Familiares de los presos políticos demandaron su libertad frente al MP
Familiares de los 21 presos políticos realizaron este lunes un plantón frente al Ministerio Público en Tegucigalpa para exigir su libertad, se cierren los expedientes judiciales y se respeten las Garantías del Debido Proceso y su Derecho a la Defensa.
La actividad que duró dos horas y el fuerte sol no fue impedimento para que los familiares, así como los amigos y organizaciones de derechos humanos que los acompañaran, gritaran al unísono libertad para los presos políticos.
Esta es una de las primeras actividades públicas que realizan los familiares de los presos políticos en coordinación con el Comité Nacional para la liberación de los Presos Políticos de Honduras.
Actualmente en Honduras hay 21 personas privadas de libertad por participar en las protestas post electoral del pasado 26 de noviembre, las cuales están recluidas en cuatro cárceles del país, dos de máxima seguridad como son La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, y El Pozo en Ilama, Santa Bárbara.
De los 21 que guarda prisión ocho están en el Centro penal de El Progreso, diez en El Pozo, dos en La Tolva y la única mujer presa política en la cárcel de Tela, en el departamento de Atlántida.
En un comunicado leído y distribuido a la prensa nacional e internacional que cubrió la demanda de los familiares, se exige la liberación de sus parientes; que se cierren los expedientes judiciales por carecer de pruebas que los vincule a los hechos imputados; que mientras permanezcan recluidos se les brinde atención médica inmediata y se garantice el acceso al agua y comida adecuada.
También exigen que los que están recluidos en las cárceles de máxima seguridad se transfieran a Granjas Penales cercanas a sus domicilios y se le respeten las Garantías del Debido Proceso y de su Derecho a la Defensa, incluyendo la transferencia de los casos de los juzgados de competencia territorial al Sistema de Letras de lo Penal.
Asimismo los familiares denunciaron que sus parientes se encuentran recluidos en condiciones infrahumanas de hacinamiento, sin acceso a artículos de higiene personal, sin acceso a la salud y agua potable, tanto para el consumo como para su aseo personal.
“Consideramos que dentro de las sucesivas audiencias en tribunales se ha evidenciado la constante parcialidad de los jueces que llevan estos juicios, a favor de los fiscales. Una y otra vez los fiscales han presentado a policías y peritos como testigos que solo hablan y exponen únicamente en base a la supuesta declaración del ‘testigo clave’ que generalmente es un testigo protegido”.
También denunciaron los familiares que tienen cerca de tres meses de no ver a su pariente, ya que se les pone un montón de trabas y los están obligando a sacar un carnet de visita, que para poderlo obtener tienen que invertir cerca de 3500 lempiras y el mismo solo tiene validez por seis meses.
Los apoderados legales que representan a los presos políticos no han podido realizar su trabajo, se les niega el acceso al expediente, vulnerando el derecho a la defensa de cada imputado, situación que es grave en el debido proceso.
“La parcialidad notoria ha quedado muy evidente en cada declaración, la falta de rigor de la fiscalía en las pruebas, las dudas e incoherencias que han demostrado sus peritos”.
Peritos que tiene supuestas pruebas científicas como la geo referenciaciones que terminan siendo principalmente supuestos e imprecisiones, éstas no vinculan a ningún imputado directamente con el hecho que se le imputa a los presos.
En el plantón realizado frente al Ministerio Público participaron familiares de los 21 presos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos que aglutinan el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Honduras, defensores de derechos humanos, así como amigos de los privados de libertad.
Carta al Presidente Ottón Solís sobre Eduardo Urbina. Simple.
A muchos en la vecindad nos inspira respeto su país, Presidente por haber construido luego de 1948 una democracia creíble. Única en la región. Los más rigurosos no creemos en la democracia de D. Ortega y entendemos que no ha alcanzado a sistematizarse en El Salvador. Está llamada a ser ejemplar por lo mismo, Costa Rica. A comportarse en su relación con los demás pueblos del istmo de manera solidaria y cautelosa. Y ha sido así largamente. Tanto en la esfera académica como en la pública he servido, a mucho orgullo junto con colegas costarricenses académicos muy respetables todos, a un par de los cuales he amistado. Conozco su crítica del CAFTA que nos empobrece.
Ud. Presidente también es colega académico antes de ser funcionario, investigador del pasado y presente, pensador crítico y más que un oficio, esta condición es tan irrenunciable como la del sacerdocio y tiene el mismo grado teórico de compromiso. Ético y vital. Con la verdad. Usualmente encubierta bajo las formalidades y las apariencias, con que alguien anda siempre tratando de ocultarla, aunque nos salte a la vista, que siempre es incomoda. No le voy a ocultar que por esa misma particularidad me molestó que su gobierno fuera no se si el tercero o cuarto de la región, después de los de México (corrupto), Guatemala (tan precaria) y Panamá, siempre tan servil, en reconocer como legitimo, felicitar y apoyar este Diciembre pasado la fraudulenta reeleccion de JOH. Me dio pena ajena y hubiera sentido completamente avergonzado de no ser porque, casi de inmediato se publicó un comunicado de los colegas académicos ticos repudiando esa farsa. No es cierto que la relación con los vecinos obligaba a Costa Rica a tomar ese paso antes que los demás. Ni que existiera un fin superior que justificara esa traición a los ideales de la decencia publica. No es un asunto personal Presidente.
Funcionarios de su gobierno, supongo que de lo equivalente a una gobernación, están ahora mismo a punto de enviar por la fuerza a Honduras al joven estudiante Eduardo Urbina, perseguido político aquí por su participación en las protestas, primero las universitarias y luego las que justamente estallaron como repudio a la imposición del fraude electoral reciente. Yo vengo a esta página a advertirle que si Ud. hace eso, si lo permite, se convertirá en cómplice de la dictadura hondureña e incurrirá en una condena de la historia del pueblo, que ya se sabe que distinta de la oficial, pero es de la que se destila la historia verdadera. La ética esencial no es una rutina, se relaciona y deriva de situaciones concretas.
Después que en Costa Rica dejaron de ser importantes las violaciones a los derechos humanos con la extinción del ejército, en Honduras han persistido esos atropellos hasta hoy. Por eso existen en el país instituciones respetadas, que amparan y protegen y cuando parece inminente un peligro previenen, conduciendo al perseguido a algún refugio, necesariamente en el exterior, ninguna más respetada que el Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos en Honduras. Esta es la situación aquí. Ha decenas de los nuestros en cárceles de alta seguridad.
Nosotros contamos 36 asesinados en las protestas post electorales, después del 27 de Noviembre. El Informe oficial de NNUU publicado la semana pasada reconoce la ejecución extrajudicial por la policía militar y el ejército de veinte y tres ciudadanos como Urbina aguerridos, y otros muy distintos, mujeres, jóvenes y viejas, ancianos desarmados y muertos con armas oficiales sin representar ningún peligro para el orden público. Bajo amenazas directas, Urbina salió de Honduras protegido por el COFADEH. ¡Una semana antes de que ocurriera el incidente en el cual la autoridad perversa de mi país lo acusa de haber quemado un vehiculo de la tropa enviada a reprimir manifestantes! No esta para nada claro quien incendió ese transporte. Todo indica que fue una operación de falsa bandera del mismo ejército para auto justificarse. Consta que se montaron muchas operaciones de ese tipo, con sus propios elementos y delincuentes comunes y adeptos suyos a los que nunca se previno hacer desmanes, ni capturó ni persiguió. Esta clarísimo que no incendió el camión Eduardo Urbina, porque no estaba ahí, si no fuera del país. Las evidencias presentadas para acusarlo a él y a La Resistencia son unas fotografías borrosas de la escena en las que –quizas- los perpetradores del hecho huyen de las primeras llamas. No se ocupa saber más para darle refugio. Pero fíjese bien, Presidente.
No podría yo contundentemente afirmarlo porque me pondría en riesgo inútil. (Aquí el fiscal y el juez los nombra JOH.) Pero Ud. puede hacer otro ejercicio lógico. La Constitución hondureña prohíbe la reelección presidencial y asimismo el uso de recursos públicos para el proselitismo y por supuesto condena el fraude electoral, la más vil trampa de la democracia. Si la OEA, Señor, tiene razón y las elecciones no arrojaron un ganador creíble, según esa ley suprema, ¿sería legal el gobierno que se quedó con el poder y reprime nuestras protestas en las calles? Esa misma carta magna establece que nadie tiene obligación de servir ni obedecer a un gobernante usurpador y, entonces para establecer una autoridad legítima necesaria, funcional, los ciudadanos quedarían obligados a insurreccionarse contra tal usurpador. En esa situación, quemar los camiones de los que los militares desembarcan con armas de alto poder y disparan sobre los manifestantes para apoyar a una dictadura, lejos de ser un delito de orden público ¿no seria un deber ciudadano para proteger a nuestra gente? Si fue uno de los nuestros quien quemó ese camión ¿no estaría entonces justificado en ley? Si cualquiera de los nuestros tiene oportunidad de incendiar camiones de militares que están disparándole al pueblo en la calle, ¿estará delinquiendo o cumpliendo con un deber? Y puesto que comportará gran riesgo para gente desarmada, cumplir ese deber ¿no tendrá que considerarse un acto de heroico? ¡Todos somos uno en la historia sacramental que repite una obra de teatro esencial, universal!
La semana santa que se avecina es la celebración cum repetición cíclica ritual de una historia antigua cristiana, de persecución, cárcel, pública tortura y ejecución infamante de un inocente hace casi 2000 años. Los demás también seremos oficiantes, coautores, victimas o testigos de lo que suceda aquí según las alternativas o papeles disponibles en ese drama metahistórico. Como Pilatos Ud. puede lavarse las manos, y entregar a Eduardo Urbina a la autoridad espuria sin considerar los muchos argumentos formales y peticiones que han hecho él y los organismos de derechos humanos de Honduras, de Costa Rica y del mundo. O no. Simple.
Asociación de estudiantes de Historia (AEH)
Desde la crisis post electoral se rompe el Estado de Derecho y del orden constitucional al instaurarse una dictadura cívico-militar presidida por el histórico nacionalismo conservador ha llevado a cabo una campaña de represión, persecución y actos de lesa humanidad contra la sociedad hondureña que solo exigía(exige) transparencia y justicia.
Nosotros y nosotras como estudiantes de la carrerea de historia conscientes de la urgente necesidad de construir una nación en que se garanticen los derechos humanos de la ciudadanía, así como del terrible daño que causa la ausencia de una convivencia digna para el progreso de los pueblos, manifestamos lo siguiente:
a) Nos solidarizamos con nuestro compañero EDUARDO ENRIQUE URBINA AYALA que estando de refugiado político en el país vecinos de Costa Rica ha sido detenido y con amenaza de extradición. Acusándole de la quema de un camión militar y de provocar los saqueos en las tomas post electorales, cuando el compañero había salido del país por la misma represión que era víctima de la dictadura. El compañero Eduardo salió del país el 11 de diciembre y los hechos ocurridos fueron el 17 de diciembre del 2017, él ya no se encontraba en Honduras y no existe una vinculación con los hechos suscitados.
b) Responsabilizamos al Estado de Honduras de atentar contra la integridad física y emocional de la población, al existir clara evidencia de su vinculación con diversos casos de violación a los derechos humanos, desde la represión desmedida hasta el asesinato de manifestantes que exigían se respetaran los principios democráticos de nuestro país.
c) Exigimos libertad para los presos políticos y la extinción de los procesos penales, así como el esclarecimiento de todos los casos de violación a los derechos humanos en los que el estado de Honduras se ha visto involucrado.
d) Exhortamos a la población hondureña en general a exigir que se respete La dignidad de la persona humana que es inherente a la ideología política, religión, origen nacional o étnico, o cualquier otra condición.
¡LIBERTAD PARA EDUARDO Y NUESTROS PRESOS POLÍTICOS!
¡JUSTICIA PARA NUESTROS PUEBLOS!
Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”
Comunicado docentes carrera de Historia-UNAH
1. Honduras vive desde hace años una situación de deterioro progresivo de los derechos humanos más básicos, agravada estos últimos meses por el proceso electoral del 26 de noviembre del año 2017 que fue y continúa siendo objeto de serios señalamientos y denuncias de fraude. Situación que ha generado una crisis política, originada por las irregularidades y la falta de credibilidad institucional, particularmente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), además de la represión por parte de miembros de la policía y el ejército a las movilizaciones de ciudadanos, provocando alarmantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como lo corrobora el último informe publicado el 12 de marzo de 2018 por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras.
Estas violaciones saltan a la vista en los casos debidamente documentados de al menos 23 ciudadanos que han perdido sus vidas, incluidos dos niños. La principal sospecha de estos asesinatos recae en miembros de las fuerzas militares y policiales del Estado. Además, se reportaron una gran cantidad de personas detenidas en los días posteriores a las elecciones, algunos de ellos todavía recluidos en cárceles de máxima seguridad. Todos estos hechos indican que la ciudadanía hondureña vive un ambiente político tenso, con una severa limitación de derechos humanos fundamentales e inalienables.
2. Existe suficiente documentación para comprobar que el estudiante de la Carrera de Historia, Eduardo Enrique Urbina Ayala, viajó al extranjero el 10 de diciembre del año 2017, acompañado por representantes de reputados organismos de derechos humanos que vieron en peligro su vida, luego que el joven recibiera amenazas y ataques a su integridad personal, motivadas todas por el odio a sus ideas políticas. Cinco días después de su salida de Honduras, mientras se encontraba en Costa Rica, ocurrieron los hechos por los cuales fue acusado no solo en las instancias judiciales, sino también en el espacio público mediante una deshonesta operación propagandística montada en los principales medios de comunicación y redes sociales.
En los últimos días, han surgido nuevas amenazas por parte de miembros asesores de gobierno y de las autoridades policiales hondureñas de hacer efectiva su captura, con lo que el gobierno transmite un mensaje negativo a la sociedad hondureña y la comunidad internacional en la búsqueda de una salida democrática a la actual crisis de legitimidad política.
3. Mostramos nuestro profundo agradecimiento a la comunidad académica (profesores, estudiantes y personal) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y otras autoridades de este vecino país, que en un noble gesto de humanismo y solidaridad, han acogido a Eduardo Enrique Urbina Ayala y le ha proporcionado una segunda patria, un segundo hogar. Tenemos la plena fe que, de igual forma, la sociedad costarricense, reconocida en el ámbito internacional por sus avances democráticos, no siempre exentos de adversidades, sabrá dar cobijo a nuestro estudiante y compatriota en estos momentos tan difíciles para el respeto de las libertades en Honduras.
4. La persecución política contra el estudiante Eduardo Enrique Urbina Ayala no es un hecho aislado. Hemos presenciado el uso de la violencia física, el acoso judicial y la restricción a libertades fundamentales contra otros estudiantes que han expresado determinadas opiniones políticas. Medidas que han sufrido muchos hondureños/as por el mismo o similar acto de expresión, en relación con los acontecimientos ocurridos después del 26 de noviembre del año 2017.
Sabemos que nuestra comunidad universitaria está compuesta por individuos con diversos credos e ideología, por lo que solicitamos el respeto a la participación y manifestación de sus derechos como ciudadanos de este país. Por ello, hacemos un llamado para que acabe el estado actual de agresión y cacería política.
Se promueva el respeto a la libertad de expresión y se instaure un diálogo sincero, el cual jamás será posible si continúan acciones como las que mantienen en zozobra a nuestro estudiante Eduardo Enrique Urbina Ayala. Situación que al hacer memoria solo nos hacen recordar períodos de la historia en los que se vieron frustrados los sueños de paz, justicia y democracia. La violencia contra las diferencias de opinión y las libertades destruye toda convivencia pacífica. En lugar de sanar heridas, las infestan y abren otras.
El empeño por atentar contra la integridad física y emocional de la juventud corta de raíz las posibilidades históricas de una nación hondureña democrática. Escuchemos y establezcamos mecanismos humanos de resolución del presente conflicto, sin caer en arbitrariedades y engaños. Quizás así acabe de una vez la recreación constante de episodios dolorosos en nuestra historia.
5. Responsabilizamos al gobierno de Juan Orlando Hernández por cualquier daño a la integridad física y emocional de Eduardo Enrique Urbina Ayala. Con base en las evidencias documentales, en manos de los organismos de derechos humanos y de la propia Fiscalía, se demuestra que no tiene nada que ver con los hechos que se le imputan.
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C.
PROTESTAS Y CRIMEN NO DAN TREGUA AL GOBIERNO DE HONDURAS
El
gobierno de Honduras no ha tenido tranquilidad a pesar de que la
oposición política ha dejado de convocar a movilizaciones durante este
mes, ahora rebrotan todos los días la criminalidad y distintas
manifestaciones de inconformidad, donde destacan gremios de trabajadores
que reclaman el incumplimiento y falta de interés en las promesas de
campaña. Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Marzo
ha sido un mes duro para la institucionalidad del país, ya que el
gobernante Partido Nacional ha tenido que presenciar un escenario
ingobernable desde el vigoroso crimen que todos los días siembra pánico y
se lleva vidas, sumando las diversas protestas ciudadanas en todo el
territorio, que esta vez no han sido convocadas por la Alianza de
Oposición contra la Dictadura.
Los
gremios de los trabajadores han reclamado al gobierno la impunidad en
asesinatos de civiles, el olvido de programas sociales, al abuso de
cargas de impuestos como dijeron ayer los caficultores durante su
protesta en la capital y la irresponsabilidad en la administración
pública con el manejo del presupuesto nacional, luego de que en sus
discursos Juan Hernández describiera un paraíso, su segundo mandato,
ilegal según la Constitución, empezó con el pie izquierdo.
A
finales de 2017, los médicos de Honduras protestaron por el aparente
olvido de la inversión en Salud, meses después los galenos
especializados en afecciones mentales, hicieron lo propio porque han
sido afectados por los internos “judiciales”, personas declaradas
peligrosas remitidas de centros penitenciarios.
Ayer
el sector de transporte es el que ha reclamado en diversos puntos del
país, ya que inconformes con el trato del Instituto Hondureño de
Transporte Terrestre (IHTT), el gremio de taxistas en La Ceiba declaró
un paro de labores por las altas multas que se les cobra si trasladan a
pasajeros fuera de la ciudad.
De
ese modo, la avenida San Isidro de “la novia de Honduras”, se vio
abarrotada por los transportistas que además manifestaron su descontento
frente a las sanciones que recibieron algunos por reclamar ante la
multa.
Por
su parte en la capital, Tegucigalpa, los taxistas hicieron lo propio en
el parque central, exigiendo que el Congreso Nacional ponga en acción
el proceso de reformas a la Ley de Transporte, que hasta la fecha
mantiene altos tarifas en los costos de permisos de operación y de
explotación.
Por
otro lado, el pasado martes en la comunidad de Pajuiles, en el
departamento de Yoro, las fuerzas de seguridad del Estado, reprimieron a
los pobladores que estaban asentados en un campamento especial que
impide a la empresa HIDROCEP seguir los trabajos de destrucción del río
Mezapa.
Según
el portal “Pasos de Animal Grande”, los pobladores observaron a
representantes de una empresa minera que pretende, a base de engaños,
instalarse en la zona.
El
informe revela que los pobladores preguntaron los motivos de su
presencia pero en ese momento llegó una patrulla policial cuyos agentes a
base de empujones e intimidaciones desalojaron a los integrantes del
campamento para abrir paso a los empresarios de la mina.
Cabe
destacar que la primera semana de marzo se vio caracterizada por
protestas exigiendo justicia por el asesinato de la mundialmente
reconocida Berta Cáceres, luego de que se cumplieran dos años del crimen
y este aun no sea resuelto.
Asimismo,
el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, grupos de
feministas salieron a las calles para conmemorar la igualdad de género y
para exigir el cese a femicidios y abusos sexuales a los que están
expuestas.
Posicionamiento a partir del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras
1- Hacemos público nuestro reconocimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, particularmente a su Representante Residente y su Adjunta, por el servicio que presta a la sociedad hondureña con un INFORME OBJETIVO Y CONSISTENTE que recoge las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el período entre el 26 de noviembre del año pasado al 27 de enero del año en curso, en el marco de la crisis política desatada tras las protestas ciudadanas en contra del fraude electoral, y que, valida los informes de organismos independientes de Derechos Humanos nacionales que, como el COFADEH y otros, han documentado responsablemente desde el 26 de noviembre a la fecha y que el régimen, nacional e internacionalmente, ha tratado de ocultar.
2- Reconocemos que el Informe de la OACNUDH contribuye a develar la política de terrorismo preventivo de Estado; a romper con la impunidad de quienes dirigen el actual régimen; a proteger a defensoras y defensores de Derechos Humanos, a periodistas, a abogados defensores y a los diversos sectores opositores al fraude electoral fundamentalmente a jóvenes estudiantes. De igual manera, ratifica la responsabilidad del régimen inconstitucional de Juan Orlando Hernández en el asesinato de personas, torturas, capturas y judicialización de compatriotas por haber participado en las manifestaciones públicas en defensa del Estado de Derecho y la Democracia.
3- Basados en dicho informe, demandamos la creación de una Comisión Investigadora Independiente integrada por miembros de organismos defensores de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad desvinculadas de la llamada sociedad civil oficialista con el fin de garantizar su independencia, cuyas conclusiones y recomendaciones sean vinculantes.
4- El uso de la fuerza excesiva por parte de la Seguridad del Estado de Honduras, provocó muerte y heridas a manifestantes según la OACNUDH y además, personas judicializadas. Ante esa situación la Comunidad Internacional no puede permanecer indiferente porque las violaciones graves a los Derechos Humanos continúan y por ello demandamos del gobierno de los Estados Unidos y de los países europeos que asuman la responsabilidad de retirar el beneplácito al Régimen Hondureño, mientras se realizan las investigaciones que el pueblo demanda y hasta no contar con un informe sobre los responsables directos e intelectuales de las violaciones a Derechos Humanos, y específicamente de los asesinados en la crisis post electoral y las decenas de personas judicializadas sin pruebas verdaderas por el único delito de haber participado en las acciones opositoras al fraude electoral, lo que las convierte en presos políticos. Este retiro del aval al régimen se ha de expresar en la suspensión de las ayudas bilaterales.
5- Cualquier proceso orientado a instalar un diálogo nacional ha de tener de base la respuesta institucional de justicia a las violaciones a los Derechos Humanos y la judicialización a los funcionarios del más alto nivel en el Estado responsables de dichas violaciones, así como a la inmediata desmilitarización de la seguridad pública, de los territorios y la liberación de los presos políticos.
6- Ratificamos nuestra posición y la dejamos firmemente planteada: La verdad es que, el origen del fraude electoral radica en la postulación de la reelección de Juan Orlando Hernández por delictiva puesto que atentó contra la Constitución de la República la cual no contempla bajo ninguna modalidad la figura de la reelección de una persona que ha ocupado la presidencia. Y la inscripción por el TSE de la candidatura de Juan Orlando Hernández fue igualmente un delito imprescriptible de traición a la patria.
7- Por tanto y en virtud de la inconstitucionalidad de la reelección de Juan Orlando Hernández, las elecciones celebradas el 26 de noviembre del año 2017 son nulas. Por consiguiente, demandamos la aprobación de mecanismos, reformas o nuevas figuras jurídicas conducentes a legalizar y viabilizar la convocatoria o el adelanto de comicios con el propósito de un pronto retorno al Orden Constitucional.
8- En consecuencia, en nombre de la Convergencia Contra el Continuismo y en aras del bien nacional, llamamos al pueblo hondureño a profundizar la lucha contra el continuismo, el modelo neoliberal y de la dictadura, privilegiando la defensa de los derechos humanos, todo esto en el marco de restablecer el Estado de Derecho y un régimen auténticamente democrático.
Honduras, 19 de marzo de 2018
Por la Convergencia Contra el Continuismo (C.C.C.)
Crisis en Honduras y la respuesta de los EEUU
Este miércoles 15 de marzo se realizará en Estados Unidos la presentación de un informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras luego del proceso electoral del 26 de noviembre de 2017, donde más de 30 personas fueron asesinadas, 22 guardan prisión como presos políticos y cerca de mil han sido judicializados, por protestar contra el fraude y la dictadura de Juan Orlando Hernández.
Tras la crisis post electoral varias delegaciones internacionales llegaron a Honduras para verificar in situ la situación de las violaciones a los derechos humanos que se estaba cometiendo contra el pueblo que salió a las calles a protestar para que se respetara la voluntad soberana, y no se cometiera un fraude electoral, que al final sucedió, y el oficialista Juan Orlando Hernández fue reelecto por el Tribunal Supremo Electoral como presidente de Honduras.
Ante las constantes y masivas protestas que se realizaban a diario a nivel nacional, el Gobierno de Juan Orlando Hernández puso el 1 de diciembre en vigencia el Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017, que restringió por un plazo de diez días las Garantías Constitucionales contenidas en el Artículo 81, y con ellos la represiones contra los protestantes fueron salvajes y mortíferas por parte de la Policía Militar del Orden Público, la policía preventiva, soldados del ejército y los cuerpos de élite.
Debido a las masivas violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en ese contexto, varias delegaciones internacionales llegaron al país para conocer la situación que estaba viviendo el pueblo hondureño por las fuertes represiones contra los protestantes.
De Estados Unidos llegó una delegación religiosa de emergencia a Honduras a raíz de las elecciones, quienes se reunieron con varios sectores y visitaron algunos lugares donde se realizaban protestas para verificar las fuertes represión que se daba contra el pueblo y defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas represoras del estado.
Ocho denominaciones religiosas estaban representadas por más de 40 grupos religiosos y organizaciones de derechos humanos que enviaron delegados de 13 estados de los Estados Unidos.
En enero, 50 personas entre religiosos y líderes cívicos de los Estados Unidos, Canadá, Colombia y Argentina llegaron a Honduras en una delegación religiosa, la que fue organizada en respuesta a las peticiones de una presencia internacional de prominentes socios religiosas hondureños que han enfrentado amenazas por parte del régimen de Juan Orlando Hernández.
Este jueves 15 de marzo esta delegación hará público en Estados Unidos su informe de su visita a Honduras, el que ha sido denominado “Crisis en Honduras y la respuesta de los EEUU. Una actualización de Defensores de DDHH de Honduras y Reporte de la Delegación de Emergencia de Líderes Religiosos a Honduras, Enero 2018”.
La coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), estará presente en el evento, donde expondrá sobre la situación de DDHH en la crisis post electoral en Honduras.
Además se presentará una actualización de la situación de los derechos humanos y un reporte sobre las conclusiones y recomendaciones de la delegación de emergencia.
El evento contará con cuatro panelistas:
Bertha Oliva de Nativí, General Coordinator and Co-Founder, Committee of Relatives of the Detained and Disappeared in Honduras (Comité de los Familiares de los Detenidos y Desaparecidos, COFADEH) Kathryn Johnson, Policy Impact Coordinator, American Friends Service Committee Kristen Lionetti, Policy Director, Office of Justice and Ecology, Jesuit Conference of Canada and the United States Jean Stokan Justice Coordinator, Sisters of Mercy of the Americas, delegation co-leader
Foto:MADJ
Agentes de la Policía Nacional ingresaron el 13 de marzo de 2018 y
reprimieron a las personas que se mantienen en el campamento de
Pajuiles, comunidad en el atlántico de Honduras que lucha por la defensa
del Río Mezapa y la Cordillera Nombre de Dios, acompañada por el
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ.
Según integrantes de Pajuiles hace casi un año se mantienen en lucha
para proteger sus bienes naturales, ejerciendo soberanía ambiental
comunitaria sobre sus entornos ambientales asediados por el proyecto
hidroeléctrico de HIDROCEP, por lo cual los defensores y defensoras han
tenido que enfrentar la criminalización y persecución por parte de los
cuerpos represivos del Estado y del sistema de justicia. Sin embargo sus
denuncias por contaminación ambiental y otros recursos naturales a
pesar que las han interpuesto en el Ministerio Público no fueron
atendidas hasta ahora.
Fusiles otra vez
El 13 de marzo recién pasado observaron a representantes de una empresa minera que pretende a base de engaños instalarse en la zona, que llegaron a la comunidad y les preguntaron los motivos de su presencia pero en ese momento llegó una patrulla policial cuyos agentes a base de empujones e intimidaciones desalojaron a los integrantes del campamento para abrir paso a los empresarios de la mina.
“Este tipo de prácticas se ha vuelto muy rutinario por parte de los efectivos policiales para favorecer estos proyectos de muerte en todo el país, además denunciamos que la misma policía no ha estado respetando las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al MADJ y sus comunidades”, señaló el MADJ en una nota pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su resolución 12/2018 estableció que dichas comunidades se encuentran en una situación de riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables a sus derechos a la salud, a la vida e integridad personal, dado que la única fuente de agua potable de la disponen no está apta para consumo humano por estar contaminada.
“En virtud de lo anterior, la CIDH ordena al Estado de Honduras adoptar medidas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas; realizar los diagnósticos médicos necesarios y pertinentes a los pobladores de las comunidades beneficiarias a fin de suministrarles atención médica adecuada. Así también manda a asegurar el acceso al agua potable en condiciones adecuadas para su consumo y uso doméstico; e investigar los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares relacionadas a las pretensiones de la empresa para generar energía eléctrica HIDROCEP sobre el cauce del Rio Mezapa”, señaló la CIDH en su resolución.
Represión de las resistencias
Según el abogado Ariel Madrid, del MADJ, los ataques a las personas
que se mantienen en protestas barriales, movilizaciones ciudadanas,
cacerolazos, campañas de no consumo de productos y otra serie de
acciones que se han sumado a las protestas que los ciudadanos y
ciudadanas son patrones de ataques que violentan el derecho a la
protesta y por ende a la libertad de expresión en Honduras.
Las acciones represivas se ven reflejadas en ataques a las radios comunitarias, ejecuciones extrajudiciales, campañas de desprestigio, criminalización, fabricación de medios de “prueba”, seguimiento, actos de tortura, amenazas directas y vigilancia, situación agudizada por las protestas contra el fraude electoral y la reelección de Juan Orlando Hernández que asumió el poder a pesar de los fuertes cuestionamientos de las irregularidades en las elecciones de noviembre de 2017.
Para el abogado Madrid las acciones que ha emprendido la ciudadanía son reprimidas dejando personas muertas por la policía y el ejército con un saldo de 31 víctimas mortales. Otras fueron enviadas a cárceles de máxima seguridad sin habérseles seguido el Debido Proceso, por lo que consideran que hay unos 31 presos políticos en el país.
Los detenidos son de Pimienta y Choloma en el departamento de Cortés, El Progreso Yoro, Colón, Ilama, Santa Bárbara y Tegucigalpa. Hay serias limitaciones que impiden avances sustanciales en el manejo de estos casos .
La mayoría solo ha visto una vez a sus familiares desde que fueron capturados y enviados a estas cárceles las de máxima seguridad La Tolva y El Pozo. Familiares ha testificado que las raciones de comida son mínimas y está en mal estado, los dejan salir dos o tres días a la semana a tomar el sol y les dan cinco minutos para que se bañen. Por las noches los policías interrumpen su sueño golpeando las puertas de metal, como una forma de tortura.
Fusiles otra vez
El 13 de marzo recién pasado observaron a representantes de una empresa minera que pretende a base de engaños instalarse en la zona, que llegaron a la comunidad y les preguntaron los motivos de su presencia pero en ese momento llegó una patrulla policial cuyos agentes a base de empujones e intimidaciones desalojaron a los integrantes del campamento para abrir paso a los empresarios de la mina.
“Este tipo de prácticas se ha vuelto muy rutinario por parte de los efectivos policiales para favorecer estos proyectos de muerte en todo el país, además denunciamos que la misma policía no ha estado respetando las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al MADJ y sus comunidades”, señaló el MADJ en una nota pública.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su resolución 12/2018 estableció que dichas comunidades se encuentran en una situación de riesgo grave y urgente de sufrir daños irreparables a sus derechos a la salud, a la vida e integridad personal, dado que la única fuente de agua potable de la disponen no está apta para consumo humano por estar contaminada.
“En virtud de lo anterior, la CIDH ordena al Estado de Honduras adoptar medidas para mitigar, reducir y eliminar las fuentes de riesgo identificadas; realizar los diagnósticos médicos necesarios y pertinentes a los pobladores de las comunidades beneficiarias a fin de suministrarles atención médica adecuada. Así también manda a asegurar el acceso al agua potable en condiciones adecuadas para su consumo y uso doméstico; e investigar los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares relacionadas a las pretensiones de la empresa para generar energía eléctrica HIDROCEP sobre el cauce del Rio Mezapa”, señaló la CIDH en su resolución.
Represión de las resistencias
 Abogado Ariel Madrid, del MADJ |
Las acciones represivas se ven reflejadas en ataques a las radios comunitarias, ejecuciones extrajudiciales, campañas de desprestigio, criminalización, fabricación de medios de “prueba”, seguimiento, actos de tortura, amenazas directas y vigilancia, situación agudizada por las protestas contra el fraude electoral y la reelección de Juan Orlando Hernández que asumió el poder a pesar de los fuertes cuestionamientos de las irregularidades en las elecciones de noviembre de 2017.
Para el abogado Madrid las acciones que ha emprendido la ciudadanía son reprimidas dejando personas muertas por la policía y el ejército con un saldo de 31 víctimas mortales. Otras fueron enviadas a cárceles de máxima seguridad sin habérseles seguido el Debido Proceso, por lo que consideran que hay unos 31 presos políticos en el país.
Los detenidos son de Pimienta y Choloma en el departamento de Cortés, El Progreso Yoro, Colón, Ilama, Santa Bárbara y Tegucigalpa. Hay serias limitaciones que impiden avances sustanciales en el manejo de estos casos .
La mayoría solo ha visto una vez a sus familiares desde que fueron capturados y enviados a estas cárceles las de máxima seguridad La Tolva y El Pozo. Familiares ha testificado que las raciones de comida son mínimas y está en mal estado, los dejan salir dos o tres días a la semana a tomar el sol y les dan cinco minutos para que se bañen. Por las noches los policías interrumpen su sueño golpeando las puertas de metal, como una forma de tortura.
Militares intimidan a pobladores que se oponen a la minería en el departamento de Atlántida
Wednesday, 14 March 2018 22:11 Written by Dina Meza Published in Denuncia
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) ha
denunciado persecución para varios de sus miembros por militares del
Cuarto Batallón de Infantería, asentados en la comunidad de La Florida
Vieja, jurisdicción de Tela Atlántida, Honduras.
Mediante una alerta publicada en su sitio web, el 10 de marzo pasado,
el MADJ afirma que en los últimos tres meses, miembros de las Fuerzas
Armadas, acantonados en el Cuarto Batallón de Infantería, han ejecutado
19 acciones de persecución en contra de nueve integrantes de ese
organismo defensor de los derechos humanos.
“Denunciamos y responsabilizamos directamente al ejército instalado en la zona ante cualquier incidente de seguridad contra los integrantes de nuestra organización en el Sector Florida”, indica la publicación. Para el MADJ es preocupante el acoso del que ha sido víctima últimamente la señora Ualdina Santos, miembro de la Conducción Política Nacional de ese organismo.
La denuncia dice que el 10 de marzo pasado, los militares se desplazaron de casa en casa preguntándoles a personas de la comunidad si sabían del paradero de Ualdina Santos. Entre 2010 y 2014, ella y otros miembros de la organización fueron víctimas de agresiones y amenazas por liderar la defensa de los recursos naturales y oponerse a la instalación del proyecto minero a cielo abierto, El Socorro, propiedad de la empresa Honduras Ore Mining Company, S Á de CV.
El MADJ sostiene que la supuesta socialización para la instalación de la mina es realizada por la compañía Iron Mountains Company, proceso en el que Ualdina Santos y demás miembros de la organización han logrado que más de 200 personas que participan en las asambleas de pobladores digan no a la minería. Lo mismo ha ocurrido con las empresas que tratan de instalar proyectos hidroeléctricos.
“El 6 de marzo de 2018 empleados de la empresa Iron Mountains Company llegaron al sector pretendiendo desarrollar la socialización y en respuesta, Ualdina Santos, en conjunto con la comunidad, sostuvieron un bloqueo pacífico de la carretera, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche. Eso impidió que la compañía lograra reunir a las personas que había convocado.
El MADJ no descarta que al verse afectada la empresa emprenda acciones de represalia que podrían ser apoyadas por miembros de las fuerzas armadas.
“Denunciamos y responsabilizamos directamente al ejército instalado en la zona ante cualquier incidente de seguridad contra los integrantes de nuestra organización en el Sector Florida”, indica la publicación. Para el MADJ es preocupante el acoso del que ha sido víctima últimamente la señora Ualdina Santos, miembro de la Conducción Política Nacional de ese organismo.
La denuncia dice que el 10 de marzo pasado, los militares se desplazaron de casa en casa preguntándoles a personas de la comunidad si sabían del paradero de Ualdina Santos. Entre 2010 y 2014, ella y otros miembros de la organización fueron víctimas de agresiones y amenazas por liderar la defensa de los recursos naturales y oponerse a la instalación del proyecto minero a cielo abierto, El Socorro, propiedad de la empresa Honduras Ore Mining Company, S Á de CV.
El MADJ sostiene que la supuesta socialización para la instalación de la mina es realizada por la compañía Iron Mountains Company, proceso en el que Ualdina Santos y demás miembros de la organización han logrado que más de 200 personas que participan en las asambleas de pobladores digan no a la minería. Lo mismo ha ocurrido con las empresas que tratan de instalar proyectos hidroeléctricos.
“El 6 de marzo de 2018 empleados de la empresa Iron Mountains Company llegaron al sector pretendiendo desarrollar la socialización y en respuesta, Ualdina Santos, en conjunto con la comunidad, sostuvieron un bloqueo pacífico de la carretera, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche. Eso impidió que la compañía lograra reunir a las personas que había convocado.
El MADJ no descarta que al verse afectada la empresa emprenda acciones de represalia que podrían ser apoyadas por miembros de las fuerzas armadas.
República bananera ¿A qué hondureño irrita esta infamia?
Es
tiempo de juntar voluntades para disipar con nuestra conducta el trato
infame de “república bananera”, una deformación y desgarre de nuestra
dignidad nacional, justamente colocada por las prácticas serviles y
corruptas de gobiernos y ciudadanos hondureños en los últimos siglos.
Julio Escoto / EL LIBERTADOR
¿Es
un sobrenombre para Honduras? ¿una referencia por giro de exportación?
¿nombre común para naciones caribeñas? o en el último aposento, ¿un
estigma HORRENDO de indignidad que traspasa los siglos? La historia
hondureña para nada oculta las circunstancias de dominación económica de
aventureros norteamericanos con oportunos apoyos militares de la
poderosa nación norteña.
Hay
experiencias locales en ocultar en libros de historia, dictaduras
completas, tal es el caso de dos profesores universitarios hondureños
que en su libro de historia de Honduras OMITIERON completamente la
dictadura de Tiburcio Carias Andino. Eso ocurrió hace más de treinta
años.- Pero si es un estigma por corrupción e indignidad criolla.
¿Cuánto
pesa en la conciencia nacional? ¿Sentimos ese apelativo INFAME en
nuestra piel? O la marca solo es externa?- Debiéramos abrir una
discusión nacional sobre la trascendencia negativa de este apelativo.
Cuanto conspira contra algún buen propósito que tenga cualquier
gobierno, habrá que preguntarse. ¿Pesará tanto contra los ciudadanos
hondureños en el exterior, como la cola especial para colombianos que
hace treinta años se hacía en el Aeropuerto de Miami?
La
deformación y el desgarre está justamente colocado por las prácticas
serviles y corruptas de gobiernos y ciudadanos en los últimos siglos.
¿Podrá
nuestra universidad abrir la discusión nacional sobre República
Bananera, sin hablar de la ruta corrupta y degradante por la que se ha
transitado? Si la UNAH, es la institución llamada a presentar el tema de
la República Bananera nación hondureña.
Posee
las personas con la formación histórica y cultural para dirigir una
serie de eventos y congresos que arrojaran, sin duda, luz sobre lo
ocurrido en siglos, y claridad para diseñar un reto de dignidad para el
futuro del país.
¿Pero
quién se ofende por ese epíteto? ¿los cafetaleros? ¿los exportadores?
¿la clase política? ¿algunos maestros? Es tiempo de juntar voluntades
para disipar con nuestra conducta el trato infame de REPÚBLICA BANANERA.
Periódico italiano publica nuevo reportaje sobre supuesta corrupción del cardenal Rodríguez Maradiaga
Tegucigalpa.-El
periódico italiano L’Espresso publicó este 2 de marzo un nuevo
reportaje donde denuncia al cardenal hondureño, Óscar Rodríguez
Maradiaga, de haber envuelto con engaños a un ex jefe del Cuerpo
Diplomático del Vaticano en un negocio que al final se convirtió en una
estafa. La supuesta víctima, quien ya falleció fue durante varios años
embajador de Honduras ante el Vaticano.
La supuesta víctima, Alejandro Valladares, quien ya falleció fue durante varios años embajador de Honduras ante el Vaticano.
El
artículo titulado: “Engañados y traicionados, se robaron todo”. Los
cargos contra el brazo derecho del Papa”, escrito por el periodista
Emiliano Fittipaldi, denomica al jerarca de la iglesia católolica
hondureña como la mano derecha del Papa Francisco.
CRITERIO publica el artículo completo:
“Engañados y traicionados, se robaron todo”. Los cargos contra el brazo derecho del Papa
Habla
la esposa del ex jefe del Cuerpo Diplomático del Vaticano. “El cardenal
Oscar Maradiaga, nuestro amigo hermano durante 40 años, en 2012 nos ha
empujado a invertir nuestro dinero con un financiero londinense que
luego desapareció en el aire. Hablé con Francesco y Parolin, pero la
investigación de la Santa Sede ha sido firme durante un año. Soy
destruido por el dolor y la vergüenza »
EMILIANO FITTIPALDI
02 de marzo de 2018
“Escribiste
bien. El cardenal Oscar Maradiaga, la mano derecha del Papa Francisco,
nos ha engañado. En 2012, nos empujó a mí y a mi esposo a invertir
una gran cantidad de dinero en un fondo de inversión de
Londres. Administrado por un amigo musulmán, Youssry Henien, quien luego
desapareció en la nada con nuestro dinero. Le conté todo al Papa
Francisco, incluso antes de la vista del apostólico que realizó una
investigación en Honduras. Pero ha pasado un año y ni yo ni otras
víctimas hemos obtenido justicia. Es una pena mi esposo y yo hemos dado
la bienvenida a nuestro hogar a Maradiaga durante 40 años, y él ha
pagado de esta manera”.
Martha
Alegria Reichmann muestra sus fotos y sus hijas junto con el
cardenal. “Nos traicionó, nos destruyó”, repite como si aún no estuviera
segura de lo que sucedió. Todos en el Vaticano lo saben. Martha es en
realidad la esposa del ex poderoso Decano del Cuerpo Diplomático del
Vaticano, Alejandro Valladares, durante 22 años embajador de Honduras en
la Santa Sede. Un buen amigo del Secretario de Estado Pietro Parolin,
quien hizo un elogio fúnebre a finales de 2013.
L’Espresso
se puso en contacto con Reichmann después de escuchar que el Papa
había abierto una investigación sobre la diócesis de Tegucigalpa, la
sede episcopal del cardenal Maradiaga. No cualquier cardenal, sino un
prelado muy cercano a Bergoglio, que se convirtió en su principal
consejero tras su elección al trono de Petrine. Coordinador de C9, el
grupo de nueve cardenales que asesoraron al pontífice en la gestión de
la Iglesia universal y en la reforma de la curia en mayo de 2017, él y
su ayudante Juan Pineda obispo fueron acusados de hechos graves por
parte de varios testigos hondureños, que entregaron las declaraciones
juradas a Pedro Casaretto, el obispo argentino enviado por Francisco
para investigar una diócesis que ha sido durante mucho tiempo motivo de
charlas continuas.
El
informe de casi un año está en manos del pontífice, que por el momento
no ha tomado ninguna decisión al respecto. Las personas escuchadas son
cincuenta, y entre ellas está la viuda de Valladares.
“Dudé
en que lo entrevistara porque esperaba hasta el final que se hiciera
justicia sin levantar un escándalo público. 40 años de amistad fraternal
me vinculó al cardenal Maradiaga. Compartimos cosas buenas y malas,
pero la confianza en ellas siempre ha sido ciega. Y viceversa Cuando
regresó a nuestro hogar después del último cónclave, contó lo
sucedido. Incluso nos dijo que había convencido a Bergoglio para que
aceptara la investidura, porque inicialmente el Papa habría dicho que no
estaba en perfecto estado de salud, le preocupaba tener un solo
pulmón. La intimidad fue absoluta. Él nos dijo a mi esposo y a mí que
éramos su familia. Él sabe muy bien que mi esposo gastó mucho dinero en
el Vaticano en 2001 para ayudarlo a convertirse en cardenal. En ese
momento, Maradiaga ciertamente tenía muchos méritos.
Como
ya se ha explicado a Casaretto hace casi un año (“yo estaba en
Tegucigalpa, el visitador apostólico llama cincuenta testigos para
presentar nuestras quejas en contra de Pineda. Las declaraciones fueron
hechas delante de un crucifijo y con una mano en la Biblia” ), Reichmann
confirma que la historia comienza en 2012,cuando el Cardenal le sugiere
a ella y al Decano del Cuerpo Diplomático que hagan una inversión con
una compañía londinense, Leman Wealth Management. “Era un invitado en
nuestra casa en Roma, como siempre cuando vino al Vaticano desde
Honduras. Una noche fue él quien puso el discurso de Leman en el medio,
de repente. Mi esposo y yo nunca habíamos escuchado el nombre de la
empresa ni la de su propietario. Maradiaga nos aseguró que esta
situación financiera era seria y realizó inversiones en Suiza, Alemania y
otros países europeos. Destacó que la inversión permitió altas tasas de
interés y que estaba más que seguro, y agregó que él también había
invertido el dinero de la diócesis de Tegucigalpa”.
Maradiaga, dijo
hace un mes luego que el E’spresso publicó que la Diócesis de
Tegucigalpa recibía cada mes 35,00 euros, que ese dinero lo pasó a los
necesitados. Sin embargo, hoy “no hay rastro de las sumas de la
universidad”. Pero también negó enérgicamente que el arzobispado
(Pineda) haya autorizado alguna vez “este tipo de inversiones”, incluso
negando que conociera la sociedad de Henien. En resumen, no acepta
ninguna acusación de “intermediación fraudulenta”.
La
viuda niega con la cabeza agachada dijo: “Mi esposo era muy escéptico
sobre la operación. Pero lo persuadió la insistencia del cardenal, quien
nos dijo que había hecho los controles necesarios y que todo estaba
limpio y seguro. Fue Maradiaga quien nos dio los contactos del Sr.
Henien”. Los dos amigos del Cardenal deciden intentarlo, conocen al
financiero londinense y le confían todos sus ahorros. El monto se
especifica en los documentos que posee el E’spresso. Sin embargo,
después de un año, cuando el embajador está muerto, la viuda y sus hijas
se dan cuenta de que algo anda mal. No hay nada en las cuentas donde
Henien dijo que había ahorrado toda su vida. El financiero es imposible
de rastrear. Los resultados de Leman Wealth Menagement de los datos de
la Cámara de Comercio de Londres se cerraron en noviembre de 2012.
“Nos
dimos cuenta de que fuimos engañados. Hicimos investigaciones y
descubrimos que este financista ya había terminado en el pasado en
situaciones similares. Intenté contactar a Maradiaga, pero me negaron
durante meses y meses. Fui a la catedral de Tegucigalpa cuando celebró
misa, y me las arreglé para intercambiar algunas palabras. Me dijo que
era una parte lastimada como nosotros, que él también había perdido
dinero de la Diócesis, pero me pidió discreción. Le dije que ya había
confiado el caso a un bufete de abogados italiano con sede en Londres,
pero que los costos del caso eran muy altos. Se ofreció a ayudarnos y
nos dio el dinero para comenzar los procedimientos legales. En esa misma
ocasión, me ordenó que nunca dijera que fue él quien nos presentó a
Henien”.
La
viuda del embajador sabe que sus acusaciones son fuertes. “Te vi
después de su primera investigación, dijo que habría un complot contra
el Papa. Pero es ridículo pensar que yo y mis hijos, los amigos
cardinales para siempre, mentimos e inventar una historia como daño a
una persona a quien le dimos todo. El Santo Padre, a quien conocí el
pasado mes de noviembre, ordenó una investigación sobre Pineda. Un
hombre a quien Maradiaga ha estado protegiendo durante años. También me
contactaron porque hace cinco años denuncié a Pineda por robo, también
traicionó a mi esposo cuando estaba en agonía y no tenía los medios para
defenderse. Le dije a Casaretto que mi queja estuvo oculta durante
años, Maradiaga, a quien todavía considero un faro, había insistido
fuertemente en que no la presentara.
De
hecho, en el informe de Casaretto hay algunos informes de sacerdotes y
ex seminaristas muy detallados y muy serios sobre el comportamiento del
prelado al que Maradiaga se refirió como su auxiliar. “Sus víctimas
ahora viven con miedo, porque han informado a Pineda y se han dado
cuenta de que no ha pasado nada. Entendieron que Pineda está protegida
por Óscar, y me parece claro que Maradiaga está protegido por el Papa”.
Desde
el Vaticano, a pesar de los intentos realizados, nadie ha querido hasta
ahora comentar las acusaciones de Marta, ni las de los otros testigos
contra Pineda y el cardenal. El dossier de Casaretto terminó primero en
la Congregación de Obispos, luego en el cajón de Francisco. “Solicité
una audiencia con el Papa y fui recibido por él el 21 de noviembre. Me
dijo que estaba al tanto de toda mi historia y que ya había dado
instrucciones a la secretaría de Estado para resolver todo”. Martha
espera recuperar el dinero perdido de Henien, quizás con una
intervención del hombre que los puso en contacto. “Han pasado tres
meses, hablé con Parolin y sus secretarios, quienes me propusieron hace
unos días un encuentro para solucionar con Maradiaga en el
Vaticano. Esperaba mucho. Pero después de una larga espera, la reunión
se omite. ¿Es posible que un cardenal ignore los deseos del Papa? He
oído que se refiere a mí como loca, y que nunca tendré éxito en
recuperar lo que he perdido. Puede ser. Pero estoy cansada de que me
molesten, y decidí contar todo el dolor que me causó. Soy la primera
víctima en dar este paso, pero sé que otros seguirán mi ejemplo”.
La
viuda cierra su bolso y se levanta. No sabemos si tiene la evidencia
necesaria para convencer al Papa de la veracidad de sus acusaciones
contra su diestro y sus más leales. Pero ciertamente no parece una loca,
ni una conspiradora peligrosa que pertenece a alguna facción
conservadora que quiere golpear las reformas de Francisco. “Espero que
el Papa me ayude. Me saludó con palabras de consuelo, prometiendo que
tendría justicia. Me dijo que era un padre lleno de amor”.
Puede ver aquí la publicación del peri+odico italiano L’Espresso: «Ingannati e traditi, mi hanno rubato tutto». Le accuse contro il braccio destro del papa
Temor invade a diputados nacionalistas por “fantasma en fe de erratas”
El
parlamentario, Tomás Zambrano, insistió esta tarde que una “fe de
erratas”, no es ningún delito, que lo único que se busca es enmendar un
error. Sin embargo, en su momento el portavoz de la Maccih, Juan
Jiménez, afirmó: “esto no es un error, no es una errata. Esto es un
delito consumado, porque ha sido aplicado por el Poder Judicial”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Ante tambores que se avecinan requerimientos judiciales, doce diputados
del Partido Nacional se presentaron hoy a las 3:30 de la tarde, a la
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Al
final, la autoridad no los escuchó este día. Entre otros llegaron a la
cita, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, Tomás Zambrano, “Toño”
Rivera, Mario Pérez, Sara Medina, Rolando Dubón, Francisco Rivera y
Welsy Vásquez.
Los
hombres y mujeres del círculo del poder hondureño, querían informarse
y, de ser necesario ponerse a las órdenes, para dar declaraciones ante
ese cuerpo judicial especial, si están siendo investigados por el caso
de la controvertida “fe de erratas” realizada por esos parlamentarios en
la reforma de su autoría en el Congreso al artículo 131-A de la Ley
General de Presupuesto.
Al
salir de las instalaciones el diputado Tomas Zambrano, visiblemente
contrariado, salió dar explicaciones a los medios de comunicación que
las “fe de erratas” son normales y que ellos desean saber si están
siendo investigados por esa unidad especial del Ministerio Publico y, de
ser así, se ponen a disposición de la autoridad; Zambrano insistió en que una Fe de Erratas, no es ningún delito, que lo único que se busca es enmendar un error.
Esta
enmienda a la Ley del Presupuesto, fue presentada por los diputados
nacionalistas después que el entonces vocero de la Maccih, Juan Jiménez
Mayor, denunciara que las reformas que se hicieron crearon una “ley de
impunidad”, para proteger el delito, frente a la investigación de la que
también llamó “Red de Diputados”.
El
representante del organismo internacional, adscrito a la OEA-Honduras,
alertó en su momento con relación a esa “fe de errata” de los diputados
nacionalistas: “esto no es un error, no es una errata. Esto es un delito
y lamentamos muchísimo tener que presentar esto, porque afecta
evidentemente las investigaciones, afecta una decisión judicial”. Y
remarcó, “lo acontecido con esta ley es delito consumado, además, porque
ha sido aplicado por el Poder Judicial”.
El Congreso Nacional ha emitido su postura esta tarde con relación a este tema, así, en un breve comunicado.
Diputados se presentan ante la UFECIC:
“El que nada debe, nada teme”: Tomás Zambrano con relación al caso Fe de Erratas de Ley de Presupuesto
Mencionó
que incluso el vocero de la Maccih, Jiménez Mayor, le pidió al CN
publicar una Fe de Erratas en la Ley de Política Limpia, "entonces ¿ese
no fue delito, y este si?" se preguntó. Se han publicado 73 fe de
erratas en los últimos tres períodos, es una figura legal cuando se
mantiene el espíritu del legislador, como sucede ahora.
Varios
diputados del Congreso Nacional, miembros de la Junta Directiva y de la
Comisión de Finanzas del período anterior se presentaron ante la Unidad
Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), para
informarse si están siendo investigados por la supuesta comisión de
delitos relacionados con la publicación de la fe de erratas por la
reforma al Artículo 131-A de la Ley de Presupuesto.
El
diputado Tomás Zambrano, secretario de la Junta Directiva, aseguró que
la publicación de la fe de errata es una salida que la ley establece
cuando hay un error involuntario en la redacción o la lectura de las
leyes que se aprueban en el Hemiciclo Legislativo, y que en total en los
últimos tres periodos se han producido 73 de estas acciones.
“Estamos
aquí para dar la cara, no hay ninguna comisión de delito, incluso la
Maccih pidió en un momento del período pasado que publicaremos una fe de
erratas en la Ley de Política Limpia, la pidió el mismo vocero de la
Maccih, Juan Jiménez Mayor, ¿entonces eso no es delito y las otras fe de
erratas si?” se preguntó Zambrano.
Aseguró
que la decisión de varios diputados fue presentarse voluntariamente
para ponerse a disposición de las autoridades competentes para declarar
en caso de que este abierta una investigación, como algunos sectores lo
han informado. Mostró un documento donde se establecía la existencia de
73 fe de erratas solicitadas en los últimos periodos, “entonces habría
que investigar a todos los diputados que han acudido a esta figura para
sanear la publicación de una ley” añadió.
Dijo
que en este caso particular de la Ley de Presupuesto, las dos líneas
añadidas en la publicación en La Gaceta no cambian el espíritu del
legislador de lo que si se leyó en la cámara Legislativa, que es que
todos los diputados de los anteriores tres periodos deben ser
investigados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por los fondos
recibidos para impulsar proyectos sociales, y en caso de encontrar
irregularidades, presentar responsabilidades civiles, penales o
administrativas.
Intentos de Elecciones Estudiantiles en la UNAH (3-4)
Por: Engel Bladimir López
Tres años de conflicto universitario y el tema de fondo: la ausencia de participación estudiantil
En
la primera entrega señalábamos los bloqueos que se presentan en el
actual modelo de Reforma Universitaria para abrir cause a los procesos
de participación estudiantil, y en la segunda entrega puntualizábamos la
manera en que esos bloqueos revisten un carácter ideológico y político,
entre sectores estudiantiles que buscan la democratización de la
Universidad y autoridades universitarias que han impedido cualquier
esfuerzo de esa magnitud.
En
la UNAH la participación estudiantil dicta ser un tema de interés en el
momento que el Consejo Universitario aprueba las Normas Académicas en
el 2014 y su entrada en vigencia en el 2015. A finales del 2014 se
gestan las primeras protestas estudiantiles y se dan los primeros casos
de criminalización de la protesta y expulsión de estudiantes
universitarios; para el 2015, en el segundo periodo, se profundiza la
protesta estudiantil y la criminalización hacia el estudiante; para el
2016 se agudiza el conflicto y el 2017 se polariza ante los intentos
reeleccionistas de la excretora Julieta Castellanos.
El
periodo del 2015 al 2016 la protesta estudiantil estuvo enfocada en
temas meramente académicos, ya para el 2017, hay una acumulación
significativa de descontento y el discurso se orienta hacia el tema de
la criminalización y la salida de la excretora Julieta Castellanos ante
sus intentos reeleccionistas. En síntesis, este periodo estuvo marcado
por una disputa entre estudiantes y autoridades y el tema de fondo giro
alrededor de la participación estudiantil y la democratización de la
UNAH.
La
politización del conflicto universitario y la polarización en la
comunidad universitaria, conllevó a que el Congreso Nacional bajo
dictamen obligara a las partes en conflicto abrir cause a un proceso de
Elecciones Estudiantiles. En ese marco intervencionista es pertinente
responderse las siguientes preguntas: ¿Por qué después de tres años de
conflicto el Congreso Nacional interviene en el tema de la UNAH? ¿Por
qué hasta ahora existe la voluntad política para negociar un reglamento
electoral para convocar a elecciones estudiantiles? ¿Después del fraude
electoral del 2017 que está en juego en la UNAH? Trataremos de dar
respuesta a estas preguntas.
Las protestas estudiantiles en el 2017 y el giro del conflicto en la UNAH: la intervención del Congreso Nacional
El
Congreso Nacional durante los tres años de conflicto universitario
había jugado un tímido papel en el tema universitario y a pesar de su
timidez fue un actor cómplice con la reforma a la Ley Orgánica en el
2013, que permitió la reelección de Julieta Castellanos y potestad para
elegir a estudiantes ante el Consejo Universitario.
La
intervención del Congreso Nacional, por un lado, se da en un contexto
marcado por el desgaste, no agotamiento, de la clase dirigente de la
UNAH, ante la falta de espacios de diálogo, la imposibilidad de generar
consensos mínimos que permitieran la gobernabilidad en la UNAH, y en los
intentos de reelección de Julieta Castellanos, y, por otro lado, en un
contexto de país marcado por el fenómeno de la reelección ilegal de Juan
Orlando Hernández y por los altos niveles de polarización política.
Esos
dos eventos eran de suma preocupación para la elite gobernante del
país. Recordemos que es en la UNAH donde se construyó y se popularizo el
FUERAJOH en el 2013, como también, uno de los primeros espacios
socioterritoriales que mostros su descontento contra la reelección de
JOH y de Julieta en el 2017. El discurso anti-reelección encontró eco en
el territorio universitario en un contexto de país polarizado por la
reelección presidencial y era medida urgente detener la protesta
estudiantil y ceder medianamente ante las exigencias de los sectores
estudiantiles.
La intervención del Congreso Nacional y el Decreto N° 75-2017: ¿Salida a la crisis, pacto o reacomodamiento entre grupos?
En
el 2017 los sectores estudiantiles presentaron un Ante Proyecto de Ley
que tenía como objetivo profundizar la democratización y sentar las
bases para un nuevo proceso de gobernanza universitaria. El espíritu del
ante proyecto iba más allá de la realización de un proceso electoral,
ya que planteaba la necesidad de una Asamblea Constituyente
Universitaria (ACU), como un espacio de encuentro y diálogo entre la
comunidad universitaria para debatir y darle respuestas a los problemas
reales de la UNAH; y la apelación ante el Congreso Nacional de Julieta
Castellanos para dar cuenta sobre los casos de criminalización y
judicialización de estudiantes universitarios.
Ante
la timidez de los sectores estudiantiles organizados y su excesiva
confianza, el Congreso ratifico darle respuesta al problema de la
participación estudiantil. No es mi objetivo realizar un análisis de
dicho decreto, mis intereses es puntualizar el tema político de fondo
presente en dicha iniciativa, y de cómo el mismo apunta a normalizar la
crisis universitaria y lograr el reacomodamiento de los grupos que se
disputan el control de la UNAH.
¿Por
qué hasta ahora existe la voluntad política para negociar un reglamento
electoral para convocar a elecciones estudiantiles? Esa pregunta es
necesario ubicarle alrededor de ocho premisas, cuatro internas y cuatro
externas. A nivel interno: la primera, el proceso actual de negociación
es el resultado de siete años de lucha estudiantil por abrir cause al
proceso de elecciones estudiantiles. La segunda, ese proceso histórico
ha estado marcado por tensiones y disputas entre estudiantes y
autoridades alrededor de significaciones y resignificaciones en los
temas de Universidad Pública y Reforma Universitaria. La tercera, esas
disputas y tensiones han están llevando a un proceso acelerado de
fragmentación estudiantil entre bloques estudiantiles que defienden la
idea de “Universidad Normativa” y la idea de “Universidad Imaginaria”.
La cuarta, ese proceso acelerado de fragmentación en los últimos meses
le ha permitido al Julietismo y a sectores conservadores del Partido
Nacional posicionarse para garantizar el control del escenario electoral
en la UNAH.
A
nivel externo sobresalen las siguientes premisas. La primera, en
tiempos de crisis y polarización las elites ponen en juego todos los
mecanismos institucionales y políticos para normalizar la crisis y
oxigenar a los grupos dominantes. La segunda, la oxigenación de esos
grupos se está dando en el marco de un proceso de transición
universitaria que se desarrolla alrededor de personas con bajo perfil
político-partidario. La tercera, las transiciones pueden ser
autoritarias o democráticas, y en la UNAH se evidencia la necesidad de
asegurar la transición con rasgos autoritarios. La cuarta, las
transiciones autoritarias conllevan a la profundización de proyectos
políticos autoritarios.
Bajo
esas ocho premisas la coyuntura da pistas para constatar que nos
encontramos ante un reacomodamiento de grupos, lo que la coyuntura, por
ahora, no muestra es evidencia de que lado está más favorable la
correlación de fuerzas, sí del lado del sector que dirige la UNAH o de
los sectores del Partido Nacional. Los acontecimientos que se puedan
desarrollar en el marco del proceso electoral universitario darán cuenta
de dicho hecho.
Después del fraude electoral del 2017 y el intento de celebrar elecciones: ¿Qué está en juego en la UNAH?
Los
puntos de análisis que se puedan desarrollar sobre las anteriores ocho
premisas sin duda alguna dan pistas para comprender lo que está en el
juego en la UNAH. En el fondo lo que está en juego es el modelo de
universitario y modelo de reforma, que giran alrededor de las cuatro
urgencias que describíamos en la primera entrega (véase https://criterio.hn/2018/03/06
En
esta parte es de nuestro interés desarrollar las cuatro urgencias para
comprender lo que entró en juego con el fraude electoral del 2017 y lo
que está en juego con un futuro proceso de elecciones.
La
primera urgencia la ubicábamos en el marco del decreto emitido en el
2017 por el Congreso Nacional y puntualizamos la idea de la posibilidad
de asegurar el control político y cultural por parte de los sectores
conservadores representados por el Partido Nacional. El actual proceso
de reforma fue un parto de gobiernos nacionalistas, que luego del golpe
de estado ven a la UNAH como una institución cultural capaz de
reproducir el proyecto histórico de la élite gobernante, a través de la
formación del estudiante, difusión cultural y producción académica. En
ese marco complejo de intereses y apuestas el partido de gobierno
buscara por todos los medios disputar e influir en el proceso elección
de autoridades universitarias y mantener el control de la representación
estudiantil desde las bases (asociaciones estudiantiles) hasta el
vértice (federación de estudiantes universitarios).
La
segunda urgencia va de la mano con el interés del actual bloque
dirigente de la universidad y la necesidad de realizar elecciones para
sanar el vacío de gobernabilidad universitarias. Esta urgencia es
discutible, si consideramos que, bajo la normativa de la Ley Orgánica y
sus reformas en el 2013, se le concede a Rectoría y a Decanos poderes
especiales para administrar la UNAH. El tema de fondo en esta urgencia
es que el actual bloque que dirige la UNAH después de la salida de
Julieta Castellanos buscan reacomodarse y darle seguimiento al proyecto
que vienen impulsando desde el 2009. Pareciera ser que nos encontramos
ante una disputa de bloques, entre sectores del partido de gobierno y
sectores universitarios.
La
tercera urgencia es necesaria verla en perspectiva y como un elemento
articulador que definirá la dinámica de la universidad y de la reforma
en las próximas décadas. Una de las tantas deudas del actual proceso de
reforma universitaria ha sido los pocos avances que se ha tenido en
materia de reforma académica. El tema de la reforma académica pasa por
tener constituida la representación estudiantil, la cual no ha podido
constituirse por la ausencia de elecciones estudiantiles. En el fondo
estos sectores que se disputan el control político y cultural abogaran
por una reforma académica con rasgos excluyentes y mercantilistas, tal y
como se expresa en el actual modelo de normas académicas.
Y
la ultima urgencia va de la mano de los beneficios de la Universidad
Pública al contar con representación estudiantil, ya que eso le permite
convergen en los espacios regionales de Educación Superior y poder ser
parte del festín meritocrático que ofrece la globalización educativa y
la internacionalización de la educación.
Nota relacionada Los Intentos de Elecciones Estudiantiles en la UNAH (2-4)
¿Qué
está en juego? Lograr el control político y cultural de la UNAH y
orientar la dinámica académica alrededor de intereses clasistas en
detrimento de los intereses de la nación; la elección de autoridades
universitarias que garantice la continuidad del modelo universitario y
modelo de reforma bajo los intereses del actual gobierno o del bloque
que actualmente conduce a la UNAH; asegurar el proyecto educativo a
través de una reforma académica que garantice el controlo ideológico y
cultural de la elite gobernante, en detrimento de los principios de la
Universidad Pública; y por último, potencializar el reconocimiento
internacional en los espacios académicos y acceder a los beneficios que
ofrece la internacionalización de la educación superior en los esfuerzos
de consolidar su proyecto educativo.
Ese
marco podemos constatar una serie de intereses que están en juego y que
van a marcar la dinámica del proceso electoral en la UNAH. En la
siguiente y ultima entrega trataremos de puntualizar los posibles
escenarios que se puedan desarrollar en la coyuntura de las elecciones
estudiantiles en la UNAH.
Todos los caminos conducen a una Asamblea Nacional Constituyente, opina abogado Ramón Enrique Barrios
“El diálogo es totalmente necesario, sino se va a entrar en un periodo de ingobernabilidad”, analiza el abogado Ramón Enrique Barrios, ex Juez de Sentencia de los juzgados de San Pedro Sula.
El presidente Juan Orlando Hernández convocó a un diálogo nacional y como respuesta ha recibido la negación de los principales actores políticos, ya que no cuenta con la aceptación de la ciudadanía para ser el convocante, por ser el principal responsable del fraude electoral que despojó de la presidencia al candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.
Para el abogado Barrios, un verdadero y transparente diálogo debe llevar, forzosamente, a una Asamblea Nacional Constituyente. “Todos los caminos conducen a una Asamblea Nacional Constituyente, y no debió llegar esta situación hasta el año 2017 -2018, este pacto se rompió en el año 2009”, aseguró Barrios.
Radio Progreso (RP) dialogó con el abogado Ramón Barrios (RB) sobre la convocatoria al diálogo nacional y las rutas de salida a esta crisis política que vive el país.
RP. ¿Ya no es válida la propuesta de la OEA de repetir las elecciones?
RB. Ahora tenemos enfrentado al Secretario General de la OEA, el señor Almagro, con la posición del Departamento de Estado. Hay que entender que el gobierno de los Estados Unidos es el que financia, en su mayoría, el presupuesto de la Organización de Estados Americanos, OEA. No sé qué va a pasar en la Asamblea General de Cancilleres en el próximo enero, habida cuenta ya se han sumado varios países al reconocimiento del presidente, me parece que la OEA va a llegar hasta esa opinión que tenía el señor Almagro.
RP. ¿Hay un reconocimiento internacional a los resultados electorales?
RB. Es vergonzoso para un presidente electo que, casi después de un mes, apenas no llega ni a diez países que lo han reconocido, independientemente de lo que suceda, es sumamente vergonzoso lo que el presidente Hernández está pasando a nivel diplomático al no ser reconocido por más de diez países en el mundo actualmente.
RP. ¿Qué piensa de, lo que en casa presidencial han llamado, pre diálogo y los actores que participan de él?
RB. Lo que ha iniciado el presidente Hernández es sentarse en una mesa con sus amigos a tomar café y galletitas, los mismos que lo engañaron a lo largo de los cuatro años, y llegó a las elecciones generales creyendo que el 70% de la gente estaba de acuerdo con la reelección, que más del 70% de la gente iba a votar por él. Me parece que el presidente Hernández está totalmente deslegitimado para convocar a un diálogo. Si en estos momentos el presidente Hernández llama a una reunión, yo le aseguro que hasta en el interior de su partido ha perdido la autoridad que tenía antes del 26 de noviembre, porque es un líder débil.
RP. ¿Es necesario el diálogo en estos momentos en el país?
RB. Totalmente necesario, sino se va a entrar en un periodo de ingobernabilidad. Si el presidente Hernández toma el poder de la nación el próximo 27 de enero, tenemos un espacio de escenario de un mes para trabajar que es lo que va a pasar. Podría no tomar el poder el presidente Hernández y entregar, lo que dice la Constitución de la República, dar al Consejo de Ministros un poder para que desde el Consejo de Ministros se convoquen a nuevas elecciones o desde allí comenzar un acuerdo político con todos los sectores y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
RP. ¿Estaría dispuesto Juan Orlando Hernández?
RB. Yo creo que no porque realizó este gran fraude, precisamente, para mantenerse en el poder, efectivamente éste es de los escenarios que se pueden realizar en último término, yo creo que el escenario más posible es que él, frente a todo, va a tomar juramentación como nuevo presidente, va ser un presidente deslegitimado, yo le puedo asegurar que no va a tomar posesión en un lugar público, no lo va hacer en el estadio nacional como tradicionalmente se ha hecho, se lo puedo asegurar que no lo va hacer porque la afrenta, la rechifla le espera. Además, ya no hay dinero en el presupuesto general para que pueda convocar a sus activistas y darle los 50, 100, 150 Lempiras que se acostumbró a dar, ese escenario yo lo veo muy difícil.
RP. ¿Quién debe conducir el diálogo?
RB. Por su puesto que no debe ser él, porque él es uno de los problemas. Debe ser una personalidad nacional o una personalidad internacional. Con el descrédito que tiene la clase política a nivel nacional en este momento, y me refiero a toda la clase política hondureña, pues debe venir una persona de corte internacional que pueda convocar a todos los sectores.
RP. ¿Cómo ve que sea el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, como lo propone el Partido Liberal?
RB. Yo no voy hasta el Secretario General de las Naciones Unidas, yo prefería a alguien con características latinoamericanas, que entienda el sentir, las costumbres, que hablen nuestro mismo idioma, podría ser el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, que es una persona que puede sentar a todos los sectores nacionales a un gran diálogo.
RP. ¿Hacia dónde nos podría conducir un verdadero diálogo?
RB. Ese diálogo debe llevar, forzosamente y lo hemos venido estableciendo en diversas comparecencias en Radio Progreso, a una Asamblea Nacional Constituyente. Si hay algo que yo le puedo asegurar es que el presidente Hernández, si toma la promesa de ley el 27 de enero, no va a terminar su periodo porque necesariamente, frente al descredito y frente a ilegitimidad que tiene, va a tener que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
RP. ¿Todos los caminos conducen a una Asamblea Nacional Constituyente?
RB. Todos los caminos conducen a una Asamblea Nacional Constituyente y no debió llegar esta situación hasta el año 2017 -2018, este pacto se rompió en el año 2009.
APUNTES SOBRE UN
ESTADO FALLIDO
por Rodolfo Cortés Calderón
Honduras es desde mediados del siglo pasado un Estado
fallido. Aunque a decir verdad lo es desde que empezó a ser una república
bananera dependiente de las empresas UNITED BRAND y STANDARD FRUIT COMPANY de
los Estados Unidos. En los años 50s se caracterizó, después de la HUELGA
BANANERA DE 1954, por tener una sociedad con gobiernos militares hasta los años
80s. Después en 1982 Honduras inició una “nueva era”, una sociedad militarizada
pero con ropaje “civil” con gobiernos azules y rojos (NACIONAL y LIBERAL), una
calca exacta de los partidos y gobiernos de Estados Unidos. Esa ha sido nuestra triste Historia hasta
estos días. Somos un Estado Laboratorio, igual que todas las republiquetas bananeras
de Centroamérica, Panamá, Paraguay, Perú, Colombia, etc.
Pero a partir del Golpe de Estado de Junio 2009 la situación
es más visible, triste y dañina. Las uñas del Imperio están más metidas en sus
entrañas. No nos dejan ni respirar, nos hunden en su neoliberalismo mezquino y
egoísta.
El pueblo señala a JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, JOH, como dictador
porque tiene de estar en el poder de Honduras como diputado al Congreso
Nacional, CN, desde hace más de 16 años, igual que su padre putativo (el
nacionalista TIBURCIO CARÍAS ANDINO, Presidente desde 1933 hasta 1949), después
fue presidente del CN desde 2010-2014 y actualmente es Presidente con pretensiones
reeleccionistas.
Durante sus 16 años JOH se dedicó a hilvanar una dictadura
abusando de sus poderes en el Congreso Nacional y en la Presidencia de la
República. Mientras fue presidente del CN de una manera ilegal, porque ya era
presidente electo en enero del 2014, aprobó 6 leyes y varios acuerdos que le
darían poderes omnipotentes como Presidente de la República, según lo dejó
visible en Radio Progreso el abogado y ex diputado nacionalista RENÉ ADÁN TOMÉ.
Ya siendo presidente de Honduras alineó a su favor reeleccionista todas las
instituciones del Estado incluyendo las contraloras como la CORTE SUPREMA, CN,
MINISTERIO PÚBLICO, FFAA, CONADEH, TSE, TSC, POLICÍA, etc.
Desde entonces no tenemos institucionalidad y todos los
poderes del Estado y los órganos controlares están en poder de una sola
persona: el presidente de la República JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ, JOH, que goza de
la venia de los poderes imperiales gringos y de los colonialistas europeos.
El mejor reflejo de esta situación son las elecciones
generales realizadas el pasado 26 de noviembre que aun cuando el Tribunal
Supremo Electoral, TSE, informó anticipadamente que a más tardar a las 9 de la noche tendría un reporte de quien
sería el próximo presidente de Honduras, sin embargo, ya han pasado 35 horas y
el pueblo está en ascuas porque no quieren reconocer el triunfo de la ALIANZA
OPOSITORA CONTRA LA DICTADURA que encabeza SALVADOR ALEJANDRO NASRALLA SALUM que
en un primer reporte el TSE informó superaba en 5% al anticonstitucional reeleccionista
JOH.
El pueblo habló y dio su dictamen a través del voto: no
quiere dictaduras, no quiere violadores de la Constitución, no quiere
reelección, no quiere al dictador JOH.
Los hondureños responsabilizamos de esta crisis que puede conducir
a la insurrección del pueblo contemplado en el Artículo No. 3 de la República
de Honduras, al TSE, a las mafias empresariales, mediáticas y religiosas de
Honduras, pero sobre todo a JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ y a la plebe del Partido
Nacional.
28 de noviembre 2017.
Guatemala e Israel, una historia antigua y sangrienta
por Maurice Lemoine
08/01/2018 - LA HAINE
El genocida Ríos Montt declaró al periódico
español ABC: "Nuestro éxito se debió a que nuestros soldados fueron
entrenados por los israelíes"
Por
una amplia mayoría 128 países miembros de las Naciones Unidas, de un
total de 193, condenaron el 21 de diciembre de 2017 el reconocimiento de
Jerusalén como capital de Israel declarado por el presidente de EEUU
Donald Trump. El texto de la resolución repetía, agrandes rasgos, un
proyecto apoyado por 14 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad en
el que EEUU tuvo que utilizar su veto de miembro permanente para impedir
que se adoptara.
Con el fin de evitar esta condena masiva de la comunidad internacional, previamente Washington multiplicó las amenazas y las presiones. Así, 35 Estados se abstuvieron y 21 juzgaron prudente no tomar parte en la votación. Entre los abstencionistas, la Casa Blanca pudo contar con la «solidaridad pasiva» de algunos comparsas continentales: México, Argentina y Canadá. Pero, por supuesto, fueron «siete grandes potencias» totalmente alineadas con Washington y Tel Aviv las que llamaron la atención: las islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo y sobre todo, del tradicional patio trasero, Honduras y Guatemala.
Nada sorprendente en el caso de Honduras, donde Juan Orlando Hernández (JOH) acaba de autoproclamarse reelegido en una elección presidencial en condiciones tan escandalosas que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) protestó por la irregularidad (1). Trump por el contrario, y contra toda evidencia, reconoció la «victoria», se entiende que «JOH» rivalizase en servilismo. Sin embargo, en el registro de «alianzas dudosas y compromisos absolutos», su homólogo guatemalteco Jimmy Morales lo hizo todavía mejor: el 24 de diciembre anunció su intención de imitar a Washington trasladando su embajada de Herzliya (barrio de Tel-Aviv) a Jerusalén, en desafío del voto de condena de la Asamblea General de las Nacionales Unidas.
Al igual que Honduras, Guatemala se encuentra en posición de gran debilidad frente al eventual mal humor de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Aunque modesta y dirigida prioritariamente a las fuerzas de seguridad y represión, la ayuda económica de Washington es vital para esta nación abandonada. Además el chantaje de la expulsión pende sobre el millón de guatemaltecos que residen más o menos legalmente en territorio estadounidense y permiten la supervivencia de sus compatriotas gracias a las remesas. Casi 40.000 de esos emigrantes ya fueron repatriados manu militari en 2017.
Finalmente, al igual que «JOH», Jimmy Morales arrastra algunos escándalos que solo pueden incitarle a la más pragmática de las sumisiones. Desde 2015, encargada por las Naciones Unidas y Washington, una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) lleva en el país una «santa cruzada» contra la corrupción. Y no sin resultados: en 2015 la comisión hizo destituir y encarcelar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por malversación de fondos.
A su vez Jimmy Morales, tras acceder a la cabeza del Estado, se ha señalado por algunas «fruslerías». En septiembre de 2017, por ejemplo, se descubrió que percibía todos los meses de las fuerzas armadas, con total discreción, una presunta «prima de riesgo» de 7.300 dólares (un incremento irregular de su salario del 33 %) Después otra revelación agitó la opinión pública: 800.000 dólares de fondos ilegales habrían irrigado la campaña del Frente de Convergencia Nacional del que era el candidato. La Procuradora General Thelma Aldana y la CICIG demandaron que se levantara su impunidad y se permitiera juzgarle y Morales (cuyo hermano y uno de sus hijos están encarcelados por emitir facturas falsas), apoyado por la extrema derecha y antiguos militares, replicó declarando persona non grata y pretendiendo expulsar al jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, decisión que provocó fuertes reacciones nacionales e internacionales y que el Tribunal Constitucional guatemalteco rechazó y anuló. En semejante contexto, atraerse la simpatía de Trump no es nada secundario para el jefe del Estado centroamericano.
Pero la decisión de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén no responde solo a esa preocupación. Al hacer el anuncio Jimmy Morales informó de una entrevista telefónica que mantuvo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el curso de la cual ambos mandatarios señalaron las «excelentes relaciones» que existen entre ambos países «desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel».
Recordemos brevemente ese episodio, que no es el más importante (para los guatemaltecos, se entiende). El hecho es que ese pequeño Estado de América central fue el segundo (¡Inmediatamente detrás de EEUU!) que reconoció la existencia de un «Estado judío» en territorio palestino el 14 de mayo de 1948.
En el origen de esta presencia en los primeros tiempos de las convulsiones del lejano Oriente Próximo, se encuentra un diplomático progresista (o al menos reformista), Jorge García Granados. Hijo menor de un jefe de Estado encarcelado y torturado por la dictadura de Jorge Ubico, exiliado en México, Granados combatió en el bando republicano de la guerra civil española antes de unirse a la «Revolución de Octubre» que, en 1944, permitió a Juan José Arévalo convertirse en el primer presidente democráticamente elegido de Guatemala.
Marcado por el control colonial de Londres sobre la Honduras británica vecina (hoy Belice), un territorio históricamente reivindicado por Guatemala, Granados, miembro del Comité Especial para Palestina nombrado por las Naciones Unidas en mayo de 1947 (2), veía con buenos ojos el fin del mandato británico sobre ese territorio y como la mayoría de los miembros de la Comisión recomendó su partición entre un Estado árabe y un Estado judío (que se convertiría en Israel unos meses después), con un estatuto especial internacional para Jerusalén bajo la autoridad administrativa de las Naciones Unidas (3). A pesar de lo que se pueda pensar a posteriori, nada que ver con las ineptas iniciativas de Trump y después de Jimmy Morales que, a finales de diciembre de 2017, han pisoteado los derechos más elementales de los palestinos.
Tras las elecciones de 1944, Guatemala vivió 10 años de «primavera democrática» bajo las presidencias de Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). El derrocamiento de este último por un golpe de Estado que organizaron la compañía bananera americana United Fruit (UFCo), hostil a la reforma agraria, y su brazo armado la Central Intelligence Agency (CIA), marca el principio de una tragedia de la cual Granados solo conoció el principio, puesto que murió en 1961.
Muy poco tiempo después, bajo el mandato de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), el coronel Carlos Manuel Arana Osorio –apodado «el chacal de Zacapa»– con el apoyo de los instructores y los Boinas verdes estadounidenses, dirige una campaña de represión sin precedentes contra las organizaciones de izquierda refugiadas en la clandestinidad. Los asesinatos políticos llegaron a la cifra de 8.000 entre 1966 y 1968. Convertido en general y llegado al poder en 1970, Arana Osorio se declaró decidido «si fuese necesario, a convertir el país en un cementerio para restaurar la paz civil». Entre 1970 y 1978, 20.000 guatemaltecos pagaron con su vida esa filosofía.
A pesar de la convergencia de los intereses de la nueva oligarquía militar y las multinacionales estadounidenses (Hanna Mining, Del Monte, Standard Brands –nueva rama de la UFCo-) la amplitud y los métodos de la represión, las violaciones masivas y repetidas de los derechos humanos -150 personas fueron asesinadas a sangre fría en 1977 en la plaza de la ciudad de Panzos- llevaron al presidente James Carter a suspender la ayuda militar de EEUU. Desde entonces la «diplomacia del Uzi» (en referencia al potente y célebre fusil de asalto israelí) va a desempeñar un papel preponderante.
La asistencia militar israelí a Guatemala había empezado oficialmente en 1971. Desde 1975 el Estado terrorista proporcionaba los aviones Aravaet y diversos tipos de armamento –cañones, armas individuales- que EEUU dejó de suministrar. Cuando en 1977 Carter interrumpió totalmente la venta de armas, Tel Aviv tomó definitivamente el relevo.
El general Lucas García fue «elegido» en 1978, mediante un fraude descarado y con una tasa de abstención del 63,5 %. Este imposible regreso a la vía política provocó la aparición de las guerrillas. En 1975, en primer lugar en la región del Ixcán, reaparece el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo núcleo inicial había participado en un levantamiento precedente antes de replegarse a México. En 1979 surgió la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).
El poderoso lobby guatemalteco «Asociación de los Amigos del país» invirtió varios cientos de miles de dólares en el Partido Republicano como contribución a la campaña electoral de Ronald Reagan. Cuando este llegó a la Casa Blanca las relaciones se volvieron menos difíciles. Aparte de los intereses estratégicos de Washington, el poder económico adquirido por los militares guatemaltecos (el 33 % de la región petrolera del Petén les pertenecía) ofrecía ahora más oportunidades, además de las de la oligarquía nacional tradicional, a las posibilidades de beneficio de las empresas estadounidenses.
Cuando en el segundo semestre de 1981 el general Benedicto Lucas lanzó una ofensiva general contra las guerrillas, la represión, además de su aspecto militar, llegó a los sectores más moderados de la sociedad, incluida la democracia cristiana. Una primera etapa de «pacificación» se tradujo en masacres y la destrucción de más de 250 pueblos indígenas considerados bases del apoyo a la insurrección armada. Este período de toma de control total de la población se saldó con alrededor de 20.000 muertos, la huida de aproximadamente 100.000 campesinos que se refugiaron mayoritariamente en el sur de México, un millón de personas desplazadas y la militarización de la administración del Estado.
Efectuando «un trabajo fantástico» , según el general Benedicto Lucas, decenas de asesores militares israelíes respaldaban al servicio de inteligencia guatemalteco, el siniestro G-2, y pusieron en marcha un sistema informático que permitía el fichaje sistemático del 80 % de la población. Gracias a los ordenadores fabricados en Israel, el ejército guatemalteco descubre y destruye en 1981 veintisiete escondites de las organizaciones revolucionarias a través de un análisis de los consumos nocturnos de agua y electricidad en la ciudad de Guatemala. Además de la construcción de una fábrica de armas en la provincia de la Alta Verapaz por la Eagle Military Gear Overseas, la ayuda israelí se inscribe en el «programa de pacificación rural» responsable de la muerte de miles de campesinos pertenecientes a los pueblos mayas. Ese siniestro plan se inspira directamente, según su responsable el coronel Eduardo Walhero, en el Nahal Program –«Jóvenes pioneros combatientes»– destinado a formar a jóvenes soldados en técnicas agrícolas para instalarlos en las zonas fronterizas del Estado israelí.
La imposición del general Aníbal Guevara, ganador en 1982 de uno de los escrutinios más fraudulentos de la historia del país, lleva al golpe de Estado del general Efraín Ríos Montt, especialista en la contrainsurrección y candidato electo expulsado de la democracia cristiana en 1974. Este relanza la ofensiva contra el movimiento armado, unificado entonces en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG). La estrategia «tortilla, techo, trabajo» agrupa a las poblaciones de las aldeas estratégicas bajo el modelo estadounidense utilizado en Vietnam, el reclutamiento forzoso de los indios en patrullas civiles de autodefensa (PAC). Bajo el lema «Fusiles y frijoles» esas patrullas servirían fundamentalmente de carne de cañón –solo el 5 % de esos pseudovoluntarios estaban armados- y permitían vigilar constantemente a «los 265.000 campesinos» que según el ejército «ayudan a la guerrilla». Todo esto siempre con la atenta ayuda de Tel Aviv cuando, bajo el régimen de Ríos Montt, 18.000 campesinos fueron masacrados, víctimas de las peores atrocidades.
Cuando las luchas populares triunfaban en la vecina Nicaragua, progresaban en El Salvador y en menor medida en Honduras, Guatemala se convirtió en un centro de difusión regional, el 30 % de las armas israelíes recibidas se revendían en la zona –especialmente a los contrarrevolucionarios nicaragüenses (la contra)-
«Nuestros dos países comparten los mismos objetivos y las mismas cualidades, como el pluralismo, los derechos humanos, la paz, la justicia social y el progreso económico», declaró finalmente (sin reírse) Ronald Reagan, el 13 de enero de 1984, al recibir las credenciales del nuevo embajador de Guatemala. Restablecida la ayuda militar de Washington esta se añade a la de Tel Aviv, que no se interrumpe. Cuando el conflicto acabó, en 1996, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) puesta en marcha por las Naciones Unidas reveló que se saldó con el desplazamiento de un millón y medio de personas y la muerte de 200.000 –el 93 % víctima de los grupos paramilitares y el ejército- Aunque la tragedia se desarrolló a lo largo de más de tres decenios, los picos más atroces de violencia provocados por la estrategia de tierra quemada se desarrollaron entre 1980 y 1983, bajo los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.
Atrapado por la justicia de su país en 2013, Ríos Montt fue condenado por «genocidio y crímenes contra la humanidad» (aunque el Tribunal Constitucional guatemalteco se apresuró después a anular el proceso). En 1982, es el mismo Ríos Montt quien declaraba al periódico español ABC: «Nuestro éxito se debió a que nuestros soldados fueron entrenados por los israelíes».
Doscientos mil muertos no se pueden comparar con seis millones. Pero aún así… en pleno siglo XX, apenas algunos años después de revelarse el crimen absoluto del Holocausto, un genocidio es un genocidio. Una monstruosidad que según Jimmy Morales y Netanyahu permitió a los gobernantes de ambos países, a lo largo de esos años sangrientos, mantener «excelentes relaciones». Ahora para mayor desgracia de los palestinos.
Notas:
(1) Leer «Au Honduras, le coup d’Etat permanent», Mémoire des Luttes, 5 décembre 2017, http://www.medelu.org/Au-Hondu
(2) Nombrado por la ONU el 13 de mayo de 1947, el Comité Especial para Palestina de las Naciones Unidas (UNSCOP) constaba de los representantes de once Estados (Australia, Canadá, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Perú, Suecia, Checoslovaquia, Uruguay y Yugoslavia).
(3) Una vez proclamada la independencia del Estado de Israel en 1948, Granados sería el primer diplomático que anunció en las Naciones Unidas el reconocimiento de Israel por su país. A partir de 1956 fue el primer embajador de Guatemala
Mémoire des luttes. Traducido del francés para Rebelión por Caty R. Extractado por La Haine
Con el fin de evitar esta condena masiva de la comunidad internacional, previamente Washington multiplicó las amenazas y las presiones. Así, 35 Estados se abstuvieron y 21 juzgaron prudente no tomar parte en la votación. Entre los abstencionistas, la Casa Blanca pudo contar con la «solidaridad pasiva» de algunos comparsas continentales: México, Argentina y Canadá. Pero, por supuesto, fueron «siete grandes potencias» totalmente alineadas con Washington y Tel Aviv las que llamaron la atención: las islas Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Togo y sobre todo, del tradicional patio trasero, Honduras y Guatemala.
Nada sorprendente en el caso de Honduras, donde Juan Orlando Hernández (JOH) acaba de autoproclamarse reelegido en una elección presidencial en condiciones tan escandalosas que incluso la Organización de los Estados Americanos (OEA) protestó por la irregularidad (1). Trump por el contrario, y contra toda evidencia, reconoció la «victoria», se entiende que «JOH» rivalizase en servilismo. Sin embargo, en el registro de «alianzas dudosas y compromisos absolutos», su homólogo guatemalteco Jimmy Morales lo hizo todavía mejor: el 24 de diciembre anunció su intención de imitar a Washington trasladando su embajada de Herzliya (barrio de Tel-Aviv) a Jerusalén, en desafío del voto de condena de la Asamblea General de las Nacionales Unidas.
Al igual que Honduras, Guatemala se encuentra en posición de gran debilidad frente al eventual mal humor de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Aunque modesta y dirigida prioritariamente a las fuerzas de seguridad y represión, la ayuda económica de Washington es vital para esta nación abandonada. Además el chantaje de la expulsión pende sobre el millón de guatemaltecos que residen más o menos legalmente en territorio estadounidense y permiten la supervivencia de sus compatriotas gracias a las remesas. Casi 40.000 de esos emigrantes ya fueron repatriados manu militari en 2017.
Finalmente, al igual que «JOH», Jimmy Morales arrastra algunos escándalos que solo pueden incitarle a la más pragmática de las sumisiones. Desde 2015, encargada por las Naciones Unidas y Washington, una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG) lleva en el país una «santa cruzada» contra la corrupción. Y no sin resultados: en 2015 la comisión hizo destituir y encarcelar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti por malversación de fondos.
A su vez Jimmy Morales, tras acceder a la cabeza del Estado, se ha señalado por algunas «fruslerías». En septiembre de 2017, por ejemplo, se descubrió que percibía todos los meses de las fuerzas armadas, con total discreción, una presunta «prima de riesgo» de 7.300 dólares (un incremento irregular de su salario del 33 %) Después otra revelación agitó la opinión pública: 800.000 dólares de fondos ilegales habrían irrigado la campaña del Frente de Convergencia Nacional del que era el candidato. La Procuradora General Thelma Aldana y la CICIG demandaron que se levantara su impunidad y se permitiera juzgarle y Morales (cuyo hermano y uno de sus hijos están encarcelados por emitir facturas falsas), apoyado por la extrema derecha y antiguos militares, replicó declarando persona non grata y pretendiendo expulsar al jurista colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, decisión que provocó fuertes reacciones nacionales e internacionales y que el Tribunal Constitucional guatemalteco rechazó y anuló. En semejante contexto, atraerse la simpatía de Trump no es nada secundario para el jefe del Estado centroamericano.
Pero la decisión de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén no responde solo a esa preocupación. Al hacer el anuncio Jimmy Morales informó de una entrevista telefónica que mantuvo con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el curso de la cual ambos mandatarios señalaron las «excelentes relaciones» que existen entre ambos países «desde que Guatemala apoyó la creación del Estado de Israel».
Recordemos brevemente ese episodio, que no es el más importante (para los guatemaltecos, se entiende). El hecho es que ese pequeño Estado de América central fue el segundo (¡Inmediatamente detrás de EEUU!) que reconoció la existencia de un «Estado judío» en territorio palestino el 14 de mayo de 1948.
En el origen de esta presencia en los primeros tiempos de las convulsiones del lejano Oriente Próximo, se encuentra un diplomático progresista (o al menos reformista), Jorge García Granados. Hijo menor de un jefe de Estado encarcelado y torturado por la dictadura de Jorge Ubico, exiliado en México, Granados combatió en el bando republicano de la guerra civil española antes de unirse a la «Revolución de Octubre» que, en 1944, permitió a Juan José Arévalo convertirse en el primer presidente democráticamente elegido de Guatemala.
Marcado por el control colonial de Londres sobre la Honduras británica vecina (hoy Belice), un territorio históricamente reivindicado por Guatemala, Granados, miembro del Comité Especial para Palestina nombrado por las Naciones Unidas en mayo de 1947 (2), veía con buenos ojos el fin del mandato británico sobre ese territorio y como la mayoría de los miembros de la Comisión recomendó su partición entre un Estado árabe y un Estado judío (que se convertiría en Israel unos meses después), con un estatuto especial internacional para Jerusalén bajo la autoridad administrativa de las Naciones Unidas (3). A pesar de lo que se pueda pensar a posteriori, nada que ver con las ineptas iniciativas de Trump y después de Jimmy Morales que, a finales de diciembre de 2017, han pisoteado los derechos más elementales de los palestinos.
Tras las elecciones de 1944, Guatemala vivió 10 años de «primavera democrática» bajo las presidencias de Juan José Arévalo (1945-1951) y Jacobo Árbenz Guzmán (1951-1954). El derrocamiento de este último por un golpe de Estado que organizaron la compañía bananera americana United Fruit (UFCo), hostil a la reforma agraria, y su brazo armado la Central Intelligence Agency (CIA), marca el principio de una tragedia de la cual Granados solo conoció el principio, puesto que murió en 1961.
Muy poco tiempo después, bajo el mandato de Julio César Méndez Montenegro (1966-1970), el coronel Carlos Manuel Arana Osorio –apodado «el chacal de Zacapa»– con el apoyo de los instructores y los Boinas verdes estadounidenses, dirige una campaña de represión sin precedentes contra las organizaciones de izquierda refugiadas en la clandestinidad. Los asesinatos políticos llegaron a la cifra de 8.000 entre 1966 y 1968. Convertido en general y llegado al poder en 1970, Arana Osorio se declaró decidido «si fuese necesario, a convertir el país en un cementerio para restaurar la paz civil». Entre 1970 y 1978, 20.000 guatemaltecos pagaron con su vida esa filosofía.
A pesar de la convergencia de los intereses de la nueva oligarquía militar y las multinacionales estadounidenses (Hanna Mining, Del Monte, Standard Brands –nueva rama de la UFCo-) la amplitud y los métodos de la represión, las violaciones masivas y repetidas de los derechos humanos -150 personas fueron asesinadas a sangre fría en 1977 en la plaza de la ciudad de Panzos- llevaron al presidente James Carter a suspender la ayuda militar de EEUU. Desde entonces la «diplomacia del Uzi» (en referencia al potente y célebre fusil de asalto israelí) va a desempeñar un papel preponderante.
La asistencia militar israelí a Guatemala había empezado oficialmente en 1971. Desde 1975 el Estado terrorista proporcionaba los aviones Aravaet y diversos tipos de armamento –cañones, armas individuales- que EEUU dejó de suministrar. Cuando en 1977 Carter interrumpió totalmente la venta de armas, Tel Aviv tomó definitivamente el relevo.
El general Lucas García fue «elegido» en 1978, mediante un fraude descarado y con una tasa de abstención del 63,5 %. Este imposible regreso a la vía política provocó la aparición de las guerrillas. En 1975, en primer lugar en la región del Ixcán, reaparece el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), cuyo núcleo inicial había participado en un levantamiento precedente antes de replegarse a México. En 1979 surgió la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).
El poderoso lobby guatemalteco «Asociación de los Amigos del país» invirtió varios cientos de miles de dólares en el Partido Republicano como contribución a la campaña electoral de Ronald Reagan. Cuando este llegó a la Casa Blanca las relaciones se volvieron menos difíciles. Aparte de los intereses estratégicos de Washington, el poder económico adquirido por los militares guatemaltecos (el 33 % de la región petrolera del Petén les pertenecía) ofrecía ahora más oportunidades, además de las de la oligarquía nacional tradicional, a las posibilidades de beneficio de las empresas estadounidenses.
Cuando en el segundo semestre de 1981 el general Benedicto Lucas lanzó una ofensiva general contra las guerrillas, la represión, además de su aspecto militar, llegó a los sectores más moderados de la sociedad, incluida la democracia cristiana. Una primera etapa de «pacificación» se tradujo en masacres y la destrucción de más de 250 pueblos indígenas considerados bases del apoyo a la insurrección armada. Este período de toma de control total de la población se saldó con alrededor de 20.000 muertos, la huida de aproximadamente 100.000 campesinos que se refugiaron mayoritariamente en el sur de México, un millón de personas desplazadas y la militarización de la administración del Estado.
Efectuando «un trabajo fantástico» , según el general Benedicto Lucas, decenas de asesores militares israelíes respaldaban al servicio de inteligencia guatemalteco, el siniestro G-2, y pusieron en marcha un sistema informático que permitía el fichaje sistemático del 80 % de la población. Gracias a los ordenadores fabricados en Israel, el ejército guatemalteco descubre y destruye en 1981 veintisiete escondites de las organizaciones revolucionarias a través de un análisis de los consumos nocturnos de agua y electricidad en la ciudad de Guatemala. Además de la construcción de una fábrica de armas en la provincia de la Alta Verapaz por la Eagle Military Gear Overseas, la ayuda israelí se inscribe en el «programa de pacificación rural» responsable de la muerte de miles de campesinos pertenecientes a los pueblos mayas. Ese siniestro plan se inspira directamente, según su responsable el coronel Eduardo Walhero, en el Nahal Program –«Jóvenes pioneros combatientes»– destinado a formar a jóvenes soldados en técnicas agrícolas para instalarlos en las zonas fronterizas del Estado israelí.
La imposición del general Aníbal Guevara, ganador en 1982 de uno de los escrutinios más fraudulentos de la historia del país, lleva al golpe de Estado del general Efraín Ríos Montt, especialista en la contrainsurrección y candidato electo expulsado de la democracia cristiana en 1974. Este relanza la ofensiva contra el movimiento armado, unificado entonces en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (UNRG). La estrategia «tortilla, techo, trabajo» agrupa a las poblaciones de las aldeas estratégicas bajo el modelo estadounidense utilizado en Vietnam, el reclutamiento forzoso de los indios en patrullas civiles de autodefensa (PAC). Bajo el lema «Fusiles y frijoles» esas patrullas servirían fundamentalmente de carne de cañón –solo el 5 % de esos pseudovoluntarios estaban armados- y permitían vigilar constantemente a «los 265.000 campesinos» que según el ejército «ayudan a la guerrilla». Todo esto siempre con la atenta ayuda de Tel Aviv cuando, bajo el régimen de Ríos Montt, 18.000 campesinos fueron masacrados, víctimas de las peores atrocidades.
Cuando las luchas populares triunfaban en la vecina Nicaragua, progresaban en El Salvador y en menor medida en Honduras, Guatemala se convirtió en un centro de difusión regional, el 30 % de las armas israelíes recibidas se revendían en la zona –especialmente a los contrarrevolucionarios nicaragüenses (la contra)-
«Nuestros dos países comparten los mismos objetivos y las mismas cualidades, como el pluralismo, los derechos humanos, la paz, la justicia social y el progreso económico», declaró finalmente (sin reírse) Ronald Reagan, el 13 de enero de 1984, al recibir las credenciales del nuevo embajador de Guatemala. Restablecida la ayuda militar de Washington esta se añade a la de Tel Aviv, que no se interrumpe. Cuando el conflicto acabó, en 1996, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) puesta en marcha por las Naciones Unidas reveló que se saldó con el desplazamiento de un millón y medio de personas y la muerte de 200.000 –el 93 % víctima de los grupos paramilitares y el ejército- Aunque la tragedia se desarrolló a lo largo de más de tres decenios, los picos más atroces de violencia provocados por la estrategia de tierra quemada se desarrollaron entre 1980 y 1983, bajo los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.
Atrapado por la justicia de su país en 2013, Ríos Montt fue condenado por «genocidio y crímenes contra la humanidad» (aunque el Tribunal Constitucional guatemalteco se apresuró después a anular el proceso). En 1982, es el mismo Ríos Montt quien declaraba al periódico español ABC: «Nuestro éxito se debió a que nuestros soldados fueron entrenados por los israelíes».
Doscientos mil muertos no se pueden comparar con seis millones. Pero aún así… en pleno siglo XX, apenas algunos años después de revelarse el crimen absoluto del Holocausto, un genocidio es un genocidio. Una monstruosidad que según Jimmy Morales y Netanyahu permitió a los gobernantes de ambos países, a lo largo de esos años sangrientos, mantener «excelentes relaciones». Ahora para mayor desgracia de los palestinos.
Notas:
(1) Leer «Au Honduras, le coup d’Etat permanent», Mémoire des Luttes, 5 décembre 2017, http://www.medelu.org/Au-Hondu
(2) Nombrado por la ONU el 13 de mayo de 1947, el Comité Especial para Palestina de las Naciones Unidas (UNSCOP) constaba de los representantes de once Estados (Australia, Canadá, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Perú, Suecia, Checoslovaquia, Uruguay y Yugoslavia).
(3) Una vez proclamada la independencia del Estado de Israel en 1948, Granados sería el primer diplomático que anunció en las Naciones Unidas el reconocimiento de Israel por su país. A partir de 1956 fue el primer embajador de Guatemala
Mémoire des luttes. Traducido del francés para Rebelión por Caty R. Extractado por La Haine
