Entrevista con Bartolo Fuentes, Periodista y Dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular contra el Golpe de Estado en Honduras.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE TRABAJADORES
Martes 26 de Octubre de 2010 Bloque Popular
En Honduras persisten las violaciones a los derechos humanos
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa/Washington 26 de octubre de 2010. En Honduras aun persisten las violaciones a los derechos, casi un año y medio después del golpe de estado contra Manuel Zelaya Rosales, según trascendió ayer en las audiencias del 140 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de derechos Humanos CIDH.
En las tres audiencias en las que se trató la situación de Honduras, se dejó evidencia la situación de inseguridad, vulnerabilidad y de violaciones a los derechos humanos que vive la mayoría de la población.
Francisco Machado Presidente de la Asociación de organismos no Gubernamentales Asonog, quien se encuentra con asilo político en los Estados Unidos, denunció ante la CIDH, que en honduras no ha cambiado nada después del golpe de Estado.
“Teníamos alguna expectativa con el nuevo gobierno, pero aun persisten las violaciones a los derechos humanos”, dijo Machado a los miembros de la Comisión, al ser consultado sobre su posible retorno a Honduras.
“Las condiciones en honduras desafortunadamente no son condiciones de seguridad para cualquier persona que ha sido señalada, hay un estado de inseguridad para cualquier persona y para aquellos que hemos tenido algún señalamiento sobre el estado derecho es mayor el problema” agregó Machado en su testimonio.
Machado un activista de organismos no gubernamentales, opositor a la explotación de minas a cielo abierto, tuvo que salir a exilio político después de recibir amenazas a muerte por parte de sectores ligados a la industria minería en Honduras.
En la audiencia el Machado denunció que los ciudadanos que se oponen a la contaminación ambiental, son perseguidos y están en un estado de indefensión y después del golpe de estado esto ha aumentado, los policías y militares son protegidos por el mismo estado.
Alcalde de Juticalpa y activistas ambientales amenazados
Machado denunció que en Honduras existe una persecución contra los defensores del medio ambiente, entre los que mencionó a Gelsomina Munguía de la Red Nacional de Afectados de la Minería, quien se encuentra amenazada de muerte junto al también activista Carlos Amador, a quien se ha desatado una persecución por parte de las mineras.
Pero las amenazas no solo han llegado hasta los activistas, también se encuentra amenazado de muerte el Alcalde de la Ciudad de Juticalpa en el departamento de Olancho, Ramón Daniel Sarmiento, por oponerse a la explotación de una mina a cielo abierto en su municipio.
La empresa que pretende instalarse en el municipio es la empresa minera Eurocanteras subsidiaria de la angloitalana Gold Leit Investment.
Honduras ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, por la impunidad sobre la muerte de destacados ambientalistas, entre los que destaca Janeth Kawas, asesinada por sicarios en su casa de habitación el 06 de febrero de 1995.
Octubre Rojo: Análisis de Coyuntura del FNRP
voselsoberano.com | Martes 26 de Octubre de 2010
La Asamblea Nacional del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) se reúne para marcar un cambio de ritmo en el paso del avance hacia la refundación. Esta reunión va mucho más allá de la discusión por el Sí o por el No a un diálogo propuesto por el régimen encabezado por Porfirio Lobo junto a los otros golpistas, criminales y asesinos de siempre.
La Resistencia Popular ha sabido superar con éxito los distintos ataques del régimen que en los meses de agosto y septiembre se abalanzo con fuerza contra las manifestaciones de distintos sectores, mantuvo su política de asesinar a miembros del FNRP y trato de cultivar la división al interno del Frente sin lograrlo con mayor éxito.
Aunque el régimen no deja a un lado sus esfuerzo para el reconocimiento, el traspiés en las Naciones Unidas, la consolidación del apoyo de Unasur y el posicionamiento internacional del FNRP ha obligado a los golpistas a volver su vista a quienes hasta hace muy poco todavía llamaban chusmas y ahora proponen diálogos a quienes hasta hace unos días golpeaban hasta casi matarles tan solo por exigir sus derechos contraídos.
El juego de maniobra de Lobo se concentró en postergar acuerdos y en diluir enfrentamientos pero el tiempo parece que se le ha acabado. El magisterio anuncia nuevas medidas de presión por el incumplimiento a lo prometido, el cuento del aumento al salario mínimo ya no se lo cree ni el más ingenuo y la solución del conflicto en el Aguan ha quedado claro que fue un simple montaje gubernamental.
El régimen aprobó nuevas oficinas para los derechos humanos y en contra de la impunidad pero apenas esta semana perdimos a un nuevo compañero. El compañero Santos Remigio Hernández coordinador del FNRP en Talanga fue brutalmente asesinado por sicarios y aun así los golpistas siguen declarando que es la resistencia la intransigente.
Lo que hace distinto este mes de octubre es precisamente que el enfrentamiento con el golpismo ha sido más político y menos coyuntural que en los meses anteriores. La decisión del Comité Ejecutivo de reunirse por primera vez en pleno y con la presencia del coordinador general, el compañero Manuel Zelaya, fue una acción que reafirmo las preocupaciones del régimen golpista.
Lobo sabe y esto lo ha dejado claro en sus acciones que sin el aval de la resistencia poco puede hacer en sus intenciones de lograr el reconocimiento internacional. Por eso y a pesar de las rabietas de la ultraderecha empieza a hablar de nuevos procesos. Algunos medios golpistas hablan de una Reforma a la Constitución y desde el Congreso Juan Orlando Hernández se trata de presentar como el nuevo conciliador sin ocultar sus evidentes aspiraciones presidenciales.
Los golpistas han tenido que dejar a un lado parte de su prepotencia y ahora hasta hablan de estar esperando que el FNRP se decida a dialogar. La asamblea nacional de hoy 19 de octubre del 2010 en Tegucigalpa se deriva de otros procesos asamblearios en todos los departamentos del país y por primera vez los dieciocho departamentos estarán representados por sus respectivos delegados y delegadas, por lo que el mandato de la mayoría de los hondureños y las hondureñas con seguridad será escuchado con atención por parte del régimen de Lobo.
La resistencia avanza y por su parte la reacción también se prepara. La militarización no se detiene y en la región de Trujillo fuerzas especiales son entrenadas por el ejército de los Estado Unidos para enfrentar células guerrilleras y al narcotráfico según afirman. Mientras tanto el Partido Nacional presenta sus candidatos: Oscar Álvarez quien espera el apoyo de Hillary Clinton con la aprobación de millonarios fondos para la lucha del crimen lo que levantaría su desgastado perfil, Ricardo Álvarez que es el candidato de los más cabezas calientes camisetas blancas y Juan Orlando Hernández que representa a la oligarquía más tradicional de Honduras que aunque quiere poner cara de niño bueno no oculta su estrecha cercanía con las Fuerzas Armadas Golpistas del país.
La Cúpula del partido liberal aún no ha mostrado candidatos fuertes, pues aunque el oportunismo ha capturado a alguno que otro todos saben que la mayoría de la militancia de ese partido ahora es parte de la resistencia y ha renunciado de la mano de Zelaya al tradicionalismo político y ahora pretende nuevas formas de poder.
En este momento la fuerza política más fuerte de Honduras es el Frente Nacional de Resistencia Popular y en esto estamos de acuerdo hasta con los más golpistas de los medios tradicionales. Los dos multitudinarios conciertos de Café Guancasco en Tegucigalpa el pasado 16 de octubre y en San Pedro Sula este jueves 21 de octubre demuestran que el pueblo en resistencia no le teme a la represión y que la refundación en Honduras es una idea compartida en todos los estratos sociales y en todo el territorio nacional, propuesta política avalada por más de un millón trescientas mil cartas de declaración soberana. Octubre ha sido un mes, que de no pasar un hecho extraordinario, habrá sido completamente de la resistencia.
Ridícula defensa del Estado de Honduras ante la CIDH
voselsoberano.com | Martes 26 de Octubre de 2010
Nuestra Palabra, Editorial Radio Progreso 26 de octubre de 2010.
El día lunes 25 de octubre se celebraron en Washington, Estados Unidos, dos audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, que se desarrollaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La primera audiencia trató sobre la aplicación de las medidas cautelares por parte del Estado hondureño para proteger la vida e integridad de más de 200 personas que corren un serio peligro por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la democracia en el marco de la situación de impunidad generada por el golpe de Estado.
La segunda audiencia versó sobre la libertad de expresión en Honduras, cuyo ejercicio desde el rompimiento del orden constitucional le ha costado la vida a más de una decena de periodistas y comunicadores sociales, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer este derecho.
Las audiencias públicas fueron transmitidas en vivo desde la página electrónica de la OEA y para quienes tuvimos la ocasión de seguirlas, pudimos observar con entusiasmo y esperanza como los representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos fueron contundentes y asertivos al aportar pruebas irrebatibles acerca de la profundización de la crisis política y de la continuidad de las graves violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, pudimos observar con vergüenza ajena cómo los representantes del Estado demostraron su falta de formación, información y sobre todo, falta de ética y compromiso con la verdad y la justicia dado que intentaron infructuosamente defender lo indefendible y ante la solidez de los argumentos de los representantes de la sociedad civil, hicieron uso de descalificativos y cayeron en graves contradicciones.
Ante tal situación, Felipe González, presidente de la Comisión Interamericana manifestó en nombre de ésta su preocupación por la violencia política en Honduras y por la persistente impunidad de los violadores a los derechos humanos desde el golpe de Estado.
Una vez más, el Estado de Honduras quedó en evidencia ante la comunidad internacional y demostró que su discurso sobre el respeto de los derechos humanos son sólo palabras pues en los hechos, los derechos del pueblo hondureño siguen siendo pisoteados por las instituciones que deberían promoverlos y defenderlos.
Estado quiso sorprender a la CIDH al descalificar a periodistas asesinados en Honduras
26 Octubre 2010 dina meza 
En la audiencia las organizaciones de sociedad civil destacaron la impunidad en los asesinatos de periodistasAnte la solidez de los argumentos de los peticionarios, personeros del Estado trataron de mandar un mensaje deslegitimador de la labor de los periodistas y la represión de que son víctimas hasta llegar a matarlos , nueve de ellos han sido asesinados desde la llegada del régimen de Porfirio Lobo Sosa.
En la audiencia denominada Actualización de la situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Honduras, las organizaciones de sociedad civil destacaron la impunidad en los asesinatos de periodistas; la falta de investigación sobre las amenazas contra comunicadores y medios de comunicación, así como la violación flagrante a los convenios internacionales al existir un monopolio en el uso de las frecuencias.
La audiencia fue solicitada por La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC; EL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL e International Media Support, IMS.
También participaron en la reunión por parte de las organizaciones: Alejandra Nuño y Marcia Aguiluz, por CEJIL, Ricardo González de Artículo 19, Kenia Oliva de COFADEH, Lucy Mendoza de ERIC, Robert Show del IMS y Aleyda Callejas, directora de legislaciones y derecho a la comunicación, de AMARC.
Una delegación conformada por representantes de AMARC, Artículo 19 e IMS, se desplazaron a Honduras del 24 de agosto al 02 de septiembre con el objetivo de verificar la situación de la libertad de expresión, debido al alto índice de muertes de periodistas, amenazas contra estos y medios de comunicación.
Ricardo González de Artículo 19, destacó ante los comisionados de la CIDH que la situación sobre la libertad de expresión en Honduras, lejos de haber mejorado está empeorando. Solamente en este año tenemos nueve asesinatos de periodistas que permanecen en completa impunidad por la negligencia y falta de diligencia con las que se han integrado las averiguaciones previas.
Caso Nahúm Palacios
El Estado ha fallado en otorgar protección a testigos y colegas de Nahúm“Nos centraremos en el caso de Nahúm Palacios, que fue asesinado el marzo pasado, gozaba de medidas cautelares por parte de la CIDH, pero él nunca fue contactado , hemos podido encontrar una serie de omisiones en este caso, entre ellas, la contaminación de la escena del crimen, a pesar que los hechos ocurrieron a seis cuadras de la policía.
Los familiares de Nahúm han informado que hace poco encontraron un casquillo de bala, eso denota el manejo que se le ha dado a la evidencia, la causa de muerte fue finalmente reconocida dos meses después para lo que debió exhumarse el cuerpo, las autoridades dijeron que los familiares habían estado en desacuerdo que se hiciera la autopsia, pero eso es totalmente falso.
El Estado ha fallado en otorgar protección a testigos y colegas de Nahúm, el canal en el que laboraba ha dejado de transmitir y varios colaboradores de Nahúm han tenido que emigrar de la zona por temor a correr la misma suerte o algún ser víctima de algún tipo de agresión producto de las investigaciones.
Represión contra El Libertador
A partir del golpe de Estado el periódico El Libertador tiene una situación de vulnerabilidad “hemos podido constatar personalmente el acoso del que han sido víctimas , entre ellos seguimientos e intimidación que han tenido una periodicidad y que tienen que ver en muchos casos con el tipo de información que publican o cuando se generan conflictos sociales, dijo el delegado de Artìculo 19.
Las amenazas no solo son en las oficinas del periódico sino a la gente que trabaja allí se le incrementan las amenazas cuando hay conflictos sociales como del Aguán y del magisterio, ha habido una serie de actos de hostigamientos contra ese medio.
También se detalla el asalto de que fue víctima el medio en diciembre del año pasado cuando hombres armados entraron al periódico encerrando a las personas en el baño y haciendo tocamientos indebidos a una de las periodistas.
Está el caso de René Novoa , de este periódico quien fue sacado de un taxi en el que se conducía por militares y policías le propinaron una golpiza y varias horas después lo dejaron en libertad, dijo Gonzalez en el relato ante la CIDH
Estos casos no tienen una denuncia formal porque los colaboradores del medio dicen que no hay condiciones de seguridad y la denuncia podría ponerlos en mayor riesgo.
Radio Coco Dulce
Esta emisora está teniendo amenazas de muerteEn relación la radio Coco Dulce, la delegación recordó a la CIDH que ésta fue incendiada a pesar que la emisora tiene medidas cautelares y fueron consensuadas en abril de este año.
Pudimos estar en la localidad de Tela para verificar que estas medidas estaban implementadas y còmo estaba la investigación. Solo se hicieron los primeros patrullajes y después no ha habido ninguna protección.
El expediente no tiene avances en la investigación, solo hay un peritaje que se hizo al día siguiente del incendio de la emisora, al preguntar a las autoridades porque no hay avances nos dijeron que no existen las condiciones porque el personal cambia constantemente, además encontramos grandes diferencias entre el expediente que maneja el MP y el de la policía de investigación criminal donde incluso están desaparecidas las fotografías que pueden constatar cómo quedó la emisora.
Esta emisora está teniendo amenazas de muerte, los compañeros de la radio siguen siendo víctima de amenazas cuando transmiten, les dicen que si siguen hablando de las tierras les va a ir muy mal, pero han querido hacer la denuncia ante la fiscalía y los dejan esperar un día completo para que los atiendan por tanto esas denuncias no están puestas porque no hay apertura por parte de las autoridades.
Lo que podemos ver en el caso de Coco Dulce es un expediente parado y ausencia total de la implementación de las medidas cautelares a pesar del inminente riesgo para sus miembros.
Radio Progreso
El otro caso que hemos podido constatar es el de Radio Progreso que fue cerrado el 28 de junio del año pasado por el ejército, es una emisora que tiene medidas cautelares pero no han sido implementadas completamente a pesar que ya hay otro caso de amenazas vía celular en los últimos días.
En el caso de Radio Progreso además en los últimos tiempos no se ha consensuado con los beneficiarios, a través de CEJIL, la Comisión ha recibido información detallada sobre la situación sobre medidas cautelares y amenazas que han sido objeto.
Con respecto al juicio que se siguió por el cierre de Radio Progreso, el Juez sobreseyó el caso aduciendo que de todas maneras la radio iba a cerrar antes de que fuera tomada por el ejército, cuando en realidad la radio iba a dejar una programación automatizada para regresar en cualquier momento. Se interpuso un recurso de apelación sin que se tenga respuestas hasta ahora.
Las medidas cautelares han sido implementadas de manera parcial y en el caso de que se llame al teléfono de enlace este no es contestado y no se puede hacer una llamada directa porque no hay línea.
La Voz de Zacate Grande
En julio cerca de 100 policías llegaron a la radio y colocaron una cinta amarilla que decía escena del crimen La delegación también expuso el caso de la Radio la Voz de Zacate Grande que empezó a transmitir desde abril de 2010, esta radio tiene un litigio de tierras desde hace mucho tiempo con un conocido acaparador de tierras y tienen un juicio en los tribunales.
Según se detalló ante la CIDH la comunidad de Puerto Grande abrió la emisora con la intención de seguir defendiendo el derecho a la tierra, pero a partir de allí empezaron una serie de acciones penales contra los líderes de la emisora y del Movimiento por la Recuperación de la Tierra a quienes se les acusa de usurpación de tierras, daño ambiental y de defraudación fiscal, este último delito fue sobreseído, pero no se ha logrado resolver el tema de fondo que es el acceso a la tierra.
La información que recibió la delegación que vino a Honduras en septiembre pasado por la directora de Fiscales es que las demandas por usurpación de tierras son ilegales mientras exista un litigio y no se puede hacer denuncias penales contra las personas que están en el mismo.
“Lo que queremos destacar es que esas denuncias penales se intensificaron de manera importante desde que la comunidad abrió la emisora, lo que se está haciendo es la estrategia de utilizar la vía penal para evitar que la emisora siga transmitiendo”, destacó la delegación ante la CIDH.
También denunciaron ante la Comisión que en julio cerca de 100 policías llegaron a la radio y colocaron una cinta amarilla que decía escena del crimen y trataron de cerrar la radio, “cuando eso es una invasión de funciones ya que el tema de la transmisión le corresponde a CONATEL y no a la policía”.
En agosto hubo un enfrentamiento entre los pobladores y la policía que estaba allí no se hizo nada, una de las locutoras de la radio tuvo que ser llevada a un hospital donde le hicieron 11 puntos al ser agredida por los adversarios.
Denunciaron que la Ley de Telecomunicaciones es violatoria de los estándares internacionales sobre libertad de expresión ya que el uso de las frecuencias es esencialmente por la vía económica.
Represión genera autocensura por temor
Marcia Aguiluz de CEJIL“En general hay una condición de mucha vulnerabilidad, de mucho miedo, en especial aquellas emisoras que han sido agredidas, lo que genera una condición de autocensura de no querer abordar algunos temas por miedo a las represalias”, destacaron.
Para las organizaciones presentes ante la CIDH lo que permea es una ausencia en los avances de las investigaciones sobre asesinatos de periodistas y amenazas contra medios de comunicación, que va en contravención con la Libertad de Expresión la cual es pilar fundamental de las democracias, tal como lo ha señalado la CIDH.
En la audiencia estaban presentes representantes del Ministerio Público y la Policía que trataron de deslegitimar la labor de los periodistas asesinados, argumentando que eso no solo se da en Honduras sino en todo el mundo y que los casos estaban en la Fiscalía de Delitos Comunes puesto que no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión.
Estos funcionarios públicos con mucho descaro siguieron nombrando el golpe de Estado como sucesión constitucional y manifestaron que “en el caso que sucedió el 28 de junio con la sucesión presidencial, el cierre de Radio Progreso, fue de acuerdo al decreto efectuado en consejo de ministros y eso lo avala la Constitución de la República”.
Sobre el uso de las frecuencias los personeros del régimen trataron de desvirtuar que hay concentración de las frecuencias en unos pocos.
Los deberes que tiene el Estado en el derecho internacional no se restringe a que sean sus agentes los involucrados sino que debe incorporarse la prevención para evitar que estos hechos continúen y que haya aquiescencia del Estado con otros agentes o personas, dijo el presidente del la CIDH, Felipe Gonzalez.
La información que maneja la Relatoría de Libertad de Expresión de nueve casos, ocho tiene que ver con el ejercicio de la profesión. Cuando nosotros estuvimos en la visita in loco en este año, la Secretaría de Seguridad nos dijo que los casos tenían que ver con delitos comunes, nosotros les dijimos que era muy grave afirmar eso sin proporcionar ningún tipo de antecedentes, dijo en forma contundente González..
Estado manda mensaje descalificador hacia los periodistas asesinados
“Lo que aquí reproducen los agentes del Estado es lo que hacen los máximos representantes del Estado en relación con los crímenes contra periodistas, constituye un patrón que unas horas después de haber sido asesinado un periodista, el ministro de Seguridad o algunas de la alta jerarquía de la policía dicen que los crímenes no tienen relación con el ejercicio de la profesión y ese mensaje es el que nos vienen a dar hoy los representantes del Estado”, refirió la abogada Marcia Aguiluz de CEJIL ante una actitud cínica de los delegados estatales.
Es un mensaje descalificar que inmediatamente los asesinatos se relacionan con crímenes comunes y que las personas estaban involucradas en un hecho turbio o que son crímenes pasionales, y además que se mantiene en secretividad el caso para que nadie tenga acceso al mismo sin que se tenga una explicación fehaciente de las hipótesis investigadas por el Estado, recalcò Aguiluz.
“Por otro lado tengo que señalarlo aquí que es muy frustrante escuchar a los agentes del Estado llamar sucesión constitucional lo que fue un golpe de Estado , es muy frustrante que descalifiquen así el informe de la Comisión de los hechos del 28 de junio , porque entonces si no hay un reconocimiento de lo que ocurrió , si no hay un reconocimiento de los que significa la libertad de expresión para una verdadera democracia, cómo avanzar hacia lo mínimo, se habla del cierre de Radio Progreso ahora vienen a justificarnos que se cerró por un decreto que emitió el gobierno de facto, sinceramente tengo que decirlo con muchísima vehemencia que si queremos avanzar en un diálogo constructivo debe demostrarse una mejor voluntad ”.
Kenia Oliva denunció que el COFADEH llamó insistentemente a la Secretaría de Seguridad para que se implementaran las medidas cautelares a la Radio Coco Dulce, y un fiscal se negó a dar un informe para el peticionario que es Alfredo López.. Sobre Zacate Grande, dijo que La Voz de Zacate Grande se creó justo por la falta de información.
En relación a Radio Uno se mencionó que ha sufrido varios sabotajes al fluido eléctrico y a las líneas telefónicas y la policía lanzó el 15 de septiembre bombas lacrimógenas, a las instalaciones donde había menores de edad y una sola salida para escapar de los gases tóxicos. Hay tres casos confirmados de periodistas asesinados que según Artículo 19 tienen que ver con el ejercicio de la profesión.
Hay una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño de proteger a las personas en riesgo
25 Octubre 2010 18:17 dina meza 
Comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos HumanosA la misma asistieron las organizaciones peticionarias con sus representantes: La abogada Marcia Aguiluz del y el Centro por el Derecho Internacional y la Justicia, CEJIL junto a la subdirectora de esta organización Marcela Peralta; Kenia Oliva y Mery Agurcia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, Sally Valladares de del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH y Lucy Mendoza del Equipo de Reflexión e Investigación de la Compañía de Jesús, ERIC.
Por parte de la CIDH estaban los Comisionados, Felipe González, presidente, la comisionada María Silvia Guillén, el Comisionado Jesús Orozco y, la doctora Isabel Madariaga de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Los solicitantes indicaron que la implementación de las medidas son aisladas y coyunturales dado que responden a las visitas de la Comisión y las solicitudes de información que se realizan en el contexto de las mismas.
Kenia Oliva obogada del CofadehA la hora de solicitar esta audiencia, los peticionarios como representantes de beneficiarios de medidas cautelares, solicitamos se convocara a ciertas autoridades del Estado de Honduras en concreto Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad , bajo el entendido que son las autoridades internamente de proteger a las personas en riesgo, recalcó.
Pero dejó establecido que no se trata de un reconocimiento a condiciones positivas en Honduras, “ Lo que queremos aclarar es que esto no significa que las organizaciones acá consideramos que existan las condiciones en Honduras para que en Honduras exista un Estado de Derecho y democracia”.
Uno de los señalamientos precisos es que hay incapacidad para una respuesta oportuna por parte del Estado, con una unidad técnica que carece de mandatos claros, según lo manifestó la abogada Kenia Oliva.
Asimismo la ausencia de criterios de valoración de riesgos, sin tomar en cuenta los criterios proporcionales al riesgo de la víctima, en cada caso hay circunstancias diferentes y el Estado sigue ofreciéndole a la victima las únicas tres medidas que venía ofreciendo antes del golpe de Estado y son escoltas personales, patrullajes y teléfonos de contacto.
En relación a las escoltas personales son ineficaces, el Estado argumenta no tener fondos para este beneficio y los costos corren a cuenta de los beneficiarios , generando gasto de alrededor de 250 dólares para éste.
Mery Agurcia del CofadehEn las áreas rurales el Estado sigue argumentando que no puede implementarlas . Sobre el enlace telefónico, se señala que no cuenta con una línea de teléfono fija y se le da un número móvil el cual en muchas ocasiones no ha sido respondido por la persona encargada de implementar la medida, señaló.
Hay una ausencia de investigación y falta de coordinación entre las instituciones, haciendo engorroso el trámite porque se pretende obligar al peticionario a hacer la denuncia nuevamente.
El Estado no ha querido entender que los beneficiarios son un colectivo de ciudadanos contra el golpe de Estado, lo que ha ocasionado graves obstáculos por la falta de confianza en las instituciones por su participación en el Golpe de Estado, denunció.
Las personas que generan la inseguridad, torturadores o los que detienen ilegalmente son removidos de sus cargos , dándoles un cargo superior.
Los policías encargados de brindar el beneficio, lo confunden con los mecanismos del Código Penal que limita a las personas.
La Secretaría de Seguridad no tiene un mecanismo para brindar la medida de protección, a las reuniones de consenso de dichas medidas no llegan los altos mandos sino los medios y estos últimos no pasan la información a sus superiores.
Mery Agurcia destacó los casos concretos con los que demuestran la falta de responsabilidad estatal para proteger la vida de las personas en riesgo.
La representante del ERIC detalló como a pesar de que continúan las amenazas contra Radio Progreso, no se han implementado las medidas cautelares para este medio ni para Radio Uno de San Pedro Sula que sufre muchas agresiones.
Sally Valladares, del CIPRODEH fue la encargada de leer la propuesta para el establecimiento de un mecanismo para la efectividad de la implementación de las medidas cautelares, que consta de estos puntos:
1.- Expresar en el comunicado final del período de sesiones su preocupación por la seguridad de las personas que gozan de medidas cautelares en instar al Estado hondureño a instituiren el menor plazo posible un mecanismo efectivo para la implementación de la protección requerida
2.- Disponer a efecto de facilitar el seguimiento de la medida, el desglose de la medida cautelar 196-09 agrupando la misma en de lo que dio origen a la misma en función de los hechos que le dieron origen y considerando la representación que gozan algunas de las personas beneficiarias.
3.- Tomar en cuanta la información de esta audiencia para la elaboración de su informe definitivo sobre la visita a Honduras realizada en el mes de mayo del año en curso.
4.- Desarrollar en el marco del informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en las Américas, un mayor detalle de los parámetros mínimos que deben seguir los Estados en el cumplimiento de las medidas cautelares y pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado de proteger la integridad de las personas beneficiarias evitando atentados contra las mismas.
5.- Se solita a la Comisión continuar monitoreando la situación de Honduras y en particular la implementación de las medidas cautelares.
Valladares en nombre de la delegación solicitó a la CIDH llamar fuertemente la atención al Estado de Honduras por las prácticas que han sido referidas; que se le exija que más allá de la presentación de actas demuestre fehacientemente que está llevando a cabo una verdadera implementación de las medidas cautelares.
Asesinan a activista del Bloque Popular
Exigimos a las autoridades el esclarecimiento de los hechos, ya que el victimario David Franco es activista de organización fascista al servicio de la oligarquía autodenominada “Camisetas Blancas”.
Bloque Popular | Para Kaos en la Red | 26-10-2010
Nota de duelo - Bloque Popular
Ante el fallecimiento del compañero Néstor Ovidio Zúniga miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), activo militante del Frente Nacional de Resistencia Popular y hermano de nuestro compañero y amigo Salvador Zúniga, el Bloque Popular acuerda:
1. Lamentar profundamente el fallecimiento del compañero Néstor Ovidio Zúniga, militante del movimiento popular hondureño y activo militante del Frente Nacional de Resistencia Popular.
2. Exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de los hechos, siendo que el victimario David Franco es activista de organización fascista al servicio de la oligarquía autodenominada “Camisetas Blancas”, de la Esperanza, Departamento de Intibucá.
3. Denunciar nacional e internacionalmente la creciente ola de represión y violencia desatada por la oligarquía contra el pueblo hondureño en general y nuevamente contra los miembros del movimiento popular en particular.
4. Hacer un llamado a los organismos de Derechos Humanos del país e internacionales para que procedan también con la denuncia y la exigencia para la condena a los ejecutores de estos terribles hechos.
Bloque Popular
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa 23 de octubre 2010. 
