Jiménez Mayor renuncia después de amenazas: Se agudizan las presiones políticas para que la MACCIH se vaya de Honduras
Thursday, 15 February 2018 21:47 Written by Webmaster Published in Contexto
De manera alterna con los resultados que comienzan a generarse por
parte de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras,(MACCIH), se intensifican las presiones políticas para que este
organismo internacional se retire del país, las cuales ya tuvieron
efecto con la renuncia del vocero de esta institución, Juan Jiménez
Mayor, este 15 de febrero.
El último incidente se dio este miércoles 14 de febrero, cuando el
vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, fue amenazado de muerte, a
través de una cuenta falsa de Facebook. “Juan Jiménez Mayor siempre
estará en nuestra memoria y la de toda mi familia”, dice un mensaje
publicado en una página de Facebook abierta con el nombre de Gabriela
Lizier.
A través de su cuenta de Twitter,Jiménez Mayor respondió a la publicación, diciendo que ya iniciaron los mensajes fúnebres y que vendrán más y peores cosas para los que trabajan en la Misión.
Pero la noche de este jueves Jiménez Mayor dijo que renunciaba de su cargo a través de su cuenta de Twitter, argumentando falta de comunicación con Luís Almagro, Secretario General de la OEA, quien asumirá la conducción de un diálogo muy cuestionado por diversos sectores de la sociedad hondureña y por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, por carecer de legitimidad, según han denunciado.
Jiménez Mayor es abogado y político peruano, que llegó a Honduras enviado por la OEA,como parte de la MACCIH, entidad encargada de brindarle apoyo al Ministerio Público, en la investigación y judicialización de innumerables casos de corrupción, que por años se han mantenido engavetados en los órganos operadores de justicia.
El año pasado se filtró información que la MACCIH desde adentro era torpedeada en sus acciones contra la corrupción, que habían intereses internos que se abrazaban con las pretensiones del gobierno de tener un organismo sumiso y fiel a sus directirces.
En su renuncia denunció que presentó a Almagro un informe el pasado 19 de octubre, antes de las elecciones generales donde detallaba qué cosas debía atender el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero el mismo no ha sido publicado por la OEA.
La MACCIH es producto de la presión popular que a mediados del 2015 ejerció la ciudadanía, mediante las marchas de las antorchas, para que se investigue a los verdaderos responsables del robo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de donde salieron varios cheques a través de empresas de maletín para financiar las campañas políticas del Partido Nacional de Honduras.
Si bien, hasta ahora no se conocen acusaciones contra los líderes nacionalistas por el saqueo en el IHSS, ya se han revelado datos de investigaciones,que no solo involucran a varios de ellos, sino también a empresarios vinculados con ese instituto político, que pese a los señalamientos de fraude electoral, todavía se mantiene en el poder.
Tratan de desmantelar la MACCIH
Hasta hace poco, la MACCIH se veía como la plataforma del gobierno para darse a conocer internacionalmente como transparente y con voluntad de lucha contra la corrupción. Sin embargo, al darse a salir a la luz los primeros avances y anuncios de investigaciones a empresas privadas, que en contubernio con funcionarios públicos cometen fraude para acelerar procesos de concesiones y directores de instituciones del Estado que desvían fondos para el financiamiento de campañas políticas, es desde el mismo Estado que ahora buscan desmantelar a esa institución.
Por ejemplo: En julio de 2017, Juan Jiménez Mayor, dio a conocer, que la MACCIH investiga delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, que se habrían cometidos en el otorgamiento de contratos y en el financiamiento de la empresa Desarrollos Energéticos S.A, (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que además es señalada,responsable de la muerte de la dirigente indígena, Berta Cáceres.
El anuncio, hizo reaccionar al Consejo Hondureño de la Empresa Privada,que con lenguaje descalificador de inmediato rechazó las declaraciones de Jiménez Mayor. “Escuchamos con preocupación las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, en las que detalló datos, nombres y situaciones que no corresponden a la realidad jurídica”, expresó el COHEP en un comunicado leído en conferencia de prensa.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, acusó de irresponsable al vocero de la MACCIH, por haberse referido a las irregularidades que supuestamente cometió DESA.
En diciembre pasado, con el apoyo de la MACCIH, el Ministerio Público acusó a los diputados, Augusto Cruz Ascencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Denis Sánchez y Eleazar Juárez, por malversación de 8.3 millones de lempiras.
Según la MACCIH, ellos sacaron el dinero para construir obras sociales, a través de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, pero la ong recibía los desembolsos de la Secretaría de Finanzas y luego se los depositaba a cuentas particulares de los parlamentarios.
El caso se conoce como la Red de los Diputados, y según Jiménez Mayor, en esa organización ilícita podrían estar integrados 140 parlamentarios, incluido el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de quien dijo, está siendo investigado.
Parlamentarios se autoprotegieron
Para auto protegerse, en la última legislatura, desarrollada a mediados de enero pasado, los diputados nacionalistas, con el acompañamiento de las bancadas de partidos minoritarios, UD, DC y PAC, llamados “bisagras”, aprobaron una reforma de la Ley de Presupuesto que cambia el procedimiento de liquidación de los fondos públicos, le da facultad al Tribunal Superior de Cuentas,(TSC), para determinar si los funcionarios han cometido o no responsabilidades administrativas, civiles y penales y le quita atribuciones al Ministerio Publico.
Antes, el Ministerio Público podía investigar casos de corrupción al no más conocer la denuncia, pero la reforma lo obliga a esperar que el TSC se pronuncie a través de un informe. Esto deja más tranquilo a ese ente acusador que no es que actúa para diligencia para castigar a los que delinquen sino que busca asideros para dejar sin la persecusión a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
Cabe decir, que los diputados que habían sido acusados por la MACCIH y el Ministerio Público en los Tribunales de Justicia, fueron liberados por la Jueza que conocía la causa, un día después de haber sido publicada la reforma, en el Diario Oficial, La Gaceta.
Jiménez Mayor denunció la situación y pidió derogar la reforma. Y pese a que su petición ha sido respaldada por diversos organismos nacionales y extranjeros, en la cámara legislativa ya nadie habla de esa norma aprobada y publicada.
Lea la carta de renuncia de Jiménez Mayor en twitteren este link
Vea la renuncia en PDF Aquí
A través de su cuenta de Twitter,Jiménez Mayor respondió a la publicación, diciendo que ya iniciaron los mensajes fúnebres y que vendrán más y peores cosas para los que trabajan en la Misión.
Pero la noche de este jueves Jiménez Mayor dijo que renunciaba de su cargo a través de su cuenta de Twitter, argumentando falta de comunicación con Luís Almagro, Secretario General de la OEA, quien asumirá la conducción de un diálogo muy cuestionado por diversos sectores de la sociedad hondureña y por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, por carecer de legitimidad, según han denunciado.
Jiménez Mayor es abogado y político peruano, que llegó a Honduras enviado por la OEA,como parte de la MACCIH, entidad encargada de brindarle apoyo al Ministerio Público, en la investigación y judicialización de innumerables casos de corrupción, que por años se han mantenido engavetados en los órganos operadores de justicia.
El año pasado se filtró información que la MACCIH desde adentro era torpedeada en sus acciones contra la corrupción, que habían intereses internos que se abrazaban con las pretensiones del gobierno de tener un organismo sumiso y fiel a sus directirces.
En su renuncia denunció que presentó a Almagro un informe el pasado 19 de octubre, antes de las elecciones generales donde detallaba qué cosas debía atender el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero el mismo no ha sido publicado por la OEA.
La MACCIH es producto de la presión popular que a mediados del 2015 ejerció la ciudadanía, mediante las marchas de las antorchas, para que se investigue a los verdaderos responsables del robo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de donde salieron varios cheques a través de empresas de maletín para financiar las campañas políticas del Partido Nacional de Honduras.
Si bien, hasta ahora no se conocen acusaciones contra los líderes nacionalistas por el saqueo en el IHSS, ya se han revelado datos de investigaciones,que no solo involucran a varios de ellos, sino también a empresarios vinculados con ese instituto político, que pese a los señalamientos de fraude electoral, todavía se mantiene en el poder.
Tratan de desmantelar la MACCIH
Hasta hace poco, la MACCIH se veía como la plataforma del gobierno para darse a conocer internacionalmente como transparente y con voluntad de lucha contra la corrupción. Sin embargo, al darse a salir a la luz los primeros avances y anuncios de investigaciones a empresas privadas, que en contubernio con funcionarios públicos cometen fraude para acelerar procesos de concesiones y directores de instituciones del Estado que desvían fondos para el financiamiento de campañas políticas, es desde el mismo Estado que ahora buscan desmantelar a esa institución.
Por ejemplo: En julio de 2017, Juan Jiménez Mayor, dio a conocer, que la MACCIH investiga delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, que se habrían cometidos en el otorgamiento de contratos y en el financiamiento de la empresa Desarrollos Energéticos S.A, (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que además es señalada,responsable de la muerte de la dirigente indígena, Berta Cáceres.
El anuncio, hizo reaccionar al Consejo Hondureño de la Empresa Privada,que con lenguaje descalificador de inmediato rechazó las declaraciones de Jiménez Mayor. “Escuchamos con preocupación las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, en las que detalló datos, nombres y situaciones que no corresponden a la realidad jurídica”, expresó el COHEP en un comunicado leído en conferencia de prensa.
Por su parte, la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, acusó de irresponsable al vocero de la MACCIH, por haberse referido a las irregularidades que supuestamente cometió DESA.
En diciembre pasado, con el apoyo de la MACCIH, el Ministerio Público acusó a los diputados, Augusto Cruz Ascencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Denis Sánchez y Eleazar Juárez, por malversación de 8.3 millones de lempiras.
Según la MACCIH, ellos sacaron el dinero para construir obras sociales, a través de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, pero la ong recibía los desembolsos de la Secretaría de Finanzas y luego se los depositaba a cuentas particulares de los parlamentarios.
El caso se conoce como la Red de los Diputados, y según Jiménez Mayor, en esa organización ilícita podrían estar integrados 140 parlamentarios, incluido el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de quien dijo, está siendo investigado.
Parlamentarios se autoprotegieron
Para auto protegerse, en la última legislatura, desarrollada a mediados de enero pasado, los diputados nacionalistas, con el acompañamiento de las bancadas de partidos minoritarios, UD, DC y PAC, llamados “bisagras”, aprobaron una reforma de la Ley de Presupuesto que cambia el procedimiento de liquidación de los fondos públicos, le da facultad al Tribunal Superior de Cuentas,(TSC), para determinar si los funcionarios han cometido o no responsabilidades administrativas, civiles y penales y le quita atribuciones al Ministerio Publico.
Antes, el Ministerio Público podía investigar casos de corrupción al no más conocer la denuncia, pero la reforma lo obliga a esperar que el TSC se pronuncie a través de un informe. Esto deja más tranquilo a ese ente acusador que no es que actúa para diligencia para castigar a los que delinquen sino que busca asideros para dejar sin la persecusión a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.
Cabe decir, que los diputados que habían sido acusados por la MACCIH y el Ministerio Público en los Tribunales de Justicia, fueron liberados por la Jueza que conocía la causa, un día después de haber sido publicada la reforma, en el Diario Oficial, La Gaceta.
Jiménez Mayor denunció la situación y pidió derogar la reforma. Y pese a que su petición ha sido respaldada por diversos organismos nacionales y extranjeros, en la cámara legislativa ya nadie habla de esa norma aprobada y publicada.
Lea la carta de renuncia de Jiménez Mayor en twitteren este link
Vea la renuncia en PDF Aquí
GASEADA CHOLUTECA EN MASIVA MOVILIZACIÓN CONTRA REELECCIÓN
La
tarde de este sábado ciudadanía de la sureña ciudad de Choluteca y de
lugares próximos salió de manera masiva y pacífica a la movilización
contra la reelección presidencial y el fraude electoral en Honduras,
cuando se aprestaban a los discursos, agentes del gobierno acordonaron
la plaza y empezaron a tirar varias bombas lacrimógenos sin importar que
el gas tóxico dañara a personas de toda edad.
La
numerosa caravana de automóviles, bicicletas, motos y cientos de
personas a pie transitaron esta tarde por las calles de tierra
polvorienta de esa ciudad, también conocida en el país como la “Sultana
del Sur”, ubicada a unos 140 kilómetros al sur de la capital hondureña,
Tegucigalpa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Choluteca.
“Estamos luchando por justicia y libertad, hay 45 muertos y seguiremos
en la calle hasta que esto se arregle en el país, la Constitución nos
faculta para no obedecer a un gobierno usurpador. No caigamos en el
juego de los violentos que nos mandan militares para enfrentarnos
¿podemos hacerlo? Sí podemos, pero nuestra lucha es pacífica, para que
haya pelea dos deben estar de acuerdo”, exclamó una de las personas que
tomó el micrófono en la plaza pública de la ciudad de Choluteca, ubicada
140 kilómetros al sur de la capital hondureña, Tegucigalpa.
“Ya
no queremos a Juan Orlando en la presidencia”, dijo un participante que
llegó desde Nacaome, departamento de Valle. Y entre cientos de personas
otro dijo a la televisora Unetv, “es una lucha contra el crimen
electoral. Los organismos internacionales deben darnos respuesta, porque
el pueblo hondureño no quiere más corrupción, queremos que se respete
el voto que el pueblo depositó el 26 de noviembre donde elegimos a
Salvador Nasralla”.
La
numerosa caravana de automóviles, bicicletas, motos y cientos de
personas a pie transitaron esta tarde por las calles de tierra
polvorienta de la ciudad de Choluteca, también conocida en el país como
la “Sultana del Sur”, ubicada a unos 140 kilómetros al sur de la capital
hondureña, Tegucigalpa.
“Nosotros
estamos luchando por la libertad”, dijo un pastor que se hallaba entre
los manifestantes, posteriormente se desarrolló una jornada de oración,
fue en ese momento cuando trascendió que por órdenes de las autoridades
políticas de la ciudad, llegaron varios agentes del gobierno,
acordonaron la plaza donde se hallaba la ciudadanía realizando la parte
final del evento, y les lanzaron varias bombas lacrimógenas, que luego
dejaron de lanzar a la multitud cuando alguien tomó el micrófono para
pedir a los oficiales que se calmaran porque no querían problemas.
“No
nos vamos a cansar, aquí la solución y el problema es JOH, hay
protestas porque él está en la presidencia y la solución es que se vaya y
respete al pueblo”, expresó una señora.
Luego,
Geovany Martínez, diputado de Choluteca por el partido Libre dijo:
“estamos acompañando a nuestro pueblo, estamos elevando el nivel de
conciencia y organización, Choluteca ha cobrado consciencia y luchamos
contra este dictador que quiere apropiarse de nuestro país”.
En
tanto el coordinador de la Oposición en Choluteca, Luis Ortega,
explicó: “estamos orgullosos de los jóvenes que acompañan esta lucha,
queremos justicia y paz y vamos a seguir aquí luchando hasta que nos
reconozcan el triunfo que ganamos en las urnas, esta es una lucha
social, aquí andamos gente del partido Libre, patronatos, juntas y en
general el pueblo, la gente quiere seguir en las calles y aquí vamos a
seguir hasta que se solucione este conflicto”.
Cuando
ya caía la noche en la “Sultana del Sur”, el líder de los indignados
Miguel Briceño, que se desplazó desde Tegucigalpa a la fuerte
movilización sureña se dirigió a la concurrencia y la invitó a no bajar
los brazos, que la lucha sigue, porque le victoria final corresponde al
pueblo hondureño, a la justicia y a la libertad. La gente siguió en la
plaza conversando, planificando la siguiente movilización en una ciudad
que despertó para no dormir más.
Atentan contra el coordinador de la CNTC Franklin Almendares
Por: Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Franklin Mauricio Almendares Álvarez, coordinador general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), sufrió un atentado el viernes 09 de febrero, a eso de las 12 de la noche cuando salía de una reunión de trabajo.
Almendares expresó que, “teníamos una reunión de trabajo que se alargó, cuando salí de allí, eran las 12 de la noche, ya con rumbo a mi casa y en la bajada que está en frente de la funeraria San Miguel, de la colonia Alameda, en Tegucigalpa, me alcanzó un vehículo Hilux, doble cabina, color negro, nuevo, que golpeó de entrada la parte trasera de mi carro, con la intención de que yo me detuviera”.
Él no se paró y debido a eso, las personas del otro vehículo siguieron y atravesaron su carro “me bloquearon el paso y golpeando mi vehículo, esta vez en la puerta del lado del conductor y también el guardafangos de ese mismo lado, obligándome a detenerme”.
Almendrares considera que no era un robo común, porque no se llevaron nada de valor de lo que andaba en el carro “dos tipos armados se dirigieron hacia mí y me bajaron del carro por la fuerza, me registraron al estilo militar o policía e igual registraron mi mochila, se llevaron mi agenda, algo de dinero y un bote con agua que yo andaba nada más”.
El coordinador de la CNTC dijo que, pese a que portaba buena mochila y buen reloj sólo se fueron directamente a la agenda y documentos que andaba en la misma, pero sólo eran documentos personales, y libretas de escuela no se las llevaron.
Almendares declaró a www.defensoresenlínea.com, que “después del incidente con los tipos, cinco minutos después aparecieron cuatro efectivos de la policía preventiva a bordo de una patrulla, que se detuvieron dónde él se encontraba ya que no se había movido del lugar”.
Allí fue donde les expresé a los policías que me habían asaltado y golpeado mi vehículo, ellos sólo respondieron que me subiera a la patrulla y que fuéramos a darles persecución a ver si los encontrábamos. Yo les respondí que no iba hacer eso porque no podía dejar mi carro botado y ellos me dijeron que no había problema, entonces les propuse que los iba a seguir en mi carro, pero igual ellos sólo se fueron no me brindaron más apoyo, relató el dirigente campesino.
Decidí ir a poner la denuncia a la estación policial Metropolitana #1, conocida como CORE-7. Pero cuando ya iba a inmediaciones del parque Valle -en el centro de Tegucigalpa- otra patrulla me hizo señal de parada, me preguntaron que si era yo la persona que habían asaltado, les respondí que sí, y ellos me pidieron que los acompañara, siguiéndolos al CORE7. Almendares miré sospechoso esa acción policial, por lo que los siguió un momento y después desvió el camino.
Esta no es la primera vez que al coordinador de la CNTC, Franklin Almendrares le ocurren hechos similares, donde lo que siempre le llevan son documentos, agenda y copias de expedientes de trámites de tierras que lleva al Instituto Nacional Agrario (INA), además han tiroteado su carro y le han sacado el aire de las llantas del mismo.
Listo requerimiento contra policías que atacaron defensores de DDHH ¿Cuándo se ejecutará?
Niegan visita de delegación religiosa de EEUU a preso político Edwin Espinal
Riccy Ponce
Un grupo de religiosos de distintas partes de Estados Unidos viajó hasta las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad denominada “La Tolva”, ubicada en Moroceli, El Paraíso, para visitar a Edwin espinal activista social y popular, pero no se les permitió la entrada.
La delegación viajó a La Tolva ayer en compañía de la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Los tres integrantes de la delegación religiosa de emergencia a Honduras que viajaron hasta la zona oriental del país y que no se les permitió la entrada a ese centro penal, son Marianne Perrone, Lucy Eduards y Jim Philips.
La misión aprovechó su visita a Honduras y se trasladó hasta la zona oriental del país para tratar de hablar con Edwin Espinal y conocer sobre su situación en ese centro penal donde se encuentra recluido desde el pasado 20 de enero, día en que inició el paro nacional convocado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura.
“Ya que estamos acá en el país fuimos a tratar de visitarlo (a Edwin Espinal) y verlo y verificar las condiciones en las que se encuentra, pero no los permitieron ingresar, solo la abogada entró porque siendo su abogada si pudo entrar, pero nosotros como comisión internacional no”, dijo Marianne Perrone, una de las integrantes de la delegación.
Indicó que “después de esperar varias horas, logramos tener una entrevista con el director para tratar de entrar, sabiendo que éramos internacionales y de Derechos Humanos y que Edwin tenía derecho a una visita así, después de 11 días de estar encarcelado, pero fueron muy duros en este caso”.
La religiosa internacional expresó que las autoridades del Centro Penitenciario les manifestaron que no tenían la orden de dejarlos ingresar porque tenían que tener permiso de la directora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) Abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, pero la misma no se encontraba en el país.
Asimismo sostuvo que “le pedimos que hiciera una excepción porque él es director de la cárcel, ya que siendo él director debe de tener algún espacio paras excepciones, ya que llevamos carnet que nos acredita como organismos de derecho humanos, pero él respondió la ley es la ley y que por eso no pudo dejarnos entrar y que si él nos dejaba pasar lo encarcelarían”.
Marianne Perrone dijo a defensores en línea.com que “es un patrón aquí en Honduras negar los derechos de muchas personas presas, pero en este aspecto de presos políticos que está encarcelado y él dice que es inocente y claro tiene que tener claro todo, pero una visita de una comisión internacional para ver cómo está él, me parece muy justo para Edwin, así también es injusto para él que no dejaran ingresar para poder verlo”.
Los religiosos se congregaron frente a la embajada de Washington en Tegucigalpa para participar en una vigilia el día domingo 28 de enero a las 6 de la tarde y el día lunes para leer una declaración en la que demandan el “alto a la ayuda de los Estados Unidos para la seguridad del Estado al ejército y policías de Honduras y la militarización de la región”.
También aprovecharon el viaje ´para visitar a Edwin Espinal quien está recluido en el Centro Penitenciario de Moroceli, El Paraíso, por los delitos de daño agravado, incendio agravado y portación de material de fabricación cacera y se le dictó sobreseimiento provisional por la ampliación al delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, pero esto último no tuvo éxito porque no se les permitió la entrada a ese Centro Penal.
MILITARES DISPARAN CONTRA AMBIENTALISTAS OPUESTOS A HIDROELÉCTRICA EN HONDURAS
El Movimiento
Popular para la Defensa del Medio Ambiente (MPDMA), ha denunciado en
redes sociales, que el pasado martes algunos de sus miembros fueron
heridos de bala por efectivos de la Policía Militar, que se ha encargado
de proteger los intereses de la Promotora de Generación de Energía
Limpia (Progelsa).
Según
el portal defensoresenlinea.com, la empresa ha estado desarrollando un
proyecto hidroeléctrico en el río Petacón, el cual pertenece al
patrimonio indígena Lenca de esa zona. En marzo de 2017, los pobladores
ya se habían tomado la carretera que conduce al sur del país, en señal
de desacuerdo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El Movimiento Popular para la Defensa del Medio Ambiente (MPDMA),
alertó a través de las redes sociales que el pasado martes, varios de
sus integrantes fueron atacados con “balas vivas” por efectivos de la
Policía Militar (PM).
Los
hechos suscitaron en la comunidad de Reitoca, Francisco Morazán,
dejando con heridas a los activistas Miriam Geraldina Osorto (pierna) y
Andrés Gutiérrez (mano), quienes se trasladaron a Tegucigalpa, capital
hondureña, para ser tratados en el Hospital Escuela Universitario (HEU).
Según
el coordinador del MPDMA, Christopher Castillo, desde hace 18 días los
pobladores de Reitoca han mantenido una toma en la entrada de la
construcción de una represa que se edifica en el río Petacón, ya que el
proyecto hidroeléctrico estaba dejando en sequia a la comunidad.
Castillo
mencionó que la empresa a cargo del proyecto es la Promotora de
Generación de Energía Limpia S.A (Progelsa), quien a su vez ha
contratado a la constructora Servicio de Mantenimiento y construcción S.
A. (Sermaco), para la finalización de las obras.
Para
el movimiento de defensores del ambiente, el plan de estas empresas es
venderle energía eléctrica a El Salvador. Castillo, mencionó que se
había dado el plazo de un mes a Progelsa, para que retirara la
maquinaria antes del 1 de febrero, o si no los pobladores tomarían
acciones, ya que además se trata de afectar a la comunidad, el equipo
fue instalado en un territorio ancestral indígena Lenca.
Sin
embargo, el pasado 30 de enero, el MPDMA se disponía para ir a sacar la
maquinaria del lugar, tarea que fue impedida por los elementos de la
Policía Militar. “Llegaron a disparar, amenazar y a agredir a los
compañeros que estaban en la zona, con el fin de sacarlos, y como
resultado tenemos dos personas heridas y varias personas a amenazadas y
un serio proceso de intimidación por parte de los entes represores”.
Según el portal defensoresenlinea.com,
Castillo responsabiliza directamente al directivo de Progelsa Jack
Arévalo por lo sucedido y en “cualquier daño a la integridad física de
un poblador de Reitoca en lucha, un miembro del movimiento popular, a mi
persona y a las personas agredidas”, en caso de futuras acciones
arbitrarias.
Un
comunicado del MPDMA del 25 de enero de 2018, expone la oposición ante
el proyecto hidroeléctrico, argumentando que la licencia de operación
ambiental fue aprobada ilegalmente y además violenta lo estipulado en el
convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), porque
no hubo campaña de consulta e información a los pobladores de la zona.
En
Honduras han sido varios los casos que han trascendido a nivel
internacional por el abuso de empresas dedicadas a los proyectos
energéticos, de hecho, uno de los que más ha tenido connotación ha sido
el de “Agua Zarca”, porque le costó la vida a la mundialmente reconocida
ambientalista, Berta Cáceres.
El
22 de marzo del 2017, los pobladores ya habían ejercido una toma de
carretera contra el proyecto y por otro lado, la empresa ha enviado un
comunicado a medios de comunicación tradicional, alegando que sus
papeles están en “regla”.
La
criminalización de defensores del ambiente, también ha estado a la
orden del día en el país y es una de muchas formas de acallar las voces
de los activistas sociales. Desde el 2009, más de 120 ambientalistas han
sido asesinados.
JOH AGRADECE A MILITARES REPRESIÓN Y ASESINATO DE HONDUREÑOS
El
expresidente, ahora dictador de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH),
agradeció anoche ante la virgen de Suyapa, a las Fuerzas Armadas por
su papel en la crisis electoral causada por la imposición de la ilegal
reelección y que hasta la fecha ha provocado el asesinato de al menos 37
manifestantes, entre otras violaciones a derechos humanos durante las
protestas de la oposición.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La noche de este jueves, el expresidente, ahora dictador de Honduras,
Juan Hernández, agradeció a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por su
“desempeño” en la crisis electoral que se desató con la imposición de la
reelección, que hasta la fecha sigue siendo ilegal, según la
Constitución de la República.
El
“reconocimiento” de Hernández se dio ante la virgen de Suyapa cuando él
en compañía de su gabinete de gobierno y de los presidentes del
Congreso y Corte Suprema de Justicia, visitaron el templo de la “patrona
de Honduras”, que conmemora hoy 271 años de su hallazgo.
“Sé
que ha sido difícil para ustedes ya que no han podido pasar mucho
tiempo con sus familias por estar trabajando en las fronteras, en los
barrios y ciudades”, dijo Hernández.
Igualmente,
refirió que en sus plegarias, ha pedido al “altísimo” que cuando los
militares estén retirados, puedan contar a sus descendientes “que su
generación fue la encargada de recuperar la paz y edificar una nueva
Honduras y se deben de sentir orgulloso de eso”.
Sin
embargo, gracias al actuar violento de las FF.AA. ya se han denunciado
varios actos de violaciones a los derechos humanos durante las
protestas, donde los hondureños han sido reprimidos sin razón.
En
ese tipo de acciones, se ha documentado incluso que los militares
golpean a cualquiera que se cruce frente a ellos, ya sea civil buscando
refugio, periodistas o defensores de la vida, incluso a menores de edad en brazos de sus padres.
Lo
más agravante es que según organizaciones de protección de derechos
humanos, han denunciado que desde el 30 de noviembre de 2017 a la fecha,
más de 37 personas han sido asesinadas por los castrenses.
La
Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha pedido a Hernández
abstenerse del uso de militares en las protestas de la oposición; no
obstante, el “mandatario” ha omitido esa petición.
Primer caso de violación a los DDHH del golpe de estado de 2009 a Juicio Oral y Público
Por Riccy Ponce
Este día en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se realizó la audiencia de proposición de medios de pruebas en el caso de la profesora Agustina Flores, víctima de vejámenes en el año 2009, por parte de las entonces agentes policiales Araceli García y Esther Ponce, en el marco de protestas contra el golpe de Estado y el restablecimiento del orden constitucional.
Asimismo, el Tribunal presidido por las juezas, Wendy Carolina Rivera, Sara Isabel Rodríguez y Jessica Dolores Silva, fijó el 24 de septiembre de 2018 a las 9:00 de la mañana, fecha para Juicio Oral y Público, informó Karol Cárdenas, abogada del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras ( COFADEH).
Cabe mencionar que este es el primer caso de violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de estado de 2009, que llegará a Juicio Oral y Público.
Agustina fue detenida ilegalmente y golpeada sin razón, cuando participaba en un plantón frente a la embajada de Brasil, en septiembre del 2009, durante el retorno del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, en el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
El COFADEH es la organización que representa legalmente el caso de la profesora Agustina, víctima de violación a los derechos humanos por ejercer su derecho de libertad de expresión mediante la protesta social, exigiendo la restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue sacado del país mediante las armas.
La profesora Agustina Flores López permaneció recluida 21 días en el penal de máxima seguridad para mujeres de la Capital hondureña y logró su libertad condicional tras el pago de cien mil lempiras de fianza, depósito que fue efectuado por el Colegio de Profesores de la que ella es afiliada.
Dos caras dividen a la capital industrial de Honduras, una de
ellas llena de concreto y la otra rodeada de pobreza, esa es la realidad
de San Pedro Sula en la actualidad. Por una parte, la orientación
mediática del gobierno municipal dirigido por Armando Calidonio hace la
propaganda de construcción de obras viales, pero por la otra oculta la
condición social, la condición de pobreza que sufren las zonas
denominadas de alto riesgo.
Esas caras son divididas por una línea de ferrocarril ubicada en la primera avenida del centro de la ciudad, debajo de esa línea se encuentran los barrios más pobres y abandonados por las políticas gubernamentales y municipales, mientras que arriba de esa línea están los barrios de clase media y alta, con negocios, zonas de comercio, turismo en la que se centraliza la apuesta política.
Así, San Pedro Sula se ha desarrollado desigualmente. En los últimos cuatro años de gobierno dirigidos por el alcalde Calidonio la dinámica de inversión fue orientada hacia la construcción de obras viales, en este enfoque la municipalidad sacó provecho de la concesión entregada al proyecto San Pedro Sula Siglo XXI, consorcio conformado por la empresa privada y que es dirigida por el empresario de la construcción William Hall Micheletti.
La construcción de obras por parte de este proyecto que es financiado por los altos pagos de matrícula vehicular de los sampedranos y sampedranas, fue pilar fundamental para la reelección de Calidonio como alcalde, la maquinaria mediática que posee levantó su perfil en la inauguración de obras importantes en la salida a Puerto Cortés y también el desarrollo de puentes a desnivel en la salida hacia La Lima.
La municipalidad también hizo una inversión millonaria a nivel de reparación de carreteras y habilitación de infraestructuras viales en algunas zonas de la ciudad, esa ha sido la apuesta de Calidonio y según sus promesas también será para los próximos cuatro años.
En San Pedro Sula viven aproximadamente un millón 400 mil habitantes, la pobreza, la violencia, el desempleo y el olvido social son los flagelos más importantes en la segunda ciudad más importante del país en materia política, pero primera en lo económico. Esta ciudad es el motor industrial del país, allí se concentran las bases del desarrollo económico, pero también se concentra un fuerte ambiente de violencia e inseguridad.
San Pedro Sula es considerada como una de las ciudades más violentas del mundo, esa realidad también es parte de las orientaciones políticas implementadas por los últimos gobiernos.
“Hay que humanizar la ciudad, Calidonio, como los últimos alcaldes han orientado su política hacia el cemento, al desarrollo de obras, que en su mayoría son en sectores privilegiados, pero de fondo el desarrollo social está estancado, y eso produce pobreza, desempleo y por ende inseguridad”, comenzó su valoración el ex regidor sampedrano Wilfredo Flores.
Para el ex regidor Cofradía, Rivera Hernández, El Carmen y la parte baja son además de zonas llenas de inseguridad, también de pobreza que al final facilita ese ambiente de violencia.
Según Flores, las proyecciones municipales indican que la pobreza en San Pedro Sula sigue en aumento desde los últimos 20 años. “Están maquillando la realidad, el cemento sí es importante, pero si creemos que eso es desarrollo por encima de las condiciones de la gente estamos totalmente equivocados”.
Para el ex candidato a la alcaldía y analista Ramón Barrios, el declive de la ciudad se debe a las malas administraciones municipales. “Esto se debe a las malas políticas y olvido de las mismas hacia la población de pocos recursos económicos, la ciudad vive un declive en la parte de atención social”.
Este 2018 la municipalidad comienza una transición en la nueva conformación municipal, siempre bajo el mando de Calidonio, pero con una composición variada del pleno. En la actualidad la municipalidad tendrá la presencia de regidores con mayoría pertenecientes a Libre, Partido Liberal y una regiduría independiente.
“Debemos cambiar las políticas en favor de las mayorías, es uno de los principales retos de esta corporación”, dijo el nuevo regidor de Libre, René Altamirano.
El manejo de Calidonio de la municipalidad en los últimos cuatro años fue dictatorial, tal y como caracteriza al gobierno del Partido Nacional a nivel presidencial. Calidonio y su grupo más cercano de asesores eran los que creaban las políticas de uso de fondos, inversión, aprobación de licitaciones y proyectos de concesiones de servicios públicos a manos privadas, el alcalde presentaba las mociones y a falta de oposición en la municipalidad pasada, las iniciativas eran aprobadas sin problema alguno.
“Este es el nuevo reto, organizar un bloque opositor, que en primer momento ponga un alto a lo que no es de beneficio a la gente y por otro lado que también tenga un aporte a desarrollar desde lo humano, desde lo social”, dijo la regidora independiente Fátima Mena.
“La oposición no debe ser para destruir, sino para construir, y hablamos de construir desde lo propositivo y de oponernos desde lo justo, desde la ideología del partido a la cual nos debemos”, reiteró Altamirano.
La ciudadanía valora con sentimientos encontrados las realidades de la ciudad. Daniel Rivera, sampedrano dijo que el desempleo, la falta de oportunidades y la falta de apuesta hacia la gente es parte de su incomodidad con el gobierno de Calidonio, pero por otra parte José Rodríguez, sampedrano considera que las obras sirven para descongestionar la ciudad en perspectiva vial, pero que eso no es suficiente para la gente.
El alcalde Calidonio se impone en el manejo municipal, en los últimos cuatro años, un gran número de sesiones de corporación fueron a puertas cerradas, los regidores en su mayoría tenían temor de denunciar este tipo de procesos antidemocráticos y poco transparentes.
“Mire en la municipalidad hay un control absoluto del alcalde, y los regidores no hacen oposición, dejan mucho que desear, guardo respeto hacia la regidora Gloria Millian, ella fue la única que se opuso a ese tipo de situaciones, pero los demás no respondieron a las exigencias del pueblo”, dijo el ex regidor Flores hace un par de meses a Radio Progreso, en el que hacía valoraciones sobre la composición municipal.
Por ahora los nuevos regidores que se denominan oposición tienen clara las apuestas de este nuevo gobierno municipal, en las que destacan el desarrollo social, la democratización de los espacios de discusión y el uso transparente de fondos públicos, si esa idea se queda en discurso, la ciudad avanzará bajo la dinámica de los últimos cuatro años, una dinámica fundamentada en cemento, pero absorbida por la pobreza y la inseguridad.
Esas caras son divididas por una línea de ferrocarril ubicada en la primera avenida del centro de la ciudad, debajo de esa línea se encuentran los barrios más pobres y abandonados por las políticas gubernamentales y municipales, mientras que arriba de esa línea están los barrios de clase media y alta, con negocios, zonas de comercio, turismo en la que se centraliza la apuesta política.
Así, San Pedro Sula se ha desarrollado desigualmente. En los últimos cuatro años de gobierno dirigidos por el alcalde Calidonio la dinámica de inversión fue orientada hacia la construcción de obras viales, en este enfoque la municipalidad sacó provecho de la concesión entregada al proyecto San Pedro Sula Siglo XXI, consorcio conformado por la empresa privada y que es dirigida por el empresario de la construcción William Hall Micheletti.
La construcción de obras por parte de este proyecto que es financiado por los altos pagos de matrícula vehicular de los sampedranos y sampedranas, fue pilar fundamental para la reelección de Calidonio como alcalde, la maquinaria mediática que posee levantó su perfil en la inauguración de obras importantes en la salida a Puerto Cortés y también el desarrollo de puentes a desnivel en la salida hacia La Lima.
La municipalidad también hizo una inversión millonaria a nivel de reparación de carreteras y habilitación de infraestructuras viales en algunas zonas de la ciudad, esa ha sido la apuesta de Calidonio y según sus promesas también será para los próximos cuatro años.
En San Pedro Sula viven aproximadamente un millón 400 mil habitantes, la pobreza, la violencia, el desempleo y el olvido social son los flagelos más importantes en la segunda ciudad más importante del país en materia política, pero primera en lo económico. Esta ciudad es el motor industrial del país, allí se concentran las bases del desarrollo económico, pero también se concentra un fuerte ambiente de violencia e inseguridad.
San Pedro Sula es considerada como una de las ciudades más violentas del mundo, esa realidad también es parte de las orientaciones políticas implementadas por los últimos gobiernos.
“Hay que humanizar la ciudad, Calidonio, como los últimos alcaldes han orientado su política hacia el cemento, al desarrollo de obras, que en su mayoría son en sectores privilegiados, pero de fondo el desarrollo social está estancado, y eso produce pobreza, desempleo y por ende inseguridad”, comenzó su valoración el ex regidor sampedrano Wilfredo Flores.
Para el ex regidor Cofradía, Rivera Hernández, El Carmen y la parte baja son además de zonas llenas de inseguridad, también de pobreza que al final facilita ese ambiente de violencia.
Según Flores, las proyecciones municipales indican que la pobreza en San Pedro Sula sigue en aumento desde los últimos 20 años. “Están maquillando la realidad, el cemento sí es importante, pero si creemos que eso es desarrollo por encima de las condiciones de la gente estamos totalmente equivocados”.
Para el ex candidato a la alcaldía y analista Ramón Barrios, el declive de la ciudad se debe a las malas administraciones municipales. “Esto se debe a las malas políticas y olvido de las mismas hacia la población de pocos recursos económicos, la ciudad vive un declive en la parte de atención social”.
Este 2018 la municipalidad comienza una transición en la nueva conformación municipal, siempre bajo el mando de Calidonio, pero con una composición variada del pleno. En la actualidad la municipalidad tendrá la presencia de regidores con mayoría pertenecientes a Libre, Partido Liberal y una regiduría independiente.
“Debemos cambiar las políticas en favor de las mayorías, es uno de los principales retos de esta corporación”, dijo el nuevo regidor de Libre, René Altamirano.
El manejo de Calidonio de la municipalidad en los últimos cuatro años fue dictatorial, tal y como caracteriza al gobierno del Partido Nacional a nivel presidencial. Calidonio y su grupo más cercano de asesores eran los que creaban las políticas de uso de fondos, inversión, aprobación de licitaciones y proyectos de concesiones de servicios públicos a manos privadas, el alcalde presentaba las mociones y a falta de oposición en la municipalidad pasada, las iniciativas eran aprobadas sin problema alguno.
“Este es el nuevo reto, organizar un bloque opositor, que en primer momento ponga un alto a lo que no es de beneficio a la gente y por otro lado que también tenga un aporte a desarrollar desde lo humano, desde lo social”, dijo la regidora independiente Fátima Mena.
“La oposición no debe ser para destruir, sino para construir, y hablamos de construir desde lo propositivo y de oponernos desde lo justo, desde la ideología del partido a la cual nos debemos”, reiteró Altamirano.
La ciudadanía valora con sentimientos encontrados las realidades de la ciudad. Daniel Rivera, sampedrano dijo que el desempleo, la falta de oportunidades y la falta de apuesta hacia la gente es parte de su incomodidad con el gobierno de Calidonio, pero por otra parte José Rodríguez, sampedrano considera que las obras sirven para descongestionar la ciudad en perspectiva vial, pero que eso no es suficiente para la gente.
El alcalde Calidonio se impone en el manejo municipal, en los últimos cuatro años, un gran número de sesiones de corporación fueron a puertas cerradas, los regidores en su mayoría tenían temor de denunciar este tipo de procesos antidemocráticos y poco transparentes.
“Mire en la municipalidad hay un control absoluto del alcalde, y los regidores no hacen oposición, dejan mucho que desear, guardo respeto hacia la regidora Gloria Millian, ella fue la única que se opuso a ese tipo de situaciones, pero los demás no respondieron a las exigencias del pueblo”, dijo el ex regidor Flores hace un par de meses a Radio Progreso, en el que hacía valoraciones sobre la composición municipal.
Por ahora los nuevos regidores que se denominan oposición tienen clara las apuestas de este nuevo gobierno municipal, en las que destacan el desarrollo social, la democratización de los espacios de discusión y el uso transparente de fondos públicos, si esa idea se queda en discurso, la ciudad avanzará bajo la dinámica de los últimos cuatro años, una dinámica fundamentada en cemento, pero absorbida por la pobreza y la inseguridad.
EURODIPUTADA LOLA SÁNCHEZ LAMENTA “DESFACHATEZ” DE JOH Y DIARIO LA PRENSA
La
reconocida eurodiputada, Lola Sánchez Caldentey, ha lamentado la
“desfachatez” de las últimas declaraciones del presidente reelecto, Juan
Orlando Hernández (JOH), y, sobre todo, el papel de varios medios de
comunicación tradicional, entre ellos diario La Prensa, por acusar a la
Oposición de vínculos con pandilleros para robarse las elecciones
celebradas el pasado 26 de noviembre.
“Infinita la desfachatez de este personaje (JOH), tal que un niño: ‘Maestra no fui yo, fueron ellos’. Misma desfachatez de este medio, atribuyendo a la legítima protesta los 40 asesinados que JOH lleva en sus espaldas ¿periodistas? Ahora es cuando empiezan a escribir la historia”, publicó en su Twitter.
“Infinita la desfachatez de este personaje (JOH), tal que un niño: ‘Maestra no fui yo, fueron ellos’. Misma desfachatez de este medio, atribuyendo a la legítima protesta los 40 asesinados que JOH lleva en sus espaldas ¿periodistas? Ahora es cuando empiezan a escribir la historia”, publicó en su Twitter.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Luego de que diera inicio la sucia campaña mediática del gobernante
Partido Nacional, en la que acusan sin pruebas a la Alianza de Oposición
de tener nexos con las pandillas, con quienes pretendieron robarse las
pasadas elecciones del 26 de noviembre, la eurodiputada, Lola Sánchez
Caldentey, lamenta que tal maniobra para favorecerse ante la presencia
de mediadores internacionales, es una “desfachatez”.
Reconocida
por luchar en pro de los derechos humanos de las personas, Lola Sánchez
ya se ha referido a Honduras en el pasado, alegando que el pueblo en
insurrección “se desangra mientras el mundo mira para otro lado”, en
referencia a los casi 40 muertes perpetradas por militares.
En
su cuenta oficial de Twitter, la parlamentaria de la Unión Europea, ha
puesto en duda el honor del presidente reelecto, Juan Hernández y del
diario La Prensa, cuestionando que si los periodistas empezaran a
escribir la historia del conflicto electoral a partir de ahora.
“Infinita
la desfachatez de este personaje (JOH), tal que un niño: ‘Maestra no
fui yo, fueron ellos’. Misma desfachatez de este medio, atribuyendo a la
legítima protesta los 40 asesinados que JOH lleva en sus espaldas
¿periodistas? Ahora es cuando empiezan a escribir la historia”, publicó
Sánchez en la mencionada red social.
La
campaña ha sido definida como una estrategia irracional y poco
inteligente, ya que según expertos la historia se la creerán únicamente
“los suyos”, porque la mayoría de hondureños entiende el tema del fraude
electoral y porque sobre todo han cuestionado ¿por qué hasta ahora?
Según
los máximos líderes y activistas de ese instituto político, al menos
100 mil “cachurecos” se han quedado sin votar porque “los mareros de la
Alianza no los dejaron pasar”; no obstante, ante la “falacia azul”, lo
cierto es que el Tribunal Electoral no extendió, por primera vez en la
historia, el plazo para votar ordenando cerrar las urnas a las 4:00 de
la tarde. Además, según varias denuncias a medios de comunicación no
afines al gobierno, varios incidentes de esa índole fueron reportados en
varios centros de votación, solo que era a la inversa de los “colores
políticos”.
Cabe
destacar que para el 26 de noviembre de 2017, se había informado de
“fuertes operativos” durante los comicios electorales, todo para
garantizar la seguridad de los hondureños, el mismo diario La Prensa
publicó un artículo el día 23 de noviembre, en referencia a las labores
de las fuerzas de seguridad, no se dijo nada de lo que denuncian los
“cachurecos”.
Ayer
los foros de televisión de los que una vez fueron los “grandes medios
de comunicación”, fueron abarrotados por las “cucarachas” –apodo que les
ha dado el comentarista de Telemundo Copán Álvarez– para alegar que
tenían pruebas sobre los nexos con “mareros”.
En
estos espacios brilló el “ministro de ministros”, apodado recientemente
como “el Pinocho azul”, Ebal Díaz, quien aseguró tener pruebas
contundentes de lo denunciado, pero, el pueblo aún sigue esperando que
él haga pública la lista de “políticos extraditables” que antes de las
elecciones dijo tener y por la que quedo como un “mentiroso patológico”.