A un año de su muerte, investigación revela que los sospechosos del asesinato de Berta Cáceres fueron entrenados por militares de EE.UU.
Reportaje 03 de marzo de 2017
Analizamos
una nueva investigación que revela nuevos vínculos entre el asesinato
de la reconocida ambientalista Berta Cáceres, los servicios de
inteligencia militar hondureños y Estados Unidos. Cáceres fue asesinada
hace un año en su casa ubicada en la localidad de La Esperanza,
Honduras, justo antes de la medianoche, el 2 de marzo de 2016. Fue
cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras. En el año 2015, recibió el premio Goldman, prestigioso
premio en asuntos medioambientales, por su larga lucha de una década
contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, un
proyecto planeado en las aguas de un río sagrado para el pueblo indígena
lenca. Ocho hombres fueron detenidos como sospechosos del asesinato de
Cáceres, entre ellos un mayor del ejército en actividad y dos miembros
de las fuerzas armadas retirados.
Según se informa, dos de los sospechosos recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos.
Para saber más de este tema, hablamos con Nina Lakhani, periodista independiente que ha trabajado en México y América Central en los últimos cuatro años. Su artículo más reciente publicado por el periódico Guardian se titula "Berta Cáceres court papers show murder suspects’ links to US-trained elite troops" (Documentos judiciales muestran los vínculos de los sospechosos del asesinato de Berta Cáceres con las tropas de elite entrenadas en EE.UU.)
Según se informa, dos de los sospechosos recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos.
Para saber más de este tema, hablamos con Nina Lakhani, periodista independiente que ha trabajado en México y América Central en los últimos cuatro años. Su artículo más reciente publicado por el periódico Guardian se titula "Berta Cáceres court papers show murder suspects’ links to US-trained elite troops" (Documentos judiciales muestran los vínculos de los sospechosos del asesinato de Berta Cáceres con las tropas de elite entrenadas en EE.UU.)
TRANSCRIPCIÓN
Esta transcripción es un borrador que puede estar sujeto a cambios.
AMY GOODMAN:
Concluimos el programa de hoy recordando a la activista medioambiental
de renombre, la hondureña Berta Cáceres, que fue asesinada hace un año
en su casa en La Esperanza, Honduras, justo antes de la medianoche, el 2
de marzo de 2016. Berta Cáceres fue una de las fundadoras de COPINH,
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
En el año 2015, recibió el prestigioso Premio Medioambiental Goldman por
su lucha a lo largo de una década contra la construcción de la represa
hidroeléctrica de Agua Zarca, un proyecto planeado en las aguas de un
río sagrado para el pueblo indígena lenca. Cientos de personas se
reunieron el jueves a las puertas del edificio de la Corte Suprema de
Honduras para exigir justicia por Berta Cáceres y para que la licencia
de la compañía que está detrás de la represa hidroeléctrica Agua Zarca
sea anulada. Ocho hombres fueron detenidos como sospechosos del
asesinato de Cáceres, entre ellos un general del ejército en activo y
dos miembros de las fuerzas armadas retirados. Según se informó, dos de
los sospechosos recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos.
También el jueves, aquí en Washington, D.C., el congresista por el
estado de Georgia Hank Johnson, reintrodujo la "Ley de Derechos Humanos
en Honduras de Berta Cáceres", que trata de retener la ayuda militar por
parte de Estados Unidos a Honduras hasta que el gobierno de dicho país
se ocupe de las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía
y las fuerzas de seguridad. Pasamos ahora a analizar una reciente
investigación que revela nuevos vínculos entre el asesinato de Berta
Cáceres, los servicios de inteligencia militar de Honduras, y Estados
Unidos. Nos acompaña desde Londres Nina Lakhani, una periodista
independiente que ha estado reportando desde México y América Central
durante los últimos cuatro años. Su artículo en el periódico The
Guardian lleva por título: "Documentos judiciales muestran los vínculos
de los sospechosos del asesinato de Berta Cáceres con las tropas de
élite entrenadas en EE.UU." Nina, bienvenida a Democracy Now! ¿Cuáles
son los mencionados vínculos?
NINA LAKHANI: Durante la última década más o menos, Estados Unidos se han enfocado muchísimo en sus entrenamientos militares de las fuerzas especiales en Centroamérica. Sabemos que en un periodo de más o menos cinco años, entre 2008 y 2014, EE.UU. acudieron veintiuna veces a Honduras para entrenar a sus fuerzas especiales. Dos de los militares que han sido acusados del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro forman parte de las fuerzas especiales. El mayor Mariano Díaz era un veterano oficial de las fuerzas especiales, donde estuvo al menos siete años, de acuerdo a su historial militar. Y también Henry Hernández, el sargento Henry Hernández, quien había dejado el ejército en 2013, pero que formó parte de las fuerzas especiales durante tres años y trabajó bajo el mando directo del comandante Díaz.
AMY GOODMAN: ¿Y Douglas Giovanni Bustillo?
NINA LAKHANI: Creo que Bustillo sí que recibió algún tipo de formación como cadete, justo antes de terminar su entrenamiento militar preliminar. Tanto él como Díaz, que además entraron en el ejército juntos, fueron a EE.UU. para recibir cursos de formación. Allá por el año 1997, Bustillo recibió algo de entrenamiento inicial en la Escuela de las Américas.
AMY GOODMAN: Háblenos de los indicios que usted ha presenciado, desde los mensajes de texto a las llamadas telefónicas. Y si puede, recree para nosotros lo que piensa que ocurrió.
NINA LAKHANI: Los indicios apuntan ciertamente hacia una operación militar perfectamente planeada que tuvo lugar aquella noche. Lo que sabemos a través de los testigos es que hay un puesto de control policial y militar a la entrada de La Esperanza. Y esa noche, muchos testigos nos comunicaron a mí y a otros investigadores que nadie se encontraba en el lugar. No había nadie en la base esa noche. Sabemos por registros telefónicos y por testimonios que Hernández y Bustillo, que se conocían entre sí a raíz de trabajar en seguridad privada, en los meses previos al asesinato de Berta habían trabajado juntos en el sector de la seguridad privada. Sabemos que estuvieron en La Esperanza al menos tres veces durante las semanas previas al asesinato. Por lo tanto, al menos cuatro personas estuvieron allí esa noche. Hernández admitió haber estado allí. Gracias a análisis derivados de llamadas telefónicas se sabe que al menos otros tres civiles, que han sido acusados de homicidio, estuvieron en la casa de Berta. Entraron, sabían lo que estaban haciendo. Sabían a dónde se dirigían. Todas las pruebas apuntan hacia la casa. Habían estado vigilándola tanto por dentro como por fuera. Habían estado allí varias veces. Su casa estaba situada detrás de la puerta principal: se trataba de una urbanización vigilada. Esa noche, había allí un centinela con el que muy probablemente tenían comunicación. Habían contactado con él con anterioridad, porque fueron capaces de entrar. Estaba muy oscuro, se trata de un lugar aislado. Ellos sabían dónde se encontraba la puerta y sabían donde estaría ella durmiendo. Así que las pruebas apuntan a que su casa y los alrededores habían sido vigilados, estudiados previamente. Todo ello apunta hacia una auténtica operación de tipo militar, y Hernández es el militar que se sabe estuvo allí esa noche. Como he señalado, pertenecía a las fuerzas especiales. Trabajó bajo el mando de Díaz. Había sido un francotirador altamente condecorado. No está claro si fue él quien apretó el gatillo, pero parece ser que él estaba al mando de la operación esa noche.
AMY GOODMAN: ¿Y por qué querrían...
NINA LAKHANI: Era un militar de bajo nivel y ascendió hasta el rango de sargento.
AMY GOODMAN: Nina, ¿por qué querrían a Berta Cáceres muerta?
NINA LAKHANI: Es bastante probable que los arrestados no fueran los interesados. El contexto de la muerte de Berta es el siguiente: ella era la activista más conocida, no solamente en Honduras, sino probablemente en toda América en el momento de su asesinato. Ninguno de los que estuvieron arrestados, ninguno de los ocho, tenía nada personal que ganar con que ella muriera. Y la idea de que alguien tan ilustre como ella pueda ser asesinada sin al menos el conocimiento implícito de la gente de rango superior en las Fuerzas Armadas o incluso el gobierno, creo que es muy poco probable. Ninguno de los ocho que estuvieron bajo arresto tenía nada personal que ganar.
AMY GOODMAN: Pero, ¿y el gobierno? ¿Ha rendido cuentas EE.UU.?
NINA LAKHANI: No creo que el gobierno de Estados Unidos fuera a admitir responsabilidad alguna por el asesinato de Berta. Es importante que recordemos la entrevista que le hice a Berta Cáceres en el año 2013 justo después de las elecciones, en la que ella denunció públicamente que le habían dicho y que había sido informada de que su nombre se encontraba en la cabeza de una lista de objetivos militares en la que creo que había 16 objetivos. Ella era una de los 16 activistas. Ella se lo estaba diciendo a la gente.
AMY GOODMAN: Vamos a continuar con esta conversación después de la emisión y publicaremos la segunda parte en nuestro sitio web. Nina Lakhani, muchas gracias por estar con nosotros.
Traducido por Carolina Flórez. Editado por Igor Moreno y Democracy Now! en Español
NINA LAKHANI: Durante la última década más o menos, Estados Unidos se han enfocado muchísimo en sus entrenamientos militares de las fuerzas especiales en Centroamérica. Sabemos que en un periodo de más o menos cinco años, entre 2008 y 2014, EE.UU. acudieron veintiuna veces a Honduras para entrenar a sus fuerzas especiales. Dos de los militares que han sido acusados del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato de Gustavo Castro forman parte de las fuerzas especiales. El mayor Mariano Díaz era un veterano oficial de las fuerzas especiales, donde estuvo al menos siete años, de acuerdo a su historial militar. Y también Henry Hernández, el sargento Henry Hernández, quien había dejado el ejército en 2013, pero que formó parte de las fuerzas especiales durante tres años y trabajó bajo el mando directo del comandante Díaz.
AMY GOODMAN: ¿Y Douglas Giovanni Bustillo?
NINA LAKHANI: Creo que Bustillo sí que recibió algún tipo de formación como cadete, justo antes de terminar su entrenamiento militar preliminar. Tanto él como Díaz, que además entraron en el ejército juntos, fueron a EE.UU. para recibir cursos de formación. Allá por el año 1997, Bustillo recibió algo de entrenamiento inicial en la Escuela de las Américas.
AMY GOODMAN: Háblenos de los indicios que usted ha presenciado, desde los mensajes de texto a las llamadas telefónicas. Y si puede, recree para nosotros lo que piensa que ocurrió.
NINA LAKHANI: Los indicios apuntan ciertamente hacia una operación militar perfectamente planeada que tuvo lugar aquella noche. Lo que sabemos a través de los testigos es que hay un puesto de control policial y militar a la entrada de La Esperanza. Y esa noche, muchos testigos nos comunicaron a mí y a otros investigadores que nadie se encontraba en el lugar. No había nadie en la base esa noche. Sabemos por registros telefónicos y por testimonios que Hernández y Bustillo, que se conocían entre sí a raíz de trabajar en seguridad privada, en los meses previos al asesinato de Berta habían trabajado juntos en el sector de la seguridad privada. Sabemos que estuvieron en La Esperanza al menos tres veces durante las semanas previas al asesinato. Por lo tanto, al menos cuatro personas estuvieron allí esa noche. Hernández admitió haber estado allí. Gracias a análisis derivados de llamadas telefónicas se sabe que al menos otros tres civiles, que han sido acusados de homicidio, estuvieron en la casa de Berta. Entraron, sabían lo que estaban haciendo. Sabían a dónde se dirigían. Todas las pruebas apuntan hacia la casa. Habían estado vigilándola tanto por dentro como por fuera. Habían estado allí varias veces. Su casa estaba situada detrás de la puerta principal: se trataba de una urbanización vigilada. Esa noche, había allí un centinela con el que muy probablemente tenían comunicación. Habían contactado con él con anterioridad, porque fueron capaces de entrar. Estaba muy oscuro, se trata de un lugar aislado. Ellos sabían dónde se encontraba la puerta y sabían donde estaría ella durmiendo. Así que las pruebas apuntan a que su casa y los alrededores habían sido vigilados, estudiados previamente. Todo ello apunta hacia una auténtica operación de tipo militar, y Hernández es el militar que se sabe estuvo allí esa noche. Como he señalado, pertenecía a las fuerzas especiales. Trabajó bajo el mando de Díaz. Había sido un francotirador altamente condecorado. No está claro si fue él quien apretó el gatillo, pero parece ser que él estaba al mando de la operación esa noche.
AMY GOODMAN: ¿Y por qué querrían...
NINA LAKHANI: Era un militar de bajo nivel y ascendió hasta el rango de sargento.
AMY GOODMAN: Nina, ¿por qué querrían a Berta Cáceres muerta?
NINA LAKHANI: Es bastante probable que los arrestados no fueran los interesados. El contexto de la muerte de Berta es el siguiente: ella era la activista más conocida, no solamente en Honduras, sino probablemente en toda América en el momento de su asesinato. Ninguno de los que estuvieron arrestados, ninguno de los ocho, tenía nada personal que ganar con que ella muriera. Y la idea de que alguien tan ilustre como ella pueda ser asesinada sin al menos el conocimiento implícito de la gente de rango superior en las Fuerzas Armadas o incluso el gobierno, creo que es muy poco probable. Ninguno de los ocho que estuvieron bajo arresto tenía nada personal que ganar.
AMY GOODMAN: Pero, ¿y el gobierno? ¿Ha rendido cuentas EE.UU.?
NINA LAKHANI: No creo que el gobierno de Estados Unidos fuera a admitir responsabilidad alguna por el asesinato de Berta. Es importante que recordemos la entrevista que le hice a Berta Cáceres en el año 2013 justo después de las elecciones, en la que ella denunció públicamente que le habían dicho y que había sido informada de que su nombre se encontraba en la cabeza de una lista de objetivos militares en la que creo que había 16 objetivos. Ella era una de los 16 activistas. Ella se lo estaba diciendo a la gente.
AMY GOODMAN: Vamos a continuar con esta conversación después de la emisión y publicaremos la segunda parte en nuestro sitio web. Nina Lakhani, muchas gracias por estar con nosotros.
Traducido por Carolina Flórez. Editado por Igor Moreno y Democracy Now! en Español
LAS REFLEXIONES DE SEMANA SANTA
En realidad, las iglesias cristianas perdieron la capacidad de orientar la reflexión y la salud colectiva en estos días, porque el dios mercado se apoderó de todo. Adormeció a la gente.
En semana vacacional pueden llevarse tranquilamente a los narco políticos a Florida y no vamos a darnos cuenta, ellos dirán que se entregaron para facilitar las investigaciones. Pueden Rusia y Estados Unidos abrir la guerra de quinta generación, y no vamos a saber.
Inclusive, podrán el Partido Nacional y el Partido Liberal inflar las urnas del PAC para destruir a Nasralla este domingo, y no vamos a reaccionar.
Pero en medio de todo el desparpajo, hubo una organización que no faltó a su ritual insustituible. Plantarse cada primer viernes de mes en la Plaza de los Pañuelos Blancos.
El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras llegó el viernes al centro de Tegucigalpa con sus demandas históricas: verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos.
En ese plantón, el Comité hizo varias afirmaciones interesantes contenidas en un comunicado público difundido en la plaza, entregado a los medios y masificado a través de las redes sociales.
La primera afirmación que se desprende es que Honduras pasó de la barbarie de la doctrina de seguridad nacional en 1980 al ataque masivo de los ajustes neoliberales en 1990, y luego al modelo narco que está concluyendo con la intervención colonial del Estado y la Sociedad en 2017. Todo bien planificado.
Por segunda vez en una semana, esta organización humanitaria fustigó la manipulación de la representación oficial de Honduras en la OEA para agredir a Estados soberanos de América Latina, como hizo el Pentágono de Estados Unidos en la Guerra Fría en 1980 contra los vecinos de la región centroamericana.
El abogado nacionalista de empresarios liberales, el mandadero de la oligarquía local en Washington, Leonidas Rosa Bautista, suplantó ilegalmente la presidencia del Consejo Permanente de la OEA que correspondía a Bolivia y dio un zarpazo contra Venezuela para hacer feliz al Departamento de Estado.
“Fue, precisamente, esta prostitución de los funcionarios y de las instituciones hondureñas que causó las desapariciones y asesinatos por razones políticas de nuestros seres queridos”, dijo el Cofadeh en su comunicado del viernes.
Y, enseguida, recordó que aquello sucedió justo después de un proceso constituyente organizado por la embajada de EEUU y sus lacayos liberales y nacionalistas que produjeron una Constitución pétrea y violable a la vez.
La otra afirmación interesante que formuló el Cofadeh en su plantón del viernes anterior es que existen pactos secretos entre las bandas estatales del crimen organizado, para trabar el proceso electoral que debería concluir en noviembre de este año.
La advertencia que hizo el Cofadeh ayer es que todo indica la existencia de un plan para abortar las elecciones e imponer un “nuevo” proceso de reorganización del poder en Honduras a través de un mecanismo constituyente controlado por la avenida La Paz y los señores de las cachuchas.
Dice el documento entregado en la Plaza La Merced que los ataques a los partidos de oposición política con capacidad de desequilibrar electoralmente la asociación ilícita de liberales y nacionalistas, es parte de esa estrategia controlada por los principales actores del crimen organizado.
En la lectura crítica del Comité de víctimas de la desaparición forzada, el juego del Comando Sur consiste en impedir que Honduras entre políticamente al territorio de influencias de China, Rusia, Irán y otras potencias comerciales y militares, como ya ocurre en Nicaragua o Venezuela.
El Cofadeh recordó, por ejemplo, cómo han sido expulsados los capitales chinos de Patuca 1, 2 y 3, e inclusive de las iniciativas marítimas que gestionaban en los dos océanos a principios del período de Lobo Sosa.
Para el Comité, la intervención directa de Estados Unidos en Honduras para proteger sus intereses geoestratégicos presagia un nuevo clima de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que volvería protagonistas otra vez a las Fuerzas Armadas, las iglesias y a los grupos privados obedientes a Washington, desnacionalizados y criminales.
En el plantón de ayer, las madres, hijas y demás parientes de la desaparición forzada se despidieron del plantón ofreciendo – como lo hacen siempre — su vocación por la paz y la justicia como el camino que no debe desandar la Patria de Morazán.
Editorial Voces contra el Olvido 8 de abril de 2017
Carta enviada desde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al Secretario de Estado Rex Tillerson.
El honorable Rex. W. Tillerson Secretario de Estado Departamento de Estado de EE. UU. Washington, D.C. 20520
Estimado Secretario Tillerson:
Le escribimos para expresar nuestra seria preocupación por los ataques contra activistas medioambientales, personas defensoras de los derechos humanos y comunidades locales en Honduras. Como ya sabe, el Congreso ha aprobado condiciones específicas para promover y proteger los derechos humanos y hacer frente a la corrupción en Honduras. Por lo tanto, exhortamos a la Administración a que aplique con firmeza la legislación estadounidense en relación con la asistencia a Honduras y las inversiones en ese país.
Hace casi un año que fue asesinada la conocida activista indígena hondureña Berta Cáceres. Había denunciado 33 amenazas de muerte contra ella y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había encomendado previamente al gobierno hondureño que le proporcionase medidas de protección. Desafortunadamente, la muerte de la Sra. Cáceres pasó a formar parte de la extensa lista de asesinatos de defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales que defienden la protección de sus recursos naturales, y de periodistas y otras personas que exponen la corrupción asociada a las actividades extractivas.
El 31 de enero, la organización no gubernamental Global Witness publicó un informe en el que se llega a la conclusión de que Honduras es “el lugar más peligroso del mundo para defender el planeta”, con más de 120 activistas asesinados desde el golpe de estado de 2009. En el informe se detallan las amenazas, ataques, estigmatización y criminalización generalizados de los activistas de la sociedad civil que plantean su preocupación por los derechos humanos y los efectos sociales y medioambientales de los proyectos hidroeléctricos, agrícolas, mineros, madereros y turísticos. El informe indica que los cargos públicos, las fuerzas de seguridad y las élites empresariales han actuado en connivencia para imponer proyectos extractivos a las comunidades indígenas, afrohondureñas y campesinas y para silenciar a la oposición. La falta de voluntad política y la debilidad de las instituciones impiden con demasiada frecuencia responder de forma eficaz a estos crímenes, lo que refuerza la impunidad en Honduras.
Nos preocupan las denuncias de estas comunidades respecto a que no se está obteniendo su consentimiento libre, previo e informado en relación con el uso de sus tierras. Al mismo tiempo, los actos de corrupción socavan las leyes que rigen las evaluaciones de impacto ambiental y se ignoran los conflictos de intereses para seguir adelante con los proyectos extractivos.
Nos preocupa que se mantenga la asistencia estadounidense al gobierno hondureño a pesar de las recurrentes amenazas y asesinatos de defensores de los derechos humanos y activistas medioambientales, y del requisito de la legislación estadounidense para que la sociedad civil sea capaz de “funcionar sin interferencias”. De hecho, algunos de nosotros estamos tan preocupados que hemos solicitado la suspensión de la asistencia militar y de seguridad de los Estados Unidos y hemos copatrocinado la La ley Berta Cáceres de los derechos humanos en Honduras en el último Congreso.
Sr. Secretario, es fundamental garantizar un análisis minucioso del cumplimiento de las condiciones de derechos humanos de Honduras para recibir la ayuda estadounidense. En ese sentido, le solicitamos lo siguiente:
* Que se establezcan criterios efectivos para medir el cumplimiento de las condiciones de derechos humanos con la información proporcionada por los representantes de organizaciones de derechos humanos hondureñas y otras organizaciones de la sociedad civil afectadas, y en colaboración con los comités pertinentes del Congreso de los Estados Unidos.
* Que se garantice el análisis efectivo de si se cumplen dichas condiciones y, en caso de que no se cumplan, que se suspenda la ayuda.
* Que aumente la transparencia y se permita el acceso público a información completa en relación con la asistencia bilateral y multilateral de los Estados Unidos a Honduras.
* Que colabore con el Departamento del Tesoro para oponerse a las inversiones de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, en las industrias hondureñas verazmente relacionadas con violaciones de los derechos humanos.
* Que se exhorte al gobierno hondureño a que tome medidas firmes para erradicar la corrupción, garantice el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por proyectos extractivos; que proteja a las y los defensores de los derechos humanos; y que ponga fin a la impunidad de las violaciones de los derechos humanos.
* Que exprese públicamente un apoyo firme y constante al papel legítimo e importante de las personas defensoras de los derechos humanos y los activistas medioambientales hondureños.
Le agradecemos su atención y consideración de estos asuntos urgentes. Esperamos su respuesta y deseamos colaborar con usted en estas cuestiones.
Atentamente,
Jim McGovern (MA-02) Mark Pocan (WI-02), Jan Schakowsky (IL-09), Keith Ellison (MN-05), John Conyers, Jr. (MI-13), Henry C. “Hank” Johnson, Jr. (GA-04), John Lewis (GA-05), Rosa L. DeLauro (CT-03), Richard E. Neal (MA-01), Zoe Lofgren (CA-19), José E. Serrano (NY-15), Eleanor Holmes Norton (D.C.), Steve Cohen (TN-09), Jackie Speier (CA-14), Marcy Kaptur (OH-09), Derek Kilmer (WA-06), Matt Cartwright (PA-17) Peter Welch (VT-AL), Bobby L. Rush (IL-01), William Lacy Clay (MO-01), Chellie Pingree (ME-01), Raúl M. Grijalva (AZ-03), Alcee L. Hastings (FL-20), Adam B. Schiff (CA-28), Dwight Evans (PA-02), Louise M. Slaughter (NY-25), Ruben Gallego (AZ-07), Judy Chu (CA-27), Pramila Jayapal (WA-07), Earl Blumenauer (OR-03), Beto O’Rourke (TX-16), Jamie Raskin (MD-08), Emanuel Cleaver, II (MO-05), Betty McCollum (MN-04), Alan Lowenthal (CA-47), Barbara Lee (CA-13), Luis V. Gutiérrez (IL-04), Peter A. DeFazio (OR-04), Carolyn B. Maloney (NY-12), Anna G. Eshoo (CA-18), Jared Polis (CO-02), Stephen F. Lynch (MA-
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El lado humano de los periodistas
Por: Emmanuel Ruiz (Tomado de El Sol de Cuernavaca)
El chaleco de un reportero es como un escudo que sirve para proteger su alma de todo lo que ocurre alrededor.
En medio del conflicto, su figura es la única inamovible, la que se queda allí para tomar testimonio de lo que ve y escucha, adentrándose al peligro cuando debería alejarse de él; poniendo en riesgo su vida a cada instante.
Como si de hombres y mujeres de hierro se tratase, no es común que hablen sobre lo que llevan en el interior con la misma voz con la que esgrimen sus preguntas en una entrevista o en una rueda de prensa.
Pero lo hicieron en Jojutla, tras largos días de haber convivido con el dolor de las personas que llegaron en busca de un familiar desaparecido, a un cementerio en el que la Fiscalía General del Estado inhumó más de 30 cuerpos de manera irregular en 2014.
Un lugar en el que todos somos iguales
Durante la cobertura de la exhumación de personas en el panteón de la localidad de Pedro Amaro, en este árido municipio ubicado al Sur de Morelos, los comunicadores han tenido que exprimir, una y otra vez, el dolor de las madres, padres e hijos que acudieron para dejar sus muestras de ADN, con la amarga esperanza de que uno de los cuerpos extraídos sea el de su desaparecido.
Hablar con esas personas, conscientes de que están abriendo sus heridas, no es una labor sencilla.
“Cada vez que me acerco a alguien para sacarle una entrevista, me da mucho miedo que pueda lastimarla o preguntarle algo que no quiera contar, porque me han dicho que, como periodista, no puedo llegar más allá de lo que las personas quieren, y yo no sé qué es lo que no quieren…
Ha habido momentos en que es inevitable querer llorar porque te transmiten la impotencia, el enojo, la tristeza y la desesperación de no encontrar a sus familiares”: Aurelia Torres, reportera de El Sol de Cuernavaca, para quien esta cobertura ha sido la más importante de su vida.
Para una joven como Aurelia, a quien todos llaman “ATA”, que no había convivido con estos rasgos de la condición humana, la compañía de otros reporteros de su edad ha resultado fundamental en una jornada en la que el cuerpo sufre ante los rayos del sol, la deshidratación y el hambre.
Ubicado a las faldas del cerro “El Higuerón”, la temperatura en el panteón “Pedro Amaro” suele elevarse, a tal grado que es imposible no dejar de beber una botella de agua tras otra. En los momentos en que el propio organismo parece irse abajo, alguien se ofrece para ir a traer algo de comer o beber.
Para Jaime Luis Brito, que también estuvo presente durante las dos semanas de exhumaciones en un panteón de Tetetelcingo, en Cuautla, estas experiencias sólo pueden enriquecer el trabajo de quienes han decidido dedicarse al periodismo.
“Si sólo te gusta estar en la ciudad, en escenarios cómodos, donde además te reconocen y te rinden cierta pleitesía, yo creo que es válido si lo eliges como una opción de vida, pero me parece que éstas son las historias que realmente le sirven a la gente y que contribuyen a transformar lo que ocurre en los países.
Yo no lo cambiaría a pesar del cansancio, y de que aquí hemos comido muy mal y el calor es mortal”: Jaime Luis Brito, corresponsal de la revista Proceso y periodista de Radio UAEM.
De la luz a las sombras
Después de estos días en que el trabajo ha consistido en recopilar historias y testimonios de quienes llegan cansados de tanto buscar, hay quienes se preguntan cómo se reintegrarán a la vida cuando todo acabe.
Después de Tetelcingo, hubo quienes descubrieron que la única forma de regresar a la cotidianeidad era volcar los dedos sobre el teclado y escribir hasta más no poder, incluso sabiendo que esos textos no serían publicados.
“Nadie es tan fuerte ni tan poderoso… Cuando la gente me da la oportunidad de entrevistarlos y sentirlos, a veces yo los abrazo porque para mí debe ser algo recíproco; cuando ellos se sientan y me dan una fracción de su tiempo, de ellos también saco fortaleza, y ese abrazo que a veces pido y que me dan es una motivación para seguir adelante”, Perseo García, fotoperiodista independiente.
Dicen que los reporteros no pueden asumir posturas; que deben mantenerse al margen de todo, sin dejar que sus emociones intervengan en su trabajo, pero esta máxima de la profesión parece haber sido idealizada sin contemplar lo que en algún momento ocurriría, primero en Tetelcingo y después en Jojutla.
“Yo me pongo a llorar con las víctimas, por venir y sacarles una entrevista, y tener que machacarles una y otra vez ese recuerdo, y a lo mejor preguntamos lo mismo u obtenemos otra información, pero a final de cuentas les sacas lágrimas y recuerdos sobre su familiar desaparecido”: Lety Villaseñor, reportera del portal Sin Línea.
En una cobertura, como en toda la vida, hay quienes siempre están de mal humor y quienes no dejan de quejarse por la falta de señal de la Internet, de corriente eléctrica o porque tienen muchas otras cosas que hacer.
Después de una semana de diligencias, sólo algunos permanecen hasta pasadas las ocho de la noche, cuando el cementerio se convierte en un lugar distinto y es necesario encender linternas para caminar.
“Hay que hacer una pausa y pensar más en quienes nos leen, o nos escuchan o nos ven, para que no piensen que somos insensibles o que no nos importa lo que están sintiendo. En eso sí me detendría a la hora de redactar mis notas a partir de hoy, sobre todo en estos temas en donde está involucrado el dolor humano”: Dulce Rayo, reportera de MVS Radio.
Un raudo atardecer
En uno de los días más agotadores, en que el trabajo de los peritos se prolongó más allá de las ocho de la noche, los reporteros despidieron el día en medio de un fuerte viento que trajo consigo una energía restauradora, en uno de los atardeceres más bellos que habían logrado fotografiar con sus cámaras.
“Fue el día más agobiante por el calor, el tiempo se alargó, vino la lluvia, pararon de trabajar, y en el largo esperar de la última conferencia de prensa, de la última palabra que daría la nota, ese sol tan bonito nos vino a dar fuerza; todos lo plasmamos y eso cambió el escenario. Fue una recompensa por el trabajo del día, porque estábamos rendidos y desesperados. Ese atardecer nos vino a revitalizar”: Froylán Trujillo, fotoperiodista de El Sol de Cuernavaca.
Publicación original aquí.
El chaleco de un reportero es como un escudo que sirve para proteger su alma de todo lo que ocurre alrededor.
En medio del conflicto, su figura es la única inamovible, la que se queda allí para tomar testimonio de lo que ve y escucha, adentrándose al peligro cuando debería alejarse de él; poniendo en riesgo su vida a cada instante.
Como si de hombres y mujeres de hierro se tratase, no es común que hablen sobre lo que llevan en el interior con la misma voz con la que esgrimen sus preguntas en una entrevista o en una rueda de prensa.
Pero lo hicieron en Jojutla, tras largos días de haber convivido con el dolor de las personas que llegaron en busca de un familiar desaparecido, a un cementerio en el que la Fiscalía General del Estado inhumó más de 30 cuerpos de manera irregular en 2014.
Un lugar en el que todos somos iguales
Durante la cobertura de la exhumación de personas en el panteón de la localidad de Pedro Amaro, en este árido municipio ubicado al Sur de Morelos, los comunicadores han tenido que exprimir, una y otra vez, el dolor de las madres, padres e hijos que acudieron para dejar sus muestras de ADN, con la amarga esperanza de que uno de los cuerpos extraídos sea el de su desaparecido.
Hablar con esas personas, conscientes de que están abriendo sus heridas, no es una labor sencilla.
“Cada vez que me acerco a alguien para sacarle una entrevista, me da mucho miedo que pueda lastimarla o preguntarle algo que no quiera contar, porque me han dicho que, como periodista, no puedo llegar más allá de lo que las personas quieren, y yo no sé qué es lo que no quieren…
Ha habido momentos en que es inevitable querer llorar porque te transmiten la impotencia, el enojo, la tristeza y la desesperación de no encontrar a sus familiares”: Aurelia Torres, reportera de El Sol de Cuernavaca, para quien esta cobertura ha sido la más importante de su vida.
Para una joven como Aurelia, a quien todos llaman “ATA”, que no había convivido con estos rasgos de la condición humana, la compañía de otros reporteros de su edad ha resultado fundamental en una jornada en la que el cuerpo sufre ante los rayos del sol, la deshidratación y el hambre.
Ubicado a las faldas del cerro “El Higuerón”, la temperatura en el panteón “Pedro Amaro” suele elevarse, a tal grado que es imposible no dejar de beber una botella de agua tras otra. En los momentos en que el propio organismo parece irse abajo, alguien se ofrece para ir a traer algo de comer o beber.
Para Jaime Luis Brito, que también estuvo presente durante las dos semanas de exhumaciones en un panteón de Tetetelcingo, en Cuautla, estas experiencias sólo pueden enriquecer el trabajo de quienes han decidido dedicarse al periodismo.
“Si sólo te gusta estar en la ciudad, en escenarios cómodos, donde además te reconocen y te rinden cierta pleitesía, yo creo que es válido si lo eliges como una opción de vida, pero me parece que éstas son las historias que realmente le sirven a la gente y que contribuyen a transformar lo que ocurre en los países.
Yo no lo cambiaría a pesar del cansancio, y de que aquí hemos comido muy mal y el calor es mortal”: Jaime Luis Brito, corresponsal de la revista Proceso y periodista de Radio UAEM.
De la luz a las sombras
Después de estos días en que el trabajo ha consistido en recopilar historias y testimonios de quienes llegan cansados de tanto buscar, hay quienes se preguntan cómo se reintegrarán a la vida cuando todo acabe.
Después de Tetelcingo, hubo quienes descubrieron que la única forma de regresar a la cotidianeidad era volcar los dedos sobre el teclado y escribir hasta más no poder, incluso sabiendo que esos textos no serían publicados.
“Nadie es tan fuerte ni tan poderoso… Cuando la gente me da la oportunidad de entrevistarlos y sentirlos, a veces yo los abrazo porque para mí debe ser algo recíproco; cuando ellos se sientan y me dan una fracción de su tiempo, de ellos también saco fortaleza, y ese abrazo que a veces pido y que me dan es una motivación para seguir adelante”, Perseo García, fotoperiodista independiente.
Dicen que los reporteros no pueden asumir posturas; que deben mantenerse al margen de todo, sin dejar que sus emociones intervengan en su trabajo, pero esta máxima de la profesión parece haber sido idealizada sin contemplar lo que en algún momento ocurriría, primero en Tetelcingo y después en Jojutla.
“Yo me pongo a llorar con las víctimas, por venir y sacarles una entrevista, y tener que machacarles una y otra vez ese recuerdo, y a lo mejor preguntamos lo mismo u obtenemos otra información, pero a final de cuentas les sacas lágrimas y recuerdos sobre su familiar desaparecido”: Lety Villaseñor, reportera del portal Sin Línea.
En una cobertura, como en toda la vida, hay quienes siempre están de mal humor y quienes no dejan de quejarse por la falta de señal de la Internet, de corriente eléctrica o porque tienen muchas otras cosas que hacer.
Después de una semana de diligencias, sólo algunos permanecen hasta pasadas las ocho de la noche, cuando el cementerio se convierte en un lugar distinto y es necesario encender linternas para caminar.
“Hay que hacer una pausa y pensar más en quienes nos leen, o nos escuchan o nos ven, para que no piensen que somos insensibles o que no nos importa lo que están sintiendo. En eso sí me detendría a la hora de redactar mis notas a partir de hoy, sobre todo en estos temas en donde está involucrado el dolor humano”: Dulce Rayo, reportera de MVS Radio.
Un raudo atardecer
En uno de los días más agotadores, en que el trabajo de los peritos se prolongó más allá de las ocho de la noche, los reporteros despidieron el día en medio de un fuerte viento que trajo consigo una energía restauradora, en uno de los atardeceres más bellos que habían logrado fotografiar con sus cámaras.
“Fue el día más agobiante por el calor, el tiempo se alargó, vino la lluvia, pararon de trabajar, y en el largo esperar de la última conferencia de prensa, de la última palabra que daría la nota, ese sol tan bonito nos vino a dar fuerza; todos lo plasmamos y eso cambió el escenario. Fue una recompensa por el trabajo del día, porque estábamos rendidos y desesperados. Ese atardecer nos vino a revitalizar”: Froylán Trujillo, fotoperiodista de El Sol de Cuernavaca.
Publicación original aquí.
Libertad de expresión no tiene cupo en agenda legislativa
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Hace un mes que en los pasillos del Congreso Nacional (CN), pasea un
paquete de reformas al Código Penal en aras de combatir la extorsión y
el terrorismo. Al momento de su discusión y aprobación se colocó un
agregado al artículo 335-B que establece una censura a quien “hiciere
apología del odio a través de medios de comunicación”.
Dichas reformas fueron aprobadas por el Poder Legislativo en la tarde del 22 de febrero de este año y ratificadas por el presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, cinco días después. La propuesta de incluir este aparatado en el artículo en mención, sigue la línea desde el Partido Nacional (partido en el poder), al ser propuesta por el jefe de la bancada, Óscar Álvarez.
Mientras se realizó una serie de reuniones privadas entre la Junta Directiva del Parlamento hondureño y representantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), para buscar una salida a la reforma lesiva a la libertad de expresión, varias organizaciones de derechos humanos interpusieron una acción ante la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Persiguió un largo asueto para que la mayoría de los y las congresistas (o quienes aspiran a una reelección al interno del CN) participaran en el proceso electoral primario del pasado 12 de marzo. Al convocarse a retomar las sesiones para el 28 de marzo, la misma se aplazó para el día siguiente luego de que en el hemiciclo se considerara prioritario seguir el partido de futbol entre las selecciones de Honduras y Costa Rica.
"Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, debe ser sancionado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión", reza textualmente el agregado B al articulo 335.
Desde el 27 de febrero pasado entró en vigencia un paquete de reformas al Código Penal en materia de terrorismo y combate a la extorsión al ser publicadas en el diario oficial “La Gaceta” en su emisión número 34, 276.
La solución “elegante y caballerosa” que nunca llegó
En una serie de encuentros a puerta cerrada, la directiva del CPH y una comisión especial del Poder Legislativo, acordó días después a la aprobación de las reformas, crear una comisión técnica para “una nueva redacción del artículo”, de acuerdo a las declaraciones públicas hechas por el titular del CN, Mauricio Oliva.
Hasta ese momento no se hablaba de una derogación del mismo.
El periodista Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH en esa comparecencia en la sede del Legislativo, expresó a los medios de comunicación su satisfacción por el compromiso asumido por las autoridades legislativas y agregó que se mantendrían vigilantes de los avances.
Sin embargo este “pacto de buena fe” entre el CPH y el Congreso Nacional, agotó la paciencia que venía sosteniendo el ente gremial y en las últimas horas emitió un comunicado en el que establecen que tomarán acciones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para lograr la derogación del artículo 335-B.
“La aprobación del articulo 335-B es ilegal porque no siguió el procedimiento que establece el artículo 219 de la Constitución de la República, el cual refiere que siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal”, expuso el CPH en un comunicado de prensa.
De acuerdo al documento, ahora la postura de los agremiados y agremiadas del CPH, es de la derogación total ya que violenta garantías constitucionales y convenios internacionales ratificados por Honduras.
APH exige derogación total del artículo
En un documento presentado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), los y las integrantes de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), también rechazan el agregado a las reformas del Código Penal, así como a cualquier otro intento de violentar la libertad de expresión.
Por lo que, exigieron al Congreso Nacional la “derogación total” del artículo 335-B.
“La APH rechaza, con firmeza, cualquier intento de violentar la Libertad de Expresión y exige al Congreso Nacional la derogación total del artículo 335-B, agregado en forma maliciosa a la reforma del Código Penal”, establece el comunicado entregado al ombudsman hondureño, Roberto Herrera Cáceres.
Añade, que la APH no acepta ni reconoce negociaciones verbales con quienes, a espaldas de los intereses del pueblo, introducen leyes lesivas que violentan preceptos constitucionales y garantías individuales contemplados en la Constitución.
SIP llama a Honduras a derogar el 335-B
En las conclusiones de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicadas ayer, está el llamamiento a las autoridades hondureñas para que deroguen el artículo en mención.
Cualquier legislación que pretenda regularizar en este caso los delitos de terrorismo debe "ajustarse a los estándares internacionales para que no tengan efectos sobre la libertad de expresión", dijo la asamblea de la SIP.
De acuerdo con este ente en el que participan los empresarios de medios de comunicación a nivel del continente, Honduras todavía experimenta altos índices de violación a la libertad de prensa, libertad de expresión y de acceso a la información pública, así como de impunidad en crímenes contra periodistas.
En la agenda legislativa queda demostrado que no existe un cupo para velar por el derecho a la libertad de expresión e información. Las y los periodistas, comunicadores sociales se enfrentan a una sanción de cuatro a ocho años de prisión, al acusarles de hacer apología del odio contra el poder.
Dichas reformas fueron aprobadas por el Poder Legislativo en la tarde del 22 de febrero de este año y ratificadas por el presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, cinco días después. La propuesta de incluir este aparatado en el artículo en mención, sigue la línea desde el Partido Nacional (partido en el poder), al ser propuesta por el jefe de la bancada, Óscar Álvarez.
Mientras se realizó una serie de reuniones privadas entre la Junta Directiva del Parlamento hondureño y representantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), para buscar una salida a la reforma lesiva a la libertad de expresión, varias organizaciones de derechos humanos interpusieron una acción ante la Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Persiguió un largo asueto para que la mayoría de los y las congresistas (o quienes aspiran a una reelección al interno del CN) participaran en el proceso electoral primario del pasado 12 de marzo. Al convocarse a retomar las sesiones para el 28 de marzo, la misma se aplazó para el día siguiente luego de que en el hemiciclo se considerara prioritario seguir el partido de futbol entre las selecciones de Honduras y Costa Rica.
"Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, debe ser sancionado con pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión", reza textualmente el agregado B al articulo 335.
Desde el 27 de febrero pasado entró en vigencia un paquete de reformas al Código Penal en materia de terrorismo y combate a la extorsión al ser publicadas en el diario oficial “La Gaceta” en su emisión número 34, 276.
La solución “elegante y caballerosa” que nunca llegó
En una serie de encuentros a puerta cerrada, la directiva del CPH y una comisión especial del Poder Legislativo, acordó días después a la aprobación de las reformas, crear una comisión técnica para “una nueva redacción del artículo”, de acuerdo a las declaraciones públicas hechas por el titular del CN, Mauricio Oliva.
Hasta ese momento no se hablaba de una derogación del mismo.
El periodista Dagoberto Rodríguez, presidente del CPH en esa comparecencia en la sede del Legislativo, expresó a los medios de comunicación su satisfacción por el compromiso asumido por las autoridades legislativas y agregó que se mantendrían vigilantes de los avances.
Sin embargo este “pacto de buena fe” entre el CPH y el Congreso Nacional, agotó la paciencia que venía sosteniendo el ente gremial y en las últimas horas emitió un comunicado en el que establecen que tomarán acciones ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para lograr la derogación del artículo 335-B.
“La aprobación del articulo 335-B es ilegal porque no siguió el procedimiento que establece el artículo 219 de la Constitución de la República, el cual refiere que siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República, no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel Tribunal”, expuso el CPH en un comunicado de prensa.
De acuerdo al documento, ahora la postura de los agremiados y agremiadas del CPH, es de la derogación total ya que violenta garantías constitucionales y convenios internacionales ratificados por Honduras.
APH exige derogación total del artículo
En un documento presentado ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), los y las integrantes de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), también rechazan el agregado a las reformas del Código Penal, así como a cualquier otro intento de violentar la libertad de expresión.
Por lo que, exigieron al Congreso Nacional la “derogación total” del artículo 335-B.
“La APH rechaza, con firmeza, cualquier intento de violentar la Libertad de Expresión y exige al Congreso Nacional la derogación total del artículo 335-B, agregado en forma maliciosa a la reforma del Código Penal”, establece el comunicado entregado al ombudsman hondureño, Roberto Herrera Cáceres.
Añade, que la APH no acepta ni reconoce negociaciones verbales con quienes, a espaldas de los intereses del pueblo, introducen leyes lesivas que violentan preceptos constitucionales y garantías individuales contemplados en la Constitución.
SIP llama a Honduras a derogar el 335-B
En las conclusiones de la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicadas ayer, está el llamamiento a las autoridades hondureñas para que deroguen el artículo en mención.
Cualquier legislación que pretenda regularizar en este caso los delitos de terrorismo debe "ajustarse a los estándares internacionales para que no tengan efectos sobre la libertad de expresión", dijo la asamblea de la SIP.
De acuerdo con este ente en el que participan los empresarios de medios de comunicación a nivel del continente, Honduras todavía experimenta altos índices de violación a la libertad de prensa, libertad de expresión y de acceso a la información pública, así como de impunidad en crímenes contra periodistas.
En la agenda legislativa queda demostrado que no existe un cupo para velar por el derecho a la libertad de expresión e información. Las y los periodistas, comunicadores sociales se enfrentan a una sanción de cuatro a ocho años de prisión, al acusarles de hacer apología del odio contra el poder.
Albertina López: defender el agua es recuperar la vida (+VIDEO)
Abr 07, 2017
Una manta con el rostro de
Berta Cáceres está entre las imágenes y mensajes colocados en la toma
que por más de tres semanas mantienen varias comunidades del sector
Pajuiles en el municipio de Tela, Atlántida.
Una carpa vieja, que con suerte lograron conseguir prestada, varias sillas plásticas y un sonido que no deja de sonar canciones que motivan a defender el agua y los bienes naturales son el escenario diario de este grupo de comunidades que rechazan la construcción del proyecto hidroeléctrico Centrales de El Progreso (HIDROCEP) una empresa propiedad del empresario Jason Hawit.
Es allí, en ese calor sofocante, subida en una motocicleta que conocimos a una mujer de voz dulce, piel trigueña y estatura media. Animaba a sus compañeros a continuar la lucha luego de noches enteras de no dormir, haciendo turnos para resguardar "el campamento de la dignidad", así han nombrado a las dos tomas que mantienen para evitar que camiones de la empresa suban y completen su plan de construir la represa.
Albertina López Melgar, de 40 años de edad, es originaria de Planes de Arena Blanca, una de las veinte comunidades que se verán afectadas con la instalación del proyecto hidroeléctrico. Por más de dos semanas ella ha dividido su tiempo y energías entre las responsabilidades del hogar, su trabajo de costurera y la presencia en la lucha.
Una vida en comunidad
Luego de laborar 14 años en la industria de la maquila, cansada de la explotación, bajos salarios y la inseguridad de la ciudad, decidió regresar a la comunidad donde nació. Ya con dos de sus tres hijos, ella y su esposo iniciaron una vida menos ajetreada, disfrutando de la comunidad y contando con tiempo en familia. Ella con los conocimientos de coser y su esposo trabajando en una maquila cerca del municipio de El Progreso, Yoro, han podido brindar lo necesario a sus hijos.
Desde que retornaron a la comunidad ha pasado más de una década, 10 años donde han criado a sus hijos, ahora de 19, 15 y 10 años, además de todas las responsabilidades que tiene dentro de la iglesia y en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, una organización territorial de base que surgió luego de la huelga de los fiscales del Ministerio Público el año 2008. Ese Movimiento que ahora es comunidad que defiende los bienes naturales comunes.
Ha sido dentro del Movimiento Amplio que Albertina asegura comenzó su compromiso de defender el agua, defender sus derechos y no dejar que sus bienes, los de su comunidad sean robados para beneficiar a una familia, a unos pocos por encima de la desgracia de los más pobres.
Varios de sus compañeros están amenazados, no únicamente por el empresario o la autoridad, sino por otros vecinos de comunidades aledañas, a quienes también la hidroeléctrica dejará sin agua, pero que ahora, ante el abandono estatal, prefieren defender los intereses del empresario con la esperanza que las promesas de proyectos y ayudas se hagan realidad.
Esas amenazas e intimidaciones han llegado hasta funcionarios del Ministerio Público quienes iniciaron investigaciones por posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos y de daños ambientales con la ejecución del proyecto, pero que debieron abandonar la ciudad o el país para proteger su vida.
Ante la pregunta por qué lucha, Albertina no duda en decirlo con claridad y convencimiento: “porque como pueblo tenemos derechos, derecho al agua y a la vida, no dejaremos que las autoridades nos pisoteen”. Ella no siente miedo, cree que nadie debe arrebatarles el derecho defender lo suyo, y que en esa lucha continuarán a pesar que el empresario coludido con la autoridades, siguen sus maniobras para que la represa sea una realidad.
Albertina sabe de la conexión que el agua tiene con las mujeres y su familia, sin agua cualquier posibilidad de vida se esfuma, por eso sueña con ver libre de hidroeléctricas y mineras, a la cordillera Nombre de Dios, que baña varias comunidades de los departamentos de Yoro, Atlántida y Colón, sueño que puede convertirse en realidad si las comunidades se organizan para luchar en contra de los proyectos de muerte.
A partir del golpe de Estado del año 2009, el régimen de facto de Roberto Micheletti aprobó decretos para el concesionamiento de territorios para la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos que ahora se ha convertido en punto de conflicto debido a los daños que dejan al ambiente y a la vida social de las comunidades, además de la violaciones a las leyes y convenios internacionales vinculados a pueblos indígenas quienes tienen derecho a la consulta previa, libre e informada.
VIDEO:
https://youtu.be/3dsYVb4JrJw
Una carpa vieja, que con suerte lograron conseguir prestada, varias sillas plásticas y un sonido que no deja de sonar canciones que motivan a defender el agua y los bienes naturales son el escenario diario de este grupo de comunidades que rechazan la construcción del proyecto hidroeléctrico Centrales de El Progreso (HIDROCEP) una empresa propiedad del empresario Jason Hawit.
Es allí, en ese calor sofocante, subida en una motocicleta que conocimos a una mujer de voz dulce, piel trigueña y estatura media. Animaba a sus compañeros a continuar la lucha luego de noches enteras de no dormir, haciendo turnos para resguardar "el campamento de la dignidad", así han nombrado a las dos tomas que mantienen para evitar que camiones de la empresa suban y completen su plan de construir la represa.
Albertina López Melgar, de 40 años de edad, es originaria de Planes de Arena Blanca, una de las veinte comunidades que se verán afectadas con la instalación del proyecto hidroeléctrico. Por más de dos semanas ella ha dividido su tiempo y energías entre las responsabilidades del hogar, su trabajo de costurera y la presencia en la lucha.
Una vida en comunidad
Luego de laborar 14 años en la industria de la maquila, cansada de la explotación, bajos salarios y la inseguridad de la ciudad, decidió regresar a la comunidad donde nació. Ya con dos de sus tres hijos, ella y su esposo iniciaron una vida menos ajetreada, disfrutando de la comunidad y contando con tiempo en familia. Ella con los conocimientos de coser y su esposo trabajando en una maquila cerca del municipio de El Progreso, Yoro, han podido brindar lo necesario a sus hijos.
Desde que retornaron a la comunidad ha pasado más de una década, 10 años donde han criado a sus hijos, ahora de 19, 15 y 10 años, además de todas las responsabilidades que tiene dentro de la iglesia y en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, una organización territorial de base que surgió luego de la huelga de los fiscales del Ministerio Público el año 2008. Ese Movimiento que ahora es comunidad que defiende los bienes naturales comunes.
Ha sido dentro del Movimiento Amplio que Albertina asegura comenzó su compromiso de defender el agua, defender sus derechos y no dejar que sus bienes, los de su comunidad sean robados para beneficiar a una familia, a unos pocos por encima de la desgracia de los más pobres.
“La lucha no inició hace un año, recuerdo que junto a varios agentes de pastoral nos alertaron que en el municipio de Tela, las autoridades estaban otorgando licencias de explotación, pero lastimosamente esa advertencia no tuvo eco. Cuatro años después lo que era un rumor se convirtió en una realidad, el gobierno local daba permiso de operaciones a una empresa para tomar el agua del río Mezapa, ese río que es la principal fuente de agua para nosotros”, recuerda Albertina.
Albertina no es la única mujer en la lucha, pero su compromiso y perseverancia recuerda cuántas otras más están comprometidas con el agua, el bosque, los minerales, las carreteras públicas, el aire, sus cuerpos, dando signos de verdadera construcción de soberanía.Varios de sus compañeros están amenazados, no únicamente por el empresario o la autoridad, sino por otros vecinos de comunidades aledañas, a quienes también la hidroeléctrica dejará sin agua, pero que ahora, ante el abandono estatal, prefieren defender los intereses del empresario con la esperanza que las promesas de proyectos y ayudas se hagan realidad.
Esas amenazas e intimidaciones han llegado hasta funcionarios del Ministerio Público quienes iniciaron investigaciones por posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos y de daños ambientales con la ejecución del proyecto, pero que debieron abandonar la ciudad o el país para proteger su vida.
Ante la pregunta por qué lucha, Albertina no duda en decirlo con claridad y convencimiento: “porque como pueblo tenemos derechos, derecho al agua y a la vida, no dejaremos que las autoridades nos pisoteen”. Ella no siente miedo, cree que nadie debe arrebatarles el derecho defender lo suyo, y que en esa lucha continuarán a pesar que el empresario coludido con la autoridades, siguen sus maniobras para que la represa sea una realidad.
Albertina sabe de la conexión que el agua tiene con las mujeres y su familia, sin agua cualquier posibilidad de vida se esfuma, por eso sueña con ver libre de hidroeléctricas y mineras, a la cordillera Nombre de Dios, que baña varias comunidades de los departamentos de Yoro, Atlántida y Colón, sueño que puede convertirse en realidad si las comunidades se organizan para luchar en contra de los proyectos de muerte.
A partir del golpe de Estado del año 2009, el régimen de facto de Roberto Micheletti aprobó decretos para el concesionamiento de territorios para la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos que ahora se ha convertido en punto de conflicto debido a los daños que dejan al ambiente y a la vida social de las comunidades, además de la violaciones a las leyes y convenios internacionales vinculados a pueblos indígenas quienes tienen derecho a la consulta previa, libre e informada.
VIDEO:
https://youtu.be/3dsYVb4JrJw
En contra personas e instituciones defensoras de los derechos humanos en Honduras
1. Desde hace algunos días, ha aparecido un libelo en el que bajo el título de “La Red de Narcotraficantes que Desprestigian a Honduras” se señalan a reconocidos luchadores que promueven y defienden los derechos humanos en nuestro país, a quienes aviesamente se vincula con el crimen organizado. Aparece en él, la fotografía del Sacerdote Jesuita Ismael Moreno Coto, más conocido como El Padre Melo, inclaudicable defensor de derechos humanos de la población desamparada y director ejecutivo de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ). También aparece la fotografía de Salvador Zúniga, destacado líder indígena lenca, que junto a Bertha Cáceres, fundaron el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y que en años reciente fundó, la Coordinadora Indígena del Poder Popular Hondureño, (CINPH), organizaciones que defienden los derechos del pueblo lenca ante el despojo de que es víctima por parte de empresarios criollos y extranjeros.
2. De igual manera, circula un video en el que se señala a Bertha Oliva de COFADEH y a Karen Spring, de Honduras Solidarity, como protectoras de los asesinos de los dirigentes campesinos José Ángel Flores y Zilmer Dionisio George, a la vez que se les acusa de ser aliadas de los narcotraficantes que operan en el Valle del Aguán, acusación que extienden a prestigiosas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, como: Front Line Defenders, International Service for Human Rights (ISHR), OXFAM, Global Witness, PBI, Business & Human Rights Resource Centre y Solidarity With Honduras.
3. Estas personas y organizaciones estigmatizadas por los enemigos del pueblo, han sido legitimadas por ese mismo pueblo y gozan de tal reconocimiento, que es a ellas a quienes acude cuando sus derechos son violados y atropellados, pues está convencido, que los defensores y defensoras de los derechos humanos hacen en el país, lo que los gobernantes están obligados a hacer y no hacen: defender y proteger a la población, de los abusos de los malos funcionarios del Estado y de los agentes de las élites de poder económico y político del país.
4. Los ataques a las personas, naturales y jurídicas, que promueven y defienden los derechos humanos en Honduras, no son una práctica nueva en el actual gobierno. Lo destaca la CIDH en su Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras, 2015, numeral 4 del Resumen Ejecutivo. Y si se requieren explícitos ejemplos, los ha dado el propio Presidente de la República, quien niega dentro del país lo que pregona afuera. En julio de 2016, regresó de Washington diciendo: “con mucha sorpresa pude constatar que existe información a nivel de ONG y senadores de hondureños que tergiversan la verdad y aun sabiendo que con eso le hacen un enorme daño a Honduras”… “contra esos hondureños también tenemos que estar defendiéndonos”. Luego el 10 de noviembre del mismo año, el Presidente de la República, en entrevista realizada con el periodista Renato Álvarez, hizo una declaración afirmando que: Organizaciones de Derechos Humanos recibían dinero de grupos pandilleros y que solo estaba pendiente de ultimar investigaciones para denunciar esta situación. Todavía se espera que formalice tal denuncia.
5. No cabe duda que Honduras es uno de los países más peligros para los defensores de los derechos humanos, así lo muestran la cantidad de defensores/as asesinados en 2016 y así lo afirmaron en agosto de ese mismo año, el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Michel Forst, y el Relator interamericano sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez.[1] Lo anterior, igual, quedó evidenciado en la reacción a la presentación de Global Witness del Informe “Honduras el lugar más peligroso para defender el planeta”.
Campañas como la arriba señalada, precarizan aún más la vida, la integridad personal y la labor de defensoría y promoción de los derechos humanos que realizan defensoras y defensores en Honduras. La sucia campaña persigue múltiples propósitos, aparte del ya señalado: Afectar a un partido de la oposición política mencionado en forma expresa, lo que puede sugerir el verdadero origen de la campaña. Otro es, pretender poner en el mismo plano a los DDH y sus organizaciones con los funcionarios y ex funcionarios del Estado (civiles, policías y militares), involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos, sicariato, tráfico de influencias, etc., según miembros del crimen organizado hondureño, juzgados actualmente en Tribunales norteamericanos.
El actual Congreso Nacional aprobó en el 2015 el Decreto No. 34-2015. Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y es obligación del Ejecutivo hacer que se cumpla. En ese cumplimiento se obliga a investigar todas las acciones u omisiones que impliquen amenazas o peligros para los sujetos de la Ley.
Por tanto, ante la comunidad nacional e internacional, la Asociación para una Ciudadanía Participativa, (ACI PARTICIPA), exhorta al actual gobierno presidido por el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a garantizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, el ejercicio de sus labores de defensa. Que ponga fin a las intimidaciones, criminalizaciones, estigmatizaciones, amenazas y agresiones, y que proceda a investigar las fuentes de estas campañas de desprestigio.
POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VERDADERA DEMOCRACIA. POR UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO. POR EL RESPETO AL DEBER Y AL DERECHO DE DEFENDER DERECHOS.
Tegucigalpa MDC, 5 de abril de 2017. ASOCIACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA PARTICIPATIVA, (ACI PATICIPA)
Funcionarios hondureños acusados por narcotráfico siguen en sus cargos sin ser investigados
Mar 23, 2017
Los días pasan y mientras Devis
Leonel Rivera Maradiaga, del cartel “Los Cachiros” habla en Estados
Unidos, la clase política, policial y empresarial tiembla ante las
acusaciones que implican a funcionarios públicos de tener vínculos con
el narcotráfico.
En tres semanas, Rivera Maradiaga ha testificado dos veces en una corte de Nueva York como parte del juicio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. En sus declaraciones Maradiaga vinculó al expresidente Lobo, al actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, al político nacionalista Miguel Pastor, al diputado del departamento de Colón Oscar Nájera y Fredy Nájera de Olancho, asimismo al actual alcalde de Tocoa Adán Fúnez. Todos por tener relaciones con él en el negocio del narcotráfico.
Los funcionarios salieron a defenderse públicamente; pero sus discursos no superan las pruebas que son presentadas ante la justicia norteamericana. En ese sentido el comisionado de policía en condición de retiro Aldo Oliva aseguró que el involucramiento de funcionarios y políticos en narcotráfico es un secreto a voces que se conoce en las distintas regiones del país, pero que la institucionalidad se hace de oídos sordos y a la gente le da miedo denunciar por miedo a perder sus vidas.
Sobre las acusaciones contra políticos y policías, Oliva dijo que dentro de la Policía hay agentes vinculados al narcotráfico y que los políticos están enterados y embarrados en ese procedimiento ilegal.
Como parte del juicio contra Fabio Lobo, el gobierno de Estados Unidos acusó a otro elemento de la Policía Preventiva hondureña, bajo el argumento de conspirar por enviar droga a ese país. El acusado es Carlos Alberto Valladares Zúniga, exjefe de la Sección de Homicidios de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
De la misma forma el general Julián Pacheco Tinoco, quien funge como Secretario de Estado en el despacho de Seguridad, fue acusado por Rivera Maradiaga de tener vínculos con el narcotráfico. Pacheco Tinoco fue asesor de seguridad del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, por tal razón Maradiaga afirmó que él colaboró con la organización para garantizar el traslado de la droga por el corredor del atlántico que recorre desde el departamento de Colón hasta el occidente del país en la zona fronteriza con Guatemala.
“En un país serio donde la institucionalidad verdaderamente funcione, el ministro de Seguridad tuvo que haber renunciado ante las acusaciones para ponerse a la orden de los organismos de investigación y si él no renuncia como mínimo el gobierno tuvo que destituirlo”, manifestó el analista Ramón Barrios al referirse sobre las acusaciones contra Pacheco Tinoco.
Barrios es del criterio que no se puede tener confianza en políticos o funcionarios acusados de tener vínculos en actividades irregulares, por eso la ciudadanía, las organizaciones populares deben exigir la renuncia inmediata de los acusados o la acción del gobierno para que los destituya y los ponga a la disposición de los organismos investigativos.
“Desde la Comisión de Depuración de la Policía, no podemos pronunciarnos sobre especulaciones; es decir, hasta que no haya pruebas contundentes contra los acusados no podemos decir si son responsables o no”, dijo Alberto Solórzano integrante de la Comisión que dirige el proceso de depuración policial en Honduras.
Esta comisión ha sostenido una postura timorata ante los acontecimientos que involucran a funcionarios del gobierno de estar ligados al narcotráfico, afirmaron que todo se trata de especulaciones, y que no pueden fijar una postura por el momento.
El analista Ramón Barrios, critica esa postura. “Tener una postura de ese tipo muestra incoherencia y servilismo, las pruebas que se emiten desde Estados Unidos son concretas y como mínimo una organizaciones que se supone seria debería demandar la renuncia de estos funcionarios por el simple hecho de transparencia”.
Mientras tanto la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos lamentó que los organismos de investigación no hayan actuado desde antes contra los ahora acusados, dudó que los organismos correspondientes no conocieran desde hace mucho las vinculaciones de políticos y policías en el narcotráfico, por lo tanto hizo un llamado urgente a fortalecer la institucionalidad para combatir la impunidad.
Por el momento, el Ministerio Público anunció el comienzo de las investigaciones ilustradas en las declaraciones de Rivera Maradiaga en Estados Unidos, pero hasta el momento ni el expresidente Lobo, ni el ministro de Seguridad Julián Pacheco, ni los diputados acusados han sido llamados a comparecer ante los organismos competentes.
Mientras la justicia norteamericana amenaza a los acusados, la institucionalidad hondureña los protege y es que a pesar de las denuncias en su contra, los funcionarios continúan en sus cargos como si no sucediera nada.
En tres semanas, Rivera Maradiaga ha testificado dos veces en una corte de Nueva York como parte del juicio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. En sus declaraciones Maradiaga vinculó al expresidente Lobo, al actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, al político nacionalista Miguel Pastor, al diputado del departamento de Colón Oscar Nájera y Fredy Nájera de Olancho, asimismo al actual alcalde de Tocoa Adán Fúnez. Todos por tener relaciones con él en el negocio del narcotráfico.
Los funcionarios salieron a defenderse públicamente; pero sus discursos no superan las pruebas que son presentadas ante la justicia norteamericana. En ese sentido el comisionado de policía en condición de retiro Aldo Oliva aseguró que el involucramiento de funcionarios y políticos en narcotráfico es un secreto a voces que se conoce en las distintas regiones del país, pero que la institucionalidad se hace de oídos sordos y a la gente le da miedo denunciar por miedo a perder sus vidas.
Sobre las acusaciones contra políticos y policías, Oliva dijo que dentro de la Policía hay agentes vinculados al narcotráfico y que los políticos están enterados y embarrados en ese procedimiento ilegal.
Como parte del juicio contra Fabio Lobo, el gobierno de Estados Unidos acusó a otro elemento de la Policía Preventiva hondureña, bajo el argumento de conspirar por enviar droga a ese país. El acusado es Carlos Alberto Valladares Zúniga, exjefe de la Sección de Homicidios de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
De la misma forma el general Julián Pacheco Tinoco, quien funge como Secretario de Estado en el despacho de Seguridad, fue acusado por Rivera Maradiaga de tener vínculos con el narcotráfico. Pacheco Tinoco fue asesor de seguridad del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, por tal razón Maradiaga afirmó que él colaboró con la organización para garantizar el traslado de la droga por el corredor del atlántico que recorre desde el departamento de Colón hasta el occidente del país en la zona fronteriza con Guatemala.
“En un país serio donde la institucionalidad verdaderamente funcione, el ministro de Seguridad tuvo que haber renunciado ante las acusaciones para ponerse a la orden de los organismos de investigación y si él no renuncia como mínimo el gobierno tuvo que destituirlo”, manifestó el analista Ramón Barrios al referirse sobre las acusaciones contra Pacheco Tinoco.
Barrios es del criterio que no se puede tener confianza en políticos o funcionarios acusados de tener vínculos en actividades irregulares, por eso la ciudadanía, las organizaciones populares deben exigir la renuncia inmediata de los acusados o la acción del gobierno para que los destituya y los ponga a la disposición de los organismos investigativos.
“Desde la Comisión de Depuración de la Policía, no podemos pronunciarnos sobre especulaciones; es decir, hasta que no haya pruebas contundentes contra los acusados no podemos decir si son responsables o no”, dijo Alberto Solórzano integrante de la Comisión que dirige el proceso de depuración policial en Honduras.
Esta comisión ha sostenido una postura timorata ante los acontecimientos que involucran a funcionarios del gobierno de estar ligados al narcotráfico, afirmaron que todo se trata de especulaciones, y que no pueden fijar una postura por el momento.
El analista Ramón Barrios, critica esa postura. “Tener una postura de ese tipo muestra incoherencia y servilismo, las pruebas que se emiten desde Estados Unidos son concretas y como mínimo una organizaciones que se supone seria debería demandar la renuncia de estos funcionarios por el simple hecho de transparencia”.
Mientras tanto la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos lamentó que los organismos de investigación no hayan actuado desde antes contra los ahora acusados, dudó que los organismos correspondientes no conocieran desde hace mucho las vinculaciones de políticos y policías en el narcotráfico, por lo tanto hizo un llamado urgente a fortalecer la institucionalidad para combatir la impunidad.
Por el momento, el Ministerio Público anunció el comienzo de las investigaciones ilustradas en las declaraciones de Rivera Maradiaga en Estados Unidos, pero hasta el momento ni el expresidente Lobo, ni el ministro de Seguridad Julián Pacheco, ni los diputados acusados han sido llamados a comparecer ante los organismos competentes.
Mientras la justicia norteamericana amenaza a los acusados, la institucionalidad hondureña los protege y es que a pesar de las denuncias en su contra, los funcionarios continúan en sus cargos como si no sucediera nada.
De 50 casos de corrupción solo 10 se han judicializado, eso indica injerencia según el CNA
Abr 07, 2017
Sin dar nombres de personas, en la
última semana, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA),
Gabriela Castellanos, denunció ante los medios de comunicación que
“ciertos sectores” han pretendido ejercer influencias sobre “algunas” de
las investigaciones que esa institución presentó ante la Fiscalía.
“Y en estos últimos días con amenazas de volcar el aparato de justicia en contra de los que combatimos este flagelo –corrupción-, aseguró Castellanos, previo a la firma de un convenio de cooperación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
De acuerdo a Castellanos, el CNA hasta la fecha ha presentado un total de 59 denuncias o líneas de investigación que números se traducen en 2 mil 800 millones de lempiras en perjuicio del Estado hondureño.
En septiembre de 2016, la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que verifica la ejecución de 36 proyectos de iluminación de canchas de fútbol en diferentes zonas del municipio de El Progreso, Yoro, a través de una contratación privada realizada mediante cotizaciones “donde le adjudicaron a personas naturales y a tres empresas ejecutar contratos mismos que ascienden a SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L 6,088,085.36)”
Según el CNA “la diferencia entre el monto contratado por la Alcaldía Municipal de El Progreso y el monto evaluado por de los especialistas de proyectos de infraestructura del CNA es de un millón setecientos veinticinco mil setecientos cuatro lempiras con setenta y nueve centavos (L. 1, 725,704.77) lo cual representa un 22.09% de contratación por encima de la valoración realizada por el CNA”.
El alcalde progreseño, Alexander López, fue acusado por abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
La titular del CNA pidió al Ministerio Público desempolvar casos como el de la alcaldía progreseña y 15 municipalidades más.
La Fiscalía está en proceso de investigación
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, indica que la Fiscalía Contra la Corrupción en los últimos meses ha trabajado en más de cuatro operaciones “donde ha involucrado las inspecciones a varias municipalidades del país”.
“Estas municipalidades, que suman más que las denunciadas por el CNA, están siendo investigadas por diferentes delitos y ya hay alcaldes llevados a los tribunales de la república”, asegura Cálix.
Según la funcionaria del Ministerio Público, “hay casos muy avanzados en contra de municipalidades en toda la nación, estamos de municipalidades en la zona norte, centro y sur”.
A inicios de 2017, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), confiscaron documentos de la municipalidad de Valle de Ángeles, Francisco Morazán para investigar supuestos actos de corrupción durante el periodo 2006-2014.
Población capitalina sigue a la espera de los resultados de las intervenciones de la ATIC a la gerencia de control de permisos de construcción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y documentos relacionados con el proceso de ejecución del proyecto Trans 450 por irregularidades en la administración el ex alcalde nacionalista, Ricardo Álvarez.
Cálix manifiesta que la preocupación –del CNA- es legítima pero “yo le rogaría a la población un marco de tiempo y de confianza en que las acciones tarde o temprano saldrán”.
MACCIH da seguimiento a los casos investigados por el CNA
El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, asegura que la misión ha “venido analizando las iniciativas y sus líneas de investigación”.
“Hemos concordado con la doctora Castellanos es que podamos integrar equipos de trabajo técnico que permitan avanzar en investigaciones, creo que daremos pasos importantes”, dijo Jiménez Mayor.
En relación a las acusaciones que se desprenden del testimonio del ex líder del cartel “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo que son “gravísimas las imputaciones que se han hecho a nivel de la corte de Nueva York en relación a la participación de políticos recibiendo dinero del narcotráfico, presuntamente”.
Jiménez Mayor aseguró que “es un elemento que nos parece de extrema gravedad y la misión, en una reunión de trabajo con el fiscal general Chinchilla, hemos acordado en establecer un equipo integrado especial para estas investigaciones”.
CHILE: Unas 100 mil personas en Santiago y 300 mil a lo largo de Chile, según informó la Confech, acudieron la mañana de este martes al llamado a una nueva marcha por el derecho a la educación.
Confech cifra en 300 mil convocatoria nacional
EL CIUDADANO
Unas 100 mil personas en Santiago y 300 mil a lo largo de Chile, según informó la Confech, acudieron la mañana de este martes al llamado a una nueva marcha por el derecho a la educación en Chile.
Una movilización marcada por la votación programada para esta jornada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma a la educación, la que -de acuerdo a información recabada por este medio– no se llevaría finalmente a cabo.
“Este proyecto de ley no es respaldado por el Movimiento Estudiantil, no ha dado respuesta a las propuestas que nosotros como estudiantes hace dos meses presentamos tanto en el Mineduc como en el parlamento”, señaló al comienzo de la marcha Daniel Andrade, presidente de la Fech y vocero de la Confech.
En ese marco, el dirigente llamó a los parlamentarios, en particular a Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), a “ser consecuentes con la posición del Movimiento Estudiantil, porque ellos vienen de acá” y a oponerse a la iniciativa. “Necesitamos un proyecto que se haga de cara a la ciudadanía y no a espaldas de los movimientos sociales. Se tiene que postergar esa votación porque no se han recogido las propuestas del Movimiento Estudiantil”, sostuvo Andrade.
El dirigente añadió que “nosotros hemos hablado de una expansión de la educación pública, llegando hasta un 50% de la matrícula”, poniendo el énfasis en que igualmente se necesitarían “fondos prioritarios” para universidades de regiones. “Porque también entendemos que la acreditación y la calidad de esas instituciones ha bajado precisamente por el abandono del Estado”, argumentó.
Por su parte, Francisca Flores, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Cones, se refirió también a este tema, considerando que es la universitaria la etapa de formación que muchos de ellos deberán enfrentar prontamente. “Esta no es la gratuidad que queremos. Se supone que la educación es un derecho universal para todos por igual, no solamente a un pequeño porcentaje de la población. Lo que queremos es gratuidad para todos”, señaló.
Junto con ello, Flores abordó el proyecto del Ejecutivo que concierne específicamente a su sector. “Dentro de la ley de nueva educación pública no está contemplado el sistema de financiamiento y esa es una de las peticiones que tenemos, porque exigimos un sistema de financiamiento que cumpla con el proyecto educativo que tenemos para Chile”, señaló al respecto la dirigenta.
“Nos parece que los medios de comunicación muestran lo que quieren. Nosotros hemos hecho conferencias de prensa, especificando qué es lo que se quiere en Educación y ellos no muestran eso; muchas veces muestran solo la violencia y el Movimiento Estudiantil es mucho más que eso”, declaró en ese sentido Daniel Andrade, vocero de la Confech.
El Ciudadano
Por eldesconcierto.cl@eldesconcier
/ Agencia Uno
“La
educación en crisis” es el lema bajo el cual se convocó a la
movilización de hoy, la primera marcha estudiantil del año. Esto, en el
mismo día en que la Comisión de Educación de la Cámara se dispone a
votar en general el proyecto de reforma a la educación superior que
envió el gobierno.
“Hay estudiantes que no tienen sillas, no tienen mesas para estudiar y sabemos que los responsables son los mismos que están legislando en el Congreso, aseguró Sara Robles, la vocera de la Asamblea de Estudiantes Secundarios (Aces), como reflejo de que los proyectos de la Nueva Mayoría no recogen sus demandas.
La marcha comenzó a las 11 de la mañana en Plaza Italia y se desplegó hasta el barrio República. Aunque no fue sin polémica. Ante la sorpresiva masividad de la convocatoria, los estudiantes coparon las dos calzadas de la Alameda, cuando solo una era la autorizada por la Intendencia. Esto provocó que de inmediato apareciera Carabineros a dispersar con bombas lacrimógenas.
Pero fuera de eso, la movilización continuó su recorrido, con directos emplazamientos de parte de los estudiantes a que el gobierno retire el proyecto de Educación Superior. “Le decimos a la presidenta: Esta fue una promesa electoral, entonces integre las demandas del movimiento estudiantil en la reforma”, declaró Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis y vocera de la Confech.
En la marcha participaron además la precandidata del Frente Amplio Beatriz Sánchez y el vocero de No + AFP Luis Mesina.
Este 11 de abril en todo Chile
La difícil tarea de reformar la educación ha sido uno de los proyectos emblema del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cambios en la carrera docente, beca de gratuidad y fin a la selección en los colegios, son algunas de las medidas que se han implementado durante el último tiempo.
Sin embargo, para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el rumbo que ha tomado el proyecto que busca cambiar el modelo educacional de nuestro país, ha sido el equivocado. La organización de estudiantes secundarios ha enviado varias cartas al Ministerio de Educación con indicaciones a la reforma, señalando que no han considerado del todo la crisis en la educación, pero no han recibido respuestas concretas.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocero de la Confech, Daniel Andrade, explica que “esta marcha es para constatar la crisis educacional, pero también para interpelar a la ministra de Educación para que de respuestas claras, coherentes y transparentes frente a la ciudadanía respecto a nuestras indicaciones”.
La reforma educacional se ha quedado en la forma y no en el fondo. Un punto que tiene claro el más de millón de universitarios que está endeudado con créditos estudiantiles. Si bien la beca de gratuidad benefició a más de 90 mil alumnos, siguen son un porcentaje muy pequeño comparado con el universo total de estudiantes.
En una carta enviada al Ministerio de Educación el viernes 7 de abril, la Confech señala: “Respecto a la “Beca Gratuidad” cabe señalar que, si bien ha llegado un número importante de estudiantes, está lejano a las promesas iniciales de su gobierno ya que mantiene la lógica del voucher y deja a la libre elección de cada autoridad la permanencia en el sistema. Deja sin gratuidad a los estudiantes de más de 200 mil pesos de ingreso per cápita diciéndoles que se tendrán que endeudar el CAE hasta que Chile alcance niveles de desarrollo económico similares a potencias mundiales”.
Y continúa con que “de la misma manera, la forma de entregar recursos ha sido irresponsable, legislando por ley de presupuesto, y sin mayor cuidado respecto al tipo de institución que recibe los fondos. Basta recordar sus declaraciones del 25 de julio de 2016 en la que afirmaba que la Universidad Autónoma se habría “colado”.
La marcha de este martes 11 de abril, es la continuación a las demandas estudiantiles que se exigieron hace seis años atrás durante la gestión de Sebastián Piñera.
“Las banderas que levantamos el 2011 siguen vigentes. En ese entonces nos movilizamos por educación pública gratuita y de calidad, mientras constatábamos la crisis de la educación superior. En ese momento eran 400 mil estudiantes endeudados, hoy día hay más de un millón“, enfatiza Andrade.
Y agrega que “a modo de ejemplo, hoy la crisis se materializa en universidades privadas como la Arcis que fue cerrada por deuda y la Iberoamericana, que fue acreditada hace seis meses y ahora esta en medio de una crisis financiera”.
El reciente cierre de la Arcis ha puesto en la palestra el mal manejo del Estado y empresarios de las universidades y el flaco favor que el lucro le hace a la educación. La reforma de Bachelet no se ha hecho cargo de manera directa de esta problemática y tampoco del endeudamiento de los jóvens estudiantes.
“La reforma ha sido dividida, reducida y ha terminado en una reformita que no hace grandes cambios. Uno podría perfectamente hacer un proyecto de ley cortito y sacar adelante las cosas que promueve la reforma, porque en lo concreto no es profunda y no se hace cargo de la crisis educacional. No elimina el cae y tampoco la lógica del endeudamiento“, explica el vocero de la Confech.
Dentro de las indicaciones que han planteado los estudiantes universitarios desde la Confech, se incluye la creación de un marco regulatorio que establezca estándares a las instituciones que reciban financiamiento estatal.
“La creación de un marco regulatorio transversal en universidades, CFT e IP que establezca estándares mínimos y condiciones para recibir financiamiento público y un marco de cualificaciones común permitirá que las instituciones dejen de estafar a estudiantes y sus familias, frustrando sus sueños y expectativas”, constata la carta enviada al Ministerio de Educación.
Y continúa con que “dentro de ello, el lucro debe ser penalizado también para CFT e IP, que hoy por ley se les permite lucrar; se debe exigir estándares de transparencias a toda institución que reciba fondos públicos; que involucren a las comunidades educativos en el gobierno y elección de autoridades”.
Las discusiones y cuestionamientos a la reforma educacional no se han producido solo a nivel de estudiantado. Sino también dentro del Congreso, el proyecto de ley lleva meses congelado en el parlamento y su votación ha sido postergada más de una vez en la Comisión de Educación del Senado. Sin embargo, este 11 de abril, el mismo día de la marcha organizada por la Confech, se llevará a cabo su votación.
“Pretendemos que el proyecto de ley no se vote este próximo martes en la Comisión de Educación Superior y que por su parte, el Mineduc dé una respuesta clara a nuestras demandas”, concluye Andrade.
Vasti Abarca
Por Valentina de Marval - EL DESCONCIERTO
Este
martes 11 de abril los estudiantes secundarios, universitarios y
docentes han convocado a la primera marcha educativa de este año, a
llevarse a cabo a las 11 de la mañana en Plaza Italia. Durante 2016, el
sector secundario protagonizó una serie de tomas y desalojos de liceos y
colegios, donde uno de ellos, el emblemático Instituto Nacional, llegó a
perder el perfil de “excelencia”. Aún así, los sucesores de quienes
sacaron por primera vez de forma masiva a los pingüinos hace 11 años hoy
se mantienen firmes en sus descontentos y deseos de cambios.
Sara Robles, actual vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y alumna del Liceo 7, explicó a El Desconcierto los principales motivos que los mantienen en pie de guerra.
Hace tiempo que los secundarios ya no se ven tanto, o al menos no tanto como en 2006 y 2011. ¿En qué están para este año?
Hace poco tuvimos nuestra primera asamblea nacional. Nuestra principal proyección tiene que ver con entregarle al pueblo y a la ciudadanía claridad frente a esta nebulosa en que nos encontramos, porque resulta que se está tramitando una reforma pero los estudiantes siguen movilizados. Frente a eso, vemos que tal reforma no viene a solucionar problema de fondo que la ACES plantea hace más de seis años.
Pero en ese diagnóstico, ¿cuál sería el problema de fondo que dices? Para diferenciarlo del universitario.
Que las comunidades educativas no están siendo vinculadas al momento de tomar decisiones respecto de su misma educación. Por ejemplo: ¿En qué se inyecta más financiamiento y en qué no? ¿Cuáles son nuestros profesores? Hoy en día tenemos casos de abuso y violencia de género a la interna de los establecimientos, pero como comunidad no somos personas que podamos decidir frente a quién nos educa, frente a la malla curricular, y a todas esas cosas que hoy nos generan conflicto.
Pasando al fin a la selección, ¿hacia dónde creen que debiese avanzar?
Ante la Ley de Inclusión tenemos varias críticas. Por ejemplo tiene una falta de claridad como proyecto, ya que en casos en que compañeros han sido agredidos por ser homosexuales, no podemos hacer efectiva siempre la Ley Antidiscriminación. La supuesta ley de inclusión no resuelve tales problemáticas.
¿Y sobre el proyecto de desmunicipalización?
Nosotros rechazamos ese proyecto porque creemos que está incompleto. Primero, no tenemos ninguna fiscalización como comunidad educativa. Segundo, nos parece importante que el proyecto plantea extensiones del Mineduc por el cual va a transitar dinero constantemente, pero no sabemos cómo ese dinero va a llegar correctamente. Los secundarios marchamos porque vemos cómo la crisis en la educación se ha mantenido y ha tenido expresiones internas donde vemos establecimientos muy precarizados, sin recursos de financiamiento, sin docentes, sin respuestas.
Bajo el lema “Educación en crisis”, la Confech convocó a su primera marcha estudiantil de 2017.
Acompañando a los dirigentes estudiantiles, otros movimientos sociales se sumaron al llamado de los universitarios y secundarios.
El vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, condenó la gestión del ministro Rodrigo Valdés, acusándolo de limitar en términos económicos los alcances de una reforma al sistema educacional.
Mientras, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, recalcó que,a diferencia de los años anteriores, en esta ocasión se sumarán a la marcha de los estudiantes por tratarse de demandas coincidentes entre ambos sectores.
El dirigente insistió en que este proyecto no es más que un maquillaje al modelo educativo dominado por el mercado.
En Santiago, la marcha se inició a las 11.00 horas en Plaza Italia, la que culminará en República.
*Fotos: Karina Palma
Por eldesconcierto.cl@eldesconcier
/ Agencia Uno
La
comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó hoy la idea de
legislar el proyecto de reforma a la educación superior, después de una
reñida votación que terminó con 6 a favor y 6 en contra, sumado a la
abstención de la diputada oficialista Camila Vallejo. Debido al
reglamento interno de la cámara, el empate es considerado como rechazo.
La parlamentaria comunista explicó que el proyecto presentado por el gobierno carecía de definiciones sustantivas. Además, justificó su votación con el no querer votar lo mismo que la derecha. Esto porque los cinco parlamentarios presentes en la comisión le dieron el visto negativo al proyecto. El otro voto clave fue el del diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson.
“Si aprobamos este proyecto estamos dándole piso a una forma de hacer política que le da la espalda a las demandas ciudadanas. Espero que nos demos el tiempo de discutirlo en sala y encontrar un acuerdo entre los actores sociales y el Gobierno”, explicó Jackson.
Los votos a favor fueron los parlamentarios del oficialismo: Rodrigo González y Cristina Girardi (PPD), Mario Venegas y Yasna Provoste (DC), Alberto Robles (PR) y Roberto Poblete.
“A mí me parece importante legislar, acá le estamos dando fe al Ejecutivo que vamos a avanzar. Es inaceptable que no podamos cambiar el Sistema de Educación Superior en Chile”, afirmó Robles.
El nuevo fracaso del proyecto del gobierno se produjo el mismo día en que los estudiantes sorprendieron con una masiva convocatoria esta mañana, en una movilización marcada por el rechazo transversal a la iniciativa.
Ahora, el gobierno deberá decidir si le quita urgencia parlamentaria al proyecto para volver a ingresarlo de nuevo a la comisión de Educación o si lo lleva directamente a la Cámara, para que sean todos los diputados los que decidan la idea de legislar. El riesgo de esta última es que sea nuevamente rechazada por los parlamentarios.
“Y en estos últimos días con amenazas de volcar el aparato de justicia en contra de los que combatimos este flagelo –corrupción-, aseguró Castellanos, previo a la firma de un convenio de cooperación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
De acuerdo a Castellanos, el CNA hasta la fecha ha presentado un total de 59 denuncias o líneas de investigación que números se traducen en 2 mil 800 millones de lempiras en perjuicio del Estado hondureño.
“De esas 59 denuncias, 50 han sido remitidas al Ministerio Público y solamente diez han sido judicializadas”, dijo Castellanos.
Entre las denuncias presentadas a la Fiscalía el CNA pide se investiguen los ilícitos de 16 alcaldes municipales y “el caso del mega fraude en la ENEE –Empresa Nacional de Energía Eléctrica- en donde se involucran grupos criminales que están siendo procesados por el gobierno de Estados Unidos”.En septiembre de 2016, la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que verifica la ejecución de 36 proyectos de iluminación de canchas de fútbol en diferentes zonas del municipio de El Progreso, Yoro, a través de una contratación privada realizada mediante cotizaciones “donde le adjudicaron a personas naturales y a tres empresas ejecutar contratos mismos que ascienden a SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L 6,088,085.36)”
Según el CNA “la diferencia entre el monto contratado por la Alcaldía Municipal de El Progreso y el monto evaluado por de los especialistas de proyectos de infraestructura del CNA es de un millón setecientos veinticinco mil setecientos cuatro lempiras con setenta y nueve centavos (L. 1, 725,704.77) lo cual representa un 22.09% de contratación por encima de la valoración realizada por el CNA”.
El alcalde progreseño, Alexander López, fue acusado por abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
La titular del CNA pidió al Ministerio Público desempolvar casos como el de la alcaldía progreseña y 15 municipalidades más.
La Fiscalía está en proceso de investigación
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, indica que la Fiscalía Contra la Corrupción en los últimos meses ha trabajado en más de cuatro operaciones “donde ha involucrado las inspecciones a varias municipalidades del país”.
“Estas municipalidades, que suman más que las denunciadas por el CNA, están siendo investigadas por diferentes delitos y ya hay alcaldes llevados a los tribunales de la república”, asegura Cálix.
Según la funcionaria del Ministerio Público, “hay casos muy avanzados en contra de municipalidades en toda la nación, estamos de municipalidades en la zona norte, centro y sur”.
A inicios de 2017, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), confiscaron documentos de la municipalidad de Valle de Ángeles, Francisco Morazán para investigar supuestos actos de corrupción durante el periodo 2006-2014.
Población capitalina sigue a la espera de los resultados de las intervenciones de la ATIC a la gerencia de control de permisos de construcción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y documentos relacionados con el proceso de ejecución del proyecto Trans 450 por irregularidades en la administración el ex alcalde nacionalista, Ricardo Álvarez.
Cálix manifiesta que la preocupación –del CNA- es legítima pero “yo le rogaría a la población un marco de tiempo y de confianza en que las acciones tarde o temprano saldrán”.
MACCIH da seguimiento a los casos investigados por el CNA
El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, asegura que la misión ha “venido analizando las iniciativas y sus líneas de investigación”.
“Hemos concordado con la doctora Castellanos es que podamos integrar equipos de trabajo técnico que permitan avanzar en investigaciones, creo que daremos pasos importantes”, dijo Jiménez Mayor.
En relación a las acusaciones que se desprenden del testimonio del ex líder del cartel “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo que son “gravísimas las imputaciones que se han hecho a nivel de la corte de Nueva York en relación a la participación de políticos recibiendo dinero del narcotráfico, presuntamente”.
Jiménez Mayor aseguró que “es un elemento que nos parece de extrema gravedad y la misión, en una reunión de trabajo con el fiscal general Chinchilla, hemos acordado en establecer un equipo integrado especial para estas investigaciones”.
CHILE: Unas 100 mil personas en Santiago y 300 mil a lo largo de Chile, según informó la Confech, acudieron la mañana de este martes al llamado a una nueva marcha por el derecho a la educación.
/ Agencia Uno
Unas 100 mil personas en masiva marcha estudiantil marcada por rechazo a proyecto de educación superior
"Necesitamos un proyecto que se haga de cara a la ciudadanía y no a espaldas de los movimientos sociales", señaló el vocero de la Confech, Daniel Andrade. El CiudadanoEL CIUDADANO
Unas 100 mil personas en Santiago y 300 mil a lo largo de Chile, según informó la Confech, acudieron la mañana de este martes al llamado a una nueva marcha por el derecho a la educación en Chile.
Una movilización marcada por la votación programada para esta jornada en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma a la educación, la que -de acuerdo a información recabada por este medio– no se llevaría finalmente a cabo.
“Este proyecto de ley no es respaldado por el Movimiento Estudiantil, no ha dado respuesta a las propuestas que nosotros como estudiantes hace dos meses presentamos tanto en el Mineduc como en el parlamento”, señaló al comienzo de la marcha Daniel Andrade, presidente de la Fech y vocero de la Confech.
En ese marco, el dirigente llamó a los parlamentarios, en particular a Giorgio Jackson (RD) y Camila Vallejo (PC), a “ser consecuentes con la posición del Movimiento Estudiantil, porque ellos vienen de acá” y a oponerse a la iniciativa. “Necesitamos un proyecto que se haga de cara a la ciudadanía y no a espaldas de los movimientos sociales. Se tiene que postergar esa votación porque no se han recogido las propuestas del Movimiento Estudiantil”, sostuvo Andrade.
“Gratuidad del Gobierno es insuficiente”
En conversación con El Ciudadano, el vocero de la Confech se refirió también a la gratuidad en educación que ha impulsado el Gobierno. “Es insuficiente. Es una mirada muy autocomplaciente decir que se avanzado en gratuidad. Ellos dicen que a lo más hay 300 mil estudiantes con gratuidad, cuando en la educación superior son un millón y medio. ¿Qué gratuidad es esa? Sigue siendo una beca para unos pocos y no para las mayorías de Chile”, apuntó el presidente de la Fech.El dirigente añadió que “nosotros hemos hablado de una expansión de la educación pública, llegando hasta un 50% de la matrícula”, poniendo el énfasis en que igualmente se necesitarían “fondos prioritarios” para universidades de regiones. “Porque también entendemos que la acreditación y la calidad de esas instituciones ha bajado precisamente por el abandono del Estado”, argumentó.
Por su parte, Francisca Flores, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Cones, se refirió también a este tema, considerando que es la universitaria la etapa de formación que muchos de ellos deberán enfrentar prontamente. “Esta no es la gratuidad que queremos. Se supone que la educación es un derecho universal para todos por igual, no solamente a un pequeño porcentaje de la población. Lo que queremos es gratuidad para todos”, señaló.
Junto con ello, Flores abordó el proyecto del Ejecutivo que concierne específicamente a su sector. “Dentro de la ley de nueva educación pública no está contemplado el sistema de financiamiento y esa es una de las peticiones que tenemos, porque exigimos un sistema de financiamiento que cumpla con el proyecto educativo que tenemos para Chile”, señaló al respecto la dirigenta.
Incidentes
La masiva movilización terminó con incidentes aislados entre manifestantes y Fuerzas Especiales de Carabineros, debido básicamente a la permanente vigilancia de los policías para que quienes marchaban no se pasaran a la ladera norte de la Alameda y solo avanzaran por la del costado sur.“Nos parece que los medios de comunicación muestran lo que quieren. Nosotros hemos hecho conferencias de prensa, especificando qué es lo que se quiere en Educación y ellos no muestran eso; muchas veces muestran solo la violencia y el Movimiento Estudiantil es mucho más que eso”, declaró en ese sentido Daniel Andrade, vocero de la Confech.
El Ciudadano
FOTOS| #YoMarchoEl11: Primera movilización estudiantil del año sorprende con su masividad
El mismo día en que se vota en general en la comisión de Educación el proyecto de reforma enviado por el gobierno, los estudiantes sorprendieron con su convocatoria en las calles.Por eldesconcierto.cl@eldesconcier
/ Agencia Uno
“Hay estudiantes que no tienen sillas, no tienen mesas para estudiar y sabemos que los responsables son los mismos que están legislando en el Congreso, aseguró Sara Robles, la vocera de la Asamblea de Estudiantes Secundarios (Aces), como reflejo de que los proyectos de la Nueva Mayoría no recogen sus demandas.
La marcha comenzó a las 11 de la mañana en Plaza Italia y se desplegó hasta el barrio República. Aunque no fue sin polémica. Ante la sorpresiva masividad de la convocatoria, los estudiantes coparon las dos calzadas de la Alameda, cuando solo una era la autorizada por la Intendencia. Esto provocó que de inmediato apareciera Carabineros a dispersar con bombas lacrimógenas.
Pero fuera de eso, la movilización continuó su recorrido, con directos emplazamientos de parte de los estudiantes a que el gobierno retire el proyecto de Educación Superior. “Le decimos a la presidenta: Esta fue una promesa electoral, entonces integre las demandas del movimiento estudiantil en la reforma”, declaró Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis y vocera de la Confech.
En la marcha participaron además la precandidata del Frente Amplio Beatriz Sánchez y el vocero de No + AFP Luis Mesina.
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Este 11 de abril en todo Chile
Marcha Confech: Estudiantes vuelven a las calles en rechazo a reforma educacional
"Las banderas que levantamos en el 2011 siguen vigentes. En ese momento eran 400 mil estudiantes endeudados, hoy en día son más de un millón", enfatiza Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocero de la Confech. El próximo martes, universitarios y secundarios realizarán la primera marcha estudiantil del año para manifestar su descontento con la reforma educacional. Vasti Abarca - EL CIUDADANOLa difícil tarea de reformar la educación ha sido uno de los proyectos emblema del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cambios en la carrera docente, beca de gratuidad y fin a la selección en los colegios, son algunas de las medidas que se han implementado durante el último tiempo.
Sin embargo, para la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el rumbo que ha tomado el proyecto que busca cambiar el modelo educacional de nuestro país, ha sido el equivocado. La organización de estudiantes secundarios ha enviado varias cartas al Ministerio de Educación con indicaciones a la reforma, señalando que no han considerado del todo la crisis en la educación, pero no han recibido respuestas concretas.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y vocero de la Confech, Daniel Andrade, explica que “esta marcha es para constatar la crisis educacional, pero también para interpelar a la ministra de Educación para que de respuestas claras, coherentes y transparentes frente a la ciudadanía respecto a nuestras indicaciones”.
La reforma educacional se ha quedado en la forma y no en el fondo. Un punto que tiene claro el más de millón de universitarios que está endeudado con créditos estudiantiles. Si bien la beca de gratuidad benefició a más de 90 mil alumnos, siguen son un porcentaje muy pequeño comparado con el universo total de estudiantes.
En una carta enviada al Ministerio de Educación el viernes 7 de abril, la Confech señala: “Respecto a la “Beca Gratuidad” cabe señalar que, si bien ha llegado un número importante de estudiantes, está lejano a las promesas iniciales de su gobierno ya que mantiene la lógica del voucher y deja a la libre elección de cada autoridad la permanencia en el sistema. Deja sin gratuidad a los estudiantes de más de 200 mil pesos de ingreso per cápita diciéndoles que se tendrán que endeudar el CAE hasta que Chile alcance niveles de desarrollo económico similares a potencias mundiales”.
Y continúa con que “de la misma manera, la forma de entregar recursos ha sido irresponsable, legislando por ley de presupuesto, y sin mayor cuidado respecto al tipo de institución que recibe los fondos. Basta recordar sus declaraciones del 25 de julio de 2016 en la que afirmaba que la Universidad Autónoma se habría “colado”.
La marcha de este martes 11 de abril, es la continuación a las demandas estudiantiles que se exigieron hace seis años atrás durante la gestión de Sebastián Piñera.
“Las banderas que levantamos el 2011 siguen vigentes. En ese entonces nos movilizamos por educación pública gratuita y de calidad, mientras constatábamos la crisis de la educación superior. En ese momento eran 400 mil estudiantes endeudados, hoy día hay más de un millón“, enfatiza Andrade.
Y agrega que “a modo de ejemplo, hoy la crisis se materializa en universidades privadas como la Arcis que fue cerrada por deuda y la Iberoamericana, que fue acreditada hace seis meses y ahora esta en medio de una crisis financiera”.
El reciente cierre de la Arcis ha puesto en la palestra el mal manejo del Estado y empresarios de las universidades y el flaco favor que el lucro le hace a la educación. La reforma de Bachelet no se ha hecho cargo de manera directa de esta problemática y tampoco del endeudamiento de los jóvens estudiantes.
“La reforma ha sido dividida, reducida y ha terminado en una reformita que no hace grandes cambios. Uno podría perfectamente hacer un proyecto de ley cortito y sacar adelante las cosas que promueve la reforma, porque en lo concreto no es profunda y no se hace cargo de la crisis educacional. No elimina el cae y tampoco la lógica del endeudamiento“, explica el vocero de la Confech.
Dentro de las indicaciones que han planteado los estudiantes universitarios desde la Confech, se incluye la creación de un marco regulatorio que establezca estándares a las instituciones que reciban financiamiento estatal.
“La creación de un marco regulatorio transversal en universidades, CFT e IP que establezca estándares mínimos y condiciones para recibir financiamiento público y un marco de cualificaciones común permitirá que las instituciones dejen de estafar a estudiantes y sus familias, frustrando sus sueños y expectativas”, constata la carta enviada al Ministerio de Educación.
Y continúa con que “dentro de ello, el lucro debe ser penalizado también para CFT e IP, que hoy por ley se les permite lucrar; se debe exigir estándares de transparencias a toda institución que reciba fondos públicos; que involucren a las comunidades educativos en el gobierno y elección de autoridades”.
Las discusiones y cuestionamientos a la reforma educacional no se han producido solo a nivel de estudiantado. Sino también dentro del Congreso, el proyecto de ley lleva meses congelado en el parlamento y su votación ha sido postergada más de una vez en la Comisión de Educación del Senado. Sin embargo, este 11 de abril, el mismo día de la marcha organizada por la Confech, se llevará a cabo su votación.
“Pretendemos que el proyecto de ley no se vote este próximo martes en la Comisión de Educación Superior y que por su parte, el Mineduc dé una respuesta clara a nuestras demandas”, concluye Andrade.
Vasti Abarca
No estaban muertos: La apuesta política de la ACES en la primera marcha estudiantil del año
Sara Robles, actual vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, explicó a El Desconcierto algunos de los pilares que aún mantienen a los liceos y colegios movilizados. Apuestan por la democracia interna y modificaciones a la Ley de Inclusión para este 2017.Por Valentina de Marval - EL DESCONCIERTO
Sara Robles, actual vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y alumna del Liceo 7, explicó a El Desconcierto los principales motivos que los mantienen en pie de guerra.
/ Agencia Uno
Hace poco tuvimos nuestra primera asamblea nacional. Nuestra principal proyección tiene que ver con entregarle al pueblo y a la ciudadanía claridad frente a esta nebulosa en que nos encontramos, porque resulta que se está tramitando una reforma pero los estudiantes siguen movilizados. Frente a eso, vemos que tal reforma no viene a solucionar problema de fondo que la ACES plantea hace más de seis años.
Pero en ese diagnóstico, ¿cuál sería el problema de fondo que dices? Para diferenciarlo del universitario.
Que las comunidades educativas no están siendo vinculadas al momento de tomar decisiones respecto de su misma educación. Por ejemplo: ¿En qué se inyecta más financiamiento y en qué no? ¿Cuáles son nuestros profesores? Hoy en día tenemos casos de abuso y violencia de género a la interna de los establecimientos, pero como comunidad no somos personas que podamos decidir frente a quién nos educa, frente a la malla curricular, y a todas esas cosas que hoy nos generan conflicto.
Pasando al fin a la selección, ¿hacia dónde creen que debiese avanzar?
Ante la Ley de Inclusión tenemos varias críticas. Por ejemplo tiene una falta de claridad como proyecto, ya que en casos en que compañeros han sido agredidos por ser homosexuales, no podemos hacer efectiva siempre la Ley Antidiscriminación. La supuesta ley de inclusión no resuelve tales problemáticas.
¿Y sobre el proyecto de desmunicipalización?
Nosotros rechazamos ese proyecto porque creemos que está incompleto. Primero, no tenemos ninguna fiscalización como comunidad educativa. Segundo, nos parece importante que el proyecto plantea extensiones del Mineduc por el cual va a transitar dinero constantemente, pero no sabemos cómo ese dinero va a llegar correctamente. Los secundarios marchamos porque vemos cómo la crisis en la educación se ha mantenido y ha tenido expresiones internas donde vemos establecimientos muy precarizados, sin recursos de financiamiento, sin docentes, sin respuestas.
“Educación en crisis”: Estudiantes marchan para exigir el fin a la reforma educacional del Gobierno
Diario Uchile |Martes 11 de abril 2017 11:40 hrs.
Acompañando a los dirigentes estudiantiles, otros movimientos sociales se sumaron al llamado de los universitarios y secundarios.
El vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, condenó la gestión del ministro Rodrigo Valdés, acusándolo de limitar en términos económicos los alcances de una reforma al sistema educacional.
Mientras, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, recalcó que,a diferencia de los años anteriores, en esta ocasión se sumarán a la marcha de los estudiantes por tratarse de demandas coincidentes entre ambos sectores.
El dirigente insistió en que este proyecto no es más que un maquillaje al modelo educativo dominado por el mercado.
En Santiago, la marcha se inició a las 11.00 horas en Plaza Italia, la que culminará en República.
*Fotos: Karina Palma
Vocera ACES: Es importante aclarar que la Reforma a la Educación no da soluciones
Karina Palma |Sábado 8 de abril 2017 11:04 hrs.
Sara
Robles se transformó en la nueva vocera de la Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios. La alumna del Liceo Siete de Providencia señaló
que dentro de las reformas a la educación no hay cambios sustanciales.
Además, llamó a marchar este 11 de abril.
Mientras
el proyecto que crea el Sistema Nacional de Educación Pública se
discute en el Congreso, los jóvenes agrupados en la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) eligieron a su nueva
vocera. Se trata de Sara Robles, alumna de cuarto medio del Liceo Siete
de Providencia, miembro de la ACES hace dos años y ex vicepresidenta del
Centro de Estudiantes de su establecimiento.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la joven de 17 años criticó las reformas que se discuten en el parlamento, tomó distancia del contexto electoral y enfatizó en que lo más importante para el movimiento radica en comunicar a la ciudadanía que los cambios demandados están lejos de concretarse. Además, hizo un llamado a movilizarse este 11 de abril en la primera marcha estudiantil del año.
¿Cuál es el eje de las demandas para este año?
Nosotros como Asamblea estamos en un proceso de rearticulación de nuestra propuesta educativa, la cual se actualizó por última vez el 2013. En la última asamblea metropolitana decidimos hacer una reprogramación de todos los puntos que teníamos y ver que nos falta. Creemos que hay demandas súper importantes que hoy están fuera, como por ejemplo, la educación no sexista y algunos puntos que tienen que ver con el financiamiento.
¿Cuáles serían estos puntos sobre financiamientos?
La última actualización de nuestro petitorio plantea el fin al financiamiento vía vóucher, pero no incluye la propuesta que discutimos el año pasado, la cual busca que el aporte sea basal, regular, con el mismo monto durante todo el año y por estudiante sin contar asistencia. Nosotros creemos que es necesario especificar cómo queremos que se aplique nuestra propuesta para que no quede nada en el aire.
¿Qué expectativas tienen como ACES este año?
Una de las discusiones más importante que dimos en la Asamblea Nacional es que seguimos en el limbo: la educación se mantendrá en el mismo estado a pesar de todas las reformas, que para nosotros no responden ni a la propuesta ni las demandas que hemos levantado como Asamblea y como movimiento estudiantil en general. En ese sentido, lo que nos parece más importante este año es dejarle claro a la sociedad que esta Reforma no viene a solucionar nada. Eso parece estar un poco en la nebulosa, porque mucha gente pregunta por qué nos seguimos movilizando si hay una ley que se está tramitando. Por otro lado, estamos conscientes de que hoy la disputa se centra principalmente en los liceos emblemáticos, por lo que la idea es acercar a compañeros que pertenecen a colegios más alejados del centro.
Otra de las proyecciones que tenemos como Asamblea es ser partícipe de otros movimientos sociales, como el movimiento No+AFP o el Ni una menos. Nosotros no solo apoyamos a estas organizaciones, sino también creemos que como estudiantes secundarios tenemos que atender a esos conflictos.
¿Cómo evalúan el desempeño que ha tenido este gobierno en educación?
Una de las grandes premisas de la Nueva Mayoría era crear una nueva educación pública. Nuestra crítica se centra en eso, en el hecho que no cumplieron la expectativa por la cual se transformaron en gobierno. Da impotencia pensar que se tomaron nuestras consignas, se agarraron de los lienzos y al final no hicieron nada de lo que nosotros planteamos. Ellos no entendieron cuál era la esencia de lo que queríamos cambiar. A diferencia de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), nosotros no buscamos profundizar en esta Reforma.
¿Qué estrategias tendrán para posicionar estas problemáticas en la opinión pública?
Lo que nos interesa es mostrarle al ciudadano, a la persona que está en la casa, qué es lo que está pasando actualmente y que se entiendan nuestras propuestas. En términos de calendarización estamos retrasados como asamblea, porque estamos en un proceso de articulación. Por el momento consideramos que es importante sumarse a las marchas y dar cuenta de esta otra parte del movimiento, la que no busca incidir en la reforma porque quiere cambios reales en términos educativos.
¿Cómo esperan llevar estos cambios a La Moneda y al Congreso para que sean realmente efectivos?
Una de las cosas que nosotros hemos dicho como ACES es que esa no es la vía, no es momento de volver a pedirle por favor a los parlamentarios que legislen en defensa de las comunidades educativas. Ese no es el método, ellos ya nos defraudaron. Creemos que los procesos de cambio se deben dar dentro de las comunidades, organizándonos y articulándonos entre los distintos estamentos.
¿Cómo se hace ese trabajo de ir generando el cambio desde las comunidades?
En nuestra propuesta nosotros decimos que se debe profundizar en la democratización que existe dentro de los establecimientos. El primer cambio es ser estudiantes activos para comenzar a establecer relaciones con otros estamentos y generar espacios de confluencia, donde como comunidad no solo hagamos la crítica a la Reforma, sino al sistema en su conjunto. Todavía hay colegios que cuentan con Consejos Escolares Resolutivos y esas son instancias en las que se puede llegar a acuerdo generales. Es complicado porque esto no pasa en muchas comunidades, pero es el primer paso.
¿Cómo será la vinculación con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Cones?
Como Asamblea hemos discutido cómo nos vamos a ir articulando con los universitarios y ya hemos hablado con la Confech sobre actividades que podemos realizar en conjunto, por ejemplo recientemente participamos es una actividad que se hizo en Baquedano, donde pudimos hacer nuevamente la convocatoria a la marcha de este 11 de abril. Por otro lado, desde la Cones se plantea un discurso totalmente distante de lo que nosotros proyectamos como ACES. Lo que más nos diferencia es que ellos buscan incidir en la Reforma.
¿Qué reflexiones han tenido respecto de los paros y las tomas de establecimientos? ¿Continuarán con esa estrategia durante este año?
Es cierto que en algunos momentos como método de presión no han sido funcionales. Sin embargo, para nosotros el paro o la toma, no solo cumple este objetivo, sino también tiene un significado para la comunidad que decide organizarse. Estas instancias también permiten que las comunidades sean capaces de organizarse, conversar y solucionar sus conflictos, por eso nosotros no descartamos este tipo de movilizaciones.
Este es un año de elecciones, ¿ustedes esperan algo de este proceso o se mantendrán distantes?
Nunca hemos respaldado a un candidato porque creemos que el movimiento estudiantil no los tiene. Conocemos el diagnóstico de la crisis institucional, de representatividad y de legitimidad que existe actualmente y sabemos que los cambios que esperamos no se harán a través del Ejecutivo.
Si el candidato fuese propuesto desde un movimiento social, ¿ustedes también se restarían de esa candidatura?
No hemos tenido esa discusión dentro de la Asamblea. De todos modos, creemos que independiente del representante, el problema es que las instituciones tienen un conflicto y en Chile los organismos no han sido capaces de darle cabida a nuestro discurso. La crisis no solo pasan por los personajes, sino también por las estructuras que hoy mantienen este sistema en términos educativos.
¿Significa algo para la organización que la vocería la asuma una mujer?
Como no soy la primera mujer que ha tomado este cargo dentro de la Asamblea, la verdad es que no implica un cambio en la historia. Hoy parece una necesidad para algunos movimientos contar con una cuota de género, ya que de lo contrario se les restaría de muchas discusiones, pero no es nuestro caso. Dentro de la asamblea el rol de las mujeres siempre ha sido muy importante para el desarrollo de las reflexiones. De todos modos, tenemos desafíos como incluir una educación no sexista dentro del petitorio. En este minuto hay muchos casos de compañeras que denuncian tratos machistas de parte de profesores y eso es algo tiene que ser parte de los primeros cambios en educación.
En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la joven de 17 años criticó las reformas que se discuten en el parlamento, tomó distancia del contexto electoral y enfatizó en que lo más importante para el movimiento radica en comunicar a la ciudadanía que los cambios demandados están lejos de concretarse. Además, hizo un llamado a movilizarse este 11 de abril en la primera marcha estudiantil del año.
¿Cuál es el eje de las demandas para este año?
Nosotros como Asamblea estamos en un proceso de rearticulación de nuestra propuesta educativa, la cual se actualizó por última vez el 2013. En la última asamblea metropolitana decidimos hacer una reprogramación de todos los puntos que teníamos y ver que nos falta. Creemos que hay demandas súper importantes que hoy están fuera, como por ejemplo, la educación no sexista y algunos puntos que tienen que ver con el financiamiento.
¿Cuáles serían estos puntos sobre financiamientos?
La última actualización de nuestro petitorio plantea el fin al financiamiento vía vóucher, pero no incluye la propuesta que discutimos el año pasado, la cual busca que el aporte sea basal, regular, con el mismo monto durante todo el año y por estudiante sin contar asistencia. Nosotros creemos que es necesario especificar cómo queremos que se aplique nuestra propuesta para que no quede nada en el aire.
¿Qué expectativas tienen como ACES este año?
Una de las discusiones más importante que dimos en la Asamblea Nacional es que seguimos en el limbo: la educación se mantendrá en el mismo estado a pesar de todas las reformas, que para nosotros no responden ni a la propuesta ni las demandas que hemos levantado como Asamblea y como movimiento estudiantil en general. En ese sentido, lo que nos parece más importante este año es dejarle claro a la sociedad que esta Reforma no viene a solucionar nada. Eso parece estar un poco en la nebulosa, porque mucha gente pregunta por qué nos seguimos movilizando si hay una ley que se está tramitando. Por otro lado, estamos conscientes de que hoy la disputa se centra principalmente en los liceos emblemáticos, por lo que la idea es acercar a compañeros que pertenecen a colegios más alejados del centro.
Otra de las proyecciones que tenemos como Asamblea es ser partícipe de otros movimientos sociales, como el movimiento No+AFP o el Ni una menos. Nosotros no solo apoyamos a estas organizaciones, sino también creemos que como estudiantes secundarios tenemos que atender a esos conflictos.
¿Cómo evalúan el desempeño que ha tenido este gobierno en educación?
Una de las grandes premisas de la Nueva Mayoría era crear una nueva educación pública. Nuestra crítica se centra en eso, en el hecho que no cumplieron la expectativa por la cual se transformaron en gobierno. Da impotencia pensar que se tomaron nuestras consignas, se agarraron de los lienzos y al final no hicieron nada de lo que nosotros planteamos. Ellos no entendieron cuál era la esencia de lo que queríamos cambiar. A diferencia de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), nosotros no buscamos profundizar en esta Reforma.
¿Qué estrategias tendrán para posicionar estas problemáticas en la opinión pública?
Lo que nos interesa es mostrarle al ciudadano, a la persona que está en la casa, qué es lo que está pasando actualmente y que se entiendan nuestras propuestas. En términos de calendarización estamos retrasados como asamblea, porque estamos en un proceso de articulación. Por el momento consideramos que es importante sumarse a las marchas y dar cuenta de esta otra parte del movimiento, la que no busca incidir en la reforma porque quiere cambios reales en términos educativos.
¿Cómo esperan llevar estos cambios a La Moneda y al Congreso para que sean realmente efectivos?
Una de las cosas que nosotros hemos dicho como ACES es que esa no es la vía, no es momento de volver a pedirle por favor a los parlamentarios que legislen en defensa de las comunidades educativas. Ese no es el método, ellos ya nos defraudaron. Creemos que los procesos de cambio se deben dar dentro de las comunidades, organizándonos y articulándonos entre los distintos estamentos.
¿Cómo se hace ese trabajo de ir generando el cambio desde las comunidades?
En nuestra propuesta nosotros decimos que se debe profundizar en la democratización que existe dentro de los establecimientos. El primer cambio es ser estudiantes activos para comenzar a establecer relaciones con otros estamentos y generar espacios de confluencia, donde como comunidad no solo hagamos la crítica a la Reforma, sino al sistema en su conjunto. Todavía hay colegios que cuentan con Consejos Escolares Resolutivos y esas son instancias en las que se puede llegar a acuerdo generales. Es complicado porque esto no pasa en muchas comunidades, pero es el primer paso.
¿Cómo será la vinculación con la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Cones?
Como Asamblea hemos discutido cómo nos vamos a ir articulando con los universitarios y ya hemos hablado con la Confech sobre actividades que podemos realizar en conjunto, por ejemplo recientemente participamos es una actividad que se hizo en Baquedano, donde pudimos hacer nuevamente la convocatoria a la marcha de este 11 de abril. Por otro lado, desde la Cones se plantea un discurso totalmente distante de lo que nosotros proyectamos como ACES. Lo que más nos diferencia es que ellos buscan incidir en la Reforma.
¿Qué reflexiones han tenido respecto de los paros y las tomas de establecimientos? ¿Continuarán con esa estrategia durante este año?
Es cierto que en algunos momentos como método de presión no han sido funcionales. Sin embargo, para nosotros el paro o la toma, no solo cumple este objetivo, sino también tiene un significado para la comunidad que decide organizarse. Estas instancias también permiten que las comunidades sean capaces de organizarse, conversar y solucionar sus conflictos, por eso nosotros no descartamos este tipo de movilizaciones.
Este es un año de elecciones, ¿ustedes esperan algo de este proceso o se mantendrán distantes?
Nunca hemos respaldado a un candidato porque creemos que el movimiento estudiantil no los tiene. Conocemos el diagnóstico de la crisis institucional, de representatividad y de legitimidad que existe actualmente y sabemos que los cambios que esperamos no se harán a través del Ejecutivo.
Si el candidato fuese propuesto desde un movimiento social, ¿ustedes también se restarían de esa candidatura?
No hemos tenido esa discusión dentro de la Asamblea. De todos modos, creemos que independiente del representante, el problema es que las instituciones tienen un conflicto y en Chile los organismos no han sido capaces de darle cabida a nuestro discurso. La crisis no solo pasan por los personajes, sino también por las estructuras que hoy mantienen este sistema en términos educativos.
¿Significa algo para la organización que la vocería la asuma una mujer?
Como no soy la primera mujer que ha tomado este cargo dentro de la Asamblea, la verdad es que no implica un cambio en la historia. Hoy parece una necesidad para algunos movimientos contar con una cuota de género, ya que de lo contrario se les restaría de muchas discusiones, pero no es nuestro caso. Dentro de la asamblea el rol de las mujeres siempre ha sido muy importante para el desarrollo de las reflexiones. De todos modos, tenemos desafíos como incluir una educación no sexista dentro del petitorio. En este minuto hay muchos casos de compañeras que denuncian tratos machistas de parte de profesores y eso es algo tiene que ser parte de los primeros cambios en educación.
Universitarios exigen al Ejecutivo retirar urgencia a la Reforma de Educación Superior
Natalia Figueroa |Lunes 10 de abril 2017 20:45 hrs.
Luego
de mantenerse “estancada” por diez meses en la Comisión de Educación de
la Cámara, este martes los parlamentarios tendrán que decidir si
aprueban o no en general la Reforma a la Educación Superior. Esto, en
medio de la primera marcha estudiantil convocada a nivel nacional. Los
estudiantes, el Colegio de Profesores y parlamentarios emplazaron al
Ejecutivo a quitarle la suma urgencia al proyecto y a responder sobre
las propuestas que han entregado y que no se ven reflejadas hasta ahora
en el documento.
Este
martes es un día clave en materia educacional. En el Congreso está
fijado que se vote en general la Reforma a la Educación Superior, luego
que este viernes el Ejecutivo ingresara la indicación sustantiva al
proyecto, anunciada hace seis meses.
En tanto, la Confederación Nacional de Estudiantes (Confech) convocó a una marcha nacional, que en el caso de la Región Metropolitana se iniciará a las 11 horas en Plaza Italia.
En este escenario, los universitarios, el Magisterio y parlamentarios emplazaron al Ejecutivo a quitarle la suma urgencia a la iniciativa y a discutir las indicaciones de acuerdo a lo propuesto desde el movimiento social.
Distinto de lo planteado al comienzo por la presidenta Michelle Bachelet, el proyecto no incorporaría la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y mantendría la acreditación con distinto número de años para las instituciones, con un piso mínimo de cuatro años para que puedan acceder a la gratuidad. Además, uno de los puntos más cuestionados es que no establecería una sanción al lucro con penas de cárcel.
Respecto de este último punto, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que se había logrado un acuerdo con los parlamentarios oficialistas y las diferencias tendrían que abordarse en el debate posterior.
Desde la comisión de Educación de la Cámara, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, tildó de irresponsabilidad política que el Gobierno otorgue discusión inmediata a la Reforma sin considerar ninguna de las indicaciones que hace más de cinco meses ingresaron junto a los estudiantes.
El parlamentario recalcó que “es una actitud de desidia” el constante aplazamiento que ha tenido esta iniciativa, que finalmente será votada con estándares muy mínimos respecto de lo que ha demandado la comunidad educativa. Agregando que “hay un desinterés del Gobierno y, peor aún, después de nueves meses se presenta a oscuras una indicación sustitutiva que retrocede del proyecto original. Por eso el llamado que hace el Ejecutivo de legislar con urgencia es inaceptable”.
En la misma línea, se mostró el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, quien apeló a que los parlamentarios de la comisión voten en contra la iniciativa de no ser retirada la urgencia por parte del Ejecutivo. “Este proyecto no responde a los anhelos de todos quienes se han movilizado durante años. Le hacemos un llamado enfático al Gobierno de no perder una oportunidad histórica para generar cambios reales al sistema”.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), Sandra Beltrami, recalcó que este proyecto tampoco contempla una solución efectiva para los estudiantes de instituciones que atraviesan crisis financieras y deben cambiarse de plantel. “Que no haya gratuidad universal, que no se ponga fin al CAE y que los estudiantes de universidades privadas y CFT e IP sigan siendo considerados como usuarios, son aspectos sumamente graves en este país”.
Apoyo de otros actores sociales
En tanto, desde otros movimientos sociales también adhirieron a la convocatoria fijada para este martes por los estudiantes.
El vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, apuntó a la cartera de Hacienda y a la gestión del ministro Rodrigo Valdés. A su juicio, ha asumido el control de este proyecto y ha limitado en términos económicos los alcances de una reforma al sistema educacional. “No basta solamente con marchar, lo hemos dicho muchas veces, pero mañana de todas formas participamos de esta manifestación porque es la respuesta contundente a un Gobierno que sigue obstaculizando cambios. Hay que pedirle la renuncia al ministro de Hacienda porque son personajes nefastos para la política”.
Mientras, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, recalcó que, a diferencia de los años anteriores, en esta ocasión se sumarán a la marcha de los estudiantes por tratarse de demandas coincidentes entre ambos sectores.
El dirigente insistió en que este proyecto no es más que un maquillaje al modelo educativo dominado por el mercado.
Las promesas sobre una mejora al sistema se han escuchado en los dos últimos gobiernos, pero la actual administración aseguraba que 2016 “sería el año de la educación superior”.
Esta propuesta se ha mantenido sin avance desde julio del año pasado cuando ingresó a la comisión de Educación de la Cámara, esto luego de casi dos años de trabajo prelegislativo.
Sin embargo, la medida más polémica se conoció hace algunas semanas, cuando el Mineduc informó que el proyecto se dividirá para hacer viable su tramitación en el Congreso. Para esto se eliminaron ciertos puntos fundamentales que integraba la iniciativa original y que ahora se discutirán de manera paralela. Uno de esos temas, es el del Crédito con Aval del Estado (CAE) que dependerá del Ministerio de Hacienda.
En tanto, la Confederación Nacional de Estudiantes (Confech) convocó a una marcha nacional, que en el caso de la Región Metropolitana se iniciará a las 11 horas en Plaza Italia.
En este escenario, los universitarios, el Magisterio y parlamentarios emplazaron al Ejecutivo a quitarle la suma urgencia a la iniciativa y a discutir las indicaciones de acuerdo a lo propuesto desde el movimiento social.
Distinto de lo planteado al comienzo por la presidenta Michelle Bachelet, el proyecto no incorporaría la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE) y mantendría la acreditación con distinto número de años para las instituciones, con un piso mínimo de cuatro años para que puedan acceder a la gratuidad. Además, uno de los puntos más cuestionados es que no establecería una sanción al lucro con penas de cárcel.
Respecto de este último punto, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que se había logrado un acuerdo con los parlamentarios oficialistas y las diferencias tendrían que abordarse en el debate posterior.
Desde la comisión de Educación de la Cámara, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, tildó de irresponsabilidad política que el Gobierno otorgue discusión inmediata a la Reforma sin considerar ninguna de las indicaciones que hace más de cinco meses ingresaron junto a los estudiantes.
El parlamentario recalcó que “es una actitud de desidia” el constante aplazamiento que ha tenido esta iniciativa, que finalmente será votada con estándares muy mínimos respecto de lo que ha demandado la comunidad educativa. Agregando que “hay un desinterés del Gobierno y, peor aún, después de nueves meses se presenta a oscuras una indicación sustitutiva que retrocede del proyecto original. Por eso el llamado que hace el Ejecutivo de legislar con urgencia es inaceptable”.
En la misma línea, se mostró el diputado del Movimiento Autonomista, Gabriel Boric, quien apeló a que los parlamentarios de la comisión voten en contra la iniciativa de no ser retirada la urgencia por parte del Ejecutivo. “Este proyecto no responde a los anhelos de todos quienes se han movilizado durante años. Le hacemos un llamado enfático al Gobierno de no perder una oportunidad histórica para generar cambios reales al sistema”.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), Sandra Beltrami, recalcó que este proyecto tampoco contempla una solución efectiva para los estudiantes de instituciones que atraviesan crisis financieras y deben cambiarse de plantel. “Que no haya gratuidad universal, que no se ponga fin al CAE y que los estudiantes de universidades privadas y CFT e IP sigan siendo considerados como usuarios, son aspectos sumamente graves en este país”.
Apoyo de otros actores sociales
En tanto, desde otros movimientos sociales también adhirieron a la convocatoria fijada para este martes por los estudiantes.
El vocero de la Coordinadora No + AFP, Luis Mesina, apuntó a la cartera de Hacienda y a la gestión del ministro Rodrigo Valdés. A su juicio, ha asumido el control de este proyecto y ha limitado en términos económicos los alcances de una reforma al sistema educacional. “No basta solamente con marchar, lo hemos dicho muchas veces, pero mañana de todas formas participamos de esta manifestación porque es la respuesta contundente a un Gobierno que sigue obstaculizando cambios. Hay que pedirle la renuncia al ministro de Hacienda porque son personajes nefastos para la política”.
Mientras, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, recalcó que, a diferencia de los años anteriores, en esta ocasión se sumarán a la marcha de los estudiantes por tratarse de demandas coincidentes entre ambos sectores.
El dirigente insistió en que este proyecto no es más que un maquillaje al modelo educativo dominado por el mercado.
Las promesas sobre una mejora al sistema se han escuchado en los dos últimos gobiernos, pero la actual administración aseguraba que 2016 “sería el año de la educación superior”.
Esta propuesta se ha mantenido sin avance desde julio del año pasado cuando ingresó a la comisión de Educación de la Cámara, esto luego de casi dos años de trabajo prelegislativo.
Sin embargo, la medida más polémica se conoció hace algunas semanas, cuando el Mineduc informó que el proyecto se dividirá para hacer viable su tramitación en el Congreso. Para esto se eliminaron ciertos puntos fundamentales que integraba la iniciativa original y que ahora se discutirán de manera paralela. Uno de esos temas, es el del Crédito con Aval del Estado (CAE) que dependerá del Ministerio de Hacienda.
Otro fracaso para la Nueva Mayoría: Rechazan reforma a educación superior con abstención clave de Camila Vallejo
Con el rechazo de Giorgio Jackson y los diputados de Chile Vamos, sumados a la abstención de la oficialista Camila Vallejo, el proyecto de reforma del gobierno se estanca en la Cámara.Por eldesconcierto.cl@eldesconcier
/ Agencia Uno
La parlamentaria comunista explicó que el proyecto presentado por el gobierno carecía de definiciones sustantivas. Además, justificó su votación con el no querer votar lo mismo que la derecha. Esto porque los cinco parlamentarios presentes en la comisión le dieron el visto negativo al proyecto. El otro voto clave fue el del diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson.
“Si aprobamos este proyecto estamos dándole piso a una forma de hacer política que le da la espalda a las demandas ciudadanas. Espero que nos demos el tiempo de discutirlo en sala y encontrar un acuerdo entre los actores sociales y el Gobierno”, explicó Jackson.
Los votos a favor fueron los parlamentarios del oficialismo: Rodrigo González y Cristina Girardi (PPD), Mario Venegas y Yasna Provoste (DC), Alberto Robles (PR) y Roberto Poblete.
“A mí me parece importante legislar, acá le estamos dando fe al Ejecutivo que vamos a avanzar. Es inaceptable que no podamos cambiar el Sistema de Educación Superior en Chile”, afirmó Robles.
El nuevo fracaso del proyecto del gobierno se produjo el mismo día en que los estudiantes sorprendieron con una masiva convocatoria esta mañana, en una movilización marcada por el rechazo transversal a la iniciativa.
Ahora, el gobierno deberá decidir si le quita urgencia parlamentaria al proyecto para volver a ingresarlo de nuevo a la comisión de Educación o si lo lleva directamente a la Cámara, para que sean todos los diputados los que decidan la idea de legislar. El riesgo de esta última es que sea nuevamente rechazada por los parlamentarios.
Nuevo revés del Gobierno: Comisión de Educación rechaza reforma universitaria
Karina Palma |Martes 11 de abril 2017 20:34 hrs.
Con
la abstención de la diputada comunista Camila Vallejo, la comisión
rechazó la idea de legislar sobre el proyecto de educación superior.
Ahora, es el Ejecutivo el que debe decidir si presenta el texto a la
Corporación arriesgando un fallo mayor, o bien, le quita la urgencia
legislativa para volver a revisarlo al interior de la instancia
parlamentaria.
Luego
de la primera marcha estudiantil del año que, este martes los diputados
de Comisión de Educación de la Cámara rechazaron la idea de legislar el
proyecto de Educación Superior. El voto clave fue el de la
parlamentaria comunista Camila Vallejo, quien decidió abstenerse, lo que
por regla interna, se contó como rechazo a la normativa.
Según explicó la diputada por La Florida, el principal problema del proyecto presentado por el Ejecutivo es que carece de definiciones sustantivas en ámbitos que han sido parte de las demandas históricas del movimiento, como el fin al CAE y la implementación de una medida sustitutiva a los créditos.
Entre quienes se negaron a aprobar la normativa se encuentra el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson. El ex líder estudiantil declaró que el proyecto no contempla puntos que aseguren una tramitación a favor de las propuestas de los estudiantes. Su crítica se centró en la división establecida arbitrariamente por el Ejecutivo, que decidió separar en dos el proyecto, dejando para después todas las normativas que ocasionaban desencuentros entre sus parlamentario, como el CAE y la acreditación. “Si aprobamos este proyecto estamos dándole piso a una forma de hacer política que le da la espalda a las demandas ciudadanas. Espero que nos demos el tiempo de discutirlo en sala y encontrar un acuerdo entre los actores sociales y el Gobierno”.
Contrario a su posición se mostró el radical Alberto Robles, quien defendió la calidad de la reforma, asegurando que -pese a la división del contenido- hay definiciones en temas sustanciales como calidad, gratuidad y educación pública, por lo que calificó como inadmisible la decisión de rechazo. “A mí me parece importante legislar, acá le estamos dando fe al Ejecutivo que vamos a avanzar. Es inaceptable que no podamos cambiar el Sistema de Educación Superior en Chile”.
Los votos a favor fueron de los diputados Rodrigo González y Cristina Girardi, del PPD; Roberto Poblete (Ind.); Mario Venegas y Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana; y Alberto Robles del Partido Radical. Mientras que en contra votó Jaime Bellolio, Sergio Gahona, Romilio Gutiérrez y María José Hoffmann, de la UDI, además Manuel Edward de Renovación Nacional y e mencionado parlamentario de RD.
Las explicaciones de la Ministra
Antes de la votación, la ministra Adriana Delpiano expuso las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo el viernes pasado, dentro de las cuales las que más controversia y oposición generaron entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría fueron las referidas al lucro, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la acreditación.
Entre algunas de las indicaciones mencionadas, se establece que se mantendrán y reforzarán las facultades de la Superintendencia. Sobre la acreditación, se considerará que un plantel cuenta con los estándares de calidad cuando obtenga una certificación mayor a cuatro años, mientras que los que obtengan tres años quedarán condicionados
Esto, en primera instancia, había sido percibido como una medida insuficiente por los diputados oficialistas, quienes señalaron que el sistema de certificación debe ser “estricto y riguroso”. Sin embargo, durante su exposición la ministra comentó que “tiene que haber un umbral porque se le está exigiendo a todos los organismos que se acrediten”.
Respecto al lucro, el proyecto lo tipifica como delito y establece la reclusión menor en su grado medio a quien transgreda esta norma, lo que significa una pena que puede ir de los 541 días hasta los tres años y un día de presidio. No obstante, esta sanción comúnmente no se cumple con privación efectiva de libertad.
Una de las preocupaciones presentadas por los diputados de la bancada estudiantil, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, fue el poco conocimiento que existe sobre el proyecto de Educación Superior Pública que se votará aparte, del cual todavía no se comunica una versión preliminar. Para Jackson la ambigüedad del proyecto es insostenible.
La posición del movimiento estudiantil
Previo a la marcha convocada por la Confech, los estudiantes universitarios y secundarios, junto al Colegio de Profesores, hicieron un llamado al Ejecutivo para revocar la urgencia de la Reforma a la Educación Superior, argumentando que el proyecto no constituye un cambio sustantivo al modelo educativo e ignora las propuestas emanadas desde el movimiento estudiantil.
De este modo, Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), se mostró conforme con medida tomada por los parlamentarios, pero advirtió que es importante que ahora el Ejecutivo considere los planteamientos del movimiento porque, de lo contrario los cambios requeridos seguirán siendo suspendidos o insuficientes. “Esta legislación puede ser a favor o en contra de los postulados que hemos planteado durante once años. Lo que pedimos es que haya voluntad política para que se ingresen nuestras indicaciones”.
Otro de los aspectos duramente criticados por el movimiento estudiantil fue el cierre de la causa para nueve de las 12 universidades investigadas por lucro. De las instituciones indagadas solo se mantienen abiertas las del grupo Laureate, que corresponden a la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar y de las Américas. De acuerdo a lo manifestado por Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocero de la Confech, el hecho constituye una mala señal para la ciudadanía.
Es importante mencionar que luego de la votación se abren dos escenarios: que el Gobierno modifique el proyecto y lo vuelva a presentar ante la Comisión, quitándole la suma urgencia parlamentaria, o que lo lleve directamente a la sala de la Cámara para que todos los diputados aprueben la idea de legislar. Si en esta última instancia mencionada, nuevamente se rechaza la Reforma, el Ejecutivo debe presentar otro documento en un año más.
Según explicó la diputada por La Florida, el principal problema del proyecto presentado por el Ejecutivo es que carece de definiciones sustantivas en ámbitos que han sido parte de las demandas históricas del movimiento, como el fin al CAE y la implementación de una medida sustitutiva a los créditos.
Entre quienes se negaron a aprobar la normativa se encuentra el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson. El ex líder estudiantil declaró que el proyecto no contempla puntos que aseguren una tramitación a favor de las propuestas de los estudiantes. Su crítica se centró en la división establecida arbitrariamente por el Ejecutivo, que decidió separar en dos el proyecto, dejando para después todas las normativas que ocasionaban desencuentros entre sus parlamentario, como el CAE y la acreditación. “Si aprobamos este proyecto estamos dándole piso a una forma de hacer política que le da la espalda a las demandas ciudadanas. Espero que nos demos el tiempo de discutirlo en sala y encontrar un acuerdo entre los actores sociales y el Gobierno”.
Contrario a su posición se mostró el radical Alberto Robles, quien defendió la calidad de la reforma, asegurando que -pese a la división del contenido- hay definiciones en temas sustanciales como calidad, gratuidad y educación pública, por lo que calificó como inadmisible la decisión de rechazo. “A mí me parece importante legislar, acá le estamos dando fe al Ejecutivo que vamos a avanzar. Es inaceptable que no podamos cambiar el Sistema de Educación Superior en Chile”.
Los votos a favor fueron de los diputados Rodrigo González y Cristina Girardi, del PPD; Roberto Poblete (Ind.); Mario Venegas y Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana; y Alberto Robles del Partido Radical. Mientras que en contra votó Jaime Bellolio, Sergio Gahona, Romilio Gutiérrez y María José Hoffmann, de la UDI, además Manuel Edward de Renovación Nacional y e mencionado parlamentario de RD.
Las explicaciones de la Ministra
Antes de la votación, la ministra Adriana Delpiano expuso las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo el viernes pasado, dentro de las cuales las que más controversia y oposición generaron entre los parlamentarios de la Nueva Mayoría fueron las referidas al lucro, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la acreditación.
Entre algunas de las indicaciones mencionadas, se establece que se mantendrán y reforzarán las facultades de la Superintendencia. Sobre la acreditación, se considerará que un plantel cuenta con los estándares de calidad cuando obtenga una certificación mayor a cuatro años, mientras que los que obtengan tres años quedarán condicionados
Esto, en primera instancia, había sido percibido como una medida insuficiente por los diputados oficialistas, quienes señalaron que el sistema de certificación debe ser “estricto y riguroso”. Sin embargo, durante su exposición la ministra comentó que “tiene que haber un umbral porque se le está exigiendo a todos los organismos que se acrediten”.
Respecto al lucro, el proyecto lo tipifica como delito y establece la reclusión menor en su grado medio a quien transgreda esta norma, lo que significa una pena que puede ir de los 541 días hasta los tres años y un día de presidio. No obstante, esta sanción comúnmente no se cumple con privación efectiva de libertad.
Una de las preocupaciones presentadas por los diputados de la bancada estudiantil, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, fue el poco conocimiento que existe sobre el proyecto de Educación Superior Pública que se votará aparte, del cual todavía no se comunica una versión preliminar. Para Jackson la ambigüedad del proyecto es insostenible.
La posición del movimiento estudiantil
Previo a la marcha convocada por la Confech, los estudiantes universitarios y secundarios, junto al Colegio de Profesores, hicieron un llamado al Ejecutivo para revocar la urgencia de la Reforma a la Educación Superior, argumentando que el proyecto no constituye un cambio sustantivo al modelo educativo e ignora las propuestas emanadas desde el movimiento estudiantil.
De este modo, Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis (Feuarcis), se mostró conforme con medida tomada por los parlamentarios, pero advirtió que es importante que ahora el Ejecutivo considere los planteamientos del movimiento porque, de lo contrario los cambios requeridos seguirán siendo suspendidos o insuficientes. “Esta legislación puede ser a favor o en contra de los postulados que hemos planteado durante once años. Lo que pedimos es que haya voluntad política para que se ingresen nuestras indicaciones”.
Otro de los aspectos duramente criticados por el movimiento estudiantil fue el cierre de la causa para nueve de las 12 universidades investigadas por lucro. De las instituciones indagadas solo se mantienen abiertas las del grupo Laureate, que corresponden a la Universidad Andrés Bello, Viña del Mar y de las Américas. De acuerdo a lo manifestado por Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocero de la Confech, el hecho constituye una mala señal para la ciudadanía.
Es importante mencionar que luego de la votación se abren dos escenarios: que el Gobierno modifique el proyecto y lo vuelva a presentar ante la Comisión, quitándole la suma urgencia parlamentaria, o que lo lleve directamente a la sala de la Cámara para que todos los diputados aprueben la idea de legislar. Si en esta última instancia mencionada, nuevamente se rechaza la Reforma, el Ejecutivo debe presentar otro documento en un año más.
ANEF se divide por respaldo dirigencial a la CUT
Rodrigo Fuentes |Martes 11 de abril 2017 19:45 hrs.
Después
de una controvertida votación, la Agrupación Nacional de Empleados
Fiscales descartó una posible desafiliación a la multisindical y
comprometió su participación en las elecciones directivas de la central
el próximo 20 de abril.
Posterior
a una polémica votación, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales
(ANEF) decidió permanecer afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores
y confirmó su participación en las próximas elecciones de la
multisindical este 20 de abril.
Muchos dirigentes nacionales y regionales se retiraron indignados y sin votar, debido a que la asamblea dio inicio al sufragio sin existir un debate previo, lo que causó molestia en algunos asistentes.
Todo lo anterior, en medio del duro presente que enfrenta la CUT, después de las denuncias que hicieron algunos sindicatos acusando irregularidades en la elección de su actual directiva.
El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, reconoció que el ambiente durante la asamblea fue muy complicado y con duros cuestionamientos. Sin embargo, dijo que la decisión del gremio se adoptó con un 74 por ciento de los votos emitidos. “Efectivamente se retiró una cantidad de compañeros que decidieron no votar. Sin embargo, votaron 226 dirigentes que es más del 66% de los que estaban habilitados. Se aprobó la moción de mantenernos en la Central Unitaria de Trabajadores. Ha sido un debate álgido, complejo, donde se cruzan las discusiones sindicales con otras disputas que no siempre son del ámbito que nosotros quisiéramos mantener en nuestras asambleas”.
Varios dirigentes que se retiraron indignados de la asamblea señalaron que el punto en tabla a discutir no era desafiliarse de la central, sino congelar su participación en las próximas elecciones del 20 de abril, ya que estas serían ilegítimas.
La directora nacional y dirigenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jimena Aguirre manifestó que el presidente de la agrupación, Carlos Insunza, no ha hecho más que ahondar diferencias al interior del gremio.
La líder del movimiento Cabreados dijo que el pensamiento de la cabeza de la Central no representa para nada el espectro de la ANEF. “Nosotros vemos que lo que ha hecho Carlos Insunza es comenzar una desintegración de una de las confederaciones de trabajadores más numerosas del país. No se permitió ni la discusión política que nosotros queríamos dar sobre participar en las elecciones de la central, lo único que se dejó para discutir fue continuar o desafiliarse. Nosotros lo que queríamos poner en la discusión es lo fraudulento que serán los comicios, que no merece nuestra participación como gremio”.
Es que luego de las cuestionadas elecciones de septiembre pasado, que finalizaron con la constitución de una mesa transitoria, distintos dirigentes han llamado a una renovación de la CUT. A finales del año pasado, Esteban Maturana de la Confusam planteaba que la Central es “un campo de batalla de los partidos políticos”.
Desde la CUT recibieron esta decisión de la ANEF como un importante respaldo. El secretario general de la multisindical, Nolberto Díaz, destacó la disposición de los empleados fiscales, aunque admitió que el proceso significó división en algunos dirigentes que siguen por mantenerse al margen del cuestionado proceso eleccionario del próximo jueves: “Los que estén molestos tienen su legítimo derecho a manifestar su opinión. Lo que no puede pasar es que frente a resultados tan contundentes como este, porque fue de 20 mil a seis mil, (o sea una aplastante mayoría ratificó su mantención en la CUT), estas personas cada vez que pierden las elecciones argumentan falta de transparencia, se enojan, se retiran, no permiten un debate respetuoso. La gente tiene que aprender a jugar sus cartas, a perder en democracia y ganar en democracia”.
La asamblea de la ANEF se da luego de que varios gremios, como el Colegio de Profesores, la Confusam y la Federación de Trabajadores del Cobre, congelaran su participación en la CUT y decidieran no concurrir a la próxima elección. Los dirigentes consideran ilegítimos los próximos comicios, entre otros aspectos, al no contar con una votación directa de un trabajador, un voto.
Muchos dirigentes nacionales y regionales se retiraron indignados y sin votar, debido a que la asamblea dio inicio al sufragio sin existir un debate previo, lo que causó molestia en algunos asistentes.
Todo lo anterior, en medio del duro presente que enfrenta la CUT, después de las denuncias que hicieron algunos sindicatos acusando irregularidades en la elección de su actual directiva.
El presidente de la ANEF, Carlos Insunza, reconoció que el ambiente durante la asamblea fue muy complicado y con duros cuestionamientos. Sin embargo, dijo que la decisión del gremio se adoptó con un 74 por ciento de los votos emitidos. “Efectivamente se retiró una cantidad de compañeros que decidieron no votar. Sin embargo, votaron 226 dirigentes que es más del 66% de los que estaban habilitados. Se aprobó la moción de mantenernos en la Central Unitaria de Trabajadores. Ha sido un debate álgido, complejo, donde se cruzan las discusiones sindicales con otras disputas que no siempre son del ámbito que nosotros quisiéramos mantener en nuestras asambleas”.
Varios dirigentes que se retiraron indignados de la asamblea señalaron que el punto en tabla a discutir no era desafiliarse de la central, sino congelar su participación en las próximas elecciones del 20 de abril, ya que estas serían ilegítimas.
La directora nacional y dirigenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jimena Aguirre manifestó que el presidente de la agrupación, Carlos Insunza, no ha hecho más que ahondar diferencias al interior del gremio.
La líder del movimiento Cabreados dijo que el pensamiento de la cabeza de la Central no representa para nada el espectro de la ANEF. “Nosotros vemos que lo que ha hecho Carlos Insunza es comenzar una desintegración de una de las confederaciones de trabajadores más numerosas del país. No se permitió ni la discusión política que nosotros queríamos dar sobre participar en las elecciones de la central, lo único que se dejó para discutir fue continuar o desafiliarse. Nosotros lo que queríamos poner en la discusión es lo fraudulento que serán los comicios, que no merece nuestra participación como gremio”.
Es que luego de las cuestionadas elecciones de septiembre pasado, que finalizaron con la constitución de una mesa transitoria, distintos dirigentes han llamado a una renovación de la CUT. A finales del año pasado, Esteban Maturana de la Confusam planteaba que la Central es “un campo de batalla de los partidos políticos”.
Desde la CUT recibieron esta decisión de la ANEF como un importante respaldo. El secretario general de la multisindical, Nolberto Díaz, destacó la disposición de los empleados fiscales, aunque admitió que el proceso significó división en algunos dirigentes que siguen por mantenerse al margen del cuestionado proceso eleccionario del próximo jueves: “Los que estén molestos tienen su legítimo derecho a manifestar su opinión. Lo que no puede pasar es que frente a resultados tan contundentes como este, porque fue de 20 mil a seis mil, (o sea una aplastante mayoría ratificó su mantención en la CUT), estas personas cada vez que pierden las elecciones argumentan falta de transparencia, se enojan, se retiran, no permiten un debate respetuoso. La gente tiene que aprender a jugar sus cartas, a perder en democracia y ganar en democracia”.
La asamblea de la ANEF se da luego de que varios gremios, como el Colegio de Profesores, la Confusam y la Federación de Trabajadores del Cobre, congelaran su participación en la CUT y decidieran no concurrir a la próxima elección. Los dirigentes consideran ilegítimos los próximos comicios, entre otros aspectos, al no contar con una votación directa de un trabajador, un voto.
