miércoles, 5 de agosto de 2020

HONDURAS: Urge sumarse a reactivación de protestas: organizaciones sociales y populares // No cesan las muertes y contagios de coronavirus en Honduras // Radio Progreso: La salud pública en Honduras, desdibujada y desmantelada en el gobierno de “la vida mejor” // Iglesia se suma al reclamo “Dónde está el dinero", Gregorio Vásquez SJ // CESPAD: ¿En manos de quién están los 8 mil millones de lempiras emitidos para el agro en Honduras? // Prevén que crisis de la pandemia producirá más migración en Honduras // Abandono estatal motiva a la población a migrar // Las iglesias de Arizona, al rescate de los migrantes indocumentados // Monitoreo del COVID19 en Honduras

Criterio.hn
Urge sumarse a reactivación de protestas

Urge sumarse a reactivación de protestas: organizaciones sociales y populares

julio 20, 2020 Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn 
Tegucigalpa. La profundización del ciclo de crisis acumuladas en Honduras que mantiene a la población en un estado de emergencia, ha despertado la alarma en las organizaciones sociales y movimientos populares que ante los últimos acontecimientos han alzado su voz alertando a la población, entre otras cosas, sobre “la reactivación de los escuadrones de la muerte”.
Durante los últimos días, la persecución a los líderes sociales se ha reactivado con el secuestro de cuatro dirigentes de la etnia garífuna, quienes fueron raptados por sujetos uniformados que ingresaron el pasado sábado a sus viviendas, en la comunidad del Triunfo de la Cruz, departamento de Atlántida.
Simultáneamente, se han suscitado en lo que va del año, al menos 18 masacres sangrientas contabilizando decenas de muertes, a pesar de que la ordenanza del estado de sitio únicamente concede la libre circulación a las autoridades, principalmente a cuerpos militares y policiales.   
En ese panorama de reactivación de la violencia, sumada a la comatosa crisis sanitaria que ya registra 33,835 casos de Covid-19, las organizaciones sociales han anunciado la reactivación de la indignación social declarando al jefe de Estado, Juan Hernández, incapaz de gestionar un manejo inteligente frente a la actual crisis que naufraga entre el colapso del obsoleto sistema de salud, la profundización de la corrupción y las masacres violentas. 
Las articulaciones sociales además reiteraron a las autoridades, entregar a la población una rendición de cuentas sobre los fondos aprobados que en lugar de atender la crisis sanitaria, han llevado al colapso del sistema sanitario. Y es que en la medida que aumenta los contagios, en esa proporción se incrementa la corrupción, indicaron.
En el pronunciamiento público que las organizaciones sociales elevaron a través de una comparecencia de prensa virtual, la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, denunció “que el régimen ha reactivado ferozmente los escuadrones de la muerte”.
Por lo que, la defensora instó a incrementar la denuncia ciudadana. “Tanto por la gente que han asesinado durante la pandemia como por ese saqueo brutal de los fondos públicos del Estado”, añadió. 
Oliva criticó la decisión injustificada de desplegar las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. “Se han sacado a las fuerzas militares a nivel nacional, pero en este momento estemos registrando 18 masacres con responsabilidad de las fuerzas militares sanguinarias”, responsabilizó.
Por su parte, el director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, pidió a la población estar atentos a las manifestaciones de indignación. “Todas las expresiones populares para enfrentar y desnudar la práctica dictatorial del régimen que lidera Juan Orlando Hernández deben de ser respaldas por este espacio”, refirió Moreno.   
Desde hace dos semanas, la chispa de la indignación ciudadana ha comenzado a encenderse. Como una forma de protesta alternativa la población hondureña ha reactivado la manifestación popular recurriendo a la movilización de caravanas de vehículos. 
En su participación, el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Edwin Hernández, solicitó a los diputados de la oposición acompañar de la iniciativa de indignación de la sociedad, retomando  la alternativa de realizar un segundo sesión extraordinaria en el Congreso Nacional, pidió el dirigente magisterial.
El coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), Cristopher Castillo, también hizo un llamado a la población a integrar la nueva articulación del descontento social.
A fin de conocer la utilización de los fondos aprobados para contrarrestar los efectos de la pandemia, las organizaciones sociales reiteraron la petición de conformar una comisión ciudadana independiente.

Radio Progreso

No cesan las muertes y contagios de coronavirus en Honduras

  • 23/07/2020
Coronavirus en Honduras Honduras sumó, de manera oficial, 18 nuevas muertes por coronavirus con lo cual el país llegó a mil 006 personas fallecidas de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinager.
Además, se informó por parte del gobierno, que de mil 999 pruebas sometidas a laboratorio, 757 salieron positivas. El departamento de Cortés sumó 188 casos de los cuales 70 son de San Pedro Sula, 63 de Puerto Cortés, 14 de La Lima, 14 de Choloma, 9 de Santa Cruz de Yojoa, 8 de Villanueva, 5 de San Manuel, 4 de Pimienta y 1 de Potrerillos.
El departamento de Francisco Morazán con 126 nuevos contagios: 91 del Distrito Central, 22 de Sabanagrande, 12 de Santa Lucía y 1 de Guaimaca. Valle con 83 casos: 37 de San Lorenzo, 22 de Nacaome, 16 de Langue y con un caso están Aramecina, Guascorán, Caridad, Amapala, Alianza y tres casos pendientes de confirmar el municipio.
El departamento de Yoro sumó 70 nuevos contagiso liderados por la cabecera departamental, Yoro, con 34 contagios, seguido de Morazán con 18 casos, 7 de El Progreso, 3 de Yorito, 3 de Santa Rita, 2 de El Negrito, 2 de Olanchito y 1 de Victoria. Olancho sumó 62 casos más: 48 de Juticalpa, 6 de Catacamas, 3 de Patuca, 2 de San Francisco de Becerra y con un caso Campamento, San Francisco de la Paz y Guayape.
El departamento de El Paraíso sacó 61 casos: 52 de Danlí, 6 de El Paraíso, 2 de Morocelí y 1 de Teupasenti. Sinager también detalló 54 casos del departamento de La Paz: 18 de San José, 15 de La Paz, 12 de Santa María, 4 de Guajiquiro, 3 de San Antonio del Norte, 1 de San Juan y 1 de Marcala.
El departamento de Choluteca aumentó en 43 sus contagios: 30 de Choluteca, 6 de Orocuina, 4 de San Antonio de Flores, 1 de Marcovia, 1 de Pespire y 1 pendiente municipio. También hay 13 casos en Quimistán, tres de San Marcos y uno de Santa Bárbara.
El departamento de Ocotepeque registró 17 casos más: 12 de Ocotepeque y 5 de Sinuapa. Hay siete casos en Sabá, seis en Tocoa y uno en Iriona, Colón. Comayagua con 10 casos: 4 de Comayagua, 2 de la Villa de San Antonio y con un caso están Siguatepeque, Ojo de Agua, Lamaní y Ajuterique.
También se detallaron cuatros casos de Intibucá y uno de Yamaranguila. Hay dos casos en Tela y dos en La Ceiba, Atlántida. Dos casos más en Santa Rosa de Copán y uno en Roatán, Islas de la Bahía.


Radio Progreso

La salud pública en Honduras, desdibujada y desmantelada en el gobierno de “la vida mejor”

  • 24/07/2020
Fuente: Expediente Público
** Con un presupuesto que solo alcanza para pagar salarios y para hacer transferencias a dependencias que no prestan servicios de salud y la falta de construcción de nuevos hospitales el sistema de salud se encamina a ser desmantelado. 

“La salud pública ha estado marginada por muchísimos años, sin lugar a dudas. La estructura hospitalaria quedó desfasada en las últimas tres décadas. El último hospital grande realmente que se inauguró fue el Hospital Escuela en 1978 y el Mario Catarino Rivas en el 89”, dijo a Expediente Público, la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos. 
Ella tiene porqué saberlo, durante al menos seis años, la UNAH, con ella al frente, administró el Hospital Escuela Universitario. Después, en el 2018, formó parte de la Comisión para la Transformación del Sistema de Salud, donde tuvo como compañera a la actual ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. 
Castellanos está convencida que la salud y la educación no han sido prioridad para los gobiernos, y las asignaciones presupuestarias e inversiones en el sistema sanitario han ido disminuyendo en los últimos años. 
“Creo que, en los últimos gobiernos, sobre todo los del Partido Nacional (2010 a la actualidad), se ha dado mucho énfasis a la seguridad y a la defensa. Si bien,  la inseguridad que vivía el país era enorme y había que ponerle atención, creo que se inclinó por demasiado tiempo la balanza hacia el tema de seguridad y defensa y se marginó otros aspectos de los sistemas públicos del país. Eso (lo) podemos ver en la asignación presupuestaria”, refirió la socióloga que, en su momento, fue considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica, mientras que la revista Foreign Policy la clasificó en el 2013 como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo. 
Desde que tienen el control del país, el gobierno del Partido Nacional, se ha caracterizado por un discurso populista de “la vida mejor” con bonos solidarios y propuestas sanitarias y educativas pegajosas, pero muy distantes en la práctica. La “vida mejor” no aplica en la Salud y la Educación, pero sí en la Defensa y la Seguridad, hacia donde se han volcado últimamente los presupuestos. 
Según datos de la unidad de análisis económico de Expediente Público, proporcionalmente el presupuesto de la Secretaría de Salud pasó de ser el 6.62% del presupuesto general del 2013 (US$525.8 millones de US$7,546.9 millones) al 5.64% del presupuesto general del 2020 (US$640.7 millones de US$11,369.3 millones); mientras que el presupuesto consolidado de seguridad y defensa en el 2013 era el 7.44% del presupuesto general (US$591.2 millones) y pasó a ser el 7.97% en el 2020 (US$905.7 millones), pero antes alcanzó sus picos más altos en el 2017, con un 8.64%; 8.49% en el 2018 y 8.34% en el 2019.
Para Castellanos esa tendencia de sobreestimar a los uniformados va más allá de, simplemente, garantizar la seguridad. “A todos los políticos les gusta quedar bien con los militares, porque así sienten la garantía de que los van a proteger”, indicó. En el caso del actual presidente, Juan Orlando Hernández, militares y policías lo protegieron de manifestaciones masivas a nivel nacional en el 2015, 2016, 2017 y 2018. Hernández ha sobrevalorado a las fuerzas del orden por encima de la salud y ello se refleja en los presupuestos aprobados en la administración del partido en el poder, el Nacional, del cual, él lleva ya dos períodos consecutivos con su cuestionada reelección. 
Datos presupuestarios analizados por un equipo de Expediente Público ejemplifican que para el 2019 la asignación presupuestaria para la Secretaría de Salud aumentó en 2.74 por ciento, en cambio el presupuesto para la Secretaría de Defensa y Seguridad creció un 5.6 por ciento.  
Esto significa que, en el 2018, el presupuesto de Salud fue de 13.685,10 millones de lempiras (549 millones de dólares) y en el 2019 fue de 14,058.6 millones de lempiras, que representa ese 2.74 por ciento. En el 2018 el presupuesto de Defensa y Seguridad fue de 20,138.50 millones de lempiras (808 millones de dólares) y para el 2019 pasó a 21,268 millones de lempiras (853.23 millones de dólares) que representa un incremento del 5.6 por ciento, evidenciando así los desbalances entre la Salud y la Defensa. 

ASÍ LA “EQUIDAD” EN LA SALUD 

Honduras tiene uno de los niveles de inversión en salud más bajos de América, con 101 dólares por persona; distante del promedio de América Latina y el Caribe ($392 por persona), y ni siquiera cerca del promedio mundial ($628 por persona), mientras que las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  son inalcanzables, con $2.880 por persona, según destaca el estudio “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”. 
La falta de inversión se refleja en escasez por todos lados. Por ejemplo, la tasa de camas hospitalarias por mil habitantes es de apenas 0.7, igual a la de Haití y solo por encima de la de Guatemala, en la cola de América. Para efectos de comparación hay que decir que el número uno del mundo, el principado de Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo, tiene 13 camas por 1000 habitantes. 
También está en el fondo de la tabla en la tasa de médicos por 1,000 habitantes, con apenas 0.31, solo por encima de Santa Lucía y Haití, muy lejos del primero de América, que es Cuba, con 8,19. El Colegio Médico de Honduras tiene inscritos unos 16,000 médicos, pero de esa cifra solo 2,400 laboran para el sistema estatal de salud para una población superior a los 9 millones de personas. 
La doctora Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras señala que incluso si se contrataran los 16,000 médicos no se llegaría a los estándares internacionales de 25 médicos por 10,000 habitantes. “Pero eso nunca ha ocurrido y (en los últimos años) se han cerrado más de 100 centros de salud. La Secretaría de Salud lejos de ampliar la atención cerró centros asistenciales porque no tienen presupuesto”, dijo Figueroa. 
Pero la escasez no termina aquí, solo existen 0.4 hospitales por 100,000 habitantes (penúltimo lugar en Centroamérica, solo por encima de Guatemala); 2.1 unidades de tomografía computarizada por millón de habitantes; 0.7 unidades de radioterapia por millón de habitantes (quinto lugar en Centroamérica superando solamente a Belice y Nicaragua), 50.9 unidades de mamografía por millón de mujeres de 50-69 años (en penúltimo lugar solo por encima de El Salvador), según el estudio “Situación del Sistema de Salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud Propuesto”. 
Las deficiencias en los servicios de salud impactan en la expectativa de vida, que ronda los 71,3 años, la más baja de Centroamérica y muy distante del mejor de América en este aspecto, Canadá, con 82 años, y mucho más lejano del número 1 del mundo, el principado de Mónaco, con 89,4 años. 
“La infraestructura hospitalaria y de los centros de salud es deficiente, los servicios no son de la calidad y cobertura requeridas. Algunos centros públicos datan de principios del siglo pasado y requieren fuertes inversiones en infraestructura y equipo para proporcionar los servicios en condiciones óptimas y exentas de riesgo. El mantenimiento ha sido escaso y ha motivado el constante deterioro, tanto de la infraestructura como del equipo”, indica el estudio arriba citado. 
Honduras tiene 29 hospitales en los 18 departamentos del país, pero la mayoría  carece de lo indispensable y cuando les llegan pacientes con alguna dolencia grave los remiten a sus pares de Tegucigalpa y San Pedro Sula, recargando a estos centros médicos con pacientes de todo el país, afectando así la calidad de los servicios.  
La exrectora Castellanos refiere que “el Hospital Escuela Universitario recibe una enorme presión, tanto en consulta externa como en cirugías, de los hospitales del centro y sur del país. Imaginamos que igual situación se da en el Mario Catarino Rivas y en el Leonardo Martínez de San Pedro Sula”. 
Agregó que desde la Comisión para la Transformación del Sistema de Salud hicieron al gobierno “planteamientos para fortalecer esas unidades hospitalarias. Hubo un momento que nosotros planteamos inclusive que era insostenible el sistema de salud en esas condiciones”. La Comisión para la Transformación del Sistema de Salud fue creada en agosto de 2018 por el gobierno del presidente Hernández, quien dijo que tenían la misión “titánica” de rescatar el sistema sanitario, pero luego que ésta presentara las primeras propuestas de reformas profundas, la misma fue desintegrada por presiones internas y externas. 
Los problemas en el sistema sanitario son tantos, que no solo se centran en inconvenientes de infraestructura, también en la escasez de personal, haciendo que las atenciones se den exclusivamente de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de modo que las áreas de consulta externa de los hospitales y los centros de salud quedan vacías en la tarde y los fines de semana, cuando solo se asisten emergencias en las áreas dispuestas para ello. 
La exministra de Salud, Roxana Araujo, indicó que las limitaciones presupuestarias surgen al concebirse  el sector salud y el educativo “como un gasto corriente y no una inversión. Así, al hacer las negociaciones con los entes internacionales, como el FMI, se tiene que visualizar el gasto corriente y dentro de este gasto corriente está incluido el sector salud y por eso la contención del gasto en el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud”. 
Reconoció que “la crisis del sector salud en los últimos años se debe a factores como una rectoría débil, una escasa capacidad de gestión del sistema y la administración de recursos humanos con mucha rigidez. Si queremos cambiar el sistema de salud, si queremos dar un sistema de salud asegurado a esa población de mayor riesgo y de escasos recursos económicos debemos hacer mayor gestión en el tema financiero y ver cómo se quita esta rigidez de la administración de recursos humanos”. 
“Se debe ampliar la cobertura a esos más de 1,635 establecimientos de salud del nivel primario, con personal capacitado, con personal que dé respuesta en el nivel local, sobre todo en los hospitales regionales que carecen de especialistas, que de repente solo hay uno por cada área de especialidad, es decir, solo hay un médico internista para toda la población de un departamento. Eso no debería continuar, sino que dar el recurso humano necesario para la atención adecuada de los pacientes”, asevera la exministra. 
La exfuncionaria, quien a principios de la pandemia de COVID-19 fungió como vocera del gobierno para ese tema, aceptó que en materia de infraestructura “el mantenimiento ha sido escaso o nulo y no ha estado dentro de las partidas presupuestarias. Ahora existe una unidad de infraestructura en la Secretaría de Salud que está enfocándose al mejoramiento de todas estas unidades de salud, pero sabemos que es escaso el financiamiento que puede haber por tantas décadas de deterioro que se dio sin invertir en el mejoramiento de los establecimientos de salud”. 

SECRETARÍA DE SALUD, DE RECTORA A TRAMITADORA 

El presupuesto en Salud, además de ser insuficiente, no es utilizado en función de las prioridades que garanticen calidad en la atención, la dispersión de recursos en áreas sin mayor impacto, parece ser la norma y no la excepción. Así lo indica el documento “Liquidación del presupuesto en Honduras”, elaborado por el Fosdeh, al indicar que en el 2018 el 46% del presupuesto de Salud estuvo destinado al pago de salarios, mientras que el 26% se fue en una partida llamada “transferencias y donaciones” mediante la cual la Secretaría pasa sus fondos a otras dependencias.  
Es decir, que el 72% de todo el presupuesto se gastó en situaciones que no tienen nada que ver con la compra de medicinas, equipos médicos o en la construcción y mantenimiento de instalaciones. Solo un 11% de ese presupuesto fue usado para “materiales y suministros”, cita el documento. 
Ese 26% destinado a transferencias, en el 2018, fue equivalente a 3,700 millones de lempiras (149.6 millones de dólares). A criterio de la socióloga Castellanos, con esas  determinaciones, “la Secretaría de Salud se ha ido debilitando muchísimo porque se convirtió en una tramitadora de presupuesto para trasladarlo a otras dependencias. Para el caso muchos proyectos que dependían de la Secretaría de Salud fueron sacados a las oficinas de la primera dama o a otros ministerios, y por lo tanto la Secretaría se desmembró, se desarticuló, se debilitó”. 
La presidenta del Colegio Médico, la doctora Suyapa Figueroa, asegura que algunas instituciones que reciben fondos de Salud son la Secretaría de Inversión Social (Sedis), Ciudad Mujer y hasta la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), una institución dedicada a prevenir o asistir a la población en casos de desastres naturales y que muy poco tiene que ver con temas de salud. Copeco y Sedis, son una especie de súper ministerios que concentran fondos públicos drenados de otras dependencias en aras de dar un “rostro social” al gobierno. 
De acuerdo a Figueroa, en el afán de seguir desmantelando la Secretaría de Salud, en el actual gobierno le retiraron la facultad de regular la importación de productos sanitarios y medicamentos, pero “como generaba ingresos, la pasaron bajo dirección directa de la Presidencia (de la República)” a través de la creación de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA).  
La Secretaría de Salud ya no tiene el control del presupuesto obviamente reparte lo poco que tiene”, dijo Figueroa
Consultado sobre el porqué el Ministerio de Salud debe “repartir” su presupuesto a instituciones asistencialistas, el viceministro en redes Integradas y Servicios de Salud, Roberto Cosenza, dijo  de forma lacónica que:Yo no tengo conocimiento de eso. Sí, en Ciudad Mujer, tenemos nosotros lo que es un módulo del que somos responsables de eso”.
Bajo  ese contexto de desmantelamiento, con un presupuesto raquítico y un gobierno dispuesto a ejecutar reformas a cualquier costo, llegó la pandemia de la COVID-19. Y según la exrectora Castellanos, “en esta crisis la Secretaría (de Salud) no está teniendo el rol fundamental. El rol fundamental está en Sinager (Sistema Nacional de Gestión de Riesgos); está en Copeco. La Secretaría de Salud está teniendo un rol muy secundario. Así que podemos concluir que estamos teniendo un altísimo costo (…) con un sistema de salud debilitado, muy precario, un sistema de salud con una ineficiencia en cuanto a la cobertura, politizado y también muy penetrado por la corrupción”, acotó.


Radio Progreso

Iglesia se suma al reclamo “Dónde está el dinero", Gregorio Vásquez SJ

  • 24/07/2020
Honduras está viviendo momentos sumamente difíciles y complicados en medio de una pandemia cuyo manejo está en la crítica ciudadana que demanda rendición de cuentas sobre más de 90 mil millones de lempiras destinados para atender la emergencia.
La iglesia católica tampoco se queda atrás en el reclamo. “Como parte de esta sociedad nos sumamos a esa pregunta, a ese grito: dónde está el dinero, cómo se está manejando, cómo se está administrando, cómo se está invirtiendo, está llegando realmente a las víctimas de esta pandemia y de otros virus, nos sumamos a ese grito”, dijo en entrevista con Radio Progreso, el sacerdote Jesuita Gregorio Vásquez, Párroco de la Parroquia San Isidro Labrador en Tocoa, Colón.
La Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa pertenece a la Diócesis de Trujillo y comprende los departamentos de Gracias a Dios y Colón.
RP. ¿Cómo está viviendo la pandemia?
GV. Pues como la vivimos la mayoría de los hondureños y hondureñas y de todos los ciudadanos de este planeta, con una sensación, por una parte, desde la fe con mucha esperanza, y por otra, desde el sentido más humano, lleno de incertidumbre, de preocupación, de indignación por el modo en que se ha ido gestionando todo lo relacionado con la emergencia a raíz de esta pandemia.
RP. ¿Qué hace su parroquia para llevar esa palabra de aliento, de fe a su feligresía?
GV. Pues, lo que está haciendo la Iglesia en general. Acompañar y estar con las comunidades a través de los medios y las posibilidades que nos quedan siempre con las medidas de bioseguridad y todo aquello que ayude a evitar el contagio y la propagación de esta enfermedad. Es una de las tareas de acompañar, animar, estar con nuestras comunidades, y, dando esa palabra, esa mirada ante una realidad tan compleja, a veces oscura, por el modo en que se ha ido gestionando la emergencia en el país.
RP. ¿Qué piensa de lo que está viviendo Honduras?
GV. El Covid-19 solo se ha venido a sumar, ha venido a ser parte del cúmulo de una crisis histórica del país. Una crisis histórica que ha ido tomando unos matices marcados por una galopante corrupción, por un resquebrajamiento institucional y por una tendencia a centralizar el gobierno, el poder en el ejecutivo.
RP. ¿Cómo valora las actuaciones del gobierno?
GV. Como parte de esta sociedad, nos sumamos a esa pregunta, a ese grito: dónde está el dinero, cómo se está manejando, cómo se está administrando, cómo se está invirtiendo, está llegando realmente a las víctimas de esta pandemia y de otros virus, nos sumamos a ese grito.
RP. Su Diócesis, la Diócesis de Trujillo, se pronunció sobre este tema.
GV. Partimos haciendo eco de las palabras del Profeta Amós: hay de los que convierten la justicia en veneno y arrastran por el suelo el derecho, odian al que juzga rectamente en el tribunal y detestan al que testifica con verdad. Nuestra primera palabra es ¡basta ya! al poder Ejecutivo que ha centralizado y ha llevado una pésima gestión de la emergencia.
Luego nos dirigimos al Poder Legislativo con ese ¡basta ya! de seguir aprobando leyes injustas que lejos de favorecer la justicia y el bien común, y defender a las mayorías pobres del país más bien buscan proteger a corruptos y criminales. Y luego nos referimos al poder Judicial con ese ¡basta ya! de la actitud vergonzosa y acomodada que no da ni una palabra ni la cara ante los grandes escándalos que son públicos.
Y ante ello, nuestra voz profética denunciando la corrupción gubernamental exigiendo que las personas, grupos, instituciones y empresas señaladas junto con sus cómplices y protectores sean investigadas, enjuiciadas y castigadas, y que sus bienes sean decomisados y devueltos al sistema de salud. Y hacemos referencia a las palabras del Papa Francisco “la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde”.
RP. ¿Cuál es el mensaje para la llamada “sociedad civil”?
GV. Que no se preste para estos juegos, y más bien invitar a dar espacio y al surgimiento de nuevos líderes y lideresas que correspondan a los intereses del pueblo y de toda la comunidad. Con ese comunicado (del 18 de julio) hemos dado nuestra palabra como Iglesia.
RP. ¿Qué queda por hacer como Iglesia?
GV. Como Iglesia nos toca seguir anunciando la buena nueva de Jesús, que es la propuesta del Reino de Dios. Tiene unos destinarios claros que son los pobres y las víctimas, y a nosotros nos toca seguir anunciando esa buena nueva de Jesús a este pueblo sufrido, maltratado, explotado. Esa buena nueva también lleva la voz profética que no sólo anuncia, sino que también denuncia.
RP. ¿Cómo sigue la salud de su Obispo, Monseñor Luís Solé, que ha sido infectado de coronavirus?
GV. Gracias a Dios va recuperándose con bastante éxito de su salud. Que nuestro Obispo haya sentido en carne propia esta enfermedad, este virus, es un signo de cercanía y solidaridad con este pueblo tan sufrido que no tiene ni la atención más elemental en el área de la salud y otras atenciones básicas.
RP. ¿Cómo ha golpeado el virus a la Iglesia Católica?
GV. La ha golpeado mucho como ha golpeado a toda la población y los grupos más vulnerables del país, porque nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas siente esa necesidad de reunirse como comunidad cristiana, de celebrar el sacramento de la eucaristía como ese espacio de encuentro de actualizar y hacer esa memoria viva de Jesús y su reino.
RP. ¿Qué diría Jesús a su pueblo en estos tiempos?
GV. Jesús lo primero que hacía era solidarizarse, acercarse, y es lo que ofrecemos de manera humilde y sencilla. Solidarizarnos, dar nuestra palabra de consuelo a tanto hermanos y hermanas que sufren, muchos de nuestros agentes de pastoral están pasándola difícil, varios sacerdotes también. Lo primero que hace Jesús es solidarizarse y luego anunciar la esperanza, tratar de contagiar esa esperanza que se convierta en fuerza, en resistencia, en lucha para defender la vida, una vida digna y plena.
RP. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo hondureño?
GV. Estamos en un tiempo muy oportuno para revisar qué vida llevamos y qué vida queremos, veámoslo como un momento importante, eso nos va a llevar a preguntarnos también qué comunidad queremos, qué sociedad queremos. En definitiva, es que no perdamos de vista ese cielo nuevo, esa tierra nueva que nos promete el señor y que cuando es promesa y la recibimos se convierte en tarea, se convierte en misión. Es tiempo de mantenernos firmes en la fe y la esperanza. Termino como San Ignacio nos dice: el amor es mejor ponerlo más en obras que en palabras.

 

¿En manos de quién están los 8 mil millones de lempiras emitidos para el agro en Honduras?

Por Redacción
julio 14, 2020

Por Claudia Mendoza, periodista y analista del CESPAD
Para ser exactos son 8 mil 325 millones de lempiras los que están contemplados en el Decreto PCM 030-2020, aprobado el 8 de abril del presente año, y que se pusieron a disposición para el sector “productor de alimentos”, luego de que la administración de Juan Hernández lo declarara “prioridad nacional”. A casi 4 meses de la aprobación de ese PCM, hay muchas preguntas que ameritan respuestas: ¿han beneficiado los programas a las comunidades rurales pobres de Honduras?, ¿son políticas integrales que contribuyen a gestionar de mejor forma la crisis? o, al contrario, ¿son excluyentes y no responden a los intereses y demandas de las comunidades rurales, indígenas y campesinas?
Para ahondar en los programas para la reactivación del Agro, que ha puesto a disposición el gobierno de Honduras, es necesario hacer referencia al Decreto PMC 30-2020 que se aprobó en el mes de abril, un mes después de la declaratoria de emergencia en el país por la presencia del coronavirus en el país. Garantizar la “Soberanía y Seguridad Alimentaria” de la población es el estandarte de ese decreto que para diversos sectores resulta preocupante porque establece apoyo irrestricto para el “sector productor y de procesamiento de alimentos”, y se ordena al “Poder Ejecutivo, el sector agroindustrial alimentario, el sector financiero, el sector de transporte y demás sectores relacionados.
El objetivo, reza el texto, es “reorientar esfuerzos en el sentido de asegurar que el país cuente con reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria y sanitaria que afecta a la Nación, priorizando mantener las cadenas productivas y de distribución de alimentos activas en todo momento, acciones que deben ser sostenibles en el tiempo para paliar los efectos posteriores a las crisis”.
¿A quién va dirigida esa política pública?
Pero al hacer el cruce entre lo que dice la teoría y la práctica, una de las primeras situaciones que amerita que se le ponga atención es que en su contenido, el Decreto en ningún momento menciona que el apoyo se dirija hacia los pequeños o medianos productores o productoras del campo, los que, de acuerdo con datos de la FAO, a nivel mundial producen el 70% de los alimentos que se consumen.
“Y en Honduras pasa igual”, dice Wendy Cruz, quien se vincula contantemente con campesinos y campesinas. “Es preocupante porque la seguridad y la soberanía alimentaria solo es posible produciendo en manos de los pequeños productores y medianos agricultores que tienen desde media manzana hasta 5 manzanas”, agrega Cruz, quien es Coordinadora de Proyectos dentro de la Vía Campesina, una institución que impulsa procesos con ese segmento del agro en el interior de los pueblos del país.
Ya en el país, y de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su informe “Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura”, los pequeños y medianos productores son el 11%, que equivale a 385 mil productores y productoras, que en el país benefician directamente a 2 millones de personas en las comunidades rurales. Sin embargo, son los eternos marginados de las políticas públicas ya que en su lugar se beneficia a la agro-exportación, segmento que de acuerdo con el citado informe es el 56% y es, precisamente, el sector que se prioriza en el PCM 30-2020. “Los agroexportadores producen en grande para exportar fuera del país o para producir derivados, por ejemplo, etanol, con el maíz, no para darle de comer a nuestras comunidades rurales del país”, cuestiona Cruz.
Una emergencia con la que se aprobaron millones de lempiras
Con la consigna, “El sector Agrícola como prioridad nacional para asegurar los alimentos del pueblo hondureño”, el gobierno de Hernández aprobó diversos programas desde que se registraron los primeros casos de Covid19 en el país. Uno de esos programas es el de Aseguramiento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, siempre a través del Decreto 30-202, y que viene a ser “la gran sombrilla” para la erogación de fondos con los que afirman “asegurarán que el país cuente con reservas suficientes de alimentos”.
El cuadro que a continuación se presenta, muestra nombres de proyectos y montos que se erogaron a partir del decreto en cuestión. Se trata de 6 proyectos destinados para la reactivación del corredor seco, para asegurar la reserva alimentaria del país, para la ejecución del programa SEMPRENDE, al igual que para el inicio del programa Agro-crédito 8.7; más dos bonos, uno de Solidaridad Productiva y un segundo llamado Bono Cafetalero. La suma total puestos unos en dólares y otros en lempiras es de 8 mil 325 millones de lempiras.
Cuadro con proyectos y montos erogados para el Agro en el marco de la pandemia
  Proyectos Montos para ejecución Financiamiento.
1 Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL II). 75 millones de dólares Banco Mundial (BM).
2 Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad. 90 millones de dólares BCIE el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE)
3 Proyecto de emergencia para reactivar el sector productivo en el Corredor Seco. 85 millones de dólares Banco Mundial y fondos nacionales.
4 Proyecto de emergencia para reactivar el sector productivo en el Corredor Seco. 200 millones de Lempiras No se establece
5 Proyecto de Fortalecimiento del Servicio de Agua Urbano en Honduras. 45 millones de dólares No se establece
6 Asegurar el abastecimiento total de la Reserva Alimentaria Estratégica del Estado. 100 millones de lempiras No se establece
    TOTAL 8 mil 325 millones de lempiras
Cuadro generado con datos sustraídos del Decreto 30-2020, emitido por el Gobierno.
Los Créditos y Bonos para el Agro durante la pandemia en Honduras
Nos centraremos en el programa de créditos y en los dos bonos que se plantean para ser entregados al sector agrícola en Honduras.
El programa Agro-crédito 8.7
Este programa es promovido por el Gobierno de Honduras, a través de los medios de comunicación, como una panacea que apoyará a las y los campesinos en la siembra de sus tierras, para generar la producción que el país necesita. Específicamente, se enmarca en el artículo 13, siempre del Decreto PCM 30-2020, que ordena al Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE), a “gestionar créditos a favor de los productores en condiciones similares en cuanto a tasa y plazos similares al producto financiero AGROCRÉDITO 8.7”, el que será otorgado por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI). El texto dice: “pudiendo hacerlo a través de casas comerciales de insumos agropecuarios”. Para la operación del crédito, el gobierno dice en el Decreto que destina una suma inicial de ciento cincuenta (L 150, 000, 000. 00) millones de lempiras.
Consultamos a Alfren Cruz, ingeniero encargado del acceso a créditos para el Agro, por parte de BANHPROVI para los departamentos de Francisco Morazán, Yoro y La Paz, quien nos dijo que “toda aquella persona natural o jurídica que este con necesidad para financiar un proyecto o expandirse, puede optar a él. El objetivo es la transformación para aumentar la productividad. También incluye la asistencia, el productor debe solicitarla porque le pedimos que la incluyan para mejorar la productividad y que se tecnifique”.
En la conversación sostenida, Cruz comentó que han tenido reuniones con algunos productores: “en las que han participado representantes de AHPROCAFE, Banco de Occidente, diputados como Gladys Aurora López, el Gobernador, muchos representantes y creo que en La Paz se hace un estimado promedio de que hay unos 20 a 25 millones en lempiras, de solicitud de crédito entre productores”.
Para acceder a esos créditos, el productor o productora debe elegir la financiera intermediaria, constituida con personaría jurídica; hacer un plan de inversión o negocio del proyecto por el cual pide financiamiento y presentar una garantía hipotecaria, movilizaría o fiduciaria, se nos informó.
Pero, ¿qué pasa con los pequeños y medianos campesinos y productores del campo?
Honduras tiene en su haber una mora agraria impresionante en cuanto a la titulación de tierras se refiere. Miles de campesinos y campesinas en el país nacieron y han vivido en tierras que cultivan pero que por razones diversas, incluyendo la negligencia de los gobiernos pasados y presente, no cuentan con un título de propiedad.
De hecho, de acuerdo con datos oficiales, el Instituto Nacional Agrario, en su Informe de Ejecución (POA)-IV Trimestre y Acumulado Anual, en el año 2016, “se emitieron 2, 280 títulos mediante los cuales se titularon 3, 662.76 hectáreas de tierra, cuya legalización beneficia a un total de 2,237 familias, representadas como cabezas de hogar por 1,412 hombres y 825 mujeres”. Sigue diciendo el informe que “al año (2016) se ha acumulado la emisión de 7,625 títulos, en un área de 94,989.31 has., beneficiando a 12,194 familias representadas por 8,143 hombres y 4,051 mujeres”.
Aunque el informe no señala cantidad o números de tierras o campesinos y campesinas que en el país siguen a la espera de su título de propiedad, si dice implícitamente que la mora es alta y que se siguen haciendo esfuerzos para sanear el problema. De allí que las preguntas, ¿y para los productores pequeños qué opciones hay?, ¿se les ha tomado en cuenta?, sean pertinentes.
Fondo de garantía para pequeños productores
Según Cruz, dentro del programa 8.7 se cuenta con el llamado “Fondo de garantía” que consiste en que el gobierno cubre el 70% del crédito solicitado y que el productor cubra el 30% restante. Sin embargo, ese porcentaje que debe asumir el campesino o pequeño productor deberá estar respaldado por la hipoteca de un bien mobiliario (una picadora, secadoras, despulpadoras, tostadoras, etc.). Pero, por otro lado, adicional a lo descrito en este párrafo, el pequeño productor deberá pagar un costo extra de 0.5% anual, por acceder a ese Fondo de Garantía.
Aquí casi toda la tierra que se está recuperando se tiene ilegal porque no se han preocupado en apoyarnos, más hemos tenido desalojos, grandes desalojos, ordenes de capturas. Unos con medidas cautelares que hasta ni pueden salir del país”, pero ayudar a resolver el problema de la titulación, no. Y en cuanto a programas, peor, no nos toman en cuenta”, cuestiona Sebastián Reyes, quien en su condición de Secretario de la CNTC-La Paz, sabe que entre los cerca de 10 mil campesinos y campesinas que aglutina su organización, muchos llevan años luchando para que se les emita sus títulos de propiedad para acceder a créditos como los que plantea el Decreto 30-2020.
Los pequeños productores y productoras del campo que están en esa condición saben que automáticamente quedan fuera del alcance de crédito agrícola alguno. “Eso lo hace desigual, porque debería tomarse en cuenta la gente que produce pero que tiene problemas con las tierras y que en el país son muchos. Los que hacen grandes esfuerzos para sobrevivir para conseguir fertilizantes para la siembra para asegurar la comida de los otros meses”, cuestiona al respecto Susana Vásquez Martínez, lideresa y miembro de la Central de Desarrollo 16 de Octubre, grupo que nació como el brazo económico de la CNTC-La Paz.
El cuestionamiento en la entrega del Bono de Solidaridad Productiva y el Bono del Café
En los medios de comunicación del país, Juan Orlando Hernández anunció, a finales del mes de abril del 2020, que comenzaría a entregar bonos y fertilizantes para beneficiar a más de 91.000 pequeños productores de café de 15 departamentos y 222 municipios de todo el país. El Gobierno hará una inversión de 300 millones en dotación de insumos para atender 161.000 manzanas de café, cuyo efecto será «espectacular en esa industria», señaló el mandatario. «Estamos listos mañana para comenzar una operación sin precedentes para apoyar a más de 91.000 pequeños productores de café con un bono de fertilizantes e insumos agrícolas para que no me abandonen las fincas», agregó.
Ese Bono en el Decreto 30-2020 se llama Bono Cafetalero y para su entrega, el gobierno erogó trescientos millones de Lempiras (L. 300, 000, 000. 00). “Esto significa”, dijo Hernández a los medios locales del país, una cobertura en el parque cafetalero del 87%”.
Ese Decreto también establece la vigencia de otro bono, el de Solidaridad Productiva, por doscientos millones de Lempiras (L 200, 000, 000. 00), con el que se afirma que se beneficiará a 140.306 productores de 17 departamentos del país. En suma, en ambos Bonos el Gobierno, puso a disposición 500 millones de lempiras.
Sin embargo, para acceder a esos beneficios no basta con ser campesino o campesina y sembrar café.  Para acceder a esos bonos, los pequeños y medianos productores deben declarar e inscribir su producción o cosecha, ante entes como el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE). Es decir, en principio, deben estar en los listados de productores de Café de sus zonas para hacerse acreedores a un carné y, en segundo lugar, el bono se les entrega a las y los productores, con base en el monto de producción declarada.
El problema es que la gran mayoría de productores no cuentan con carnet de productores o productoras, porque para ello tiene que declarar ante esa institución su producción y esos son procesos engorrosos que hacen que prefieran vender su café en su comunidad a intermediarios, que son los que se benefician porque son ellos los que declaran ante el IHCAFE y los que al final reciben los bonos”, afirma Policarpo Argueta Calles, miembro del equipo técnico de la CNTC-La Paz.
De allí que a la hora de la “repartición”, muchos pequeños productores y productoras no aparezcan en la lista que se remite a las municipalidades, para la entrega de los Bonos.
¿Qué opinan las Municipalidades de los créditos para productores y productoras?
Le consultamos a Ramón Roberto Vásquez Hernández su opinión. Él es alcalde la municipalidad de San José (Partido liberal-alianza con Libre), perteneciente al departamento de La Paz. Esta alcaldía tiene un poco más de 10 mil 500 habitantes y reporta un ingreso anual de unos 16 millones de lempiras pago de impuestos y gravámenes de sus pobladores. A eso se le debe sumar las transferencias que le hace el Gobierno Central.
En este municipio el 90% de sus habitantes son pequeños productores que siembran de “2 tareas a una manzana de tierra”. Una tarea es el equivalente a unos 400 metros cuadrados. Apenas un 8% son medianos productores y un 2% son grandes productores.
El edil de esta municipalidad dice que actualmente la situación de esta comarca es precaria porque el Gobierno Central le adeuda las transferencias completas de los meses de febrero hasta junio. Es decir, han estado haciendo frente a la pandemia y a las secuelas de la crisis, como la del Agro, con la recaudación local vía impuestos, que ronda el millón 400 mil lempiras, pero por año.
Están con eso de los fondos que van a poner desde el gobierno para agricultores, pero para los que producen más de 150 quintales para arriba es que van a ceder algún crédito. Hay programas que vienen como alivio de esto y de lo otro, pero estos fondos van a accederse al que tiene garantías y desde luego los que las tienen libres. Y no va a obtener nada quien no tiene garantías, llámese escritura pública”, cuestionó el edil.
El alcalde también puso en entredicho los que considera engorrosos trámites, para la obtención de créditos. “Ahorita si se ven bonitos, pero en realidad los trámites son tan engorroso porque hay que presentar los créditos, y dígame el pequeño productor”.
El bono de fertilizante de café, que ha anunciado el Gobierno con “bombos y platillos”, también llegó a este municipio. Sin embargo, sus autoridades dicen que ha sido inequitativa su distribución porque en el municipio hay un estimado de 500 productores de café, pero apenas se benefició a unos 250.
Los listados no los elaboramos como productores, eso ya viene del Instituto del café”, dijo el edil, cuestionando que el problema radica en la ausencia de la correcta identificación geográfica de los productores de café de la zona, en el que debería participar las instituciones del Estado, al igual que el Instituto Hondureño del Café.
¡Urgen políticas públicas para el agro, pero incluyentes!
A mediados de mayo, en su página web nacional, el gobierno de Honduras informó que desde marzo a la fecha, más de 248 millones de lempiras se lograron colocar a través del programa Agro-crédito 8.7, más otros mecanismos de financiamiento. Asimismo, indicó que “más de 400 millones de lempiras serán desembolsados en las próximas semanas, los que abarcarán todos los programas que arropa el sector agroalimentario del país”.
Sin embargo, la valoración que se hace de estas políticas públicas en este texto, dejan en claro que muchos pequeños y medianos productores, que intentan producir la tierra en  paupérrimas situaciones, quedan al margen del alcance de los créditos y de los bonos que el Gobierno ofrece porque se enfocan más hacia quienes tienen capitales que les ayudan a sustentar los créditos. En doble condición de marginación, se encuentran, por otro lado, las y los campesinos que durante años han luchado por el título de sus propiedades, pues con este sector, las políticas públicas son más dura y los deja en total marginación de la obtención de sus beneficios.
Al tenor de lo anterior expuesto, los sectores consultados consideran urgente la promulgación de políticas públicas para el Agro, que brinden apoyo a los y las campesinas, pequeños y medianos productores del campo, por igual. Similar situación debe acontecer con la entrega de los bonos productivos, los que deben brindarse de forma equitativa. Sugieren al gobierno, además, evaluar las condiciones de vida y dinámicas de subsistencia de las y los pequeños productores para diseñar una política agraria acorde a sus reales necesidades para sobrellevar la crisis provocada por la pandemia.
Los datos y las personas consultadas en este texto forman parte del documento intitulado, Los programas para la seguridad alimentaria de JOH, que excluyen las iniciativas de las y los pequeños campesinos de Honduras. El caso CNTC-La Paz”, realizado con apoyo de TROCAIRE y las y los líderes, campesinas y campesinos de la CNTC-regional La Paz. 


Radio Progreso

Prevén que crisis de la pandemia producirá más migración en Honduras

  • 23/07/2020
Tras que pase la pandemia, se pronostica que revivirán las caravanas de migrantes hondureños con rumbo al norte. Producto de la desigualdad social y la falta de políticas públicas para reducir la pobreza y la violencia, una vez que pase la emergencia provocada por el Covid-19, según el Sociólogo e Investigador, Elvin Hernández, se prevé el aumento de hondureños y hondureñas migrando hacia Estados Unidos. 
Hernández, quien es parte del Equipo Reflexión Investigación y Comunicación, Eric-sj, recuerda que muchas empresas han cerrado operaciones o han despedido a buena parte de su personal. Además, más del 60% de la población hondureña que vive de la economía informal está perdiendo su sustento diario. 
El Sociólogo indicó que, en la historia reciente de Honduras, se han registrado repuntes de la migración provocada por precariedad económica y la desigualdad social.
Recordó que la primera tuvo lugar después del huracán Mitch en 1998 y luego ha repuntado después del golpe de Estado del 2009, crisis que se mantiene intacta en el país.


Radio Progreso

En medio de la pandemia migrantes buscan renovar TPS

  • 06/07/2020
Umaine Louis-Jean beneficiario del programa migratorio TPS. Fotografía: Nuevo Herald. Ni la pandemia ha detenido las acciones de incidencia que los migrantes amparados en el Estatus de Protección Temporal, TSP, realizan en diversas ciudades de Estados Unidos en demanda a la renovación de este beneficio que protege su permanencia en aquel país.
En la actualidad, más de 300 mil personas beneficiarias del TSP pueden continuar en Estados Unidos hasta enero 2021, según la última renovación realizada en 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Teofilo Martínez, originario de Langue, Valle, migró a Estados Unidos desde 1988, ahora teme que el gobierno de Donald Trump cumpla sus amenazas de continuar los procesos de deportación contra migrantes. Esta amenaza lo llevó a organizarse junto a otros hondureños y hondureñas en los Comités que forman la Alianza Nacional TPS.
Desde el 2017, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal se juntaron en Washington D.C para formar una estructura que les permitiera defender este beneficio de permanencia en EE.UU.
La Alianza es una estructura que combina actividades de promoción a nivel nacional para salvar el estatus de protección en el corto plazo y elaborar una legislación que cree un camino a la residencia permanente en el largo plazo.
Con más de 30 años viviendo en Estados Unidos, con hijos y nietos, Teofilo sabe que ahora su vida está en aquel país, ama Honduras, pero teme que una deportación se concrete regresando a las causas que lo expulsaron 3 décadas atrás.
“Estamos trabajando para defender los derechos de los migrantes que ya no pueden volver a sus países de origen. Esta protección es una medida legal y comprobada que permite que los inmigrantes tengan autorización de trabajo y puedan contribuir a la economía, sociedad y cultura de los Estados Unidos”, dice Teofilo.
Muchos de los beneficiarios del TPS vivimos y trabajamos en los Estados Unidos desde hace muchos años, algunos con 20 o más de 30 años. Tenemos familias, niños ciudadanos estadounidenses, y somos dueños de hogares y negocios. Nuestras familias no deben ser separadas, dijo Yesica Girón, hondureña beneficiaria del TPS.
Yesica migró a Estados Unidos desde hace 20 años. Ella salió de Honduras para reunificarse con su madre tepesiana, quien debió huir en busca de empleo y oportunidades, solo así podría alimentar a los hijos que dejaba en su país de origen.
Tanto Teofilo cono Jessica creen que regresar a Honduras no es una opción. “Tenemos hijos nacidos aquí, es aquí donde está nuestro hogar”.
Los Comités TPS han exigido al Congreso de Estados Unidos la extensión por 18 meses para todos los países con Estatus de Protección, con énfasis en los plazos de la próxima renovación/terminación. Además de avanzar a una legislación de apoyo que otorgue la residencia permanente a los beneficiarios del TPS.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática el TPS, pero el presidente Donald Trump había decidido acabar con algunos de esos permisos. En enero de 2018, retiró el TPS a casi 200 mil salvadoreños, después de hacer lo mismo con unos 60 mil haitianos amparados con este beneficio, 5 mil nicaragüenses y 56 mil hondureños, estos últimos en mayo de 2019.
La cuenta regresiva comenzó, dice Jessica. Tienen menos de seis meses para lograr una nueva renovación y continuar luchando por su permanencia definitiva. “Sabemos que vivimos momentos muy difíciles, que la pandemia ha provocado muertes y que nos ha confinado, pero es necesario entender que si no accionamos podemos ser deportados por el gobierno de Donald Trump, dijo la migrante hondureña en el programa Foros Populares de Radio Progreso.


Radio Progreso

Abandono estatal motiva a la población a migrar

  • 14/07/2020
Sondeo de Opinión Pública ERIC-SJ. La situación migratoria de los últimos años se ha ido agudizando, provocando el nacimiento de expresiones como las caravanas de migrantes. De acuerdo a la medición del Sondeo de Opinión del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), en los últimos años nos muestra que 4 de cada 10 personas consultadas han deseado o pensado irse del país.
En la consulta más reciente, correspondiente a este último año en relación a la migración, expone datos en los que al menos un 59.7% de los hondureños y hondureñas han deseado o al menos pensado irse del país.
“El 40 por ciento de la población que en algún momento ha pensado o deseado irse del país, este dato no es un porcentaje nada pequeño y deja establecido que la migración es una de las grandes opciones para la búsqueda de oportunidades de mejorar la calidad de vida. Quizá a medida que avance el control de la Covid-19, estas manifestaciones de irse del país, potencialmente podrían incrementarse, dada las consecuencias de la pérdida de empleo y la agudización de la crisis económica”, expresa el Sondeo en los resultados sobre el contexto migratorio que vive el país.
El analista político Marvin Pérez cree que este dato se puede interpretar claramente como las consecuencias del abandono estatal, de la falta de capacidad para escuchar al pueblo y por buscar una solución a sus demandas.
“Si el Gobierno sigue solo escuchando a empresarios, a banqueros y no a la gente que está viviendo esta calamidad, entonces, la situación empeorará, pues ante el olvido, la omisión, el impacto que genera en la ciudadanía será negativo”, valoró el analista Pérez.
El Sondeo muestra que algunas motivaciones de la población para migrar, se deben a falta de empleo, violencia y otros. En este caso el 65.5% dijo que optaban por irse en caravanas de migrantes, porque no tienen empleo y no hay opciones para generar recursos y mantener a su familia.
Las caravanas también se han convertido una opción en la que los migrantes pueden ahorrar honorarios para pagar un coyote. En ese sentido, otro de los motores que genera la migración es la violencia e inseguridad, el cual se ubica en segundo lugar con un 12.3 por ciento, seguido de una razón práctica.
“Siguiendo la misma temática migratoria, en esta edición del Sondeo de Opinión Pública volvemos a consultar sobre las razones de por qué la gente se va y los resultados revelan que la situación económica, la falta de empleo y la falta de oportunidades con el fin de generar ingresos para el sustento de la familia acumulan el porcentaje mayoritario, expresado en un 79.1 por ciento; la otra razón que ocupa el segundo lugar es la violencia e inseguridad, sumando un 14.4 por ciento de la opinión de las personas consultadas”, expone el documento.
Otro elemento que destaca el informe es que cada hondureño y hondureña, tiene algún familiar que ha tenido la intención de migrar, o bien lo ha hecho, o en otros casos está en el extranjero y sostiene la economía del hogar.
“El 28.2 por ciento tiene algún conocido o familiar que ha migrado debido a una situación de violencia. En el estudio se preguntó sobre la forma de emigrar de algún familiar, conocido o vecino en el último año; las respuestas mayoritarias se ubicaron en el uso de los “servicios” de un coyote para seguir la ruta migratoria, manifestado en un 58.2 por ciento; quienes dijeron que algún familiar, conocido o vecino se fue en caravana es el 15 por ciento, en cambio el 17.7 por ciento expresó irse solo en la ruta migratoria y un 7.3 por ciento dijo haberse ido de forma regular”, destaca el Sondeo.
Las caravanas de migrantes se ha convertido en un vehículo viable para muchos hondureños, en ese marco de acuerdo a las consultas aplicadas en el sondeo, las razones que motivaron a quienes se fueron en las caravanas, se deben a que el 65.5% enfrentaban una difícil situación económica, por otra parte la violencia e inseguridad tiene el 12.3% y el tercero porque las caravanas son el método más barato, porque no ocupa pagar coyote.
Pérdida de esperanza
Cada año que pasa la población hondureña pierde la esperanza, Marvin Pérez cree que este punto también es consecuencia del modelo económico capitalista y que no trae ningún beneficio para la gente.
Pérez dice que la esperanza se ha ido arrebatando año tras año, la corrupción, la crisis gubernamental, los indicios de institucionalidad fallida, abonan para que este sentimiento generalizado se materialice.
El Sondeo preguntó a la gente sobre qué sentimiento impera en su vida, si lo es la esperanza o miedo. La población hondureña expresó sentir esperanza en un 54.1 por ciento; en cambio, quienes dijeron sentir miedo fue el 40.9 por ciento.
La población que dijo no sentir ni esperanza ni miedo es el 4.8 por ciento. Estos resultados dejan entrever un sentimiento repartido entre esperanzas y miedos, provocados por la inestabilidad política, social y económica que ha primado en los últimos años.

¡URGENTE! NUEVA CARAVANA DE HONDURAS HUYE DE LA MUERTE

Publicado: 02 Junio 2020

Al menos 300 compatriotas han salido este día rumbo al llamado “sueño americano”, sin importar los peligros y malos tratos que aguardan en la travesía; muchos creen que continuar en el país sólo les producirá una eventual muerte en pobreza y miseria.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. No importan la lluvia, el hambre ni el Estado de sitio decretado por el gobierno hace más de 78 días por la llegada del Covid-19 a territorio hondureño.
Nada de eso impidió que unas 300 personas salieran en caravana la mañana de este martes, 2 de junio, rumbo hacia Estados Unidos desde el municipio de Choluteca, al sur de Honduras.
La caravana la integran hombres, mujeres y menores de edad. Una pertinaz lluvia fue la única testigo de la partida de estos compatriotas, que llevan a cuestas una mochila y botellas de agua.
Trascendió que los integrantes de la caravana no se han practicado la prueba para detectar si están contagiados con el Covid-19, por los altos costos de las mismas, que van desde los 4 mil hasta los 6 mil lempiras en una clínica privada.
Según se informó, a la caravana se sumaron personas provenientes de Nicaragua y El Salvador y va rumbo a la capital hondureña, para luego dirigirse hacia la frontera con Guatemala.


Radio Progreso

Caravana de migrantes haitianos y africanos avanzan rumbo al norte

  • 03/06/2020
Caravana de migrantes haitianos y africanos
Los migrantes haitianos, africanos y cubanos avanzan por las carreteras del sur de Honduras con rumbo a Estados Unidos. A pesar de las amenazas y la represión policial, la caravana de migrantes haitianos y africanos avanza rumbo a la frontera con Guatemala. Estos migrantes llevan más de 3 meses varados en Choluteca por los toques de queda impuestos por la pandemia del Covid-19.
El gobierno de Honduras, a través del Instituto Nacional de Migración ha retornado en tres ocasiones a los migrantes a Nicaragua, pero ante la insistencia de ellos, les ofreció vuelos humanitarios para retornar a sus países algo considerado como ridículo porque estas personas llevan dos y hasta tres años de haber salido de sus países, por el hambre y la violencia.
En las últimas horas tuvieron un altercado con las autoridades policiales que les impiden el paso por tierras hondureñas. Los representantes de la Red contra de la Violencia de Choluteca sostiene que los miembros de la caravana podría ser reprimidos de nuevo en San Lorenzo, Valle.
“De acuerdo a las declaraciones de un jefe policial de la zona y la señora directora de Migración, se espera que en San Lorenzo haya alguna retención y no los van a dejar avanzar”, manifestó a Radio Progreso Ilse Villatoro de la Red contra de la Violencia de Choluteca.
Esta caravana en la que además de haitianos y africanos van también cubanos. Entre los migrantes hay personas adultas, jóvenes, niños, niñas y recién nacidos. Y su objetivo es llegar a Estados Unidos.
Caravana de migrantes haitianos y africanos
El gobierno hondureño les ofreció un retorno humanitario, pero los migrantes llevan hasta tres años huyendo de su tierra.

Criterio.hn
Honduras y Guatemala

Honduras y Guatemala se rinden ante política antinmigrante de Trump

  Honduras y Guatemala
Los migrantes de Cuba, Haití y África se trasladaron a Tegucigalpa en un camión desde la ciudad de Choluteca donde estuvieron varados por más de 80 días. Por: Redacción CRITERIO.HN - redaccion@criterio.hn

junio 4, 2020 Redaccion

Tegucigalpa. –En las últimas horas los gobiernos de Honduras y Guatemala evidenciaron su postura de vasallaje ante las políticas migratorias de los Estados Unidos al violentar los derechos humanos de un grupo de migrantes procedentes de Cuba, Haití y África, que desde inicios de marzo han estado varados en la zona sur de Honduras.

Lea además: Migrantes haitianos se cansaron de esperar la voluntad política y humanitaria del gobierno de Honduras

Dando cumplimiento a los acuerdos migratorios firmados el año pasado con Washington, los gobiernos de Honduras y Guatemala están conteniendo la migración de extranjeros que transitan por sus territorios en su ruta hacia la nación del norte.
Mediante un comunicado emitido el 3 de junio, los gobiernos de Honduras y Guatemala hicieron referencia a un grupo de más de 100 personas procedentes de Cuba, Haití y África que desde marzo pasado se encuentran varadas en el departamento de Choluteca, en la zona sur de Honduras.
Los dos países centroamericanos justifican su accionar a las medidas de contención para evitar el contagio del Covid-19. En ese sentido establecieron en el comunicado que ambos países han restringido el ingreso de extranjeros a sus países por cualquier vía: terrestre, marítima y aérea, exceptuando la población extranjera residente en cada país.
Además, el comunicado especifica de manera literal que “Honduras y Guatemala externan su preocupación por la movilización de grupos de personas que viajan desde la región sur de Honduras, con falsas expectativas de ingresar a otros países. Existe un grupo de personas en condición irregular, el cual ingresó a Honduras por puntos no autorizados con Nicaragua”, añade la misiva.
Faltando a la verdad, en el mismo comunicado se anuncia que, como una opción alterna, ante el actual contexto de la emergencia sanitaria, se les ha ofrecido a los migrantes un retorno voluntario asistido a sus países de origen, pero que los migrantes no han querido acogerse a esta medida.
Cabe señalar que el grupo de 105 migrantes, permanecen en tierras hondureñas desde marzo anterior, es decir que desde hace casi tres meses. De acuerdo con lo denunciado en el informe “Situación de Migrantes”, elaborado por la Junta Local de Choluteca en abril pasado, al menos 80 migrantes se encontraban en detención por falta de salvoconductos que les permitiera seguir con su ruta hacia Estados Unidos de Norte América.
“En Choluteca se cuenta con una oficina Regional de Migración, esta institución a la vez cuenta con un Centro de Atención al Migrante (CAMI), con un espacio con capacidad para albergar a 30 personas. Debido a la pandemia de Covid-19, y a las diferentes medidas que ha tomado el Gobierno Central, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), esta oficina permanece cerrada, dejando a la intemperie a estas personas que buscan un salvoconducto para seguir su camino hacia los Países del Norte”, detalla el informe.
Honduras y Guatemala
Al menos dos mujeres migrantes han parido en su estadía en Honduras. El terror a las caravanas
Para evitar la propagación del Covid-19 el gobierno de Honduras decretó un estado de excepción a partir del 15 de marzo. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos radicadas en la ciudad de Choluteca contabilizan que, durante la semana del 12 al 18 de marzo, ingresaron a su ciudad más de 100 personas procedente de África, Haití y Cuba, en su mayoría hombres, pero también mujeres, e incluso en estado de gestación y menores de edad. Lo anterior implica que muchos migrantes ingresaron antes de que se decretara el estado de sitio.
Estas personas permanecieron hasta el 02 de junio (al menos 80 días), en condiciones de precariedad. CRITERIO.HN publicó en abril pasado un reportaje sobre la situación calamitosa de los migrantes ante la falta de albergues y atención por parte de las autoridades migratorias.

También lea: Trato deshumanizado reciben migrantes en tránsito por Honduras

Los migrantes han sufrido las consecuencias de la inoperancia de las autoridades migratorias de Honduras que les imposibilitan su salida por la falta de atención que permita el pago de una multa de casi 200 dólares por persona, en apego a la Ley de Migración y Extranjería.
CARAVANA
Bajo este contexto de apatía estatal, los migrantes emprendieron el pasado 02 de junio a las 6:00 de la mañana su salida definitiva del territorio catracho mediante la “caravana por la libertad”, ello en alusión a su condición de detención forzada en Honduras.
El mismo día de la salida de la caravana, policías y militares impidieron su arribo a la frontera entre Guatemala y Honduras, lo que conllevó a que los migrantes reorientaran su ruta hacia la zona centro del país para posteriormente buscar la salida por el norte del territorio hondureño.
En esa nueva ruta, los migrantes fueron requeridos en la posta policial de El Tizatillo en el kilómetro nueve, salida al sur del Honduras donde al menos 64 integrantes de la caravana fueron bajados de un camión particular que los trasladó desde el sector de Pavana, en Choluteca.

Al llegar  a El Tizatillo, los migrantes fueron bajados del camión que los trasladó de Choluteca. Después de varias horas, el Instituto Nacional de Migración los transportó a Tegucigalpa. En la posta policial de El Tizatillo, bajo el argumento de realizar la prueba del Covid-19 se imposibilitó el ingreso del camión en el que se transportaban los migrantes y tras más de tres horas varados en medio de una lluvia potente y fuertes vientos, los integrantes de la caravana fueron trasladados a la capital por el Instituto Nacional de migración (INM).
La caravana fue desintegrada por las autoridades del INM, ya que de acuerdo con el protocolo impuesto por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), los migrantes deberán permanecer durante 14 días en cuarentena tras habérseles realizado la prueba Covid-19.
Los migrantes fueron divididos en tres diferentes centros de atención, ubicados en Tegucigalpa, y en el caso de los menores de edad fueron entregados, junto a sus madres, a las autoridades de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).
La defensora de derechos humanos de la ciudad de Choluteca, Wendy Mendez Ocampos, denunció que durante su estadía en aquella zona, una parte de los miembros de la caravana fueron sometidos en reiteradas ocasiones a las pruebas Covid-19, pero sus resultados nunca les fueron compartidos.
Méndez Ocampos contó, además que a los recién nacidos y a las parturientas, que fueron atendidos en el Hospital del Sur, se les practicaron las pruebas antes y después del parto y que tampoco se les proporcionó los resultados.
En abril de 2019, Estados Unidos inició el proceso para cortar la ayuda financiera a Guatemala, Honduras y El Salvador, como represalia por la proliferación de caravanas de migrantes de estos tres países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En aquel entonces el presidente estadounidense, Donald Trump, atribuyó el fenómeno social a un desinterés de los gobiernos por controlar la salida de migrantes hacia el norte. En octubre de ese mismo año, Trump anunció el inicio de un programa de “asistencia específica en áreas de orden público y de seguridad», para los países del Triángulo Norte.
El destino final de los migrantes irregulares que integraban “la caravana por la libertad”, de acuerdo con el comunicado en conjunto emitido por los gobiernos de Guatemala y Honduras, será el retorno voluntario asistido a sus países de origen, que pese al cierre de todas las fronteras por la pandemia del Covid-19 podrá ser posible, gracias a la visión humanitaria de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a la política anti-migración ordenada por el Gobierno de los Estados Unidos.


EE.UU.: Jueza ordena liberar a los niños migrantes de los centros de detención familiar
Publicado: 27 jun 2020 02:35 GMT . RT
Se estableció la fecha límite del 17 de julio para que los niños sean liberados con sus padres o enviados a los patrocinadores familiares.

EE.UU.: Jueza ordena liberar a los niños migrantes de los centros de detención familiar
Inmigrantes en un centro de detención familiar del ICE en Dilley, Texas, EE.UU., el 23 de agosto de 2019.Eric Gay / AP
Una jueza federal ordenó la liberación de los niños detenidos con sus padres en los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos y denunció la detención prolongada de familias por parte de la Administración Trump durante la pandemia de coronavirus, informa AP.
La orden de la jueza de distrito de EE.UU., Dolly Gee, se aplica a los menores detenidos por más de 20 días en tres centros de detención familiar en Texas y Pensilvania, operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos han estado detenidos desde el año pasado.
Exponerse al contagio o prescindir de ingresos: el "inaceptable" dilema de los trabajadores indocumentados en EE.UU.
Citando la reciente propagación del coronavirus en dos de las tres instalaciones, Gee estableció la fecha límite del 17 de julio para que los niños sean liberados con sus padres o enviados a los patrocinadores familiares.
Gee supervisa un acuerdo judicial de larga data que rige el tratamiento del Gobierno de EE.UU. a los niños inmigrantes, conocido como el Acuerdo de Flores, que ha estado en vigor desde 1997. Según este acuerdo, las autoridades estadounidenses han tenido que liberar a los niños migrantes después de un máximo de 20 días.
Sin embargo, la orden de la jueza no se aplica directamente a los padres detenidos con sus hijos.
El mes pasado, la mayoría de los padres se negaron a designar un patrocinador cuando los funcionarios de ICE les preguntaron inesperadamente quién podría llevar a sus hijos si los adultos permanecían detenidos, según los abogados de las familias. La agencia afimró que estaba llevando a cabo una "revisión rutinaria de libertad condicional consistente con la ley" y las órdenes anteriores de Gee.
Los defensores de derechos de inmigrantes sostienen que el ICE debería liberar a todas las familias, especialmente porque el coronavirus se ha propagado rápidamente a través de los centros de detención. En las presentaciones judiciales reveladas el jueves, la agencia informó que 11 niños y padres dieron positivo por covid-19 en el centro de detención familiar en Karnes City (Texas).


Las iglesias de Arizona, al rescate de los migrantes indocumentados

Centros religiosos como la Iglesia Católica El Buen Pastor de Mesa, Arizona, son los últimos refugios de los migrantes que, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, han visto como las trabas para huir de sus orígenes conflictivos han aumentado. 
Comedor del albergue lleno de migrantes que llegan a Arizona. / Iglesia Cristiana El Buen Pastor
Comedor del albergue lleno de migrantes que llegan a Arizona. / Iglesia Cristiana El Buen Pastor
arizona
20/11/2019 07:30 aitana vargas @AitanaVargas - PÚBLICO
Cada martes, un grupo de migrantes llega en autocar a la Iglesia Cristiana El Buen Pastor. El sol del desierto no da tregua y en pleno mes de noviembre, una ráfaga de aire caliente les sacude la cara mientras el pastor Héctor Ramírez y varios voluntarios les trasladan al interior de esta pequeña y humilde iglesia situada en Mesa, Arizona. Tras desayunar, pasan a la capilla y realizan varias oraciones de agradecimiento. Ya con el estómago calmado, reciben ropa y calzado limpio, objetos de aseo, atención médica y una cama.
Aún habiendo alcanzado suelo estadounidense tras una travesía que para algunos se ha prolongado durante varios meses, la situación para estos migrantes que anhelan recibir asilo político o humanitario es tan agobiante como el calor que les hace transpirar profusamente. Muy pocos lograrán recibirlo. Otros se quedarán indocumentados o serán deportados. Y para otros, arranca una pesadilla que ni jamás previeron, ni fácilmente olvidarán.
“Comenzamos el programa en octubre de 2018 porque ICE (las autoridades migratorias) estaba soltando a las familias y a los menores de edad en estaciones de bus y en la calle. No tenían capacidad para tenerlos detenidos, y a los niños solo los podían retener doce horas”, explica a Público Magdalena Schwartz.
"En menos de un año hemos recibido a más de cien mil migrantes"
“ICE se acercó a pedir nuestra ayuda y se la dimos…y en menos de un año hemos recibido a más de cien mil migrantes”, comenta esta pastora y creadora de los ‘Ministerios de Compasión’, una agrupación de iglesias evangélicas hispanas que ayuda a los migrantes en Arizona. La iniciativa de Schwartz, sin embargo, está naufragando.
Ropa que el albergue de la iglesia provee a los migrantes. / Iglesia Cristiana El Buen Pastor
Ropa que el albergue de la iglesia provee a los migrantes. / Iglesia Cristiana El Buen Pastor
“Somos la única iglesia junto a otra en Phoenix que está recibiendo migrantes”, explica Héctor Ramírez. “Cuando iniciamos el programa éramos unas quince iglesias, pero han dejado de participar porque no tienen fondos para continuar, ya que este trabajo lo hacemos con las uñas y no recibimos ayudas del gobierno federal o estatal, sino donaciones privadas”.
Ramírez, nacido en Costa Rica y de gestos afables y cercanos, lleva años tendiéndole la mano a la comunidad migrante, y no deja que las dificultades económicas que atraviesa la iglesia mermen su espíritu compasivo y su firme compromiso hacia este colectivo. Por su centro han pasado miles de migrantes huyendo de la persecución, violencia y crimen en sus países de origen, así como padres sumidos en la miseria que ansían obtener un trabajo con el que educar a sus hijos y garantizar comida caliente en el plato.

Testigos del descenso migratorio tras el auge de Trump

El pastor ha sido testigo presencial de la evolución migratoria que se ha producido a lo largo de la frontera sur del país anglosajón en los últimos años y, sobre todo, desde que Donald Trump fuera aupado hasta el cénit de la Casa Blanca.
“Nuestra iglesia recibía unas 120 o 130 personas cada semana (...) ahora, unas semanas recibimos 33 personas y otras 13”
“Nuestra iglesia recibía unas 120 o 130 personas cada semana y muchos de estos migrantes eran de Centroamérica. Pero ahora, unas semanas recibimos 33 personas y otras 13”, asevera Ramírez. “Estamos recibiendo gente de la India, Rusia, Venezuela, Cuba, Afganistán, Jamaica y de otras partes, pero ya no está entrando tanto centroamericano”.
El líder espiritual culpa del brusco descenso en el flujo migratorio a los acuerdos firmados este año entre Estados Unidos y los países centroamericanos (Honduras, Guatemala y El Salvador), unas naciones a las que Trump obligó a autodeclararse “seguras” a pesar de la cruenta realidad que se vive en ellas.
“Ahora ningún guatemalteco puede entrar a Estados Unidos. Si sufre un atentado político o es perseguido por las pandillas, tiene que pedir asilo en el país vecino, que es México. Y de ahí no puede pasar”, afirma Ramírez. “Lo mismo ocurre con los hondureños y salvadoreños, y tú sabes que estos países no son seguros. Decir eso es una mentira”.
Hace unas semanas, Ramírez y Schwartz se sumaron a una comitiva de pastores que viajó a Guatemala para comprobar la realidad en el país y en la casa de migrantes. En un solo día, el albergue recibió ochocientos migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Cuba.
“En Guatemala hay mucha pobreza. Hay niños que no van a la escuela porque tienen que trabajar y cortar el café con sus padres”, relata la pastora de origen chileno. “Hay un basurero cerca de Santa Bárbara donde viven familias. ¿Cómo es posible que un país que está recibiendo ayudas de EE.UU. no esté haciendo nada por sacar a esos niños de la pobreza? Habría que preguntarle al gobierno qué está haciendo con el dinero”.

México como última frontera de los migrantes

La firma de los acuerdos, aunados a los Protocolos de Protección de Migrantes (MMP en inglés), están transformando el proceso de asilo en la frontera entre EE.UU. y México. Para el país anglosajón, las medidas ayudarán a frenar la migración indocumentada y a contener el tráfico de narcóticos y humano hacia la primera potencia mundial. Para otros, son una manera de trasladar el problema migratorio a países que están sumidos en la pobreza y en una guerra sin fin contra la delincuencia y el crimen organizado.
Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., el MMP obliga a los extranjeros que crucen ilegalmente a Estados Unidos, o que se personen sin la documentación exigida en los puertos de entrada terrestre entre Estados Unidos y México, a esperar en México a que se resuelva el proceso migratorio o la petición de asilo. Los menores no acompañados y otros casos excepcionales no están sujetos a esta medida y son evaluados de forma individual.
“El inmigrante llega a la garita fronteriza, dice que quiere pedir asilo y que tiene un pariente o amigo que le recibirá en Estados Unidos. Le asignan un número y tiene que esperar en México hasta que le den cita con un juez y presente el caso en Estados Unidos”, explica Ramírez. “Cuando llega el día de la cita, le permiten entrar y el juez decide si califica para una visa de asilo. Pero tiene que regresarse a México”.
El migrante debe contratar a un abogado, cuyos honorarios pueden llegar a 7.000 dólares por persona, cifra al alcance de pocos
Para iniciar la solicitud de asilo, el migrante debe contratar a un abogado, cuyos honorarios pueden ascender a siete mil dólares por persona, una cifra al alcance de muy pocos. En muchos casos, el migrante empeña sus terrenos, vende sus propiedades y posesiones para costear el proceso. La apuesta es arriesgada. En particular, cuando el asilo es denegado y el migrante debe regresar a su país habiendo perdido todo.
“Si no ganan su caso de asilo, se tienen que regresar. Y ahora van a tener una crisis humanitaria en sus países de origen”, advierte Schwartz. “Cuando fuimos a Guatemala y vimos la de migrantes que llegaban a las iglesias, los pastores nos decían: ‘Pero, ¿cómo los vamos a recibir, con qué recursos?’”.

La realidad de los migrantes que llegan a las iglesias

Cuenta Ramírez que hace unos días recibió en su iglesia a una familia salvadoreña que había pedido asilo antes de la firma de los acuerdos. Al llegar a la garita entre México y EE.UU., les detuvieron y les trasladaron a un centro de detención cercano a la frontera. Allí recopilaron sus datos, les hicieron fotografías, les tomaron las huellas dactilares y posteriormente fueron trasladados a Phoenix.
“En Phoenix están un día máximo, a los adultos les ponen un grillete en el pie y los traen a la iglesia para que nosotros sigamos con el proceso”, afirma el pastor. “Pero todas las familias vienen con niños porque saben que el niño es el pasaporte para entrar”.
En la iglesia, los migrantes permanecen unos días, hasta que el pastor y los voluntarios localizan al pariente o amigo que se hará cargo de la familia hasta que esta reciba el asilo, un proceso que puede dilatarse años. A veces, sin embargo, la persona de contacto no quiere recibir a los migrantes y la iglesia tiene entonces que buscar una familia de acogida –que siempre es hispana–.
“Hay gente que tiene noble corazón. Desde octubre de 2018, hemos albergado a cuatro personas en diferentes familias. Tenemos ahorita una familia que entró en febrero y sigue recibiendo hospedaje”, explica el pastor. “Otra muchacha se quedó con una familia tres meses. Luego encontró trabajo y buscó un apartamento porque, aunque los migrantes tienen prohibido trabajar, trabajan clandestinamente”.
Otras familias de migrantes, sobre todo cuando el flujo migratorio de centroamericanos era mayor, no corren tanta suerte. Hay quienes llegan a la frontera estadounidense de la mano de un 'pollero' y no cuentan con los fondos para pagarle por la travesía.
En estos casos, el traficante, que conoce el funcionamiento de las iglesias, facilita a los migrantes el nombre y número de teléfono de un ‘amigo’ afincado en Estados Unidos ‘dispuesto’ a ayudarles. Este último se encarga de comprar los billetes de avión, tren o autobús y de darles alojamiento tras su paso por la iglesia.
“Cuando llamamos a ese amigo, nos damos cuenta de que no es tan amigo, sino que es parte de la red de traficantes. Y se llevan a los migrantes a su casa para ponerlos a trabajar hasta que pagan lo que se habían comprometido a pagar. Es como una caja de seguridad. Y hasta que no pagan, no los ponen en libertad”, concluye el pastor.

Monitoreo del COVID19 en Honduras: 18 de julio del 2020

Por Redacción
julio 18, 2020

Foto: La Tribuna
A continuación les compartimos el resumen diario de las noticias del Coronavirus en Honduras. Al 18 de julio se reportan 28,241 casos activos, 891 personas muertas y 3,661 recuperadas, en los 18 departamentos del país.
Para fines de año esperan se tenga vacuna contra el COVID
Para finales de año se contará con varias vacunas que haga frente a la pandemia del COVID-19, ya que actualmente hay varias investigaciones con resultados prometedores, pero el problema que se enfrentará será la distribución de las mismas, especialmente para los países en vías de desarrollo como Honduras, indicó el reconocido científico Sir Salvador Moncada. «El actual virus que se propaga por Latinoamérica es diferente al original que surgió en China, lo que evidencia que ya tuvo una mutación. La esperanza no es solo que una vacuna funcione sino que las tres o cuatro que están más avanzadas funcionen y que tengan características ligeramente distintas, pero por el momento ya los resultados son bastantes positivos y alentadores”, expresó el científico hondureño.
INVEST-H recibió diseños plagiados de Hospitales Móviles
Suman y siguen las irregularidades en la compra de los siete hospitales móviles. La propuesta que el guatemalteco Axel López envió a Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H), es una copia de la cotización que envió la empresa SDI Global LLC de Turquía. Los planos tienen los sellos de SDI y fueron retomados por hospitalesmoviles.com, situación que muestra que desde el inicio el proceso estuvo viciado y pese a incongruencias, la compra se realizó.
Cotejan facturas y Documentos Originales en Compra de Hospitales Móviles
Se informó que la coordinadora de la Oficina Regional de Aduanas, Keydi Navarro, compartirá la información oficial recibida de INVEST-H con instituciones como el Ministerio Público, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), y otros entes que han estado desde la llegada de la mercancía, para transparentar el proceso de desaduanaje de los 78 contenedores correspondientes a los hospitales móviles.
Por COVID fallece periodista David Romero
Este sábado falleció el periodista David Romero Ellner, a los 65 años, tras perder la batalla contra el coronavirus después de permanecer varios días en el Instituto Nacional Cardiopulmonar ubicado en Tegucigalpa. El pasado sábado sufrió dos paros cardio-respiratorios, producto de una neumonía, y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde falleció este día. Falleció en condición de privado de libertad. Estaba recluido en el anexo de la Penitenciaría Nacional de Támara, en las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería, sentenciado a 10 años de prisión por seis delitos de difamación y calumnias en contra de la Abogada Sonia Gálvez.
Cinco personas fallecen por COVID en el IHSS Tegucigalpa
Este sábado se reportó la muerte de cinco personas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a causa del COVID-19. Se trata de tres personas del sexo masculino y dos del femenino. Las cinco víctimas son de la tercera edad. Desde tempranas horas de este sábado se pudo observar muchas personas buscando atención médica en el Seguro Social.
Que doten de más equipo a centros de Triaje, pide Carlos Umaña
El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), de San Pedro Sula, Carlos Umaña, requirió que las salas de triaje sean dotadas con más equipos de tecnología. “La única alternativa es robustecer centros de triaje con más tecnología: monitores, laboratorio y rayos X para dar atención las 24 horas y hospitalización. En San Pedro Sula y Tegucigalpa han llegado en un punto desesperante en el que los pacientes severos-moderados de COVID-19 deben ser atendidos en sus casas por falta de cupos en los hospitales. Se requiere de oxígeno, pero por falta de cupos no lo tienen. “Hemos recibido llamadas en el que nos dicen que están con chimbos de oxígenos y siendo tratados por telemedicina, esto no es posible, muchos de ellos lo van a lograr pero muchos no”, dijo.
“A pura donación siguen viviendo”, dice Doctora Suyapa Sosa
La presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital El Tórax, Suyapa Sosa, sostuvo que el personal hospitalario continúa trabajando con pura donación de equipo de bioseguridad para evitar ser contagiados de coronavirus. “En cuanto al equipo de bioseguridad, si se logró con unas donaciones conseguir las máscaras de protección que son mejores para personal de UCI, se espera con otra donación conseguir para todo el personal”, dijo inicialmente la doctora. Seguimos viviendo a pura donación de la gente que nos llega regalar mascarillas, botas, trajes de protección personal. Esto es una vergüenza que los hospitales tengan que vivir de caridades cuando esto es una obligación del Gobierno y de la gente que maneja el presupuesto”, agregó.
Piden adquirir máquina para procesar mayor número de pruebas PCR en el país
“Estamos con mucha preocupación porque en las unidades de salud no se están haciendo la prueba de diagnóstico o confirmatoria en tiempo real de PCR. Nos han puesto muchas excusas ridículas; primero que no había hisopos que son sumamente económicos y luego que no hay reactivos y también que no existen suficientes pruebas”, cuestionó el profesional de la medicina. Nos parece que es una estrategia de la Secretaría de Salud por la alta mora en Laboratorio de Virología de cuatro mil pruebas sin procesar en refrigeración. Quieren sacarlas cuando ya las hayan procesado y luego volver a tomar pruebas con normalidad, pero eso a los médicos nos está afectando. No es cierta la mortalidad baja que presenta SINAGER, porque los hospitales y funerarias reportan todos los días una alta tasa de fallecidos. Procedan a tecnificar al Laboratorio Nacional de Virología con más personal, así como comprar equipos en Estados Unidos que procese 50 mil pruebas diarias», dijo Marco Eliud Girón, médico.
Honduras se convierte en puente humanitario para que nicaragüenses regresen a su país
Honduras se convirtió en un puente humanitario para permitir que un grupo de más de 30 nicaragüenses varados, desde el inicio de la pandemia en Guatemala, puedan regresar a su país. Lisandro Vallecillo, portavoz del Instituto Nacional de Migración (INM), dijo que se hizo el control migratorio a 33 ciudadanos nicaragüenses que se encontraban varados en el país vecino de Guatemala. “Honduras como país de tránsito servirá como un puente humanitario luego que las autoridades de Cancillería realizarán las gestiones a través de la vía diplomática. De esta manera los nicaragüenses quedaron varados en ese país y llegaron hace algunos días a la frontera, donde no se les permitió el ingreso a territorio hondureño por el cierre de fronteras», dijo Vallecillo.
Listos los cuatro aeropuertos de Honduras para operar en Agosto
Para la primera semana de agosto se tiene previsto que se reanuden las operaciones en los cuatro aeropuertos de Honduras. Según el plan los primeros 15 días será solo para vuelos locales y posteriormente serán los internacionales con algunas restricciones. Las autoridades aeroportuarias dijeron estar listos con las medidas de bioseguridad y salud, donde han capacitado al personal y todo está en manos de SINAGER para que se dé la luz verde e inicien las operaciones.

Monitoreo del COVID19 en Honduras: 19 de julio del 2020

Por Redacción
julio 19, 2020

Foto: EL PAÍS HN
A continuación les compartimos el resumen diario de las noticias del Coronavirus en Honduras. Al 19 de julio se reportan 29,134 casos activos, 900 personas muertas y 3,801 recuperadas, en los 18 departamentos del país.
MP pide asistencia internacional por investigación Hospitales Móviles
El oficial de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que pidieron asistencia jurídica internacional para seguir las transacciones financieras en el proceso de compra de siete hospitales móviles por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras (INVEST-H) a un empresario que a su vez los adquirió en Turquía. «Se ha solicitado asistencia jurídica internacional que justamente pretende seguir los movimientos de cuenta, a quién le depositaron, qué bancos y todo lo que pueda surgir de estos pagos millonarios que se hicieron al proveedor de los hospitales» dijo Mora. No se descarta que la Fiscalía considere llamar a declarar al empresario guatemalteco Axel López, quien vendió los siete hospitales a Honduras a un monto de 48 millones de dólares (1,200 millones de lempiras).
129 muertes reporta el IHSS de Tegucigalpa solo en el mes de Julio
Al menos 129 muertes se reportan en lo que va del mes de julio en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Tegucigalpa. Las autoridades dieron cuenta de cinco pacientes más que perdieron la vida bajo sospechas de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia en el mes marzo este hospital de especialidades reporta 277, 205 hombres y 72 mujeres. El mes de junio se ha presentado como el más crítico en el IHSS con 137 decesos, sin embargo es el mes de julio apunta a superar esta cifra.
Jorge Bueso Arias: ¿qué instrucciones le dio JOH a la Ministra de Salud sobre hospitales móviles?
En relación al caso “hospitales móviles”, el reconocido banquero, Jorge Bueso Arias, pidió ponerle suma atención a la carta que la ministra de Salud, Alba Flores Consuelo, le envió al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn para la adquisición del equipo en crisis por pandemia. Bueso Arias dijo “Mi pregunta clave es ¿qué instrucciones le dio el presidente Hernández a la señora Ministra de Salud?, porque ella misma dice, no soy yo, es el presidente. ¿Cómo se explica que el pago de la compra de los hospitales móviles se haya hecho el mismo día?, dijo.
Marco Bográn pasó por encima del Consejo Directivo en la compra de hospitales móviles
El Consejo Directivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), no aprobó la compra de hospitales móviles para atender la emergencia por el COVID-19, aseguró la coordinadora del Gobierno, Martha Doblado. La funcionaria, quien funge como presidenta del Consejo Directivo de Invest-H, declaró ante fiscales anti-corrupción y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), y aseguró que no se les informó de la compra.
Veteranos de guerra también pierden la vida por el COVID
Maximiliano Arita, un veterano de guerra de Nueva Ocotepeque, también es fiscal de la Asociación de Veteranos de Guerra de Honduras, que actualmente la integran más de 2,200 miembros. Arita asegura que desde que entró la pandemia a Honduras en el mes de marzo de 2020, han tenido 67 bajas de veteranos de guerra muertos por el COVID-19. «La pandemia de COVID nos ha azotado, solo en el comando seis de San Pedro Sula hay 21 fallecidos y en el comando uno de Tegucigalpa ya van 24”, relató. En total son 45 veteranos los que han muerto por el virus.
Tamizaje en Centros de Triaje arroja 50% de positivos
Yolany Batres, encargada de la pandemia en Francisco Morazán dijo que el trabajo de los centros de triaje evita que los hospitales colapsen. «El tamizaje que se realiza arroja un 50 por ciento de positividad y por lo general esos pacientes no acuden a los centros hospitalarios. Muy pronto se pondrá a disposición del público un quinto centro de triaje, que permitirá seguir acercando los servicios de salud a la población y evitar de manera eficaz la saturación de los hospitales del Distrito Central. Se ha atendido a más de 12 mil pacientes, que se evitó buscaran o acudieran por asistencia médica a los hospitales del Distrito Central o en San Pedro Sula”.
Este lunes abre centro de triaje en Bazar del Sábado en Tegucigalpa
Todo está listo para que este lunes 20 de julio comience a funcionar el centro de triaje que la empresa privada y la Alcaldía de Tegucigalpa ponen a disposición de la población en el bulevar Juan Pablo II, en el local donde opera el Bazar del Sábado. Se tiene el personal médico y los medicamentos, así como pruebas para realizar a quienes acudan a evaluación médica con síntomas de COVID.
Fallecen dos Policías: uno en Colón y otro en Cortés por COVID-19
La Secretaría de Seguridad informó que en las últimas horas falleció el Clase II de la Policía Ángel Alfonso Bustillo Matute, quien en su trabajo en primera línea contra el COVID-19, resultó positivo y desde hace varios días estaba ingresado en un centro asistencial. El agente estaba asignado en la Unidad Departamental Policial número 2 del departamento de Colón y se informó que se le dará el ascenso póstumo a Clase III de la Policía. Mientras el Policía José Manfredo López Dubón, asignado a la Unidad Metropolitana Policial 2 en San Pedro Sula, falleció también por COVID y fue sepultado en Dulce Nombre, Copán, de donde era originario.
Tomado Boletín Policía Nacional
Sigue inspección de contenedores que traen Hospitales Móviles en Puerto Cortés
El primer día de inspección física de los contenedores se revisaron tres módulos y hoy continúan. La Administración Aduanera entregó documentación de la importación solicitada al Ministerio Público, las que fueron cotejadas con las facturas originales y los documentos soporte recibidos por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H). «Se van a identificar los módulos que integran los hospitales móviles que serán instalados tanto en San Pedro Sula y Tegucigalpa para ser inspeccionados con este orden, al concluir la inspección se continuará con el procedimiento aduanero y luego se hará el retiro y traslado para su pronta instalación y funcionamiento», dice el comunicado de Aduanas. El proceso aduanero se ejecuta con el acompañamiento del Ministerio Público (MP), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Agencia de Regularización Sanitaria (ARSA) entre otros.
Enfermeras no irán a paro porque comenzaron a pagarles salarios atrasados
Personal de enfermería que atiende la emergencia sanitaria por COVID-19 permanecerá en sus labores y no irán a paro, según dijo Josué Orellana, Presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras (ANEEAH). «Comenzó el pago de variables y también del dinero correspondiente a las vacaciones de junio y julio. Además, se nos informó que las transferencias monetarias a los hospitales psiquiátricos empezarán en los próximos días», dijo Orellana.