Libertad para presos políticos: Deber, obligación y necesidad
Tegucigalpa, Honduras.- El
Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos en Honduras,
surgió como un deber, obligación y necesidad, en el marco de acciones de
la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), ante las arbitrariedades
del régimen, tras el fraude electoral del 26 de noviembre del 2017.
Las líneas de trabajo de la
Convergencia, básicamente temas de derechos humanos focalizados en
asesinatos políticos, persecución política y presos políticos después de
la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández “JOH” que lo mantiene en
el poder por segundo periodo consecutivo, figura política que no existe
en la Constitución de la República.
Por lo que, para operativizar los
mandatos de las asambleas, tomamos la decisión de convocar a
organizaciones miembros de la CCC y personas que forman parte de esta,
para dar a conocer lo que estábamos pensando, como hacer más efectivo el
trabajo de los presos políticos, que suman 21 personas, tomado como un
mandato de la Convergencia; y es ahí cuando nos reunimos varias
organizaciones y nació el Comité Nacional por la Liberación de Presos
Políticos, el pasado 13 de febrero, explicó la defensora de derechos
humanos, Bertha Oliva.
Oliva, integrante fundadora de la Convergencia, detalló a www.defensoresenlinea.com
que, a medida van trabajando y conociendo a lo que enfrentan, es
natural que el Comité se consolide, porque ven con horror que se ha
violentado el debido proceso en todos los casos de las 21 personas, y no
puede estar privada de libertad en esas condiciones <<desde ahí
están mal detenidos>>.
Es importante entender la situación y
hablar con la mayoría de los representantes legales de los casos de
presos políticos para hacer una estrategia en base a ley, de lo contario
van con las acusaciones infundadas de autoritarismo que suelen suceder
en dictaduras que lógicamente que no los van a sacar nunca, añadió la
también coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH).
El Comité trabaja en acciones para hacer
entender que por la falta al debido proceso deben ser liberados, porque
ellos y ella no han cometido delito sólo por expresar el repudio en
base a la Constitución de la República en su artículo tres, ante lo
suscitado el 26 de noviembre.
ARTICULO 3.- Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
Tras las rejas
Las cárceles están blindadas para los
familiares de los presos, especialmente si son los enviados centros
penitenciarios de máxima seguridad, pasan meses sin saber de sus
parientes, lo que se vive dentro ahí se queda, pero afuera la realidad
es de desesperanza e incertidumbre.
Para el 14 de febrero, día “del amor y
la amistad” se dijo a través de un medio de comunicación que para el
siguiente fin de semana se permitiría el ingreso de familiares, el
sábado 17 sería el reencuentro, pero cientos de personas esperaron horas
bajo el inclemente sol, y los portones de láminas de zinc, nunca se
abrieron, y la desesperación aumentó.
Había personas de lejos, menores de edad
que lloraban, no han podido ver a sus familiares privados de libertad
en la cárcel de La Tolva, describió la canadiense Karen Spring,
compañera de Edwin Espinal, preso político desde el 19 de enero. Días
después logró encontrarse con Edwin, con un permiso especial por ser
extranjera.
Los presos políticos que hoy están en
cárceles de máxima seguridad están sufriendo cualquier tipo de
vejámenes, aunque si se habla con los que se han autonombrado
autoridades van a creer que tienen los mejores centros penales, que
superan a los que hay en Holanda, países adelantados que sí respetan y
saben que el único derecho suspendido es el de la libertad, continuó
Oliva.
Cabe mencionar que los centros “El Pozo”
y “La Tolva”, son términos militares y de tortura permanente, no sólo
aislamiento; además, está manejado por militares.
Centros penitencias
Para acceder a ver a los privados de libertad, cada persona debe solicitar un permiso que suma a tres mil 500 lempiras en tramitación de papeles.
Para acceder a ver a los privados de libertad, cada persona debe solicitar un permiso que suma a tres mil 500 lempiras en tramitación de papeles.
“Son un centro de negocio que no se sabe para dónde van o en qué se implementan esos fondos más o menos como el de la “Tasa de Seguridad”, son fondos adicionales que quedan a discreción ¿no sabemos de quién? y esto en contra de las necesidades de cada familia pobre que tiene a su pariente privado de libertad”. Bertha Oliva
La defensora no ha tenido acceso a ver
los presos políticos, pese a su reconocido trabajo a favor de los
derechos humanos, está tramitando un permiso y eso es violar la ley,
porque la ley misma ya contempla cual es el procedimiento, las abogadas
que los representa si han tenido acceso, en el caso que COFADEH
representa, a Edwin Robelo Espinal,
si lo han visto, pero no le permiten el acceso a accesorios de uso
personal como ropa, pasta dental, incluso alimentos que envía la
familia, como una forma de hacerle saber su cercanía.
Se va a verificar el estado de salud y
emocional de Espinal, así como informarle sobre el caso, bajo
restricciones que son totalmente desgarradoras, denunció la integrante
de la Convergencia.
Las familias no han tenido acceso, si
con los privados de libertad en la cárcel de El Progreso, pero con
restricciones, la diferencia es el tratamiento que se está dando a los
de La Tolva y El Pozo, por eso hablamos de que debe ser supervisado,
vigilado y controlado por organismos internacionales para constatar el
grado de depresión.
La visita no debe ser avisada, sino
llegar, porque al avisar y si hay algo de anomalía van a corregir para
quedar bien ante las visitas, ocultando la verdadera calamidad humana en
que tienen sometidos a los privados de libertad.
Mismo guion en centros penales
Desde
la creación del Comité, se ha programado diferentes actividades entre
plantones, divulgación de información a través de redes sociales,
denuncias públicas, acompañamiento a familiares, documentación de casos,
visitas a los centros penales por parte de organizaciones que lo
integran, y se van a seguir haciendo acciones para demostrar la injusta
prisión que guardan los presos políticos.
Uno de los hechos que ha escandalizado la situación de los centros penales, es un brote de tuberculosis, se ha denunciado al menos 80 casos a nivel nacional. La falta de atención médica y la falta de agua hizo que Espinal estuviera en huelga de hambre del 03 al 05 de marzo, en La Tolva.“Vamos a demandar que se respeten realmente los derechos humanos, La Tolva o El Pozo no son cárceles encaminadas a que las personas si han cometido algún delito salgan listas para reintegrarse a la sociedad, son cárceles para que salgan cuerpos inertes de las personas privadas”. Bertha Oliva
Oliva abundó en que “cómo se explica,
controla y maneja lo que ha salido a la luz pública que hay gente con
tuberculosis, esa es una situación gravísima y no hemos visto los
correctivos necesarios, por tal razón los han mandado ahí para que
salgan cuerpos inertes, contrario a lo que han estado haciendo en años
anteriores, por ejemplo, hubo tres incendios terribles en centros
penales (San Pedro Sula, El Porvenir y Comayagua), y eso no es lo que
quieren dejar en este momento, sino que, disfrazarlo de lo que están
viviendo, es mismo guion pero con tareas diferentes, al final atenta
contra la vida y el pensamiento libre.
“Tienen que entender que los presos
políticos existen en Honduras y son 20 hombres y una mujer. Hay una
familia presa: esposa y esposo. Eso es un fuerte ataque a la familia”.
Trilogíadel Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos en Honduras.Deber: Porque quedarse quieto y abandonarlos a su suerte, sería contra la lógica de la solidaridad.
Necesidad: Mira una necesidad para develar lo que está pasando en Honduras con los opositores políticos y sociales.
Obligación: Nadie que tiene sensibilidad sobre el tema de los derechos humanos no se va a sentir obligado a contribuir y apoyar para que sean liberados y elevados con la categoría de presos políticos y no con la categoría que el régimen actual está dando a los 21 privados de libertad.
Próximas acciones para llegar a la liberación
El Comité Nacional por la Liberación de
Presos Políticos en Honduras está ultimando detalles para acciones
próximas. El día del padre (19 de marzo) realizó un plantón frente al Ministerio Público (MP),
en Tegucigalpa, por lo que para el jueves 10 de mayo previo al Día de
la Madre, se hará un plantón frente a las instalaciones de dicha
institución en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del
país, ubicada en la zona norte donde se ha registrado la mayor cantidad
de víctimas encarceladas y asesinadas en el periodo post electoral.
Además, se convocará a movilizaciones
populares porque el 04 de abril habrá audiencia en el caso de Jhony
Andrés Salgado Cruz, recluido en la cárcel de El Progreso, Yoro,
supuestamente por los delitos de portación ilegal de arma de fuego
comercial y uso indebido de indumentaria policial, y capturado el 21 de
diciembre en la colonia Renovación de El Progreso, en el marco de las
protestas anti fraude electoral. Según información compartida por su
defensa, el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones de San Pedro
Sula.
Salgado Cruz tiene 38 años, es padre de
dos hijos a quienes los sustentaba con su trabajo en la albañilería, hoy
está blindado tras grandes paredes de cemento. Según sus parientes, lo
capturaron sin ninguna prueba y después lo presentaron públicamente con
arma e indumentaria. Su conciencia por la defensa del país y por el
bienestar para sus hijos lo tiene prisionero.
Aunque se aproxima una semana de asueto
para quienes trabajan, religiosidad para los cristianos, vacaciones y
promoción estatal del turismo, el Comité continuará en la
sensibilización para concienciar a la opinión pública.
“No podemos negar ni ocultar los que
tenemos compromiso con la verdad, con la justicia y con la libertad. No
podemos creer en lo que parece una estrategia del régimen, ver como
desfilan los turistas y que Honduras es un país extremadamente visitado
por extranjeros, es meternos en la dinámica del consumismo, en el sueño
-irreal- que está siendo visitada y que van a tener que regular
inclusive la afluencia de veraniegos, en esta Semana Santa”, detalló
Bertha Oliva.
El Comité va a seguir trabajando,
posicionándose y va ser vigilias para contribuir a que les llegue ánimo a
los privados de libertad, que sepan que hay personas convencidas que se
les están violentando sus derechos humanos, y que hay organizaciones
que le están apostando a su liberación.
En un mismo sentir
Una de las ideas del Comité era juntar a las familias de los presos políticos,
que tuvieran un espacio, un lugar y se sientan acompañadas por las
diferentes expresiones organizadas y organizaciones de derechos humanos
para contribuir a fortalecer su demanda, su dolor y fortalecerlos un
poco por la ausencia de sus familiares que hoy los tienen en cárceles de
máxima seguridad.
Las acciones son directas, los
familiares siempre están involucrados, por ejemplo, ahora que viene el
Relator Especial de las personas privadas de libertad y relator para
Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel
Hernández García, se prepara una reunión con miembros de la CCC y
familiares.
Cabe destacar que, aun no se contempla
una visita de la Relatoría a las cárceles donde están los privados de
libertad por razones políticas, tomando en cuenta que tiene una agenda
muy ocupada, pero hay que plantearles en la visita del pleno de la CIDH
en junio, detalló Oliva.
Que ellos mismos puedan constatar la
situación de extrema violación a los derechos humanos que se vive, se
ven edificios nuevos, pero ahí no hay agua, no hay comodidad, no hay
ingreso, es lamentable y condenable lo que está pasando, porque los
presos tienen familia, a los que están privados de libertad en El Pozo,
están acusados por incendiar una posta policial, a los de La Tolva por
fabricación ilegal de armas e incendiar el hotel Marriot en Tegucigalpa
el pasado 12 de enero, pero ninguno de esos casos han comprobado.
Lo que, si tienen comprobado, continuó
Oliva, es la autoría intelectual de David Castillo, presidente de la
junta directiva de la empresa Desarrollo Energético S.A. (DESA), que se
reunió con más gente para el asesinato de la defensora de derechos
humanos Bertha Cáceres, ocurrido el 02 de marzo de 2016.
En cuanto a este tema, Olivia Marcela Zúniga Cáceres,
hija de Bertita, demandó justicia para los y la presa política, ya que
el primer autor intelectual apresado por la muerte de su madre, el 02 de
marzo reciente, fue remitido a la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio
Soto”, y no a una cárcel de máxima seguridad como ser El Pozo o La
Tova, donde sí están los ciudadanos que protestan contra el régimen de
Juan Orlando Hernández.
La Relatoría sobre los Derechos de las
Personas Privadas de Libertad, tiene el mandato de monitorear la
situación de las personas sometidas a cualquier forma de privación de
libertad en los Estados miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA), realizar visitas a los Estados, promover los
mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger
los derechos de personas privadas de libertad, y preparar informes que
contienen recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados
Miembros de la OEA a fin de avanzar en el respeto y la garantía de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por lo que, el Comité, la Convergencia y
familiares compartirán información al Relator del CIDH, en su visita
oficial a Honduras del 03 al 04 de abril, y el 02 de abril en horas de
la tarde se reunirá con el Comité por la libertad de presos políticos,
en Tegucigalpa.
“Su partida llega en un momento muy desafortunado cuando MACCIH, bajo el liderazgo del Sr. Jiménez, comenzó a hacer progresos importantes en Honduras. Esta crisis que ahora afecta a MACCIH es particularmente preocupante dada una disposición reciente aprobada por el Congreso hondureño como parte de la Ley de Presupuesto General del 18 de enero que protege a los funcionarios públicos del enjuiciamiento “, escribieron los senadores. “El éxito de MACCIH es esencial para los esfuerzos por mantener el estado de derecho en Honduras”.
Los Senadores también pidieron al Departamento de Estado que presente un informe completo que detalle el uso de los fondos estadounidenses asignados para apoyar a MACCIH y otros esfuerzos anticorrupción, trabaje con el Secretario General de la OEA para nombrar inmediatamente a un reemplazo respetado y confiable para el Sr. Jiménez, y enviar un mensaje tanto al Secretario Almagro como al Presidente hondureño Juan Orlando Hernández de un apoyo inquebrantable para MACCIH y la importancia de su independencia, neutralidad y transparencia.
Texto Original: https://www.foreign.
23 de marzo de 2010, Nos dispararon a la conciencia
Por: Sergio Rivera*
José
Manuel Flores Arguijo, docente de Ciencias Sociales, militante del
Partido Socialista de Centro América, amante de la vida y la justicia,
fue vilmente asesinado dentro de su centro de estudios en el Instituto
San José del Pedregal de Tegucigalpa, por dos hombres que se
introdujeron a la instalación educativa y le dispararon a quemarropa sin
mediar palabras, minutos después se presentaron agentes de la policía a
limpiar la escena del crimen llevándose los casquillos y atemorizando a
los presentes.
A
8 años Manuel Flores es recordado por poca gente, como suele pasar con
casi la mayoría de nuestros mártires, que murieron confiando que las
generaciones venideras habrían de continuar su ejemplo inclaudicable y
además de la exigencia de justicia habrían de retomar su ejemplo heroico
y lucharían igual o mejor que los caídos.
MANUEL Hombre
más humano de lo común, realizaba cosas extraordinarias en favor del
prójimo, facetas que no daba a conocer por su modestia, por ejemplo le
daba comida a los alumnos que llegaban con hambre a su colegio, o que se
dejó crecer el pelo para donarlo para pelucas a las personas con
cáncer, entre muchas cosas nobles que podemos relatar.
Pero el Manuel que quisieron matar va más allá de la filantropía, le dispararon a traición a un revolucionario auténtico, socialista, ex dirigente magisterial, miembro del Frente Nacional de Resistencia Popular, militante de la vida, escritor, siempre solidario. Manuel intentó una carrera sacerdotal, pero le atrajo la lucha popular, y con la irreverencia al poder destinó una vida al lado de los pobres, de los trabajadores, de los maestros, y de un pueblo que levantó en defensa de su constitución.
Los
Congresos y Asambleas de los maestros dejaron de corear tu nombre, el
de Will Paz, el de Oscar Padilla, el de Róger Vallejo, el de Félix, el
de Contreras, el de Miguel Ramos, el de Ilsa Ivania y el de varios
compañeros y compañeras que ofrendaron su vida en la noche oscura que
vivimos. En tiempos de dictadura, de dispare primero, averigue después,
en tiempos de incertidumbre colectiva, de dirigencias cegadas por el
oportunismo y pleitos intestinos, en tiempos de derrota moral para los
débiles de conciencia, es cuando debemos resurgir con el pensamiento de
MANUEL, con su terquedad de cambiar la sociedad, con su implacable
conducta, y su forma alegre de luchar dando el ejemplo.
A
las 3 y 12 de la tarde de ese 23 de marzo, los disparos irrumpieron las
clases dentro del colegio, y desde el segundo piso caía Manuel, ante el
dolor de compañeros y alumnos, y la rabia a flor de piel porque todos
sabíamos que sus asesinos eran escuadroneros del estado, y que aún
siguen en la impunidad.
No
le dispararon a Manuel, nos dispararon a nosotros, nos apuntaron a la
conciencia, y de nosotros depende si nos quedamos con la afrenta, o
luchamos como Manuel, con la condición y el juramento de no olvidar a
nuestros mártires, con el juramento de luchar hasta vencer.
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE CAMARADA MANUEL FLORES ARGUIJO!
*Ex dirigente magisterial, Docente universitario e histórico defensor de derechos humanos
CNA TIENE EN LA MIRA “PECES GORDOS” DEL GOBIERNO HONDUREÑO
El
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), informó que en los próximos días
presentará al Ministerio Público nuevas líneas de investigación en el
caso “Red de diputados”, donde se vincula a altos funcionarios del
gobierno del impuesto Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Dos nuevas líneas de investigación presentará el Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), ante el Ministerio Público (MP) en casos que
implican a altos funcionarios del gobierno de Juan Hernández, en actos
de corrupción.
Según
una fuente del organismo de Sociedad Civil, las líneas de investigación
refieren al caso de las Organizaciones No Gubernamentales, que en
diciembre pasado “sacudió” el país, cuando fue revelado por la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La
directora del CNA, Gabriela Castellanos, dijo a un medio de
comunicación que en lo referente a las nuevas líneas, son muchas las
personas involucradas, pero que por ahora “no puedo decir de quiénes se
trata”.
Añadió
que el CNA “tiene varias líneas de investigación abiertas en caso de
funcionarios y exfuncionarios del actual gobierno y del anterior, y que
realmente queremos presentar al Ministerio Público y que este se
pronuncie”.
Según
Castellanos, desde ese organismo de investigación se ha descubierto una
gran cantidad de millones de lempiras, y, recordó que el presupuesto General de la República siempre ha destinado una cantidad importante para dar a varias ONG.
La
MACCIH desnudó que la “Red de diputados”, a través de la Asociación
Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras
(ANPIBCH), varios parlamentarios despilfarraron al menos 3.3 millones
de lempiras.
La
Misión Anticorrupción implicó a: Héctor Padilla, Va Movimiento
Solidario (Vamos); Audelia Rodríguez, (Vamos); Augusto Cruz Asensio,
(Vamos).
Denis
Santos, Partido Liberal; y a Eleazar Juárez, Libertad y refundación
(Libre). Cabe destacar que en total esta ONG recibió 8.3 millones de
lempiras, de los que cinco millones continúan en análisis financiero.
HONDURAS: MACCIH OBSERVARÁ ELECCIÓN DE NUEVO FISCAL DE LA REPÚBLICA
Según
trascendió en las últimas horas, se prevé que la Junta Proponente del
nuevo fiscal general de la República y general adjunto, pida un
observador a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en
Honduras (MACCIH).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En las últimas horas trascendió que la Junta Proponente, que trabaja en
el procedimiento para la elección de un nuevo fiscal general de la
República, pedirá a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción en Honduras
(MACCIH), tener un representante en calidad de observador.
Se
prevé que el reglamento sea aprobado el próximo miércoles 4 de abril,
y, hasta la fecha se ha constatado un borrador con 59 artículos. “En
situaciones excepcionales y urgentes, en las que deba sesionar para no
incurrir en retrasos en el proceso de selección y nominación, la Junta
Proponente podrá hacerlo con un mínimo de cuatro miembros, en cuyo caso
las decisiones se tomarán con el voto favorable de tres integrantes”,
indica uno de los puntos del documento.
Otro
punto importante, es que los miembros de la junta ejercerán su labor
“ad honorem”, por lo que no ostentarán un salario y sus gastos de
funcionamiento serán cubiertos por partes iguales entre las siete
organizaciones integrantes.
Además,
la nominación de los candidatos a fiscal general de la República y
fiscal general adjunto, se desarrollará en cinco fases: La primera parte
es la convocatoria, la cual será publicada por tres ocasiones en los
diarios escritos, sin perjuicio de otros medios que garanticen su
difusión, con el objeto de que cualquier abogado interesado en
participar “pueda auto proponerse”.
La
siguiente etapa es la inscripción, que durará diez días calendario y la
solicitud de inscripción se hará mediante nota dirigida a la Junta,
dicha carta será presentada según los términos de la convocatoria. El
postulante deberá proporcionar la información solicitada bajo juramento,
sino, implicará su inhabilitación automática.
Después
vendrá el proceso de la evaluación de los aspirantes. En esta faceta la
evaluación de antecedentes profesionales y personales se realizará con
base en un máximo de cien puntos y se aprobará esta evaluación con una
calificación mínima de setenta puntos.
La
cuarta etapa es la entrevista, donde los postulantes expondrán su
propuesta de trabajo para orientar la gestión del Ministerio Público.
Finalizada la audiencia pública, la Junta sesionará para votar por los
cinco candidatos que integrarán la propuesta a presentar al Congreso
Nacional.
Según
informes, el reglamento se aprobará tras la Semana Santa, informó el
Poder Judicial. En Honduras, el fiscal general y el adjunto duran en sus
funciones cinco años y pueden ser reelectos. La elección la hace el
Parlamento teniendo la mayoría calificada (86 votos) a favor.
Pese a las amenazas a muerte y persecución penal comunidades del Atlántico resisten a proyectos extractivos
Mar 23, 2018
Comunidades hondureñas arrecian
la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas. En
Pajuiles, Tela, y en Hilamito, Arizona, en el departamento de Atlántida,
llevan un año de haber instalado los “campamentos dignos por el agua,
la vida y la justicia", con el propósito de defender dos de sus
principales ríos.
El 22 de marzo del 2017 se instaló el campamento en Pajuiles y el 15 de mayo del mismo año se instaló el campamento de Hilamito, denunciando la política represiva contra los procesos de organización, movilización y protesta ciudadana. En varias ocasiones la lucha y la resistencia de la población ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño.
En ambos sectores se ha denunciado la falta de consulta previa y los graves daños ocasionados, tanto al río Mezapa como a la cordillera Nombre de Dios, por los proyectos ejecutados por las empresas Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep) e Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (Ingelsa), propiedad de los empresarios hondureños Jason Hawit y Emín Abufele.
Estos proyectos son ejecutados sin contar con el consentimiento de las comunidades que ancestralmente han convivido y protegido los bosques y las fuentes de agua.
Estudios indican que los últimos dos gobiernos nacionalistas han otorgado a nivel nacional 117 concesiones de ríos para la instalación de represas.
En esta zona del Atlántico hondureño, las comunidades organizadas a través de la Iglesia Católica y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han decidido instalar los campamentos para impedir el paso de maquinarias pesadas hacia la parte alta de la montaña donde se construyen los proyectos.
Desde sus inicios la respuesta no se hizo esperar. Y comenzó la escalada de violencia. En diferentes ocasiones los "campamentos" fueron atacados, tanto por las fuerzas policiales como por miembros de otras comunidades vinculados a las empresas, lo que produjo el proceso de enjuiciamiento para varios líderes comunitarios.
Amenazas a muerte y criminalización
“Nosotras estamos viviendo en territorios que no sólo generan vida, sino que también están siendo codiciados por empresarios de la generación de energía. Ellos están luchando por instalar sus proyectos, pero nosotras también estamos luchando en la defensa de nuestros ríos”, indicó Doña Elena Gaitán, integrante del núcleo comunitario del MADJ en Arizona y presidenta de la Asociación de Patronatos dicho municipio.
Desde las montañas de la cordillera Nombre de Dios, se desprende la lucha contra las empresas, que los gobiernos con sus planes de desarrollo respaldados por policías y militares, los invasores, los grupos paramilitares y criminales pretenden instalar a la fuerza, según las denuncias realizadas por las comunidades.
La hidroeléctrica INGELSA junto al Ministerio Público han ordenado perseguir penalmente a Doña Elena Gaitán, al alcalde de Arizona Arnaldo Chacón y otros tres integrantes del núcleo comunitario del MADJ en Arizona. Gaitán, defensora del río Hilamito ha sido víctima, además, de diversas amenazas directas en su contra.
Según la dirigente, desconocidos han llegado hasta su negocio en Arizona para decirle que "lo mismo que le pasó a Berta le va a pasar a ella". Luego se inició el proceso de criminalización y en la actualidad junto a sus cuatro compañeros de lucha goza de medidas sustitutivas de prisión impuesta por un juez de la ciudad de Tela, Atlántida.
A pesar de todo eso, Doña Elena ha sido pieza fundamental para activar la defensa del río y para generar conciencia de defender los bienes naturales en contra del voraz modelo extractivo y la política del Estado de Honduras de concesionamiento y entrega del territorio.
Por su parte el alcalde de Arizona, Carlos Arnaldo Chacón, denunció que su asesinato estaba pactado para ser ejecutado el 28 de febrero del presente año, sin embargo, la persona que había sido contratada para su vigilancia lo alertó y así pudo salvar su vida.
El edil denuncia que continúa amenazado a muerte, además está siendo víctima de persecución penal y de una campaña mediática en su contra. Asegura que todo esto está relacionado a la lucha que está librando la población en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Hilamito.
Arnaldo Chacón, dijo en entrevista con Radio Progreso que lo que está buscando la institucionalidad es que la hidroeléctrica INGELSA, que tiene como principal accionista a Emín Abufele, instale la represa sobre el río Hilamito, sin que exista resistencia de las comunidades que llevan 10 meses de lucha permanente.
Desplazamientos
La instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos está generando persecución, agresiones, amenazas, homicidios y desplazamientos en varios municipios de Honduras. La mayoría de las víctimas son las familias que luchan en defensa de la tierra y los ríos, tal y como sucede en el sector de la Florida, zona alta del municipio de Tela, Atlántida.
La sub coordinadora MADJ, en el departamento de Atlántida, desde la semana anterior se vio obligada a salir de su comunidad y “en los próximos días otros dirigentes podrían correr la misma suerte debido a la persecución en su contra”, aseguró.
Según testimonios existe una persecución para la dirigencia que se opone a un proyecto minero que se pretende instalar en el sector. Los militares del Cuarto Batallón de Infantería, asentados en la comunidad de La Florida Vieja, jurisdicción de Tela Atlántida, son los encargados de desarrollar el trabajo.
“Casa a casa, calle por calle, los tres efectivos preguntan con nombres y apellidos de nuestros compañeros y compañeras, denunciamos y responsabilizamos directamente al ejército instalado en la zona ante cualquier incidente de seguridad contra nuestros compañeros.
Solo en el departamento de Atlántida, existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj junto a la universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos. Siendo Arizona y Tela los municipios más afectados con la implementación del modelo extractivista.
Los campamentos de Hilamito y Pajuiles, están siendo sostenidos por cerca de 100 comunidades. Fácilmente se puede observar a la gente bajando de la montaña con cargas de maíz, frijoles, arroz o plátanos para alimentar a las personas que hacen guardia en los campamentos que luchan contra las hidroeléctricas.
El 22 de marzo del 2017 se instaló el campamento en Pajuiles y el 15 de mayo del mismo año se instaló el campamento de Hilamito, denunciando la política represiva contra los procesos de organización, movilización y protesta ciudadana. En varias ocasiones la lucha y la resistencia de la población ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño.
En ambos sectores se ha denunciado la falta de consulta previa y los graves daños ocasionados, tanto al río Mezapa como a la cordillera Nombre de Dios, por los proyectos ejecutados por las empresas Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep) e Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (Ingelsa), propiedad de los empresarios hondureños Jason Hawit y Emín Abufele.
Estos proyectos son ejecutados sin contar con el consentimiento de las comunidades que ancestralmente han convivido y protegido los bosques y las fuentes de agua.
Estudios indican que los últimos dos gobiernos nacionalistas han otorgado a nivel nacional 117 concesiones de ríos para la instalación de represas.
En esta zona del Atlántico hondureño, las comunidades organizadas a través de la Iglesia Católica y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han decidido instalar los campamentos para impedir el paso de maquinarias pesadas hacia la parte alta de la montaña donde se construyen los proyectos.
Desde sus inicios la respuesta no se hizo esperar. Y comenzó la escalada de violencia. En diferentes ocasiones los "campamentos" fueron atacados, tanto por las fuerzas policiales como por miembros de otras comunidades vinculados a las empresas, lo que produjo el proceso de enjuiciamiento para varios líderes comunitarios.
Amenazas a muerte y criminalización
“Nosotras estamos viviendo en territorios que no sólo generan vida, sino que también están siendo codiciados por empresarios de la generación de energía. Ellos están luchando por instalar sus proyectos, pero nosotras también estamos luchando en la defensa de nuestros ríos”, indicó Doña Elena Gaitán, integrante del núcleo comunitario del MADJ en Arizona y presidenta de la Asociación de Patronatos dicho municipio.
Desde las montañas de la cordillera Nombre de Dios, se desprende la lucha contra las empresas, que los gobiernos con sus planes de desarrollo respaldados por policías y militares, los invasores, los grupos paramilitares y criminales pretenden instalar a la fuerza, según las denuncias realizadas por las comunidades.
La hidroeléctrica INGELSA junto al Ministerio Público han ordenado perseguir penalmente a Doña Elena Gaitán, al alcalde de Arizona Arnaldo Chacón y otros tres integrantes del núcleo comunitario del MADJ en Arizona. Gaitán, defensora del río Hilamito ha sido víctima, además, de diversas amenazas directas en su contra.
Según la dirigente, desconocidos han llegado hasta su negocio en Arizona para decirle que "lo mismo que le pasó a Berta le va a pasar a ella". Luego se inició el proceso de criminalización y en la actualidad junto a sus cuatro compañeros de lucha goza de medidas sustitutivas de prisión impuesta por un juez de la ciudad de Tela, Atlántida.
A pesar de todo eso, Doña Elena ha sido pieza fundamental para activar la defensa del río y para generar conciencia de defender los bienes naturales en contra del voraz modelo extractivo y la política del Estado de Honduras de concesionamiento y entrega del territorio.
Por su parte el alcalde de Arizona, Carlos Arnaldo Chacón, denunció que su asesinato estaba pactado para ser ejecutado el 28 de febrero del presente año, sin embargo, la persona que había sido contratada para su vigilancia lo alertó y así pudo salvar su vida.
El edil denuncia que continúa amenazado a muerte, además está siendo víctima de persecución penal y de una campaña mediática en su contra. Asegura que todo esto está relacionado a la lucha que está librando la población en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Hilamito.
Arnaldo Chacón, dijo en entrevista con Radio Progreso que lo que está buscando la institucionalidad es que la hidroeléctrica INGELSA, que tiene como principal accionista a Emín Abufele, instale la represa sobre el río Hilamito, sin que exista resistencia de las comunidades que llevan 10 meses de lucha permanente.
Desplazamientos
La instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos está generando persecución, agresiones, amenazas, homicidios y desplazamientos en varios municipios de Honduras. La mayoría de las víctimas son las familias que luchan en defensa de la tierra y los ríos, tal y como sucede en el sector de la Florida, zona alta del municipio de Tela, Atlántida.
La sub coordinadora MADJ, en el departamento de Atlántida, desde la semana anterior se vio obligada a salir de su comunidad y “en los próximos días otros dirigentes podrían correr la misma suerte debido a la persecución en su contra”, aseguró.
Según testimonios existe una persecución para la dirigencia que se opone a un proyecto minero que se pretende instalar en el sector. Los militares del Cuarto Batallón de Infantería, asentados en la comunidad de La Florida Vieja, jurisdicción de Tela Atlántida, son los encargados de desarrollar el trabajo.
“Casa a casa, calle por calle, los tres efectivos preguntan con nombres y apellidos de nuestros compañeros y compañeras, denunciamos y responsabilizamos directamente al ejército instalado en la zona ante cualquier incidente de seguridad contra nuestros compañeros.
Solo en el departamento de Atlántida, existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj junto a la universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos. Siendo Arizona y Tela los municipios más afectados con la implementación del modelo extractivista.
Los campamentos de Hilamito y Pajuiles, están siendo sostenidos por cerca de 100 comunidades. Fácilmente se puede observar a la gente bajando de la montaña con cargas de maíz, frijoles, arroz o plátanos para alimentar a las personas que hacen guardia en los campamentos que luchan contra las hidroeléctricas.
Dirigente sindicalista denuncia persecución y amenazas a muerte
Riccy Ponce
Lino Hernández, tesorero del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica Star S.A (SITRASTAR), con sede en El Progreso, Yoro, se vio obligado a renunciar a su cargo, debido al nivel de hostigamiento y persecución en su contra que se agudizaron en las últimas semanas.
Lino Hernández anteriormente se desempeñó como presidente del sindicato y actualmente era el tesorero, cargo al que renunció recientemente por las amenazas a muerte que recibió días atrás.
“El lunes 12 de febrero (2018) me hicieron amenazas directas, se me acercaron dos personas desconocidas que se trasportaban a bordo de una motocicleta y me dijeron que me cuidara o que mejor me perdiera de El Progreso”, denunció el sindicalista en comunicación con defensoresenlinea.com.
Hernández afirmó que “mis compañeros querían que yo siguiera en el puesto, pero ya había sido dos periodos presidente y creí conveniente no seguir en el cargo con los acontecimientos que me han estado ocurriendo”.
El dirigente sindicalista dijo a defensoresenlínea.com que el nivel de persecución es muy alto y se ha agudizado en los últimos días a través de cuentas falsas en redes sociales como Facebook, visitas a su casa de camionetas extrañas, persecución dentro de la maquila donde trabajaba por militares vestidos de civil afuera de la planta y presencia de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en su colonia, cuando nunca habían llegado a realizar operativos.
Hernández, agregó que su situación personal se ha agudizado en los últimos días debido a la crisis política del país que “el dictador de Juan Orlando Hernández ha implementado para desestabilizar las organizaciones y el movimiento social, que se ha levantado en contra del fraude electoral que se fraguo el pasado 26 de noviembre”.
Asimismo añadió que “el año pasado tuvimos 350 despidos y que desde allí, ha venido formando grupos de choque al interior de la empresa en contra del sindicato, haciendo amenazas, calumnias en contra de mi persona y el compañero Waldin Banegas”.
Según Lino Hernández, el mayor nivel de hostigamiento se hace a través de un perfil falso de Francisco Guard, donde se les informa a las personas y también a los militares donde viven y que la persecución no viene desde ahorita, pero que se ha agudizado en los últimos días.
FAMILIA DE “JOH” Y OLIVA BLINDAN DOMINIO EN TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS
Parientes
de quien ocupa la presidencia de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH)
y el “reelecto” en la presidencia del Congreso Nacional, Mauricio
oliva, son los nuevos comisionados de la todopoderosa Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (conatel), máxima autoridad para cerrar y abrir
medios de comunicación en el país y, en general, lleva en sus manos las
decisiones en materia de empresas de telecomunicaciones, incluyendo,
telefónicas privadas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Antes del mandato de Juan Orlando Hernández Alvarado, los altos cargos
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se repartían
entre los Partidos Nacional y Liberal, en su segundo e ilegal gobierno,
los dos comisionados propietarios y los dos suplentes, continúan siendo
reconocidos militantes del Partido Nacional.
Nelly
Gaekel Díaz, nombrada el martes 30 de enero Comisionada propietaria de
CONATEL, fue precandidata a diputada por el Partido Nacional en las
pasadas elecciones internas, presidenta del Colegio de Abogados,
capítulo de Comayagua. Cuñada de Hilda Hernández, la recién fallecida
Secretaria de la Presidencia en materia de Comunicaciones y Estrategia y
hermana de Juan Hernández.
El
primer esposo de Hilda Hernández y también hermano de Nelly Gaekel Díaz
se llamaba Humberto Rodolfo Gaekel Díaz, quien supuestamente falleció a
consecuencia de una enfermedad terminal. Otro de los hermanos de la
nueva Comisionada, de nombre Gustavo Adolfo Gaekel Díaz, era doctor en
Farmacia y gerente de Droguería Abbott, fue sacado con violencia de su
casa de habitación en Comayagua y encontrado maniatado y asesinado con
varios disparos en la cabeza, en San Pedro Sula, el 2 de julio de 2009.
(La Prensa, 3 de julio 2009).
Los
hermanos Gaekel Díaz son primos de José Francisco Ruiz Gaekel,
exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, separado de su cargo junto
a otros tres Magistrados de la Sala de lo Constitucional, en abril de
2014, para ser sustituidos por otros de la total confianza de Juan
Hernández, nombrados con el único propósito de allanarle el camino
para la reelección presidencial que se concretó el 26 de noviembre de
2017.
Entre
tanto, César Pinto, también Comisionado de CONATEL, fungió como
Subdirector y Director del Instituto Nacional de Formación Profesional
(INFOP) en el mandato anterior de Hernández Alvarado; casado con Rina
Oliva, hija del presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva.
El
personal de INFOP recuerda que Pinto ingresó al INFOP cuando aún no
había contraído nupcias con Rina Oliva, conducía un automóvil de los
años 70s, ahora presume no de uno, sino de varios automóviles de última
generación, con chofer y guardaespaldas incluidos.
A
la comisionada suplente y comunicadora social Edith Copland, le va al
dedillo la expresión popular “profesional de medio pelo”, conocida por
sus desafortunadas expresiones de desprecio hacia la población al
asegurar que los hondureños no comen porque son haraganes. “No vengamos
aquí a echarle la culpa al gobierno de que no hay frijoles en nuestras
casas, si no hay es porque somos haraganes y no trabajamos, así de
simple”, dijo la excandidata a diputada por el Partido Nacional.
El
segundo comisionado suplente es Mario Flores Urrutia, actual apoderado
legal del Partido Nacional, también se desempeñó como Director residente
de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL).