La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató que en Honduras se produjeron "graves violaciones" a los derechos humanos, entre las que citó las muertes que se registraron, la declaración arbitraria del estado de excepción, la represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias de miles de personas. La gráfica muestra a uno de los mártires de la dictadura, Pedro Magdiel Muñoz Salvador, fue detenido el 25 de julio de 2009 por miembros de la Policía y el ejército durante la movilización de hondureños hacia la zona de Alauca, El Paraíso, donde en ese momento se encontraba el Presidente Zelaya. Al día siguiente de la detención, el cuerpo de Magdiel fue encontrado en el monte con 47 puñaladas de bayoneta en diferentes partes del cuerpo.
15 de Abril de 2010
Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha incluido por primera vez a Honduras, tras el golpe de Estado del pasado año, entre los países que no respetan los derechos humanos y mantuvo un año más en la "lista negra" de su informe anual a Cuba, Venezuela, Colombia y Haití.
El informe, presentado hoy por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), incluye el denominado Capítulo IV, que llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
En el caso de Honduras, la CIDH se basa en el informe elaborado a raíz de la visita que efectuó a ese país tras el golpe de Estado que derrocó el 28 de junio de 2009 a Manuel Zelaya.
La CIDH constató que en Honduras se produjeron "graves violaciones" a los derechos humanos, entre las que citó las muertes que se registraron, la declaración arbitraria del estado de excepción, la represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias de miles de personas.
La CIDH también denunció tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, una militarización del territorio, un aumento de las situaciones de discriminación racial, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
En cuanto a Venezuela, la CIDH resalta de nuevo la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, y que no se ha garantizado a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno.
La Comisión destaca que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.
La CIDH alega que se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela con mecanismos que restringen las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes, y se han impulsado acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas de la oposición.
El organismo apunta, asimismo, a "una preocupante tendencia" a castigar, intimidar y agredir a personas con represalias por haber expresado su disenso con las políticas oficiales.
En relación a Cuba, la CIDH reitera que el embargo "debe terminar" por el impacto que tiene en los derechos humanos, pero recalca que eso no exime a La Habana de cumplir sus obligaciones.
Durante el año pasado hubo nuevos casos de presos políticos denuncia la CIDH, que señala, además, que varios de los 75 opositores condenados en la llamada "Primavera Negra" de 2003 sufren problemas de salud sin que se les provea de una adecuada atención médica.
Insta de nuevo a La Habana a ordenar la liberación inmediata de los que aún permanecen detenidos y a declarar nulas sus condenas.
Por otro lado, la CIDH reitera su preocupación porque en Cuba siga habiendo más de 20 periodistas presos, y por actos de hostigamiento contra miembros de "las Damas de Blanco".
En el caso de Colombia, la CIDH señala que Bogotá aún enfrenta desafíos en materia de desarticulación de las estructuras armadas ilegales y en la implementación del marco legal adoptado para juzgar los crímenes perpetrados durante el conflicto.
El organismo mantiene su preocupación por la existencia de reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares, el fenómeno del rearme y la formación de nuevos grupos armados.
Un tema de especial preocupación para la Comisión es el empleo de mecanismos de inteligencia contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, periodistas, operadores de justicia, organismos de cooperación internacional y organizaciones internacionales.
Por último, con respecto a Haití, la CIDH expresa de nuevo su preocupación por la seguridad pública, la administración de justicia, la impunidad y la situación de personas vulnerables.
Las deficiencias estructurales e institucionales requieren reformas y asistencia, afirma la CIDH, que sostiene que la ineficacia de la justicia, la corrupción y la importante falta de recursos financieros y humanos contribuyen a un entorno de impunidad que afecta la capacidad del Estado de garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Bajo Aguán: Diálogo, acuerdos y garrote
El MUCA firma un Acta de Compromiso con el gobierno y denuncia que continúa la represión
Giorgio Trucchi | Rel-UITA-
Firma de Acta Compromiso MUCA-gobierno Después de una larga y extenuante reunión entre la comisión negociadora del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el gobierno, las partes firmaron una Acta de Compromiso que recoge parte de la contrapropuesta presentada por la organización campesina. El texto será ahora consultado con las bases del MUCA para su posible aprobación el próximo 17 de abril, en la ciudad de Trujillo. Mientras tanto, sigue la militarización y la represión en el Bajo Aguán: 40 personas fueron detenidas durante el proceso negociador.
Han sido necesarias más de 14 horas para que el gobierno y el MUCA lograran acordar una Acta de Compromiso que, se espera, sea el inicio de un proceso que conduzca a una solución definitiva del grave conflicto agrario que se ha desatado en la zona del Bajo Aguán, en el atlántico hondureño.
Según el texto firmado por las partes en la madrugada de ayer, 14 de abril, a todas las familias campesinas del MUCA se les otorgarán de inmediato 3 mil hectáreas ya cultivadas con palma africana y otras 3 mil sin cultivar en el término de tres meses, y previo desalojo voluntario de las tierras actualmente recuperadas. Cabe señalar que los campesinos no podrán vender ni dar como garantía estas tierras una vez que les sean otorgadas.
Además, recibirán otras mil hectáreas cultivadas y 4 mil hectáreas sin cultivar en un plazo máximo de un año.
Se realizará también un estudio para averiguar si las tierras, en manos de los tres terratenientes productores de palma africana –Miguel Facussé Barjum, René Morales y Reinaldo Canales– no exceden el límite registrado en el Instituto Nacional Agrario (INA), si se comprueba que han cultivado más tierras de las que tienen inscriptas, automáticamente las mismas pasarán a manos del MUCA, pero deduciéndole las mil hectáreas ya cultivadas.
Se realizará un análisis técnico y financiero para determinar las áreas a entregar a las familias campesinas, su valor, la factibilidad productiva y la rentabilidad de las mismas, y la forma en que esas tierras fueron adquiridas, y se conformará una comisión técnica jurídica bipartita.
El Acta de Compromiso rechaza también una propuesta gubernamental por la cual las familias campesinas venderían obligatoriamente su producción a las plantas extractoras de aceite de palma africana de propiedad de los mencionados terratenientes, a través de contratos de co-inversión*.
Según lo acordado, será el MUCA el que decidirá qué tipo de contrato se implementará.
Finalmente, las partes acordaron desarrollar proyectos sociales de salud, educación y construcción de viviendas en la zona, y plantear conjuntamente “la imperiosa necesidad de generar un debate nacional sobre la legislación agraria”.
Sólo es un inicio
Según Rudy Hernández, miembro de la comisión negociadora del MUCA, “No podemos decir que esa Acta de Compromiso, que vamos a consultar con nuestras bases que son las que deciden, sea una solución definitiva al conflicto, sino un inicio y algo que va a traer un poco de paz a la zona del Bajo Aguán.
En ese sentido, consideramos muy importante la decisión del gobierno de garantizar el retiro del ejército de la zona. Ahora esperamos que cumpla”.
También para Yony Rivas, otro miembro de la comisión del MUCA, “Lo que hemos logrado hoy es parte de un proceso.
Nuestra lucha sigue, porque nuestra demanda es la recuperación de 20 mil hectáreas de tierra. Y mientras no nos entreguen las áreas que hemos acordado en el Acta, no nos vamos a mover de las tierras que hemos recuperado durante estos meses de lucha”, declaró Rivas a Sirel.
Un elemento de gran satisfacción es haber logrado detener el intento de atar las miles de familias campesinas a la venta forzada de la producción a los terratenientes, que en su momento usurparon esas mismas tierras.
“Fracasaron en este intento –continuó Rivas–, y ahora vamos a ser nosotros los que decidamos de nuestro futuro. También logramos incluir en el Acta el tema de la reforma de la legislación agraria de los años 90, que tanto daño trajo al sector campesino”.
Acuerdos y garrote
Si la firma del Acta de Compromiso trajo cierta esperanza entre las bases del MUCA, no deja de generar temor la fuerte presencia militar en la zona del Bajo Aguán y, sobre todo, los episodios de violencia y represión contra los campesinos organizados.
Mientras en Casa Presidencial se desarrollaba la negociación, 40 campesinos eran detenidos por efectivos militares y policiales, entre ellos el jefe regional del Instituto Nacional Agrario (INA), Coronado Ávila Mendoza.
En caso de ser condenados por el delito de usurpación, estas personas no podrán ser beneficiadas con el acuerdo recién alcanzado, lo cual genera mucha preocupación sobre las reales intenciones del gobierno de cumplir lo pactado.
“Es lamentable lo que pasó, y justo mientras estábamos en el proceso de negociación. Esto no puede ser. Vamos a exigir la inmediata liberación de todas estas personas y el retiro de las fuerzas militares y policiales”, concluyó Yony Rivas.
http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/dialogo_acuerdos_y_garrote.htm
CIDH incluye a Honduras en su “lista negra”
Durante 2009 la CIDH recibió 1,431 denuncias, con Colombia y México a la cabeza.
Redacción: redaccion@elheraldo.hn
Tegucigalpa,
Honduras
Honduras fue uno de los países en los que se produjeron graves violaciones de derechos humanos en 2009, junto a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) divulgado ayer.
Es la primera vez desde 2006 que la CIDH añade un nuevo país a esa lista, que presenta anualmente en su informe a la OEA.
Honduras enfrentó una crisis política desde junio de 2009, por la intentona de Manuel Zelaya de derogar la Constitución, cambiar la forma de gobierno y perpetuarse en el poder.
Honduras sigue excluida de la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de la entrada en funciones del gobierno de Porfirio Lobo.
Por otro lado, la Comisión reiteró que Venezuela no le permite, desde 2002, regresar para examinar in situ la situación de los derechos humanos, lo cual "debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados miembros" de la OEA.
En ese sentido, destacó que en Venezuela en los últimos cinco años más de 2,200 personas fueron sometidas a procesos penales solamente por participar en manifestaciones públicas.
La CIDH, órgano independiente de la OEA, consignó por otro lado los "esfuerzos dignos de reconocimiento" de Colombia para solventar su grave situación de violencia, y constató la desmovilización de más de 30,000 guerrilleros y paramilitares.
Pero agregó que más de 2,000 de esos desmovilizados fueron asesinados entre 2001 y 2009.
En cuanto a Cuba y Haití, la CIDH insistió en que los problemas de derechos humanos son "estructurales", en el primer caso por la propia naturaleza del régimen en el poder, y en el segundo por las "serias crisis institucionales".
Durante 2009 la CIDH recibió 1,431 denuncias, con Colombia y México a la cabeza.
Campesinos exigen una Reforma Agraria integral
Pocas horas antes de movilizarse en Tegucigalpa para respaldar la lucha del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), campesinos y campesinas de toda Honduras se reunieron para exigir la implementación de una verdadera Reforma Agraria integral en Honduras
Hugo Chávez en Nicaragua con Daniel Ortega ALBA-TCP Venezuela
Parte 1
http://www.youtube.com/watch?v=8zLGS0datyI
Parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=PwCDkcw7jAU
http://www.youtube.com/watch?v=yJwYWtgp2WY
Ocultará Honduras 10 años investigaciones sobre golpe de Estado
Las investigaciones que realice la Comisión de la Verdad sobre el Golpe de Estado registrado el 28 de junio de 2009 en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, serán públicas hasta dentro de 10 años.
La Comisión de la Verdad fue establecida en el Acuerdo Tegucigalpa-San José, firmado en esta capital el 30 de octubre pasado, entre los negociadores del derrocado presidente y miembros del gobierno de facto de Roberto Micheletti.
Sus atribuciones son investigar las causas del golpe de Estado y sus consecuencias y ‘el informe estará listo en ocho meses’, precisó Stein.
El coordinador de la Comisión de la Verdad, el ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, reveló que del informe que hagan, algunos puntos serán de carácter confidencial y serán del conocimiento del pueblo hondureño hasta dentro de 10 años.
Este procedimiento es similar al que utiliza la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para esconder sus operaciones en todo el mundo.
Uno de esos casos es el denominado ‘Irán-Contras’, la ‘Operación Cóndor’, que permitió la represión en Latinoamérica, entre ellos el asesinato en Washington del canciller chileno Orlando Letelier.
La Comisión de la Verdad que será instalada el 4 de mayo próximo está integrada además de Stein, por Michael Kergin, diplomático canadiense de carrera, quien laboró como embajador en Estados Unidos y Cuba.
Así como por María Amabilla Zavala Valladares, ex ministra de Justicia de Perú y por los hondureños Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH), Jorge Omar Casco, ex rector de la UNAH y Sergio Membreño Cedillo.
ORO Y PLATA NO, LA VIDA SI
Mas de 7,000.00 personas marcharon hoy, de las comunidades vecinas de La Labor Ocotepeque
Es así como el día martes 13 de Abril desde las 2:00 am la población local realizó una toma de la carretera internacional que comunica a Honduras con las vecinas repúblicas de El Salvador y Guatemala, que a la vez es el puente para llegar a México y Estados Unidos, en dicha toma participan alrededor de tres mil personas de las comunidades que se verán afectadas. Este movimiento ha sido espontáneo y liderado por pobladores que indignados ante esta situación exigen al Gobierno central la anulación de la concesión otorgada a la empresa Maverick de origen Canadiense.
El municipio de la Labor Ocotepeque ubicado en las faldas de la Reserva Biológica de Guisayote es un municipio de gente trabajadora y pacifica que se ha dedicado tradicionalmente a la agricultura como medio para su subsistencia, la comercialización local y la exportación de hortalizas, convirtiéndose en base de la economía local.
Esta zona es privilegiada ya que cuenta con múltiples recursos naturales renovables y no renovables, como el caso de los yacimientos de Plata que se localizan en el subsuelo de la comunidad de Santa Lucia e incluso dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de Guisayote, una de las más importantes de la Región.
Esta riqueza mineral es la que les ha provocado serios problemas a los pobladores de estas comunidades, ya que el afán de riqueza de las compañías transnacionales que se dedican a la explotación minera y la posición entreguista del Gobierno hondureño que mediante una ley que fue aprobada tan solo unas semanas después del huracán Mitch, concede amplias privilegios a las compañías mineras y deja totalmente desprotegidas a las comunidades, prueba de ello es que se dan las concesiones a las compañías extranjeras sin ninguna comunicación con las comunidades, ni sus autoridades locales como ser sus Alcaldes municipales.
Este es el caso de La Labor, Ocotepeque, ubicado en la región occidental de Honduras, donde en julio del año 2003 se otorgo una concesión por cuatro años a la compañía Maverick subsidiaria de la SilverCrest Maining company, con sede en Vancouver, Canadá, para exploración y explotación de la mina denominada el Ocote o el ingenio ubicada en la aldea circunvecina de Santa Lucia. Dicha concesión consta de casi cuatrocientas (400) hectáreas de terreno, que en su mayor parte están ubicadas en la zona de amortiguamiento de la zona de Reserva del Guisayote protegida bajo el decreto 87-87 del Congreso de la República. Dicho decreto señala que por ningún motivo puede darse en concesión o explotación para ninguna actividad agrícola, o minera dicha reserva.
Al darse cuenta de los impactos relacionados con esta explotación y la necesidad de reubicación de las comunidades de Santa Lucia, Llano Largo, El Ingenio, el pueblo de la Labor, inicio un proceso de negociación con el Gobierno para lograr la cancelación de esta concesión que además de afectar a estas comunidades, afectaría a otros municipios de los departamentos de Ocotepeque, un total aproximado de veinticinco mil personas afectadas en este departamento; además de otras comunidades ubicadas río abajo en la cuenca del río Higuito, como la ciudad de Santa Rosa de Copán, quien esta construyendo un proyecto por setenta y dos millones de lempiras (Lps. 72,000,000.00) para abastecer de agua potable a su población de alrededor de cuarenta mil habitantes.
Después de seis meses de negociación y al ver la actitud de las autoridades de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN) y la Procuraduría General del Ambiente entre otras instancias gubernamentales, las comunidades de La Labor con el apoyo del resto de municipios de la mancomunidad de Sensenti decidieron tomar medidas de presión más fuertes.
Es así como el día martes 13 de Abril desde las 2:00 am la población local realizó una toma de la carretera internacional que comunica a Honduras con las vecinas repúblicas de El Salvador y Guatemala, que a la vez es el puente para llegar a México y Estados Unidos, en dicha toma participan alrededor de tres mil personas de las comunidades que se verán afectadas. Este movimiento ha sido espontáneo y liderado por pobladores que indignados ante esta situación exigen al Gobierno central la anulación de la concesión otorgada a la empresa Maverick de origen Canadiense.
Pero las comunidades no están solas, cuentan con el apoyo de otras instancias como la Iglesia Católica, que a través de la diócesis de Occidente a otorgado un fuerte apoyo; la Iglesia Evangélica, la Municipalidad de Santa Rosa de Copán, y organizaciones no Gubernamentales como la Asociación de Organismos no gubernamentales (ASONOG) la Asociación Ecológica de San Marcos de Ocotepeque (AESMO) quienes son los administradores de la Reserva Biológica de Guisayote, Proyecto de Área (PDA- Ocotepeque), Comisionado de los Derechos Humanos y la AFE-COHDEFOR.
El Gobierno Central a pesar de haber sido advertido con varias semanas de antelación, respondió enviando una comisión encabezada por el Vice ministro de SERNA y la Directora de DEFOMIN. Sin embargo, inexplicablemente la Comisión fue enviada, vía helicóptero, a la ciudad de Nueva Ocotepeque a más de 40 kilómetros adelante del lugar donde se realizaba la toma de la carretera, exigiendo a la comisión negociadora de los pobladores que se desplazara hasta ese lugar.
Los pobladores imploraron que el lugar de reunión debería de ser la municipalidad de La Labor, por ser directamente afectado, y constituir un punto equidistante de la presencia de la manifestación, pero hubo negativa de parte de los representantes del Gobierno y esto agudizó la situación por lo que los pobladores permanecen en el lugar de la toma, hasta que ambas comisiones lleguen a una resolución. En este momento las negociaciones están en un punto muerto, y los pobladores están a la espera que la Comisión del Gobierno muestre un poco de flexibilidad y llegar a un acuerdo que permita que ambas partes se sienten a negocia. Pero hay que resaltar que la posición de la población es muy firme en cuanto a que su objetivo es lograr la cancelación de dicha concesión.
A pesar de la posición firme mostrada por los manifestantes, es importante destacar que todo se ha realizado de manera pacífica, en un ambiente de tolerancia y respeto sin necesidad de acudir a la violencia, ni a la utilización de expresiones soeces, como sucede en muchos casos. Es lamentable que las comunidades tengan que llegar a este punto para lograr que las autoridades centrales escuchen sus demandas y les otorguen espacios para poder dialogar sobre asuntos que deberían ser previamente consultados con ellos antes de tomar decisiones que les afectarán en gran manera.
Esperamos que esta vez el Gobierno Central reconozca las demandas de la población del municipio de La Labor y actué en el marco de la Ley respetando las leyes ambientales que protegen zonas tan valiosas para la humanidad como la Reserva Biológica de Guisayote.
Fecha: 15/04/2010
Llamado Internacional Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo Aguán
voselsoberano.com | Miércoles 14 de Abril de 2010
14 de abril de 2010
Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de la creciente violencia y represión contra miembros y grupos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Durante los últimos tres días, se han observado movilizaciones masivas de tropas militares a la zona del Bajo Aguán, por lo que existe el profundo temor de que realizarán acciones de represión y desalojos forzosos contra grupos campesinos. En este contexto, el día lunes 12 de abril, se rodearon de militares los alrededores de la comunidad Guadalupe Carney.
Recordamos que desde el mes de enero de 2010 ocho miembros del MUCA han perdido sus vidas: Juan Ramón Mejía quien murió el 31 de enero como consecuencia de golpes múltiples; el 4 de febrero fueron asesinados Francisco Montes e Isidro Cano miembros de la Cooperativa Buenos Amigos; el 14 de febrero fue asesinado Feliciano Santos, miembro de la cooperativa 21 de julio; el 17 de marzo fueron asesinados José Antonio Cardoza y José Carías, directivos de la cooperativa Brisas de COHDEFOR, en Bonito Oriental; el 1 de abril, fue asesinado Miguel Alonso Oliva, por un guardia de seguridad de una de las plantaciones de palma africana en el Valle del Aguán; y el 7 de abril, José Leonel Álvarez Guerra, integrante de la Cooperativa La Confianza, fue asesinado por dos hombres en motocicleta, cuando llegaba a su casa en el barrio Manga Seca, en Tocoa, Colón. Se desconoce el estado procesal de las investigaciones de estos hechos.
Ante la impunidad que han gozado hasta el momento los perpetradores de las violaciones de derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ante la situación de indefensión en la cual se encuentra la ciudadanía que sigue exigiendo el retorno a un estado de derecho con el pleno funcionamiento de las garantías indispensables para la vida en democracia, y ante la creciente violencia contra el movimiento campesino, periodistas independientes y los defensores y defensoras de derechos humanos que apoyan una resolución justa del problema agrario en el Bajo Aguán, hacemos un llamado a los actores nacionales e internacionales competentes para que contribuyan a una solución duradera y no violenta del conflicto de una manera que sea respetuosa a los derechos humanos y que evite más violencia y
muertes.
Las organizaciones solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la próxima visita de seguimiento a Honduras, que investigue en especial la situación en el Bajo Aguán.
Recordando que el Estado de Honduras, aún después del golpe de estado y de la exclusión de la OEA, mantiene las obligaciones asumidas con el derecho internacional de derechos humanos, solicitamos lo siguiente:
* El retiro de los militares hacia sus cuarteles;
* El cese inmediato de la represión y de la violencia contra los grupos campesinos;
* La protección efectiva de la vida, e integridad personal de los y las defensoras de derechos humanos, dirigentes campesinos, y otras personas involucradas en el conflicto;
* La investigación efectiva de todas las muertes de campesinos, así como el juzgamiento y sanción de los responsables por estos hechos;
* El desarrollo de un proceso de diálogo franco, pacífico y constructivo con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán y las autoridades del Instituto Nacional Agrario;
* El cumplimiento de la obligación del Estado frente al derecho a la alimentación de las familias campesinas, facilitándoles el acceso adecuado a la tierra y los medios necesarios para que puedan vivir de su trabajo dignamente;
* La resolución efectiva y entrega definitiva de las tierras del antiguo Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) a las comunidades del Movimiento Campesino del Aguán, tal como lo establecen las leyes de reforma agraria vigentes y, en particular, el Decreto 18-2008.
Organizaciones firmantes
Organizaciones internacionales:
1. Via Campesina Internacional
2. FIAN Internacional
3. Amigos de la Tierra Internacional (ATI)
4. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
5. CADTM Internacional
6. CADTM-Afrique
7. Center for Justice and International Law (CEJIL)
8. Centre Europe-Tiers Monde (CETIM)
9. Copenhagen Initiative for Central America and Mexico (CIFCA)
10. Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
11. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
12. Land Research Action Network (LRAN)
13. Pax Christi International
14. Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
15. (PIDHDD)
16. Red Europea de Comités Oscar Romero
17. Réseau Ouest Africain Dette et Developpement "ROAD"
Organizaciones nacionales:
1. ACSUR-LAS SEGOVIAS, España
2. Alternativa Antimilitarista, MOC Las Palmas, Islas Canarias
3. Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia
4. (SEDEM), Guatemala
5. Ayuda Obrera Suiza
6. Alliance contre la Pauvreté au Mali "AP/Mali"
7. Broederlijk Delen, Bélgica
8. CADTM Belgique (Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde)
9. CADTM Lubumbashi, República Democrática del Congo
10. Centre de Recerca e Información en Consum (CRIC) de Barcelona, España
11. Centre d'étude et de recherche pour l'intégration régionale et le développement
12. de l'Afrique (CERIDA), Guinea
13. Centro tricontinental (CETRI), Lovaina-la-Nueva, Bélgica
14. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), México
15. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú - EQUIDAD
16. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH),
17. Guatemala
18. Centro Internazionale CROCEVIA, Italia
19. Coalition des Alternatives Africaines dette et Developpement (CAD), Mali
20. Collettivo Italia Centro America – CICA, Italia
21. Comité Suizo para Honduras, Suiza
22. Coordinadora mexicana de Solidaridad con Honduras, México
23. Coordinadora Un Altre Món És Possible de Sabadell, España
24. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES),
25. Colombia
26. DIAKONIA Suecia
27. Espacio DESCA de México
28. FIAN Bélgica
29. FIAN México
30. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
31. Guatemalanetz Bern, Suiza
32. Guatemalanetz Zürich, Suiza
33. HEKS, Ayuda de las Iglesiasa Evangélicas de Suiza
34. ICCO – Interchurch Organisation for Development Cooperation, Holanda
35. Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José
36. Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador
37. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG,
38. Guatemala
39. Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA), España
40. Medico International Suiza
41. MOCASE, Vía Campesina Argentina
42. Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), Argentina
43. Observatorio de Derechos Humanos – DESC, Barcelona, España
44. Ökumenisches Büro München, Alemania
45. Red Latinoamericana en Zurich, Suiza
46. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
47. Réseau des Organisations de la Société Civile Mauritanienne pour la Promotion
48. de la Citoyenneté (RPC), Mauretania
49. Réseau pour le Developpement et l'Autopromotion de la Femme"RDL/AFEF", Mali
50. Réseau National Dette et Développement Niamey, Niger
51. Soldepaz Pachakuti, Colombia
52. Solifonds Suiza
53. SUEDWIND, Austria
54. Union des Femmes pour la Dignité Humaine "UFDH", República Democrática del Congo
55. Unión de Pochtecas de México
56. Veterinarios Sin Fronteras, España
57. Xarxa de Consum Solidari de Catalunya, España
Además firman como personas individuales:
1. François Houtart, Louvain-la-Neuve, Belgique
2. Bernd Michel, München, Alemania
3. Maria Paz González, Tarragona España
Persona de contacto para el comunicado:
Martin Wolpold-Bosien
Coordinador para América Central
FIAN Internacional
wolpold-bosien@fian.org
Alerta ante situación en el aguán, atentos y vigilantes pues la palabra del presidente Lobo es débil ante los verdaderos poderes de Honduras
El pueblo ante tanta contradicción que existe entre lo que hace Pepe Lobo y lo que decide y hace el Ejercito junto con el Ministerio Público que resguarda los intereses de la empresa privada, parte de ella financiadora del golpe de Estado, teme que hoy viernes por la madrugada se produzca un desalojo de los campesinos del MUCA, la alerta ha sido emitida por algunas radios de Honduras, entre ellas radio Gualcho.
Radio Gualcho, hace unos minutos,ha hecho un llamado de alerta al confirmar,según la emisora y de fuente exclusiva, la existencia de un "plan para desalojar a los campesinos del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA),que sería ejecutado por los militares que controlan el área, a las 03:50 de la madrugada de hoy viernes 16 de abril".
Dice Gualcho que su fuente ha indicado que de resistirse los campesinos, hay órdenes de controlar a"bala viva" a los que se opongan. "La orden incluye la detención y hasta el asesinato de los líderes del movimiento", ha indicado el director de la radio.
Asegura Gualcho, que la Resistencia ya ha sido alertada y se mantiene atenta.
FOTOS: Honduras - La marcha de los sombreros
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