Grupos de poder estarían detrás de atentados e intimidación contra hijas de Berta Cáceres
Por Marvin Palacios
Frente a atentados que han puesto en peligro la vida de las hijas de Berta Cáceres, (asesinada el 2 de marzo de 2016), aunado a campañas de desprestigio en redes sociales y la estigmatización del hijo de Olivia marcela Zúniga Cáceres, la familia de la dirigenta indígena; denunció en conferencia de prensa, en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que se encuentra en grave riesgo y demandó la atención de los organismos defensores de derechos humanos.
“Estamos en un nivel de riesgo muy, muy grave y nos estamos enfrentando no a pequeños grupos de poder, sino a grupos verdaderamente poderosos, y que van a hacer todo por aniquilarnos y acabar con nosotras; y yo lo recalco, en este país se asesina también políticamente, sino se logra el asesinato físico, finalmente se asesina políticamente, como hicieron con mi madre y como han hecho con muchos líderes defensores de derechos humanos”, advirtió Olivia Marcela Zúniga Cáceres, candidata a diputada por el partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Ahora están haciendo y siguiendo las mismas etapas contra la familia de Berta Cáceres y contra la familias del pueblo lenca, contra la gente de organizaciones que lideraba mi mamá, entonces por eso estamos alertando a la comunidad nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos para que estén al tanto de esta situación, “porque exactamente se está siguiendo el mismo patrón que siguieron con nuestra madre, ya asesinada, Berta Cáceres”.
“Todo esto es un ataque por mi candidatura como diputada por el partido LIBRE y es un ataque que se agravó a partir del retiro del financiamiento del proyecto Agua Zarca”, aseguró Olivia Marcela.
Hoy estamos denunciando esta criminalización, esta persecución y esta campaña mediática que también sufrió Berta Cáceres antes de ser asesinada, subrayó.
En un comunicado distribuido a la prensa se expresa que se han colocado: “Manchas obscenas contra los murales dedicados a la memoria de Bertha Cáceres, ésto como parte de la campaña que hace apología del odio contra nuestra familia y la lucha por la defensa de los derechos humanos, realizados horas después de que la MACCIH pronunciara públicamente y de manera oficial que se encargarían de la investigación de actos de corrupción en torno al Proyecto Agua Zarca”.
Lo que ha ocurrido son actos de intimidación, son atentados y no como lo ha dejado entrever la Policía Nacional como actos indeterminados, dijo Olivia Marcela respecto al impacto de bala que recibió en el vidrio trasero de la patrulla que le brinda seguridad a ella y a su pequeño hijo, en un hecho acontecido días atrás.
“Creemos que el gobierno de Honduras cuenta con un gran apoyo económico para el tema de seguridad y no es posible que la Policía catalogue un acto intimidatorio como un incidente no determinado al igual como ocurrió con todos los atentados y situaciones intimidatorias que recibió mi mamá, hasta finalmente ser asesinada”, detalló la hija mayor de Berta Cáceres.
Contra la familia de Berta Cáceres se ha desatado campañas de odio e intimidación
El comunicado señala también que se han venido observando:.. “Seguimientos y chequeos permanentes a integrantes de la familia con vehículos polarizados tipo camionetas sin placas Penetración y robos a viviendas de 2 integrantes de la familia…”.
“…Expresiones de odio después de cada atentado por parte de turbas contratadas y vinculadas a los intereses de Proyectos extractivistas en el departamento de La Paz, como por ejemplo el acto de odio realizado el día 24 de julio, dirigidas por el señor Hernán Ventura, Cervando Gonzáles, Luis Benítez y Juan Evangelista López Vásquez…”.
Así también el…”Despliegue de call centers por las redes sociales para impulsar la campaña de odio y criminalización contra nuestra familia. Mensajes intimidatorios a través de las redes sociales contra integrantes de la familia en los que se lanzan amenazas a muerte”.
Olivia Marcela añadió que en relación a un video que circuló en las redes sociales en donde ella discute como una maestra, Olivia Marcela lo calificó como un elemento distractor. “Ese video se tomó el 10 de julio pero se publicó 11 días después, y se publica justamente el día en que se perpetra el atentando intimidatorio en la patrulla policial que se encontraba frente a mi casa y se lanza el video justamente en esos momentos en que se perpetra el atentado”.
Al respecto el comunicado apunta que ha existido:… Violación del derecho a la privacidad y la protección e identidad del hijo de Olivia Zúniga , que ha sido innecesaria y malintencionadamente expuesto a la discusión pública en un contexto de ataques a su madre y su familia…”
Olivia Marcela explicó que yo había puesto una queja a la maestra el 10 de julio, ya que mi hijo estaba siendo estigmatizado, rotulado y etiquetado, no por ser peleón o por ser malcriado como lo han manifestado en los medios de comunicación, sino por ser mi hijo y por ser nieto de Berta Cáceres.
Ante eso me dirigí a la dirección y estaba en una conversación tranquila, en donde el director dijo que ya no hallaba que hacer con la maestra, porque ya había tenido quejas de varios padres de familia debido a que una turba de madres a las que nosotros hemos catalogado como “mancha brava”, que son activistas del partido Nacional, estaban siempre, permanentemente adentro del aula de clases, desde que inició el periodo.
Y que la maestra que había faltado por mucho tiempo, siempre dejaba como responsables a los niños con estas madres. En el momento cuando yo estoy platicando con el director, irrumpió esta turba, lanzando carcajadas y burlándose de mí y haciendo expresiones como que les satisfacía que hubiesen asesinado a mi madre y que por eso las mataban, por quejarse de todo y por andar poniendo quejas de todo lo que pasaba en el país, que nunca están conformes con nada y que nosotras de todo nos quejábamos.
“Entonces yo estaba con mi hijo en ese momento, les pedí que me dejaran pasar al niño, que no quería que él viera los espectáculos, así que saqué al niño y lo mandé con su escolta para la casa de mi abuela y me quedé con ellas; y el video que ustedes ven, es la reacción mía ante los insultos y ante el hecho que me obstaculizaban la salida de la dirección, porque todos estos hechos se dieron frente al director”, detalló Olivia Marcela.
En ese momento el director les dijo a ellas que les restringía la entrada al centro educativo, porque no estaban autorizadas a ingresar a las aulas de clase. En ese momento después de ser atacada por la turba mientras yo esperaba una respuesta sensata por parte del director, me fui nuevamente ante la profesora a hacerle el reclamo, a decirle que por qué ella me estaba mandando turbas a atacarme, que eso no era ético ni profesional.
Pero sólo graban la parte final del video, como ven es un video editado, es un video en el que no salen las madres que están grabando y los medios de comunicación han sacado ese video haciendo ver como que yo estoy en contra de los maestros, cuando eso no es cierto, yo soy maestra e hija de dos maestros y toda mi familia son maestras y maestros y hemos luchado por sus derechos de manera incansable.
Con relación a estos hechos, la hija mayor de Berta Cáceres responsabilizó al régimen de Juan Orlando Hernández y a las estructuras criminales que conforman intereses extractivistas minero-energéticos de toda esta situación de persecución e intimidación que experimenta ella y sus familiares.
“No nos vamos a ir de este país, vamos a mantener la lucha hasta el final, vamos a seguir luchando por la justicia incansablemente; no importa lo que nos toque vivir a costa de esto, vamos a seguir luchando por la justicia para Berta Cáceres, porque Berta se lo merece.
Todos los miembros de la familia de Berta Cáceres, cuentan con medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 3 de marzo de 2016. Las medidas también se extienden para los miembros del COPINH.
En ese sentido la Secretaría de Seguridad brinda protección a Olivia Marcela y a otros miembros de su familia.
La procuradora de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Mery Agurcia expresó que al comité le preocupa el cambio en los patrones de ataque contra los defensores, lo que indica que hay un proceso de reactivación de inteligencia y seguimiento a los defensores.
“Hemos observado que en los últimos meses los ataques dirigidos a los defensores, como el caso de Olivia Marcela (hija mayor de la dirigenta indígena Berta Cáceres) están siendo realizados en las casas de los defensores, antes podíamos ver esos ataques en la calle o en zonas aledañas a sus residencias, pero no en sus residencias”, manifestó Agurcia.
Agurcia indicó que después de la muerte de Berta Cáceres vemos que las casas de los defensores no son el sitio más seguro, y también observamos un aumento en la estigmatización hacia los defensores y otras formas de ataque como las utilizadas en redes sociales y la intención de vincular a los defensores con el narcotráfico, como ocurrió en noviembre del año pasado con la Vía Campesina, el COFADEH y Solidaridad Honduras.
“Posteriormente en el mes de marzo de 2017, hay un ataque de esa misma naturaleza contra el padre Ismael Moreno “sacerdote jesuita) , contra Salvador Zúniga de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH) y contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)”, manifestó la procuradora de derechos humanos.
Agurcia apuntó que el uso de “turbas” como ha pasado en el caso de Olivia Marcela, no es el primer caso, ya ocurrió con los estudiantes en Catacamas y ocurrió en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras contra el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
“Entonces el estado está utilizando otras formas de ataque para borrar la huella de su participación”, afirmó.
La mesa principal durante la conferencia de prensa estuvo integrada por AustraBertha Flores, (madre de Berta Cáceres), Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, Gustavo Cáceres, Agustina Flores y Mery Agurcia del COFADEH.
ATENTAN CONTRA HIJA DE BERTA CÁCERES
Según
el reporte policial, el vehículo donde se transportan los oficiales que
custodian a la hija de la extinta ambientalista hondureña Berta
Cáceres, Olivia Zúniga (foto), recibió un impacto de bala en la parte
trasera del automotor.
Poco
después del atentado, Zúniga, que cuenta con medidas cautelares
otorgadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH),
publicó en sus redes sociales que su lucha seguirá y no piensa abandonar
el país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
pasado viernes, desconocidos atentaron contra la humanidad de una de
las hijas de la mundialmente reconocida ambientalista hondureña, Berta
Cáceres.
Se
trata de Olivia Zúniga, quien cuenta con medidas cautelares otorgadas
por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), denunció que
el automóvil que utilizan los oficiales encargados de velar por su
integridad, recibieron un disparo de bala.
El
Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), denunció en su cuenta de Facebook que el ataque fue
perpetrado en las cercanías de la vivienda de Zúniga, en La Esperanza,
Intibucá.
Afortunadamente,
la hija de la ambientalista no estaba dentro del vehículo y ninguno de
los elementos policiales resulto herido. Asimismo informó que uno de
los agentes, alcanzó a ver uno de los supuestos hechores, que
inmediatamente se dieron a la fuga.
La
Secretaria de Seguridad, a través de la Policía Nacional reportó que
después de lo acontecido “se dio parte a la Dirección Policial de
Investigación (DPI) quien procedió a la inspección correspondiente y a
la realización de otras diligencias para determinar la vinculación de
posibles causas y responsables”.
Cabe
destacar que este no es el primer atentado a las descendientes Berta.
El pasado 30 de junio, Berta Zúniga, denunció haber sido victima de un
atentado cuando se conducía por la carretera en un poblado del
departamento de La Paz.
La
familia de la ambientalista ha recibido las medidas cautelares, luego
de que el pasado 2 de marzo de 2016, individuos entraran para arrebatar
la vida de la ambientalista.
Por
ese caso el mundo ha exigido al gobierno hondureño que rinda cuentas y
apresure la captura y sanción a los autores intelectuales y materiales.
Comunicado de la familia de Berta Cáceres en Conferencia de Prensa
1. Desarrollo de una campaña de odio ejecutada con más agresividad a partir del anuncio oficial del retiro definitivo del financiamiento al Proyecto Agua Zarca, que ha llegado a la ejecución de atentados intimidatorios como el del día viernes 21 de julio entre 6 y 7 de la noche cuando fué impactada por un disparo la patrulla que daba seguridad al hijo de Olivia Marcela Zúniga Cáceres frente a su casa, ese mismo día y coincidiendo también la hora en que se perpetúa el atentado intimidatorio se sube a las redes sociales un video como elemento distractor y disuasivo, tomado 11 días antes de su publicación, en el que sale Olivia Zúniga indignada como reacción normal ante el ataque de un grupo mancha brava enviada por la profesora Yamilet Mendez Trejo, mientras Olivia, siguiendo el procedimiento de queja en el sistema educativo, se encontraba en la Dirección de la Escuela Guía Técnica # 12 conversando de manera educada con el Director debido a que unos minutos antes había hablado también de manera educada con la maestra a raíz de la rotulación de su hijo con leyendas discriminatorias que estigmatizaban al menor por parte de madres de familia que se constituían como una mancha brava y por parte de la misma maestra que no se presentaba a dar clases, dejando la responsabilidad a personas que no tienen la preparación pedagógica ni humana requerida, tal como lo ha aceptado el Director quien manifestó en ese momento haberle hecho el proceso administrativo de llamados de atención en varias ocasiones.
2. Manchas obscenas contra los murales dedicados a la memoria de Bertha Cáceres, ésto como parte de la campaña que hace apología del odio contra nuestra familia y la lucha por la defensa de los derechos humanos, realizados horas después de que la MACCIH pronunciara públicamente y de manera oficial que se encargarían de la investigación de actos de corrupción en torno al Proyecto Agua Zarca.
3. Seguimentos y chequeos permanentes a integrantes de la familia con vehículos polarizados tipo camionetas sin placas.
4. Penetración y robos a viviendas de 2 integrantes de la familia.
5. Expresiones de odio después de cada atentado por parte de turbas contratadas y vinculadas a los intereses de Proyectos extractivistas en el departamento de La Paz, como por ejemplo el acto de odio realizado el día 24 de julio, dirigidas por el señor Hernán Ventura, Cervando Gonzáles, Luis Benítez y Juan Evangelista López Vásquez.
6. Despliegue de call centers por las redes sociales para impulsar la campaña de odio y criminalización contra nuestra familia.
7. Mensajes intimidatorios a través de las redes sociales contra integrantes de la familia en los que se lanzan amenazas a muerte.
8. Violación del derecho a la privacidad y la protección identidad del hijo de Olivia Zúniga , que ha sido innecesaria y malintencionadamente expuesto a la discusión pública en un contexto de ataques a su madre y su familia.
Alertamos a la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a mantenerse atentos y a condenar estos actos de persecución y criminalización que se realizan con el objetivo de parar nuestra lucha por la justicia para Bertha Cáceres e imponer los proyectos extractivos de muerte en nuestros territorios y advertimos que la agresividad de éstos hechos podrían llegar a tener el mismo desenlace fatal de nuestra amada Bertita ya que se está siguiendo el mismo patrón, ahora contra integrantes de su familia.
Responsabilizamos de estos hechos al régimen de Juan Orlando Hernández y a los grupos fácticos violentos y de respuesta que imponen su modelo extractivista minero energético.
Dado a los 26 días del mes de julio de 2017, a casi 17 meses de impunidad.
blog del Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras - COPINH
jueves, 20 de julio de 2017
LEMPIRA DESDE LOS OLVIDOS. A 525 AÑOS DE LA INVASIÓN COLONIAL Y NEOCOLONIAL.
Este día se conmemora con penachos en la cabeza y la
práctica en boga de los últimos años, un espectáculo de cargas sumamente
racistas, patriarcales y estigmatizadoras llamada “La india bonita” en el que
compiten jóvenes y la ganadora suele ser la que menos rasgos físicos de
indígena tenga, llenando aún más de vacío el sentir de la identidad de pueblo
Lenca.
Sin embargo en los territorios, dentro de las montañas
y en los lugares históricamente invisibilizados continúan, a percepción de
pocos ojos, las luchas en defensa territorial que traen el espíritu ambulante
de Lempira, su fuerza ancestral. Esta, que no defendió la soberanía nacional,
ya que la percepción de este territorio llamado Honduras no se había
constituido, sino la dignidad de un pueblo que se negaba a ser subyugado, al
que se le impuso el olivo de sus prácticas ceremoniales, de su lengua, de su
forma de ser y entender la vida, el mundo.
En el año 1993 nació un gesto de resistencia de este
pueblo que en un inicio se llamó Comité Cívico de Organizaciones Populares e
Indígenas (COPIN). En estos años daba mucha vergüenza autodeterminarse como
indígenas y no existían organizaciones con el nombre “Lenca”. Entre sus
fundadoras estaba una aguerrida mujer que sabía que fortalecer la identidad del
ser Lenca era el símbolo más fuerte de lucha antisistémica, desafío a los
muchos años de intentar blanquear la mente y el cuerpo, ella era Berta Cáceres
Flores.
Hoy, hay muchas organizaciones identificadas como
Lencas, y algunas sirven a intereses de los que nos colonizaron y quieren
seguir saqueando los territorios, sin embargo en muchas regiones de Honduras
los pueblos indígenas y negros están desafiando el robo por parte de los nuevos
colonizadores: las trasnacionales y el empresariado nacional e internacional y a
los funcionarios que se prestan para esto, rinden homenaje a la gesta del
pueblo Lenca que en un momento de la historia lideró nuestro héroe.
El COPINH
celebra este día para traerlo a la memoria en un símbolo que cobre sentido a
nuestros días donde se nos imponen las hidroeléctricas que solo desarrollan los
bolsillos del empresariado, de las mineras que siguen a 525 años saqueando oro
y demás minerales y los múltiples proyectos que pretenden convertir nuestros
bienes comunes en mercancía.
COPINH, conmemora este día participando en un cabildo
abierto en la alcaldía de La Paz diciendo NO al proyecto minero “La Estrella”.
Así, se rinde tributo a nuestra memoria y lucha ancestral.
Y también decimos que nuestros pueblos
no se los
utilizan como instrumentos para
la comercialización de los territorios, para
enriquecer a restaurantes y souvenires que utilizan nuestras artesanías y
nombres, el pueblo Lenca es un pueblo vivo al que hay que respetarle su lucha
territorial y de derechos fundamentales.
Este día gritamos: Con la fuerza ancestral de Berta,
Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de Vida,
Justicia, Libertad, Dignidad y Paz.
Dado en La Esperanza
Intibucá a los 20 días del mes de Julio del año 2017.
“Él Vive, Viene con Nosotros y Nosotras Desde el Final
de los Olvidos”
martes, 25 de julio de 2017
Arranca la Escuelita de Formación Política y Liderazgo “Tomás García”. 2da. Edición.
Arranca la Escuelita de Formación Política y Liderazgo “Tomás García”. 2da. Edición.
Esta
tiene como propósito el fortalecer los procesos comunitarios del
COPINH, seguir defendiendo los territorios y caminando tras los pasos de
Berta Cáceres y Tomás García.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Amenazan con clausurar la Radio Comunitaria Garífuna Waruguma en Trujillo
Sambo Creek, julio 26.- Una vez más las
radios comunitarias Garífunas reciben resoluciones de parte de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en esta ocasión es la
Radio Comunitaria Waruguma, localizada en la ciudad de Trujillo, la que
recibió la Resolución OD 034-17, emitida el 21 de marzo del presente
año.
La Resolución en cuestión declara como “REBELDE” a la radio
comunitaria, la cual además aparece que si fuera propiedad de la
OFRANEH, y el expediente administrativo indica que Carmen Isabel
Alvarez, en su condición representante legal de la organización no hizo
uso de sus derecho de defensa en la providencia dictada el 21 de mayo de
2013, la cual aparentemente venció en agosto de 2014.Esta es la segunda ocasión en que la Radio Waruguma es objeto de resoluciones con el propósito de clausurarlas. Ademas de la Radio Waruguma, la Radio Comunitaria Sugua en Sambo Creek, también fue objeto de amenazas de cierre por parte de CONATEL en el 2014.
La Red de Radios Comunitarias Garífunas viene cumpliendo la función de medios informativos además de lograr el fortalecimiento cultural, ante la inexistencia de medios de comunciación en nuestro idioma. La asimetría cultural y económica que padecemos los garífunas en Honduras, es atenuada en cierta medida con la existencia de las radios comunitarias, las que surgieron en 1997, cuando logró trasmitir la Radio Falumu Bimetu, en Triunfo de la Cruz; siendo esta la primera radio comunitaria que se estableció en Honduras.
La existencia de las radios comunitarias ha estado plagada de un sinfín de problemáticas. Desde el incendio intencional de la Radio Faluma Bimetu a inicios del 2010, hasta los emplazamientos de CONATEL, además de las permanentes amenazas, motivadas por la defensa acérrima del territorio ancestral, el que viene siendo cercenado de forma acelerada especialmente a partir del golpe del año 2009.
Con la emisión en el 2013 del Reglamento de Radios Comunitarios durante la administración Lobo, se diluyó el concepto de radios comunitarias. El reglamento fue elaborado precisamente con el propósito de controlarlas y de esta forma censurarlas, dando además lugar a una “ilegalidad” de las radios comunitarias Garífunas, ya que no nos plegamos a las pretensiones del régimen dictatorial.
La persecución jurídica por parte de CONATEL es una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13. 3, el cual indica que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Además El art 8.2.d de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, el cual indica “Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de Toda forma de asimilación o integración forzada”, la que se viene dando a través de los medios de comunicación de masas, en los cuales nuestro idioma no tiene cabidas.
El Convenio 169 de la OIT en su artículo 30.2 2. reza “A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las lenguas de dichos pueblos”, situación que en Honduras, nunca se ha dado.
El verdadero delito cometido por la Radio Waruguma y restantes Radios Garífuna, es el de la defensa del territorio ancestral, especialmente en la bahía de Trujillo, conocida en la actualidad como Little Canada ( La pequeña Canadá) ante la compra ilegal de tierras que vienen efectuando extranjero, los que prácticamente se han apoderado de la bahia de Trujillo, donde a partir del régimen Lobo han planificado la instauración de una de las Ciudades Modelo, conocidas como ZEDE (Zonas de Empleo de Desarrollo Económico), la cual en pocas palabras, es la condena de expulsión del pueblo Garífuna de Honduras.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Heridos y desmayados deja violento desalojo en la UNAH
Estudiantes heridos y desmayados fue el resultado del violento desalojo que hizo este día la fuerza de seguridad del Estado contra un grupo de universitarios que paralizó el tráfico a la altura de la máxima casa de estudio.
Los universitarios, que desde hace meses tienen una lucha por las mejoras académicas, trataban de poner obstáculos en el bulevar Suyapa a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para impedir el tráfico vehicular, cuando fueron atacados por un buen número de policías y militares con bombas lacrimógenas.
Al ser atacados, los estudiantes que estaban reunidos en la plaza de las banderas, donde se encuentra un monumento de la virgen de Suyapa tuvieron que correr hacia el interior de la Universidad para resguardarse de los efectos de las bombas lacrimógenas.
Los policías, que parecían fueras de si, no paraban en atacar al estudiantado, quienes en respuestas comenzaron a lanzar piedras, para evitar que la fuerza opresora intentara ingresar a los predios del alma máter.
Por los efectos de los gases y el lanzamiento de objetos contundentes de ambas partes, al menos tres estudiantes resultaron desmayados, cuatro heridos, e incluso un fotógrafo de un medio de comunicación escrito que daba cobertura al violento desalojo.
Defensores de derechos humanos llegaron al lugar para mediar en la situación, con el fin de evitar que los hechos llegaran más allá, pero los opresores que estaban como energúmenos, no les importó y lanzó bombas lacrimógenas sobre el grupo de defensores.
Con la actitud de la fuerza de seguridad contra los defensores fue señal que estos no querían dialogar sino que seguir atacando a los protestantes.
Además los estudiantes descubrieron a tres infiltrados de la Dirección de Investigación Criminal (DPI), quienes estuvieron en el interior de la UNAH junto a un grupo de universitarios haciendo pintas. Estos al ser descubiertos abandonaron en motocicletas el interior de la UNAH y se unieron a los policías y militares que tacaban a los estudiantes.
Desde hace meses los universitarios realizan tomas permanentes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, exigiendo mejores condiciones académicas y la renuncia de la rectora Julieta Castellanos.
Hasta una huelga de hambre se ha montado por un grupo de estudiantes como medida de presión para solucionar el conflicto entre autoridades universitarias y estudiantados, pero al parecer el conflicto cada día más se agudiza.
Anuncian entrega de anteproyecto ley para solucionar crisis en la UNAH
Jul 18, 2017
Esta semana es crucial para la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), en las próximas horas el movimiento estudiantil
presentará ante el Congreso Nacional, un Anteproyecto de Ley que propone
la instalación de un gobierno provisional conformado por integrantes de
la máxima casa de estudios.
Ante la falta de diálogo, la crisis en la UNAH continúa, a tal punto que al Centro del Litoral Pacífico se le suspendió el periodo académico por la toma indefinida del edificio. En ese sentido el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) ve en el Anteproyecto una salida a la problemática.
La iniciativa que plantean pretende poner punto y final al problema, pero esa propuesta implica que el Congreso debe suspender de su cargo a la rectora Julieta Castellanos, procedimiento que ha sido calificado por las autoridades como un golpe a la autonomía universitaria.
“El Congreso tiene facultades para decidir, pero si se involucran en decisiones internas de la universidad darán un golpe a la independencia de la UNAH”, expresó el vicerrector académico Ayax Irías.
Por su parte Hector Ulloa, vocero del MEU cree que ante la intransigencia de las autoridades, la única salida que queda es destituirlos de su cargo y dar paso a una nueva administración. “La iniciativa propone un gobierno provisional de un año, que esté conformado por cinco estudiantes de las asociaciones, dos representantes de asociaciones de docentes, uno del sindicato de maestros, dos del sindicato de trabajadores, uno de las autoridades actuales, una persona honorable y uno de los colegios profesionales de Honduras”.
Ulloa aclara que ellos no están pidiendo al Congreso una intervención, sino una transición con solución interna, sin irrespetar la autonomía. “Queremos un órgano que reestablezca los organismos de gobierno dentro de la universidad, que desde 2004 no existen porque han sido secuestrados por las autoridades”.
La rectora Julieta Castellanos dijo a medios de comunicación que los estudiantes están actuando de forma equivocada, asimismo que esa salida que están proponiendo puede violentar la autonomía. “La universidad debe solucionar sus problemas a lo interno”, dijo Castellanos.
El MEU anunció que la mañana del miércoles 19 de julio se movilizará hasta el Congreso para entregar a los diputados la propuesta de Anteproyecto.
La propuesta ya causó reacciones en los legisladores, el diputado Aníbal Cálix dijo que se debe tener mucho cuidado al tocar el tema de la universidad, porque se puede violentar la autonomía si se toman decisiones incorrectas.
“Creo que se debe crear una comisión, para que en primer lugar investigue cúal es la situación en la universidad, y que además intente buscar un acercamiento entre ambas partes, se debe hacer eso primero antes de aprobar cualquier intervención”, consideró Cálix.
Por su parte la diputada Waldina Paz, quien ha manifestado que por su cuenta presentará otra iniciativa al Congreso, dice que se encuentra preocupada por la pérdida de clases y por lo tanto hará la propuesta de crear un gobierno de transición en la universidad, muy parecido al que plantean los estudiantes.
“Creo que es necesario hacer algo por la universidad, yo propongo que se cree una junta de transición, para que se solvente la problemática, ojalá los diputados apoyen mi iniciativa”, dijo Paz a un espacio informativo de Radio Progreso.
“Se debe tener mucho cuidado con lo que se está proponiendo, el Congreso perfectamente puede decidir intervenir la universidad y poner alguien peor al frente de la UNAH”, comenzó caracterizando el defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez.
Para Méndez sí es necesario que las autoridades salgan de su cargo, pero que se nombren a otras con independencia de los partidos políticos y que respondan estrictamente al pensamiento académico y científico.
"El gobierno provisional debe englobar un sentido académico para evitar que se enmarque en las características del actual gobierno, se trata de generar la búsqueda que en la academia lo que debe privar es la capacidad y no el compadrazgo político”, expresó Méndez.
Mientras que Claudia Bustillo, Comisionada Universitaria recomienda que se instale una mesa de diálogo, para buscar una salida a la crisis, hay que lograr que las partes dialoguen y busquen soluciones.
Las expectativas sobre el Anteproyecto están planteadas y el destino inmediato de la UNAH desde ya se encuentra en manos del Congreso Nacional.
Ante la falta de diálogo, la crisis en la UNAH continúa, a tal punto que al Centro del Litoral Pacífico se le suspendió el periodo académico por la toma indefinida del edificio. En ese sentido el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) ve en el Anteproyecto una salida a la problemática.
La iniciativa que plantean pretende poner punto y final al problema, pero esa propuesta implica que el Congreso debe suspender de su cargo a la rectora Julieta Castellanos, procedimiento que ha sido calificado por las autoridades como un golpe a la autonomía universitaria.
“El Congreso tiene facultades para decidir, pero si se involucran en decisiones internas de la universidad darán un golpe a la independencia de la UNAH”, expresó el vicerrector académico Ayax Irías.
Por su parte Hector Ulloa, vocero del MEU cree que ante la intransigencia de las autoridades, la única salida que queda es destituirlos de su cargo y dar paso a una nueva administración. “La iniciativa propone un gobierno provisional de un año, que esté conformado por cinco estudiantes de las asociaciones, dos representantes de asociaciones de docentes, uno del sindicato de maestros, dos del sindicato de trabajadores, uno de las autoridades actuales, una persona honorable y uno de los colegios profesionales de Honduras”.
Ulloa aclara que ellos no están pidiendo al Congreso una intervención, sino una transición con solución interna, sin irrespetar la autonomía. “Queremos un órgano que reestablezca los organismos de gobierno dentro de la universidad, que desde 2004 no existen porque han sido secuestrados por las autoridades”.
La rectora Julieta Castellanos dijo a medios de comunicación que los estudiantes están actuando de forma equivocada, asimismo que esa salida que están proponiendo puede violentar la autonomía. “La universidad debe solucionar sus problemas a lo interno”, dijo Castellanos.
El MEU anunció que la mañana del miércoles 19 de julio se movilizará hasta el Congreso para entregar a los diputados la propuesta de Anteproyecto.
La propuesta ya causó reacciones en los legisladores, el diputado Aníbal Cálix dijo que se debe tener mucho cuidado al tocar el tema de la universidad, porque se puede violentar la autonomía si se toman decisiones incorrectas.
“Creo que se debe crear una comisión, para que en primer lugar investigue cúal es la situación en la universidad, y que además intente buscar un acercamiento entre ambas partes, se debe hacer eso primero antes de aprobar cualquier intervención”, consideró Cálix.
Por su parte la diputada Waldina Paz, quien ha manifestado que por su cuenta presentará otra iniciativa al Congreso, dice que se encuentra preocupada por la pérdida de clases y por lo tanto hará la propuesta de crear un gobierno de transición en la universidad, muy parecido al que plantean los estudiantes.
“Creo que es necesario hacer algo por la universidad, yo propongo que se cree una junta de transición, para que se solvente la problemática, ojalá los diputados apoyen mi iniciativa”, dijo Paz a un espacio informativo de Radio Progreso.
“Se debe tener mucho cuidado con lo que se está proponiendo, el Congreso perfectamente puede decidir intervenir la universidad y poner alguien peor al frente de la UNAH”, comenzó caracterizando el defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez.
Para Méndez sí es necesario que las autoridades salgan de su cargo, pero que se nombren a otras con independencia de los partidos políticos y que respondan estrictamente al pensamiento académico y científico.
"El gobierno provisional debe englobar un sentido académico para evitar que se enmarque en las características del actual gobierno, se trata de generar la búsqueda que en la academia lo que debe privar es la capacidad y no el compadrazgo político”, expresó Méndez.
Mientras que Claudia Bustillo, Comisionada Universitaria recomienda que se instale una mesa de diálogo, para buscar una salida a la crisis, hay que lograr que las partes dialoguen y busquen soluciones.
Las expectativas sobre el Anteproyecto están planteadas y el destino inmediato de la UNAH desde ya se encuentra en manos del Congreso Nacional.
El
examen del segundo informe periódico de Honduras sobre su aplicación
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya
calificación emite el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha concluido
entre otras observaciones acerca del país en que: “El Comité expresa su
preocupación por el hecho de que a pesar del límite del mandato
presidencial establecido en la Constitución el titular del cargo se
presente a la reelección (art. 6 y 25)”.
“El
Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe
periódico de Honduras y la información en él expuesta. Sin embargo,
lamenta que el informe se presentara con cinco años de retraso”,
cuestionó este día el Comité al gobierno de Honduras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Del 3 al 27 de julio de 2017, en Ginebra, Suiza, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, realizó el examen del segundo informe periódico de
Honduras sobre su aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. Hasta allá fue una misión de funcionarios del Poder
Ejecutivo y Poder Judicial para defender y presentar argumentos del
Estado de Honduras en cuanto a políticas públicas en materia de derechos
civiles y políticos.- El Comité observó aspectos positivos en ciertos
avances, aunque fueron más las faltas e incumplimiento del Estado
hondureño. Por ejemplo, aquí presentamos algunos conclusiones del Comité
de Derechos Humanos de la ONU.
En
el inciso 44 del informe indica de manera literal. “El Comité está
preocupado por las alegaciones de irregularidades durante las elecciones
generales de 2013, entre otras: la compra de votos, deficiencias en la
actualización del censo electoral, la falta de transparencia en la
financiación de la campaña electoral y la posibilidad de que hubiera
habido un fraude en la transmisión de las actas electorales al Tribunal
Supremo Electoral. También le preocupa el asesinato de más de una docena
de activistas de la oposición y candidatos durante la pasada campaña
electoral. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que a pesar
del límite del mandato presidencial establecido en la Constitución el
titular del cargo se presente a la reelección (art. 6 y 25)”.
COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de Honduras.
1.
El Comité examinó el segundo informe periódico de Honduras
(CCPR/C/HND/2) en sus sesiones 3378ª y 3379ª (véase CCPR/C/SR.3378 y
3379), celebradas los días 5 y 6 de julio de 2017. En su 3404ª sesión,
celebrada el 24 de julio de 2017, aprobó las presentes observaciones
finales.
A. INTRODUCCIÓN
2.
El Comité acoge con satisfacción la presentación del segundo informe
periódico de Honduras y la información en él expuesta. Sin embargo,
lamenta que el informe se presentara con cinco años de retraso. Expresa
su reconocimiento por la oportunidad de reanudar su diálogo constructivo
con la amplia delegación de alto nivel del Estado parte sobre las
medidas adoptadas para aplicar las disposiciones del Pacto durante el
período examinado. El Comité agradece al Estado parte sus respuestas
escritas (CCPR/C/HND/Q/2/Add.1) a la lista de cuestiones
(CCPR/C/HND/Q/2), que fueron complementadas por las respuestas orales de
la delegación y por la información adicional presentada por escrito.
Participación en los asuntos públicos y la reelección Presidencial
44.
El Comité está preocupado por las alegaciones de irregularidades
durante las elecciones generales de 2013, entre otras: la compra de
votos, deficiencias en la actualización del censo electoral, la falta de
transparencia en la financiación de la campaña electoral y la
posibilidad de que hubiera habido un fraude en la transmisión de las
actas electorales al Tribunal Supremo Electoral. También le preocupa el
asesinato de más de una docena de activistas de la oposición y
candidatos durante la pasada campaña electoral. El Comité expresa su
preocupación por el hecho de que a pesar del límite del mandato
presidencial establecido en la Constitución el titular del cargo se
presente a la reelección (art. 6 y 25).
45.
A la luz de su Observación General Número 25 (1996), sobre la
participación en los asuntos públicos y el derecho al voto, el Estado
parte debería adoptar las medidas necesarias para:
a) Asegurar que las próximas elecciones sean libres y equitativas; que
se garantice el ejercicio efectivo del derecho de voto; y que las
personas con derecho de voto, así como los activistas y candidatos estén
protegidos de toda violencia, amenaza, o presión o manipulación de
cualquier tipo.
b) Garantizar un proceso electoral justo e imparcial y asegurar la transparencia de la financiación electoral;
c) Garantizar la seguridad de las urnas y que los votos puedan
ser escrutados en presencia de los candidatos o de sus agentes. Debería
haber un escrutinio de los votos y un proceso de recuento independientes
y con posibilidad de revisión judicial o de otro proceso equivalente; y
d)
Respetar el criterio de elegibilidad establecido en la Constitución, en
particular el de la limitación del mandato presidencial.
Derechos de las personas pertenecientes a minorías
46. Al
Comité le preocupa que el “Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre,
previa e informada a los pueblos indígenas y afro-hondureños” no se
adecue plenamente a los estándares internacionales relativos a los
derechos de los pueblos indígenas, así como que en la preparación de
dicho anteproyecto no se asegurara la participación plenamente
representativa de los pueblos indígenas. El Comité está preocupado por
los casos de desalojo forzoso de los pueblos indígenas de sus tierras
ancestrales y de la desprotección que sufren en relación a sus derechos;
en este sentido el Comité lamenta la falta de cumplimiento de las
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a
las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz (arts. 2,
26 y 27).
47. El Estado parte debería acelerar
los procedimientos encaminados a asegurar que la legislación nacional
garantice la realización de consultas previas con los pueblos indígenas y
los afro-hondureños con el fin de obtener su consentimiento libre,
previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda
incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura; y asegurar que
la misma sea plenamente conforme al Pacto y otras normas
internacionales relevantes. El Estado debería también proteger de manera
efectiva a los pueblos indígenas contra todo acto de violencia, y
garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos, incluidos los
derechos sobre la tierra; en este sentido el Estado debería reforzar la
capacidad de la Fiscalía de Etnias, así como capacitar los agentes del
orden, militares, personal de las empresas de seguridad privadas, jueces
y fiscales en los derechos de los pueblos indígenas. El Estado debería
de otorgar reparación integra a las comunidades de Punta Piedra y
Triunfo de la Cruz.
Ver informe completo:
Investigaciones de la MACCIH empiezan a incomodar a políticos y empresarios en Honduras
Jul 21, 2017
Era cuestión de tiempo para que la Misión de Apoyo contra la
Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), empezara a generar
incomodidad en algunos sectores políticos y económicos del país. En las
últimas horas los empresarios a través del Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP) emitieron un comunicado expresando su
preocupación por el papel desempeñado por esta estructura en el caso
relacionado al crimen de la ambientalista Berta Cáceres.
El detonante del malestar empresarial, se da después del anuncio de la MACCIH en el que afirmó que investigaría el financiamiento y otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), por los posibles actos de corrupción y lavado de dinero. La investigación se realizaría en colaboración con la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural de Honduras.
“Escuchamos con preocupación las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, en las que detalló datos, nombres y situaciones que no corresponden a la realidad jurídica del país. Rechazamos las acusaciones de lavado de activos que son señaladas por Jiménez Mayor sin un fundamento legal y sin requerimiento”, expresa parte del comunicado del COHEP en reacción a las declaraciones del vocero de la MACCIH.
Luego de conocer la postura de este ente de investigación, los empresarios pidieron una reunión de emergencia con la MACCIH, encuentro que se desarrolló el pasado lunes 17 de julio. “En esa reunión expresamos nuestra preocupación y le hicimos saber a Jiménez Mayor que tienen nuestro apoyo, pero que sus acusaciones ponen en riesgo la situación jurídica del país”, también relata el comunicado.
Con una postura más radical se encuentra la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, quien acusó a la MACCIH de ser irresponsable por hablar de esa forma contra la empresa DESA.
Paz aseguró que el informe genera inseguridad jurídica que aleja la inversión extranjera. La empresaria hace un llamado a los funcionarios del organismo internacional a que recapaciten y acepten que se basaron en informes que no fueron sustentados.
En la medida que la MACCIH avanza en investigaciones que tocan el corazón de los intereses de grupos económicos, los obstáculos crecen y su labor enfrenta más limitaciones, en ese sentido el analista Hermilo Soto considera que el trabajo de este ente da indicios de no favorecer a sectores políticos que han tenido el control del Estado y que se han aprovechado de eso para enriquecerse.
“Ahora empieza el boicot y la conspiración a la MACCIH, y eso sucederá en la medida que esta institución avance en investigaciones profundas”, calificó Soto.
A partir de la posición de la MACCIH en el caso de Berta Cáceres, los ataques no se han hecho esperar, y eso empieza a generar preocupación en organismos internacionales.
Acerca de la labor de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y de las acusaciones y amenazas realizadas contra algunos de sus integrantes, varias organizaciones internacionales, reafirman su apoyo a la MACCIH y a su trabajo para colaborar con las instituciones nacionales en la lucha contra la corrupción en Honduras.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso, Global Witness, Oxfam y Washington Office on Latin America (WOLA), aseguran que son preocupantes los ataques contra la MACCIH, porque se pintan como una respuesta a su anuncio de colaborar con la Fiscalía General en la investigación de presuntos actos de corrupción en el caso Agua Zarca.
Marcia Aguiluz, integrante de CEJIL, cree que la MACCIH debe tener el apoyo de todos los sectores, desde la ciudadanía hasta el gobierno, porque en Honduras es necesario un proceso investigativo independiente sobre casos de corrupción, sin importar quienes estén involucrados.
“La ciudadanía debe apoyar a la MACCIH, debe permitir su trabajo y brindarle los recursos que necesiten”, recalcó Aguiluz.
Para Hermilo Soto, el rechazo y la campaña contra la MACCIH que se puede desprender a partir de este nuevo escenario son normales, teniendo en cuenta que se acerca el proceso electoral y es inevitable que muchos políticos se vean involucrados en actos de corrupción, por tal razón en la medida que las investigaciones avancen, los riesgos se agudizan y el panorama se puede complicar.
En la misma sintonía a los organismos internacionales, las plataformas nacionales también han reaccionado sobre la reciente postura de la MACCIH. Uno de los representantes legales de la familia Cáceres, el abogado Rodil Vásquez, mira con esperanza el anuncio de iniciar investigaciones en el caso de Berta. “Tenemos muchas expectativas y apoyaremos al organismo en este esfuerzo por buscar justicia”, manifestó.
Vásquez también dijo que todos los sectores del país deberían acuerpar a la MACCIH y exigirle al Estado que genere las condiciones necesarias para que pueda realizar sus investigaciones.
Ante los señalamientos y ataques que recientemente se han dado en contra de la MACCIH, su vocero Juan Jiménez, asegura que su único compromiso es luchar contra la corrupción.
A más de un año de su instalación, esa plataforma tiene la tarea de continuar la investigación de 44 casos que no han llegado al poder judicial pero que representan un atentado en contra de Honduras, debido a los abusos y manipulación que existe de algunos empresarios y políticos.
Juan Jiménez Mayor sigue pidiendo el voto de confianza a la ciudadanía hondureña. Además, demanda a los funcionarios la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, para lograr mayores resultados en las investigaciones, iniciativa que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional.
En las últimas horas el vocero de la MACCIH fue citado de emergencia en Washington, Estados Unidos, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). La reunión la habría provocado las fuertes presiones que hay en el país, tanto de algunos empresarios como políticos para que la Misión no siga investigando actos de esa envergadura en Honduras.
El abogado Ramón Enrique Barrios, exjuez de sentencia asegura que desde la ciudadanía se debe continuar apoyando a la MACCIH, porque es una oportunidad para que se investiguen los actos de corrupción que han debilitado la institucionalidad en Honduras.
Barrios dice que es necesario estar claros del mandato de la MACCIH, que está para apoyar a las instituciones del Estado, y que ha demostrado que con voluntad e intereses mucho se puede hacer para acabar con la corrupción e impunidad.
Los retos de la MACCIH son claros y en la medida que sus investigaciones avancen y toquen intereses de personas con poder, el ambiente para su funcionamiento en Honduras se complicará; es en medio de esa realidad, que esta estructura debe mantener una postura independiente y de denuncia ante los obstáculos que pueda enfrentar.
El detonante del malestar empresarial, se da después del anuncio de la MACCIH en el que afirmó que investigaría el financiamiento y otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en favor de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), por los posibles actos de corrupción y lavado de dinero. La investigación se realizaría en colaboración con la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural de Honduras.
“Escuchamos con preocupación las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, en las que detalló datos, nombres y situaciones que no corresponden a la realidad jurídica del país. Rechazamos las acusaciones de lavado de activos que son señaladas por Jiménez Mayor sin un fundamento legal y sin requerimiento”, expresa parte del comunicado del COHEP en reacción a las declaraciones del vocero de la MACCIH.
Luego de conocer la postura de este ente de investigación, los empresarios pidieron una reunión de emergencia con la MACCIH, encuentro que se desarrolló el pasado lunes 17 de julio. “En esa reunión expresamos nuestra preocupación y le hicimos saber a Jiménez Mayor que tienen nuestro apoyo, pero que sus acusaciones ponen en riesgo la situación jurídica del país”, también relata el comunicado.
Con una postura más radical se encuentra la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, quien acusó a la MACCIH de ser irresponsable por hablar de esa forma contra la empresa DESA.
Paz aseguró que el informe genera inseguridad jurídica que aleja la inversión extranjera. La empresaria hace un llamado a los funcionarios del organismo internacional a que recapaciten y acepten que se basaron en informes que no fueron sustentados.
En la medida que la MACCIH avanza en investigaciones que tocan el corazón de los intereses de grupos económicos, los obstáculos crecen y su labor enfrenta más limitaciones, en ese sentido el analista Hermilo Soto considera que el trabajo de este ente da indicios de no favorecer a sectores políticos que han tenido el control del Estado y que se han aprovechado de eso para enriquecerse.
“Ahora empieza el boicot y la conspiración a la MACCIH, y eso sucederá en la medida que esta institución avance en investigaciones profundas”, calificó Soto.
A partir de la posición de la MACCIH en el caso de Berta Cáceres, los ataques no se han hecho esperar, y eso empieza a generar preocupación en organismos internacionales.
Acerca de la labor de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y de las acusaciones y amenazas realizadas contra algunos de sus integrantes, varias organizaciones internacionales, reafirman su apoyo a la MACCIH y a su trabajo para colaborar con las instituciones nacionales en la lucha contra la corrupción en Honduras.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso, Global Witness, Oxfam y Washington Office on Latin America (WOLA), aseguran que son preocupantes los ataques contra la MACCIH, porque se pintan como una respuesta a su anuncio de colaborar con la Fiscalía General en la investigación de presuntos actos de corrupción en el caso Agua Zarca.
Marcia Aguiluz, integrante de CEJIL, cree que la MACCIH debe tener el apoyo de todos los sectores, desde la ciudadanía hasta el gobierno, porque en Honduras es necesario un proceso investigativo independiente sobre casos de corrupción, sin importar quienes estén involucrados.
“La ciudadanía debe apoyar a la MACCIH, debe permitir su trabajo y brindarle los recursos que necesiten”, recalcó Aguiluz.
Para Hermilo Soto, el rechazo y la campaña contra la MACCIH que se puede desprender a partir de este nuevo escenario son normales, teniendo en cuenta que se acerca el proceso electoral y es inevitable que muchos políticos se vean involucrados en actos de corrupción, por tal razón en la medida que las investigaciones avancen, los riesgos se agudizan y el panorama se puede complicar.
En la misma sintonía a los organismos internacionales, las plataformas nacionales también han reaccionado sobre la reciente postura de la MACCIH. Uno de los representantes legales de la familia Cáceres, el abogado Rodil Vásquez, mira con esperanza el anuncio de iniciar investigaciones en el caso de Berta. “Tenemos muchas expectativas y apoyaremos al organismo en este esfuerzo por buscar justicia”, manifestó.
Vásquez también dijo que todos los sectores del país deberían acuerpar a la MACCIH y exigirle al Estado que genere las condiciones necesarias para que pueda realizar sus investigaciones.
Ante los señalamientos y ataques que recientemente se han dado en contra de la MACCIH, su vocero Juan Jiménez, asegura que su único compromiso es luchar contra la corrupción.
A más de un año de su instalación, esa plataforma tiene la tarea de continuar la investigación de 44 casos que no han llegado al poder judicial pero que representan un atentado en contra de Honduras, debido a los abusos y manipulación que existe de algunos empresarios y políticos.
Juan Jiménez Mayor sigue pidiendo el voto de confianza a la ciudadanía hondureña. Además, demanda a los funcionarios la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, para lograr mayores resultados en las investigaciones, iniciativa que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional.
En las últimas horas el vocero de la MACCIH fue citado de emergencia en Washington, Estados Unidos, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). La reunión la habría provocado las fuertes presiones que hay en el país, tanto de algunos empresarios como políticos para que la Misión no siga investigando actos de esa envergadura en Honduras.
El abogado Ramón Enrique Barrios, exjuez de sentencia asegura que desde la ciudadanía se debe continuar apoyando a la MACCIH, porque es una oportunidad para que se investiguen los actos de corrupción que han debilitado la institucionalidad en Honduras.
Barrios dice que es necesario estar claros del mandato de la MACCIH, que está para apoyar a las instituciones del Estado, y que ha demostrado que con voluntad e intereses mucho se puede hacer para acabar con la corrupción e impunidad.
Los retos de la MACCIH son claros y en la medida que sus investigaciones avancen y toquen intereses de personas con poder, el ambiente para su funcionamiento en Honduras se complicará; es en medio de esa realidad, que esta estructura debe mantener una postura independiente y de denuncia ante los obstáculos que pueda enfrentar.
TRES MASACRES DEJAN 14 MUERTOS EL FIN DE SEMANA
Según
los reportes de la Policía Nacional, al menos 14 hondureños perdieron
la vida de forma violenta durante el fin de semana, 11 de las víctimas
fueron ejecutadas en masacres, en el norte del país.Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Durante
el viernes, sábado y parte de este domingo, en la zona norte del país
se ha registrado la muerte violenta de al menos 14 personas, en la zona
norte del país.
El
pasado sábado los cuerpos sin vida de Ingrid Vanessa Hernández González
(15), Elivn Oveniel López (19), Juan García (48) y Tito López (54),
fueron encontrados en la aldea de Santo Domingo, Santa Rita de Copan.
Según
informes policiales, la noche del viernes, sujetos habrían cometido los
asesinatos ingresando a la vivienda con armas blancas y de fuego para
ejecutar a los residentes.
Mientras
que en Choloma, departamento de Cortés, dos personas fueron asesinados
Maynor Omar Márquez Posadas y Ordoñez Medina. De acuerdo a los
testimonios, las victimas fueron perseguidas por individuos que se
conducían a bordo de un carro doble cabina y una vez los alcanzaron les
dieron muerte con arma de fuego.
Asimismo, se reportó la muerte de un joven de 25 a 30 años de edad que habría interceptado en la colonia Godoy de Choloma, por delincuentes que lo atacaron con arma de fuego.
Además,
trascendió que esta mañana fue encontrado sin vida el padre del joven;
por lo que se maneja que ambos estaban en la mira de los antisociales,
pero que el padre logró escapar por un momento, hasta que los
delincuentes lo encontraron y lo ultimaron.
En
Santa Cruz de Yojoa, una menor de 10 años de edad que fue reportada
como desaparecida desde el sábado, fue encontrada este domingo sin vida,
el cuerpo de la occisa presento señales de estrangulamiento y signos de
haber sido objeto de violación sexual.
Durante
la noche del sábado, en el departamento de Comayagua, una joven
identificada únicamente como “Carolina”, fue asesinada por sujetos
fuertemente armados, mientras caminaba en una de las calles de la aldea
del Junco de Esquía. Los familiares dieron aviso a las autoridades,
quienes se realizaron las diligencias y levantaron la información del
crimen.
La
familia de la joven se prestó a preparar todo para el velatorio y poco
después la ceremonia fúnebre fue interrumpida por desconocidos que
ingresaron para ejecutar al hijo de la occisa de nombre Brayan Quintana y
a otro joven llamado Juan Bautista.
Asimismo, en esa misma ciudad, a plena luz del día, se reportó que dos cuerpos habían sido lanzados desde un taxi en marcha.
Según
el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (OV-UNAH), de enero a junio de este año se han contabilizado 30
homicidios múltiples que han cobrado la vida de 107 personas.
La oposición ha quemado vivas al menos 23 personas en Venezuela
Orlando
Figuera (21 años) fue acuchillado y quemado vivo el 20 de mayo de 2017,
en el barrio de Altamira, Distrito Capital. Foto: El Nacional/ Red58.
La mayoría murió o recibió graves lesiones debido a prejuicios hacia y contra la víctima por razón de su condición social o creencia política, acto tipificado por Naciones Unidas como “crimen de odio”.
“El crimen de odio es una modalidad de delito deshumanizante, porque quien lo comete considera que su víctima carece de valor humano a causa de su color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen, origen étnico, status civil, nacimiento, impedimento físico o mental, condición social, religión, edad, creencias religiosas o políticas”, según la Oficina del Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, de la ONU.
Este tipo de crímenes, inéditos en la historia contemporánea de Venezuela, se ha producido en cinco regiones del país en los últimos 108 días: Región Capital (15), Lara (3), Zulia (2), Anzoátegui (1), Táchira (1) y Carabobo (1).
Cuatro de estos hechos ocurrieron cuando estallaron los explosivos en las manos de los propios manifestantes de la oposición, antes de que los lanzaran contra otros. En 19 casos, las personas agredidas eran funcionarios gubernamentales, negros, pobres o fueron señalados como chavistas por fanáticos, en acciones donde los perpetradores utilizaron cócteles molotov y morteros caseros, petardos y otras armas.
Carlos Ramírez, quemado a la salida del Metro Altamira en Caracas y uno de los pocos que ha sobrevivido para contarlo, refirió a los medios cómo fue interceptado por un grupo de hombres encapuchados:
Uno de ellos le dijo: “¡Epa, chavista!”, a lo que él
respondió: “¡Yo no soy ningún chavista! Déjame pasar, que yo voy a un
edificio por aquí. Me lanzó un golpe, yo le lancé otro. Cuando intenté
correr, dice: ‘¡agarren al chavista!’ Allí salieron como veinte”.
Recibió el impacto de una molotov. Aunque estaban presentes funcionarios
de la Policía de Chacao –cuerpo autónomo del municipio del mismo nombre
que encabeza el opositor Ramón Muchacho–, no intervinieron en su
defensa.
La práctica de quemar personas vivas ha sido utilizada en el
pasado por grupos minoritarios para desaparecer a todo el que consideran
de una raza inferior. La frecuencia y la dimensión cruel y
aterradora de estos actos es quizás la manifestación más decadente de
los crímenes de odio, que como demuestran los antecedentes históricos y
prácticas contemporáneas como las del ISIS, el genocidio en Ruanda, el
paramilitarismo de Colombia o el sicariato en México, no son ni
circunstanciales ni aislados.En Estados Unidos, la Universidad Tuskegee ha registrado que 3,446 afroamericanos y 1,297 blancos fueron linchados –y la mayoría quemados vivos– entre 1882 y 1968, en casos vinculados fundamentalmente a las acciones de grupos extremistas como el Ku Klux Klan.
La
oposición venezolana utiliza la misma estética de agrupaciones
internacionales que practican crímenes de odio. A la izquierda, la cruz
ardiente, símbolo del Ku Klux Klan; a la derecha, una manifestación
“pacífica” de la oposición venezolana. Foto: Red58.
Algunos de los más de 4000 detenidos-desaparecidos argentinos, que pasaron por la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura, fueron quemados en las calderas del Casino de Oficiales de esta tenebrosa cárcel, refiere Página 12.
Según ha documentado la prensa local venezolana, de los 105 muertos en Venezuela durante las protestas de calle, 29 fueron víctimas –directa o indirectamente– del accionar de los propios manifestantes. Otras 14 víctimas fallecieron durante saqueos y en un caso prominente, los asaltantes prendieron fuego a una tienda y terminaron envueltos en las llamas. Otras 14 muertes son atribuibles a las acciones de las autoridades del Estado (en casi todos estos casos los responsables se les ha procesado judicialmente) y 44 están todavía bajo investigación o en disputa.
Hasta la Embajada de los Estados Unidos en Caracas ha alertado a sus nacionales sobre el carácter violento de las manifestaciones de la oposición, y les ha sugerido no acercarse a los lugares donde son convocadas protestas o “trancazos” (cierres de calle).
Uno de ellos le dijo: “¡Epa, chavista!”, a lo que él respondió: “¡Yo no soy ningún chavista! Déjame pasar, que yo voy a un edificio por aquí. Me lanzó un golpe, yo le lancé otro. Cuando intenté correr, dice: ‘¡agarren al chavista!’ Allí salieron como veinte”. Recibió el impacto de una molotov. Aunque estaban presentes funcionarios de la Policía de Chacao –cuerpo autónomo del municipio del mismo nombre que encabeza el opositor Ramón Muchacho–, no intervinieron en su defensa.
Consulte el Mapa de los quemados vivos en Venezuela
(Tomado de Red58.org)
"La oposición venezolana necesita un Ejército nortamericanizado"
Publicado: 22 jul 2017 01:13 GMT - RT
Acabar con el modelo cívico-militar
desarrollado por el chavismo figura como uno de los objetivos del plan
de Gobierno paralelo de la oposición.
Carlos Jasso / Reuters
Esta jugada política del antichavismo se centra en la separación del modelo cívico-militar, sobre el que se cimienta la revolución bolivariana.
En los objetivos planteados destacan una "depuración de los cuerpos policiales, incluida la Guardia Nacional Bolivariana", la "reestructuración de la Fuerza Armada" y la instauración de un "Gobierno de naturaleza civil".
Nada nuevo
Para el sociólogo y académico José Antonio Egido, no es nada nuevo que la derecha venezolana anuncie, como parte de su plan, la separación del modelo cívico-militar. Eso solo puede interpretarse como "la reconstrucción del Ejército que fabricaron durante la Cuarta República" (1958-1998), dijo en entrevista con RT.Recordó que, desde el inicio de la democracia representativa (1958), los partidos socialdemócrata y demócrata cristiano aplicaron una "depuración del Ejército, erradicando a los elementos más patrióticos, formados en la izquierda política e incluso a los que eran de ideología comunista, y que integraban la alta oficialidad militar de Venezuela en los años 1958, 1959 y 1960".
Semejanza estadounidense
Luego de esos años, se profundizó la intervención del Departamento de Estado a través de la CIA, "consiguiendo reformatear a la fuerza armada y convirtiéndola en una fuerza 'gorila' (reaccionario de derecha, golpista o anticomunista) volcada hacia la Doctrina de la Seguridad Nacional, controlada por oficiales formados en las Escuela de las Américas y cuya función era la de ser un Ejército invasor interno".Para Egido, ese tipo de Ejército resulta funcional al plan del Gobierno impostor que presenta el antichavismo. "La oposición quiere y necesita un Ejército norteamericanizado, en otras palabras, el que existía antes de Chávez".
¿Militares despolitizados?
Ya antes de presentar un proyecto de Gobierno paralelo, recuerda Egido, "la oposición hablaba de la despolitización de la fuerza armada ¿Eso qué quiere decir? Es simple, la composición de un Ejército al servicio de los monopolios extranjeros y del Gobierno que sirve a esos intereses".No obstante, "la tradición antiimperialista del Ejército de Venezuela es muy antigua" y "no un invento de Chávez", como pretende hacerlo ver la oposición.
Por ello, el académico considera que "la despolitización de la fuerza armada es un eslogan para el mundo occidental, europeo y norteamericano".
Serio peligro
Una fuente de la Cancillería venezolana consultada por RT señaló que la sola idea de un Gobierno paralelo es "extremadamente peligrosa, ya que sigue el modelo de intervención empleado en Libia y en Ucrania".Nadie duda, dijo, que "ese pseudogobierno tendrá respaldo político y financiamiento provenientes de Estados Unidos. Con estos meses de violencia han pretendido crear las condiciones internas que faciliten el establecimiento de una situación de guerra civil, real o virtual, para justificar una intervención de cualquier modalidad".
Finalmente, la fuente diplomática apuntó que "todas las acciones de la derecha tienen un objetivo inmediato: evitar la elección, e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y el objetivo final: derrocar al presidente Nicolás Maduro".
Ernesto J. Navarro
Hora cero en Venezuela: ¿Tienen la fuerza suficiente?
Por:
Marco Teruggi
Un manifestante de la derecha venezolana se esconde mientras sus compañeros lanzan explosivos. Foto: EFE.
Entonces avanzan, es su “hora cero”. Las líneas son cinco. En política, la instalación del gobierno paralelo. Este viernes la Asamblea Nacional juramentará a sus magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, y la Mesa de Unidad Democrática anunció que elegirán al presidente del “gobierno de unidad” a través de elecciones primarias. Ya presentaron los puntos de su nuevo gobierno.
En la violencia, se trata de la combinación de las diferentes formas y la aparición de nuevas. Ya conocidas: incendiar personas -el miércoles fueron dos-, cortar por completo el acceso a zonas opositoras, realizar incursiones en zonas populares con grupos de choques, asediar instituciones públicas, hospitales, canales de televisión -como Venezolana de Televisión-, lanzar morteros, molotov, disparos con armas de fuego sobre fuerzas de seguridad del Estado y cuarteles, amenazar y asesinar chavistas, atacar los sistemas de distribución de alimentos. Nuevas, al menos de manera pública: ataque con armas largas, como fusiles R15 a plena luz del día en varios lugares. Se vienen, se prevé, un aumento de ataques de tipo militar. Los focos se multiplican en el país: Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Caracas, Miranda, Mérida.
En lo internacional, los Estados Unidos han asumido la responsabilidad de la ofensiva de manera pública. Sus gobiernos aliados y subordinados amplifican y sostienen su posición. El mensaje ha sido claro: van a avanzar con sanciones económicas. Una hipótesis es que desconozcan oficialmente al gobierno una vez instalada la ANC, y pasen a reconocer al gobierno paralelo de la derecha como autoridad en Venezuela. ¿En qué se materializaría ese apoyo? Posiblemente en lo económico, militar, y diplomático.
En lo comunicacional el despliegue es total. No solamente la matriz legitima toda la violencia desplegada, la presenta como justa, épica y necesaria, sino que ya se desconoce directamente la existencia del chavismo. El domingo fue una muestra clara de eso: no existió mediáticamente el simulacro electoral realizado por el gobierno de cara a las elecciones del 30 de julio. Simplemente no apareció, en particular a nivel internacional. Solo tuvo lugar un plebiscito ilegal, evidentemente manipulado.
En lo económico el objetivo es apretar más la asfixia. El anuncio de Donald Trump lo indicó de manera nítida, así como también los intentos de bloquear las líneas de importación de comida destinada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. La presión económica internacional y la participación de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -la gran burguesía-, junto con acciones violentas -quema de depósitos y camiones-, son los tres principales hilos del asedio a la economía que golpea sobre los sectores más humildes.
No dejar punto de escape. Esa es la estrategia para lograr el punto de quiebre.
Venezuela, la batalla de la narrativa (II)
por Carlos Fazio - LA HAINE - 8/07/2017
El objetivo del plebiscito-trampa de la MUD
sigue siendo el mismo: derrocar al Gobierno popular, constitucional y
legítimo de VenezuelaCaracas. Este domingo 16
de julio dio inicio en Venezuela una nueva fase de la guerra no
convencional de factura estadunidense, que la cúpula extremista y
maximalista que se apoderó de la conducción de la Mesa de Unidad
Democrática (MUD) ha denominado la Hora 0.
En medio de una sostenida violencia de corte paramilitar y terrorista
que supera los 100 días de duración, la puesta en escena de la consulta
ciudadana se dio en el marco de anuncios catastrofistas, como el del
dirigente neofascista Freddy Guevara, quien aseguró en un canal de
televisión que luego del plebiscito en contra de las elecciones para
constituir la Asamblea Nacional Constituyente, "vendrá algo que nunca
hemos visto en nuestro país”.
Guevara habló de un levantamiento total, que a juzgar por los manuales de la Guerra No Convencional del Pentágono, augura escenarios tipo Libia o Siria. Es decir, estaríamos en el inicio del estallido de una guerra fratricida entre venezolanos, con intervención de potencias extranjeras, mercenarios y grupos paramilitares.
Y es que más allá de los resultados ilegítimos y fraudulentos de la consulta, que serán propagandeados urbi et orbi por la canalla mediática trasnacional con fines de legitimación, el objetivo del plebiscito-trampa de la MUD sigue siendo el mismo: derrocar al presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.
La también llamada etapa decisiva es una nueva fase del golpe de Estado continuado o permanente que en los pasados tres meses ha sumido al país en una violencia caótica y desestabilizadora de nuevo tipo, que utiliza como forma de lucha política una metodología terrorista. Es decir, el uso ilegal, premeditado, calculado y sistemático de una violencia indiscriminada y letal contra población civil, para provocar miedo y un terror paralizante en la sociedad.
Con apoyo de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica local; de un grupo de gobiernos derechistas de Europa y del hemisferio agrupados en la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la batuta de Washington, y de los principales conglomerados mediáticos del orbe; siguiendo tácticas sicosociales y político-militares de los manuales de la guerra asimétrica, irregular o híbrida del Ejército estadounidense, y en el marco de una intensificación de acciones bélicas de corte terrorista, la nueva escalada de la MUD intentará formar un gobierno de transición o paralelo con un gabinete de emergencia.
Como admitió el disidente de la MUD Enrique Ochoa Antich, esa estrategia busca crear un poder paralelo al institucional y legalmente constituido; una suerte de gobierno en el exilio pero adentro, que podría degenerar en más violencia armada y polarización social y en una guerra civil financiada desde el exterior, incluso con una intervención extranjera.
Además de ser una maniobra diversionista y engañosa para sus seguidores, el fraude plebiscitario busca deslegitimar internacionalmente al gobierno de Maduro y convertir a Venezuela en una Estado forajido o fallido para justificar una intervención humanitaria de EU y sus aliados.
Para ello, en la fase anterior Washington y algunos países de la OEA −Canadá, México y Colombia con sus paramilitares incluidos−, han avalado las acciones de terroristas que utilizan armas letales como bombas, cocteles molotov, niples, guayas para degollar motociclistas, chopos, morteros, cohetones y armas de fuego contra civiles.
Es un terrorismo de nuevo tipo, que mediante campañas de saturación mediática se encubre bajo una apariencia de movilización pacífica; si fueran pacíficos no estarían armados ni lincharían o convertirían a sus víctimas en piras humanas; tampoco incendiarían centros de salud y guarderías con niños adentro, ni destruirían toneladas de alimentos y productos de primera necesidad que iban a ser destinados a los barrios populares.
Tras la fracasada estrategia golpe de Estado-paro petrolero-abstención de 2001/2006, de 2014 al presente EEUU y los medios hegemónicos han logrado ganar la guerra simbólica en el exterior (aunque no en lo interno), mediante matrices de opinión donde la violencia terrorista de la MUD siempre es válida y justa, y la respuesta gubernamental represiva y propia de un Estado forajido violador de derechos humanos.
Con el agregado que para montar esa ficción de lucha política democrática, las concentraciones violentas de la oposición pacífica siempre cuentan con camarógrafos y fotógrafos que operan como una unidad de combate terroristas/medios, ya que las imágenes, sumadas luego a una narrativa sesgada de las redacciones, son un engranaje clave de la guerra sicológica de masas.
En la coyuntura, tras decrecer el respaldo clasemediero a las protestas, la MUD y sus patrocinadores inventaron un mecanismo paralelo al referéndum constitucional. Una consulta seudojurídico y anticonstitucional, ya que el plebiscito no existe en la normatividad venezolana vigente, cuya finalidad es profundizar el desacato de la Asamblea Nacional y servir como medio de legitimación de actos de sabotaje, paros de transporte y del sector petrolero para colapsar la economía, más violencia callejera para paralizar e inhibir la acción gubernamental y un eventual control de territorios en ciudades importantes. El apoyo político-diplomático del exterior es clave para legitimar una invasión, según anticipó el diputado Juan Requesens, de Primero Justicia.
Sin el componente de violencia la conducción neofascista de la MUD carece de proyección mediática, en una coyuntura interna donde la correlación de fuerzas interna no le favorece. Maduro y el chavismo mantienen el poder asentado en una unidad cívico/militar con una férrea unidad de mando. A ello se suma el respaldo activo de las comunas; colectivos populares organizados, y una milicia de 500 mil hombres y mujeres armados en todo el territorio.
Cuentan además con recursos legales y con los organismos institucionales encargados de aplicarlos. No obstante, de aquí al 30 de julio serán días de gran tensión.
La Jornada
Guevara habló de un levantamiento total, que a juzgar por los manuales de la Guerra No Convencional del Pentágono, augura escenarios tipo Libia o Siria. Es decir, estaríamos en el inicio del estallido de una guerra fratricida entre venezolanos, con intervención de potencias extranjeras, mercenarios y grupos paramilitares.
Y es que más allá de los resultados ilegítimos y fraudulentos de la consulta, que serán propagandeados urbi et orbi por la canalla mediática trasnacional con fines de legitimación, el objetivo del plebiscito-trampa de la MUD sigue siendo el mismo: derrocar al presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.
La también llamada etapa decisiva es una nueva fase del golpe de Estado continuado o permanente que en los pasados tres meses ha sumido al país en una violencia caótica y desestabilizadora de nuevo tipo, que utiliza como forma de lucha política una metodología terrorista. Es decir, el uso ilegal, premeditado, calculado y sistemático de una violencia indiscriminada y letal contra población civil, para provocar miedo y un terror paralizante en la sociedad.
Con apoyo de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica local; de un grupo de gobiernos derechistas de Europa y del hemisferio agrupados en la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la batuta de Washington, y de los principales conglomerados mediáticos del orbe; siguiendo tácticas sicosociales y político-militares de los manuales de la guerra asimétrica, irregular o híbrida del Ejército estadounidense, y en el marco de una intensificación de acciones bélicas de corte terrorista, la nueva escalada de la MUD intentará formar un gobierno de transición o paralelo con un gabinete de emergencia.
Como admitió el disidente de la MUD Enrique Ochoa Antich, esa estrategia busca crear un poder paralelo al institucional y legalmente constituido; una suerte de gobierno en el exilio pero adentro, que podría degenerar en más violencia armada y polarización social y en una guerra civil financiada desde el exterior, incluso con una intervención extranjera.
Además de ser una maniobra diversionista y engañosa para sus seguidores, el fraude plebiscitario busca deslegitimar internacionalmente al gobierno de Maduro y convertir a Venezuela en una Estado forajido o fallido para justificar una intervención humanitaria de EU y sus aliados.
Para ello, en la fase anterior Washington y algunos países de la OEA −Canadá, México y Colombia con sus paramilitares incluidos−, han avalado las acciones de terroristas que utilizan armas letales como bombas, cocteles molotov, niples, guayas para degollar motociclistas, chopos, morteros, cohetones y armas de fuego contra civiles.
Es un terrorismo de nuevo tipo, que mediante campañas de saturación mediática se encubre bajo una apariencia de movilización pacífica; si fueran pacíficos no estarían armados ni lincharían o convertirían a sus víctimas en piras humanas; tampoco incendiarían centros de salud y guarderías con niños adentro, ni destruirían toneladas de alimentos y productos de primera necesidad que iban a ser destinados a los barrios populares.
Tras la fracasada estrategia golpe de Estado-paro petrolero-abstención de 2001/2006, de 2014 al presente EEUU y los medios hegemónicos han logrado ganar la guerra simbólica en el exterior (aunque no en lo interno), mediante matrices de opinión donde la violencia terrorista de la MUD siempre es válida y justa, y la respuesta gubernamental represiva y propia de un Estado forajido violador de derechos humanos.
Con el agregado que para montar esa ficción de lucha política democrática, las concentraciones violentas de la oposición pacífica siempre cuentan con camarógrafos y fotógrafos que operan como una unidad de combate terroristas/medios, ya que las imágenes, sumadas luego a una narrativa sesgada de las redacciones, son un engranaje clave de la guerra sicológica de masas.
En la coyuntura, tras decrecer el respaldo clasemediero a las protestas, la MUD y sus patrocinadores inventaron un mecanismo paralelo al referéndum constitucional. Una consulta seudojurídico y anticonstitucional, ya que el plebiscito no existe en la normatividad venezolana vigente, cuya finalidad es profundizar el desacato de la Asamblea Nacional y servir como medio de legitimación de actos de sabotaje, paros de transporte y del sector petrolero para colapsar la economía, más violencia callejera para paralizar e inhibir la acción gubernamental y un eventual control de territorios en ciudades importantes. El apoyo político-diplomático del exterior es clave para legitimar una invasión, según anticipó el diputado Juan Requesens, de Primero Justicia.
Sin el componente de violencia la conducción neofascista de la MUD carece de proyección mediática, en una coyuntura interna donde la correlación de fuerzas interna no le favorece. Maduro y el chavismo mantienen el poder asentado en una unidad cívico/militar con una férrea unidad de mando. A ello se suma el respaldo activo de las comunas; colectivos populares organizados, y una milicia de 500 mil hombres y mujeres armados en todo el territorio.
Cuentan además con recursos legales y con los organismos institucionales encargados de aplicarlos. No obstante, de aquí al 30 de julio serán días de gran tensión.
La Jornada
Almagro ante el Senado de EE.UU. solicitó "mayor presión económica" contra Venezuela
Almagro participó de una sesión extraordinaria en el Senado de EE.UU. para hablar de Venezuela y pidió al gobierno estadounidense mayor presión económica sobre el país caribeño. El secretario general de la OEA volvió a hablar de Nicolás Maduro como "un dictador" y acusó su gobierno de estar ligado al narcotráfico.
Almagro ante el Senado de EE.UU. solicitó “mayor presión económica” contra Venezuela. Foto:@Almagro_OEA2015
La audiencia tuvo lugar pocos días después de que la Casa Blanca emitiera un comunicado amenazando con “fuertes y rápidas” sanciones contra el país caribeño si no se suspendía la Asamblea Nacional Constituyente.
El presidente de la Comisión del Senado, el republicano Marco Rubio explicó a los demás miembros la situación, según su óptica, de Venezuela. El legislador dijo que la instancia era necesaria ante la ANC, la cual afirmó busca “anular” la Constitución venezolana.
“Si el 30 de julio siguen adelante con esta Asamblea Constituyente que es un fraude, será la primera vez que yo recuerde que tenga lugar la anulación del orden constitucional democrático de una nación en este hemisferio, probablemente en más de 40 años”, señaló y agregó: “ha habido golpes de estado, ha habido ‘hombres fuertes’ que han surgido de vez en cuando e interrumpido el orden constitucional democrático, pero nunca hemos visto una imposición estructural de un modelo, de estilo cubano, en más de 4 décadas en la región. Eso sería trágico”.
Según Rubio en Venezuela “tenemos una catástrofe”, por lo que agradeció a la OEA por sus gestiones “en favor de la democracia y del pueblo venezolano”.
Almagro por su parte volvió a denunciar que en Venezuela existe una dictadura, y agregó que es uno de los países más corruptos vinculados con el narcotráfico. “No se trata de desmontar una dictadura y volver a la democracia, sino de desmontar toda una estructura de narcotráfico en el Estado”, dijo al responder a Rubio que le consultó sobre las conexiones del Gobierno venezolano con el negocio de la droga.
El estadounidense calificó a Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como “el Pablo Escobar venezolano”, en alusión al histórico capo de la droga colombiano.
Almagro apoyo la vinculación del gobierno de Maduro con el narcotráfico y señaló que familiares cercanos al presidente venezolano están presos en Nueva York por vínculos con el narcotráfico, por lo que consideró que las sanciones económicas contra ciertos individuos del Gobierno venezolano serían una ayuda más para acabar con lo que él llama la “dictadura de Maduro”.
Según Almagro “las sanciones no empeorarán el sufrimiento del pueblo venezolano”, sino que, a su juicio, envía un mensaje claro al Ejecutivo venezolano.
“Apoyamos que se apliquen sanciones contra aquellos que hayan cometido crímenes y estén involucrados en casos de corrupción. Necesitamos más presión económica contra un Gobierno que está invirtiendo el dinero que recauda en asesinar a sus ciudadanos” expresó.
Almagro también instó a la comunidad internacional a aumentar sus presiones, tanto políticas como económicas, sobre el Gobierno de Venezuela para acabar con la “tiranía” y la “represión” en el país sudamericano. Y propuso “hablar al más alto nivel” para “explorar qué herramientas tienen a su disposición para actuar” en contra del gobierno de Maduro.
Su agenda
El secretario general de la OEA insistió en defender la agenda que plantea su organismo que implica “elecciones generales libres, transparentes y justas. La liberación de los presos políticos, la restauración de los poderes de la Asamblea Nacional y un plan de emergencia para resolver la crisis humanitaria en el país”.El ex canciller uruguayo se mostró optimista por el plebiscito opositor celebrado el pasado domingo, y advirtió que el diálogo que busca el gobierno de Nicolás Maduro es solo una táctica dilatoria. “La lógica del gobierno es seguir jugando juegos”.
A su vez dijo que el régimen venezolano no permite llamar a elecciones porque “A los dictadores les gustan las elecciones cuando saben que van a ganar”.
Almagro también arremetió contra la celebración de elecciones para formar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), e insistió en que se trata de una medida inconstitucional “que busca eliminar la Asamblea Nacional (AN)”, actualmente bajo el control de la oposición venezolana.
Dichas elecciones se celebrarán el próximo 30 de julio y cuentan con el aval del poder electoral, por lo que Almagro también atacó a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y manifestó que “gente como (Tibisay) Lucena continúa despojando a la democracia de su trabajo con el objetivo de servir a la consolidación de la dictadura”.
Nuevo informe
Luego de comparecer ante el Senado estadounidense Almagro presentó un nuevo informe sobre la situación de Venezuela, siempre mirada desde su óptica. En su informa de 60 páginas enviado al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador brasileño Jose Luiz Machado E Costa, Almagro acusa a Maduro tener ‘responsabilidad penal’ por las muertes acaecidas en las protestas.“La cadena de mando comienza en la cima de la estructura jerárquica. Tanta responsabilidad penal tienen quienes elaboran la política y planifican la estrategia, como quienes participan y/o son cómplices en la aplicación de esa política de represión”, señala y alega que la “represión” contra los manifestantes opositores ha dejado más de “100 víctimas civiles”.
“La escalada de la violencia que, hasta la fecha, ha dejado una estela luctuosa de más de 100 víctimas civiles, culminó en el ataque contra la Asamblea Nacional (AN), el símbolo mismo de la Venezuela democrática, el 5 de julio”, destaca el secretario general de la OEA, a quien Maduro le critica no pronunciarse por los ataques de la oposición como el ejectuado desde un helicóptero contra el TSJ, o la quema de manifestantes chavistas por el simple hecho de ser chavistas.
las ratas - por Silvio Rodríguez
Bajo el signo de la Swástica voló el Cóndor
Por Jorge Wejebe Cobo
Terroristas de origen cubano y miembros de las redes Gladio organizadas por la CIA en la Europa de la postguerra para enfrentar el movimiento comunista, apoyaron las dictaduras militares de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y El Salvador, y participaron directamente en la realización de atentados contra los opositores de esos regímenes, como parte de la llamada Operación Cóndor, basada en la colaboración de los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur para eliminar a las fuerzas revolucionarias durante las décadas de 1970 y 1980, bajo el pretexto de la teoría de defensa hemisférica frente a la penetración comunista, principal contenido de la doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Entre las primeras acciones de este pacto siniestro se encuentran los asesinatos del General Carlos Prats, en la Argentina de 1974, y el de Orlando Letelier, ex ministro del Gobierno de Salvador Allende, ocurrido en Washington en 1976, ambos víctimas de bombas instaladas en sus autos bajo la supervisión del norteamericano Michael Towley, agente de la CIA, al servicio de Pinochet, con la participación de los terroristas de origen cubano Virgilio Paz Romero y Dionisio Suárez, vinculados al grupo terrorista Movimiento Nacionalista Cubano (MNC). Towley fue protegido por el gobierno norteamericano y vive bajo identidad falsa en Estados Unidos. Tampoco los mercenarios de origen cubanos fueron condenados.
La triple alianza
En Europa, cumpliendo las órdenes directas del dictador Augusto Pinochet, los neofascistas italianos Stefano Delle Chiaie, Pier Luigi Concutelli y Vincenzo Vinciguerra, miembros del grupo Avanguardia Nazionale (Vanguardia Nacional) e integrantes de las redes Gladio, atentaron el 6 de octubre de 1975, en Roma, contra la vida de Bernardo Leigthon, dirigente del Partido Demócrata Cristiano chileno radicado en Italia. Leighton y su esposa resultaron gravemente heridos, pero reconocieron a sus atacantes, quienes apesar de estar vinculados a otros hechos terroristas no fueron juzgados, pues estaban protegidos por la impunidad que significaba pertenecer al ejército secreto de la CIA.
El investigador José Luis Méndez Méndez, en su libro Bajo las alas del cóndor, destaca que los neofascistas italianos habían acordado un plan para desorientar a las autoridades que investigaban el atentado a Leigthon, en el cual terroristas anticubanos se adjudicaron la acción, mediante un comunicado enviado al Diario Las Américas de Miami, el 17 de octubre. Un grupo denominado CERO revindicó el crimen, con lo cual se inició una triple alianza estratégica entre la DINA chilena, los grupos neofascistas italianos y el MNC.
Esta diabólica alianza perduró y en 1980, Stefano Delle Chiaie participó en el IV Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, realizada en Argentina, con el objetivo de diseñar una estrategia en América Central ante el triunfo de la Revolución Sandinista. Ese evento contó con la participación del grupo terrorista Alfa 66, del Mayor Roberto D’Aubisson, fundador de los escuadrones de la muerte en El Salvador, dirigentes de la World Anti Comunist League (Liga Mundial Anti Comunista) y La Secta Moon –ambas eran fachadas de los servicios especiales de Corea del Sur–, y representantes del ultra conservador senador norteamericano Jesse Helm, entre otros.
Entre los principales acuerdos del encuentro figuró la entrega de 8 millones de dólares por la Liga Mundial Anticomunista a los militares argentinos para el asesoramiento a los gobiernos de derecha de América Central, mientras de forma encubierta Stefano Delle Chiaie, el General argentino Guillermo Suárez y el Mayor Roberto D’Aubisson pactaron con el Coronel boliviano Luis Arce Gómez, Jefe de los servicios de seguridad, la entrega de cocaína boliviana para garantizar la continuidad del financiamiento de las actividades de los militares argentinos en Centroamérica. Este acontecimiento se considera que sentó las bases de las futuras operaciones de tráfico de drogas, en las cuales participó la CIA utilizando las bases militares del ejército salvadoreño en años posteriores.
El cumpleaños de Hitler
En cumplimiento de lo pactado, Delle Chiaie organizó en Bolivia un escuadrón terrorista denominado Novios de la muerte, que fue asesorado además por el criminal de guerra nazi Klaus Barbie, exalto oficial de la Gestapo. El grupo, integrado por mercenarios alemanes, italianos, servio croatas y de otras nacionalidades, tenía como principal misión garantizar que el tráfico de drogas se mantuviera en manos de los militares. Sus miembros rendían culto a las simbologías nazis y se consideraban herederos de la raza aria, de ahí que celebraran el cumpleaños de Adolfo Hitler con gran solemnidad en la selva boliviana, vestidos con el uniforme negro de las fuerzas SS y cantando en alemán las marchas fascistas, lo cual impresionaba a los militares bolivianos que participaban en las conmemoraciones. Después de la caída de la narco dictadura del Coronel Luis García Mesa, salió de Bolivia el terrorista italiano Delle Chiaie.
A pesar de sus crímenes, los mercenarios que participaron en la Operación Cóndor quedaron impunes. Una historia similar se repite con sus excepciones, en cada una de las acciones encubiertas de la CIA y sus aliados en varios puntos del planeta durante estos últimos 60 años.
La calle del medio
Terroristas de origen cubano y miembros de las redes Gladio organizadas por la CIA en la Europa de la postguerra para enfrentar el movimiento comunista, apoyaron las dictaduras militares de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y El Salvador, y participaron directamente en la realización de atentados contra los opositores de esos regímenes, como parte de la llamada Operación Cóndor, basada en la colaboración de los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur para eliminar a las fuerzas revolucionarias durante las décadas de 1970 y 1980, bajo el pretexto de la teoría de defensa hemisférica frente a la penetración comunista, principal contenido de la doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Entre las primeras acciones de este pacto siniestro se encuentran los asesinatos del General Carlos Prats, en la Argentina de 1974, y el de Orlando Letelier, ex ministro del Gobierno de Salvador Allende, ocurrido en Washington en 1976, ambos víctimas de bombas instaladas en sus autos bajo la supervisión del norteamericano Michael Towley, agente de la CIA, al servicio de Pinochet, con la participación de los terroristas de origen cubano Virgilio Paz Romero y Dionisio Suárez, vinculados al grupo terrorista Movimiento Nacionalista Cubano (MNC). Towley fue protegido por el gobierno norteamericano y vive bajo identidad falsa en Estados Unidos. Tampoco los mercenarios de origen cubanos fueron condenados.
La triple alianza
En Europa, cumpliendo las órdenes directas del dictador Augusto Pinochet, los neofascistas italianos Stefano Delle Chiaie, Pier Luigi Concutelli y Vincenzo Vinciguerra, miembros del grupo Avanguardia Nazionale (Vanguardia Nacional) e integrantes de las redes Gladio, atentaron el 6 de octubre de 1975, en Roma, contra la vida de Bernardo Leigthon, dirigente del Partido Demócrata Cristiano chileno radicado en Italia. Leighton y su esposa resultaron gravemente heridos, pero reconocieron a sus atacantes, quienes apesar de estar vinculados a otros hechos terroristas no fueron juzgados, pues estaban protegidos por la impunidad que significaba pertenecer al ejército secreto de la CIA.
El investigador José Luis Méndez Méndez, en su libro Bajo las alas del cóndor, destaca que los neofascistas italianos habían acordado un plan para desorientar a las autoridades que investigaban el atentado a Leigthon, en el cual terroristas anticubanos se adjudicaron la acción, mediante un comunicado enviado al Diario Las Américas de Miami, el 17 de octubre. Un grupo denominado CERO revindicó el crimen, con lo cual se inició una triple alianza estratégica entre la DINA chilena, los grupos neofascistas italianos y el MNC.
Esta diabólica alianza perduró y en 1980, Stefano Delle Chiaie participó en el IV Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana, realizada en Argentina, con el objetivo de diseñar una estrategia en América Central ante el triunfo de la Revolución Sandinista. Ese evento contó con la participación del grupo terrorista Alfa 66, del Mayor Roberto D’Aubisson, fundador de los escuadrones de la muerte en El Salvador, dirigentes de la World Anti Comunist League (Liga Mundial Anti Comunista) y La Secta Moon –ambas eran fachadas de los servicios especiales de Corea del Sur–, y representantes del ultra conservador senador norteamericano Jesse Helm, entre otros.
Entre los principales acuerdos del encuentro figuró la entrega de 8 millones de dólares por la Liga Mundial Anticomunista a los militares argentinos para el asesoramiento a los gobiernos de derecha de América Central, mientras de forma encubierta Stefano Delle Chiaie, el General argentino Guillermo Suárez y el Mayor Roberto D’Aubisson pactaron con el Coronel boliviano Luis Arce Gómez, Jefe de los servicios de seguridad, la entrega de cocaína boliviana para garantizar la continuidad del financiamiento de las actividades de los militares argentinos en Centroamérica. Este acontecimiento se considera que sentó las bases de las futuras operaciones de tráfico de drogas, en las cuales participó la CIA utilizando las bases militares del ejército salvadoreño en años posteriores.
El cumpleaños de Hitler
En cumplimiento de lo pactado, Delle Chiaie organizó en Bolivia un escuadrón terrorista denominado Novios de la muerte, que fue asesorado además por el criminal de guerra nazi Klaus Barbie, exalto oficial de la Gestapo. El grupo, integrado por mercenarios alemanes, italianos, servio croatas y de otras nacionalidades, tenía como principal misión garantizar que el tráfico de drogas se mantuviera en manos de los militares. Sus miembros rendían culto a las simbologías nazis y se consideraban herederos de la raza aria, de ahí que celebraran el cumpleaños de Adolfo Hitler con gran solemnidad en la selva boliviana, vestidos con el uniforme negro de las fuerzas SS y cantando en alemán las marchas fascistas, lo cual impresionaba a los militares bolivianos que participaban en las conmemoraciones. Después de la caída de la narco dictadura del Coronel Luis García Mesa, salió de Bolivia el terrorista italiano Delle Chiaie.
A pesar de sus crímenes, los mercenarios que participaron en la Operación Cóndor quedaron impunes. Una historia similar se repite con sus excepciones, en cada una de las acciones encubiertas de la CIA y sus aliados en varios puntos del planeta durante estos últimos 60 años.
La calle del medio
REVOLUCIÓN CUBANA: Un 26 de julio absuelto por la historia
El 26 de julio de 1953 fuerzas del pueblo
revolucionario cubano asaltaron los cuarteles de Moncada contra la
dictadura de Batista y liderados por Fidel Castro. Estos hechos han
pasado a la historia como el Día de la Rebeldía Nacional.
Fidel Castro junto con otros combatientes del Movimiento 26 de julio
26 de julio de 1953.
Fuerzas del pueblo revolucionario armado decidieron dar un asalto a los
cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en
Granma. Estos hechos y este día han pasado a la historia, grabados en la
memoria del pueblo cubano y del resto del mundo como el Día de la Rebeldía Nacional y antesala de las luchas que llevaron al triunfo definitivo de la Revolución Cubana en enero de 1959.
Cuba vive en plena dictadura del general Fulgencio Batista
tras el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. El dictador se hizo
con el poder derrocando a Carlos Prío Socarrás apoyado por la CIA, y
justificándose por tener al país sumido en la bancarrota e inmerso en
drogas y juego.
Batista llegó al poder de la isla. Pero no
hizo otra cosa que agravar la ya caótica situación de la población
cubana que, de manera ilegal, gobernó hasta el primero de enero de 1959, día
en que, junto a sus más estrechos colaboradores, huyó del país cargado
de dinero público. Los santiagueros vivieron con Batista bajo una política alarmante y vacía de ética. Era un periodo caracterizado por la represión, la violencia, la persecución y el empeoramiento de las diferencias sociales.
Así lo entendió en su momento la llamada Generación del Centenario.
El 28 de enero de 1953, 100 años del nacimiento de José Martí, de
nacido, un grupo de jóvenes decidió continuar el legado de la Guerra
Continua proclamada por el conocido Héroe Nacional Cubano.
Con las primeras luces del día 26 de Julio de 1953, el grupo de jóvenes liderados por el entonces abogado Fidel Castro, se dirigieron hacia Santiago de Cuba. Querían reavivar los ideales de independencia del pueblo cubano.
"Podrán vencer dentro de unas horas o
ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo bien, compañeros!, de
todas maneras el movimiento triunfará"
Durante
el mes de febrero, los protagonistas de la insurrección comenzaron los
enfrentamientos de tiro, organizados en diferentes fincas de La Habana ,
y consiguieron confeccionar los uniformes del Ejercito con los que se disfrazarían para entrar en las zonas militares.
En junio, la granja Siboney, cerca de Santiago
de Cuba, un viejo hospedero en Bayamo y dos casas de la ciudad, fueron
el refugio de los futuros asaltantes. La noche anterior a los hechos, Fidel Castro distribuyó a los hombres en tres grupos: el primero en el que él mismo iría al frente atacaría el cuartel de la Moncada, el segundo al mando de Raúl Castro tomaría el Palacio de la Justicia, y el tercero, a cargo de Abel Santamaria, ocuparía el Hospital Saturnino Lora.
"Compañeros: Podrán vencer dentro de unas
horas o ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo bien, compañeros!,
de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y seguir adelante”, expresó el Manifiesto del Moncada, redactado por el joven poeta Raúl Gómez García y que se leyó antes de salir a la acción.
El intento fallido de la toma del cuartel de la Moncada
Era domingo de carnaval aquel 26 de Julio
de 1953 en Santiago de Cuba cuando, de madrugada – a las 5 y 15 a.m.-,
un grupo de ciento setenta y cinco jóvenes inició el asalto. Los grupos
de Raúl Castro y Abel Santamaría lograron asaltar los edificios
colindantes al cuartel, pero un accidente hizo que el grupo de Fidel no lograra tomar la fortaleza.
Los jóvenes disfrazados se encontraron con
una "guardia cosaca" que avisaron de la intrusión. Los asaltantes
lograron una buena ofensiva y causaron al ejército treinta bajas, de
ellas once muertos y diecisiete heridos. Pero el Moncada acogía en su
interior a más de mil soldados, de modo que los revolucionarios optaron por retirarse, tras un combate de cerca de dos horas.
Gran parte de los revolucionarios fueron asesinados y detenidos durante los asaltos
En
caso de no poder tomar el cuartel, la consigna era retirarse a Siboney
para, y desde allí, procurar llegar a las montañas de la Sierra Maestra y
proseguir la lucha. Pero tampoco la retirada resultó de manera satisfactoria.
La represión tras los asaltos: De 70 combatientes muertos, solo ocho cayeron en combate
La represión desatada por los tiranos contra los asaltantes fue de lo más salvaje;
Apresados tras el asalto, a Abel Santamaría le sacaron los ojos y a
Boris Luis Santa Coloma le arrancaron los testículos. Una veintena de
combatientes fueron sacados con vida del Hospital Saturnino Lora y
trasladados por los soldados de la dictadura al cuartel, donde por orden
de Batista, fueron asesinados a diez prisioneros por cada soldado
muerto.
Haydée Santamaría y Melba Hernández también
fueron detenidas y llevadas al Moncada. Estas dos mujeres fueron
testigos de excepción de la masacre allí cometida. Se libraron de ser
asesinadas gracias a un fotógrafo, que acompañaba a la periodista Marta Rojas,
simuló hacerles una fotografía (a pesar de no tener película en la
cámara) y, regándose la noticia de que en el cuartel había dos mujeres
detenidas, los soldados ya no podían presentarlas como muertas en
combate.
Estos son solo algunos ejemplos pero la brutalidad de la violencia ejercida llegó a límites inimaginables. De las 70 personas que murieron el 26 de julio y en días posteriores a manos de la tiranía, sólo ocho cayeron en combate; el resto de los cadáveres, sin excepción alguna, presentaban signos de evidentes mutilaciones y salvajes torturas.
El alegato de Fidel: "La historia me absolverá"
Cuando fueron detenidos, Fidel fue separado
del resto de sus compañeros. Su juicio se celebró en una pequeña sala
del Hospital Saturnino Lora. Era 16 de octubre de 1953 y, en la
autodefensa, pronunció su alegato final conocido como La historia me absolverá.
Su alegato se convirtió en el programa
político del nuevo movimiento revolucionario de Cuba: la lucha desde y
para los sectores populares. El alegato reivindica el derecho a la rebelión, y lejos de exculpar sus actos, proclama la justa defensa ante la ilegalidad del gobierno golpista.
"En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura
como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y
cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano
miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá" expresa el último párrafo de la defensa del comandante.
Al igual que sus compañeros, Fidel permaneció en la cárcel hasta el 15 de mayo de 1955. Una
vez estuvo en libertad, y en total clandestinidad, creó la organización
político-militar Movimiento 26 de Julio, con Che Guevara, Haydee Santa
Maria, Melba Hernadez o Vilma Esoin en sus filas.
"No temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos"
En
diciembre de 1956 un grupo de 82 guerrilleros, al frente del Fidel, se
embarcaron en México en el Yate Granma para desembarcar en la Playa de
las Coloradasm em el Oriente Cubano. Tras un mal comienzo con numerosas
bajas, un grupo de 20 personas, el Ejército Rebelde, consiguieron
instalarse en una base guerrillera en la Sierra Maestra. Este fue el
comienzo de la lucha y revolución que derrocó a la dictadura en la grandiosa victoria del 1 de enero de 1959.
El propio Comandante en Jefe, Fidel Castro,
ha conmemorado en muchas ocasiones las acciones del 26 de julio,
recordándolas como "un nuevo camino al pueblo; que marcó el
inicio de una nueva concepción de lucha, que en un tiempo no lejano hizo
trizas a la dictadura militar y creó las condiciones para el desarrollo
de la Revolución'.
La no consecución de los planes trazados
fue un fracaso militar, pero sin lugar a dudas, se articuló como un
éxito moral y político al marcar la ruta de la posterior lucha
guerrillera que culminó con el Triunfo de la Revolución Cubana.
