres y a
“favor del combate a la pobreza”.
Con
esta pobreza institucionalizada y democracia dictatorial, Honduras
confirma parte de lo que Trump llama “cloacas obscuras” y que la
juventud catracha seguirá rechazando día a día, hasta transformar su
institucionalidad en una democracia activa y participativa.
Mediante decisión soberana Reicota, Francisco Morazán, se declara libre de proyectos extractivos
Mar 08, 2018
Ubicado en la parte más remota del extremo sur del departamento
de Francisco Morazán, el municipio de Reitoca ha sido constantemente
olvidado por los gobiernos, pero muy recordado por la naturaleza que
producto del cambio climático, ha pasado factura y ha vuelto el clima
más árido de lo normal.
Ese municipio ha sido sede de una importante batalla en defensa de los bienes naturales. Empresas pretenden acaparar los recursos para llenar de dinero sus bolsillos, sin importar el impacto que sus acciones pueden tener en las comunidades.
Después de varios meses de estar luchando contra la instalación de una represa hidroeléctrica, propiedad de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA), en el Río Petacón, las comunidades indígenas Lencas lograron la declaratoria como municipio libre de proyectos extractivos.
La declaratoria se logró gracias a la unidad de la ciudadanía que se mantuvo en lucha constante por defender la principal fuente que abastece de agua el municipio.
El luchador comunitario, Bartolomé García, cuenta que para el domingo 25 de febrero la corporación municipal tenía programada una sesión ordinaria donde llegarían representantes de la empresa PROGELSA para convencer a líderes comunitarios a que aceptaran la construcción de la hidroeléctrica.
Sin embargo, que gracias al alto nivel organizativo que tienen las comunidades del sector, la población se auto convocó y unánimemente exigieron a la corporación que respetara la decisión de las comunidades que decir no a las concesiones hidroeléctricas.
La empresa ha pretendido utilizar las aguas del río Petacón, que forma parte de la cuenca del río Nacaome, para mover las turbinas de la hidroeléctrica y generar la energía que será distribuida.
Reafirman declaratoria
Aunque una considerable cantidad de ciudadanos y ciudadanas se hicieron presentes a la asamblea donde se tomó la decisión de declarar el municipio libre de concesiones mineras e hidroeléctricas, fue hasta este día miércoles 07 de marzo donde la corporación municipal y la ciudadanía en general reafirmaron la declaratoria.
Wilmer Herrera, luchador del municipio explica que buscan que la mayor cantidad de ciudadanos estén presentes en la firma de la declaratoria para darle legitimidad y así evitar que más adelante nuevas empresas quieran llegar con los proyectos de muerte hasta el sector.
“Significa una enorme victoria para toda la población. Fue la unidad de toda la comunidad la que permitió que la declararía se hiciera realidad”, afirma el defensor.
Lucha
El río Petacón, es la principal fuente de agua para más de 15 mil personas que habitan los municipios vecinos. La construcción de la hidroeléctrica pone en peligro el abastecimiento de agua para comunidades de los municipios de Alubarén, La Venta, San José y Pespire en Choluteca.
Desde inicios del año 2017, las comunidades comenzaron con las acciones de rechazo contra la represa, pero fue hasta los primeros meses del 2018 cuando los ciudadanos y ciudadanas se instalaron en la entrada del plantel donde la empresa la Promotora de Generación de Energía limpia S.A (PROGELSA), de capital transnacional y nacional quiere construir la presa.
El contrato con la empresa PROGELSA, propiedad del empresario energético y ex gerente de la ENEE, Jack Arévalo Fuentes, fue concedido mediante decreto No. 23-2015, por el Congreso Nacional para la producción de 11,890 kilovatios de energía eléctrica por un periodo de 20 años.
El campamento instalado por la ciudadanía constantemente ha sido asechado por el empresario en complicidad con la policía y el ejército, buscando infundir temor para que la población abandone la lucha en defensa de los bienes naturales.
En marzo del 2017 la ciudadanía se tomó durante varias horas la principal vía de acceso al municipio, pero fueron violentamente desalojados por miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar.
Otro de los desalojos violentos se registró el pasado 30 de enero, cuando la Policía Militar del Orden Público disparó armas de fuego contra la población indígena que permanecía en el campamento. En la violenta acción resultaron dos luchadores heridos.
Los pueblos indígenas en Honduras viven una situación crítica debido a que es el propio Estado el que promueve la concesión y venta de su territorio. El territorio del pueblo Lenca es uno de los más afectados, ante la construcción de al menos 17 represas.
El golpe de Estado del año 2009, allanó el camino para que en el país se fomente la construcción de proyectos hidroeléctricos y mineros en zonas protegidas y de mayor riqueza natural. Las comunidades indígenas y los pueblos originarios en general continúan con siendo desplazados de sus territorios.
Reitoca, Francisco Morazán es reflejo de las luchas que libran las comunidades al ataque de empresas nacionales y extranjeras que buscan apropiarse de los bienes naturales.
Toda esta entrega de bienes comunes de la naturaleza ha sido de manera inconsulta e irrespetuosa, violentando, en el caso de los Pueblos Originarios, el Derecho a la Consulta Plena, Libre e Informada, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales del Mundo, la Declaración de la ONU Sobre Pueblos Indígena, títulos antiguos y al derecho ancestral al territorio, sus culturas y espiritualidad, patrimonios económicos y comunitarios.
Lea también: PUEBLO INDÍGENA DE REITOCA RESISTE A QUE RÍO PETACÓN MUERA.
Ese municipio ha sido sede de una importante batalla en defensa de los bienes naturales. Empresas pretenden acaparar los recursos para llenar de dinero sus bolsillos, sin importar el impacto que sus acciones pueden tener en las comunidades.
Después de varios meses de estar luchando contra la instalación de una represa hidroeléctrica, propiedad de la empresa Promotora de Generación de Energía Limpia S.A. (PROGELSA), en el Río Petacón, las comunidades indígenas Lencas lograron la declaratoria como municipio libre de proyectos extractivos.
La declaratoria se logró gracias a la unidad de la ciudadanía que se mantuvo en lucha constante por defender la principal fuente que abastece de agua el municipio.
El luchador comunitario, Bartolomé García, cuenta que para el domingo 25 de febrero la corporación municipal tenía programada una sesión ordinaria donde llegarían representantes de la empresa PROGELSA para convencer a líderes comunitarios a que aceptaran la construcción de la hidroeléctrica.
Sin embargo, que gracias al alto nivel organizativo que tienen las comunidades del sector, la población se auto convocó y unánimemente exigieron a la corporación que respetara la decisión de las comunidades que decir no a las concesiones hidroeléctricas.
La empresa ha pretendido utilizar las aguas del río Petacón, que forma parte de la cuenca del río Nacaome, para mover las turbinas de la hidroeléctrica y generar la energía que será distribuida.
Reafirman declaratoria
Aunque una considerable cantidad de ciudadanos y ciudadanas se hicieron presentes a la asamblea donde se tomó la decisión de declarar el municipio libre de concesiones mineras e hidroeléctricas, fue hasta este día miércoles 07 de marzo donde la corporación municipal y la ciudadanía en general reafirmaron la declaratoria.
Wilmer Herrera, luchador del municipio explica que buscan que la mayor cantidad de ciudadanos estén presentes en la firma de la declaratoria para darle legitimidad y así evitar que más adelante nuevas empresas quieran llegar con los proyectos de muerte hasta el sector.
“Significa una enorme victoria para toda la población. Fue la unidad de toda la comunidad la que permitió que la declararía se hiciera realidad”, afirma el defensor.
Lucha
El río Petacón, es la principal fuente de agua para más de 15 mil personas que habitan los municipios vecinos. La construcción de la hidroeléctrica pone en peligro el abastecimiento de agua para comunidades de los municipios de Alubarén, La Venta, San José y Pespire en Choluteca.
Desde inicios del año 2017, las comunidades comenzaron con las acciones de rechazo contra la represa, pero fue hasta los primeros meses del 2018 cuando los ciudadanos y ciudadanas se instalaron en la entrada del plantel donde la empresa la Promotora de Generación de Energía limpia S.A (PROGELSA), de capital transnacional y nacional quiere construir la presa.
El contrato con la empresa PROGELSA, propiedad del empresario energético y ex gerente de la ENEE, Jack Arévalo Fuentes, fue concedido mediante decreto No. 23-2015, por el Congreso Nacional para la producción de 11,890 kilovatios de energía eléctrica por un periodo de 20 años.
El campamento instalado por la ciudadanía constantemente ha sido asechado por el empresario en complicidad con la policía y el ejército, buscando infundir temor para que la población abandone la lucha en defensa de los bienes naturales.
En marzo del 2017 la ciudadanía se tomó durante varias horas la principal vía de acceso al municipio, pero fueron violentamente desalojados por miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar.
Otro de los desalojos violentos se registró el pasado 30 de enero, cuando la Policía Militar del Orden Público disparó armas de fuego contra la población indígena que permanecía en el campamento. En la violenta acción resultaron dos luchadores heridos.
Los pueblos indígenas en Honduras viven una situación crítica debido a que es el propio Estado el que promueve la concesión y venta de su territorio. El territorio del pueblo Lenca es uno de los más afectados, ante la construcción de al menos 17 represas.
El golpe de Estado del año 2009, allanó el camino para que en el país se fomente la construcción de proyectos hidroeléctricos y mineros en zonas protegidas y de mayor riqueza natural. Las comunidades indígenas y los pueblos originarios en general continúan con siendo desplazados de sus territorios.
Reitoca, Francisco Morazán es reflejo de las luchas que libran las comunidades al ataque de empresas nacionales y extranjeras que buscan apropiarse de los bienes naturales.
Toda esta entrega de bienes comunes de la naturaleza ha sido de manera inconsulta e irrespetuosa, violentando, en el caso de los Pueblos Originarios, el Derecho a la Consulta Plena, Libre e Informada, el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales del Mundo, la Declaración de la ONU Sobre Pueblos Indígena, títulos antiguos y al derecho ancestral al territorio, sus culturas y espiritualidad, patrimonios económicos y comunitarios.
Lea también: PUEBLO INDÍGENA DE REITOCA RESISTE A QUE RÍO PETACÓN MUERA.
COFADEH alerta estado de emergencia en Reitoca
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Reitoca está en peligro, así lo denunció esta mañana la población indígena Lenca que, desde el 14 de enero pasado, mantiene control del territorio dónde se inició la construcción de una represa hidroeléctrica.
Para defender el territorio ancestral, la población de varios municipios del sur de Francisco Morazán y Choluteca inició acciones de control territorial en la zona de construcción, desde el 14 de enero del 2018, ya que han violentado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que establece una consulta Libre, Previa e Informada con la comunidad, en este caso no se nos consultó a la etnia indígena Lenca.
La lucha por la defensa del río Grande ya ha derramado sangre, el 30 de enero pasado elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) atacaron el campamento hiriendo con arma de fuego a Miriam Geraldina Osorto y Andrés Gutiérrez, quienes aún no se recuperan totalmente, denunciaron hoy en conferencia de prensa realizada en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entidad que acompaña las denuncias.
Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, afirmó que “estamos cansadas de ver sangre, queremos que por los ríos siga corriendo agua limpia y pura”.
Hoy cumplen 55 días de estar en situación precaria, pero consientes de su lucha, pese a que están amenazados por un nuevo desalojo. Ahí ha sobrevolado helicópteros, drones y presencia policías y militares, denunció Oliva, quien afirmó que habrá más denuncias a nivel nacional e internacional, sobre el estado de emergencia en este municipio al sur de Francisco Morazán.La lucha de esta población refleja el amor que tienen por su tierra y por el agua. Están dispuestos a defender el único medio de subsistencia, y su derecho fue violentado pese a estar amparados por el convenio 169.
Según los pobladores, el amedrentamiento es de parte de la PMOP, Policía Preventiva, Ejército y guardias de seguridad privada que contrata PROGELSA, compañía con capital italiano, que hizo contrato con la empresa constructora Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V (SERMACO).
Miriam Osorto puede perder su pierna, declaró la coordinadora del COFADEH, al referirse a la defensora, que tiene infectada la herida hecha por la policía militar hace más de un mes.
Más de cien familias de los municipios de Reitoca, Alubarén, La Venta en Francisco Morazán; San José y Pespire del departamento de Choluteca, permanecen en constante cuidado de la zona de construcción, donde la empresa constructora ha desviado el cauce del río, en la zona donde empezaron la construcción de las cortinas de concreto.
Esta ruptura de la naturaleza provocó graves consecuencias de deterioro ambiental como ser: contaminación del agua, disminución del caudal hídrico, muertes de flora y fauna, deforestación e impacto en nuestra salud, laceración en la piel, infecciones y virus, sin atención medica debida.
Pablo Zelaya, uno de los pobladores de Reitoca, afirmó que poseen títulos ancestrales certificados por el rey Felipe de Castilla 1735, pero nos ampara sobre todo el convenio 169 de la OIT como pueblo originario.
Reitoca se ha declarado un lugar libre de extrativismo, y solicitamos a la población en general y medios de comunicación que nos acompañen en la denuncia, porque estamos defendiendo nuestro rio, detalló Orlando Rodas en la conferencia de prensa.
Esta denuncia se ha interpuesto ante la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público (MP), Misión de Apoyo Contra la Impunidad y Corrupción- Honduras (MACCIH), Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), entre otras.El grupo de pobladores responsablizaron al régimen por cualquier daño que les pueda suceder, porque no han cedido a las negociaciones ni a los ataques.
Pobladores de Reitoca denuncian que el Estado los quieren dejar sin agua
Cien familias de los municipios de Reitoca, Alubarén, La Venta en Francisco Morazán; San José y Pespire del departamento de Choluteca, nos organizamos desde el año 2015 ante las pretensiones de la empresa la Promotora de Generación de Energía limpia S.A (PROGELSA) de construir una represa hidroeléctrica, explotando el agua del Río Grande que pasa por Reitoca, y del cual nos abastecemos del vital líquido.
Con la construcción de la represa, sólo en esa zona se afectará directamente comunidades de los municipios de Reitoca, La Venta y en Choluteca al municipio de Pespire, entre los más cercanos.
Ante la preocupación, iniciamos acciones de control territorial en la zona de construcción, desde el 14 de enero del 2018, y permanecemos un promedio de cien personas a diario para evitar que continúe la construcción de la represa, y que los interesados en ese denominado proyecto de desarrollo retornen, ya que han violentado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que establece una consulta Libre, Previa e Informada con la comunidad, en este caso no se nos consultó pese a que somos de la etnia indígena Lenca.
Ante la acción de defensoría de nuestro territorio ancestral, el 30 de enero pasado, fuimos reprimidos por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), hiriendo con arma de fuego a Miriam Geraldina Osorto y Andrés Gutiérrez, quienes aun no se recuperan totalmente.
Llevamos 55 días de toma pacífica y sin interrupción, pese a vigilancia, ataques y hostigamiento de parte de elementos de la PMOP, Policía Preventiva, Ejército y guardias de seguridad privada que contrata PROGELSA, compañía con capital italiano, que hizo contrato con la empresa constructora Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V (SERMACO).
Esta empresa ha desviado el cauce del río, en la zona donde empezaron la construcción de las cortinas de concreto, lo que provocó graves consecuencias de deterioro ambiental como ser: contaminación del agua, disminución del caudal hídrico, muertes de flora y fauna, deforestación e impacto en nuestra salud, laceración en la piel, infecciones y virus, sin atención medica debida.
Pobladores de la comunidad indígena Lenca de Reitoca, Francisco Morazán, 9 de marzo de 2018
HONDURAS/PERFIL: DAVID, MAGÍSTER EN GOLPES ELECTORALES
La
portada de La Tribuna, 18 de mayo de 1993, tituló: “Empiezan a desnudar
corrupción de Aduanas”; y también en primera plana, El Heraldo destacó:
“Dirección de Aduanas fomenta corrupción”. Uno de ellos detalló en
cinco páginas el informe de la Comisión Interventora que encontró
responsable de corrupción al director de ese ente, David Matamoros
Batson. “¡déjà vu!”
No
es casual que David Andrés Matamoros haya sido presidente del Tribunal
Supremo Electoral (TSE) en tres ocasiones. El hombre clave en puesto
clave. En dos de ellas, dos candidatos del Partido Nacional ganaron,
Ricardo Maduro y Juan Hernández. ¿Permitirá el pueblo que en su tercer
período David mueva la pieza de la reelección?
“Donde
medran oligarquías bajo disfraces democráticos prosperan esos
pavorreales acampanados, tensos por la vanidad: un travieso los
desinflaría si los pinchase al pasar, descubriendo la nada absoluta que
retoza en su interior.”: Dice el escritor argentino, José Ingenieros, en
su libro “El hombre Mediocre” en el capítulo “Los arquetipos de la
mediocracia”.
Equipo de Redacción / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
connotado historiador y dramaturgo, Rafael Murillo Selva, en su libro
“El cuento de la Identidad”, caracteriza la personalidad del hondureño
desde el punto de vista antropológico e histórico, destaca que el
hondureño aprendió el arte de la simulación o lo que se conoce con el
nombre de “taimado”, muy propia de nuestra cultura “urbana”, en especial
en los círculos burocráticos.
Cita
a la desaparecida poetisa hondureña Clementina Suárez, una mujer que
por sus ideas liberales y franqueza sufrió el escarnio de ciertos
sectores de la sociedad.- Hace dos décadas, en una conversación con
Murillo Selva, Clementina le dijo: “Cuídate y apréndete bien esto: “Aquí
(en Tegucigalpa), para “triunfar” hay que conocer el arte de saber
hacerse el pendejo”.
ARTE DE PENDEJO
Obviamente,
Matamoros Batson no posee el menor asomo de la capacidad intelectual
que tuvo Clementina Suárez, sin embargo, ha aprendido el arte de hacerse
el pendejo, el que ha perfeccionado a lo largo de su carrera en el
Tribunal Supremo Electoral (TSE); no en vano ha participado en cuatro
procesos electorales generales y ha presidido tres, ensombrecidos por
las denuncias de fraude, pero que ha sabido sortear sin el menor asomo
de perturbación, propio de las personas cínicas y desalmadas.
“FLOR DE MALDAD”
Los
presidenciables Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la
Dictadura y Luis Zelaya, del Partido Liberal, han denunciado de manera
reiterada el aparato fraudulento que se ha venido gestando en el seno
del TSE, tanto por la empresa que transmitirá datos, como en el censo
electoral desactualizado en la que difuntos todavía aparecen como
electores; sin embargo, David Matamoros permanece inmutable, ha llegado
al cinismo de declarar que: “Si no quieren que voten los muertos, pongan
vivos en las mesas (electorales) para que revisen bien que ningún
muerto vote”.
La
prepotencia que lo caracteriza lo ha vuelto un opaco rostro endurecido,
de torva mirada, es difícil creer que alguien acostumbrado a engañar y
amenazar de manera descarada, tenga por pasatiempo favorito el cultivo
de orquídeas, pues siempre se ha creído que las personas que aman las
flores poseen una sensibilidad capaz de transmitir sentimientos nobles.
David, brotó de ese jardín, como una “flor de maldad”.
MODESTOS INICIOS
El
hondureño-estadounidense David Andrés Matamoros Batson, de profesión
abogado, nació en Washington, capital de Estados Unidos, en el seno de
una familia asalariada y de pocos recursos económicos, de padre
hondureño y madre estadounidense.- Para sostener a su familia, la señora
Batson era maestra de una escuela bilingüe de Tegucigalpa.- Tal como lo
hizo su madre, Matamoros Batson se inició como catedrático del
instituto bilingüe Elvel School, cuyos socios principales son la familia
de origen cubano Tavel Otero.
MADURO’S INNER CIRCLE
Este
peón del lado obscuro del pequeño poder de Honduras comenzó el camino
del crecimiento profesional y político de la mano de Ricardo Maduro
Joest, expresidente de origen panameño que gobernó Honduras en el
período 2002-2006.- Continuó su ruta de conexión con el inner circle
(círculo de confianza) de Ricardo Maduro, laboró durante diez años en
Inversiones la Paz, propiedad de su padrino Maduro. Al asumir la
presidencia de la república Rafael Leonardo Callejas en 1990, y Maduro
la titularidad del Banco Central de Honduras, David fue nombrado
Director General de Aduanas. Luego lo despidió Callejas. Gente de
confianza que conoce esa historia afirma que “lo echaron a patadas”.
PISTO EN EL ALTAR
Además de un conveniente matrimonio con una de las herederas de la familia Castillo Galo, al salir
de Aduanas, su situación económica se fortaleció al convertirse en
socio de Inversiones Ramda/Radio Shack de Honduras y después fundó la
Agencia Aduanera Matamoros Batson, que cerró operaciones en 2009.
Es más tranquilo hacer dinero sirviendo a presidentes, sobre todo, en elecciones.
De
acuerdo con intereses coyunturales, la clase dominante utiliza agentes
sin complexión moral y ética, lo primordial es la utilidad al sistema,
al fin y al cabo para remendar honras existen sus medios de
comunicación, capaces de elevar a la categoría de honorables a los
mismos que en el pasado acusaron de corruptos.
PASADO FÉRTIL DE CORRUPCIÓN
La
portada del diario La Tribuna fechada el 18 de mayo de 1993 tituló:
“Empiezan a desnudar corrupción de Aduanas”; mientras que El Heraldo
destacó también en primera plana: “Dirección de Aduanas fomenta
corrupción”.
INFORME CONTUNDENTE
Ese
rotativo detalló en cinco páginas el informe de la Comisión
Interventora que encontró responsable a David Matamoros Batson de
fomentar corrupción en la Dirección General de Aduanas. Asimismo,
explicó que los interventores Juan Ferrera, Ubodoro Arriaga Iraheta y
Julián Lagos descubrieron que con el dinero proveniente de cobros
irregulares se compraron viviendas y autos de lujo.
Los
tres miembros de la Comisión Interventora aseguraron que el
expresidente Rafael Leonardo Callejas estaba enterado del acto de
corrupción cometido por Matamoros mientras dirigió la entidad. En su
defensa, Batson aceptó que en las aduanas se realizaban cobros ilegales y
que el presidente Callejas estaba al tanto de esas acciones ilegales
que él como Director de Aduanas consentía. Días después de la
publicación, Matamoros Batson presentó la renuncia para lanzarse a
diputado por el departamento de Francisco Morazán.
RAYOS GAMMA
El
presidente del TSE también se vio envuelto en el cuestionado y
fracasado negocio de los rayos gamma que pretendían ponerse en
funcionamiento en las instalaciones de Puerto Cortés y los aeropuertos
del país, con el propósito de evitar la defraudación fiscal.
El
socio principal de esta sociedad era José (Joseíto) Lamas. Debido a lo
oneroso del servicio los empresarios protestaron y el negocio fracasó.
APAÑADOR DEL “GASOLINAZO”
En
2004 el Ministerio Público y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)
informaron que más de 500 pipas de combustible, valoradas en 67
millones de lempiras, ingresaron al país de manera ilegal desde las
fronteras de El Salvador y Guatemala. El caso fue bautizado por la
prensa nacional como el “gasolinazo”.
René
Arita, jefe de Recursos Humanos de la entonces Dirección Ejecutiva de
Ingresos (DEI), fue el encargado de ofrecer detalles del famoso caso de
contrabando durante el gobierno de Ricardo Maduro Joest, y en el que
estaban involucrados funcionarios gubernamentales. Por su parte, Miguel
Pastor Mejía, entonces alcalde capitalino y precandidato presidencial
denunció que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de
Porfirio Lobo Sosa.
CAPATAZ DE MADURO
Las
denuncias de corrupción en las aduanas desató la ira del entonces
presidente de Conatel, David Matamoros Batson, que amenazó a René Arita
de esta manera: “Manda a decir el Presidente (Ricardo Maduro) que te
calles…, que no sigas con esto…, que si seguís con esto vas a tener
problema…, vos no vas a poder con el poder. Matamoros en forma
prepotente y soberbia me dijo que si yo iba a seguir iba a tener
consecuencias fatales”.
“Y
me reiteró: voy para Argentina y cuando regrese no quiero saber que
este problema todavía esté”. Yo lo sentí como una amenaza. Él me dijo
que el poder era inmenso. Es gente de arriba, me dijo”.- El “gasolinazo”
es otro de los tantos casos de corrupción de altos funcionarios
públicos nacionalistas que quedó impune.
David
Matamoros Batson era magistrado presidente del Tribunal Nacional de
Elecciones (hoy Tribunal Supremo Electoral) cuando Ricardo Maduro se alzó con el triunfo en las
elecciones presidenciales de 2001. En ese entonces, David, también era
uno de los socios de la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto
Maduro Andreu (Ferema), que lleva el nombre del fallecido hijo del
expresidente nacionalista. De 2004 a 2005 fue nombrado por Maduro
presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Dos
veces diputado por el Partido Nacional en los períodos 1994-1997 y
2006-2009 y Secretario Ejecutivo del Partido Nacional (2002-2004), a
partir de 2009 asume de nuevo como magistrado del Tribunal Supremo
Electoral (TSE), siendo presidente del TSE el democristiano, Saúl
Escobar, ambos responsables de inflar la carga electoral de
noviembre de 2009, con el objetivo de lavar el golpe de Estado contra
José Manuel Zelaya; Porfirio Lobo Sosa, se alzó con la victoria. Los
comicios internos de 2012 también tienen su huella al impedir que Libre
obtuviera el segundo lugar, para entregárselo al Partido Liberal.
Cuando
Matamoros Batson fue nombrado magistrado del TSE en 2009, ocupaba un
escaño en el Congreso de la República, lo cual constituye un acto ilegal
de acuerdo con el artículo 52, numeral 2 de la Constitución de la
República que dice así: “No podrán ser elegidos Magistrados del Tribunal
Supremo Electoral:… 2. Los que estén nominados para ocupar u ostenten
cargos de elección popular.”
SIERVO DE JOH
Por
segunda vez en 2013, es nombrado magistrado presidente, y es así que
el 24 de noviembre de 2013 resultó vencedor de la contienda electoral el
nacionalista Juan Orlando Hernández, en un proceso donde los partidos
Libertad y Refundación (Libre) y Anticorrupción (Pac) presentaron
pruebas de que se cometió fraude.
Ahora
que por tercera ocasión ostenta la presidencia del TSE, surge la
pregunta entre sus sonrientes amigos y cómplices ¿A quién declarará
ganador el magíster?
Venezuela genera pavor a la derecha latinoamericana
Por Sandra Rodrìguez
En horas de la tarde arribó a su país de origen el grupo venezolano Los Guaraguao, tras su deportación de Honduras, donde ofrecerían una serie de conciertos en diferentes ciudades es te fin de semana.
El grupo era esperado por una multitud de personas, y ya están su casa, tras la agresión de la dictadura hondureña que los mantuvo 19 horas secuestrados, denunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
Además afirmó que, le da alegría por la muestra de pavor racista que genera Venezuela la derecha latinoamericana. Así mismo, que en 45 años de arte, el grupo de música contestataria siga provocando este tipo de reacciones.
Ayer los intérpretes de “casas de cartón” fueron detenidos en migración del aeropuerto internacional “Ramón Villeda Morales”, La Lima, Cortés, al norte de Honduras. Estuvieron varias horas sin agua, comida ni comunicación externa, supuestamente por no tener permiso de trabajo, según un comunicado del gobierno hondureño que preside Juan Orlando Hernández.
El grupo musical compartiría su arte en cuatro conciertos promovidos por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que coordina el ex presidente José Manuel Zelaya Rosales y la candidatura presidencial la lidera Salvador Nasralla. Las actuaciones eran en el marco del cierre de campaña electoral en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés y Francisco Morazán.
Cabe señalar que esta no es la primera vez que el grupo se solidariza con el pueblo hondureño, a quien le rindió su agradecimiento por el esfuerzo que hizo para lograr su liberación, desde la denuncia pública, la interposición de Habeas Corpus y los gritos populares “queremos Guaraguao”.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), condena esta acción que violenta la libertad de expresión a través del arte, reteniendo sin explicación válida a Eduardo Martínez, Luís Suárez, José Guerra y Jesús Cordero, que esta tarde fueron ovacionados por sus camaradas y hermanos, en el país sudamericano, después de muchas horas sobrevolando la región centroamericana.
Asimismo el pueblo latinoamericano ha condenado la acción del gobierno de Honduras. Que le tiene miedo a las canciones protestas, de un grupo que por décadas ha denunciado violaciones a los derechos humanos con melodías que entonan multitudes.
De intolerancia y dictadura califican deportación de los “Los Guaraguao” en Honduras
Nov 17, 2017
Porque a través de sus canciones desenmascaran la desigual, la
miseria, la corrupción, sumisión imperialista y la necesidad urgente que
el pueblo se una para cambiar esta realidad, el Gobierno hondureño
deportó este viernes al grupo musical “Los Guaraguao” de Venezuela.
Los cuatro músicos ingresaron al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, a las 2:00 pm del jueves con el propósito de realizar varios conciertos en el marco del cierre de la campaña de la Alianza de Partidos de Oposición.
Después de permanecer 17 horas retenidos, los artistas fueron expulsados en un vuelo comercial que hizo escala en Panamá, luego abordaron un vuelo chárter que los llevó hasta Venezuela. Funcionarios del país bolivariano condenaron estas acciones, calificando en primera instancia la retención como un “secuestro".
“Esta acción dictatorial, aunque logró su propósito, también generó una reacción nacional e internacional en contra de este régimen que busca gobernar al país por cuatro años más. También dejó evidenciado el estado de paranoia y de pánico en el que se encuentra el presidente Juan Orlando Hernández”, indicó el reconocido periodista Lenin Berrios.
Desde las 3:00 pm del jueves un gran número de personas se concentraron en la terminal aérea para exigir la libertad de Los Guaraguaos, mientras los mantenían aislados en un cuarto sin recibir agua ni comida pese al estado de salud de uno de los integrantes.
“Los Guaraguao, no tienen más armas que sus voces y sus instrumentos musicales, como está acreditado a lo largo de los cincuenta años ¿qué significa este hecho? ¿Qué tipo de régimen es este que prohíbe el ingreso de la cultura, de esta que se inserta en la realidad de las poblaciones excluidas?”, indicó el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el ERIC-SJ, quien es amigo de los cuatro músicos.
“La dictadura más dura”
“Lo que le ha pasado a los Guaraguao, es el anuncio de lo puede venir para Honduras en los próximos cuatros años. Solo imagínese que Roberto Micheletti, quien fue presidente de facto luego del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, dejó entrar sin ningún problema a este y otros grupos de música de protesta para que participaran en el concierto desarrollado el 28 de agosto del mismo año, al que titularon “Voces Contra el Golpe”, indicó la sampedrana Mabela Castro.
A renglón seguido dijo que al país llegaron artistas de Argentina, Guatemala y Venezuela quienes unieron sus voces en el gran concierto contra el golpe militar y por el restablecimiento del orden constitucional en ese momento. “Si Micheletti, que fue acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos era más flexible, imagínense lo que nos espera con Juan Orlando, si continúa cuatro años más”.
Por su parte el dirigente popular Porfirio Casco, indicó “que Dios nos agarre confesados, porque nos podrían esperar varios años de una dictadura al mero estilo de Carias, donde sobresaldrá el “encierro, entierro o destierro”. Eso no lo podemos permitir, sin embargo, se observa mucha pasividad de la población hondureña”, manifestó el ciudadano, mientras era parte de la población que llegó a exigir la liberación del grupo Los Guaraguao.
Gobierno justifica la acción
Mediante un comunicado el gobierno informó este día que al momento de su ingreso y al ser entrevistados por el control migratorio, los músicos manifestaron que su motivo del viaje a Honduras, era la participación en amenizar un concierto. Sin embargo, que, al consultar con el ente encargado de extender permisos para este tipo de espectáculos, se constató que no existe ninguna solicitud al respecto.
El comunicado refiere, además, que Los Guaraguao ingresaron al país el 12 de julio pasado, “declarando en ese momento que el motivo del viaje era turismo, habiendo solicitado en esa ocasión permiso para desarrollar espectáculo público, mismo que fue otorgado para ser desarrollado en El Progreso, Yoro, no obstante, desarrollaron espectáculos en otras ciudades del país”.
La Alianza de Partidos de Oposición mostró anoche un documento que constata la solicitud de un permiso al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de una serie de conciertos por parte de los venezolanos, en el marco del cierre de su campaña política. La respuesta a dicha misiva fue que “el Tribunal Supremo Electoral brinda autorización de conciertos”, pero “en lo que concierne a conjuntos o artistas que amenicen sus actividades políticas, no le corresponde a este organismo electoral autorizarlo, en virtud de ser potestad de ese instituto político”.
“La decisión de impedirles la entrada al país y posteriormente deportarlos, es arbitraria y constituye un acto de discriminación por razones políticas, lo cual es inadmisible en un estado democrático y de derecho. Este impase del permiso para los conciertos es algo simple que se debió solucionar en 30 minutos, sin embargo, en gobiernos autoritarios se hace lo que se tenga que hacer para eliminar algo que no está de acorde con sus intereses”, indicó el abogado Ramón Barrios, ex juez de Sentencia.
A través de sus redes sociales Los Guaraguao denunciaron la retención injustificada en el aeropuerto de San Pedro Sula, y que posteriormente fueron engañados montados en un avión cuyo destino acordado era El Salvador con miembros del INTERPOL, y llevados a Panamá donde fueron deportados a Venezuela. Los venezolanos se preguntaron dónde está el derecho internacional, dónde están los derechos humanos.
Los cuatro músicos ingresaron al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, a las 2:00 pm del jueves con el propósito de realizar varios conciertos en el marco del cierre de la campaña de la Alianza de Partidos de Oposición.
Después de permanecer 17 horas retenidos, los artistas fueron expulsados en un vuelo comercial que hizo escala en Panamá, luego abordaron un vuelo chárter que los llevó hasta Venezuela. Funcionarios del país bolivariano condenaron estas acciones, calificando en primera instancia la retención como un “secuestro".
“Esta acción dictatorial, aunque logró su propósito, también generó una reacción nacional e internacional en contra de este régimen que busca gobernar al país por cuatro años más. También dejó evidenciado el estado de paranoia y de pánico en el que se encuentra el presidente Juan Orlando Hernández”, indicó el reconocido periodista Lenin Berrios.
Desde las 3:00 pm del jueves un gran número de personas se concentraron en la terminal aérea para exigir la libertad de Los Guaraguaos, mientras los mantenían aislados en un cuarto sin recibir agua ni comida pese al estado de salud de uno de los integrantes.
“Los Guaraguao, no tienen más armas que sus voces y sus instrumentos musicales, como está acreditado a lo largo de los cincuenta años ¿qué significa este hecho? ¿Qué tipo de régimen es este que prohíbe el ingreso de la cultura, de esta que se inserta en la realidad de las poblaciones excluidas?”, indicó el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el ERIC-SJ, quien es amigo de los cuatro músicos.
“La dictadura más dura”
“Lo que le ha pasado a los Guaraguao, es el anuncio de lo puede venir para Honduras en los próximos cuatros años. Solo imagínese que Roberto Micheletti, quien fue presidente de facto luego del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, dejó entrar sin ningún problema a este y otros grupos de música de protesta para que participaran en el concierto desarrollado el 28 de agosto del mismo año, al que titularon “Voces Contra el Golpe”, indicó la sampedrana Mabela Castro.
A renglón seguido dijo que al país llegaron artistas de Argentina, Guatemala y Venezuela quienes unieron sus voces en el gran concierto contra el golpe militar y por el restablecimiento del orden constitucional en ese momento. “Si Micheletti, que fue acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos era más flexible, imagínense lo que nos espera con Juan Orlando, si continúa cuatro años más”.
Por su parte el dirigente popular Porfirio Casco, indicó “que Dios nos agarre confesados, porque nos podrían esperar varios años de una dictadura al mero estilo de Carias, donde sobresaldrá el “encierro, entierro o destierro”. Eso no lo podemos permitir, sin embargo, se observa mucha pasividad de la población hondureña”, manifestó el ciudadano, mientras era parte de la población que llegó a exigir la liberación del grupo Los Guaraguao.
Gobierno justifica la acción
Mediante un comunicado el gobierno informó este día que al momento de su ingreso y al ser entrevistados por el control migratorio, los músicos manifestaron que su motivo del viaje a Honduras, era la participación en amenizar un concierto. Sin embargo, que, al consultar con el ente encargado de extender permisos para este tipo de espectáculos, se constató que no existe ninguna solicitud al respecto.
El comunicado refiere, además, que Los Guaraguao ingresaron al país el 12 de julio pasado, “declarando en ese momento que el motivo del viaje era turismo, habiendo solicitado en esa ocasión permiso para desarrollar espectáculo público, mismo que fue otorgado para ser desarrollado en El Progreso, Yoro, no obstante, desarrollaron espectáculos en otras ciudades del país”.
La Alianza de Partidos de Oposición mostró anoche un documento que constata la solicitud de un permiso al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de una serie de conciertos por parte de los venezolanos, en el marco del cierre de su campaña política. La respuesta a dicha misiva fue que “el Tribunal Supremo Electoral brinda autorización de conciertos”, pero “en lo que concierne a conjuntos o artistas que amenicen sus actividades políticas, no le corresponde a este organismo electoral autorizarlo, en virtud de ser potestad de ese instituto político”.
“La decisión de impedirles la entrada al país y posteriormente deportarlos, es arbitraria y constituye un acto de discriminación por razones políticas, lo cual es inadmisible en un estado democrático y de derecho. Este impase del permiso para los conciertos es algo simple que se debió solucionar en 30 minutos, sin embargo, en gobiernos autoritarios se hace lo que se tenga que hacer para eliminar algo que no está de acorde con sus intereses”, indicó el abogado Ramón Barrios, ex juez de Sentencia.
A través de sus redes sociales Los Guaraguao denunciaron la retención injustificada en el aeropuerto de San Pedro Sula, y que posteriormente fueron engañados montados en un avión cuyo destino acordado era El Salvador con miembros del INTERPOL, y llevados a Panamá donde fueron deportados a Venezuela. Los venezolanos se preguntaron dónde está el derecho internacional, dónde están los derechos humanos.
