Indígenas pronto quedarían sin recursos naturales por concesiones inconsultas de sus territorios
El estudio fue presentado por OXFAMTania Najarro, coordinadora del equipo investigativo de este estudio señaló que el recurso agua es uno de los más amenazados frente a las diferentes concesiones de recursos naturales en minería, hidroenergía y concesiones de bosques lo que además impacta en el cambio climático.
De acuerdo a las conclusiones habrá menos agua introducida en las cuencas, o sea menos agua disponible para cualquier fin, además de haber una concentración de contaminantes en el vital líquido como consecuencia del volumen disminuido.
En el caso de las mujeres por el hecho de estar bajo su responsabilidad las labores domésticas en un 99 por ciento, deben invertir más tiempo y dinero en las actividades del cuidado de la casa lo que las afecta en todos los ámbitos, porque deben acarrear el agua de sitios más distantes lo que constituye inseguridad para su vida al trasladarse a lugares solitarios y peligrosos.
La repercusión ambiental adversa perturba la producción agropecuaria y acelera la extinción de especies de flora y fauna, dificultando el abastecimiento de agua para el consumo humano e incrementando el impacto de las amenazas naturales más frecuentes, reduciendo la actividad sociocultural indígena y afrohondureña y en caso extremo en poner en peligro la existencia milenaria de nuestros pueblos.
La prioridad del agua deja de ser para el consumo humano y se vuelve prioritario para los usos de minería y generación de energía, colocando al Estado como irresponsable al cumplimiento de convenios y tratados internacionales de protección a los pueblos étnicos, tal es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas aprobada por Naciones Unidas en el año 2008.
Este último instrumento internacional señala que “los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”.
En su artículo 8 reza que los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, así como a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos.
La minería está en primer lugar en impactos negativos para las poblaciones, entre éstos está el incremento de enfermedades, en la alimentación, la cultura y vivienda.
Le sigue la concesión de agua para hidroenergía, mientras que la concesión del recurso bosques representa el tercer lugar. Se señala como una de las funestas consecuencias es la pérdida de hábitat de diversas especies silvestres y se corre el riesgo de pérdida para los pueblos indígenas de la identidad cultural, sus lenguas, sistemas espirituales y de cultura cotidiana, indispensables para mantener la entidad étnica.
Las enfermedades a los niños y niñas y mayor tiempo para las mujeres en el cuidado de la familia y más recursos financieros que llevan deudas para los hombres; contaminación de agua para preparación de alimentos y no apta para el consumo humano, más tiempo para buscar agua y por falta de agua no hay acceso a la construcción ni a la producción.
Asistentes a la presentación del estudioLa salud es afectada por las concesiones
Pero las concesiones de los bosques no se quedan atrás, traen como consecuencia enfermedades en los niños y niñas; hay lluvias tardías que impacta en la flora y fauna; por la falta de aire no se purifica el oxígeno y hay escasez de producción.
En cuanto a la minería hay enfermedades en la piel en seres humanos y animales, contaminación del medio ambiente, aumento de muerte de seres vivos, afectación de la tranquilidad y comunicación de las personas por el ruido de las máquinas.
Hay inundaciones, no hay acceso a la madera para construcción de viviendas, desplazamiento de comunidades y división de las familias.
Se suma la mala nutrición para los niños y niñas, porque se pierde el espacio para producir, también muerte de animales silvestres y caseros, menos seguridad alimentaria, no hay acceso a la leña para oficios domésticos y la tierra se vuelve estéril.
En cuanto al aire, desaparece el oxígeno, aumenta el calor, hay pérdida de la medicina natural, problemas de tenencia de la tierra y por si eso fuera poco quienes tienen las concesiones se apoderan de todo el entorno y hay prohibición del paso para las personas de las comunidades donde están las empresas que tienen las concesiones.
Los impacto son muy fuertes, lo anterior se queda corto si se contara con más información pues la misma es escondida en las instituciones públicas, lo que evita hacer un análisis más profundo.
Honduras: Un país concesionado
El 31 por ciento del territorio nacional está ocupado por concesiones de minas de explotación metálica.
Desde 1948 hasta el 2038, o sea más de 40 años en concesiones vigentes, de las que se han tenido acceso, la mayoría son datos “clasificados” a los cuales no tiene acceso el pueblo hondureño, en especial las comunidades que están siendo afectadas o lo serán en el fututo porque los gobernantes que se abrogan el derecho de decidir sin consultar, aunque las consecuencias la paguen quienes tienen que lidiar con mineras, empresas de generación de energía ó madereras.
Las concesiones están en el departamento de Olancho en un 31 por ciento; Copán con el 23 por ciento; El Paraíso con un 7.43 por ciento; Francisco Morazán con el 6.41 por ciento y Santa Bárbara con el 5.73 por ciento.
Pero para el estudio se hizo consulta a las comunidades indígenas y señalaron que hay desconocimiento sobre dichas concesiones, no consulta sobre el otorgamiento de las mismas y los alcaldes actúan distantes a las comunidades para favorecer a las empresas.
Por su parte estas compañías permanecen a sangre y fuego en los territorios, para lograr estar allí mantienen ejércitos armados completos en las zonas lo que ocasiona asesinatos de defensores y defensoras; amenazas a muerte, en suma el derecho a la vida está en precario y a la par las autoridades locales no atienden las denuncias.
A raíz de las consecuencias funestas sobre las comundiades, unos 15 municipios se han declarado libres de minería a nivel nacional hasta junio de 2011, estos son Santa Bárbara, San Francisco de Ojuera, Atima, San José de Colinas, Jesús de Otoro, San José de la Paz, San José de Comayagua, Chinacla, Ajuterique, Teupasenti, Yorito Yoro, Belén Gualcho, Ocotepeque, El Rosario Comayagua, Mapulaca Lempira, Arenales Santa Bárbara.
HONDURAS LLAMA A ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE POPULAR, DEMOCRATICA Y PARTICIPATIVA
Conclusiones de la reunión entre Mel y la Coordinacón Nacional del FNRP.
Martes 13-9-2011
Jorge miralda
*3:20 p.m. *Finaliza la reunión con la alegría característica de los
Caminantes y recordando al inicio y al final al Caminante Emo, recientemente
asesinado.
*CONCLUSIONES*
*1. *Hechas las aclaraciones pertinentes sobre el caso de la suspendida
reunión en Comayagua, se comprometieron a limar asperezas, para realizar en
próxima fecha la concentración en ese lugar.* *
*2. *La reunión se llevó a cabo bajo los términos de la comprensión,
solidaridad, la formación constante e inteligente para la toma del poder
político en Honduras en los próximos comicios electorales.
*3. *Los debates* *fueron aleccionadores, convincentes y acertadamente
dirigidos por el Coordinador General.
4. Después de lo observado y vivido, indudablemente el Frente marcha hacia
la Victoria Siempre.
*¡Resistimos y Venceremos!*
Jorge Miralda, Cronista del FNRP.
La policia de Honduras arrasa con un pueblo
Crímenes impunes en Honduras
La semana pasada fueron asesinados un referente social cercano a Zelaya y un periodista, ambos miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular. Ninguna de las muertes de periodistas ha sido esclarecida.
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Por Gustavo Veiga
El crimen político avanza en Honduras con la precisión quirúrgica de un cirujano. La última semana asesinaron a un referente social cercano al ex presidente Manuel Zelaya en la capital, Tegucigalpa, y a un periodista en Puerto Cortés, al norte del país. Los dos tenían en común que integraban el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Los dos también terminaron agujereados a balazos. “Es una declaración de guerra, éste es un asesinato político que trae un mensaje para mí, para los que están alrededor mío con el fin de detenernos”, dijo Mel Zelaya sobre la muerte de Mahadeo Roopchano Sadloo, un ciudadano de Surinam nacionalizado hondureño y al que se conocía popularmente como Emo. Había acompañado al mandatario depuesto desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 e incluso se refugió con él en la Embajada de Brasil durante su asilo de cuatro meses. Medardo Flores trabajaba en la radio Uno de San Pedro Sula y administraba las finanzas del FNRP. Es el decimosexto periodista que pierde la vida desde febrero del año pasado.
Guillermo Amador Padilla, un exiliado hondureño en la Argentina, afirma que en su país existe una lista “con los nombres de diez dirigentes del FNRP que van a matar. Mi hermano gemelo René y yo estamos en ella”. La denuncia comenzó a ser corroborada hace tiempo –se calcula que asesinaron a unos doscientos opositores desde el derrocamiento de Zelaya– y cobró fuerza con los crímenes de Sadloo y Flores. “Es hora de que pongamos atención a todo lo que está pasando. Parece que hay un plan, pero hay que desarticularlo...”, dijo el ex presidente desde Tegucigalpa, ratificando las palabras de Padilla.
Emo, según el propio Zelaya, “era una de las diez personas más significativas del Frente y una de las más reconocidas a nivel mundial”. Ataviado con una bandana de color rojo chillón, de larga barba canosa y encendida oratoria, el militante asesinado el martes 6 solía compartir actos y palco con el presidente derrocado. Cuando lo mataron, de cinco balazos, en su gomería del bulevar Suyapa, había llegado momentos antes de exigir la libertad del ex ministro zelayista Alberto Flores Lanza, quien se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de fraude y abuso de autoridad. En el FNRP lo defienden con el argumento de que es un preso político del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Al crimen del dirigente de 55 años se sumó el de Flores, un periodista de 62, graduado en la Escuela de Locutores del Instituto de Ciencias de la Comunicación de Radio Uno, en San Pedro Sula. Agricultor y ganadero también, es la segunda víctima del FNRP en una semana. Lo mataron de nueve balazos en Río Blanquito, departamento de Puerto Cortés, donde vivía “cuando lo emboscaron en el automóvil de regreso a su casa”, informó el director de la emisora donde trabajaba, Arnulfo Aguilar. Flores se ocupaba de las finanzas del Frente en la zona norte del país y en la década del 80, durante la dictadura militar, se había marchado al exilio. No había pasado mucho tiempo desde el último caso de un periodista asesinado. El 19 de julio mataron a Nery Orellana en la frontera con El Salvador. Era director de una radio rural.
A pesar de que el presidente Lobo Sosa señaló que “los responsables de estos crímenes serán castigados” y de que “hemos tomado la decisión de poner toda la fuerza del Estado para dar con el paradero de los asesinos de Emo Sadloo”, ninguna de las muertes de periodistas ha sido esclarecida, según los cables de agencias internacionales. Tampoco otros crímenes políticos cometidos por sicarios que han gozado de una gran impunidad desde que asaltó el poder el ex dictador Roberto Micheletti.
En Honduras esto resulta posible, entre otros motivos, porque la policía está involucrada en el delito en una proporción elevadísima. El 2 de septiembre, el subdirector de la Policía Nacional, Santos Simeón Flores, informó que entre 1999 y este año hubo 5270 denuncias contra efectivos de la fuerza por actos ilícitos. El director nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma, aportó otro dato alarmante el último viernes. En lo que va de 2011 ya hubo 4412 muertes, cuando en igual período de 2010 la cifra había llegado a 4391. Los especialistas hondureños en seguridad vaticinan que este año podría terminar con una tasa de 86 homicidios sobre 100 mil habitantes, una cantidad superior a la de México, país donde la lucha del ejército en las calles contra el narcotráfico elevó los índices de asesinatos hasta las nubes.
Con estas estadísticas, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) maneja la hipótesis de que el asesinato de Emo se trató de un hecho de delincuencia común y desde el gobierno se ofrece una recompensa de 100 mil lempiras para dar con el o los autores. En ese sentido se expresó Palma: “Es un crimen de delincuencia común lo que está tomando más fuerza y es hacia allí a donde están apuntando los investigadores”.
Muy distinta es la posición del FNRP. En un comunicado denuncia que “este nuevo acto de terror es un crimen político con el que se intenta desmovilizar y desmoralizar al Frente Nacional de Resistencia Popular. Responsabilizamos a la oligarquía y a las fuerzas represivas del Estado y exigimos que se esclarezca y se castigue a los autores materiales e intelectuales”.
En el velatorio de Sadloo, sus compañeros del Frente detectaron a un agente de inteligencia infiltrado y lo entregaron a la Policía Nacional. Reydi Arturo Ardón Sánchez tenía en su poder una carta con su nombramiento como miembro de los servicios hondureños. Además de este detalle que evidencia su incompetencia, los integrantes del FNRP comprobaron que su rostro coincidía con una imagen que había distribuido su propia fuerza del presunto asesino. El periódico El Libertador publicó la fotografía del espía y el retrato hablado de quien sería el autor material de los disparos contra Emo. Y en efecto, hay cierta coincidencia entre los dos.
“La lucha está empezando, díganles a los sicarios que si quieren sangre hay gente aquí dispuesta para entregarla, porque ya estamos cansados y no van a pararnos con la muerte de ninguno de nosotros”, señaló Zelaya, quien recordó a las casi doscientas víctimas de la represión política provocadas desde el golpe de junio de 2009. Otra cantidad similar de hondureños tuvo que exiliarse, como el gemelo Padilla. Para él todo comenzó después de que Micheletti, con respaldo del Congreso, el empresariado y las fuerzas armadas, destituyó al ex presidente. En el cuartel general de Casamata, en Tegucigalpa, la policía y el ejército se pusieron a “elaborar los perfiles de quienes integrábamos el Frente y de sus líderes. Ellos tienen cientos de personas identificadas como estudiantes, dirigentes sindicales y militantes sociales. A mí me advirtieron que mi fotografía y la de mi hermano estaban ahí. Están intentando provocar a la resistencia con estos crímenes. Quieren llevarnos a una guerra civil”, concluyó el exiliado hondureño que por ahora sobrevive en Buenos Aires.
Descuida Honduras centros de atención psicológica
