Policía entrenada por EE.UU está cazando y arrestando a los manifestantes en medio de la crisis post electoral en Honduras
Redacción
Por: Sandra Cuffe/The Intercept
fotos de Orlando Sierra
Era
la media noche cuando rompieron la puerta. Los niños, de 3 y 6 años, y
sus padres estaban profundamente dormidos en su casa en Pimienta, un
pueblo a 18 millas al sur de San Pedro Sula, en el noroeste de Honduras.
“Llegaron a las tres de la madrugada”, dijo la madre de dos niños cuya
casa fue saqueada.
Agentes
de las fuerzas especiales entrenados y apoyados por los EE. UU.,
Conocidos como TIGRES, así como agentes de investigación criminal
registraron el hogar familiar, voltearon las camas y rompieron las
almohadas mientras ella y sus hijos observaban. Su pareja ya había sido
esposado y llevado afuera.
“Mis
hijos estaban asustados y llorando”, le dijo a The Intercept frente a
un juzgado de San Pedro Sula. “Nos trataron como criminales, apuntando
con sus armas hacia nosotros”.
Según
la ley hondureña, las órdenes de registro solo deben ejecutarse entre
las 6 am. y las 6 p. M., Pero se han reportado numerosos casos de
redadas nocturnas por parte de las fuerzas de seguridad en los últimos
dos meses, cuando el gobierno hondureño reprime las protestas contra las
elecciones impugnadas que entregaron la presidencia a Juan Hernández en
noviembre.
La
Secretaría de Seguridad de Honduras afirma que las redadas y
detenciones en Pimienta se llevaron a cabo legalmente, sobre la base de
informes de la comunidad, cubiertos por órdenes de arresto, supervisados
por un fiscal y llevados a cabo durante las horas permitidas por la
ley.
Los
chalecos antibalas y los objetos robados fueron confiscados durante los
registros, escribió un portavoz de la Secretaría en respuesta a
preguntas de The Intercept. Sin embargo, todos los relatos de las
redadas y arrestos de los residentes y testigos de Pimienta cuentan una
historia diferente: redadas nocturnas y al amanecer, niños aterrorizados
y la participación de TIGRES. A algunos residentes se les dijo que
había una orden de registro y otros no, pero nadie recordaba haber visto
uno.
En
total, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo 10 redadas en las
primeras horas del 26 de diciembre y arrestaron a 11 residentes de
Pimienta por cargos relacionados con la destrucción de propiedades y el
asalto a agentes de policía en el contexto de protestas contra el fraude
electoral.
Las
fuerzas especiales de TIGRES han sido controvertidas desde su fundación
en 2013, y su corta historia ha sido perseguida por denuncias de robo y
corrupción relacionadas con narcotraficantes.
Formados
en Honduras y en los Estados Unidos por Green Berets del 7. ° Grupo de
Fuerzas Especiales (Airborne), los TIGRES reciben un apoyo sustancial
del Departamento de Estado de EE. UU. Y han sido participantes activos
en la represión gubernamental durante la actual crisis política en
Honduras.
Hernández
prestó juramento para su segundo período el 27 de enero, dos meses
después de que las elecciones generales del 26 de noviembre se vieron
empañadas por informes generalizados de fraude. Una temprana ventaja de 5
puntos que favorecía al candidato opositor Salvador Nasralla se evaporó
luego de que el sistema de transmisión de datos electorales se
desconectara durante horas. Los observadores de la Organización de los
Estados Americanos documentaron una serie de irregularidades y se
negaron a respaldar la victoria de Hernández, alegando que era imposible
tener certeza alguna sobre el resultado.
A
los pocos días de las elecciones, los partidarios de la oposición
salieron a las calles de todo el país, desafiando un estado de excepción
y un toque de queda para protestar por el fraude electoral. Los
mítines, marchas y bloqueos de carreteras que sacudieron el país durante
dos meses completos continúan aquí y allá.
La
respuesta del gobierno ha sido una violenta represión estatal en curso,
con las fuerzas de seguridad abriendo fuego contra los manifestantes en
múltiples ocasiones. Más de 35 manifestantes y transeúntes han sido
asesinados por las fuerzas de seguridad y otros autores desconocidos,
cientos de heridos y más de 1.000 detenidos. Al menos 22 personas
continúan encarceladas en diferentes partes del país por cargos
relacionados con protestas.
La
administración de Trump ha apoyado a Hernández, un aliado
estadounidense desde hace mucho tiempo en la región, como el vencedor de
las elecciones, y la asistencia de seguridad continúa fluyendo. El
Departamento de Estado emitió una certificación en noviembre, dos días
después de las elecciones impugnadas, lo que permitió a Honduras recibir
millones de dólares de ayuda condicionada al progreso en materia de
derechos humanos y corrupción.
El gobierno ilegal ha sido particularmente violento en el noroeste de
Honduras, en los departamentos de Cortés, Atlántida y Yoro. El apoyo de
la alianza de oposición es más fuerte en la región, que también impulsa
la economía nacional, y los manifestantes han estado bloqueando las
carreteras principales durante meses. Joaquín Mejía, un abogado que
trabaja como investigador de derechos humanos para el Equipo de
Reflexión, Investigación y Comunicación, conocido como ERIC, un grupo de
defensa dirigido por jesuitas, cita la larga historia de resistencia
beligerante de la región como un factor clave detrás de la efusión de
protestas y bloqueos y la consiguiente represión y militarización. “Las
fuerzas militares actuaron como si estuvieran en una zona de guerra, en
el sentido de que continuaron con la lógica de disparar rondas en vivo
contra las personas que protestaban: una población desarmada”, dijo
Mejía a The Intercept en la oficina de ERIC en El Progreso, Yoro. . Las
fuerzas de seguridad también dispararon gases lacrimógenos
indiscriminadamente, incluso en los hogares de las personas, y
sometieron a los detenidos a un trato cruel e inhumano, dijo Mejía.
“Entraron en hogares sin órdenes de registro”, agregó. “Los miembros de
la institución [policía nacional] solo portan armas no letales para
desalentar actos violentos y durante los desalojos [de protestas] los
procedimientos policiales buscan evitar daños a terceros”, dijo la
Dirección de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad
cuando se le preguntó sobre los informes. del uso excesivo de la fuerza,
incluido el disparo de balas reales.
“La
Policía Nacional emprende todas sus acciones en cumplimiento de la ley,
con estricto respeto por los derechos humanos y los procedimientos
policiales establecidos en el Manual de Uso de la Fuerza de las Naciones
Unidas”, escribió la Dirección a The Intercept, aunque no está claro
exactamente a qué documento se refieren. Sin embargo, la oficina
hondureña en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos ha hecho declaraciones públicas condenando el uso
del gobierno de la fuerza excesiva contra los manifestantes, así como
ataques a defensores de los derechos humanos y trabajadores de los
medios. El transporte y el disparo de armas por parte de las fuerzas de
seguridad durante los desalojos de las protestas ha sido ampliamente
documentado en fotografías, videos, informes de los medios de
comunicación y grupos de derechos humanos. “
Los
miembros de TIGRES, que ahora está bajo la Dirección Nacional de
Fuerzas Especiales de la fuerza policial, estuvieron a la vanguardia de
las operaciones conjuntas para arrestar manifestantes en las ciudades de
Pimienta y Villanueva, en Cortés. El mandato de las Unidades de Grupos
de Respuesta de Inteligencia y de Seguridad Especial, cuyo acrónimo
significa “tigres” en español, a menudo se informa que es para combatir
el crimen organizado y el tráfico de drogas. Ese puede ser el caso en la
práctica; sin embargo, ninguno de ellos se menciona explícitamente en
la ley que creó la fuerza, que simplemente establece que su propósito es
abordar “las principales amenazas a la seguridad pública”.
Los
TIGRES fueron creados por ley en 2013. Hernández, era presidente del
Congreso Nacional en ese momento y fue quien propuso el proyecto de ley.
La capacitación de los agentes de TIGRES comenzó en 2014, después de
que Hernández asumió la presidencia hondureña. Green Berets del 7mo
Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los EE. UU. (Airborne) y
miembros de Comandos Jungla, una fuerza de élite de la policía
colombiana, entrenaron a los agentes de TIGRES, que fueron reclutados de
la policía y las fuerzas militares hondureñas. A la graduación de junio
de 2014 de la primera ola de TIGRES asistió Lisa Kubiske, embajadora de
los Estados Unidos en Honduras en ese momento.
Los
instructores de Green Berets y Comandos Jungla entrenaron a otra clase
de TIGRES en un curso básico de Comando de 12 semanas al año siguiente.
Según una publicación en Facebook de la Oficina de Asuntos
Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de
Estado de EE. UU. O INL, a mediados de 2015, un total de 322 agentes
habían completado el curso, que es la capacitación básica para todos
TIGRES.
En
febrero de 2015, los agentes de TIGRES viajaron a la Base de la Fuerza
Aérea de Eglin en Florida durante dos semanas de entrenamiento avanzado
del 7º Grupo de Fuerzas Especiales (Airborne). Junto con la puntería, el
entrenamiento de combate urbano fue un componente clave en Eglin. En
2016, miembros de TIGRES y del Ejército hondureño completaron
entrenamiento especial con la Fuerza de Tarea Caiman, impartida por
miembros de la Guardia Nacional de la Florida. TIGRES también participó
en al menos una misión médica interinstitucional dirigida por el Comando
Sur de los EE. UU., Cuya Task Force Bravo tiene su base en la base
conjunta de Soto Cano, ubicada a 80 kilómetros al noroeste de
Tegucigalpa, la capital hondureña.
El
Departamento de Estado de EE. UU., A través del INL, apoya a TIGRES y a
otras unidades y fuerzas especiales hondureñas con una combinación de
capacitación, financiamiento, investigación y asesoría. El INL también
ha contribuido fondos para la construcción y equipamiento de un segundo
complejo TIGRES, en El Progreso, cuya ceremonia de inauguración se llevó
a cabo en enero de 2017. Las otras instalaciones de TIGRES están
ubicadas en Lepaterique, a 40 kilómetros al oeste de Tegucigalpa.
Un
vocero dijo que el Departamento de Estado está “al tanto de varias
denuncias graves de violaciones de derechos humanos por miembros de las
fuerzas de seguridad hondureñas en el período posterior a las elecciones
y ha pedido al gobierno de Honduras que investigue de manera rápida y
exhaustiva todos esos incidentes y llevar a los perpetradores ante la
justicia “.}
Tres
días después del arresto del 26 de diciembre de 2017 de 11 residentes
de Pimienta por parte de TIGRES y otros agentes de la ley, más de 20
familiares de los detenidos se congregaron frente a un juzgado de San
Pedro Sula, esperando noticias de la audiencia en el interior. Varios
familiares hablaron con The Intercept, pero todos pidieron el anonimato
debido a problemas de seguridad.
“Hay
miedo, mucho miedo”, dijo a The Intercept Ovidio Silva, un pastor
evangélico local en Pimienta que acompaña a algunos de los familiares de
los detenidos en San Pedro Sula. “Más que nada, me preocupan los
jóvenes de nuestro municipio”, dijo.
Silva
ha sido pastor en Pimienta durante los últimos 14 años. Ha conocido a
la mayoría de los arrestados durante años, muchos de ellos desde que
eran niños; son principalmente jóvenes trabajadores, dijo. Mientras que
algunos pueden haber participado en protestas de la oposición, él afirma
que no tuvieron nada que ver con los incidentes de incendio premeditado
y asalto a oficiales de policía de los cuales son acusados.
En
diciembre, cuatro policías fueron desarmados y desvestidos en ropa
interior en medio de las protestas en Pimienta. El gobierno dice que los
oficiales fueron atacados y agredidos por los manifestantes, y las
fotografías parecen indicar que fueron golpeados. Los residentes de
Pimienta dicen que los agentes se habían infiltrado en las protestas,
por lo que fueron removidos, desarmados y detenidos para evitar que
instigaran la violencia. Finalmente fueron entregados a otras fuerzas de
seguridad.
También
se inició un incendio dentro de la estación de policía en Pimienta. En
medio de protestas en diciembre, varias estaciones de policía en toda la
región fueron blanco de incendios y otros daños. Según los
manifestantes de la oposición, el daño a las estaciones de policía se
infligió en respuesta directa a las fuerzas de seguridad que abrieron
fuego con rondas en vivo durante los desalojos de los bloqueos de
carreteras.
Silva
pasó tres años en la fuerza policial nacional en la década de 1990 y
cree que los responsables de cualquier delito en Pimienta deben
enfrentar la justicia, pero es crítico con las redadas y arrestos. Los
lugareños temen a las autoridades y los residentes son juzgados en los
medios como delincuentes, dijo. Los 10 hombres arrestados en Pimienta
(uno de los detenidos era una mujer) se afeitaron la cabeza antes de ser
llevados a la audiencia del 29 de diciembre.
Más
recientemente, los agentes de TIGRES estuvieron involucrados en el
arresto de siete personas en Villanueva, incluido Javier Rubí, concejal
del concejo municipal electo de la alianza opositora. Fueron acusados
de cargos relacionados con incendios premeditados y daños y perjuicios
en la estación de policía de Villanueva. Los siete fueron liberados
después de una semana debido a la falta de pruebas.
El
veterano activista Edwin Espinal y otro manifestante, Raúl Álvarez, no
tuvieron tanta suerte. Frente a tres cargos relacionados con la
destrucción de la propiedad en el Hotel Marriott en Tegucigalpa durante
una protesta el 12 de enero, se encuentran en prisión preventiva en la
prisión de La Tolva, a 40 millas al este de la capital. Un pequeño
campamento del ejército se encuentra directamente al otro lado de la
carretera de la cárcel.
El
director de esa prisión es Osman Alexis Rivera Rosales, quien figura en
la lista de estudiantes en tres cursos de 1996 en la Escuela de las
Américas de EE. UU. O SOA, ahora conocido como el Instituto del
Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad. (La lista de
participantes del curso, obtenida por el grupo de defensa sin fines de
lucro SOA Watch a través de la solicitud de Freedom of Information y
publicada en línea, solo cubre de 1946 a 2004, por lo que el
entrenamiento de Rivera en EE. UU. Puede no haber terminado ahí).
No
se han recibido informes de violentas maltrataciones en La Tolva,
aunque Espinal y Álvarez estuvieron en celdas de aislamiento durante 22
horas al día durante sus primeras dos semanas allí, y ninguno ha podido
recibir ninguna visita de sus familiares. Pero las generaciones
anteriores de graduados de SOA estuvieron entre los peores violadores de
los derechos humanos en Centroamérica durante la década de 1980, y ese
es el precedente que pone a los activistas hondureños nerviosos ante las
tropas entrenadas por los EE. UU. Que se vuelcan contra los
manifestantes.
“Volveremos
a los viejos tiempos”, dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras. Las cosas pueden
empeorar, porque junto con la práctica anterior, las fuerzas de
seguridad del estado ahora están mejor entrenadas y mejor equipadas, le
dijo a The Intercept.
“Hoy
tienen toda la experiencia, todos los conocimientos, y saben que no les
pasa nada con ningún tipo de violación de los derechos humanos
cometidos, ya sea individual o colectivamente, contra la ciudadanía”,
dijo.
Amnistía Internacional dice que niveles de inseguridad en Honduras son altos
Los niveles de inseguridad en Honduras siguen siendo “altos” y
la “impunidad generalizada” continúa debilitando la confianza pública
en las autoridades y en el sistema de justicia, según el informe de
Amnistía Internacional (AI) 2017-2018. “Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las
Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos,
especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el
territorio y el medio ambiente”, añade el estudio de AI. Cita que el Gobierno hondureño anunció la creación de un Ministerio
de Derechos Humanos y Justicia, que debía estar operativo en 2018, como
en efecto ya está en marcha. Sobre las protestas masivas derivadas del presunto “fraude” en las
elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, según la Alianza de
Oposición contra la Dictadura, AI señala que “fueron brutalmente
reprimidas por las fuerzas de seguridad”, incluso con “armas letales”. Además, centenares de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días. Durante las protestas hubo al menos 31 muertos y se denunciaron
múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o golpeadas por
las fuerzas de seguridad, destaca el informe. Agrega que los defensores de los derechos humanos, especialmente
quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo
peligro de sufrir abusos. Según el estudio, la gran mayoría de los ataques registrados contra
defensores de los derechos humanos “seguían impunes, como consecuencia
de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los
juicios”. Sobre la investigación del asesinato de la medioambientalista Berta
Cáceres en marzo de 2016, “apenas se avanzó”, ni hay información sobre
los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a
los responsables de planificar su asesinato, según AI. El organismo señala que aunque hubo algunos avances en la protección a
defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y
operadores de justicia, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por
garantizar su protección integral. Destaca además que seguía la vulneración de varios pueblos indígenas y
persistían los conflictos por tierras para campesinos en el Valle del
Aguán, en el noreste del país. También denuncia que las mujeres, las niñas y las personas LGBTI
(Lésbicas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales) seguían
afrontando altos niveles de violencia de género, y que entre enero y
octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes
violentas de féminas. Sobre la violencia en Honduras, resalta que sigue siendo un factor
clave de emigración forzada y que, según la Oficina de las Naciones
Unidas para Refugiados, 14.735 hondureños habían solicitado asilo entre
enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y
Estados Unidos, desde donde miles también son deportados. EFE
Surge Comité Nacional por la liberación de presos políticos en contexto post electoral
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Más de 20 presos en cárceles del país producto de su oposición a la
ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, motivó a diferentes
organizaciones sociales y de derechos humanos a conformar el Comité
Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y presentarse ante la
opinión pública este jueves en Tegucigalpa.
Este
comité surge dos meses y medio después de ocurrido el proceso electoral
(26 de noviembre de 2017), donde la ciudadanía reclamó el triunfo a
nivel presidencial de Salvador Nasralla, candidato de una alianza de
partidos de oposición, y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
revirtió y consumó la ilegal reelección del nacionalista Juan Orlando
Hernández.
Como
objetivo principal, el Comité Nacional exige “de manera coordinada,
precisa y comprometida” la liberación inmediata de todas las personas
que están encarceladas por participar en las acciones de rechazo a la
imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de
autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas.
El
Comité planteó la urgencia de actuar para la libertad de -hasta ahora-
22 personas presas, pero “sin abrir avenidas a perdones o negociaciones
anticipadas con la banda criminal que ha secuestrado el Estado”.
Las
cárceles donde se tiene registro de las 22 personas presas son: El
Centro penal de Tela, en el departamento de Atlántida, Centro Penal de
Morocelí, departamento de El Paraíso (La Tolva), Centro Penal de El
progreso, departamento de Yoro y Centro Penal de Ilama, departamento de
Santa Bárbara (El Pozo).
Hasta
la fecha, cifras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), revelan que existe 22 presos políticos (una mujer),
80 personas criminalizadas judicialmente y 38 asesinatos por razones
políticas.
Las
ocho organizaciones que integran el comité Nacional por la Liberación
de Prisioneros Políticos en Honduras son: Colegio de Profesores de
Educación Media de Honduras (COPEMH), Colegio de Pedagogos de Honduras
(COLPEDAGOGOSH), Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras
(COPRUMH).
Le
siguen, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y
Similares (STIBYS), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
(ERIC), Coalición contra la Impunidad, Red Internacional de Derechos
Humanos que tiene su sede en Estados Unidos y Canadá, Comité de
familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
Convergencia contra el Continuismo, Observatorio Ecuménico Internacional
de los Derechos Humanos (OEIDH) y Vía Campesina, pero se espera la
integración de otras.
Protestar se ha convertido en delito
Para
la Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, es necesario colocar
donde corresponde a quienes hoy se encuentran como presos políticos por
protestar, condenar y repudiar “el peor acto que se llevó a cabo el 27
de noviembre de 2017”.
“Protestar
se ha convertido en un delito en nuestro país y organizaciones con
trayectoria por la defensa de la libertad y la vida no podemos seguir en
quietud y silencio ante la embestida que tenemos. Peor cuando quieren
imponer su verdad absoluta, desde quienes cometen el delito de detener
ilegalmente a nuestros presos y presas”, sostuvo Oliva.
En
el comunicado, el Comité Nacional por la Liberación de los Presos
Políticos mencionó que las organizaciones que lo conforman han vivido
momentos críticos en las décadas de los años 70’s, 80’s y 90´s y
actualmente, enfrentaron los indebidos procesos, el uso desmedido de la
fuerza, ocultamiento y desaparición de liderazgos sociales y ejercido
litigio internacional luego de enfrenta los efectos de los diferentes
golpes al país en los últimos ocho años.
También
denunciaron las diferentes opiniones surgidas, tanto desde el gobierno
como del Partido Nacional, en las que acusan a la ciudadanía opositora y
liderazgos de los partidos políticos de oposición de “robarse las
elecciones junto a las maras”.
Lo
anterior fue reafirmado por el ex candidato a diputado por el Partido
Nacional y capitán retirado Billy Joya, denunciado por organizaciones de
derechos humanos por su participación en la década de los 80’s en casos
de desaparición forzada en el país.
Joya,
quien goza de la impunidad en el país, afirmó en un foro televisivo que
“esos que llaman presos políticos los vimos saqueando, quemando y
destruyendo la propiedad privada de hondureños trabajadores e
inocentes”.
Al
respecto, el Comité Nacional puntualizó que tiene conocimiento de
quienes asesoran la Mesa de Crisis post electoral son “los asesinos del
batallón de la muerte 3-16 que toman decisiones al interior de la
dictadura actual, quienes han reclamado beneficios y amnistías por sus
crímenes”.
Ante
el escenario descrito, este Comité hará uso de los mecanismos
informales de denuncia y las estrategias de alianza con actores
internacionales y lograr el objetivo de obtener la libertad de quienes
se encuentran presos por razones políticas.
Tegucigalpa Durante el lanzamiento del Comité Nacional por la liberación de los
presos políticos en Honduras que tiene el régimen de Juan Orlando
Hernández después de las elecciones generales del pasado 26 de
noviembre, se dio a conocer que existen 22 privados de libertad
distribuidos en cuatro cárceles del país. Después del 26 de noviembre, fecha que se desarrollaron las
elecciones generales, la población hondureña salió las calles cuando se
denunció del fraude electoral que se estaba fraguando en el Tribunal
Supremo Electoral en favor del candidato oficialista, Juan Orlando
Hernández, quien buscaba de manera ilegal la reelección. Ante el mar de gente en las calles a nivel nacional en protesta
exigiendo se respetara la voluntad del pueblo, el Gobierno de Juan
Orlando Hernández decreto toque de queda por diez días y comenzó a
reprimir violentamente las protestas, las que han dejado como saldo
miles de personas detenidas, centenares de heridos y cerca de 40
víctimas mortales, de las que no hay ninguna investigación y están en
completa impunidad. Para hacer la defensa formal en cada caso de los presos políticos
junto a las familias, sus amistades, vecindarios y organizaciones
fraternas a nivel local y regional, para hacer de este ejercicio legal,
ético y solidario una nueva escuela del debido proceso y de presión
global, se ha constituido el Comité Nacional por la liberación de
prisioneros políticos en Honduras. De acuerdos a datos presentados por el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) durante la conferencia de
prensa donde se dio a conocer a los medios de comunicación la creación
de este comité, de diciembre de 2017 a enero del presente año, el
régimen de Juan Orlando Hernández a privado de su libertad por razones
políticas a 22 ciudadanos, los que están en situaciones precarias en los
centros carcelarios en los que están recluidos. De acuerdo a los datos proporcionado por la organización humanitaria,
con más de 35 años de experiencia en la defensa y promoción de los
derechos humanos, en el Centro de Penal de Tela se encuentra recluida
una mujer junto a su pequeña hija y su compañero de hogar, quien ha sido
acusada por participar en la movilizaciones contra el fraude y la
dictadura de que ha implantado en el país Juan Orlando Hernández. A continuación damos a conocer el listado de los privados de libertad
por razones políticas de acuerdo a los datos recabados por el Cofadeh. LISTADO DE PRESOS POLÍTICOS HONDURAS PERÍODO DICIEMBRE 2017 A ENERO 2018 Una Persona de Pimienta Privada de Libertad en el Centro Penal de Tela
1. Lourdes Johana Gómez Núñez.Dos Personas Privadas de Libertad En el Centro Penal de Moroceli, conocido como La Tolva
1. Edwin Robelo Espinal
2. Raúl Eduardo ÁlvarezNueve Personas Recluidas en el Centro Penal de la ciudad de El Progreso.
1. Arles Saúl Cardona Saavedra.
2. Gustavo Adolfo Cáceres Ayala.
3. Jhony Andrés Salgado Fuentes.
4. Dany Javier Banegas Reyes.
5. Olvin Nahúm Villanueva Avilés.
6. Omar Enrique Velásquez Yánez.
7. Antony Reynaldo Acosta.
8. Néstor Armando Almendarez Rodríguez.
9. Marvin Antonio Godoy Arias.Diez Personas de Pimienta: Recluidos en el Centro Penal de Ilama conocido como El Pozo.
1. Daniel Eduardo Santos Ordóñez
2. José Orlando Santos Ordoñez
3. Edwin Nahún Amaya Sánchez
4. Mynor Ariel Reyes Mejía
5. Roque Jacinto Alvarenga Corea
6. Wilfredo Cáceres Sagastume
7. Francisco Miguel Gómez Martínez
8. Melvin Mauricio Chávez Pérez
9. Jonathan Ricardo Perla López
10. Santos Ramón Paredes Quiroz
Luego de la renuncia del vocero de la MACCIH, cree demanda de organismo internacional bajo responsabilidad de la ONU
Feb 19, 2018
Para nadie es un secreto que, a la Misión de Apoyo contra la
Corrupción e Impunidad, MACCIH no la están dejando trabajar, y más allá
de las opiniones públicas, el país entero sabe que las investigaciones
de la red de diputados involucran directamente al gobierno de Juan
Orlando Hernández y a sus diputados. Todos lo saben, incluso Juan Jiménez Mayor, ahora ex vocero de la
MACCIH, quien el pasado jueves renunció a su cargo, por motivos ligados a
esa presión, pero que no se atreve a decirlo concretamente. Mayor a
través de una carta enviada a la opinión pública dijo que luego de una
jornada de reflexión tomó la decisión de dejar su cargo, por fuertes
diferencias con la Secretaría General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) que dirige Luis Almagro. Sobre todo, en los representantes políticos y de estas misiones
impera la diplomacia, sus discursos lo reflejan y sus afirmaciones las
respaldan. En el noticiero vespertino de Televicentro Juan Jiménez fue
entrevistado para que reaccionara sobre su renuncia, le consultaron
sobre la relación de él con el presidente Juan Orlando Hernández, él
contestó que sí lo han dejado trabajar. La población reaccionó de inmediato a esas declaraciones, y lamentó
que la diplomacia le impidiera a Mayor decir claramente que el origen de
la crisis de la MACCIH fue la falta de respaldos a la lucha contra la
corrupción e impunidad de parte de Casa presidencial. En entrevista a Radio Progreso, Mayor dijo hace unos días que la
investigación en el caso de la red de diputados se orienta a varios
diputados, entre ellos el presidente del Congreso Nacional, Mauricio
Oliva. Mayor aseguró que una de las hipótesis en el caso es el soborno,
que recibieron estos diputados. Jiménez Mayor no se atrevió a decir que
ese dinero de los sobornos fue para elegir la actual composición de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mayor no se atreve, pero la clase política de oposición y las
organizaciones críticas de la administración gubernamental sí, ellos han
denunciado e incluso interpusieron recursos ante la justicia nacional e
internacional, por los procedimientos viciados de elección de la CSJ,
Ministerio Público y otras instituciones que han sido cooptadas por el
presidente Hernández. “En Honduras hay un grave problema, y es de institucionalidad, todo
acá es dominado por Juan Orlando Hernández, acá hay que pedirle permiso a
él para investigar, para judicializar y para hacer justicia, este es un
problema estructural”, dijo el exmagistrado del Tribunal Supremo
Electoral, Enrique Sequeira. Sequeira, quien ahora es militante activo del Partido Liberal,
aseguró que acá si no se hacen cambios profundos, sobre todo en el tema
de independencia de poderes, la impunidad seguirá reinando en el país. En ese enfoque, la MACCIH empezó a tener problemas. “Nos estábamos
preparando para esto, y el momento ha llegado, toca luchar para salir
adelante”, manifestó Mayor. Y es que la MACCIH ha sido muy criticada por
diversos sectores, criticada por su diplomacia, por no decir las
presiones que tiene y por no mencionar con nombre y apellido las
principales amenazas a su trabajo. El origen de la crisis actual en la MACCIH se da a partir de las
amenazas y obstáculos generados por el partido Nacional, partido al que
Mayor nunca se atrevió a enfrentar públicamente. Mayor lo dijo entre
líneas: “no he recibido amenazas, pero contrataron una firma auditora
para que me investigue, les aseguro que no encontrarán nada”, relató en
su momento el ex vocero de la MACCIH. Todo surgió a partir de su anunció de investigar a diputados,
incluyendo altas figuras del partido Nacional, por tal razón sus
denuncias contra los que lo están amenazando, evidentemente apuntan
hacia el oficialismo. Mayor renunció, y dejó claro que el punto toral de su determinación
es por diferencias con Luis Almagro, a quien le reclamó vía
administrativa por correos electrónicos, la contratación de personas que
no abonarán nada a la institución y que incluso eso se podría convertir
en malversación de fondos. Juan Jiménez no renunció solo, lo acompañó su personal de confianza.
Julio Arbizú integrante de esta estructura también anunció su retiro y
dijo en redes sociales que lamenta que la OEA no los respalde en esta
lucha contra la corrupción, y aseguró que Honduras no se merece esto,
que hay una verdad escondida y que algún día saldrá a la luz. Esa verdad de la que habló Arbizú es de múltiples interpretaciones, y
eso se da por el carácter diplomático de esta Misión, la que les impide
por cualesquiera que sean los motivos, encarar y denunciar a los
responsables. Ante el anuncio los políticos aprovecharon para llevar agua a su
molino. El partido Liberal emitió un comunicado solidarizándose con
Mayor y denunciando al partido de gobierno de ser el responsable de
limitar el trabajo a la MACCIH, en ese mismo enfoque lo hizo la Alianza
de Oposición que además denunció el papel de la OEA, y dijo que en
Honduras es urgente la presencia de una Comisión independiente como la
de Guatemala, la CICIG. Pero no solo los opositores aprovecharon para hacer uso de sus
discursos, también lo hizo el presidente, el principal responsable de la
crisis de la MACCIH. Juan Orlando Hernández dijo: “Yo pedí a Mayor que
no renuncie, le prometí mi apoyo para que pueda trabajar, pero él me
dijo que no cambiaría de posición, así que afirmo mi apoyo a la OEA y
cuando nombren su sustituto, también lo apoyaremos como lo hemos venido
haciendo”. Las declaraciones de Hernández y su partido son contrarias a sus
acciones, ya que son ellos quienes pretenden mantener un pacto de
impunidad, así lo han comprobado con la reforma a la Ley de Presupuesto,
la Ley de Secretividad, entre otras. Mayor se va del país y de la Misión con esa deuda, de no haber
denunciado lo que sucede a lo interno de la MACCIH, de mencionar quienes
le están obstaculizando las investigaciones, y de dar avances
contundentes de las mismas. Por ahora la gente ha salido a las calles, con menos intensidad que
en meses anteriores, pero con algo totalmente claro: que es necesario y
urgente retomar la lucha organizada para combatir la corrupción y
judicializar a los responsables del saqueo de los fondos estatales.
Partido Libre se declara en insurrección total y crea los comandos de insurrección
Tegucigalpa.-
La Coordinación Nacional del Partido Libertad y Refundación (Libre)
decidió la tarde de este miércoles, declararse en insurrección total y
crear los Comandos de Insurrección (CI).
Reunidos
este día en Tegucigalpa, ratificaron que no reconocen a Juan Hernández
como Presidente de Honduras, y condenan la violencia y la represión
contra el pueblo que protesta en defensa de su voto a favor de la
Alianza de Oposición y Salvador Nasralla.
Los
comandos de insurrección estarán integrados por los secretarios
generales y coordinadores de los 18 departamentos acompañada de la
Bancada Legislativa del Partido Libertad y Refundación Libre, explica el
comunicado emitido esta misma tarde.
1.-
Declararse a nivel nacional, en INSURRECCIÓN TOTAL como lo demanda la
Constitución de la República, mediante el método de la NO VIOLENCIA e
instruir a todo el pueblo que rechaza a Juan Orlando Hernández para que
por medio de los colectivos, organizaciones de trabajadores,
estudiantes, gremios, empresarios, alcaldes, vicealcaldes y regidores
municipales, para que implementen esta Estrategia de Insurrección hasta
derrotar la dictadura y hacer que se respete el triunfo de la Alianza y
Salvador Nasralla.
2.-Aprobar
la creación de los comandos de insurrección (CI) como nueva forma de
organización político partidaria, integrada a través de quienes se
implementaran las acciones y estrategias aprobadas.
3.-
Ratificar un voto de confianza al Coordinador General en demanda de un
proceso de mediación y no el diálogo falso convocado por el Presidente
ilegal La mediación debe ser vinculante c incluir la Auditor. Forense
del Sistema de Transmisión y toda la documentación electoral; la
celebración de nuevas elecciones o la Convocatoria a la Asamblea
Nacional Constituyente Originaria; la investigación de los más de 40
asesinatos; la liberación inmediata de todos los presos políticos y la
anulación de los procesos penales que con prueba falsa se han presentado
en los juzgados cn contra de los manifestantes.
4.- Reactivar a partir de este fin de semana en todo el país, las movilizaciones, plantones y acciones de protesta.
5.-
En el marco de la sesión partidaria, se eligen como enlaces de la
Bancada Legislativa a cuatro diputados propietarios, quienes de forma
rotativa ejercerán la vocería de la Bancada, iniciando con el Diputado
por el Departamento de Francisco Morazán, Jorge Luis Cáliz.
“Un ejército No violento, debe estar tan preparado que haga innecesaria la guerra” Mahatma Ghandi.
Coordinación General Libertad y Refundación (Libre)
La insurrección popular es la vía, lo demás son engaños
Redacción
Por: Jaime Flores
La
insurrección popular iniciada es el camino escogido por el pueblo
hondureño para derrocar al tirano juan Orlando (a propósito) y
deshacerse de esta cavernaria oligarquía, que por defender sus
sacrosantos intereses y su estado patrimonial no le importa apuntalar la
dictadura.
Las
luchas sociales no son fáciles, pero no hay otra opción si queremos
derrocar al tirano y a la oligarquía y deshacernos para siempre de este
estado patrimonial, casi feudal, fuente de inagotables privilegios para
los oligarcas.
La
insurrección ha empezado a dar sus frutos; el sistema no funciona con
la normalidad. La banca ha tenido que cerrar y contratar más carros
blindados para proteger sus valores, las importaciones y exportaciones
han sido afectadas y algunas redes eléctricas han sido saboteadas.
Esto
se ha logrado gracias a los focos insurreccionales; las tomas de
carreteras, puentes, quema de llantas, que si bien no ha sido
generalizado en todo el país, han afectado zonas productivas y han
provocado caos e inestabilidad. Se ha golpeado al poder político y
económico en donde más les duele, no entienden otro lenguaje.
Estas
manifestaciones bañadas de juventud, han obligado a la oligarquía a
colocar láminas en sus negocios aunque se miren horribles, a
encerrarse, a generarle gastos, a que demuestre miedo y nerviosismo a
que saquen a sus hijos al extranjero a que se inyecten más neurobión.
Ahora
los jóvenes solo protegidos de su audacia, valentía, dignidad, astucia y
creatividad se enfrentan a fieras de acero y fusil, les gritan, los
desafían no se dejan golpear, ni capturar: Este arrojo no es más que
insurrección popular.
Que se cumpla la consigna: ¡Si no hay justicia para todos, que no haya paz para nadie! ésta no debe ser excluyente.
Los
dirigentes, que los hay dentro de la oposición, saben que no hay otra
salida. Se debe continuar con la organización de las masas; con la
conformación de colectivos, células y círculos, se debe estar en todos
lados y en ninguno.
Otro
componente infaltable es la formación a la población, la cual a través
del abordaje de ciertos temas históricos, debe generar odio de clase en
las masas hacia sus opresores. Sin odio al tirano, y a la oligarquía no
hay insurrección posible.
No
hay otra salida; el diálogo y las reformas es caer en la trampa como
sucedió en el 2009 y seguirle el juego al sistema y al tirano, al de la
Honduras de aquí y al de la Honduras de allá. Se debe continuar,
generalizar y profundizar los focos insurreccionales; en temas sociales,
no hay regreso
Claves para el entendimiento y desmoronamiento del proyecto dictatorial de JOH desde el movimiento social: Padre Melo
Redacción
Por: Belinda Ramos - Miembro de la Coordinadora de Solidaridad Guatemala – Honduras
El
pasado 13 de febrero, el líder social y religioso, Padre Ismael Moreno,
S. J., se reunió con representantes de diversas organizaciones
sociales y populares de Guatemala, con el fin de exponer y analizar la
situación crítica por la que atraviesa actualmente Honduras. La
actividad se desarrolló en la Casa de la Memoria – Kaji Tulam, en la
ciudad de Guatemala, con una duración de aproximadamente dos horas y la
asistencia de unas 50 personas.
El
Padre Ismael Moreno –conocido como Padre “Melo”– inició el
conversatorio hablando del monopolio de los medios de comunicación de
Honduras y la práctica inexistencia de medios de comunicación
independientes a nivel nacional. En este contexto, recordó el sabotaje
sufrido a la antena de Radio Progreso en Tegucigalpa la noche del 9 al
10 de diciembre, lo que impidió la transmisión durante dos semanas,
acusando del atentando a grupos económicos agresivos que detentan el
poder del Estado, la economía y la política en Honduras.
Durante
su intervención, el Padre Melo habló de una nueva etapa coyuntural en
Honduras que se inicia con la toma de posesión de Juan Orlando
Hernández, el 27 de enero. Se trata de la implementación de un proyecto
autoritario con rasgos autárquico –dictatorial– bajo el poder de una
persona. Esta etapa, fue precedida de 36 años –desde inicios de los
ochenta– de democracia tutelada, bajo la tutela del ejército
hondureño y la presencia activa de EE.UU. para el despliegue de la
política de seguridad y la lucha contrainsurgente contra Guatemala, El
Salvador y Nicaragua, en aquella época.
Con
la implantación del modelo neoliberal –conforme al conferencista– los
militares pasaron a un segundo plano, y Honduras se convierte en una
base para el traslado de la droga de América Latina hacia EE.UU.. Sigue
la democracia tutelada; sin embargo, esta democracia se empieza a
desmoronar cuando salieron sus subproductos: el desempleo, las maras,
las políticas neoliberales, más pobreza, la violencia, etc. Durante esta
etapa, un momento crucial fue la llegada, a través de las elecciones
del 2005, de Manuel Zelaya a la presidencia de la república, quien tomó
posesión en enero de 2006 y empezó después un proceso de ruptura con
las tradicionales alianzas y a mirar hacia Venezuela, Brasil y Cuba como
países para ampliar las relaciones políticas y económicas del país, lo
que conllevó –desde el punto de vista de las élites y de EE.UU– una
amenaza tremenda que llevó al golpe de Estado de junio de 2009. Se da
así una ruptura del pacto social que surgió a inicios de los años
ochentas y que dio origen a la Constitución de 1981, que permitía –entre
otros asuntos–el control de la violencia, elecciones tuteladas, etc., y
empieza una nueva etapa de democracia autoritaria, esto es:
una etapa en la que se mantiene la formalidad de la democracia, pero que
cada vez más se utiliza la coerción y menos el consenso, y que adquiere
rasgos militares y autoritarios.
El
Padre Melo señaló que las elecciones después del golpe de Estado de
2009 fueron “inútiles” porque ya no correspondieron a un pacto social.
Se da así una incapacidad gubernamental de impulsar políticas públicas
que tengan consenso social, por lo que los sucesivos gobiernos van
perdiendo legitimidad. Con los gobiernos de Pepe Lobo y luego con Juan
Orlando Hernández, se produjo asimismo una militarización del Estado y
la sociedad. La inversión del presupuesto nacional en seguridad y
defensa subió hasta estar por encima del 50% del total de la inversión.
Se creó la Policía Militar del Orden Público. Toda la institucionalidad
– incluyendo al RENAP, el TSE, la CSJ, la Fiscalía General del Estado-
pasa a ser controlada por un pequeño grupo liderado por Juan Orlando
Hernández. Asimismo, se conformó un Consejo Nacional de Defensa Nacional
con miembros de los tres poderes del Estado, desde donde se toma todas
las decisiones. El asunto prioritario es la seguridad, no el desarrollo.
El golpe de gracia al pacto social de inicios de los ochentas se da
cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que el presidente de la
república podría reelegirse, violentando así la constitución de 1981 y
sus artículos pétreos, referentes a la soberanía nacional, tipo de
gobierno y la reelección, que no podían reformarse. Desde ese momento,
conforme al Padre Melo, el proceso electoral es fraudulento e ilegal,
por lo que los partidos de la oposición debieron retirarse del proceso y
obligar a no celebrarlo.
Con
el reconocimiento del gobierno de Juan Orlando Hernández por el
Departamento de Estado de los EE.UU el 22 de diciembre de 2017, se sella
la ilegalidad y el proceso fraudulento. Se llega así a una etapa en la
que se instala el proyecto de autoritarismo dictatorial, apoyado en seis
elementos: 1) Un régimen inevitablemente mercenario, que solo puede
sobrevivir comprando gobernabilidad y voluntades, y que emplea enormes
recursos para comprar al Ejército, la Policía Militar, al empresariado y
a los propios funcionarios. 2) La militarización de la sociedad, con 39
asesinatos por el régimen después de las elecciones, 15 por balas de la
Policía Militar del Orden Pública dirigida por Juan Orlando Hernández.
3) Un gobierno de populismo barato, mesiánico, en el que “ todas las
cosas quedan intactas”, pero que invierte millones de lempiras en
programas sociales. Se trata de un gobierno que se apoya en la
oligarquía más rica de Honduras, y que busca el apoyo de la gente más
pobre del país. 3) Un Cerco mediático de los medios de comunicación,
quinta columna del régimen y que se encargan del control social. 5) Un
sustento jurídico justificador: “todo lo que se hace se hace en nombre
de la Ley”, incluyendo el encarcelamiento de más de 50 personas. 6) El
sustento divino, en el que “para cualquier babosada se habla de Dios”.
Desde ese momento, la ley deja así de ser objetiva para convertirse en
una ley del régimen. La institucionalidad deja de ser Estado de Derecho.
Durante
su intervención el Padre Melo se refirió asimismo a las convergencias y
diferencias entre los sectores populares y la Alianza de Oposición.
Entre las coincidencias mencionó la lucha contra la dictadura y por el
Estado de Derecho. La mayor divergencia se encuentra en que la Alianza
de Oposición no aceptó la demanda de anulación de las elecciones por su
invalidez, respaldar el informe de la OEA y convocar a nuevas
elecciones. Por otro lado, mientras que la oposición convocó a un
diálogo nacional, desde el sector social se plantea que no puede haber
diálogo sin que:
1)
Se investigue y judicialice el asesinato de las personas desde el 27 de
noviembre, y se resuelva la situación de los presos políticos –cerca de
60– judicializados por participar en las movilizaciones de protesta
contra el fraude electoral y la dictadura de JOH.
2) Se desmilitaricen los territorios y las instituciones.
3)
Se resuelva la inconstitucionalidad del régimen, para lo que se debe
abrir un proceso de enjuiciamiento por delito contra la patria,
incluyendo el enjuiciamiento de los magistrados del TSE.
4)
Se abran y se le den seguimiento a los casos de corrupción, entre ellos
los que está involucrado el dictador Juan Orlando Hernández.
5)
Se garantice, a instancias de la ONU, la anulación de las elecciones y
la convocatoria a nuevas elecciones para Asamblea Nacional
Constituyente.
Finalmente
el Padre Melo refirió a distintas acciones de solidaridad que desde la
región centroamericana se pueden articular, como trabajar por la
soberanía regional, situar en la agenda internacional la situación por
la que está atravesando Honduras, expresar por distintos medio el
repudio a la dictadura de JOH, y preparar condiciones logísticas por la
salida de la gente de su tierra natal, por motivos de represión y
persecución del régimen.
Padre
Ismael Moreno* Sacerdote Jesuita, líder religioso y social hondureño.
Encargado de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación -ERIC-SJ–. Forma parte de la Coalición contra la Corrupción
en Honduras.
Delegación estadounidense repudian reelección de Hernández y militarización en Honduras
Ene 30, 2018
Más de 50 personas, representantes de diferentes iglesias y
organizaciones de sociedad civil, llegaron a Honduras desde Estados
Unidos. Durante una semana, los religiosos y religiosas mostraron su
solidaridad y apoyo al pueblo hondureño que resiste las violaciones a la
institucionalidad hondureña, las agresiones y asesinatos por oponerse a
la dictadura nacionalista de Juan Orlando Hernández. La “Delegación Religiosa de Emergencia de Estados Unidos a Honduras”,
integrada también por representantes de instituciones de Canadá, El
Salvador y Colombia, acompañó las acciones de manifestación que la
ciudadanía de la zona norte del país desarrolló previo y durante la
imposición de Hernández como presidente. Al llegar a Tegucigalpa, un día después de la instauración de la
dictadura nacionalista, el grupo de representantes de las iglesias
norteamericanas desarrolló una “Vigilia por la Paz y los Derechos
Humanos”, en la que señalaron que la reciente elección presidencial fue
fraudulenta que la “prohíbe la Constitución y la misma ha sido
caracterizada como ilegítima por el fraude refrendado por observadores
internacionales”. “Estamos aquí para que ustedes sepan que no todos en los Estados
Unidos están aliados con los poderes, regresemos a nuestro país para
decir lo que pasa en Honduras y la responsabilidad que tenemos nosotros
como gobierno y ciudadanos”, expresó Kathleen Mctigue, pastora de la
Iglesia Unitaria de Estados Unidos. El padre Jean Denis Saint-Félix, representante de la Compañía de
Jesús en Estados Unidos y Canadá, dijo que como iglesia y jesuita se
comprometen con el pueblo hondureño a impulsar la lucha para que exista
más igualdad y democracia. “Desde las elecciones del 26 de noviembre, más de 30 personas han
sido asesinadas, más de 1,000 detenidas, y muchas más personas golpeadas
y atropelladas como resultado de uso excesivo de fuerza y ataques en
contra de protestas pacíficas, incluyendo el uso de armas prohibidas,
balas vivas, cañones de agua con químicos, y bombas de gases dentro de
las casas”, denunció la Delegación frente a la Embajada de los Estados
Unidos en Tegucigalpa, momentos antes de reunirse con la encargada de
negocios de ese país, Heide Fulton. Desconoce violaciones a los derechos humanos Con una embajada custodiada por la Policía Militar y el comando
Tigres, la Delegación de Religiosos se reunión con Heidi Fulton,
representante de la misión diplomática norteamericana, para exigir que
el gobierno de Donald Trump no financie más al Ejército y a la Policía
hondureña, puesto que contribuye a la agudización de la crisis en
derechos humanos, consecuencia de la dictadura. José Artiga, integrante de la delegación estadounidense, al concluir
el encuentro, dijo que Fulton aseguró desconocer las violaciones a los
derechos humanos en el marco de la crisis post electoral, además
manifestó que el gobierno de los Estados Unidos no tiene influencia
sobre la dictadura nacionalista de Juan Orlando Hernández. “La respuesta de la embajada es que las instituciones están muy
débiles y tal vez en el futuro van a mejorar. Insistió que se va a dar
un proceso de diálogo, pero nosotros estamos muy descontentos porque no
escuchan, dice que no tiene conocimiento de las violaciones a los
derechos humanos y nos pidió que, si tenemos un caso concreto que se lo
llevemos “, explicó Artiga. La delegación religiosa apuntó que la profundización de la
militarización, con el apoyo de los Estados Unidos, está “alentando” la
violación de los derechos humanos en Honduras y la región, siendo una de
“las causas y la raíz” de la migración masiva. Claire White, integrante de la delegación e hija del exembajador
Robert White en El Salvador durante la década de los 80, comentó que
“estuvimos atestiguando unas tomas y fue impresionante la impunidad, la
represión, los gases y las caras encubiertas, pero los muchachos ahí
están tratando que les respeten el voto, la libertad de expresión y
protesta”. El grupo de personas religiosas reiteró, frente a Heide Fulton, su
exigencia al gobierno de Estados Unidos a” retirar su reconocimiento al
gobierno electo fraudulentamente en Honduras, además la investigación y
enjuiciamiento de los responsables directos e intelectuales de los
asesinados en las manifestaciones. Al concluir su visita, la Delegación de Emergencia de Estados Unidos
se comprometió a “continuar con nuestro amor y solidaridad con el pueblo
de Honduras, con los defensores y defensoras de los derechos humanos y
ambientales, y a informar y movilizar a nuestros líderes electos, a los
medios, a nuestras comunidades de fe, a nuestras familias, vecinos y
amigos”.
Salvador Nasralla llama a defender a los presos políticos del proceso pos-electoral
Salvador
Nasralla pidió a sus seguidores salir a defender a las personas que han
puesto el "pellejo" por el reclamo por el que luchan.
Tegucigalpa.- El ex presidenciable de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, llamó a sus simpatizantes a defender a los presos políticos que han resultado tras el conflicto pos-electoral en Honduras. En
ese sentido, tras el conflicto electoral vivido después de las
recientes elecciones en Honduras, varias personas han resultado
detenidas y enjuiciadas por los entes penales del país. Estas personas, han sido requeridas tras las diversas protestas y manifestaciones suscitadas alrededor del país.
De
tal forma, el ex presidenciable, Salvador Nasralla, llamó a los
seguidores de la Alianza de Oposición, para que salgan a las calles
defender a esos presos políticos. El llamado de Nasralla, fue para este
31 de enero en la ciudad de San Pedro Sula. Ya que según
dio a conocer, los juzgados penales de esta ciudad dictarían sentencia
contra varias personas acusadas de vandalismo. Lea también:Partido Liberal presenta proyecto de ley para crear la segunda vuelta electoral En ese sentido, Nasralla pidió a sus seguidores que protesten frente a los juzgados penales de esta ciudad. “Este
miércoles 31 te invitamos a que acompañes a los presos políticos de la
oposición. El gobierno dictatorial tiene presos y van a dictar
sentencia” dijo Nasralla. “Son gente honesta, que lo
único que hizo fue defender la democracia y el futuro de Honduras, allí
está Javier Rubí; gente honesta que defendió nuestro pellejo. Vamos a
presionar a ese juzgado de SPS” dijo el excandidato presidencial.
Manifestaciones
Diversas personas han resultado detenidas en manifestaciones.Tras
los comicios electorales practicados en Honduras el 26 de noviembre
anterior, la Alianza de Oposición ha salido a reclamar a las calles un
supuesto fraude electoral. Según los miembros de esta coalición política, el candidato Salvador Nasralla, fue quien ganó la presidencia de la república. De
tal forma, tras darse a conocer los resultados a favor del candidato
presidencial del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, la Alianza ha
protagonizado un sin número de manifestaciones a lo largo y ancho de
Honduras. En estas manifestaciones y protestas, se han
originado incidentes violentos; mismos que han resultado en la muerte de
varias personas. Asimismo, han surgido detenciones por parte de los entes de seguridad del país contra varias personas. Mismas que han sido enviadas a cárceles de máxima seguridad, como El Pozo Y La Tolva. Ante
tal situación, Salvador Nasralla ha salido a defender a estos
manifestantes. Quienes según el también presentador de televisión, están
“injustamente” tras las rejas.
La
vida política y social en la historia de Honduras ha sido tal como es
la naturaleza de lo histórico: de movimientos sociales que reivindican
los proyectos que reclaman la inclusión de todos los ciudadanos en los
asuntos que compelen a todos y los anti proyectos que destruyen la vida
social, la libertad y la construcción de una sociedad con justicia
social, participación y donde el bien común sea el ABC de la
cotidianidad. El siglo XX en la historia mundial estuvo plagado de
fascismo (Una forma extrema de ejercer el poder político) dictaduras
bonapartistas y totalitarismo de izquierda, que puso en peligro las más
elementales formas de libertad y democracia, a saber: la libertad de
elegir, libertad de expresión y representación.
La
dictadura es la antítesis de la democracia, su enemiga mortal, destruye
la vida pública debió decir Hannah Arendt y reduce la pluralidad de la
vida a una monotonía y una monstruosidad donde los hombres y mujeres son
autómatas y bestias, alejados de y convertidos en objetos y propensos a
una cosificación bestial. La pluralidad de la cultura democrática, se
ve aplastada por la amenaza del partido único de la dictadura o por la
junta de comandantes de la dictadura militar. El fascismo alemán hacía
gala de un antisemitismo, un populismo de alta verborrea, de un anti
capitalismo y un anticomunismo de alto niveles, pero donde las
diferencias de clase se iban a poner entre dicho, según nos dice Nicos
Poulantzas, el acicate del fascismo alemán eran las clases medias,
aplastadas por las grandes poderes fácticos, las grandes burguesías, la
clase media en proceso de proletarización según el término acuñado por
Marx, prestó su espíritu y material para empujar dicho proyecto
nacionalista.
La
dictadura se arropó de una legalidad democrática, y en un populismo
exacerbado como bien diría Octavio Ianni (Sociólogo Brasileño) tanto el
populismo europeo como el latinoamericano se revistió de un mesianismo
escatológico societal, capaz de hacer que el hombre a caballo y el
caudillo, liberara a la nación, de las cadenas del atraso y el
subdesarrollo. Claro está, estos proyectos en algunos casos tenían un
basamento popular, en otras estaban totalmente vaciadas de poder
constituyente e instituyente.
Hace
un año escribía un pequeño artículo donde analizaba los peligros del
autoritarismo, ahora ya nos queda claro el panorama político y social de
la Honduras actual, ya no es el peligro del autoritarismo, la dictadura
ya está oficialmente instaurada, lo cual nos deja altamente
preocupados, donde nos parece que estamos inmersos en una novela de
ficción y terror, donde una sociedad se encuentra deprimida, donde la
patología social es altamente grave, una sociedad cancerígena y
alienada, oprimida y secuestrada por una banda criminal, pero no
cualquier banda criminal, a la cual estamos comúnmente acostumbrados, es
una banda de las que destruye la vida pública, la vida social, no es
una banda que no solamente roba un banco, sino que saquea instituciones y
destruye la institucionalidad.
Se
profundiza el régimen autoritario. Una dictadura arropada de “legalidad
democrática” pero totalmente vaciada por el poder constituyente, a
saber: el pueblo, las grandes mayorías. El siglo XX estuvo plagada de
fascismo y dictaduras que se instalaban en el poder sin tapujos,
abiertas (militarismo) y sin recurrir a esa vestimenta de legalidad como
lo fueron el fascismo alemán, el Franquismo, la dictadura de Pinochet
en Chile, Videla en Argentina y El Cariismo. Como el movimiento
histórico siempre está obligando a la ciencia social a re conceptualizar
las viejas categorías. El régimen juanorlandista reúne todas las
características de las viejas dictaduras: aniquilación del Estado de
derecho, evaporación de la división de poderes, control total de las
instituciones, populismo de derecha, corrupción exacerbada, violación
sistemática de derechos humanos, persecución, desaparición, asesinatos
políticos, saqueo de las instituciones, militarismo, violación a la
libre expresión, reprimida el derecho a la protesta. Etcétera. Con la
diferencia de su ropaje de “legalidad”, cuestión que coincide con los
viejos regímenes autoritarios y Bonapartistas en América latina en siglo
XX. Lo que estamos presenciando es un régimen con elementos viejos y
nuevos.
Es
necesario re conceptualizar las viejas categorías sociológicas y
politológicas sobre la naturaleza y esencia de las dictaduras. En
América Latina se dieron sendos debates sobre la naturaleza fascista de
las dictaduras militares, a lo cual el filósofo y sociólogo argentino
Atilio Borón desmintió tal cosa, con otros sendos argumentos: el
fascismo alemán reunió en su seno un antisemitismo de gran escala, un
populismo y una evaporación de las ideologías y de las clases sociales
como proyecto profundo, cosa que no ocurría en las dictaduras militares,
donde no contaban con proyectos ideológicos tan elaborados, donde la
naturaleza de su existencia contaba como soporte predominante con el uso
de la fuerza bruta y una exacerbada escalada del militarismo como lo
estudió el profesor Ramón Oquelí en Gente y Situaciones y Leticia
Salomón.
La
dictadura instaurada el 27 de enero del año en curso, es un
acontecimiento histórico, sociológico, político y antropológico como
nunca lo hemos visto en la historia lejana e inmediata de Honduras. La
evaporación de la institucionalidad y de la democracia representativa se
consolidó con el proyecto reeleccionista de Juan Orlando, un proyecto
que responde a los intereses geopolíticos de EEUU en la región y de
detener el avance del movimiento social que se ha gestado desde inicio
del siglo con la Coordinadora y el Bloque popular y que resurgió con el
Golpe de Estado den 2009. Las arremetidas autoritarias siempre son una
respuesta de los poderes fácticos al avance de dichos movimientos
sociales que pretenden democratizar la sociedad y son efecto de la
exclusión social, la desigualdad y la extrema pobreza a la que miles son
orillados. Los proyectos democratizadores del movimiento social actual
deben ir encaminado a buscar estrategias y tácticas para hacer
retroceder la dictadura y hacerla desaparecer.
Ahora,
el régimen Juanorlandista se encuentra en una encrucijada, un proyecto
político de ultraderecha, encaminado a perpetuarse en el poder para no
dejar que la izquierda reformista llegue al poder o todo gobierno que
atente contra los intereses, que ataque la exacerbada corrupción y sobre
todo los intereses de EEUU y de la elite local; dicho gobierno tendrá
que buscar legitimarse para ganar adeptos o algún tipo de "indulto",
perdón pupular, o algún tipo de aceptación, con un mesianismo social,
cosa que veo ya muy difícil pero estoy seguro se propondrá desde el
poder usurpador. Los futuros panoramas son oscuros, la vieja estructura
busca la democratización inmediata; ya las viejas relaciones sociales y
de producción están chocando con el nuevo caparazón que está irrumpiendo
en las conciencias y los imaginarios sociales, dicha imaginación hace
al Ser del hondureño, pensar en un ir más allá, trascender lo dado para
ser superior, es un imperativo hasta biológico y ético como diría
Emmanuel Kant. Nos merecemos una sociedad más justa y democrática.
Carta abierta a la Unión Europea
y sus Estados miembro sobre la preocupante situación de los derechos
humanos en Honduras en periodo post electoral
(171130)
-- TEGUCIGALPA, noviembre 30, 2017 (Xinhua) -- Personas participan
durante los enfrentamietos entre simpatizantes del candidato a la
presidencia de Honduras por la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla,
con policías a raíz de una protesta, en Tegucigalpa, capital de
Honduras, el 30 de noviembre de 2017. El actual presidente de Honduras y
candidato por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, aventaja con
el 42.68 por ciento las elecciones presidenciales, según el ultimo
reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgado el jueves. Con el
90.40 por ciento de las actas procesadas, el aspirante por la Alianza
de Oposición, Salvador Nasralla, contabiliza el 41.6 por ciento de los
sufragios. (Xinhua/Johny Magallanes) (da) (fnc)
Redes europeas y organizaciones internacionales de derechos
humanos manifestamos nuestra profunda preocupación ante el uso indebido y
en ocasiones mortal de la fuerza ejercida por los cuerpos de seguridad
del Estado contra manifestantes, así como otros ataques a defensores de
derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral en Honduras.
Hacemos un llamado a la Unión Europea a condenar estos hechos, a apoyar
públicamente a los defensores, y a solicitar al Estado de Honduras el
respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos El 26 de noviembre de 2017 se celebraron elecciones generales en
Honduras. Cuatro semanas después, el 18 de diciembre, Juan Orlando
Hernández (Partido Nacional) fue declarado presidente por el Tribunal
Supremo Electoral (TSE). Durante el proceso electoral, la Misión de
Observación de la UE (MOE- UE) y la Misión de Observación Electoral de
la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) observaron
irregularidades durante el proceso, que llevaron a la Secretaría General
de la OEA a plantear la repetición de las elecciones. Desde el 27 de noviembre, numerosas acciones de protesta han tomado
lugar en todo el país para exigir un proceso electoral transparente y
resultados fiables. Como respuesta, el 1 de diciembre 2017, el gobierno
de Honduras declaró el estado de excepción y decretó la suspensión de
garantías constitucionales temporalmente. Desde entonces, las
organizaciones de derechos humanos han registrado 30 ejecuciones —21 a
manos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), alrededor de 232
personas heridas y 1085 detenidas. La Directora de Medicina Forense del
Ministerio Público ha documentado 24 muertes violentas hasta el 4 de
enero de 2018. Hasta la fecha, las organizaciones de derechos humanos
desconocen si el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones
oportunas en estos casos. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en
Honduras ha documentado más de 50 casos de intimidación y hostigamiento
contra defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas,
lo que han llevado a un llamamiento conjunto de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto
Comisionado solicitando al Estado de Honduras garantizar el derecho de
manifestación pacífica, así como todos los derechos fundamentales. Esta
petición también ha sido solicitada por numerosas organizaciones
internacionales de sociedad civil. Frente a las continuas tensiones ocurridas en el período contexto
post-electoral y su afectación a los derechos humanos, el gobierno ha
anunciado la creación de una Secretaría de Derechos Humanos, como
entidad separada de la actual Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización del Gobierno de la República de
Honduras, la cual ha iniciado sus funciones el 27 de enero de 2018. No obstante, el uso indebido de la fuerza ejercida por elementos de
seguridad del Estado, los ataques contra defensores de derechos humanos,
la falta de respuesta adecuada de la institucionalidad responsable, así
como el cuestionamiento de amplios sectores por la ausencia de
aplicación de estándares internacionales en últimos procesos electorales
(2009, 2013 y 2017), están generando falta de confianza de la población
en el respeto de los principios de la democracia y el Estado de
Derecho, así como en la institucionalidad hondureña. En el marco de las relaciones con Honduras y la política exterior en derechos humanos exhortamos a la Unión Europea a: Emitir un comunicado público al más alto nivel que:
Reconozca la labor de los defensores de derechos humanos y donde muestre
su preocupación por los hechos ocurridos en la etapa post-electoral;
Haga un llamado al Estado de Honduras a abstenerse en el uso excesivo de
la fuerza contra la población y a garantizar los derechos a la
manifestación y a la libre expresión;
Solicite al Estado de Honduras investigar de forma inmediata y de manera
diligente todos los hechos de violencia denunciados, permitiendo la
identificación de los presuntos responsables. Instar al gobierno de Honduras a incluir el testimonio de las
víctimas y de las personas defensoras de derechos humanos en que
cualquier iniciativa de diálogo para resolver la crisis y conocer la
verdad de los hechos ocurridos en el contexto electoral. Solicitar al Estado de Honduras su colaboración con la misiones de
observación en derechos humanos por parte de los organismos
internacionales y regionales de derechos humanos. Adicionalmente, en el marco de cooperación para fortalecimiento del
sistema de justicia (Eurojusticia) y la Directrices sobre defensores,
demandamos a la Delegación de la Unión Europea en Honduras y a las
Embajadas de los países europeos en dicho país: Solicitar formalmente a los Ministros de Seguridad y Defensa
información sobre los protocolos vigentes aplicados en el marco de las
manifestaciones, así como las diligencias adoptadas para asegurar las
investigaciones sobre los estos hechos denunciados, asegurando que sean
prontas y efectivas para identificar a los responsables y proceder a su
enjuiciamiento.
Adoptar las medidas necesarias que visibilicen el apoyo de la UE a los
defensores, que contribuyan a un nuevo discurso público que reconozca su
labor y garantice un entorno seguro para el ejercicio de su función.
Promover un espacios propicio para la labor de los defensores, entre
otros, facilitando un encuentro entre el Sistema Nacional de Protección y
las personas beneficiarias con el objetivo de garantizar una respuesta
efectiva, adecuada y urgente en este contexto.
Continuar promoviendo espacios participativos de diálogo político y
consulta periódica con las organizaciones de la sociedad civil, entre
otros el mecanismo de intercambio con sociedad civil sobre temas de
derechos humanos, el Grupo Enlace. Al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales de la Unión
Europea, solicitamos monitorear la situación de derechos humanos, y en
caso consideren relevante emitir una resolución parlamentaria sobre la
situación de los derechos humanos, promover espacios de debate con
organizaciones de la sociedad civil. Suscriben: Red EU- LAT, Red europea de incidencia hacia América Latina ( ex CIFCA y ex Grupo Sur)
PROTECTION INTERNATIONAL
FRONTLINE DEFENDERS
OMCT, Organización Mundial contra la Tortura
CIDSE, Cooperación Internacional para el desarrollo la Solidaridad.
GOBIERNO HONDUREÑO PRESENTA “LEY MORDAZA” PARA REDES SOCIALES
El
diputado hondureño del gobernante Partido Nacional, Marcos Bertilio
Paz, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca
regular, según sus argumentos, “los actos de odio y discriminación en
las redes sociales y la Internet”.
Ante
el cerco mediático de la prensa tradicional a favor del gobierno y de
la represión militar, desde 2009 la mayoría del pueblo hondureño se
informa a través de medios alternativos y ha hecho de las redes sociales
una herramienta poderosa de autoinformación, comunicación y denuncia
nacional e internacional en la constante crisis social que afronta el
país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
A través del diputado nacionalista, Marcos Bertilio Paz, el gobernante
Partido Nacional, presentó este día ante el Congreso de Honduras, un
proyecto de ley que busca regular “los actos de odio y discriminación en
las redes sociales e Internet”.
El
parlamentario del departamento de Santa Barbara, argumentó que la
presentación de esa iniciativa responde a que “el uso de la tecnología
por gran parte de la población provoca el intercambio de opiniones de la
cual se forman de manera especial en redes sociales que ha desarrollado
un creciente animo de confrontación”.
Luego
de la noticia, los internautas y la oposición política han interpretado
ese proyecto “cachureco” como una “ley mordaza cibernética”, con la que
el actual gobierno pretende callar el disenso de miles y hasta millones
de usuarios en el país y en el extranjero que contrarrestan el
multimillonario pacto mediático entre la prensa tradicional hondureña y
la versión oficial del gobierno Hernández, discursos alineados desde
hace años, todos los días, en perjuicio de la sociedad que
permanentemente es bombardeada por desinformación de los medios
tradicionales y sus comunicadores al servicio del poder político y
económico.
“Tenemos
libre expresión y cada quien es dueño de lo que publica”, posteó una
usuaria identificada como Rebeca Castro; al tiempo que criticó al
funcionario por no comprender “las redes sociales”.
Cabe
mencionar que luego de las pasadas elecciones generales de 2017 y ante
el fracasado cerco mediático de la prensa tradicional, los hondureños se
informan a través de la prensa alternativa y han hecho de las redes
sociales una herramienta poderosa de autoinformación, comunicación y
denuncia de contenidos contra el fraude y la represión derivada de la
inconstitucional reelección presidencial del mandatario hondureño, Juan
Hernández.
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
viernes, 16 de febrero de 2018
COPINH ante la renuncia de miembros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH).
La salida del Juan Jiménez, Julio
Arbizu y Daniel Urrutia reflejan el nivel de impunidad que alcanza la situación
en Honduras. Casos como el de Berta Cáceres nunca encontrarán la justicia en
este sistema diseñado y controlado para que las élites económicas y políticas
tengan toda la libertad de asegurarse la impunidad.
Las acciones de Roger Matus, director
de la Fiscalía que lleva el caso de nuestra compañera Berta Cáceres, son clara
muestra de colusión para la impunidad, cuando deliberadamente obstaculiza la
investigación del caso y niega el acceso a la información y a la verdad para
las víctimas y a entes como la Maccih.
La Refundación de Honduras es el
llamado a construir nuestro futuro.
A las hondureñas y hondureños nos
queda más claro que nunca que la corrupción no va a combatirse mientras el nudo
de arpías que está comandando la política de Estado no sea tocada a
profundidad. Reconocemos la actitud digna de los miembros de la misión que se
apartan de la falsa idea de combate a la corrupción, a nosotros nos queda el
gran desafío de ingeniarnos el camino para desmantelar esas estructuras
criminales bien ancladas.
La justicia la haremos los pueblos,
por nuestras manos, por nuestros propios esfuerzos y con todo el peso de la
historia de la cual somos llamados y llamadas a ser protagonistas y motores
infinitos. COPINH- AUDIO PARA DESCARGAR DE LA DECLARACIÓN DE JUAN JIMÉNEZ
Resoluciones de la Conferencia de la Coalición contra las Bases Militares Extranjeras de los EEUU
Durante los días 12 al 14 de enero de este año se celebró en
Baltimore, Maryland, Estados Unidos, la primera Conferencia Nacional de
la Coalición contra las Bases Militares Extranjeras de los Estados
Unidos. En una declaración inicial señalarón que la Coalición “Si bien
podemos tener nuestras diferencias sobre otros temas, todos estamos de
acuerdo en que las bases militares extranjeras estadounidenses son los
principales instrumentos de la dominación mundial imperial y del daño
ambiental a través de guerras de agresión y ocupación y que el cierre de
las bases militares extranjeras de los Estados Unidos es uno de los
primeros pasos necesarios hacia un mundo justo, pacífico y sostenible”. Entre las decisiones que se tomaron en este encuentro figura la
convocatoria a un Día de Acción Global contra Guantánamo, para febrero
del 2018; el Día Nacional de Acción Contra Las Guerras de los EEUU en
su Territorio y en el Extranjero a desarrollarse durante la Primavera
de 2018 en los EEUU; y la realización de una Conferencia Global contra
las Bases Militares de los EEUU y la OTAN. Sobre la Convocatoria por el cierre de Guantánamo la “Coalición
contra las Bases de los EEUU en el Extranjero unánimemente hace un
llamado al movimiento global por la paz para organizar, el 23 de febrero
de 2018 o alrededor de esa fecha, acciones urgiendo a que los Estados
Unidos retire inmediatamente todas sus fuerzas y personal de la bahía de
Guantánamo y declare inmediatamente nulos e inválidos TODOS los
acuerdos cediendo el control cubano de la bahía de Guantánamo a los
EEUU”. También emitieron una declaración donde la “Coalición contra las
Bases Militares de EEUU en el Extranjero y todos los participantes en la
Conferencia exigen unánimemente que sean levantados todos los cargos
contra Hiroji Yamashiro y sus co-defensores Hiroshi Inaba y Atsuhiro
Soeda, y que cesen todos los intentos de silenciar al pueblo de Okinawa
en su justa búsqueda por librar a su patria de las muchas bases
militares de EEUU”.
El 43% de los asesinatos de periodistas ha ocurrido en el gobierno de Juan Hernández
Tomado de Pasos de Animal Grande
La
corrupción y la complicidad institucional de un sistema de justicia
carente de voluntad política para perseguir y castigar el delito,
históricamente ha provocado elevados índices de impunidad que a la fecha
mantiene sin castigo el 92% de los 75 crímenes contra periodistas y
comunicadores sociales.
Estadísticas
del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH),
indican que de octubre de 2001, cuando se registró el caso de Arístides
Soto a la fecha, 75 periodistas cayeron como producto de la
criminalidad, pero que del total, 69 casos, equivalentes al 92% están
impunes por falta de interés en las entidades operadoras de justicia. El
dato incluye a periodistas, camarógrafos, operadores de radio y
televisión, comunicadores sociales y dueños de medios, que manejaban
programas.
A
lo anterior se suma la enorme cantidad de denuncias por atentados,
amenazas de muerte, destrucción y robos de equipos, intimidación y
agresiones verbales y físicas, que por falta de interés tampoco se
resuelven en las entidades operadoras de justicia, pese a que muchas de
ellas han sido acompañadas por organismos de derechos humanos nacionales
y extranjeros.
De
los 75 asesinados, solo seis casos fueron resueltos mediante sentencias
condenatorias para los gatilleros. Hasta ahora no se conoce que haya
investigaciones para dar con el paradero de quienes ordenaron esas
muertes. Comúnmente la gente se refiere a ellos como los autores
intelectuales.
Y
hay que destacar que entre esos seis casos resueltos a medias, cuentan
aquellos que tuvieron mucha presencia en los medios de
comunicación, como el del director de noticias de HRN, Alfredo
Villatoro, el de Aníbal Barrow y Jorge (Jorgino) Orellana. Los demás
corresponden a las muertes violentas de Carlos Hilario Mejía, empleado
de Radio Progreso, Artemio Deras, de Radio La Voz de los Profetas y
Héctor Medina Polanco, de Omega Visión.
Con 18
y 16 casos cada uno, los departamentos de Francisco Morazán y Cortés,
respectivamente se ubican como las regiones de mayor riesgo para el
ejercicio de la profesión. La situación es relativa si se considera que
es donde hay mayor cantidad de medios de comunicación y donde mayores
intereses económicos y políticos se manejan.
El 43% de crímenes ocurren en el gobierno JOH
La
Unidad de Comunicaciones (CONADEH) registra que solo en los últimos
cuatro años, gobernados por Juan Orlando Hernández, en este país
centroamericano, auto determinado democrático y donde los empresarios y
funcionarios gubernamentales dicen vivir en paz, 32 periodistas y
comunicadores sociales fueron acribillados. Esa cifra representa el 43%
del total de asesinatos contra periodistas ocurridos en 16 años. Es
decir, en cuatro periodos gubernamentales.
Y
es que según Julio Velásquez, director de comunicaciones del CONADEH,
la cadena de crímenes inicia con la muerte violenta de Arístides Soto,
un periodista deportivo, de la corporación Televicentro encontrado
muerto y con signos de tortura, trabado en uno de los elevadores del
hotel Holiday Inc. de San Pedro Sula, el 6 de octubre de 2001 previo a
la transmisión del partido de futbol entre Honduras y Trinidad y Tobago,
eliminatorio para el mundial Corea-Japón 2002.
En la línea de fuego
Pese
a que en el país existe diversidad de entidades creadas en teoría para
la defensa de los derechos humanos, en la última década, los periodistas
se han mantenido en la línea del fuego que se desprende la corrupción y
del abuso de poder que ejercen las autoridades.
Es
esa razón que a diario se reportan agresiones a la libertad de prensa,
amenazas, intimidación y acoso contra los periodistas y comunicadores
sociales que piensan y se expresan de manera diferente a los grupos de
poder. Sin embargo, ese tipo de denuncias pasa desapercibida por quienes
tienen la obligación de investigarlas.
Por
ejemplo: Si usted ha sido víctima de amenazas y no cuenta con el nombre
completo de la persona que lo amenazó, el Ministerio Público no se la
recibe, a pesar del conocimiento que ellos tienen que la mayoría de
agresiones provienen de miembros del ejército y la policía, que al
momento de reprimir las manifestaciones quitan los ficheros de sus
uniformes. Tampoco le dicen, me llamo Jorge y vengo a darte en la
cabeza.
En
los últimos meses, como producto del fraude electoral, las
manifestaciones populares se han incrementado y también crecieron las
agresiones contra la población y los periodistas.
“Nos
trataron como bestias”, dijo Rony Marínez, periodista de Une TV, el
pasado 12 de enero, cuando él y sus compañeros Cesar Silva y Pedro
Amador fueron agredidos por la policía y los militares.
Ellos,
transmitían la manifestación de la Alianza de Oposición contra la
Dictadura cuando la policía les lanzó gases lacrimógenos, para luego ser
embestidos por militares que los atacaron con garrotes, patadas y
empujones.
La
Alianza de Oposición contra la Dictadura desconoce a JOH como
presidente y exige que le entregue el poder a Salvador Nasralla, quien
en las urnas habría ganado la presidencia. Y UNE TV acompaña ese clamor
popular porque están convencidos de que hubo fraude.
“Cuando
les dijimos que éramos de la prensa, nos sacaron a empujones y a
patadas, tenemos golpes en las piernas en las pantorrillas, en la
cabeza”, dijo Martínez.
En
esta ocasión también fue golpeada y obstaculizada para hacer su
trabajo la periodista Claudia Mendoza, corresponsal en Honduras de
Univisión. Ella estaba grabando la represión contra los periodistas de
UNE TV y por eso le dieron golpes en varias partes de su cuerpo. De un
garrotazo le botaron su teléfono celular el que resultó con la pantalla
quebrada, mientras que al camarógrafo de UNE TV le destruyeron la
cámara.
Durante la manifestación fueron agredidos el camarógrafo, Pedro Amador y los periodistas, Rony Martínez y Cesar Silva de UNETV.
No
se puede olvidar que después del golpe de Estado perpetrado en junio de
2009 contra el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras se ubicó
en los primeros lugares a nivel mundial con mayor riesgo para el
ejercicio periodístico. Muchos periodistas cayeron abatidos por las
balas, pero es hasta ahora que se escucha la voz del Colegio de
Periodistas de Honduras, CPH, haciendo mayor énfasis en situaciones que
han vivido los funcionarios y dueños de los medios que representan los
intereses del gobierno.
La
preocupación del CPH, representado por su presidente, Dagoberto
Rodríguez, se basa en los señalamientos que hace la oposición en contra
de los propietarios y directores de los diarios, La Prensa, El Heraldo,
La Tribuna, Televicentro, HCH y Canal 10, entre otros, que sirven como
plataforma del gobierno para que mantenga desinformada o mal informada a
la población.
Contrario
a lo anterior, el CPH no se pronuncia por la campaña de odio que se
desprende del gobierno y del Partido Nacional contra del Director de
Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, de los corresponsales de Telesur
e Hispan TV, Gilda Silvestrucci y Dassaev Alguilar y de los periodistas
de UNE TV, Ivis Alvarado, Cesar Silva, Rony Martínez y Jorge Aldana,
de Dunia Montoya y Bartolo Fuentes de la Revista Vida Laboral, por
ejemplo.
Otras violaciones
El
Estado de Honduras violenta la libertad de prensa cuando el ejército o
la policía impiden la libre circulación de los periodistas, quienes son
sometidos a registros y hasta les niegan la entrada a eventos
oficiales. El 18 de enero pasado, soldados de las Fuerzas Armadas le
impidieron a Cesar Silva entrar al Congreso Nacional a darle cobertura a
la sesión legislativa, donde el periodista ha trabajado por años.
Situación
similar estuvo a punto de ocurrir el 03 de diciembre de 2017 con la
periodista de Radio Progreso, Eleana Borjas, a quien soldados del
ejército sometieron a un registro exhaustivo cuando se aprestaba a
realizar su trabajo.
Elena Borjas, corresponsal de Radio Progreso en Tegucigalpa.
Otra
prueba de que la situación en Honduras no está nada fácil, se pudo ver
el pasado 05 de diciembre cuando las autoridades de migración retuvieron
y expulsaron a tres periodistas internacionales, Reed Lindsay, de
Estados Unidos; Edward Augustin, de Gran Bretaña y Jihan Hafiz, de Nueva
Zelanda, quienes llegaron al país para conocer la verdad de crisis
política derivada de las elecciones del 26 de noviembre, que bajo
cuestionamientos de fraude dan como ganador a Juan Orlando Hernández.
Datos
del Comité por la Libre Expresión (C Libre) detallan que el lunes 11 de
diciembre, miembros del Ejército Nacional detuvieron al comunicador
social, Josué Neptalí Rubí, quien le daba cobertura a una manifestación
pacífica contra el fraude electoral, en Nacaome Valle.
Rubí,
director del programa, Notivoz Estelar, de Canal 33 de San Lorenzo
Valle, fue encarcelado desde las12:30 del mediodía hasta las 10 de la
noche.
El comunicador denunció en una entrevista de pasosdeanimalgrande.com que
fue capturado y mantenido preso en celdas policiales a pesar que
informó a la policía que estaba en el ejercicio periodístico sobre lo
cual las autoridades tienen conocimiento porque lo hace desde hace
varios años.
El
once de diciembre de 2017 los militares que reprimían una manifestación
en San Marcos de Colon, en Choluteca, dispararon contra el vehículo en
que se conducía la periodista, Nilda Sosa, de Canal 11 y su
camarógrafo. Ellos realizaban su trabajo y de repente los militares
llegaron y abrieron fuego contra los manifestantes, acción que
denunciaron en la Oficina Regional del CONADEH.
Otro
incidente que registró C-Libre, ocurrió contra el comunicador
social, Walter Salinas, el 20 de noviembre pasado. Salinas, director
del Programa de Noticias y comentarios, que se transmite en Guayape
Visión, de Patuca Olancho, denunció ante el organismo haber sido víctima
de amenazas de muerte por parte de un activista del Partido Nacional,
de nombre Francisco Rodríguez.Salinas, fue amenazado cuando llegaba al
medio de comunicación para realizar su trabajo.
El
23 de enero pasado, la periodista Paola Cobos de Canal 6 llegó a una
manifestación de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, comenzó a
tomar fotos con su teléfono celular y como no andaba identificada un
grupo de manifestantes pensó que se trataba de alguien que se había
infiltrado. “agárrenla, agárrenla”, se escuchó en la multitud y ella
comenzó a correr, la alcanzaron y al decirles que es periodista ellos se
limitaron a revisarle su teléfono.
Pero
los periodistas están claros que se encuentran en la línea de fuego,
unos que por trabajar en los medios controlados por el gobierno están
obligados a opinar en contra del pueblo y otros que de manera
independiente y conscientes de que el periodismo no debe replegarse al
poder se anteponen a las prácticas corruptas y se ubican en
contraposición de la policía y del ejército. Estos son los que más se
exponen a situaciones difíciles, como la experimentada por Dunia
Montoya, periodista de la Revista Vida Laboral, el 01 de septiembre de
2015. Ella fue agredida por policías, cuando daba cobertura a una
manifestación de pobladores de El Progreso, Yoro, que exigían
encarcelamiento de los verdaderos responsables del robo en el Instituto
Hondureño de Seguridad Social.
En
la brutalidad policial Montoya resultó con fracturas en uno de sus
brazos y le destruyeron su equipo de trabajo. En esa misma ocasión los
agentes también agredieron Eddie Andino, de Canal 6, a Gerardo Chévez,
de Radio Progreso y a Román Paz, de Campus TV.
Inaceptable persecución del CPH
“Los
periodistas deben estar siempre contra el poder o por lo menos
criticándolo”, dice Jorge Ramos en su libro, A la Caza del León.
Sin
embargo, Honduras está lejos, porque al parecer los dueños de medios en
sus contratos con el Estado y con la empresa privada incluyen la
conciencia y el pensamiento de los directores, jefes de redacción y
periodistas.
Es
por eso, que no es extraño que el Colegio de Periodistas de
Honduras,(CPH), defienda a los medios parcializados con el gobierno y
colabore en acallar a los periodistas que denuncian la corrupción.
En
noviembre de 2017, el CPH amenazó con querellar al personal del
periódico digital, Criterio hn, por denunciar la corrupción histórica en
el Instituto de Previsión del Periodista, (IPP).
En
su reportaje del 31 de octubre de 2017, Criterio-hn afirma que desde
1987 los directivos del CPH han manejado más de 300 millones de
lempiras sin control del gasto administrativo en detrimento de las
pensiones de los afiliados. Y es esa razón, por la que según la
directora del medio, Emy Padilla, fueron amenazados por el CPH.
Lo querella su patrón
Efrén
Bonilla, periodista que lucha por el pago de las prestaciones de 288
empleados despedidos ilegalmente por Diario Tiempo, entre ellos decenas
de periodistas, fue demandado por su patrón, Carlos Rosenthal y en un
juzgado penal tuvo que pedirle disculpas para evitar ir a la cárcel.
A
Bonilla lo demandó por difamación Carlos Rosenthal, director del diario
por haber dicho en una manifestación pública, que su patrón era el
dueño de Editorial Honduras y que era testaferro de la familia
Rosenthal.
Diario
Tiempo cerró operaciones del periódico impreso cuando varios miembros
de la familia Rosenthal fueron acusados de cometer delitos en Estados
Unidos y la Oficina Administradora de Bienes Incautados,(OABI,) les
aseguró varias empresas. No pagó salarios ni prestaciones de los
trabajadores por lo que ellos realizaron acciones para exigir sus
derechos.
Organismos internacionales
La
difícil situación que vive la prensa en Honduras ha comenzado a calar
en los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, (CIDH), y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH),
entidades que ya se han pronunciado por las amenazas y hostigamientos
que sufren no solo los periodistas sino también defensores de derechos
humanos en el contexto post-electoral.
En
tal sentido, estos organismos le han solicitado al Estado de Honduras
tomar las medidas adecuadas para garantizarles la libertad que requieren
los periodistas para hacer su trabajo.
De
igual manera, instan que las autoridades investiguen las denuncias por
agresiones, intimidación y amenazas que se han registrado antes y
después del cuestionado proceso electoral. El llamamiento incluye la
investigación de las campañas de difamación y estigmatización de
periodistas a través imágenes impresas que circulan en las redes
sociales.
Además,
la CIDH y la OACNUDH plantean la necesidad de dotar de los recursos
necesarios al Mecanismo Nacional de Protección para Defensores de
Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de
justicia para funcione adecuadamente.
Otro
organismo internacional que se ha pronunciado por violaciones a
libertad de prensa en Honduras, es la Sociedad Interamericana de Prensa,
(SIP). El ente condenó la prohibición de ingreso a Honduras “de tres
periodistas internacionales y el ambiente hostil contra reporteros y
trabajadores de medios que cubren las protestas tras las polémicas
elecciones presidenciales”.
Gustavo
Mohme, presidente de la SIP y director del diario La República, de
Lima, Perú, dijo que la situación en Honduras es contraria a lo que debe
regir en una sociedad democrática y la calificó como de un asunto de
interés nacional e internacional.
Sostuvo,
que los periodistas freelancers estadounidenses Jihan Hafiz y Reed
Lindsay, y el británico Ed Augustin, viajaron el 04 de diciembre a
Honduras para cubrir la crisis política por los resultados de las
elecciones presidencial del 26 de noviembre y las denuncias de fraude y
que los tres periodistas fueron retenidos durante 24 horas en el
Aeropuerto Internacional Toncontín sin que las autoridades migratorias
explicaran la razón de su deportación del país al día siguiente.
¿Y los ente nacionales, qué?
En
Honduras funciona diversidad de organismos creados por el gobierno para
la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el país sigue
registrando niveles elevados de impunidad y violación a estos
derechos.
Nadie
se explica por qué en la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos
todavía están pendientes de resolver innumerables violaciones de los
derechos humanos denunciadas por periodistas y comunicadores sociales de
todo el país en el 2009 y años posteriores, contenidas en los informes
del CONADEH y demás organismos nacionales y extranjeros.
Para
cumplir un compromiso internacional, Porfirio Lobo, en su gobierno creó
la Secretaría de Derechos Humanos, no la dejaron trabajar y al llegar
al poder Juan Orlando Hernández, la cerró. Sin embargo, a manera juego,
el mismo presidente, declarado reelecto ilegalmente y acusado de robarse
las elecciones, reabre la entidad y ha nombrado a Karla Cueva, como la
nueva secretaria de derechos humanos, acción que realiza en momentos en
que las fuerzas represoras del Estado reprimen al pueblo que exige la
salida del mandatario.
En
otro sentido, para cumplir otro compromiso internacional, también se
creó el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de
Justicia, pero de esta institución es poco lo que se puede decir debido a
que hasta hoy no es capaz ni de manejar al día las estadísticas de
violación a los derechos humanos.
Ante
tal situación, en las ciudades y pueblos de Honduras, donde el estado
de derecho brilla por su ausencia, los periodistas y comunicadores
sociales están en indefensión, pese a que diversas naciones del mundo le
han recomendado a las autoridades crear mecanismos capaces de
contrarrestar las amenazas, que no solo provienen del crimen organizado
sino también de la empresa privada y funcionarios del gobierno, incluida
la Policía y del Ejecito.
Los Muertos
En
octubre pasado, en Santa Rosa de Copan, murió tiroteado, el comunicador
social, Osmín España, conocido como el Payasito Pinpín. Él era el
conductor del programa de televisión “El Show del Príncipe”, donde
mezclaba el humor con la crítica a los problemas sociales.
A
la una de la tarde del miércoles 04 de octubre, en la colonia Osorio de
Santa Rosa de Copan, Pinpin fue encontrado con heridas de bala en su
cabeza, fue trasladado al hospital de Occidente pero los médicos
recomendaron llevarlo a San Pedro Sula para una intervención quirúrgica.
Un día después, este comunicador social fue declarado muerto en el
hospital Nacional Mario Catarino Rivas. Con él ya suman cinco los
periodistas asesinados en aquella región.
El
13 de septiembre en Omoa Cortés murió asesinado William Flores,
director del programa, sin pelos en la lengua, de Canal 22. El
comunicador social fue tiroteado por desconocidos que se transportaban
en motocicleta, en el sector de Santa Isabel.
En
su programa trataba varios temas, pero mantenía una posición crítica
hacia las empresas dedicadas a la siembra de zacate y palma africana
para la generación de energía eléctrica. Se ha informado que en Cuyamel,
Cuyamelito y en las cercanías del Rio Motagua, estas compañías han
deforestado miles de hectáreas de bosque.
El
crimen no ha sido investigado, pero irresponsablemente la policía
relacionó el hecho con la pelea de territorio por venta de drogas y
destacaron que el periodista era el dueño de un billar, donde meses
atrás mataron a un policía.
El
15 de junio, en el barrio La Gloria de La Ceiba Atlántida, frente a su
casa, fue ultimado el comunicador social, Víctor Fúnez, director del
programa televisivo, Panorama Nocturno, de Canal 45.
La
muerte del comunicador se rodea de un misterio luego que varios medios
dieran a conocer que la hermana del periodista, Melissa Fúnez,
responsabilizaba del crimen al alcalde de La Ceiba, versión que horas
más tarde fue descartada por la esposa del comunicador asesinado.
Por
el crimen, la policía capturó a Alvaro Euceda, conocido en la ciudad,
como El Pájaro, lo presentaron como el autor material y el detenido
aceptó haber matado a Fúnez por problemas personales, pero al día
siguiente reveló que se había hecho cargo del delito porque en la
policía lo obligaron a inculparse. “Me golpearon” expresó.
Víctor
Fúnez era parte de los dueños del canal y además aspiraba convertirse
en diputado del Congreso Nacional en las planillas el Partido Nacional,
instituto político al que también pertenece el edil ceibeño.
El
17 de enero de 2017 en San Pedro Sula, fue asesinado el periodista,
Igor Padilla, quien laboraba para el canal de televisión, Hable como
Habla,(HCH). Padilla realizaba la grabación de un comercial en la
fábrica de peluches Fabrika, del barrio Suyapa y recibió la llamada de
una mujer, salió para atenderla y fue acribillado por hombres vestidos
de policías que se conducían en un turismo color blanco.
La
policía detuvo a 17 supuestos miembros de la pandilla 18, incluido
Cristian Ariel Calix Hernández (Litlle Sam), de quien las autoridades
decían que estaba en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, sin darse
cuenta que desde el 24 de noviembre de 2016 estaba libre bajo fianza.
Por
el crimen solo fueron acusados dos supuestos autores materiales, Aaron
Alejandro Aguilar (El Sufrido), David René Benitez (Hellboy), al resto
de detenidos los acusaron de otros delitos, mientras que Marta Yolanda
Ortez, alias La Gorda, de quien se hijo que hizo la llamada, fue dejada
en libertad.
A
la lista de periodistas asesinados en 2017, también se suma el
camarógrafo de HCH, Edwin Rivera Paz, asesinato en Tijuana, México. Él
trabajaba con Igor Padilla y huyó de Honduras después del crimen de su
compañero. Un periódico digital mexicano informó que Rivera Paz fue
perseguido por ocupantes de dos motocicletas que le dispararon en varias
ocasiones.
Aparte
de esas muertes, el CONADEH también registra al menos 30 periodistas y
comunicadores sociales que en el 2017 reportaron haber sido víctimas de
robos, asaltos y atentados criminales, mientras que el Sistema Nacional
de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos,
Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, a
septiembre de 2017 reporta 129 solicitudes de protección atendidas, en
las que se cuentan 26 de periodistas y 7 de comunicadores sociales.
Informes
de diversos organismos de derechos humanos, coinciden en que el golpe
de Estado ejecutado en junio del 2009 desató la ola de violencia contra
los periodistas y comunicadores sociales que cubren las acciones de la
población en demanda de justicia y que protesta por la corrupción en el
país.
Antes
del golpe de Estado en Honduras solo se habían registrado cuatro
asesinatos de periodistas. Arístides Soto, en el 2001; Germán Rivas, en
el 2003, Carlos Salgado en el 2007 y Fernando González en el 2008.
Ya
para el 2009, cuando la gente sale a protestar por el rompimiento del
orden constitucional, la violencia alcanza niveles exagerados y el
ataque contra este gremio se incrementa. En este año fueron asesinados,
Bernardo Rivera Paz, Rafael Munguía, Osman Rodrigo López y Gabriel Fino
Noriega.
Cabe
decir que en el 2009 y bajo el régimen de Roberto Micheletti, surgido
con el golpe de Estado, se desarrollaron las elecciones generales y
resultó electo presidente, Porfirio Lobo Sosa, a quien la resistencia no
reconoció y desarrolló innumerables manifestaciones. La prensa estaba
allí, y como siempre, unos a favor y otros en contra.
Lobo
recibió la presidencia en enero de 2010 y en este año la lista de
periodistas asesinados subió de cuatro a doce. Nicolás Asfura, Joseph
Hernández, David Meza, Nahúm Palacios, Bayardo Mairena, Manuel de Jesús
Juárez, Luis Chévez Hernández, Jorge (Jorgino) Orellana, Carlos Humberto
Salinas Midence, Luis Arturo Mondragón, Israel Díaz Zelaya y Henry
Orlando Suazo.
En
el 2011, segundo año de gobierno de Lobo Sosa, comparado con el año
anterior, la cifra bajó de doce a seis. Y en este periodo fueron
asesinados, Héctor Francisco Medina Polanco, Luis Mendoza, Adán Benítez,
Nery Jeremías Orellana, Medardo Flores y Luz Marina Paz.
La
falta de investigación y judicialización de todos esos asesinatos,
provocó que en 2012, tercer año de gobierno de Lobo Sosa, volvieran a
incrementarse los asesinatos de periodistas. De seis, la cifra subió a
nueve, Zaira Fabiola Almendares Borjas, Fausto Elio Valle Hernández,
Noel Alexander Valladares, Erick Alexander Martínez Ávila, Ángel Alfredo
Villatoro Rivera, Adonis Felipe Gutiérrez Bueso, José Noel Canales
Lagos, Julio César Cassaleno, Ángel Edgardo López Fiallos.
El
2012 fue año político para las elecciones internas de los partidos y
donde hubo polarización, como la desatada entre el Partido Nacional
donde Miguel Pastor y Ricardo Álvarez señalaron a Juan Orlando
Hernándezde corrupto y de haberles robado las elecciones.
En
el 2013 la ola delictiva contra los periodistas se vuelve imparable y
le quitan la vida a Celín Zelaya Acosta, José Alfredo Osorto Barahona,
Aníbal Barrow, Manuel de Jesús Murillo Varela, Carlos Mauricio Flores
Hernández y Juan Carlos Argeñal Medina.
De
igual manera, en el 2014, primer año de gobierno de Juan Orlando
Hernández, diez periodistas cayeron abatidos, José Roberto Ugarte,
Carlos Mejía Orellana, Hernán Cruz Barnica, Oscar Antony Torres
Martínez, Luis Alonso Fúnez Duarte, Herlyn Iván Espinal Martínez, Nery
Francisco Soto Torres, Dagoberto Díaz Suárez, Dorian Argenis Ortez
Rivera y Reinaldo Paz Mayes.
En
el 2015 fueron asesinados, Juan Carlos Fernández, Erick Geovany Arriaga
Casco, Artemio Deras Orellana, Cristel Joctan López Bermúdez, Franklin
Johan Dubón, Juan Carlos Cruz Andara, Deibi Adalid Rodríguez, Joel
Aquiles Torres, Adelmo Cortez, Nelson Enrique Salinas. Y en el 2016
murieron asesinados, Marlon David Martínez Caballero, Dorian Hernández,
Elmer Cruz y Henry Roberto Reyes Salazar.
Atentados
Los
periodistas en Honduras también son víctimas de atentados criminales,
como el ocurrido el 24 de agosto de 2017 contra del director del
periódico, El Libertador, Jhonny Lagos y otro del que también fuera
víctima el 02 de mayo de 2016, Félix Antonio Molina, conductor del
programa de radio “Resistencia”, y asesor técnico de la Asociación de
Medios Comunitarios de Honduras,(AMCH).
Tanto
Félix como Lagos, mantienen posiciones críticas contra los abusos de
poder del gobierno y de la corrupción que campea en Honduras y es por
eso que en repetidas ocasiones han sido víctimas de situaciones
difíciles. Molina debió abandonar el país y se mantiene en el exilio.
En
el caso particular de Lagos, después del golpe de Estado, él, su medio y
sus compañeros periodistas han sido blanco de ataques sistemáticos. Y
aunque la policía ha querido vincular su atentado con el robo, los
antecedentes evidencian que todo sucedió con relación al ejercicio de su
profesión.
Lagos
y su esposa, Lurbin Yadira Cerrato, fueron atacados a tiros cuando
salían del centro de trabajo. La mujer resultó con una herida leve y el
periodista solo pudo salvar su vida tirándose al piso. Uno de los
atacantes le gritó a otro” pégale en la cabeza, rematá a ese hijo de la
gran puta”. El hecho ocurrió a tempranas horas de la noche.
Y
Félix Molina, recibió dos impactos de bala en sus piernas cuando se
transportaba en un taxi por el bulevar Morazán de Tegucigalpa.
De
igual forma, otros periodistas, camarógrafos, fotógrafos y
comunicadores sociales, como, Fidelina Sandoval, Geydy Arriaga, José
Ramón Maldonado, Antonio “Tony” Quintero, Virgilio Núñez, José Corea,
Nery Adalberto Recarte, Juan Carlos Cabrera Cruz, Elías Javier Chaín,
Joel Coca, Jorge Salvador Cabrera Alfaro, Amalia Rivera, Erick Mairena,
Ariel D’ Vicente, Héctor Antonio Madrid, Joseph Cruz, Salomón
Salguero, Jeovanny Castro, Pablo Matamoros, Kenia Arias, Ricardo Matute
y René Alberto Ortega, reportaron en distintos momentos haber sufrido
atentados.
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