HONDURAS
Hondureños vuelven a movilizarse contra la impunidad y corrupción
Miles
de hondureños se movilizaron este viernes en protesta por la impunidad y
corrupción; los Indignados aseguraron que no dialogarán con el
presidente Juan Hernández si no instala la Comisión Contra la Impunidad.Redacción Central / EL LIBERTADOR
Publicado: 04 Julio 2015
Tegucigalpa. Por sexta semana consecutiva, miles de hondureños se fueron a las calles para pedir la instalación de la Comisión Antimafias y la renuncia del presidente Juan Hernández.
La multitudinaria movilización de las antorchas salió desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hasta inmediaciones de la Casa Presidencial.
Imágenes de la televisión nacional dan cuenta de la kilométrica marcha, donde las personas llevaban una antorcha, en señal de memoria a los fallecidos en el contexto del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Por segunda ocasión, los indignados hondureños llegaron hasta el campamento donde se encuentra una docena de personas en huelga de hambre para que el gobierno autorice a la ONU para que venga la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
No obstante, fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos contra la muchedumbre que llegó a la denominada “zona cero”, ocupada por los huelguistas.
Los protestantes lamentaron la provocación policial y militar para reprimirlos y exigieron al presidente Hernández que cese de inmediato los ataques.
Mostraron bolsas que contenían gas pimienta, que provoca irritación de los ojos, enrojecimiento de la piel e irritación de las vías respiratorias.
Además, denunciaron la presencia de francotiradores en los edificios cercanos a Casa de Gobierno, en el afán de intimidar a la muchedumbre que llegó a apoyar la protesta.
Alrededor de 500 efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas estaban prestos para atacar el campamento y “desalojar” la vía pública, denunciaron los Indignados.
Dictan arresto domiciliario a vicepresidenta de Congreso en Honduras
EL CIUDADANO
Un juez dictó arresto domiciliario y fianzas millonarias a la vicepresidenta del Congreso, Lena Gutiérrez, y a otras 15 personas por venta irregular de medicamentos, un caso que ha sacudido al país y llevado a miles de personas a las calles para protestar contra la corrupción en Honduras.
El Ministerio Público, que exige que los encausados se defiendan en la cárcel, anunció que apelará la determinación.
Gutiérrez, su padre, dos hermanos y 12 personas más están acusados de cinco delitos relacionados con el uso indebido de documentos públicos y fraude en la venta de medicamentos al Instituto Hondureño de Seguro Social y a la Secretaría de Salud.
La fiscalía ha señalado que la empresa AstroPharma, de la familia Gutiérrez, vendió al gobierno medicamentos de dudosa calidad y a precios inflados. Ellos han negado los cargos.
La Corte sancionó a Gutiérrez, de 38 años e ingeniera civil de profesión, impuso una fianza de 1 millón de dólares que renovará cada año cuando el juez así lo ordene.
Impuso a Marco Tulio Gutiérrez arresto domiciliario y una fianza de 1.5 millón de dólares, mientras que a Ginnette, hermana embarazada de la congresista, le otorgó permiso para realizar visitas médicas en el país o el extranjero. Sin embargo, pagará fianza de 1 millón de dólares al igual que su hermano menor, Julio César.
El presidente de la Corte Suprema, Jorge Rivera, es el juez designado a conocer el caso por el máximo tribunal. La resolución la dictó Rivera a la medianoche del viernes tras seis horas de deliberaciones.
“Respetamos, pero no compartimos, la decisión del juez de dejar en libertad a los imputados en este caso penal de corrupción… y la resolución es lesiva a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución”, dijo la fiscalía en un comunicado.
La vicepresidenta es diputada desde 2009 e integrante del gobernante Partido Nacional. Gutiérrez también era vicepresidenta del Congreso cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández dirigía la cámara legislativa.
Las autoridades ordenaron el arresto domiciliario de ella y su familia, y de un grupo de sus socios, en momentos en que miles de manifestantes mantienen protestas callejeras contra la corrupción e incluso hacen llamados a la renuncia del presidente.
El sistema de salud pública de Honduras ha estado bajo cuestionamiento y escrutinio después de que se hicieran públicas irregularidades que descapitalizaron al instituto por más de 100 millones de dólares.
Una comisión legislativa divulgó a principios de junio un informe en el que se reveló, entre otras cosas, la compra de medicamentos sobrevalorados y defectuosos.
Además concluyó que un grupo de empresarios crearon empresas fachada y efectuaron contribuciones al Partido Nacional manejadas por el actual vicepresidente, Ricardo Alvarez.
El juicio es inusual en Honduras, donde tradicionalmente ha prevalecido la impunidad para los políticos y empresarios que han saqueado al estado.
Más del 66 por ciento de los 8.6 millones de hondureños vive en la pobreza.
La Jornada
Pensadores hondureños plantean al Gobierno los terminos de un dialogo
Edición Central / EL LIBERTADOR
El diálogo es el tema del que obligadamente se habla en estos días y tardes de antorchas iluminadas, de misas negras oficialistas y de oscuras patrañas mafiosas. Nadie en su sano juicio, que crea en la democracia y a quien le duela esta Honduras humillada, se podría negar al diálogo. Al final habrá que dialogar.
Sin embargo, hablar de diálogo con demasiada ligereza, sin tocar el fondo de lo que origina la polarización y la conformación de clicas políticas para atracar los bienes del Estado, en vez de contribuir a solucionar la crisis de institucionalidad es una trampa.
Las trampas más efectivas son aquellas que más parecen acercarse a los caminos verdaderos y a los anhelos más profundos. El Señor Juan O. Hernández convoca a un “diálogo social” supuestamente sin condiciones, tras presentar una propuesta de una Comisión de Investigación “a la hondureña”, es decir hecha a la altura y cálculo de la clase política local con el propósito de aparecer “dialogante” y propositivo, pero con la misma lógica y férrea determinación de control de todo el proceso con que, hasta este momento, ha concentrado todos los poderes y ha desarticulado toda la institucionalidad para subordinarlos a sus ambiciones personales dictatoriales.
Todos anhelamos la estabilidad, pero un diálogo que no enfrente la injusticia social y la verdad sobre la corrupción es una trampa para hundirnos más en la impunidad.
El “diálogo social” que se ha convocado en estos días tiene en sí mismo el factor que lo invalida: es convocado por la persona que ––en calidad de presidente de la República–– es más cuestionada y con mayor descrédito en el país, Toda propuesta que proceda de Juan O. Hernández ––que no sea su renuncia después de probarse judicialmente su responsabilidad en el saqueo de instituciones públicas, como es el caso del IHSS––, será condenada al rechazo y profundizará la inestabilidad.
Cualquier diálogo que convoque y conduzca la cúpula de la mafia política está orientado a dar respiro y servir de recurso a los corruptos. En las actuales condiciones de efervescencia, social y política, expresada en las caminatas de las antorchas y otras genuinas manifestaciones relacionadas, el diálogo propuesto por quien preside el régimen está orientado a restar fuerza a la movilización, a ganar tiempo para recomponer sus posiciones como parte de su contraofensiva ante la población indignada y para desviar la atención de las tres demandas fundamentales: una, cárcel para los corruptos que saquearon el IHSS y que desviaron dineros para la campaña política que llevó al Sr. Hernández a la presidencia de la República; dos, la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH); y tres, la puesta en marcha de un proceso que conduzca a un cambio de régimen.
En Honduras contamos con una larga historia de diálogos entre cúpulas, que en vez de resolver las contradicciones pautan conspiraciones y al final acaban con la aprobación de decretos y leyes que remozan interinamente a los mismos grupos de poder en sus prácticas antidemocráticas.
No podrá ser así en este momento histórico. Para abordar los verdaderos conflictos de los que surte la crisis, es necesario instalar un diálogo que saque a luz la verdad sobre los conflictos, las desigualdades y que identifique a los responsables del descalabro institucional y de corrupción y colapso de la gobernanza.
Insistimos: pueden participar todos, pero el diálogo que se necesita para reconciliar a la sociedad y reconstruir la institucionalidad no puede ser convocado ni conducido por quienes son cuestionados o están identificados como parte toral del problema, por los promotores directos de la crisis o sus responsables directos.
Para instalar el diálogo nacional que pueda sortear la crisis son necesarias las siguientes condiciones: 1. Invitar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), cuya instalación tendrá que acompañarse de la renuncia del Fiscal General de la República y el enjuiciamiento del Fiscal General Adjunto; 2. La aprobación de un mecanismo expedito para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que garantice su independencia de los otros poderes del Estado; 3. La anulación de las reformas a la Constitución para aprobar la reelección; 4. Las reformas a la Ley Electoral, y elección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sin participación de los partidos 5. La convocatoria de una asamblea nacional constituyente incluyente y originaria que redacte una nueva Constitución y que a su vez convoque la elección de un nuevo gobierno.
Ese proceso de diálogo hacia la nueva institucionalidad es lo que justamente llamamos la construcción de un nuevo pacto social, sin el cual no habrá manera alguna de salir del actual caos, confrontación y polarización.
País de Indignados, Junio 29, 2015
ISMAEL MORENO, sj
DARÍO EURAQUE
RODOLFO PASTOR FASQUELLE
VÍCTOR MEZA
EDUARDO BÄHR
PATRICIA MURILLO
WILFREDO MÉNDEZ
HUGO NOÉ PINO
HELEN UMAÑA
EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA
MAURICIO TORRES MOLINERO
RAMÓN ENRIQUE BARRIOS
JULIO ESCOTO
Presidente hondureño denunciado por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios
Por Criterio.hn
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) presentó
este miércoles denuncia en contra del presidente hondureño, Juan
Hernández, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación
de los deberes de los funcionarios. La denuncia fue interpuesta ante la
Fiscalía de Defensa a la Constitución del Ministerio Público, donde
también se […]
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) presentó este miércoles denuncia en contra del presidente hondureño, Juan Hernández, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
La denuncia fue interpuesta ante la
Fiscalía de Defensa a la Constitución del Ministerio Público, donde
también se presentó otra acusación en contra de la hermana del
mandatario, Hilda Hernández, por el delito de usurpación de funciones.
Ambas denuncias se sustentan en la
ilegalidad que habría en el nombramiento de Hilda Hernández, como
ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones, por su nexo
consanguíneo en segundo grado con el presidente de la República,
prohibición que está sustentada en el artículo 250 de la Constitución de
la República.
El MADJ recusó al fiscal general, Oscar Chinchilla, al fiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar y al director de fiscales,Rolando Argueta, por sus vínculos notorios con las personas a investigar.
La denuncia fue sustentada con
documentación que conllevaría a varias responsabilidades legales, por lo
que además se pide se abra una investigación y que se permita al MADJ
su intervención en el procedimiento investigativo y judicial.
En su relación de hechos, la MADJ
señala que Hernández en su condición de presidente de la República,
procedió a nombrar y a juramentar a su hermana Hilda Hernández como
ministra asesora de Estrategia y Comunicación, mediante el decreto
ejecutivo número PCM -001-2014, publicado el 22 de febrero de 2014, en
el diario oficial La Gaceta.
Asimismo, establece que hay
publicaciones en los medios de comunicación, viajes oficiales y
documentos públicos, que sustentan que la funcionaria figura y se
identifica como secretaria de Estado en el Despacho de Estrategia y
Comunicación.
A manera de ejemplo, se acompaña el
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Estado
en el Despacho de Estrategia y Comunicaciones y el Registro Nacional de
las Personas, suscrito en fecha 16 de febrero del año 2015.
La denuncia que estipula la comisión
de los delitos, se fundamenta en el artículo 250 de la Constitución de
la República, que reza que no pueden ser secretarios y subsecretarios de
Estado, los parientes del presidente de la República dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La acción del MADJ, también invoca el
artículo 321 de la carta magna, que establece que los servidores del
Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la
ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica
responsabilidad.
Además de la violación a la
Constitución de la República, se hace hincapié en otras leyes como al
Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos, que en el artículo
13, refiere que el servidor público tiene prohibido designar parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad para que
presten servicios en la institución directamente a su cargo, sea de
manera remunerada o adhonorem.
MADJ, es una instancia del movimiento
social, dedicada a la lucha contra la corrupción pública, la defensa de
los derechos humanos y los bienes públicos y naturales, con domicilio en
la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Actualmente su
presidente es el abogado y exfiscal,
Víctor Fernández.
Víctor Fernández.
Criterio.hn
