HONDURAS - En Honduras se criminaliza a campesinos demandantes de tierras // CIDH condena ataque contra sindicalistas de zona sur y demanda su protección // ¡Alerta! COPINH Denuncia agresiones, amenazas, y destrucción de cultivos en contra de los miembros de COPINH en Río Blanco. // Sin garantías defensores indígenas en América Latina // La historia se repite: ¿Invadirá EEUU a Venezuela? // Gobierno de Venezuela revela planes de la oposición para atacar base aérea y Guardia Nacional // Chile: 250 mil manifestantes a nivel nacional Estudiantes marchan por el #FinALaDeuda y advierten a Bachelet que aún puede “enmendar su rumbo”

En Honduras se criminaliza a campesinos demandantes de tierras

Por defensores -

5 mayo, 2017

Carlos Yovani López Cálix

La Paz, la Paz.
Por Marvin Palacios
En Audiencia Inicial, el Juez de Letras de lo Penal del departamento de La Paz, Hugo López,  resolvió otorgar sobreseimiento provisional por el delito de amenazas y decreta auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva ,  por el delito de atentado contra la seguridad interna del estado, en la causa que se sigue contra el campesino indígena lenca, Carlos Jeovanny López Cálix.
Con la resolución el juzgado ordena a Carlos Jeovanny López Cálix a presentarse todos los viernes de cada semana a firmar el libro de registro, a no salir del país  sin previa autorización del tribunal y no acercarse ni mantener comunicación alguna con los agraviados.
López Cálix fue acusado por la Fiscalía de los delitos de amenazas contra Carlos Benjamín Arriaga Vásquez,  el supuesto dueño de las tierras ubicadas en la aldea La Huerta, San Pedro de Tutule, La Paz,  que el Grupo campesino 9 de Julio ha tenido en posesión  desde el año 2010.
Asimismo  fue acusado por el delito de atentado en perjuicio del Teniente Coronel  de la Fuerzas Armadas de Honduras, Carlos Ibanovich Rodríguez , quien estuvo al mando de los efectivos militares que participaron en el desalojo de las tierras y junto a agentes policiales.
Los hechos destacan que el pasado 11 de mayo de 2016, un contingente de policías militares y agentes preventivos,  ejecutaron un desalojo violento en las tierras que durante varios años han ocupado 10 familias del grupo Campesino 9 de Julio y que reclama como dueño Carlos Arriaga Vásquez.
El desalojo se produjo en la aldea La Huerta, municipio de San Pedro de Tutule, en el departamento de La Paz, en donde resultaron heridas de bala dos personas.  Desde el año 2010 las autoridades han ejecutado al menos 26 desalojos en esta comunidad.
En uno de los desalojos, una mujer abortó a su hijo producto de la tensión generada  por la acción violenta y la inhalación de gases tóxicos de las bombas lacrimógenas; lanzadas por las fuerzas policiales en contra de las familias campesinas.
En la acción fueron destruidas viviendas y cultivos de las familias campesinas. Y durante otros desalojos practicados,  han sido capturados y encarcelados hasta menores de edad. En 2015 fueron liberados 15 campesinas y campesinos que estuvieron presos alrededor de 2 meses en el presidio de Marcala, por demandar un pedazo de tierra para el sustento de sus familias.
Organizaciones campesinas aglutinadas en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) han expresado que el sistema de justicia de Honduras no responde oportuna y adecuadamente ante los demandantes de derechos, y que por el contrario ese mismo sistema es el que criminaliza a las personas que demandan un pedazo de tierra como un derecho humano.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) que ha seguido de cerca el caso,  expresó que durante el desalojo del 13 de enero de este año, practicado nuevamente en la aldea La Huerta,  las fuerzas policiales se excedieron en el uso de la fuerza, lo que representó un alto grado de desproporcionalidad que es incompatible con los estándares internacionales en esta materia.
El estado no practica estándares internacionales en el tema de desalojos de tierras
“Expresamos a través de un comunicado público que un desalojo forzado debe ser como una acción tomada de manera excepcional, es decir, cuando no haya otra posibilidad razonable, entre ellas, la reforma agraria, la negociación y principalmente el análisis del proceso jurídico y el agotamiento de todas las instancias posibles”, resaltó el comunicado distribuido a la prensa el 24 de enero de 2017.
El comunicado señaló que se pudo constatar que la autoridad judicial que dio la orden de desalojo, tenía conocimiento de un Amparo pendiente sobre la posesión de la propiedad, lo que deja claro que el bien jurídico en cuestión, no estaba firme, y por lo tanto no se debería proceder con la actitud tan extrema de proceder a un desalojo forzado”.
Expertos de la OACNDH  han expresado que efectuar un desalojo forzado requiere de un estudio de impacto y acciones de reubicación para las personas desalojadas, el estudio de impacto puede reflejar la presencia de niños, personas con necesidades especiales, rutas de evacuación, y la presencia de asistencia médica en caso del uso de la fuerza.
“Recordando que el uso de la fuerza solo debe ser ,cuando sea extremadamente necesario y conforme a principios de legalidad y proporcionalidad, el uso de armas de fuego, de gas lacrimógeno, no debe ocurrir en procesos de desalojo forzado, los bienes jurídicos que buscan proteger un desalojo forzado no están por sobre el derecho a la vida, la integridad personal , el derecho a una morada digna; por lo tanto no hay justificación para uso desproporcionado de la fuerza en estos casos”, destacaron los expertos de la ONU.
Referente a la postura asumida por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas  para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva,  expresó en aquella oportunidad: “Desde un inicio ellos decidieron  observar  las denuncias que se habían hecho públicas referentes al caso de la Empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, eso es importante porque es el momento preciso de demostrar ante la opinión pública nacional e internacional que aunque hagamos acciones en base a derecho y en base a la ley, no hay respuestas a las mismas”, aseguró Oliva.
Eso nos indica que estamos en total indefensión, que no tenemos un sistema de justicia o un sistema democrático de derecho que ampare a los demandantes o reclamantes de derechos. Para nosotras darle seguimiento a este caso es de vital importancia por varias razones.
“ No podemos pasar indiferentes ante la calamidad en que someten las autoridades a los campesinos y campesinas lencas, que han decidido tomar su tierra como un derecho universal y que además los ampara el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, sostuvo la defensora de derechos humanos.
En el desalojo ejecutado el  11 de mayo de 2016, testigos relataron que cuando el contingente policial- militar ingresó a la propiedad, los ocupantes del Grupo Campesino 9 de Julio, salieron en forma pacífica, sin embargo minutos después,  se produjo un enfrentamiento entre un grupo de 30 campesinos y las fuerzas policiales militares que alcanzaban un número de 80 efectivos.
Aunque testigos revelaron en la audiencia del 4 de mayo en los tribunales de La Paz, que el contingente policial-militar no portaba armas de fuego, fue en este desalojo donde resultaron heridas  de bala.
Producto del enfrentamiento, se acusó a Carlos Geovanny López Cálix, por los delitos de amenazas contra el reclamante de las tierras Carlos Benjamín Arriaga Vásquez y por el delito de atentado en contra de la seguridad interna del estado de Honduras, que involucra al Teniente Coronel  Carlos Ibanovich Rodríguez y a otros agentes policiales.
Durante la audiencia Inicial a la que fue sometido el imputado Carlos Jeovanny López Cálix, actuaron como observadoras, procuradoras de derechos humanos del COFADEH.
Causó alarma a las procuradoras de derechos humanos del COFADEH, así como al equipo de abogadas defensoras del campesino indígena lenca, que un testigo revelara,  que en los archivos policiales están señalados como delincuentes, Carlos Jeovanny López Cálix (el imputado) así como el dirigente regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Willman Chávez.

UITA denuncia un modelo económico en Honduras que suprime los derechos de los trabajadores y trabajadoras

Por defensores -

8 mayo, 2017

Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
La Sexta Misión de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), en conferencia de prensa,  denunció  los embates de un modelo político y económico que se aplica en Honduras y que arrasa con los bienes comunes, acapara la tierra, precariza el mercado laboral y viola los derechos de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, como el caso de las compañías meloneras.
En un comunicado distribuido a la prensa, la UITA reveló que dicho modelo también atenta contra los derechos de los pueblos indígenas y negros hondureños, persigue y criminaliza a hombres y mujeres defensores de los derechos humanos, asesina a mujeres, cercena la libertad de expresión, criminaliza y judicializa a campesinos y campesinas y reprime a miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI).

Gerardo Iglesias, Secretario Regional de la UITA

“Estamos sumamente preocupados por lo que esta Misión de la UITA ha podido observar durante estos días. La impunidad sigue siendo el combustible de una maquinaria de terror. La impunidad dispara y vuelve a cargar las armas contra todo aquel que se niega a resignarse y acatar el hambre, la depredación ambiental, la pobreza, la falta de empleo y los empleos basura que no permiten a la gente salir del circuito tenaz de la miseria y la desesperación”, dijo Gerardo Iglesias, Secretario Regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA).
La misión viajó  a La Esperanza, Intibucá, para escuchar de la viva voz de los familiares de la luchadora social y lideresa indígena Berta Cáceres, y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y conocer cuáles son sus demandas ante tanta impunidad tras 14 meses del brutal asesinato de Cáceres.
“Ambos siguen exigiendo que los órganos responsables de impartir justicia aseguren el castigo para los mandantes intelectuales que orquestaron y financiaron el crimen”, expresa el comunicado de prensa.
Los familiares de Berta Cáceres Flores y el COPINH, piden que cese el secretismo alrededor de las investigaciones y que no se obstaculice el trabajo del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), cuyo objetivo es realizar un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos.
“Es urgente y necesario quitar el velo de secretismo e impunidad que rodea el caso del asesinato de Berta Cáceres, quien había denunciado oportunamente a las autoridades públicas competentes, que su vida corría peligro y nada se hizo, convirtiendo este caso en una muerte anunciada”, manifestó Iglesias.
La misión que estuvo en Honduras del 2 al 8 de mayo, expresó que la decisión de viajar nuevamente a este país centroamericano se debe a la grave situación de crisis de derechos humanos, incluyendo los laborales, que ha venido golpeando a su población tras el golpe de Estado de 2009.

Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH

La Sexta Misión de la UITA se reunió, entre otros, con la Coordinadora General  Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, así como con representantes de la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Alimentos y Bebidas de Honduras (USTBAH), la Red de Sindicatos de la Maquila, la Plataforma Agraria Regional del Aguán, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva expresó que los gobiernos avalan y permiten que varias empresas violenten los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en Honduras.
“Es ahí donde tenemos que decirles sin temor, porque decir la verdad, es la que libera a los pueblos, entonces la gente no debe tener miedo para hablar sobre lo que realmente está pasando,  sobre las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, porque de lo contrario va a estar muy difícil que el pueblo se libere, si nuestras voces se callan, si nuestras voces se intimidan”, sostuvo Oliva.
La misión sostuvo reuniones con varios fiscales del Ministerio Público (MP), “manifestándoles su profunda preocupación ante la campaña de criminalización y judicialización de cientos de campesinos y campesinas en diferentes zonas del país. Asimismo mostraron sus inquietudes por el caso de Berta Cáceres y la situación de inseguridad que viven las y los trabajadores de las meloneras en el sur de Honduras por el simple delito de haber constituido un sindicato. También mostraron su preocupación ante la situación de quiebra del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la demora en encontrar los responsables del mayúsculo robo que allí se llevó a cabo”, señaló el comunicado.
Anuncian la conformación de la Unión de Sindicatos  de Trabajadores de Alimentos y Bebidas
El líder sindical Carlos H. Reyes instó a la clase obrera a organizarse para restablecer los derechos perdidos, porque a la hora de organizar sindicatos la situación se vuelve difícil frente a la aplicación de la Ley de Empleo Temporal.

Carlos H. Reyes, del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).

Reyes citó que organizaciones que existen en las maquilas, se han organizado en red de sindicatos para demandar y exigir el cumplimiento de sus derechos, entonces “nosotros estamos formando la Unión de Sindicatos  de Trabajadores de Alimentos y Bebidas, donde está el banano, el azúcar, el melón y las bebidas, o sea que estamos haciendo una unión y lo que se quiere es que ahora solo existan sindicatos de industrias y no sindicatos de empresas”.
La Misión, acompañada por miembros del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), viajó a Choluteca para reunirse con las trabajadoras de las meloneras propiedad de la transnacionales Fyffes en las comunidades de La Permuta y Los Chagüites, a quienes las empresas meloneras Sur Agrícolas de Honduras (Suragroh) y Melón Export S. A. (Melexsa) han cercenado los derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
Una situación ya difícil que se ha vuelto aún más preocupante después del atentado del pasado 13 de abril que sufrieran los hermanos Moisés y Misael Sánchez, ambos miembros del sindicato, quienes fueron atacados por individuos encapuchados, armados de pistolas y machetes que al mismo tiempo que proferían golpes, los amenazaban que si seguían con su labor sindical “deberían atenerse a las consecuencias”.
A raíz de esta grave situación de violación de derechos, el pasado 4 de mayo la transnacional Fyffes ha sido suspendida de la membresía de la Iniciativa de Comercio Ético (ETI por su sigla en inglés), cuya sede está en Londres, Inglaterra.

Marcial Cabrera, miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA

Fyffes tiene ahora 90 días para aceptar sentarse con la UITA a una mesa de diálogo para solucionar la grave situación de violación de derechos en Honduras. De no hacerlo será expulsada definitivamente de dicha instancia de comercio ético.
La Misión se reunió con el Ministro del Trabajo donde además de este caso en la compañía Fyffes, se abordó la situación de incertidumbre que padecen los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional Agrario (INA), con la pérdida de derechos adquiridos en su contrato colectivo.
Se subrayó con profunda preocupación la actitud dilatoria de la Cervecería Hondureña (AB InBev) y Embotelladora La Reyna (CBC Honduras, PepsiCo), y como ambas empresas pretenden tercerizar a un mayor número de trabajadores y precarizar las condiciones de labor, lo cual el STIBYS ha venido denunciando sistemáticamente.
La Misión estuvo integrada por Gerardo Iglesias, Secretario Regional de la UITA, Marcial Cabrera, miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA y Carlos H. Reyes,  del Comité Ejecutivo Mundial de la UITA, y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).
La Sexta Misión de la UITA se compromete en realizar un exhaustivo informe y darlo a conocer a la opinión pública internacional y socializarlo en la 106.a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en junio de este año, como en el 27 Congreso Mundial de la UITA que se celebrará en agosto del actual en Ginebra, Suiza.
La UITA cuenta con 425 organizaciones afiliadas en 124 países. Desde su fundación en 1920, la solidaridad internacional de los trabajadores y trabajadoras, y la promoción y defensa de los derechos humanos, han sido y continúan siendo los principios rectores de la Internacional.

Honduras: CIDH condena ataque contra sindicalistas de zona sur y demanda su protección

• Tue, 05/02/2017 - 03:04
• by Redaccion

Washington, Estados Unidos (Boletín de Prensa CIDH).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condena el ataque a Moisés Sánchez, Secretario General de la Sub-seccional del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) y a su hermano, Misael Sánchez, también afiliado a dicha organización sindical, que tuvo lugar el 13 de abril de 2017 en Honduras.
De acuerdo con la información presentada a la CIDH y de público conocimiento, al salir de la oficina sindical en el Departamento de Choluteca, los hermanos fueron atacados violentamente mientras transitaban en bicicleta por la carretera por cuatro individuos encapuchados, armados con pistolas y machetes. Misael Sánchez sufrió un corte de machete en la cara que lo dejó hospitalizado durante cuatro días. Los atacantes habrían amenazado a Moisés Sánchez indicándole que abandone su actividad sindical para evitar futuros ataques. La Comisión urge al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho y, en su caso, identificar y sancionar a los responsables.
De conformidad con la información recibida, este ataque tiene lugar en el contexto de una serie de afectaciones laborales en perjuicio de los trabajadores de las plantaciones de melón en Honduras, el 80 por ciento de los cuales son mujeres. Al respecto, se informó a la CIDH que los trabajadores de la región han venido enfrentado una serie de afectaciones, tales como el pago de salarios inferiores al  mínimo, la falta de vacaciones proporcionales, horarios extenuantes, falta de pago de horas extra, falta de cotización para la seguridad social, despidos arbitrarios, inadecuadas condiciones de salubridad en el ambiente laboral, incluida la exposición a productos químicos, entre otras. También se ha indicado que los empleadores en Choluteca mantienen una postura antisindical.
En 2016, los trabajadores del melón de Honduras decidieron conformar el sindicato industrial de los trabajadores agrícolas STAS, afiliado a la federación de FESTAGRO. Se indica a la CIDH que, como consecuencia de la creación del sindicato, varios trabajadores fueron despedidos de manera ilegal y que fueron amenazados. También se informa que trabajadores y líderes sindicales de diferentes empresas de la región son hostigados por sus actividades y que los líderes de FESTAGRO que apoyaron los esfuerzos de organización de los trabajadores del melón, también fueron objeto de actos de hostigamiento y amenazas de muerte a partir de agosto de 2016.
Los líderes y lideresas sindicales juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos de miles de trabajadoras y trabajadores en la búsqueda de mejores condiciones laborales; y que constituyen figuras de expresión política organizada para la presentación de sus demandas laborales y sociales. El derecho a formar sindicatos, así como el de perseguir en forma colectiva la protección de los derechos laborales, se encuentran protegidos a través de la libertad de asociación. Esta libertad se traduce en la facultad de constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del respectivo derecho; y supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar parte de la asociación. Por ello, los Estados deben permitir el ejercicio libre de la libertad sindical en reconocimiento de la autonomía e independencia de los sindicatos,  y garantizar que ninguna persona sea privada de su vida ni agredida en su integridad personal como consecuencia del ejercicio de tal actividad.
La CIDH insta al Estado de Honduras a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los líderes sindicales puedan realizar sus actividades de denuncia, acompañamiento y protección, libres de ataques u actos de violencia que pongan en riesgo su vida, su integridad y su seguridad.

martes, 2 de mayo de 2017

¡Alerta! COPINH Denuncia agresiones, amenazas, y destrucción de cultivos en contra de los miembros de COPINH en Río Blanco.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH denuncia públicamente ante las autoridades nacionales e internacionales la destrucción malintencionada y deliberada de los cultivos de maíz y frijol del pueblo Lenca y agresiones por parte de miembros de la familia Madrid en contra de la comunidad indígena de Río Blanco y de las tierras comunales ancestrales de la misma.

En el mes de abril 2017, se han quemado varias manzanas de cultivos de maíz y frijol de miembros de COPINH en Río Blanco, incluso siembras listas para cosechar. La destrucción de estos cultivos es la eliminación del sustento básico de las comunidades, y un ataque directo a miembros y miembras del COPINH quienes defienden su territorio, y dependen de sus cosechas para sobrevivir.  Aquilino Madrid y Virgilio Madrid han destruido los cultivos de la comunidad mediante el hecho de dejar sus vacas en los cultivos para que se los coman. La comunidad ha sufrido una serie de agresiones y amenazas por parte de miembros de la familia Madrid, entre los que se encuentran las agresiones físicas, amenazas de muerte con armas de fuego y machetes, destrucción de las siembras y milpas comunitarias, así como hostigamiento y amenazas de persecución judicial.  Desde los inicios de la resistencia del pueblo Lenca en contra del proyecto hidroeléctrica Agua Zarca, la empresa DESA ha utilizado a miembros de la familia Madrid como elemento de amenaza y división contra la comunidad. Son numerosas las amenazas y agresiones, incluso antes del asesinato de nuestra coordinadora Berta Cáceres, uno de ellos hizo una llamada telefónica para advertir que ‘iban a arreglar las cosas con Berta a buenas o a malas’ y de estar alerta a las consecuencias. Miembros de esta familia usaron amenazas y agresión para invadir territorio Lenca, y se apropiaron ilegal e ilegítimamente de tierras ancestrales, mediante trámites fraudulentos e ilegales aprobados por las autoridades municipales, y de esa manera ilegalmente vendieron el territorio a DESA.

Denunciamos que la Municipalidad de Intibucá ha desmembrado el titulo ancestral del pueblo Lenca en Rio Blanco, y ha otorgado dominios plenos de manera ilegal, sin el consentimiento debido, para facilitar la venta del territorio Lenca a la empresa DESA en violación directa de la voluntad de la comunidad.  Hemos hecho del conocimiento de las autoridades lo anterior y responsabilizamos de cualquier incidente o confrontación a las mismas.

Hacemos un llamado para que las autoridades cumplan su deber y lleven ante la justicia a quienes agreden a las comunidades Lencas.
Ministerio Público/ Fiscalía de las Etnias. Tel.: +504 2221 3099

¡Fuera proyectos de muerte de nuestros territorios! 

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Iselaca, Lempira, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 2 días del mes de mayo de 2017

Persiste criminalización contra campesinado en el Aguán

• Wed, 05/03/2017 - 07:41
• by Cesario Padilla

Colón, Honduras (Conexihon).- La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, denunció este fin de semana la profundización de la criminalización hacia el sector campesino, al conocer que existe requerimiento fiscal contra nueve líderes y lideresas en el departamento de Colón, costa norte de Honduras.
El delito por el que se les acusa es Usurpación en contra de la empresa Agropalma, de acuerdo a un comunicado de prensa de la Plataforma Agraria.
La acción fue emitida por los Juzgados de Letras Seccional de Trujillo, departamento de Colón el pasado 24 de abril.
Cabe destacar que el 21 de mayo de 2014, a instancias de la empresa Agropalma, se ejecutó un desalojo contra las familias campesinas de la cooperativa Trinidad, que a su vez pertenecen al Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) de sus tierras el 21 de mayo 2014, a través de la fuerza policial y militar.
El requerimiento libra orden de captura contra Ceyda Xiomara Alemán Mejía, Yenis Sulay Rodríguez Velásquez, Nolvia Liseth Berrios Lezama, Jaime Adali Cabrera del Cid, Carlos Omar Espinoza Velásquez, Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Ángel Joel Guevara Mejía, Santos David Palma Salinas y Erick Antonio Rivera Flores.
De los nueve, tres gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en mayo de 2014. Uno de los tres es Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán.
De acuerdo al comunicado de la articulación de organizaciones campesinas, al gobierno hondureño sigue sin atender los informes hechos por la CIDH en su informe sobre Honduras en 2015 y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH). “Se continúa persiguiendo, criminalizando y asesinando”, puntualizó la Plataforma.

Derechos Humanos de la ONU visita comunidades de Tela que se oponen a hidroeléctrica

May 03, 2017

La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos OACNUDH-Honduras, realizó una visita in situ para conocer la realidad que viven las comunidades de Mezapa y Pajuiles en Tela, Atlántida, ante la construcción de una represa hidroeléctrica propiedad del empresario progreseño Jason Hawit, en la parte alta de la montaña Nombre de Dios. 
La visita se produjo a raíz de las múltiples denuncias sobre daños ambientales y violaciones a los derechos humanos, que las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia han interpuesto en las instituciones correspondientes sin tener respuesta alguna. 
La comisionada de la ONU María Soledad Pazo, dialogó con los líderes de las comunidades y realizaron un recorrido con el objetivo de ingresar al lugar donde se construye la hidroeléctrica. Los empleados del empresario Jason Hawit negaron el acceso a la comisionada asegurando que nadie puede ingresar sin autorización del propietario. También la comisionada de la ONU, en reiteradas ocasiones intentó entablar comunicación telefónica con Jason Hawit, pero este no atendió su celular ni el teléfono de su oficina. 
Al llegar a la entrada principal de la comunidad, la comisionada solicitó al jefe de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina) en Atlántida, retirar las volquetas y carros de la empresa Hidrocep, estacionadas por orden del empresario para obstaculizar el paso, sin embargo, su solicitud fue negada. 
Los pobladores y pobladoras de Tela expusieron las razones por las cuales se oponen al proyecto hidroeléctrico y alertaron sobre las posibles repercusiones que tendrá en el medio ambiente y las fuentes de agua potable que abastece a las 20 comunidades. Además  reflejaron el papel negligente del Alcalde Mario Fuentes y las autoridades judiciales de Atlántida. 
“Estamos acá para hablar con todos los actores y ver en qué podemos ayudar” manifestó a las comunidades María Soledad Pazo, Representante  de las Naciones Unidas, agregando que está a la espera de reunirse con el empresario y las autoridades correspondientes. Se espera que en los próximos días la oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de derechos humanos brinde un informe sobre su visita a las comunidades que están jugándose la vida en defensa del agua.

Desplazamiento forzado tiene mayor impacto en las mujeres

May 05, 2017

“Uno de los jefes de una padilla se enamoró de mi hija de 16 años, pero como no le correspondió comenzó a acosarla y amenazarla que si no era de él no iba a ser de ningún otro hombre, esto nos obligó abandonar nuestra casa para salvar la vida de mi niña”, cuenta una madre quien junto a su familia vivió por 30 años en una colonia de San Pedro Sula, al norte de Honduras y de la noche a la mañana tuvo que huir.   
El desplazamiento forzado de las poblaciones es una de las consecuencias más graves de la diversa violencia que se vive en Honduras. Según datos oficiales  más de 174 mil personas en distintas regiones del país han tenido que dejar sus comunidades y sus pertenencias. Salvar su vida y escapar del crimen es su pan de cada día. 
“Este fenómeno afecta en mayor proporción a las mujeres de muchas maneras. Pero, ante la falta de protección del Estado,  las mujeres muestran ingenio, resistencia y coraje a la hora de afrontar la adversidad”, revela un estudio sobre desplazamiento forzado realizado por el Foro de Mujeres por la Vida, con sede en San Pedro Sula. 
“Este estudio recoge los tipos de violencias que las mujeres enfrentan en sus barrios, colonias y comunidades, y cómo éstas impactan directamente en sus vidas provocando, en muchos de los casos, desplazamiento forzado”, indicó Nelly Delcid, encargada de desarrollar la investigación. 
A renglón seguido indicó que a través de grupos focales y entrevistas personalizadas se encontró el daño emocional que existe en las mujeres desplazadas, pero que además  hay una gran claridad  de las féminas respecto a la falta de apoyo del Estado hondureño, a las familias víctimas del desplazamiento forzado.   
Las padillas, el crimen organizado, el tráfico de drogas  y la violencia doméstica han dejado en Honduras una estela de dolor y el desplazamiento forzado es una de las tantas caras de la violencia. “Muchas personas huyen de la violencia urbana alimentada por la guerra entre pandillas o “maras”, la extorsión generalizada, las amenazas, el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la inseguridad generalizada”, de acuerdo a datos del Comisionado Nacional de los derechos Humanos. 
“Los cuerpos de las mujeres son utilizados para mandar mensajes a los grupos delincuenciales rivales, para muestra un botón: dos jóvenes decidieron visitar a unas amigas que vivían en otro sector donde dominaba una pandilla contraria a la de zona, al llegar al lugar de destino las jóvenes fueron raptadas y al siguiente día aparecieron con señales de violación y desmembradas”, indicó.    
Estado incapaz de dar protección 
Desde el año 2013 en Honduras se aprobó un decreto que creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, la cual tiene como objetivo impulsar la formulación de políticas y la adopción de medidas de prevención del desplazamiento forzado, así como la atención, protección y soluciones a las personas afectadas y sus familiares.
Sin embargo “el Estado es incapaz de asegurar la integridad de las mujeres amenazadas. Este desamparo sitúa a las mujeres en una posición de extrema vulnerabilidad y riesgo en los diferentes ámbitos del ciclo de desplazamiento forzado de víctimas en condiciones de riesgo”, manifestó DelCid.  
“Las mujeres se ven obligadas a abandonar sus casas, salen en búsqueda de familiares a otras zonas del país, se desplazan forzadamente a otras zonas más alejadas y a menudo terminan cruzando frontera internacional para salvar sus vidas”, indicó.
Chamelecón y Rivera Hernández  han sido considerados los sectores más poblados del municipio de San Pedro Sula. Sin embargo, en los últimos diez años ha ido disminuyendo en habitantes debido a que cientos de éstos han emigrado por temor, pues la inseguridad en la zona es cada vez mayor.
El panorama es desalentador: varias familias han optado por abandonar sus casas debido a los constantes asaltos  y amenazas contra integrantes de su familia  que hacen a miembros de las pandillas, de acuerdo a testimonios recopilados por Radio Progreso. 
“Ante la falta de respuestas por parte de la institucionalidad hondureña, como pueblo tenemos la obligación de demandar al gobierno verdaderas políticas para reducir la violencia y la protección a las víctimas de desplazamiento forzado”, concluyó Nelly Delcid, del Foro de Mujeres por la Vida.  

Sin garantías defensores indígenas en América Latina

Por defensores -

5 mayo, 2017

Por: Sandra Rodríguez
México- Mañana será sepultado el cuerpo del líder indígena Luis Hernández Cruz (60), quien fue atacado a balazos por desconocidos ayer tarde, al bajarse de su automóvil frente su casa, pero falleció a las 07:00 de la noche en el hospital regional de Comitán de Domínguez, Chiapas, al sur de México.
Hernández era un reconocido líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC Histórica).

Según el reporte médico, el líder campesino y ex diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PDR), falleció a causa de “un paro cardiorrespiratorio provocado por proyectil de arma de fuego en el tórax”, informó la Fiscalía de Chiapas.
Como parte de la investigación por el asesinato de Hernández Cruz, la Fiscalía reportó la detención de su hermano Antonio de 54 años, quien antes del arresto, exigió se realice una profunda investigación y dar con el paradero de los responsables del crimen.
Hernández Cruz era un indígena tojolabal, nativo de la comunidad Veracruz del municipio de Las Margaritas, Chiapas.
En enero pasado fue asesinado el líder indígena ganador del premio Goldman 2005 al medioambiente, Isidro Baldenegro López (51), dedicado a la lucha por la preservación de los bosques de pino y roble de la Sierra Madre de México.
Baldenegro fue un líder de los Tarahumara, una etnia cuyos miembros viven en los territorios de la Sierra Madre occidental, su asesinato es el segundo de un ganador del premio Goldman en menos de un año, luego del crimen perpetrado el 02 de marzo del 2016 contra la lideresa indígena Lenca Berta Cáceres Flores (43), fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Cáceres Flores, reconocida por enfrentarse a empresas trasnacionales y al mismo gobierno, fue criminalizada pese a las denuncias reiteradas de persecución, seguimiento y amenazas contra su vida, que finalmente se concretizaron en su misma casa, en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al occidente de Honduras.
En Guatemala, el 16 de enero fue asesinada Laura Leonor Vázquez Pineda, antigua activista del movimiento pacífico de resistencia contra el proyecto minero de San Rafael, de acuerdo a la información disponible. Habría sido encontrada en su casa, muerta por disparos en la cabeza. Además, se informó que el 17 de enero fue asesinado Sebastián Alonso Juan, un hombre indígena defensor de los derechos de la tierra, en Huehuetenango, durante una protesta pacífica en contra de proyectos hidroeléctricos Pojom I y II.
En los primeros cuatro meses, más de 40 defensores de derechos humanos en Colombia han sido asesinados, según denuncias El Alto Comisionado para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein. Uno de los primeros casos fue el de la lideresa indígena, Yoryanis Isabel Bernal Varela, de 43 años, originaria del pueblo indígena wiwá, activista por los derechos indígenas y de las mujeres.
Situación preocupa a organismos internacionales

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó la atención este lunes 03 de mayo sobre el riesgo que corren los defensores de esas garantías en muchos lugares del mundo, mencionó la violencia contra esos activistas en Honduras, sobre todo en las áreas rurales y agregó que en Brasil han aumentado los ataques de este tipo y que el gobierno debe hacer más para combatir la impunidad.
Por otra parte, el Alto Comisionado habló de las dificultades que afrontan los periodistas para ejercer su profesión y citó en particular el caso de México, con 124 informadores asesinados desde el año 2000, cinco de ellos en las últimas semanas, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Zeid llamó a los gobiernos a acabar con la impunidad y a procesar de manera justa los crímenes contra periodistas y activistas en América Latina para que puedan llevar a cabo su labor en un entorno seguro y libre, en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Organizaciones internacionales han denunciado los asesinatos de los y las defensoras de derechos humanos, hay casos en los que se logra capturar a algunos sospechosos, no siempre se priva de libertad a los autores intelectuales, por lo que aumenta la demanda de justicia, como la mantiene la familia Cáceres Flores y Zúniga Cáceres por el asesinato de la “Nobel Verde” hondureña, Berta Cáceres.
La muerte es el extremo a que enfrentan las y los defensores de derechos humanos ya sea en la defensa del ambiente, territorio, bienes comunes e indígenas en América Latina, donde las concesiones mineras, hidroeléctricas y otras están desplazando a los pueblos originarios de sus territorios.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado emitido el 07 de febrero del 2017, ya se le había informado 14 homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos: siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua.

De acuerdo con la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para ejercer el activismo medioambiental, mientras que América Latina es la región en la que más ambientalistas han sido asesinados. En total, 122 defensores medioambientales fueron asesinados en la región latinoamericana en el 2015, de acuerdo con el informe En terreno peligroso de Global Witness.
“El 2015 fue el peor año de la historia en lo que respecta al asesinato de defensores de la tierra y el medio ambiente”, explica la organización. Durante este año, como media, más de tres personas fueron asesinadas cada semana. En total, ocurrieron 185 asesinatos de defensores ambientales en 16 países de los cinco continentes. América Latina y Asia destacan como las regiones que registraron la mayor cantidad de asesinatos de ambientalistas, con 122 y 47 casos, respectivamente.

HONDUREÑOS ANUNCIAN PROPUESTAS PARA REVERTIR ILEGITIMA REELECCIÓN

Publicado: 04 Mayo 2017

Un grupo de hondureños unidos en Convergencia Ciudadana ha enumerado una lista de propuestas antireelección en la que se  destaca “anular la sentencia de a Corte Suprema de Justicia (CSJ) que abrió el camino a la inscripción del Sr. Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR  

Tegucigalpa. En conferencia de prensa, un grupo de hondureños unidos en Convergencia Ciudadana Por el Rescate de Nuestra Democracia, enumeró siete ejecuciones para asegurar la legalidad y limpieza de las elecciones generales del próximo 26 de Noviembre. 

El documento presentado por la organización, manifiesta que anular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), reestructurar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), crear un mecanismo de supervisión eficaz en las Mesas Electorales Receptoras y sustituir el sistema informático electoral actual.

Asimismo, poner en ejecución la Ley de Política Limpia e incorporar una Misión Especial de Acompañamiento de organizaciones y países interesados en el fortalecimiento de la democracia, son condiciones para garantizar la legalidad del próximo proceso electoral.  

El escrito tiene sus orígenes en el grave peligro que se cierne sobre Honduras cuando se viola la constitución, se controla las instituciones y se utiliza impunemente los recursos del Estado para financiar el establecimiento de una dictadura en perjuicio del pueblo hondureño.

La empresaria e integrante de esta propuesta civil, Juliette Handal, explicó que “esto broto ante el silencio e ilegalidad que estamos viviendo en nuestro país. Como convergencia vamos a seguir haciendo acciones, esperamos que el pueblo responda y que los que gobiernan cambien de actitud”.

    

Handal advirtió que si los gobernantes no escuchan al pueblo, se puede producir “una crisis aún mayor que la que tenemos; cuando hay crisis las inversiones se paran, no hay inversión ni mejoramiento de la calidad de vida de la gente”.

El también miembro de esta organización, Rubén Palma, cuestionó el proceso de la reelección presidencial “¿por qué vamos a elegir un presidente que ha demostrado ser un fracaso en social, en lo económico, en lo político?”.

Sugirió a la sociedad  movilizarse y sostener el objetivo de “impedir la reelección, a pesar de que eso ya esta planteado, la movilización popular puede revertir todo lo ilegal”.

En abril de 2015, cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, declararon inaplicable el artículo 239 de la Constitución de la República, dando así vía libre para hablar de la reelección presidencial. Asimismo el TSE, en diciembre de 2016 dio luz verde a la inscripción del presidente Hernández.

DÍAS CLAVES PARA LA OPOSICIÓN POLÍTICA EN HONDURAS

Publicado: 09 Mayo 2017

La oposición hondureña tiene hasta el 25 de mayo para inscribir la candidatura ante el Tribunal Electoral “por escrito, indicándose el nombre, emblema, ideario, plan de acción política, programa de gobierno”, de acuerdo al artículo 90 de la Ley Electoral.

Mientras más garantías tenga la oposición, mayores posibilidades de acertar tiene el sistema, porque en lugar de un criterio solitario se pueden sopesar varias posiciones antes de llegar a una conclusión más elaborada. Así, en América Latina y el mundo instituciones políticas de derecha e izquierda han ascendido al poder la nación.

En Honduras, grupos afines al mandatario Hernández intentan desprestigiar la alianza política-electoral y hasta hacerla ver como un movimiento “diabólico”, “criminal”, “anarquico”, etc, sin embargo, la oposición es uno de los grandes signos de madurez política en cualquier democracia.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Desde hace dos años, en Honduras se habla de una alianza de oposición política para frenar la pretensión reeleccionista de Juan Hernández. Es de recordar que en febrero de 2015 se formó la Coalición Nacional Opositora, a través del acuerdo de unidad para trabajar “en defensa del pueblo y la democracia”, que pactaron los líderes del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya; Partido Anticorrupción (Pac), Salvador Nasralla; Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-SD), Guillermo Valle; y Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda.

Hasta el momento, estos partidos han mantenido una alianza en el Poder Legislativo, para temas de interés nacional, entre otras la oposición para darle rango constitucional a la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), la no integración de la mesa directiva del Congreso Nacional, las medidas económicas aprobadas por el gobierno nacionalista y las reformas al Código Penal.

En respuesta, el Partido Nacional (PN), ha hecho alianza con partidos legalmente muertos, así se confirmó el 5 de mayo, al anunciarse que los partidos Unificación Democrática (UD) y Democracia Cristiana (DC), formarán parte del PN en los comicios generales de noviembre.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El domingo 7 de mayo, el candidato a la Presidencia por el PL, Luis Zelaya, pidió perdón a sus correligionarios por el golpe de Estado de 2009 y anunció su decisión de integrar la alianza de oposición. No obstante, para que esta coalición participe en los comicios generales de noviembre próximo, debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 90 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, creada mediante decreto 44-2004.

El artículo 90 manda que: “Las condiciones de las Alianzas políticas se practicarán por escrito, indicándose el nombre, emblema ideario, plan de acción política, programa de gobierno, respetando el principio de integración nacional, distribución de los cargos de elección popular, financiamiento público y demás acuerdos bajo los cuales actuarán. Deberán registrarse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a más tardar seis meses antes de la celebración de las elecciones generales y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta”.

EL TIEMPO CORRE

Esto significa que los partidos de oposición, tienen menos de dos semanas para inscribir la candidatura única, antes de que el TSE haga oficial la convocatoria para las elecciones generales. Y el artículo 89 de la Ley Electoral establece dos tipos de alianzas. “Total, aquella en que los partidos políticos postulen los mismos candidatos, en los tres niveles electivos y bajo un mismo programa de gobierno… Es alianza parcial aquella en que sólo se postulan candidatos comunes en alguno o algunos de los niveles electivos o en algún departamento o municipio”.

Al respecto, el presidente del TSE, Erick Rodríguez, dijo que el plazo para la inscripción de las alianzas, que participarán en las elecciones generales del próximo 26 de noviembre, vence el jueves 25 de mayo. “En este caso, las elecciones se van a presentar el 26 de noviembre de este año, por tanto, la convocatoria debe ser el 25 de mayo, entonces las alianzas tienen hasta el 25 a las 12:00 de la noche para poder inscribirse”, ha dicho.

Rodríguez agregó que después el TSE tendrá cinco días para hacer la revisión y ver si reúnen los requisitos, “aunque los que ya las tienen definidas pueden presentarlas desde ya y así ir evacuando la documentación”.

PRÁCTICA COMÚN

 EN AMÉRICA LATINA

En Honduras, grupos afines al mandatario Hernández intentan demeritar la alianza y hasta hacerla ver como un movimiento “diabólico”, sin embargo, la oposición es uno de los grandes signos de madurez política en cualquier democracia. A las mejores decisiones se llega por la deliberación, no por la imposición; porque la imposición nunca ha sido buena consejera y de ahí al autoritarismo sólo hay un paso.

Mientras más garantías tenga la oposición, mayores posibilidades de acertar tiene el sistema, porque en lugar de un criterio solitario se pueden sopesar varias posiciones antes de llegar a una conclusión más elaborada. Así, en América Latina y el mundo instituciones políticas de derecha e izquierda han ascendido al poder la nación.

Por ejemplo, en Perú esto ha sucedido en tres ocasiones: en 2011 Ollanta Humala asume la Presidencia por la alianza electoral “Gana Perú” (de izquierda); en 2001 gana las elecciones Alejandro Toledo a través de Perú Posible (de centro-izquierda); y en 1990 fue electo el ex dictador Alberto Fujimori por el partido Cambio 90 (de centro-derecha).

En Chile destaca el caso de Sebastián Piñeira, que en 2009 se convirtió en presidente por la Renovación Nacional (centro-derecha y conservadora-liberal); y en Paraguay fue Fernando Lugo quien en 2008 asumió por el Frente Guasú (izquierda y centro-izquierda).

En 2006, Rafael Correa gana las elecciones generales en Ecuador mediante el Movimiento Alianza País (izquierda); y en la nación ecuatoriana fue presidente Lucio Gutiérrez en 2002 por el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (derecha).

También, está el caso de Venezuela, cuando en 1998 Hugo Chávez llegó a la primera magistratura mediante el Movimiento V República (izquierda); y en Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro fue electa en 1990 cuando encabezó la Unión Nacional Opositora (liberales, conservadores, socialistas y demócratas-cristianos).

La historia se repite: ¿Invadirá EEUU a Venezuela?

Publicado el 05 Mayo 2017 Escrito por Marco A. Gandásegui h. * -Alai Amlatina - EL CLARÍN DE CHILE

La historia de la América Nuestra está marcada por la creciente influencia de las grandes corporaciones europeas y de EEUU. A fines del siglo XIX, intereses imperiales exploraban a México y Chile por su riqueza mineral, a Cuba por su azúcar, a Centro América por sus frutas tropicales y a Panamá por su paso expedito entre los océanos. En México mantuvo la dictadura de Porfirio Díaz por 35 años y en Chile llevó al suicidio al presidente Balmaceda.

A principios del siglo XX, se sumó Venezuela por su petróleo, Perú y Bolivia por sus enormes yacimientos mineros. A mediados del siglo XX fueron derrocados los gobiernos de Juan Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil. Encabezaban gobiernos con proyectos de desarrollo nacional. Los enormes excedentes generados por sus exportaciones eran invertidos en la creación de empleos y en una industria nacional.

Igual suerte tuvieron otros gobiernos como Arbenz en Guatemala, Gallegos en Venezuela y Bosch en República Dominicana. La United, la Standard y la American se levantaban como fuerzas económicas que socavaban todo intento por construir un país con proyecto de desarrollo nacional. La reacción de las clases dominantes, con sus aliados trasnacionales, fue exitosa país tras país. La única excepción fue Cuba donde, bajo el liderazgo de una organización popular, logró proclamar una Revolución socialista. El ejemplo cubano inspiró la juventud de todo el continente que se levantó en armas para retar el poderío de las grandes corporaciones. La experiencia sandinista en Nicaragua y, en parte, el FMLN en El Salvador, crearon nuevas expectativas. Simultáneamente, líderes de la talla de Omar Torrijos (1981), Roldós (1980) y Salvador Allende (1973) pagaron con sus vidas el atrevimiento de enfrentarse a las trasnacionales. Torrijos recuperó la soberanía sobre el Canal de Panamá, Roldós negoció la autonomía de la economía ecuatoriana y Allende nacionalizó el cobre chileno.

La acumulación de fuerzas populares que caracterizó el siglo XX floreció con expresiones políticas originales a principios del presente siglo. Donde el sistema de partidos políticos de los regímenes tradicionales había colapsado surgieron nuevas organizaciones desde las bases: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Donde los partidos lograron sobrevivir fuertes crisis, surgieron alternativas populares renovadoras y progresistas: Brasil, Argentina, Paraguay y Honduras. En estos últimos, las grandes corporaciones conspiraron con éxito para derrocar o derrotar a los gobiernos progresistas. En Brasil, los exportadores de soja llegaron a la Presidencia. Los tres gobiernos de Caracas, Quito y La Paz, respectivamente, han sobrevivido todo tipo de ataques desde atentados personales, guerras económicas e, incluso, la movilización de la OEA (como en la década de 1960). Siguiendo las mismas tácticas conocidas, las corporaciones norteamericanas y sus aliadas europeas han movilizado todas sus fuerzas para acabar con el gobierno bolivariano de Venezuela. El régimen de Washington asumió el liderazgo del movimiento contra Caracas decretando a la revolución chavista “enemiga peligrosa de EEUU”.

Los yacimientos petroleros de Venezuela contienen las reservas más grandes del mundo. Después de décadas de juicios, la Exxon Mobil (heredera de la Standard Oil de New Jersey), fue derrotada por el gobierno de Venezuela. La Exxon Mobil aspiraba a recibir 12.5 mil millones de dólares por la nacionalización de sus intereses en el país suramericano. Sólo recibirá 900 millones. La petrolera más grande del mundo tenía en 2016 un precio de mercado de 400 mil millones de dólares.

Los ataques de Exxon Mobil se realizaron cuando Rex Tillerson era presidente (CEO) de la empresa. Desde enero de 2017, Tillerson es secretario de Estado de EEUU. Según Carlos Lippe,  existe “una enorme probabilidad de que Venezuela sea intervenido militarmente por el imperio durante la presente administración”. Lippo agrega que “conociendo las prácticas mafiosas de la Exxon Mobil, nada tendría de raro que dicha corporación hubiese contribuido a la campaña presidencial de Donald Trump, así como en 2000 con la de George W. Bush”. Es probable que presione “al presidente Trump para que invada a Venezuela, como hizo en 2003 para que EEUU invadiera a Irak”.

Lippo concluye que “cómo podemos ver sólo es cuestión de tiempo que el Departamento de Estado y la ExxonMobil, que por obra y gracia de Trump y de Tillerson han pasado a ser casi la misma cosa, se pongan de acuerdo sobre el cuándo y sobre el cómo”. Washington pareciera que no ha cambiado. Sigue con la política del ‘gran garrote’, inaugurado a mediados del siglo XIX.

-  Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo

PLANES A LO SIRIA

Gobierno de Venezuela revela planes de la oposición para atacar base aérea y Guardia Nacional

9 mayo 2017 | CUBADEBATE

Tareck El Aissami fue el encargado de revelar los violentos planes de la oposición para atacar bases militares. Foto: AVN.

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, presentó este martes audios con conversaciones de miembros de células armadas que operan en la Gran Caracas.
En este sentido, El Aissami informó la detención de Nixon Leal Toro, vinculado al partido Primero Justicia, quien dirigía núcleos terroristas en todo el
país, junto a un grupo de personas que formaban parte del órgano terrorista.
Entre los planes de los órganos terroristas, estaba el ataque a la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas, que ha sido asediada en las últimas semanas.
Asimismo, diversos audios revelaron que uno de los miembros del grupo también planeaba atacar a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Sin embargo, con su captura, El Aissami reivindicó el proceso constituyente como “la vía para dirimir las diferencias”.
(Tomado de teleSUR)

Reunión CPC

Presidente Maduro: "Hemos actuado con toda prudencia porque están buscando una matazón en Venezuela"

Por: Agencias- Aporrea.org | Martes, 02/05/2017 06:53 PM | Aporrea

Caracas, mayo 2 - Esta tarde el presidente Nicolás Maduro se sumó al encuentro del Consejo Presidencial para el impulso de la Asamblea Nacional Constituyente. Sostiene que el primer concepto que deben manejar es “chavista, el que logró concretar nuestro Comandante Chávez”.

“Hoy ha arrancado el debate, ha arrancado ya el proceso constituyente (…) El comandante Chávez trajo la doctrina constituyentista de los libertadores”, expresó el jefe de Estado en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El Consejo Presidencial que impulsará la convocatoria para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuyo decreto firmó el Presidente Nicolás Maduro Moros este 1° de Mayo, inició el ciclo de reuniones con los voceros de los diversos sectores que formarán parte de esta instancia constitucional para preservar la paz de la República, ante la negativa de la Derecha política de comprometerse al diálogo nacional.

Elías Jaua, ministro del Poder Popular para la Educación y quien preside el Consejo, encabeza el encuentro con los miembros activos del Congreso de la Patria, iniciativa que el Presidente Maduro ha desplegado desde hace un tiempo dentro del proceso de diálogo nacional con todos los sectores del país.

Conforman esta comisión Hermann Escarrá, Aristóbulo Istúriz, Cilia Flores, Isaías Rodríguez, Delcy Rodríguez, Iris Varela, Nohelí Pocaterra, Earle Herrera y Francisco Ameliach. Adán Chávez es el secretario Ejecutivo.

El presidente aseguró este martes 2 de mayo que ha arrancado el debate, ha arrancado ya el proceso Constituyente.
Maduro celebró el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en el proceso nacional emprendido desde este lunes 1 de mayo, fecha en la cual el presidente de la República hizo la convocatoria Constituyente.

El Presidente responsabilizó al diputado Julio Borges sobre los hechos violentos generados, este martes, tras el llamado a “trancazo” por parte de sectores adversos al Gobierno de Maduro.

“Todo lo que a usted le pase hoy es culpa de Julio Borges, responsabilizo a Julio Borges del intento de asesinato de 3 guardias nacionales que estaban protegiendo al pueblo en La Urbina”.

“Nosotros hemos actuado con toda prudencia porque están buscando una matazón en Venezuela, yo puedo decir que Venezuela el día de hoy ha funcionado con normalidad excepto en aquellos lugares donde vándalos envíados por Julio Borges se han dedicado a quemar”

El mandatario convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para lograr la paz que necesita la República. "Convoco al Poder Constituyente originario del pueblo", anunció el Jefe de Estado desde la avenida Bolívar de Caracas, luego de una marcha de los oficialistas en apoyo a su Gobierno.

Maduro dio a conocer lo que consideró “un anuncio histórico” al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente basándose en las atribuciones como presidente.

ALBA-TCP ratificó su apoyo a Venezuela ante arremetidas de la OEA

Por: Agencias | Viernes, 28/04/2017 06:20 PM | Aporrea

Caracas, abril 28 - La Canciller de la República, Delcy Rodríguez, agradeció en nombre de Venezuela, el apoyo del ALBA-TCP en la lucha por la defensa de la Soberanía e Independencia.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la funcionaria venezolana, compartió el comunicado realizado por el organismo en el que rechazan las acciones intervencionistas lideradas por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro contra la Patria Bolivariana.

De igual manera, catalogaron de soberana e histórica la decisión de retirarse del grupo internacional ante las arremetidas que sufre Venezuela.

CHILE
250 mil manifestantes a nivel nacional

Estudiantes marchan por el #FinALaDeuda y advierten a Bachelet que aún puede “enmendar su rumbo”

Fin al endeudamiento, gratuidad universal, fortalecimiento de la educación pública, marco regulatorio y fin al lucro son las disputas que mantienen en lucha a estudiantes secundarios y universitarios.

El Ciudadano

Más de 80 mil personas en Santiago y 250 mil en todo Chile. De acuerdo a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), esa fue la convocatoria que tuvo la segunda marcha estudiantil del año llevada a cabo este martes. En la capital, los manifestantes avanzaron por la Alameda, desde Plaza Italia hasta Cumming, sector donde Carabineros reprimió con los carros lanza agua y lanza gases, forzando el término de la manifestación.

Fin al endeudamiento, gratuidad universal, fortalecimiento de la educación pública, marco regulatorio y fin al lucro son las disputas que mantienen en lucha a estudiantes secundarios y universitarios.

«Esta nueva movilización tiene como objetivo poner sobre la mesa la temática del endeudamiento, que en nuestro país afecta actualmente a más de 850 mil estudiantes y familias que no pueden pagar su educación y que tienen que acceder a créditos abusivos por parte del Estado y privados para desarrollarse como personas», afirmó Sofía Barahona, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y vocera Confech.

Situaciones como el cierre de las universidades del Mar y Arcis también constituyen un antecedente que los estudiantes ponen sobre la mesa, en particular, para exigir un marco regulatorio, porque en los últimos 20 años van más de 20 planteles privados cerrados.

«Creemos que el fin al lucro en todas las instituciones no se está abordando, además de un marco regulatorio, que asegure el fortalecimiento de la educación pública, donde haya transparencia activa de los fondos que se reciban y democracia interna en la institución», expuso Daniel Andrade, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile y vocero Confech.

Sacar a la banca del financiamiento educativo, fin a los créditos para estudiar y condonación de la deuda, son los ejes propuestos por los estudiantes, para avanzar en la tramitación de la reforma a la educación superior.

«Los estudiantes secundarios hemos entendido que seremos los próximos endeudados. En la mañana le dijimos a la Presidenta que nos mintió en nuestra cara, porque nos dijo que iba a dar gratuidad universal y lo que hoy se discute es un crédito estatal», señaló Sara Robles, vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).

Por lo mismo, estarán atentos a la próxima cuenta pública presidencial, programada para el 1 de junio. «Estamos expectantes de lo que va a ocurrir en esa cuenta pública, porque va a ser el último momento en que Bachelet va a poder enmendar su rumbo y hacer una política de cara a los movimientos sociales para poder impulsar transformaciones o mantener una política dentro de cuatro paredes que ha llevado al fracaso a este Gobierno», advirtió Daniel Andrade.

El Ciudadano

Miles de estudiantes en todo el país marcharon para pedir el fin del CAE

Rodrigo Fuentes |Martes 9 de mayo 2017 19:51 hrs.

Los adherentes exigieron a las autoridades eliminar las millonarias deudas que muchas personas mantienen durante y posterior a cursar estudios superiores, sosteniendo elevados montos sin pagar a entidades bancarias.

El fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) fue la principal consigna que miles de estudiantes levantaron este martes durante la segunda marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) durante el año.
Numerosas personas participaron en Santiago, desde el Parque Bustamante hasta el sector de Los Héroes, en calle Echaurren. En las principales ciudades del país también se sumaron a la manifestación, por lo que alrededor de 250 mil personas fue el total de la convocatoria, según la Confech.
Los estudiantes buscan conseguir la condonación de la deuda a los estudiantes morosos con el CAE.
En esa demanda, los líderes de la Confech critican a la ministra por “intentar acallar una demanda que es bien sentida por muchos chilenos”. El llamado que hacen es no vetar la discusión por condonación de la deuda.
Así, entra las distintas propuestas que tiene la Confech para acabar con el Crédito con Aval del Estado (CAE), está terminar con el lucro en la educación superior y fortalecer el sistema público; también fijar un crédito transitorio a medida que se avanza en la gratuidad y sacar a la banca del CAE.
En esa línea, el llamado se extiende a todos los candidatos presidenciales, a quienes pedirán reuniones, explicaron los presidentes de la instancia.
El Crédito con Aval del Estado ha mantenido a más de 300 mil jóvenes en Chile sin poder regularizar su situación debido a las deudas. Es el caso de Vicente Larenas, dirigente del centro de alumnos del Conservatorio de Música de la Universidad Católica.
Larenas indicó que mantiene deuda con la banca, consciente además que su carrera no es la más rentable del mercado. Indicó que sólo se mantiene al frente, defendiendo su vocación.
“Fuerte igual desde música, en general de todos los jóvenes que estudian con CAE, una carrera que además por decirlo así no tiene tanto valor en el mercado. Entonces tú estás más allá de eso, eliges esto como expresión artística, por dedicación, vocación, oficio y en el fondo que eso no esté valorado como debe ni cubierto como debe es una complicación enorme para mí y mi familia”, argumentó.
Pese al llamado a movilizarse de manera pacífica, igual se produjeron incidentes aislados, principalmente culminada la acción protesta en el sector de Los Héroes. Desde el movimiento estudiantil no dejaron que los sucesos empañaran la marcha y celebraron que más de 80 mil personas participaran de la convocatoria en la capital y adelantaron que será un 2017 completamente movilizado.
En Valparaíso y Concepción también miles de estudiantes se sumaron a la marcha convocada por la Confech, cuyo objetivo en esta ocasión fue mostrar su rechazo al CAE.

Estudiantes marchan por fin del endeudamiento

Natalia Figueroa |Lunes 8 de mayo 2017 19:47 hrs.

Para este martes está convocada una marcha nacional por el fin al endeudamiento estudiantil. La Confech fijó el inicio de esta manifestación a las 11 de la mañana en el sector de Plaza Baquedano.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc) y vocera de la Confech, Sofía Barahona, afirmó que la condonación de la deuda debe ser acogida en la Reforma de Educación Superior.
Con esto, se solicita que el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) se materialice al corto plazo y no sea aplazado en el debate legislativo.
Además, la dirigenta emplazó a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, a incorporar las indicaciones que realizaron junto a los parlamentarios de la bancada estudiantil y que hasta ahora no se han visto reflejadas en el documento legislativo. “El gobierno no se puede lavar las manos diciendo que no se puede condonar la deuda educativa sino que tiene que generar soluciones efectivas ante el resultado de sus malas políticas”.
Además, Sofía Barahona se refirió a las otras demandas planteadas desde el movimiento  estudiantil que creen indispensables de integrar a la Reforma. Entre ellas, “un marco regulatorio exigente para las instituciones de educación superior” con el fin de garantizar a los estudiantes que no van a ser estafados por los planteles.
Respecto de la proyección del movimiento estudiantil, la dirigenta dijo que están concentrados en incidir en el proyecto para que se cumpla lo comprometido en lo que resta de este Gobierno, pero también están atentos a las propuestas de los candidatos presidenciales.
La marcha también está convocada en Valparaíso, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Osorno, Valdivia y Puerto Montt.

Estudiante herido de gravedad por represión en jornada de movilización nacional

Por Primera Línea, Resumen de Chile .cl y El Clarín Digital de Chile
KAOS EN LA RED - Publicado en: 10 Mayo, 2017

En el contexto de la marcha estudiantil, en Valdivia, durante la jornada de movilización nacional convocada para este martes 9 de mayo por la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), el estudiante de iniciales E.I. de la carrera de periodismo fue gravemente herido por un proyectil de bomba lagrimógena que fue lanzada directo a su rostro por un efectivo de las Fuerzas Especiales de Carabineros, la policía militar del país andino.

Lucas, compañero de carrera del agredido, en conversación con Primera Línea, señaló:
“Estábamos en la alameda en la entrada de la Universidad Austral, y en ese momento Carabineros, haciendo un excesivo uso de la fuerza, empezó a disparar lacrimógenas. Después de un par de rondas de tirarlas hacia arriba, empezaron a apuntar a la gente directamente. El compañero, que estaba adelante en la manifestación, lo apuntaron como si fuera un blanco de tiro humano. Le dispararon dos escopetazos de lacrimógenas, uno de los cuales alcanzó a evitar, pero el otro le llegó en el sector de la mandíbula”.
En estos momentos el estudiante se encuentra en Urgencias del Hospital Regional de Valdivia a espera de las radiografías. Se piensa que se trata de una fractura maxilar.
Además de ello, estudiantes secundarios -menores de edad- fueron detenidos violentamente y esposados.
Se reportaron también varios casos de detenciones ilegales y de excesiva represión en las distintas ciudades, además de controles de identidad arbitrarios.
Noticia en desarrollo.

VALDIVIA| Estudiante herido de gravedad durante la dura represión en jornada de movilización nacional

——————————————-
Estudiantes del Gran Concepción marchan por darle fin a la deuda estudiantil
Este martes, alrededor de 2 mil estudiantes secundarios y universitarios se plegaron al llamado de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) a manifestarse. Los estudiantes exigen al Estado hacerse responsable de los más de 700 mil endeudados que ha dejado el Crédito con Aval del Estado (CAE), desde su puesta en marcha en 2005 por el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.
La marcha, convocada a las 11.30 de hoy martes, reunió a estudiantes de las distintas comunas del área pencopolitana en la Plaza Perú, quienes avanzaron por Avenida Paicaví, luego por Los Carrera, Lincoyán y O´Higgins hasta Tribunales de Justicia. En este lugar, carabineros arremetió en contra de los manifestantes, quienes se habían detenido para quemar un féretro con la leyenda “R.I.P DEUDA”, en referencia a los miles de endeudados por estudiar en la educación superior. Estos respondieron con palos y piedras contra las fuerzas policiales, dinámica que extendió el enfrentamiento hasta las inmediaciones de la Universidad de Concepción.
Desde el Movimiento No Pago, agrupación de deudores del Crédito Fiscal, Fondo Solidario, Crédito Corfo y CAE, se agradeció el llamado de la CONFECH a la marcha nacional, instancia a la cual también se plegaron, y desde la cual realizaron el llamado a una Moratoria General de la Deuda Estudiantil. “Hasta el momento somos 18 mil deudores dispuestos a ir a NO PAGO, pero estamos buscando un piso mínimo de 300 mil para iniciar esta acción que se sume a las diversas medidas de presión que puedan poner FIN A LA DEUDA”, explican en su declaración pública del día de hoy.

Negativa del gobierno a condonar la deuda
Cabe recordar que durante cuenta pública del Ministerio de Educación del 25 de abril de 2017, la ministra Adriana Delpiano señaló que “es casi imposible condonar la deuda del CAE y el Fondo Solidario por la cantidad de dinero que significa”, siendo esta una de las motivaciones para que las y los estudiantes confederados alertaran sobre la situación y comenzaran a denunciar las lógicas de endeudamiento que hoy siguen profundizándose en Chile.
El movimiento estudiantil se ha movilizado desde 1997 por la Ley marco; luego en 2005 contra las leyes de Acreditación y Financiamiento que crearon el CAE; durante la revuelta de estudiantes secundarios en la llamada Revolución de los Pingüinos en 2006 y desde 2011 con las grandes movilizaciones por la Educación Gratuita que se han extendido hasta hoy. Luchas que se han estancado con el retorno de la Nueva Mayoría -ex Concertación- al Estado, y que hoy pasan de configurar una propuesta en contra la mercantilización generalizada de la educación, en su cenit en 2011, a luchas parciales más reactivas, pero que apuntan a los mismos objetivos.
Los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros en los alrededores del campus de la Universidad de Concepción continuaron hasta cerca de las 17:00 hrs. con un gran despliegue de carros policiales y una alta intensidad de gases lacrimógenos utilizados por FF.EE.
Al cierre de esta nota, se desconocía el número de personas detenidas.
https://resumen.cl/2017/05/fotos-estudiantes-del-gran-concepcion-marchan-por-darle-fin-a-la-deuda-estudiantil/
———————————–
Confech vuelve a marchar y exige el fin del CAE
Una nueva marcha convocada este martes por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y adherida por la ACES y la Cones, se realizó bajo la consigna “Fin a la deuda”, lema con el que exigen el indulto de los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), luego que el Gobierno cerrara la puerta a esta salida.
En Santiago, la marcha comenzó en horas de la mañana desde plaza Baquedano, seguidamente se fijaron desvíos en el centro de la capital. Los jóvenes comenzaron a llegar con pancartas y banderas, para luego iniciar la manifestación.
Daniel Andrade, presidente y vocero de la Confech, fue tajante al solicitar a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, que no acalle la demanda de los estudiantes.
“Hacemos un llamado a la ministra a dos cosas principales. La primera, a que no vete la discusión ni las propuestas del movimiento estudiantil y las ingrese a la comisión de Educación; el segundo llamado es a que no nos acalle en una demanda como la condonación de la deuda”, dijo Andrade.
Por su parte, Sofía Barahona, vocera de la Confech y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, afirmó que la condonación de la deuda debe ser acogida en la Reforma de Educación Superior.
Los manifestantes exigen poner fin al endeudamiento estudiantil. Solicitan que el fin del CAE se materialice al corto plazo y no sea aplazado en el debate legislativo.
Barahona pidió a la ministra incluir las indicaciones que realizaron junto a los parlamentarios de la bancada estudiantil y que hasta los momentos no se ven reflejadas en el documento legislativo.
“El gobierno no se puede lavar las manos diciendo que no se puede condonar la deuda educativa, sino que tiene que generar soluciones efectivas ante el resultado de sus malas políticas”, indicó la delegada estudiantil.
Fuente: http://www.elclarin.cl/web/noticias/politica/22307-confech-vuelve-a-marchar-y-exige-el-fin-del-ca

¿Terrorismo o conflicto histórico?: las propuestas de los candidatos sobre el tema mapuche

Paula Campos |Lunes 8 de mayo 2017 19:56 hrs.

Circunscribiendo el mapa presidencial a siete nombres, las ideas para la región de La Araucanía son variadas. El problema: hasta ahora, el expresidente Piñera, quien lidera las encuestas, no se ha referido directamente sobre el conflicto; en sus 62 propuestas no se hace alusión a los mapuches, pero sí a la necesidad de combatir con más fuerza el terrorismo y violencia.

Sebastián Piñera, Manuel José Ossandón y Felipe Kast; Beatriz Sánchez y Alberto Mayol; Carolina Goic y Alejandro Guillier, son siete de los nombres que intentan ocupar el sillón presidencial. Así, ya confirmadas las primarias y no primarias, los candidatos empiezan a dar a conocer sus primeras propuestas programáticas. Unas más elaboradas que otras.
En ese abanico de ideas y de representaciones políticas y sociales, los candidatos y precandidatos, trabajan para convencer a una población de votantes cada vez menos interesada en la participación política.
¿Qué pasa con La Araucanía?
Según la última encuesta Casen (2015), en la región hay un 23,6 por ciento de pobreza. Cifra que la convierte en una de las preocupaciones nacionales en materia económica. Los números en desempleo no son mejores: los últimos datos sobre cesantía la ubicaron como la región con más desempleados de Chile, con una tasa del 9 por ciento.
El problema no es únicamente contextual. Investigadores expertos en la zona han explicado que estos números son solo el reflejo de una suma de malas decisiones: centralismo excesivo, abandono de la región y, principalmente, un conflicto histórico sin solución.
A diario vemos como los grandes medios de comunicación ocupan sus páginas para relatar hechos de violencia “terrorista”. Incendios, ataques a camiones, saqueos y muerte, son parte del escenario descrito en el que (para ellos) solo hay un responsable: el pueblo mapuche.
Del otro lado, y con muchísima menos visibilidad mediática, decenas de familias y comunidades protestan por la violencia que el Estado ejerce sobre ellos. Por ejemplo, con juicios que presentan fallas graves en su estructuración y ejecución; también por golpizas y maltratos policiales que, en los casos más graves, han terminado con la muerte de mapuches.
Así, mientras organizaciones de colonos y terratenientes de la zona exigen al Estado más “mano dura” con los “terroristas mapuches”; el pueblo mapuche pide el fin de la estigmatización con las que por décadas han sido tratados, además de reconocimiento constitucional como Nación.
Sin embargo, y pese a la profundidad del problema, las autoridades (de las últimas décadas) han preferido el abordaje policial por sobre el político. Decisión cuyas consecuencias están a la vista.
Tampoco los candidatos presidenciales se han hecho cargo de la situación. Ninguno de ellos ha viajado a la región, tampoco han existido reuniones formales con los gremios de agricultores o el pueblo mapuche y, salvo Beatriz Sánchez y Felipe Kast, tampoco conocemos claramente las propuestas presidenciales que tienen en mente.
Así, por ejemplo, el caso de Sebastián Piñera es el más preocupante. El expresidente, y principal carta para retornar al palacio, no ha dicho una sola palabra sobre el conflicto. No obstante, sabemos quién es.
Durante su gobierno se lo acusó de aplicar masiva e indiscriminadamente la Ley Antiterrorista en la zona. Ahora, en su precampaña, recibió un documento de los senadores Alberto Espina y José García de Renovación Nacional, dos de los principales impulsores de “la mano dura” contra los mapuches.
En las 62 propuestas de Gobierno ya publicadas por el empresario, hasta ahora, ninguna contiene la palabra Araucanía o mapuche. Sin embargo, se promete una ley para institucionalizar el sistema de inteligencia para la prevención del delito y una Fuerza Nacional Antiterrorismo y Crimen Organizado, apellidos que su sector ha utilizado para referirse al problema.
El senador Manuel José Ossandón no lo hace mejor. El precandidato independiente por la derecha ha dicho en diversas entrevistas que el problema mapuche es político, sin embargo, no se ha aventurado a proponer claramente un plan de solución. “Hay que poner mano dura, pero con lineamientos claros”, señaló a La Red, conversación en la que se mostró ambivalente frente al conflicto. “Hay que llegar a un acuerdo”, agregó centrando su discurso en el fortalecimiento económico de la región.
Felipe Kast, en tanto, contiene en su Programa de Gobierno dos proyectos para la zona. Así, textualmente, plantea Creación del Consejo de Tierras y modificación de la ley indigena que siga el modelo de Nueva Zelanda y de Australia. Cuya misión sería realizar el catastro de tierras, revisar solicitudes y aplicabilidades entregadas, y fijar los parámetros de sustentabilidad de las demandas vigentes.
También promete la creación de un Fondo de reparación para víctimas de la violencia, “a cargo de una Comisión de reparación, que permita identificar e indemnizar a quienes han sido víctimas de actos de violencia asociados al“conflicto” en La Araucanía”.
En la Nueva Mayoría el escenario no es más alentador. El candidato PR-PS-PC, Alejandro Guillier, reconoció a Diario y Radio Universidad de Chile que cree en el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Sin embargo, su opinión deberá conciliarse con el pensamiento de un bloque no alineado tampoco en la materia. Más allá de esa declaración, el Senador no ha profundizado en un proyecto para la solución del conflicto.
Carolina Goic, por su parte, no ha dicho una palabra del tema.
Lamentablemente para la senadora DC, en su partido se conjugan las más fuertes fracciones sobre la política a aplicar en la zona. Hay quienes piden fortalecimiento a la Ley Antiterrorista, mientras otros proponen el reconocimiento en la Constitución, como lo ha trabajado el ex intendente Francisco Huenchumilla.
En el Frente Amplio, Beatriz Sánchez se inclina por el Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos indígenas como dos de sus promesas de campaña, mientras que Alberto Mayol se ha mostrado cercano a las demandas del pueblo mapuche sin, hasta ahora, proponer un proyecto claro para la zona en conflicto.
Pero más allá de las líneas expuestas, nada se dice sobre otros temas en los que el pueblo mapuche, y la región siguen segregadas. Por ejemplo, sobre educación y gratuidad para los indígenas en general, (idea propuesta por Alberto Pizarro, el director nacional de Conadi) hay completo silencio. Tampoco se ha revisado una Ley de Cuotas que asegure una representación indígena proporcional a su porcentaje poblacional en Chile (el 10%).
Ni siquiera en los asuntos económicos hay claridad o preocupación. Nada se ha dicho en concreto sobre el desempleo estructural en la zona, ni cómo superarlo.
Es así como los nuevos aspirantes al sillón presidencial enfrentan un dilema al cuál deben responder: ¿Cómo abordarán el conflicto mapuche?, hasta esta hora conocemos muchos titulares, pero poca claridad. Los competidores no se han involucrado de lleno en el tema. ¿Decisión política o falta de interés? A seis meses de las presidenciales, la pregunta queda abierta.
De este modo, la situación de La Araucanía en particular, e indígena en general, quedará (nuevamente) a merced de la contingencia. Así, y en el escenario que la propuesta de Piñera llegue a La Moneda, seguiremos leyendo sobre la violencia de los comuneros en el sector, sobre el refuerzo policial en la zona, y sobre mapuches baleados en confusos incidentes con fuerzas de Carabineros, pero de solución histórica: NADA.