Defensores: NI ARRESTADO NI DEPORTADO // De dolor se están muriendo familiares de asesinados políticos // Radio Progreso: Crean plataforma de lucha contra privatización de la salud // Transnacional bananera (Chiquita Honduras) quiere desaparecer el Sitraterco, denuncian obreras hondureñas // C-Libre: Alarma lentitud oficial ante violaciones a derechos humanos en Honduras // “JUSTICIA DE HONDURAS OPRIME A LA VÍCTIMA Y PROTEGE AL VICTIMARIO”: RT // ¿Cuándo será capturado JOH? Por: Oscar Marroquín // Detención de gerente de DESA confirma hallazgos del GAIPE en torno al asesinato de Berta Cáceres

NI ARRESTADO NI DEPORTADO

Por defensores -

14 marzo, 2018

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, confirma que el estudiante hondureño Eduardo Enrique Urbina Ayala está bajo los cuidados del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, ACNUR, en el Centro El Hatillo en San José, Costa Rica, en condición de demandante de asilo.
Como hemos informado insistentemente, el COFADEH acompañó la salida legal de Urbina Ayala el pasado 10 de diciembre de 2017, para ponerlo a salvo de una campaña de persecución penal, mediática y criminal conducida por la Policía Militar y la inteligencia paramilitar de la dictadura.
La visibilidad de su caso en las últimas horas ocurre porque el pasado 10 de marzo el estudiante salió hacia Nicaragua para cumplir con el plazo de tres meses de permanencia que le concedió Costa Rica. Pero, lamentablemente las autoridades de migración de Nicaragua en el puesto fronterizo de Peñas Blancas lo detuvieron ilegalmente y le sometieron a cautiverio durante 72 horas hasta la tarde del martes anterior.
Al momento de ser devuelto al territorio costarricense como era su petición, el estudiante perseguido político por la dictadura hondureña demandó asilo al gobierno costarricense.
La familia y este Comité condenamos la insistencia de la dictadura en inculpar a Eduardo Enrique por la quema de una buseta militar en Comayagüela el 15 de diciembre y presentarlo este miércoles como sentenciado a la deportación por la interpol.
Frente a esta intermitencia irresponsable del régimen a través de sus servicios masivos de desinformación, insistimos que el joven NO es responsable del hecho inculpado, NO será “repatriado” ni deportado, y SI está bajo la protección oficial en su condición de demandante de la Convención del 28 de julio de 1951, de la ONU.
El Ministerio Público hondureño sabe que el estudiante es la víctima bajo persecución y que no existe orden de arresto internacional en su contra por un hecho que ocurrió posteriormente a su salida del país. Y lo sabe la ACNUR y ahora lo sabe el gobierno de Costa Rica, cuyo respeto al derecho internacional lo caracteriza como país seguro y serio.
Eduardo Enrique Urbina Ayala, de 22 años, es estudiante del tercer año de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, integrante del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) por cuya condición ha sido sistemáticamente criminalizado y perseguido por la policía represiva.
El 01 de mayo de 2017 fue detenido en forma violenta por la policía en Tegucigalpa, perfilado y sometido a interrogatorios inculpatorios.
El 25 de julio de 2017 se reinició una campaña mediática en su contra, en el mes siguiente fue perseguido por paramilitares armados y en diciembre 2017 fue acusado de coordinar un grupo terrorista en la capital.
Tras una evidente tendencia hacia la inducción de su ejecución sumaria, pidió apoyo para salir del país el 10 de diciembre.
Finalmente, informamos que desde el momento de su detención temporal en la aduana Peñas Blancas hemos estado coordinando acciones con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, y con otras organizaciones costarricenses defensoras de derechos humanos, que permanecen vigilantes y en estado de alerta ante las presiones de la dictadura hondureña.
Seguiremos informando.
Tegucigalpa, Honduras, 14 de marzo de 2018
De los hechos y de los hechores Ni olvido ni perdón

De dolor se están muriendo familiares de asesinados políticos

Por defensores -

14 marzo, 2018

Tegucigalpa.
Riccy Ponce
“Después del asesinato de Zet (Jonatán Araujo), mi  mami no volvió a probar bocado, no comía y si lo hacía vomitaba, pasaba a costada, arropada de  pies a cabeza, ya no quería nada. Ella decía que no aguantaba el dolor de la pérdida de mi hermano, porque él  era quien vivía con ella”.
Con estas palabras, Dilcia Araujo, hermana de Zet Jonatán Araujo, recuerda como fueron los últimos días de su madre, quien murió de tristeza al no soportar el dolor que el provocó cuando las  fuerzas represoras del Estado se llevaron a su hijo para asesinarlo, por estar en contra del fraude electoral del 26 de noviembre del año pasado.
Araujo fue secuestrado el 4 de diciembre del 2017 en la colonia Modesto Rodas de la Capital por policías, según los testigos, quienes se lo llevaron detenido, y al día siguiente apareció muerto en un sector de la residencial Las Hadas.
“A él se lo llevaron 4 hombres, eran policías, pero no supe si eran militar o preventiva, porque nosotros hacíamos las tomas en el puente, yo estaba en un extremo y el estaba en otro,  cuando yo  llegué al lugar ya no estaba, ya se lo habían llevado de allí de la toma, la gente que vio asegura que si eran”, expresó Dilcia Araujo.
Zet era trabajador, convivía con su madre y el día de las elecciones estuvo trabajando todo el día en favor de la Alianza de Oposición contra el Continuismo. La policía ya los tenía identificado como uno de los líderes de la oposición en el sector de la colonia Modesto Rodas y cuando empezaron las tomas a nivel nacional, a raíz de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negaba a dar resultados y a entregar la presidencia, la policía le estuvo haciendo videos, sostuvo su hermana.
Para la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, en el golpe electoral se generaron tantas violaciones de derechos humanos como nunca antes visto.
“Yo siempre trato de comparar el pasado con el presente para poder tener claro lo que viene a futuro,  esto nos indica que a futuro vienen días peores, muy tristes y dolorosos, porque en los años ochenta las madres y las abuelas fueron las que levantaron en principio la bandera de  ‘vivos se los llevaron, vivos  los queremos’ en el continente y en Honduras no fue la excepción”, señaló la coordinadora general del Cofadeh.
“Ahora las madres y las abuelas mueren de tristeza y de dolor, eso es producto de lo que ellas han venido conociendo, ellas saben que las madres y abuelas hondureñas se levantaron y se ha trabajado por décadas y décadas buscando justicia que aun no se ha encontrado, cuando hablamos de impunidad, nos referimos a ese tipo de impunidad histórica que tiene el país, esa deuda que tiene el Estado de Honduras con las familias”, añadió Oliva.
La defensora expresó que la realidad es que hay familiares que mueren de tristeza después de perder a un ser querido a manos de las fuerzas represores del Estado y también al ver como son maltratados y brutalmente golpeados, refiriéndose al caso del joven Jonatán Fernando Cardona, quien salvajemente golpeado por elementos de La Policía Militar del Orden Publico (PMOP)  cuando se disponía a guardar su motocicleta, cuando estaba en vigencia el toque de queda de 6:00 de la tarde a 6:00 de  la mañana.
El  hecho de Jonatán Fernando Cardona sucedió en los primeros días del toque, con el cacerolazo que fue del 1 al  5 de diciembre de 2017, en la colonia Las Palmas, de Tegucigalpa  el 3 de diciembre.
El joven después de ser atacado quedó inconsciente y fue trasladado por un vecino hasta el Hospital Escuela, producto de esto tuvo pérdida temporalmente de la memoria y visión.
De acuerdo a los hechos ese día también amenazaron a sus hermanos  y a su abuela Nohemí Mendoza, quien era padre y madre para ellos.
El joven era constantemente perseguido, amenazado y vigilada su residencia por hombres desconocidos, situación que preocupó a la señora de 84 años llevándola a la muerte el día 25 de diciembre del año pasado, 22 días después que su nieto fuera brutalmente golpeado por los PMOP.
La defensora de derechos humanos agregó que “no hay culpables detenidos, ni responsables señalados por parte de las Instituciones del Estado encargadas de implementar e investigar los hechos y aplicar justicia, no hay ninguno, pero el pueblo en general sabe quiénes son y eso  trae desencanto, pero sobre todo indignación que fomenta a la población en general para reclamar colectivamente, de señalar la responsabilidad de un solo hombre, de una sola persona que está en casa presidencial”.
“El punto es que estamos en un país donde la vida no se está respetando, donde el derecho de  disentir tampoco se respeta. Cuando se pierden todas estas garantías, lógicamente los responsables de crímenes de lesa humanidad,  tanto en el pasado como en la actualidad, van a seguir oprimiendo al pueblo, pero vamos a continuar voces diciendo que basta ya de tanta atrocidad contra una población y sabemos, porque tenemos  la certeza, que tarde o temprano van a ser juzgados”, dijo a defensoresenlineanea.com la coordinadora del  COFADEH.
En el contexto de la crisis post electoral más de 30 personas que alzaron su voz para defender el derecho que como ciudadanos ejercieron en las urnas  y que a través del Tribunal Supremo Electoral se  planeo el fraude electoral, que favorecía al  presidente ilegitimo Juan Orlando Hernández, fueron asesinadas por las fuerzas represoras del Estado, dejando luto y dolor en sus familiares, dolor que algunos no soportaron y murieron de tristeza.

Crean plataforma de lucha contra privatización de la salud

Mar 14, 2018

Las organizaciones sociales, magisteriales y comunitarias junto al Colegio Médico en la ciudad de El Progreso, Yoro, crearon una plataforma de lucha con el objetivo de frenar la privatización del hospital público, además, de mejorar la atención médica, tanto en el hospital como en los centros de salud.
La creación de la plataforma se logró a través de una asamblea popular que contó con representantes de todos los sectores del municipio. El Colegio Médico expuso la situación que enfrentan los hospitales descentralizados a nivel nacional, además de plantear posibles soluciones que garanticen el derecho a la salud pública.
Ley de protección social
El proceso de privatización de la salud en Honduras comenzó con la aprobación de Ley Marco de Protección Social, creada por Juan Orlando Hernández y aprobada por el Congreso Nacional el 2015. Esta ley da luz verde para que el gobierno ponga en manos de Organizaciones No Gubernamentales, Ongs, la administración de los 10 principales hospitales del país.
Para el gobierno la iniciativa busca eficientar los centros hospitalarios. A la fecha los hospitales Leonardo Martínez y Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula están descentralizados, lo que podría suponer la privatización de algunos de sus servicios. Para el Colegio Médico con la legislación el Estado se quita la responsabilidad de administrar, tomar decisiones y sostener en un 100% el funcionamiento económico de los hospitales.
El gremio médico asegura que la privatización de la salud no es algo nuevo, sino que ha sido una política sistemática de varios años que atravesó diversas modificaciones en el sistema administrativo, convirtiéndose en un negocio rentable para la empresa privada.
El doctor Samuel Santos, vice presidente del Colegio Médico a nivel nacional, explicó a la población progreseña, cómo el gobierno claramente le apostó al deterioro intencional del sistema sanitario público, que pasa por el abandono de los centros asistenciales con personal médico y la falta de abastecimiento tanto en medicinas como insumos.
“La Ley de Protección Social es la llave que abre a la privatización de la salud. Es una iniciativa que fomenta el mercado, que entrega la salud al mejor postor y que comercializa el servicio de atención médica”, lamentó el vicepresidente del Colegio Médico a nivel nacional.
“En El Progreso la privatización puede darse en cualquier momento”, dijo el doctor Roberto Castellanos presidente del Colegio Médico capítulo El Progreso. Para el galeno la creación de la plataforma contra la privatización es el primer paso para evitar que el hospital sea administrado por la empresa privada.
Acusaciones 
A la asamblea asistieron sectores sociales, comunitarios y políticos del El Progreso. Entre ellos, el diputado nacionalista Gabriel Rubí, quien directamente acusa al Colegio Médico de aprovechar la coyuntura para su beneficio. En su intervención el diputado y ex gobernador político de Yoro, aseguró desconocer el contenido de la Ley, y afirmó que en el país ningún hospital está privatizado, por el contrario, se está avanzando a mejorar la atención médica que recibe la población.
Rubí, quien llegó acompañado de sus activistas políticos, acusa al Colegio Médico de utilizar a la población para sacar posibles candidatos a cargos de elección popular en las próximas elecciones. Además, concluyó advirtiendo que aportará en la depuración de enfermeras y doctores que por años se han lucrado del hospital público progreseño.
El ex diputado de Yoro Bartolo Fuentes, lamentó que el diputado Rubí no tenga la capacidad de ver lo que significa descentralización o privatización, y como esto afecta a los sectores más pobres de Honduras. “El ejemplo más claro de privatización o descentralización de un hospital está en San Lorenzo, Valle”, apuntó Fuentes, asegurando que, en el sur de Honduras, los agro-empresarios de las meloneras crearon una Ong, que ahora brinda atención al pueblo a un alto costo.
Mientras el gobierno sigue vendiendo la Ley Marco de Protección Social como el avance más importante de los últimos tiempos, la ciudadanía de El Progreso, Yoro, se prepara y organiza para defender el derecho humano a la salud.

Transnacional bananera quiere desaparecer el Sitraterco, denuncian obreras hondureñas

Mar 13, 2018

“La Bananera Chiquita Honduras y el Gobierno de Juan Orlando Hernández, están impulsando estrategias nefastas con la idea de desaparecer el Sindicato de Trabajadores de la Tela RailRoad Company (SITRATERCO). En esta nueva coyuntura la transnacional está irrespetando el establecido del contrato colectivo, referente a la atención médica de los 2 mil 80 trabajadores y trabajadoras que laboramos para la empresa”, indicó Besy Martínez, del comité de huelga.
La controversia apareció desde diciembre del 2017 cuando la empresa Chiquita Honduras, dueña de las fincas donde laboran los afectados, decidió suspender la atención médica que por décadas se ha brindado en La Lima, Cortés obligando a los trabajadores a trasladarse a clínicas privadas de San Pedro Sula.
A partir del 26 de diciembre los trabajadores y trabajadoras decidieron iniciar una huelga que tuvo una duración de 74 días, siendo obligados por la empresa y el gobierno esta semana, a retornar a sus puestos de trabajo sin ninguna solución a su demanda.
Los magnates brasileños José Luis Cutrale y Joseph Safra compraron el 2014 a la empresa bananera estadounidense Chiquita Brands en una operación por US$1.300 millones, que incluye la deuda de la firma norteamericana. Los dos magnates unieron fuerzas para sumar a Chiquita a su negocio de frutas y soja.
La Bananera tiene cultivos de banano, unas 13 mil hectáreas en los municipios de La Lima y San Manuel, en el departamento de Cortés, y en El Progreso, Yoro, exportando bananos cada año por un valor de 500 millones de dólares. Las tierras en las que se cultiva el banano fueron explotadas en concesión por la compañía estadounidense Tela Rail Road Company.
“Estos empresarios brasileños han destruido todos los sindicatos que existen en sus empresas en los diversos países de Latinoamérica. En el caso nuestro somos el único sindicato que les está dando la guerra para conservar nuestra organización y nuestros derechos laborales. Estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias”, indicó la obrera.
Agregó que “a partir de hoy lunes hemos permitido que los trabajadores y trabajadoras regresen a las 8 fincas de La Lima, Cortés, para que reinicien sus labores. Hemos dado un paso atrás para esperar que en los próximos días la empresa bananera pueda dar una respuesta positiva, de lo contrario nosotros vamos a reiniciar con nuestras acciones fuertes”.
Manifestó además que este día se reunirán con ejecutivos de la empresa y el gobierno para buscarle una solución a la problemática. “Vamos a pedir que reintegren a las personas despedidas y que cesen las represalias. Luego vamos a ver de qué manera ponemos en la mesa de discusión el cumplimiento del contrato colectivo.
Negociando con bota y balas militares 
La represión inició desde el viernes de la semana anterior, cuando al menos 300 efectivos militares y policiales llegaron a las fincas bananeras donde se desarrollaba la huelga. De forma sorpresiva a la 5:00 am, de ese día, los antimotines usaron la violencia contra al menos 400 trabajadores que estaban apostados en la salida a los campos bananeros de La Lima, a la altura de la colonia San José. 
Según testimonios de trabajadores en esta acción le dispararon a bala viva y les lanzaron más de 100 bombas lacrimógenas. Además, denuncian que torturaron a varios detenidos y les robaron algunas de sus pertenencias, entre carteras, celulares, mochilas y les poncharon las llantas de las motos y bicicletas.
“La represión continuó el sábado cuando los comandos se trasladaron hasta campo Laureles y Limones. Allí lanzaron bombas lacrimógenas y bala viva, desarrollando también una persecución por las fincas a los trabajadores y trabajadoras que se mantenían en huelga. Hasta esta tarde se mantenían dos comandos de militares en las fincas antes mencionadas”, aseguró Besy Martínez.
Otra de las represalias que ha tomado la transnacional “Chiquita Honduras” es el despido de 105 obreros y obreras, y se han librado 34 órdenes de captura contra la dirigencia del comité de huelga.
Wilfredo Castellanos, representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) dijo que “hemos condenado siempre la violencia, creemos que este es un conflicto de tipo laboral, entonces debe ser resuelto por el ministro del Trabajo, deben convocar ambas partes, pues lamentamos que se haya usado este tipo de artefacto, ya los trabajadores denunciaron que también hubo balas, por lo tanto, necesitamos un diálogo”.
Así mismo declaró que la clase trabajadora está en su legítimo derecho de exigir el cumplimiento de su contrato colectivo, el que la empresa está violentando. Lo anterior lo argumentó citando el artículo 3 del Código del Trabajo, que reza lo siguiente: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.
A través de un comunicado la empresa hizo un urgente llamado a que todas las partes-Gobierno, empresa y trabajadores-, resuelvan la situación de manera positiva permitiendo que sus colaboradores trabajen para el beneficio de sus familias y del país. 
Johana García, obrera de la finca Corozal 06, indicó que están exigiendo una respuesta positiva del ministro de Trabajo y el Gobierno. “Nosotros queremos trabajar, pero es la empresa la que se niega a cumplir con lo pactado en el contrato colectivo. Por ahorita hemos regresado a laborar, pero esto no significa que hemos abandonado la lucha. Si no hay respuestas positivas a nuestras demandas en los próximos días vamos a regresar a las acciones, porque aquí está en juego nuestro futuro como trabajadores y organización sindical”, concluyó Johana García.

C-Libre: Alarma lentitud oficial ante violaciones a derechos humanos en Honduras

Publicado: 15 Marzo 2018

“Después de 60 días de crisis para los derechos humanos, es alarmante comprobar como la institucionalidad no responde o reacciona ante tantos atropellos a la vida y la dignidad de las personas que se manifiesta o expresan su oposición al fraude electoral”, cuestiona el informe presentado este martes por C-Libre.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Un total de 59 agresiones a la libertad de expresión fueron contabilizadas durante la crisis post electoral, de acuerdo a un informe presentado este martes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

El informe “Libertad de Expresión y Crisis Política 2017” elaborado por C-Libre destaca que, dentro de las agresiones ocurridas entre el 26 de noviembre al 26 de enero (de 2018), está la represión física para la disolución de la protesta social, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, así como la obstrucción de la labor informativa.

Durante el periodo de monitoreo que conllevó a estas agresiones, se constituyó desde C-Libre un Observatorio Electoral que registró 30 agresiones a periodistas y comunicadores sociales en el país.

Asimismo, este observatorio Electoral enlistó 164 protestas a nivel nacional, lo que trajo consigo 602 detenciones, incluyendo menores de edad. En la misma línea, hubo 16 personas heridas con armas de fuego y 33 asesinatos, en claro uso desproporcionado de la fuerza, de acuerdo con datos presentados por la Coalición contra la Impunidad. En el conteo de víctimas mortales se registra dos policías preventivos.

El informe “Libertad de Expresión y Crisis Política 2017” también denuncia como autores materiales de estas violaciones a derechos humanos la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Secretaria de Seguridad mediante la Policía Nacional Preventiva y la Dirección Policial de Investigación (DPI).

“Después de 60 días de crisis para los derechos humanos, es alarmante comprobar como la institucionalidad no responde o reacciona ante tantos atropellos a la vida y la dignidad de las personas que se manifiesta o expresan su oposición al fraude electoral”, cuestiona el informe presentado este martes.

Entre las recomendaciones que plantea el informe, se insta a la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, específicamente los 33 asesinatos de personas relacionadas con la crisis post electoral.

De igual forma, sancionar a los entes y/o personas que están vinculadas a las violaciones de derechos humanos, esto como una medida de “buena fe” por parte del Estado de Honduras, para visibilizar sus aportes en cuanto al respeto por los mismos.

Finalmente, C-Libre hace un llamado a la ciudadanía en general, a continuar el ejercicio de su derecho a la Libertad de Expresión, como un eje transversal para el desarrollo de los pueblos, investigación, opinión, consulta y difusión de información.

“JUSTICIA DE HONDURAS OPRIME A LA VÍCTIMA Y PROTEGE AL VICTIMARIO”: RT

Unas 58 organizaciones de derechos humanos, más de 35 personas han sido asesinadas en Honduras durante las protestas contra el fraude electoral, las entidades defensoras de la vida, acreditan estos crímenes a las fuerzas de seguridad del Estado. Según el reporte de la cadena mediática de información, RT.

Agencias / EL LIBERTADOR

Honduras. Más de 35 “asesinatos políticos” han ocurrido en Honduras en el marco de las protestas contra el fraude electoral que hizo posible la reelección presidencial, a pesar de que esta es considerada ilegal por la Constitución del país.

Según el informe de la cadena mediática de información RT, unas 58 organizaciones de derechos humanos atribuyen los asesinatos a las fuerzas de seguridad del Estado, en un documento que expone que las manifestaciones pacíficas fueron “gravemente reprimidas, incluso con fuerza letal o bala viva disparada al cuerpo de los manifestantes”.

De ese modo, el documento contabiliza 33 muertes, aunque datos más actuales reflejan que la cifra asciende a casi 40 personas, además se ha denunciado decenas de heridos, centenares de detenidos y más de 100 personas criminalizadas.   

En términos legales, el abogado Benedicto Santos, que ha prestado sus servicios a los hondureños en insurrección, asegura que son al menos 2,500 personas las que han sido detenidas, donde en su mayoría han sido llevadas a batallones de las Fuerzas Armadas de forma arbitraria.

El togado en derecho ha dicho a dos reporteros independientes que los detenidos, tienen sus hojas de antecedentes limpias y que el régimen con tal de “excusar” la arbitrariedad les han implantado bombas Molotov o cualquier otro instrumento que ponga en duda su inocencia.

Además, el texto avalado por las 58 instituciones defensoras de la vida, señalan como “autores materiales” de los crímenes de lesa humanidad a “la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas, la Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional, y la Dirección Policial de Investigación”.

        

Los organismos coinciden en que la “victoria” del presidente Juan Hernández, fue una imposición que se consolidó gracias a la fuerza bruta de los organismos de seguridad. En ese sentido, el mandatario ha sido calificado como dictador por sus opositores, activistas sociales y la población que desde hace varios años ha manifestado su descontento a través del grito “¡Fuera JOH!”.  

También señalan que el gobierno de Honduras mantiene un “control absoluto de la institucionalidad”, debido al apoyo del “grupo político, empresarial y militar que respalda al actual gobernante”, además de su favoritismo con el gobierno estadounidense, quienes han llegado a llamarle “dictador benigno”.

A lo largo de estos meses, las protestas no han cesado, ni siquiera disminuido. Según el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, esta situación se debe a que las condiciones políticas y sociales que las originaron “siguen absolutamente presentes”.

Explicó que la respuesta del gobierno a las protestas consiste en una estrategia de represión que pretende “neutralizar, anular y evitar que la oposición política continúe con las protestas”, en contra de lo que califican como una “dictadura”.

Méndez detalló que persiste la impunidad alrededor de las violaciones a los derechos humanos porque “desde el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya (2009), la Justicia de Honduras oprime a la víctima y protege al victimario, y esa situación no ha cambiado”.

Al contrario, agregó el defensor hondureño, “la estructura militar que controla a la Policía se ha vuelto más cruel”.

Mencionó como ejemplos de esa crueldad que la Policía “ha torturado” a civiles en plena vía pública sin importarles que les estén grabando. También, que ha recibido denuncias de personas que aseguran haber sido encarceladas y que luego son obligadas a hincarse sobre alambres “durante 8 horas o más”.

Para el director de Ciprodeh, “la brutalidad militar y policial en Honduras está amparada por una estructura institucional que garantiza esos extremos a los agresores”.

¿Cuándo será capturado JOH?

marzo 2, 2018 Redacción  

Por: Oscar Marroquín

Ya capturaron a “mi Rosa”.

Después de tanto por fin la fiscalía le quitó llave al expediente de la mujer del ex presidente Porfirio Lobo Sosa; en palabras más baratas, de honorable ex primera dama la señora decide pasar a formar parte de la negra noche que esconde en Honduras al narcotráfico, crimen organizado, corrupción, asesinatos políticos e impunidad.

La noticia parece tener apariencia de verdad, solo que, si no fuera porque se da en el contexto de una crisis política producto del segundo FRAUDE ELECTORAL pensado, organizado y ejecutado por Juan Orlando Hernández, entonces todo sería creíble, espacio para la duda no habría.

Repasemos a grandes rasgos cosas ocurridas alrededor de Juan Orlando Hernández para ver si así cuadran las matemáticas:

El Partido Libertad y Refundación LIBRE, acusó a JOH de haberse robado las elecciones del 2013.

Se dice por ahí que el millonario desfalco (ROBO) ejecutado por el Partido Nacional contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se llevó a cabo para financiar la campaña de JOH en el 2013.

La sociedad hondureña harta de tanta corrupción e impunidad, se lanza antorcha en mano a las calles, para exigir un ente internacional similar a la CICIG de Guatemala para que investigue este mal endémico.

Acorralado JOH por la presión social, le pide ayuda a su chero Luis Almagro para que lo salve de la embarazosa situación de denuncias gigantescas de corrupción.

La mujer de JOH hace una pequeña inversión inmobiliaria en los Estados Unidos, se compró una casita en una zona exclusiva no apta para pobres.

Dentro del mercado llamado Congreso Nacional, ocho parroquianos pertenecientes a LIBRE deciden acompañar al Partido Nacional para elegir la tenebrosa Corte Suprema de Justicia, misma que terminó por tirar al cesto de la basura el Art. 239 de la Magna Carta hondureña y con ello limpiar el camino hacia la reelección de JOH, para un segundo mandato.

El Partido Nacional, tira la mirada hacia otro lugar para evitar cualquier reforma electoral, esto a pesar de haber sido sugerido por la Unión Europea y, exigido por la oposición política.

Minutos antes de abrirse las puertas para que el pueblo decida quién sería el nuevo presidente de Honduras, los Cachiros sacan a luz pública su última pieza musical, el New York Time da a conocer que JOH y esta organización de narcotraficantes han mantenido una bonita relación de negocios sucios.

Entre sudor y nerviosismo David Matamoros Batson decide una vez más en comparsa con Arturo Corrales, seguir a pie juntillas las órdenes del PADRINO JOH, amamantar un nuevo y monumental ROBO ELECTORAL.

Medio centenar de vidas hondureñas son arrebatadas por las balas de la Policía Militar (Escuadrones de la Muerte por la noche) por el solo hecho de protestar pacíficamente por el ROBO ELECTORAL.

Vistas, así las cosas, es facial deducir que las matemáticas no cuadran, es decir, en esta pantomima llevada a cabo recientemente en la cual se está haciendo creer que hay persecución en serio contra los corruptos, JOH no es mencionado ni siquiera por accidente, lo cual quiere decir que el único hombre honrado que existe dentro del Partido Nacional es casualmente el que se robó las más recientes elecciones en Honduras.

La pregunta del millón seria ¿Cuándo piensa el Fiscal Chinchilla abrir los expedientes secretos que guarda en su escritorio sobre todo aquello en lo que JOH tiene implicaciones directas e indirectas con el narcotráfico, la corrupción, crimen organizado, fraudes electorales e impunidad?

En resumidas cuentas, mientras el fiscal Chinchilla no diga una sola palabra acerca de lo anteriormente expuesto, lo de la captura de “mi Rosa” y otros nombres nacionalistas implicados en corrupción solamente son acciones que tienen como objetivo blanquear el ROBO ELECTORAL.

Los cuatro secretos básicos para derrotar una dictadura

marzo 1, 2018 Redacción

Por: Glenn Flores*

No hay una formula fácil para derrotar a una dictadura, pero si hay cuatro acciones que se pueden hacer para defenestrar a un dictador de una manera eficiente y con la menor cantidad de bajas. El objetivo de este trabajo es enumerar y explicar de una manera condensada las cuatro tareas que se tienen que hacer para triunfar sobre un régimen dictatorial. Todas estas técnicas han sido puestas a prueba alrededor del mundo, por los expertos en la lucha no violenta y han dado como resultado el fin de los regímenes más despóticos que se han conocido en el mundo.

El primer paso, es el de robustecer a la ciudadanía subyugada fortaleciendo sus ganas de lucha, capacidad de resistir y desarrollando su seguridad en ellos mismos. La población tiene que tener la determinación para sacar al régimen dictatorial del poder. Cuando el pueblo se ha resuelto en un objetivo no hay nada ni nadie que lo distraiga de su meta final. También es imprescindible estar seguros que los resultados se alcanzaran. Y además hay que estar listos para resistir, ya que el dictador hará todo lo posible para quedarse en el poder. 

El segundo paso, es fortalecer todas las asociaciones, organizaciones y grupos donde el régimen opresor no tiene influencia. Entre estas se encuentran los patronatos, cooperativas, grupos estudiantiles, ONGs, ligas locales, grupos de estudios religiosos y un sin número de asociaciones que abarcan todo el arcoíris que incluye a toda la ciudadanía que está en contra de la dictadura. Es importante poder organizarse dentro de estos espacios que vienen siendo las estructuras de base del país ya que como dice el viejo adagio que “cuando los de abajo se mueven los de arriba caen”.

El tercer paso, es crear una fuerte resistencia interna. En esta resistencia tienen que estar incorporados todos los grupos e individuos que adversan al régimen despótico. Una vez que la oposición está conformada en una organización dinámica, se facilita el trabajo de deslegitimación del gobierno usurpador. También es la mejor manera visibilizar a un gobierno espurio ante la comunidad internacional. Hay que recordar que ningún organismo internacional va intervenir en un país, si no observan que la oposición tiene un fuerte respaldo de la ciudadanía. Además, teniendo una resistencia fuerte es más fácil seguir promoviendo las acciones de solidaridad internacional sobre todo en América Latina, EEUU y Europa. Sobre todo, como indica Joaquín Mejía, es importante tener incidencia y presión política en EEUU ya que es el gobierno de este país que le otorga el financiamiento a la policía y ejército de la dictadura.

El cuarto paso, es crear un método estratégico de independencia que sea amplio y que se aplique. Solo mediante un plan es que se puede vencer a una dictadura, es imposible esperar obtener resultados favorables y vencer a una dictadura basado en la espontaneidad. Una oposición organizada y con sus objetivos bien establecidos puede socavar a las más férreas de las dictaduras. Este plan de liberación tiene que ser amplio e influyente que incluya a toda la homogeneidad del país. Y finalmente hay que recordar que para vencer se tiene que articular el plan estratégico que llevara al pueblo al triunfo final. Ya que un plan o método que no se aplica es puro papel mojado. 

La actual dictadura es quizá el gobierno más deslegitimado del continente americano, la mayoría de la población lo detesta y muchos no respetan su autoridad. La oposición tiene una fuerte probabilidad de derrocarlo si sigue los pasos anteriormente mencionados.  Pero eso requiere que se profundice la resistencia a nivel local, en cada rincón del país y que los líderes comunitarios dejen por un lado sus egos y se unan hacia el derrocamiento del gobierno usurpador. En la próxima entrega vamos a profundizar sobre la trampa de las negociaciones.

*Articulista libre.

** El artículo anterior se basa en las luchas no violentas organizadas por movimientos de paz que han derrotado a dictaduras cuyo trabajo ha sido sistematizado por Gene Sharp.

Detención de gerente de DESA confirma hallazgos del GAIPE en torno al asesinato de Berta Cáceres

marzo 9, 2018 Redacción

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- El Grupo Asesor Internacional de Personas expertas (GAIPE) saluda los avances del Ministerio Público, que se concretan en la detención de Roberto David Castillo, ex presidente ejecutivo de la empresa DESA. Esta captura coincidió con la conmemoración del segundo aniversario, desde que asesinaran a la lideresa lenca, Berta Isabel Cáceres Flores al interior de su hogar, en La Esperanza, Intibucá.

CRITERIO estuvo presente en la presentación del informepor parte de Gaipe: /Foto: Cejil

El GAIPE constató y entregó evidencia contundente acerca de la existencia de redes que conectaban a la empresa DESA con poderes estatales, que decantó en un plan minucioso para quitarle la vida la defensora de los Ríos. Estos resultados fueron producto de análisis de más de 40 GB de información telefónica y de otra naturaleza, que conoce el Ministerio Público desde mayo de 2016.

De acuerdo a los hallazgos del GAIPE, DESA mandató a empresas de seguridad privada y sicarios, pero también a fuerzas de seguridad estatales y operadores de justicia, con el fin de controlar y neutralizar cualquier oposición al proyecto Agua Zarca.

La captura de Castillo reafirma lo dicho por la familia desde el primer momento: el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado ni aleatorio. Por el contrario, respondió a un plan de vigilancia, hostigamiento y estigmatización de su rol como defensora de derechos humanos.

Lo anterior demuestra también que existen antecedentes suficientes para construir un proceso acusatorio robusto, que permita identificar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables materiales e intelectuales de este crimen, así como a quienes por omisión facilitaron la ejecución del crimen.

Se requiere mucha voluntad política y decisión del poder judicial para avanzar hacia los máximos responsables. Esperamos que la justicia dé cabida a un proceso imparcial e independiente, que permita dilucidar los diferentes niveles de responsabilidad por este crimen.

Organizaciones de derechos humanos buscan reivindicar la dignidad de las víctimas

Ene 11, 2018

“Salió a protestar porque yo le ensené a defender sus derechos, pero el gobierno me lo mató”, dijo esto entre indignación y dolor, Don David Ramos, padre de José David, joven de 22 años que fue asesinado por el Ejército y la Policía Militar el 01 de diciembre en Choloma, Cortés, durante una protesta contra el fraude electoral. En esa misma represión también fueron asesinados Roger Alberto Vásquez (35), Víctor Evelio Martínez (23). 
David tenía cuatro años de trabajar en una empresa maquiladora. El día de su asesinato llegó a casa temprano, se cambió de ropa, comió y dijo a su familia que iba a protestar. Su padre adolorido cuenta que no se opuso, dejó que se fuera a la protesta porque desde el golpe de Estado de 2009 su familia ha estado denunciando las injusticias. 
“Mi hijo no era un vago delincuente”, como dice el presidente y los medios de comunicación, era un muchacho trabajador, responsable y alegre, explicó a Radio Progreso el padre de David. Según fotografías y testimonios de la ciudadanía que se encontraba en la protesta, David era de los jóvenes animadores que entonaba con fuerza la consigna “Fuera JOH”. 
Cuando comenzó la represión un disparo le impactó en su espalda, cayó al suelo. En ese momento la Policía Militar lo recogió y llevó a un centro asistencial. David iba con vida pero horas después informaron a su familia que murió producto de una laceración en el cráneo, un certero disparo en la cabeza. 
“A mi hijo lo mató el gobierno por protestar y exijo justicia”, enfatizó el padre quien junto a su esposa ahora tienen la enorme responsabilidad de educar a Juan José, el pequeño hijo de David. Ese niño que no volverá a ver a su padre, que se quedó con esa imagen de un joven que luchaba porque su presente y futuro fueran distinto, que pudiera crecer en una Honduras libre de corrupción e impunidad. 
Las cifras hablan 
Sólo en el Valle de Sula, al norte de Honduras, 14 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas que en su mayoría fueron pacíficas. Las víctimas eran jóvenes que decidieron salir a las calles a defender su voto, salvar la democracia. Muchos de ellos ejercieron el sufragio por primera vez, tenían la esperanza de cambiar el gobierno impositivo de Juan Orlando Hernández, contar un empleo y gozar del privilegio de seguir viviendo en su país. 
Hasta el momento el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, registra más de 30 asesinatos a manos de militares y policías a nivel nacional. David es el número cinco de esa lista. Además, más de 80 personas enfrentan procesos criminales, de los que 15 jóvenes se encuentran privados de libertad en los centros penales en Ilama, Santa Bárbara y El Progreso, Yoro, únicamente por participar en protestas contra el fraude electoral. 
A través de conferencias de prensa y comunicados el gobierno de Juan Orlando Hernández y las Fuerzas de Seguridad del Estado, han asegurado que las personas que permanecen en las calles protestando pertenecen a grupos delincuenciales y son los responsables de los saqueos a centros comerciales y de agresiones contra policías y militares. 
Sin embargo, en el trabajo de campo que ha realizado la Coalición contra la Impunidad junto a la Convergencia Juvenil contra el Continuismo se puede constatar que las personas asesinadas no pertenecían a ninguna agrupación criminal. “Eran jóvenes que siendo niños sufriendo el golpe de Estado de 2009 y que por primera vez salieron a ejercer el sufragio”, dice la abogada de la Coalición Heidy Alachán, explicando que desde las organizaciones buscan reivindicar la dignidad de las víctimas y rescatar la determinación que llevó a la gente a permanecer en las calles defendiendo la democracia. 
Desde la Coalición contra la Impunidad, también se ha documentado los casos de tortura y detenciones arbitrarias en el marco de la crisis post electoral. Hay otro grupo de personas en el sector de Villanueva, Cortés que fueron detenidas y torturadas por la policía y los militares, explicó la abogada del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric, Brenda Mejía. 
Según Mejía, una de las víctimas narró que en el centro penal de El Progreso los colocaron en medio de una cancha, lanzaron gases lacrimógenos y disparos. “Estas personas tienen miedo de denunciar las agresiones”, dijo la abogada manifestando que algunas víctimas han recibido amenazas a muerte por parte de militares y policías. 
Otro caso de tortura documentado por la Coalición es el de 33 jóvenes detenidos el 01 de diciembre en San Pedro Sula. Ellos fueron acusados por saqueo y robo agravado. Inicialmente fueron trasladados a la 105 Brigada, campamento militar donde les lanzaron gas lacrimógeno cada vez que intentaban dormir, permanecieron sin ingerir alimentos durante dos días y fueron obligados a caminar de rodillas. Claros signos de tortura a manos de militares.
Posteriormente los trasladaron a la cárcel de máxima seguridad en Santa Bárbara “El Pozo”. Fue gracias al trabajo de las organizaciones de derechos humanos que 8 días después los dejaron en libertad. “Juan Orlando y su cúpula militar y policial deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad”, afirma la abogada Brenda Mejía. 
También desde la Coalición se ha documentado la negligencia de las instituciones del Estado, que deberían de garantizar la vida de la población. Un caso específico es la atención médica precaria que ha brindado el Hospital Mario Catarino Rivas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, a la población herida durante las represiones violentas ejecutadas en las últimas semanas. A eso se suma la ineficiencia y falta de voluntad política del Ministerio Público para investigar las agresiones cometidas por los uniformados. 
“No vamos a parar” 
Las organizaciones de derechos humanos saben que ahora son las víctimas, sus familias y los sobrevivientes que los demandan cercanos, que los quieren en las calles, acompañado sus protestas, nadando contra corriente en medio de una institucionalidad que perdió rumbo, que fue secuestra y que es dirigida por el mismo grupo que se impone en el poder. 
Es por ese trabajo arduo y cercano, que Don David tiene la esperanza que el caso de su hijo y el de todos los asesinados en el marco de la crisis no queden impunes. Se consuela al saber que su hijo estuvo en el lugar correcto, estuvo en las calles, denunciado el evidente fraude electoral que se impuso pese a la voluntad ciudadana.

En Honduras las protestas por las elecciones se reprimieron con fuerza excesiva y letal, dice el informe de las Naciones Unidas

Por defensores -

13 marzo, 2018

GINEBRA
Miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la policía militar, utilizaron una fuerza excesiva – incluso letal- para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales de noviembre pasado, señaló un informe de la Oficina del ACNUDH el lunes.
En el informe se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del Presidente, el 27 de enero. En el documento se llega a la conclusión de que por lo menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. Al menos 16 de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. El informe documenta también las muertes de 15 personas, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas, en el periodo anterior a las elecciones.
Aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, en el informe se destaca que “el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo”. En particular, esto quedó ilustrado por los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza.
“Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales”, indica el informe. Hasta el 27 de enero, según información recibida no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
Además, unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre. Los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen “sospechosas de algún modo” de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, resultando en arrestos masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación.
En el informe también se destacan los “alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto y/o detención””, allanamientos  ilegales  de  viviendas  y  un  aumento  de  las  “amenazas  y  el hostigamiento  contra  periodistas  y  otros  trabajadores  de  los  medios  de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos”.
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron “en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009, y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social.” El informe insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo, sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación.
“La situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.
Entre sus recomendaciones, el informe pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas en las funciones de aplicación de la ley y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. En el informe se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.
Ver inform completo aquí: Informe Violaciones Derechos Humanos post electoral Alto Comisiona ONU

Atacan movimiento de recuperación de tierras: Balas contra campesinos en el Aguán dejan primer herido

Monday, 28 August 2017 08:30 Written by  Dina Meza Published in Contexto 

A las cuatro de la mañana con 20 minutos de este 28 de agosto se produjo el primer herido de bala en el Aguán. Se trata de Se trata de Edgard Rodriguez, un campesino de la Empresa campesina Cayo Campo Remolino en tierras ocupadas por el terrateniente Reinaldo Canales, como producto del movimiento de recuperación de tierras iniciado por los campesinos y campesinas en esa zona desde este domingo 27 de agosto de 2017.

Desde el 2014 están esperando una respuesta del gobierno para que las tierras estatales en poder de los terratenientes de la Corporación Dinant, Reinaldo Canales y René Morales retornen al campesinado que es el que debe trabajarlas.
A más de tres años de espera, las respuestas han sido las balas, persecusiones, militarización, despariciones forzadas, amenazas a muerte y campañas de desprestigio contra los liderazgos. La infiltración no se ha quedado quieta.
Se espera mayor represión en las horas próximas pues el movimiento de recuperación de tierras está dispuesto a lograr su objetivo.
La Plataforma Agraria del Valle del Aguán hizo un llamado urgente en la media noche del  domingo para que las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales pongan sus alertas rojas sobre este problema.
Hoy 28 de agosto este plataforma emitió el siguiente comunicado:
Comunicado de Prensa
Guardias de seguridad de corporación terrateniente en el bajo Aguán hieren de bala a campesino en recuperación de tierra
La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán comunica al pueblo hondureño, a organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacional lo siguiente:
Que esta madrugada cuando las familias campesinas de la Empresas Nuevo Evenecer estaban en posesión de la Finca Remolino fueron atacados por los guardias fuertemente armados de la Corporación Inversiones Ceibeña del terrateniente Reinaldo Canales, dejando herido de bala al compañero Edgardo Rodríguez de 30 años de edad en la pierna derecha muy cerca del testiculo. En estos momentos se encuentra recibiendo atención medica en el hospital San Isidro en la Tocoa.
Unas 800 familias campesinas constituidas en Empresas Asociativas Campesinas del Bajo Aguán entraron de forma pacífica al proceso de recuperación de sus tierras la tarde ayer y la madrugada de hoy en la Finca el Tumbador, la Paso Aguán, Remolinos y en otras áreas en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), debido a la falta de respuesta a las necesidades de las familias campesinas, por parte del gobierno de Honduras.
Las familias de la Empresa Asociativa Campesina Gregorio Chávez recuperaron la tierra de la Finca Paso Aguán y la Empresa Palo Verde la Finca el Tumbador ambas fueron destinadas para procesos de reforma agraria, estás ubicadas en el municipio de Trujillo, estas acaparadas por Corporación Dinant.
La tierra de la Finca Remolino fue destinada para proceso de reforma agraria en 1970, está ubicada en el municipio de Trujillo, y acaparada por Inversiones Ceibeña del terrateniente Reinaldo Canales.
Las Empresas Asociativas Campesinas de Producción 19 de mayo, Buenos Amigos, Unidos de la Mano, 6 de agosto recuperaron tierras en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), que están ubicadas en el municipio de Saba y Trujillo.
El día de ayer en horas de la tarde noche las familias campesinas ubicadas en la recuperación de tierras en diferentes sectores en el Bajo Aguan fueron amenazadas por la policía bajo el mando del comisionado departamental Zapata, y miembros del ejército bajo la orden del jefe de la operación Xatruch, Hugo Coca quienes manifestaron “abandonen de inmediato la finca de lo contrario serán desalojados con el uso de la fuerza”.
Así como también condenamos cualquier estrategia de criminalización hacia los compañeros y compañeras que están en posesión de las tierras recuperadas en el Bajo Aguán, ya que las corporaciones terratenientes y el gobierno de honduras han utilizado diferentes acciones para desmeritar nuestra lucha.
Estas acciones se dan debido a la falta de voluntad política por parte del Gobierno, al negarse a escuchar las propuestas de las organizaciones campesinas del Bajo Aguán que ya hace años han venido presentando propuestas pero estas no han sido escuchadas.
Cabe destacar que muchos de los lideres y lideresa campesinas que se encuentran en la recuperación de la tierras son beneficiarios de la MC50-14 otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Alertamos a organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos, a estar pendientes de los actos violentos que podrían seguir sufriendo los campesinos y campesinas que están en posesión de las tierras por guardias de seguridad de Corporaciones terratenientes, policía y miembros del ejército de Honduras.
Vea una cronología de lo que pasa en estos momentos en El Aguán Aquí

HONDURAS: ESO QUE UDS. LLAMAN “GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN”

Publicado: 31 Diciembre 2017

EL LIBERTADOR, publicó hace unos años “La Auto información reemplazará a los medios de comunicación tradicionales” y eso es hoy.- La prensa tradicional seguirá influyendo por algún tiempo más, cada vez menos, pero en la actualidad ya no determina el rumbo de la nación, ya no controla la opinión nacional.

En esa breve historia de los “Grandes Medios de Comunicación”, ¿dónde está usted lector hondureño? ¿Se encontró en la empresa privada que llena de páginas de publicidad a los medios tradicionales o en la Madre proveedora de esa prensa, el gobierno?, si no pertenece a ese círculo de relaciones, ¿qué lo hace creer que a la prensa tradicional la interesa su versión, su historia?

Reflexión

EL LIBERTADOR

redaccion@ellibertador.hn

Los heraldos fueron los sirvientes del Rey, ellos llevaban los mensajes de la majestad y sobre la Tribuna le comunicaban al vulgo las encomiendas imperiales. Nunca funcionó al revés, no servían a los pueblos. Una historia ya conocida en la hondura de este país. Nada nuevo.

Los “Grandes Medios de Comunicación”, nacieron hace más de un siglo en Honduras, ¡sorpresa!, no fueron fundados por los pobres, sus creadores no eran ricos como hoy sus nietos, se esforzaron en la construcción, no tienen vínculos hondureños, pero sí con el trabajo en la tarea de posicionarlos en los públicos de la sociedad hondureña, algunos en sus orígenes se les vinculó como izquierdistas –Sí, revoltosos-, pero después se encaminaron o murieron.

Estos viejos de la comunicación, crecieron entre golpes de Estados, desapariciones forzadas y el surgimiento de lo que hoy es la gran empresa privada, crecieron juntos, son hermanos de la misma madre, tienen cuentos maravillosos de cuando casi morían de hambre y sus paisanos les dieron capital para seguir con su función. No hay almuerzo gratis, “Por cierto, ya está listo el almuerzo”.

Y luego está la Madre, la noble, la gran proveedora de todos sus hijos, que los alimenta de su seno, para que crezcan robustos –unos llevan más de cien años en eso-; los gobiernos hondureños liberales, nacionalistas y juntas militares han alimentado la maquinaria mediática tradicional. Y cada uno de estos políticos, una vez fuera del poder, sintieron el terror de lo que nutrieron. “Le roi est mort, vive le roi”.

Estas empresas de las comunicaciones en su mayoría no son rentables. Pero pertenecen a consorcios de empresas que las mantienen, son armas; Diario Tiempo no murió porque el gobierno de Hernández le quitara la pauta publicitaria, sino que al devastar Banco Continental que conectaba todo el “holdding”, asesinó la fuente de financiamiento del medio y la razón de existir. Pero volverá, quizá con otro nombre.

En esa breve historia de los “Grandes Medios de Comunicación”, ¿dónde está usted lector? ¿Se encontró en el hermano, la empresa privada que lo llena de páginas de publicidad o la Madre proveedora, el gobierno?, si no pertenece a ese círculo familiar, ¿Qué lo hace creer que a la prensa tradicional le interesa contar su versión, su historia?

La buena noticia es que eso es pasado. Los medios tradicionales perdieron para siempre el prestigio, son demasiado pesados, aburridos y con tantos compromisos que sólo pueden comunicar noticias de farándulas o ridiculizarse usando fotos falsas en accidentes de helicóptero, llamar “Sucesión” un golpe de Estado, decirle “Democracia” a un Fraude Electoral. Lo demás ya lo conocemos, “Semana Santa”, “Día de la Madre”, “15 de septiembre” y “Navidad”, los títulos ya están escritos.

EL LIBERTADOR, publicó hace unos años “La Auto información reemplazará a los medios de comunicación tradicionales” y eso es hoy. Las redes sociales, los lectores más despiertos, el acceso al mundo a través de la red Internet avivó a las personas; sin embargo, mucha información, confunde y distrae, carece del proceso de las ciencias de la comunicación, ¡Eureka!, la simbiosis perfecta, esa masa de lectores que desea comprobar la verdad de la información, se abreva en los medios Alternativos: Los medios modernos para las nuevas generaciones, irreverentes y deliberantes.

Más de 400 mil personas mensuales navegan por las redes de EL LIBERTADOR y en coyunturas como las elecciones 2017, más de un millón de personas se nutrieron con nuestros contenidos, en los diferentes canales digitales, superando por mucho cualquier tiraje de un medio viejo y desfasado que circula en el mercado de la información nacional, ¿incrédulo?, búsquenlo en “Alexa Analytics” u otras fuentes. 

Los medios de comunicación alternativos, ganan más espacio y credibilidad, pero las fuentes de financiamiento son escasas, por lógica deberían ser los sectores sociales de la población que los cobijará pero no es así, tampoco es la izquierda de Venezuela o un partido político, paradójicamente son personas que consideran que deben existir estos medios, por la salud de un país y los más adelantados porque les interesa el mercado para sus empresas.

Cuando Usted se esté informando a través de un medio alternativo, no diga: “Esto no lo publican los demás”, “Lo que callan los grandes medios”, le falta el respeto a personas que decidieron tomar una decisión de no tener una existencia acomodada y donde lo primero que se puso enfrente fue la vida, ese equipo de trabajo, también tienen familia, sueños e ideales, también se cansan, pero no pueden irse a dormir cuando advierten que los intereses del pueblo están siendo amenazados o en peligro.

Ha costado 15 años, que empresarios y gobiernos entiendan el lema “Vendemos un espacio publicitario, no la línea editorial”. Amigo lector, tenga la seguridad que cuando mira un anuncio en EL LIBERTADOR, el cliente lo ha pautado por nuestro mercado, porque sabe que por los canales tradicionales no podría llegar donde Usted. Y eso merece respeto. Hay que educarse y entender que el gobierno no le pertenece a una persona, que sí hay publicidad no significa que se vendió el medio. Un consejo gratis, lea siempre el editorial de un medio de comunicación y sabrá a quien defiende.

“Si EL LIBERTADOR llegara a morir, jamás volveremos a hablar de lo que fuimos o hicimos por nuestro pueblo. Con nadie”, esa es una de las expresiones de nuestro Director-Fundador. Esta expresión se sienta sobre la base que hoy estamos aquí, para que los lectores se informen, para confrontar las injusticias, no para ser “La verdad en sus manos”, sino para que juntos construyamos la verdad desde su realidad.

La decisión es suya estimado lector, si puede comprar un ejemplar, ¡hágalo!, si quiere comprar publicidad ¡hágalo!, su disposición es hacer una donación ¡hágalo!, pero por favor, si su decisión es no hacer nada, no llore mañana, no le pida a los tradicionales que actúen de forma distinta por usted como parte de un pueblo que exige una sociedad en paz y próspera, no fueron creado para eso, hacen su trabajo para sus dueños, y Usted seguirá lamentándose: “Los grandes medios de comunicación…”

Con el cambio en el manejo de divisas, los bancos hondureños estarían adquiriendo dólares de origen desconocido

febrero 27, 2018 Redacción

Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn

El cambio en el manejo de las divisas en Honduras supone que los bancos estarían adquiriendo divisas a través de casas cambiarlas y de las propias ventanillas de los bancos y en el ámbito de la eventualidad, divisas de origen desconocido, dijo el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).

El FOSDEH observa, con cierta preocupación, el notable incremento del mercado paralelo de divisas en las principales ciudades del país. Esto supone un flujo de origen desconocido de divisas más allá de los aproximadamente 14 mil millones de dólares anuales de exportaciones, remesas y endeudamiento externo.

La resolución No. 20-1/2018, de la cual se hace referencia, pero no se conoce el texto públicamente, se deduce, por tanto, que los bancos comerciales están autorizados a adquirir el 20% de divisas para sus propias erogaciones y para la venta en el Mercado Interbancario de Divisas.

Comunicado Fosdeh

El Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, preocupado por las diversas Implicaciones que tiene la política cambiarla y crediticia del país considera oportuno informar a la población en general acerca del contenido de la Circular 3711 del Banco Central de Honduras en la cual se entrega el 20% de las divisas a los bancos comerciales.

1. La resolución No. D-03/2018 y circular No. D-04/2018 en el marco de la sesión No. 3711 del 24 de enero, que contiene el Reglamento y la Normativa Complementaria Para la Negociación en el Mercado Organizado de Divisas, tiene implicaciones monetarias, crediticias y cambiarias en tanto aumenta la proporción de divisas en poder de los bancos comerciales y ello conlleva diversas situaciones que podrían, eventualmente, impactar varias variables y condiciones económicas en el corto y mediano plazo.
2. FOSDEH observa, con cierta preocupación, el notable incremento del mercado paralelo de divisas en las principales ciudades del país. Esto supone un flujo de origen desconocido de divisas más allá de los aproximadamente 14 mil millones de dólares anuales de exportaciones, remesas y endeudamiento externo. Esto supone que los bancos estarían adquiriendo divisas a través de casas cambiarlas y de las propias ventanillas de los bancos y en el ámbito de la eventualidad, divisas de origen desconocido.
3. La resolución No. 20-1/2018, de la cual se hace referencia, pero no se conoce el texto públicamente, se deduce, por tanto, que los bancos comerciales están autorizados a adquirir el 20% de divisas para sus propias erogaciones y para la venta en el Mercado Interbancario de Divisas. ¿Obedece esto a la existencia de un PLAN para una retirada gradual de los requisitos de cesión de divisas, ¿Dejará el Banco Central de Honduras de administrar el tipo de cambio y la disponibilidad de divisas?
4. El FOSDEH manifiesta su preocupación por el grado de exposición de varios bancos operando en el país al endeudarse, de manera intensa, en dólares del mercado internacional. Esto implica, forzosamente que, ante un eventual shock externo, súbita disminución del flujo de divisas por exportaciones y remesas, requerirla no solamente e120% sino una proporción mayor y ello podría presionar aún más el proceso de devaluación continua del Lempira.
5. FOSDEH considera que no existe en el corto plazo el riesgo de una devaluación masiva más allá de la devaluación programada del 4% anua, sin embargo, cabe señalar que la resolución No. 20-1/2018 también genera indicios racionales de un proceso ulterior de mayor endeudamiento de personas naturales y jurídicas en dólares y con ello se aumentarla mucho más la propensión en la tenencia de dólares y generando una presión adicional de devaluación del Lempira.
6. La circular en mención anuncia que las ofertas mínimas de compra de divisas serán de 40,000 dólares para los bancos y 10,000 dólares para las casas de cambio. Esto significa que existe una abundancia relativa de divisas y por ello se amplía 4 veces el monto de las ofertas mínimas, al pasar este límite de 10,000 dólares a 40 mil dólares con lo cual se interpreta que al parecer existe y se anticipa un Importante crecimiento del stock de divisas y ello obliga a generar una pregunta importante: ¿Por qué seguir devaluando el Lempira?
7. La forma particular de gestión del tipo de cambio del Lempira ha sido, en gran medida, contraria a la teoría cambiaria estándar ya que, en condiciones normales, en la medida que es mayor la cantidad de Reservas Internacionales disponibles resulta bastante menor la necesidad de devaluar una moneda, tal como se observa en Guatemala y Costa Rica. Sin embargo, en Honduras el crecimiento de las Reservas Internacionales ha implicado siempre: mayor devaluación. Esta mayor devaluación es; sin duda alguna, mayor empobrecimiento de la población hondureña.
8. El tipo de cambio del Lempira hoy representa la necesidad de los exportadores por obtener una considerable masa de ganancias; incluyendo la industria maquiladora, no obstante que el proceso continuo de devaluación del Lempira implica el empobrecimiento continuo de las familias que tienen que erogar cada vez más Lempiras para adquirir medicamentos, alimentos, prendas de vestir, costo del transporte y de electricidad, y para las MIPYMES materias primas e insumos y una amplísima gama de bienes que antes se producían en el país ( carne de cerdo, arroz, maíz, derivados lácteos, etc.)
9. Frente a la caída de los ingresos tributarios, por los problemas políticos del país, estas medidas pro-devaluación pueden aumentar la inflación y, a la vez, propiciar el incremento no sostenible de los ingresos fiscales especialmente los impuestos sobre producción, consumo y ventas. Igualmente, esto podría estar relacionado con el problema de una supuesta compensación para mantener el 1.5 % adicional al Impuesto a la Renta, estimado a partir de ventas brutas ya no a partir de 10 millones sino de 40 ó 50 millones de ventas anuales.
10. Adicionalmente, creemos que la Resolución viene a compensar la pérdida de las utilidades del sistema bancario emisor de tarjetas de crédito al quedar una tasa promedio de 56% menor a las tasas que regularmente se aplicaban -por encima de 70%-.
11. La Comisión Nacional de Banca y Seguros no se pronuncia sobre las implicaciones de la resolución que beneficia al sector financiero ya que la propia CNBS funciona en un 50% con recursos provenientes del conjunto de instituciones supervisadas, principalmente los agentes cambiarios.
12. En el FOSDEH reconocemos que el Fondo Monetario Internacional ha estado interesado en un proceso de devaluación acelerada y como en este momento no hay un acuerdo vigente, se asume que se trata de una condicionalidad previa para negociar un nuevo convenio.

Tegucigalpa, M.D.C, 27 de febrero de 2018