A un mes del secuestro de garífunas, Gobierno sigue con silencio cómplice
- 18/08/2020
Alberth Snider Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida.
Un mes ha pasado desde que Alberth Snider Centeno, presidente del
patronato de la comunidad garífuna El Triunfo de la Cruz, en Tela,
Atlántida, y cuatro pobladores más fueron secuestrados la madrugada del
18 de julio. Era sábado, y mientras Honduras entera se encontraba bajo
el toque de queda por la pandemia, la tranquilidad del mar y las olas en
El Triunfo de la Cruz, era arrebatada.
Hombres fuertemente armados con insignia policial y militar llegaron a cada una de las casas de los pobladores, sin dar explicación a sus familias los subieron a los vehículos de lujo que portaban, y pese a la resistencia de la comunidad que bloqueó las principales entradas y salidas, los malhechores cumplieron su objetivo: secuestrar a los cinco garífunas.
Desde el día del secuestro las comunidades garífunas y los pobladores de El Triunfo de la Cruz se hicieron nudo para emprender la búsqueda de sus cinco hermanos. Con caminatas, caravanas, tomas de carretera, plantones en otros sectores del país y en el exterior, han demandado al Estado hondureño mayor interés y celeridad en las investigaciones. Sin embargo, el silencio ha sido lo que ha reinado en torno al misterioso caso.
“Hasta el momento seguimos en las mismas. El Estado de honduras no da respuesta sobre el paradero de nuestros hermanos”, dice Jenny Herrera, presidenta del Comité para el Cumplimiento de la Sentencia en la comunidad.
La dirigente social detalló a Radio Progreso que, a un mes del secuestro existe un silencio total de parte de las autoridades encargadas de la investigación. “Para nosotros no es normal que, dentro de nuestra comunidad, que se ha caracterizado por ser tranquila, se estén dando este tipo de situaciones a vista y paciencia de las autoridades”, señaló.
Jenny Herrera siguió contando que, este primer mes ha sido difícil y a medida avanza el tiempo, la falta de respuestas, el silencio Estatal hace que la fe y la esperanza de encontrarles con vida vaya disminuyendo.
Hombres fuertemente armados con insignia policial y militar llegaron a cada una de las casas de los pobladores, sin dar explicación a sus familias los subieron a los vehículos de lujo que portaban, y pese a la resistencia de la comunidad que bloqueó las principales entradas y salidas, los malhechores cumplieron su objetivo: secuestrar a los cinco garífunas.
Desde el día del secuestro las comunidades garífunas y los pobladores de El Triunfo de la Cruz se hicieron nudo para emprender la búsqueda de sus cinco hermanos. Con caminatas, caravanas, tomas de carretera, plantones en otros sectores del país y en el exterior, han demandado al Estado hondureño mayor interés y celeridad en las investigaciones. Sin embargo, el silencio ha sido lo que ha reinado en torno al misterioso caso.
“Hasta el momento seguimos en las mismas. El Estado de honduras no da respuesta sobre el paradero de nuestros hermanos”, dice Jenny Herrera, presidenta del Comité para el Cumplimiento de la Sentencia en la comunidad.
La dirigente social detalló a Radio Progreso que, a un mes del secuestro existe un silencio total de parte de las autoridades encargadas de la investigación. “Para nosotros no es normal que, dentro de nuestra comunidad, que se ha caracterizado por ser tranquila, se estén dando este tipo de situaciones a vista y paciencia de las autoridades”, señaló.
Jenny Herrera siguió contando que, este primer mes ha sido difícil y a medida avanza el tiempo, la falta de respuestas, el silencio Estatal hace que la fe y la esperanza de encontrarles con vida vaya disminuyendo.
Toma de carretera en la entrada a la comunidad Triundo de la Cruz.
Responsabilidad del Estado
El secuestro de los cuatro pobladores no es un caso aislado. El hecho violento se da en medio del litigio por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se encontró en el año 2015, al Estado de Honduras internacionalmente culpable por la violación de la propiedad colectiva de la comunidad El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.
El pasado 6 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), resolvió requerir al Estado de Honduras que adopte medidas necesarias y adecuadas para dar con el paradero de los pobladores secuestrados.
Además, lo emplazó para que a más tardar el 24 de agosto del 2020, brinde un informe completo y detallado de la resolución emitida por ese organismo hemisférico de derechos humanos.
En ese sentido, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda dice que no hay ninguna respuesta y están a la espera del informe que debe dar el Estado a la Corte.
Para la lideresa del pueblo garífuna, el Estado es partícipe porque la misma comunidad y la OFRANEH han venido denunciando todo el atropello que habido contra la comunidad El Triunfo de la Cruz.
“Esto que pasó en El Triunfo de la Cruz es una muestra de la irresponsabilidad del Estado respecto a una problemática que ha enfrentado la comunidad. En ese sentido, ahora que no haya respuesta nos indica que el Estado es partícipe y responsable de lo que está pasando”, señala.
Miranda detalla que, en medio del contexto de la desaparición de los pobladores en El Triunfo de la Cruz, hay enormes presiones contra líderes de otras comunidades garífunas. Para el caso, el presidente del patronato de la comunidad de San Juan ha sido víctima de hostigamiento. Es decir hay un recrudecimiento del hostigamiento hacia el liderazgo de las comunidades.
“Por eso hemos venido diciendo que todo esto forma parte de un plan de exterminio, de genocidio contra el pueblo garífuna”, puntualiza.
La bahía de Tela y la persecución contra las comunidades
Este paradisíaco rinconcito ubicado en el atlántico hondureño es conocido por sus hermosas playas, aguas cristalinas y su exuberante vegetación, también por la riqueza cultural de las comunidades garífunas. Sin embargo, detrás de toda la “cara bonita”, las comunidades garífunas de Río Tinto, Miami, Tornabé, San Juan, La Ensenada y El Triunfo de la Cruz, enfrenten una terrible realidad.
Las comunidades son víctimas de persecución, criminalización y violencia dirigida por el propio Estado. Toda esta realidad a raíz del interés de los grupos empresariales que en complicidad con la clase política hondureña han visto en la Bahía de Tela, una cantera para continuarse enriqueciendo. Aunque esto signifique el sufrimiento de las poblaciones que viven en las orillas del mar.
Los proyectos hoteleros han sido vendidos como una alternativa para sacar de la pobreza a las comunidades; sin embargo, lo único que han traído es el despojo de las tierras que ancestralmente les corresponde a los garífunas.
Frente a todo ese sombrío panorama, las comunidades mantienen un constante proceso de resistencia, impulsando asambleas y movilizaciones en defensa de la madre tierra. A pesar del proceso de expulsión, exclusión y discriminación, el pueblo garífuna se levanta de forma organizada en la defensa de su tierra y su cultura organizadas para recuperar y defender su territorio y cultura.
El secuestro de los cuatro pobladores no es un caso aislado. El hecho violento se da en medio del litigio por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se encontró en el año 2015, al Estado de Honduras internacionalmente culpable por la violación de la propiedad colectiva de la comunidad El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida y Punta Piedra en el departamento de Colón.
El pasado 6 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), resolvió requerir al Estado de Honduras que adopte medidas necesarias y adecuadas para dar con el paradero de los pobladores secuestrados.
Además, lo emplazó para que a más tardar el 24 de agosto del 2020, brinde un informe completo y detallado de la resolución emitida por ese organismo hemisférico de derechos humanos.
En ese sentido, la coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda dice que no hay ninguna respuesta y están a la espera del informe que debe dar el Estado a la Corte.
Para la lideresa del pueblo garífuna, el Estado es partícipe porque la misma comunidad y la OFRANEH han venido denunciando todo el atropello que habido contra la comunidad El Triunfo de la Cruz.
“Esto que pasó en El Triunfo de la Cruz es una muestra de la irresponsabilidad del Estado respecto a una problemática que ha enfrentado la comunidad. En ese sentido, ahora que no haya respuesta nos indica que el Estado es partícipe y responsable de lo que está pasando”, señala.
Miranda detalla que, en medio del contexto de la desaparición de los pobladores en El Triunfo de la Cruz, hay enormes presiones contra líderes de otras comunidades garífunas. Para el caso, el presidente del patronato de la comunidad de San Juan ha sido víctima de hostigamiento. Es decir hay un recrudecimiento del hostigamiento hacia el liderazgo de las comunidades.
“Por eso hemos venido diciendo que todo esto forma parte de un plan de exterminio, de genocidio contra el pueblo garífuna”, puntualiza.
La bahía de Tela y la persecución contra las comunidades
Este paradisíaco rinconcito ubicado en el atlántico hondureño es conocido por sus hermosas playas, aguas cristalinas y su exuberante vegetación, también por la riqueza cultural de las comunidades garífunas. Sin embargo, detrás de toda la “cara bonita”, las comunidades garífunas de Río Tinto, Miami, Tornabé, San Juan, La Ensenada y El Triunfo de la Cruz, enfrenten una terrible realidad.
Las comunidades son víctimas de persecución, criminalización y violencia dirigida por el propio Estado. Toda esta realidad a raíz del interés de los grupos empresariales que en complicidad con la clase política hondureña han visto en la Bahía de Tela, una cantera para continuarse enriqueciendo. Aunque esto signifique el sufrimiento de las poblaciones que viven en las orillas del mar.
Los proyectos hoteleros han sido vendidos como una alternativa para sacar de la pobreza a las comunidades; sin embargo, lo único que han traído es el despojo de las tierras que ancestralmente les corresponde a los garífunas.
Frente a todo ese sombrío panorama, las comunidades mantienen un constante proceso de resistencia, impulsando asambleas y movilizaciones en defensa de la madre tierra. A pesar del proceso de expulsión, exclusión y discriminación, el pueblo garífuna se levanta de forma organizada en la defensa de su tierra y su cultura organizadas para recuperar y defender su territorio y cultura.
Hambre o coronavirus
19/05/2020
Ciento cuarenta millones
de personas sobreviven en América Latina y El Caribe en trabajos
informales, según la OIT. La pandemia ha desnudado la precariedad y la
vulnerabilidad en la que viven y también los hace asomarse al abismo de
la hambruna. En Centroamérica han empezado a usar banderas blancas para
mostrar su tragedia y en México los comerciantes lamentan la falta de
protección del Estado.
Julia Gavarrete, Houston Castillo, Alejandra Gutiérrez y Gloria Muñoz
para Otras Miradas
Para vender la fruta y las semillas, ella debe saber muy bien en qué calle moverse. Ser vendedora informal no es fácil en un país donde hay líneas invisibles que dividen los territorios controlados por pandillas. Pasar desapercibida e intentar escabullirse es parte de su día a día antes de realizar la venta de su producto ambulante en un par de organizaciones o lugares donde se sienta segura.
En los últimos años, Ana María se mudó cinco veces, una persecución que inició en 2016. Por ser defensora de derechos de las mujeres se metió en problemas con las pandillas. A sus 46 años, es madre de dos hijos adolescentes y por seguridad no quiere que se publique su nombre real.
Julia Gavarrete, Houston Castillo, Alejandra Gutiérrez y Gloria Muñoz
para Otras Miradas
Para vender la fruta y las semillas, ella debe saber muy bien en qué calle moverse. Ser vendedora informal no es fácil en un país donde hay líneas invisibles que dividen los territorios controlados por pandillas. Pasar desapercibida e intentar escabullirse es parte de su día a día antes de realizar la venta de su producto ambulante en un par de organizaciones o lugares donde se sienta segura.
En los últimos años, Ana María se mudó cinco veces, una persecución que inició en 2016. Por ser defensora de derechos de las mujeres se metió en problemas con las pandillas. A sus 46 años, es madre de dos hijos adolescentes y por seguridad no quiere que se publique su nombre real.
Ana
María Pérez es una trabajadora informal que, además de enfrentar la
crisis, no puede vender sus productos en todas partes por el control
territorial de las pandillas. Foto\Émerson Flores
La emergencia de la COVID-19 complicó más su caso hasta llevarla a un
aislamiento total y a un feroz recuento de días de desesperanza y
pobreza en que solo espera que todo pase para salir a trabajar cuanto
antes. “No vamos a tener dinero y habrá más personas enfermas”, asegura.
Si bien fue beneficiada con los 300 dólares que repartió el gobierno de Nayib Bukele a 1.5 millones de hogares —considerados los más vulnerables— el fondo lo ha usado para ayudarle a un par de vecinos, ancianos y también vendedores informales, que no tienen comida para pasar el encierro. “Yo estoy fregada”, repite, pero “de hambre no se van a morir”. Ellos no lograron el beneficio y la situación les ha llevado a sobrevivir de ayudas. La entrega del bono sigue recibiendo críticas por economistas que consideran que el ejecutivo lo hizo de forma inadecuada, como lo documentó Revista GatoEncerrado, lo que no permitió que llegara a las personas que realmente lo necesitan.
Antes de la cuarentena domiciliaria, impuesta por el gobierno desde el 21 de marzo, su día arrancaba a las 4:00 a.m. en el mercado La Tiendona, en la capital, una central de abastecimiento de puestos apilados al aire libre, caóticamente organizados, donde se mueve el comercio mayorista del país. Allí adquiría el producto que luego revendía y por el que lograba ganancias de entre siete y diez dólares diarios si le iba bien.
Si bien fue beneficiada con los 300 dólares que repartió el gobierno de Nayib Bukele a 1.5 millones de hogares —considerados los más vulnerables— el fondo lo ha usado para ayudarle a un par de vecinos, ancianos y también vendedores informales, que no tienen comida para pasar el encierro. “Yo estoy fregada”, repite, pero “de hambre no se van a morir”. Ellos no lograron el beneficio y la situación les ha llevado a sobrevivir de ayudas. La entrega del bono sigue recibiendo críticas por economistas que consideran que el ejecutivo lo hizo de forma inadecuada, como lo documentó Revista GatoEncerrado, lo que no permitió que llegara a las personas que realmente lo necesitan.
Antes de la cuarentena domiciliaria, impuesta por el gobierno desde el 21 de marzo, su día arrancaba a las 4:00 a.m. en el mercado La Tiendona, en la capital, una central de abastecimiento de puestos apilados al aire libre, caóticamente organizados, donde se mueve el comercio mayorista del país. Allí adquiría el producto que luego revendía y por el que lograba ganancias de entre siete y diez dólares diarios si le iba bien.
En
medio de un centro de compras, cada vez más vacíos, puede
verse a un trabajador cargando un saco. Algunos trabajadores
informales insisten en seguir sobreviviendo, pese a la crisis
médica.Foto\Brian Torres e Irving Cabrera
Separada de su pareja, por violencia intrafamiliar, se dedicó a
defender a otras mujeres que sufrían como ella. Su historia, víctima de
la persecución por pandillas, comenzó cuando asistió a una joven,
golpeada por un pandillero. En ese momento, se convirtió en blanco de
las mismas. En el país más diminuto de la región, con 6.4 millones de
habitantes, la Mara Salvatrucha y la Barrio 18 son las dos que más
controlan los territorios, incluso en tiempos de COVID-19. Ambos grupos
son los que imponen su poder y su fuerza en los lugares donde habitan
los más vulnerables a la pandemia. El que incumple la cuarentena le va
mal, así de simple. En los barrios han llegado al punto de declarar
“toque de queda”, según una publicación de El Faro. Ella no solo se
enfrenta a un panorama de supervivencia diaria por las pandillas o por
vender en las calles, sino que ahora todo luce más complejo con el
impacto de la pandemia. Hasta la segunda semana de mayo, en El Salvador
se reportaron un poco más de 1,000 casos de coronavirus. El primero
positivo se registró desde el 18 de marzo.
Ana María es parte de los 140 millones de personas que en América Latina y El Caribe sobreviven en el sector informal, como lo reflejan datos de 2014 de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), sin un salario fijo ni protección social. Una realidad que se repite en países como México, Nicaragua y otros como Honduras y Guatemala. En las dos últimas naciones, el empleo informal ronda el 80 por ciento. En el caso de El Salvador, hasta 2018, el 70 por ciento de los hogares tenían al menos un integrante en el subempleo.
Ana María es parte de los 140 millones de personas que en América Latina y El Caribe sobreviven en el sector informal, como lo reflejan datos de 2014 de la Organización Mundial de Trabajo (OIT), sin un salario fijo ni protección social. Una realidad que se repite en países como México, Nicaragua y otros como Honduras y Guatemala. En las dos últimas naciones, el empleo informal ronda el 80 por ciento. En el caso de El Salvador, hasta 2018, el 70 por ciento de los hogares tenían al menos un integrante en el subempleo.
Flor Núñez, de 40 años. Vendedora ambulante en el mercado central, San Salvador. Foto\Émerson Flores
La crisis solo vino a desnudar la vulnerabilidad de un sector que
subsiste al día y que ha comenzado a manifestarse en El Salvador
colgando pancartas en la entrada de sus comunidades o listones blancos
afuera de sus casas recalcando que ahí pasan hambruna. En Centroamérica,
45 de cada 100 centroamericanos ya vivían en condiciones de pobreza
antes de la pandemia, de acuerdo con Jonathan Menkos, director ejecutivo
del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Son cerca
de 22 millones en total, según cálculos, de los que 18.4 sobreviven en
Guatemala, El Salvador y Honduras. “El COVID solo exacerba problemas
estructurales que venimos acarreando”, dijo Menkos.
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en un informe publicado el 3 de abril sobre los efectos económicos y sociales por la pandemia, precisó sobre el impacto que recibirán las poblaciones que dependen de la economía informal. Es un hecho que medidas de encierro y de parálisis económica “puede llevar a muchos trabajadores a situaciones de pobreza”.
A Ana María ya se le agotó lo que ahorró con mayor esfuerzo previo a la cuarentena domiciliaria. El día que supo que El Salvador declaraba emergencia nacional por el coronavirus, incrementó su jornada de trabajo e intentó vender por lo menos tres dólares más al día. Ahora, los alimentos que consume son donados.
La Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en un informe publicado el 3 de abril sobre los efectos económicos y sociales por la pandemia, precisó sobre el impacto que recibirán las poblaciones que dependen de la economía informal. Es un hecho que medidas de encierro y de parálisis económica “puede llevar a muchos trabajadores a situaciones de pobreza”.
A Ana María ya se le agotó lo que ahorró con mayor esfuerzo previo a la cuarentena domiciliaria. El día que supo que El Salvador declaraba emergencia nacional por el coronavirus, incrementó su jornada de trabajo e intentó vender por lo menos tres dólares más al día. Ahora, los alimentos que consume son donados.
Los
militares acompañan a las autoridades municipales para
informarles de las nuevas medidas adoptadas a raíz del aumento de
casos de COVID-19. Foto\Brian Torres e Irving Cabrera
Mientras en El Salvador sus ciudadanos sobreviven al virus y al
control territorial de las pandillas, en México el Ejército hace
presencia para hacer cumplir las medidas tomadas por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador.
Antes de que terminara abril, cuando se registró un repunte de los casos de COVID-19 en ese país, las autoridades declararon de manera oficial la Fase 3 en el manejo de la crisis. Entre algunas de las medidas emitidas estuvo obligar casi al 100 por ciento de los comerciantes ambulantes a dejar sus ventas.
El tianguis “El Salado” es un mercado con 40 años de existencia, ubicado al oriente de la Ciudad de México, donde a los comerciantes los obligaron a parar sus ventas con presencia militar. Los seis kilómetros de extensión, que se convierten en veredas muy bien alineadas de mercadería que se ofrece en las calles, fueron visitados por militares que custodiaron a las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa al momento de dar el aviso del fin de labores a todos los vendedores.
Antes de que terminara abril, cuando se registró un repunte de los casos de COVID-19 en ese país, las autoridades declararon de manera oficial la Fase 3 en el manejo de la crisis. Entre algunas de las medidas emitidas estuvo obligar casi al 100 por ciento de los comerciantes ambulantes a dejar sus ventas.
El tianguis “El Salado” es un mercado con 40 años de existencia, ubicado al oriente de la Ciudad de México, donde a los comerciantes los obligaron a parar sus ventas con presencia militar. Los seis kilómetros de extensión, que se convierten en veredas muy bien alineadas de mercadería que se ofrece en las calles, fueron visitados por militares que custodiaron a las autoridades de la Alcaldía Iztapalapa al momento de dar el aviso del fin de labores a todos los vendedores.
Una
vista aérea de este mercado mexicano, que tiene 40 años de existencia y
donde trabajan unos 6 mil comerciantes.Foto\Brian Torres e Irving
Cabrera
Visto desde el aire, El Salado se ve como un zigzagueante río.
Cualquier cosa imaginable aquí se encuentra: desde una acuamoto, el vaso
de una licuadora antigua, un tornillo de una vieja máquina de coser, un
traje de buzo, montañas de zapatos viejos, guitarras, revistas,
llantas, muñecas, ropa, herramienta, cascos, libros o bicicletas. La
zona oriente del tianguis, sin embargo, es un foco rojo de contagios de
coronavirus. Ahora, siete mercados han suspendido las ventas y con esta
medida hay más de 57 mil personas que son afectadas.
Los únicos puestos que pudieron permanecer en El Salado son los de alimentos, con la condición de que los compradores no consumieran la comida en el lugar. Para cuando las autoridades divulgaron las medidas de salud para evitar el contagio del COVID-19, los vendedores se resistían a quedarse en casa no por rebeldía, sino porque viven de lo que ganan al día.
Emilia Sánchez Peña, madre soltera de 60 años y originaria de San Vicente, es una de las personas que no puede dejar de vender. No cuenta con ayuda del gobierno mexicano, por lo que dejar su empleo sería condenarse a no tener ninguna entrada de recursos a su hogar. “En vez de venir a quitarnos del tianguis, que es nuestra vía para vivir todos los días, ¿por qué nos encierran si no nos dan una ayuda?”, asegura desde el puesto ambulante donde ha vendido durante 22 años.
Los únicos puestos que pudieron permanecer en El Salado son los de alimentos, con la condición de que los compradores no consumieran la comida en el lugar. Para cuando las autoridades divulgaron las medidas de salud para evitar el contagio del COVID-19, los vendedores se resistían a quedarse en casa no por rebeldía, sino porque viven de lo que ganan al día.
Emilia Sánchez Peña, madre soltera de 60 años y originaria de San Vicente, es una de las personas que no puede dejar de vender. No cuenta con ayuda del gobierno mexicano, por lo que dejar su empleo sería condenarse a no tener ninguna entrada de recursos a su hogar. “En vez de venir a quitarnos del tianguis, que es nuestra vía para vivir todos los días, ¿por qué nos encierran si no nos dan una ayuda?”, asegura desde el puesto ambulante donde ha vendido durante 22 años.
En
el tianguis El Salado se encuentra de todo. Trabajadores informales se
debaten en la disyuntiva de morir de hambre o por coronavirus.Foto\Brian
Torres e Irving Cabrera
Cada miércoles, El Salado se llena. Ahí convergen unos 7 mil
comerciantes que ofrecen mercadería nueva y productos usados. Emilia
asegura que no dejará de trabajar a menos de que le garanticen una ayuda
para ella y para la gente con hijos pequeños. Eso pelea. “Si no se
mueren de la enfermedad, se van a morir de hambre”, reitera preocupada.
La misma OIT ha reconocido que los trabajadores informales no tienen todos los medios de subsistencia, “por ello enfrentan un dilema que prácticamente no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus”. Así lo repite también Emilia.
El aumento de las medidas de restricción por la crisis sanitaria en México está afectando a más de 30 millones de personas, 60 por ciento de la población activa según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para Héctor de la Cueva, coordinador de Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), los trabajadores informales han pasado de un estado de crisis permanente a una situación “desesperante”.
La misma OIT ha reconocido que los trabajadores informales no tienen todos los medios de subsistencia, “por ello enfrentan un dilema que prácticamente no puede ser resuelto: morir de hambre o por el virus”. Así lo repite también Emilia.
El aumento de las medidas de restricción por la crisis sanitaria en México está afectando a más de 30 millones de personas, 60 por ciento de la población activa según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Para Héctor de la Cueva, coordinador de Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), los trabajadores informales han pasado de un estado de crisis permanente a una situación “desesperante”.
Los
vendedores del tianguis El Salado, en México, uno de los más grandes de
la capital, enfrentan una caída en las ventas a causa de la pandemia.
Foto\Brian Torres e Irving Cabrera
La mayor parte de personas que dependen de la economía informal,
señala de la Cueva, “viven al día haciendo cualquier chambita”. La
respuesta a la crisis de López Obrador es considerada también
insuficiente por este experto. El ejecutivo pondrá en marcha un programa
de un millón de microcréditos por 25 mil pesos para pequeños
comerciantes que estén inscritos en el programa Tandas para el
Bienestar. Sin embargo, “hay una política bastante inconsistente de
ayuda. Incluso para los trabajadores formales no hay medidas para apoyar
a quienes pierden su empleo injustamente, sino que lo central es que se
mantienen programas sociales que ya venían”.
Como ocurre con Emilia Sánchez, María Guadalupe Vargas también tiene años laborando en El Salado. Originaria de Querétaro, ella creció en Ciudad de México. Cuando la situación comenzó a complicarse en su casa, ella buscó maneras para ayudarle a su familia. Se metió de comerciante y lleva cerca de 33 años como vendedora en el tianguis. Sin embargo, hoy, la crisis por el COVID-19 la ha llevado a sentirse atada de manos. “Nos están pasando a liquidar de plano, de plano, en lo económico y en lo anímico”.
Entre las pláticas con otros comerciantes es cada vez más frecuente la expresión del “hoy no salió nada, hoy me fui a cero”. Las bajas en las ventas han comenzado a generar molestias. María Guadalupe está de acuerdo con portar mascarilla, con el uso de lentes y lavarse las manos, pero cree que controlar el virus depende de las ganas de salir adelante.
Como ocurre con Emilia Sánchez, María Guadalupe Vargas también tiene años laborando en El Salado. Originaria de Querétaro, ella creció en Ciudad de México. Cuando la situación comenzó a complicarse en su casa, ella buscó maneras para ayudarle a su familia. Se metió de comerciante y lleva cerca de 33 años como vendedora en el tianguis. Sin embargo, hoy, la crisis por el COVID-19 la ha llevado a sentirse atada de manos. “Nos están pasando a liquidar de plano, de plano, en lo económico y en lo anímico”.
Entre las pláticas con otros comerciantes es cada vez más frecuente la expresión del “hoy no salió nada, hoy me fui a cero”. Las bajas en las ventas han comenzado a generar molestias. María Guadalupe está de acuerdo con portar mascarilla, con el uso de lentes y lavarse las manos, pero cree que controlar el virus depende de las ganas de salir adelante.
Otra imagen, que muestra la vivacidad, de uno de los mercados populares de México, El Salado.Foto\Brian Torres e Irving Cabrera
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La pobreza se repite en los centros de compras de la región. En Nicaragua, el 70 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada pertenecían hasta 2016 al sector informal, según el economista Adolfo Acevedo. Norma Valentina Calero, de 20 años, se las ingenia para superar al virus y ganarle al hambre en el Mercado Oriental. Cuando concedió una entrevista para este reportaje, ella esperaba atenta sobre la calle, con un banco para sentarse al lado y su venta de agua helada. Su piel blanca —pero enrojecida, y el cuello quemado, sensible al calor— fue testigo de cómo le fue en la jornada.
Norma Valentina empezó a trabajar a los nueve años en ese centro de compras, considerado uno de los más grandes de Centroamérica. Antes, lo hacía acompañada de su mamá. La venta, en medio de la pandemia, la inició con una pequeña inversión de 15 dólares que tuvo que prestar y que sirvió como su capital semilla. Con eso compró tres bolsones, que lleva cada uno en su interior unas 50 bolsas pequeñas de agua helada. Del dinero que prestó, 6 dólares ya estaban comprometidos: eran un adelanto que debía dejarle a una casa ubicada en el mercado donde guarda el agua que le sobra.
La pobreza se repite en los centros de compras de la región. En Nicaragua, el 70 por ciento de la fuerza de trabajo ocupada pertenecían hasta 2016 al sector informal, según el economista Adolfo Acevedo. Norma Valentina Calero, de 20 años, se las ingenia para superar al virus y ganarle al hambre en el Mercado Oriental. Cuando concedió una entrevista para este reportaje, ella esperaba atenta sobre la calle, con un banco para sentarse al lado y su venta de agua helada. Su piel blanca —pero enrojecida, y el cuello quemado, sensible al calor— fue testigo de cómo le fue en la jornada.
Norma Valentina empezó a trabajar a los nueve años en ese centro de compras, considerado uno de los más grandes de Centroamérica. Antes, lo hacía acompañada de su mamá. La venta, en medio de la pandemia, la inició con una pequeña inversión de 15 dólares que tuvo que prestar y que sirvió como su capital semilla. Con eso compró tres bolsones, que lleva cada uno en su interior unas 50 bolsas pequeñas de agua helada. Del dinero que prestó, 6 dólares ya estaban comprometidos: eran un adelanto que debía dejarle a una casa ubicada en el mercado donde guarda el agua que le sobra.
Norma
Valentina Calero, de 20 años, vende en el Mercado Oriental en Managua,
uno de los más grandes comercios de Nicaragua, adonde el gobierno ha
sido cuestionado por no tomar medidas para evitar el contagio del virus.
Foto\Houston Castillo
A la emergencia económica de siempre se une la sanitaria. Las medidas
en Nicaragua para controlar el virus tienen perpleja a la comunidad
internacional por su inexistencia. La Organización Mundial de la Salud
ha mostrado su preocupación, mientras la población trata de protegerse
contra un virus del que tiene poca información. El gobierno de Daniel
Ortega no ha puesto en marcha ni el confinamiento ni cierre de
fronteras, lo que ha llevado a que organismos como la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncien al respecto. La
gente, ante la poca respuesta estatal, hace lo que puede.
Esta comerciante continúa levantándose en la madrugada para cocinarles el desayuno a sus hijas antes de salir a su negocio improvisado, ubicado en el sector conocido como Gancho de Camino. No tiene ninguna caseta o tramo para resguardarse mientras trabaja. Madre de dos hijos, una de dos años y otra de tres meses, vive con su pareja, William Bermúdez, de 30 años, y otras diez personas; apuñados todos en un espacio diminuto dividido por paredes de hojalata ubicado en el barrio Julio Buitrago, conocido como Barrio Maldito. De la docena de personas que conviven, solo dos trabajan formalmente.
La OIT recalca en sus más reciente informe que el COVID-19 afectará 1600 millones de personas que dependen de la economía informal, de los 2000 millones que hay en el mundo.
Esta comerciante continúa levantándose en la madrugada para cocinarles el desayuno a sus hijas antes de salir a su negocio improvisado, ubicado en el sector conocido como Gancho de Camino. No tiene ninguna caseta o tramo para resguardarse mientras trabaja. Madre de dos hijos, una de dos años y otra de tres meses, vive con su pareja, William Bermúdez, de 30 años, y otras diez personas; apuñados todos en un espacio diminuto dividido por paredes de hojalata ubicado en el barrio Julio Buitrago, conocido como Barrio Maldito. De la docena de personas que conviven, solo dos trabajan formalmente.
La OIT recalca en sus más reciente informe que el COVID-19 afectará 1600 millones de personas que dependen de la economía informal, de los 2000 millones que hay en el mundo.
En
el mercado principal de Managua,Norma Valentina Calerotiene miedo al
contagio, pero debe buscar alimentar a su familia. Vive en una casa de
hojalata con once personas más. Foto\Houston Castillo
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A pesar de la cuarentena, la vida en las calles de Guatemala sigue. Pero, al barullo cotidiano —de antes de la pandemia— se ha sumado una nueva imagen: cientos, miles de personas, que desde las banquetas, o las orillas de las carreteras, ondean trozos de tela, de papel, de bolsas plásticas blancas que envían un mensaje tácito: tienen hambre, piden comida. Lo hacen ancianos, hombres, mujeres, niños, agitando trapos blancos. Tienen vergüenza, se cubren el rostro cuando la cámara de los periodistas los enfoca. Un cuadro similar se vivió en Colombia, donde la gente sacó banderas rojas porque, en medio de la crisis, ya no tienen alimentos.
Una gran porción —imposible tener cifras, de quienes ahora piden comida en las vías— pertenecen al sector del trabajo informal. Son vendedores ambulantes, personal de limpieza, empleadas domésticas, jardineros, guardias de seguridad, trabajadores de la construcción, campesinos, que no cuentan con contratos de trabajo. Todo esto, frente a un Estado que no los protege y con un sistema de salud precario.
A pesar de la cuarentena, la vida en las calles de Guatemala sigue. Pero, al barullo cotidiano —de antes de la pandemia— se ha sumado una nueva imagen: cientos, miles de personas, que desde las banquetas, o las orillas de las carreteras, ondean trozos de tela, de papel, de bolsas plásticas blancas que envían un mensaje tácito: tienen hambre, piden comida. Lo hacen ancianos, hombres, mujeres, niños, agitando trapos blancos. Tienen vergüenza, se cubren el rostro cuando la cámara de los periodistas los enfoca. Un cuadro similar se vivió en Colombia, donde la gente sacó banderas rojas porque, en medio de la crisis, ya no tienen alimentos.
Una gran porción —imposible tener cifras, de quienes ahora piden comida en las vías— pertenecen al sector del trabajo informal. Son vendedores ambulantes, personal de limpieza, empleadas domésticas, jardineros, guardias de seguridad, trabajadores de la construcción, campesinos, que no cuentan con contratos de trabajo. Todo esto, frente a un Estado que no los protege y con un sistema de salud precario.
Sembradío
de piña en una comunidad guatemalteca. El economista Jonathan Menkos
pronostica que la pérdida de empleos en ese país puede llegar a 555 mil
empleos. Foto\Julio Serrano Echevarría -Agencia Ocote
La comunidad Las Mercedes es un ejemplo que se repite por miles. Está
ubicada a 50 kilómetros de la capital, en Jocotillo, del municipio de
Villa Canales, en Guatemala. Allí viven 250 familias. Es un paisaje
desértico, donde se cultivan hectáreas de piña. Las calles son de tierra
compacta y todo es color ocre. Las paredes divisorias entre terrenos
son alambre espigado con láminas de zinc oxidadas. Se instalaron allí en
1998 tras el paso del huracán Mitch, recordado como el causante de una
de las grandes catástrofes naturales en Centroamérica.
Elizabeth Tambriz vive en Las Mercedes. Ella es trabajadora doméstica, una de las 250,000 mujeres que limpian, cocinan y cuidan niños para ganarse la vida. Elizabeth trabaja desde los 12 años, cuando dejó Mazatenango su pueblo natal, para ir a vivir a la capital. Desde allí no ha dejado de hacerlo, tiene 42 años y ningún ahorro.
A partir del 13 de marzo, en que se hizo público el primer caso de contagio en Guatemala y que se declaró la cuarentena y se cerró el transporte público, Elizabeth no volvió a ninguna de las tres casas donde trabaja. Desde hace dos meses no recibe el salario de 100 quetzales por día, unos 13 dólares. Una de sus patronas sí la ayuda un poco, dice. Los empleadores de Elizabeth viven en las zonas 10 y 14 de la capital, dos áreas acomodadas para familias de clase media alta y clase alta.
Elizabeth Tambriz vive en Las Mercedes. Ella es trabajadora doméstica, una de las 250,000 mujeres que limpian, cocinan y cuidan niños para ganarse la vida. Elizabeth trabaja desde los 12 años, cuando dejó Mazatenango su pueblo natal, para ir a vivir a la capital. Desde allí no ha dejado de hacerlo, tiene 42 años y ningún ahorro.
A partir del 13 de marzo, en que se hizo público el primer caso de contagio en Guatemala y que se declaró la cuarentena y se cerró el transporte público, Elizabeth no volvió a ninguna de las tres casas donde trabaja. Desde hace dos meses no recibe el salario de 100 quetzales por día, unos 13 dólares. Una de sus patronas sí la ayuda un poco, dice. Los empleadores de Elizabeth viven en las zonas 10 y 14 de la capital, dos áreas acomodadas para familias de clase media alta y clase alta.
La
guatemalteca Elizabeth Tambriz es trabajadora doméstica, una de las
250,000 mujeres que limpian, cocinan y cuidan niñospara ganarse la vida.
Foto\Julio Serrano Echevarría-Agencia Ocote
En el trabajo doméstico usualmente no hay contratos (aunque por ley
sería válido un trato verbal), la mayoría no recibe prestaciones ni
indemnización cuando se retiran. Para Elizabeth, en este momento, su
única aspiración —y el de otras vecinas— es poder tener trabajo. Por
ahora, sobreviven con su esposo y su hija de 13 años, con el salario
reducido de él, que es conductor de autobuses: 800 quetzales (100
dólares).
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha esbozado escenarios sobre los efectos que tendrá la COVID-19 en Guatemala, y en Centroamérica. Uno de estos: la caída de un tercio de los ingresos del turismo, caída del 20 por ciento del flujo de remesas que provienen de los migrantes, la caída del 20 por ciento de las exportaciones. Esto provocaría el quiebre de empresas, un aumento de pobres y, con ello, de las brechas de desigualdad. El peor de los escenarios, según este organismo, llevaría a una ingobernabilidad democrática. En Guatemala, casi el 80 por ciento de la población trabaja en el sector informal, una de las cifras más altas de Centroamérica, de acuerdo con el Icefi. La solución para Menkos, es una estrategia de ingreso básico garantizado, en que todos los ciudadanos reciban un bono, que garantice la subsistencia e impida discrecionalidad en el reparto de la ayuda.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) ha esbozado escenarios sobre los efectos que tendrá la COVID-19 en Guatemala, y en Centroamérica. Uno de estos: la caída de un tercio de los ingresos del turismo, caída del 20 por ciento del flujo de remesas que provienen de los migrantes, la caída del 20 por ciento de las exportaciones. Esto provocaría el quiebre de empresas, un aumento de pobres y, con ello, de las brechas de desigualdad. El peor de los escenarios, según este organismo, llevaría a una ingobernabilidad democrática. En Guatemala, casi el 80 por ciento de la población trabaja en el sector informal, una de las cifras más altas de Centroamérica, de acuerdo con el Icefi. La solución para Menkos, es una estrategia de ingreso básico garantizado, en que todos los ciudadanos reciban un bono, que garantice la subsistencia e impida discrecionalidad en el reparto de la ayuda.
Una
vista a la comunidad Las Mercedes en Guatemala. La situación de los
trabajadores informales era precaria desde antes, pero ahora se agudizó
con la pandemia.Foto\Julio Serrano Echevarría -Agencia Ocote
El economista Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi y
excandidato vicepresidencial por el partido Semilla en las elecciones
recién pasadas, asegura que “en el caso de Guatemala, la pérdida sería
de 555,000 empleos. Y eso para Guatemala significaría la pérdida de los
últimos seis años de empleos formales generados. El país genera tan
pocos empleos formales, 25,000 empleos registrados en el IGSS (Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social) al año, en una sociedad de 16
millones de habitantes. Es nada”.
Para Menkos, las medidas de encierro podrían propiciar un aumento en la tasa de pobreza en los hogares guatemaltecos del 57.15 por ciento a 65.5 por ciento. Debido a la pérdida de ingresos ya que casi ningún hogar tiene ahorros, ni seguros de empleo, ni transferencias condicionadas. “Si la pérdida de ingresos en los hogares de Guatemala persiste por cuatro meses, podríamos tener un incremento de la pobreza de 1,236,000 personas”.
Matilde Alonso es un líder comunitario de Las Mercedes y trabaja con Elizabeth Tambriz en la organización vecinal. Para Alonso, como la prioridad en este momento es la salud, “sucede que todo el mundo está hablando de esto: de los más vulnerables, de los más necesitados. Pero, en realidad, nosotros todo el tiempo hemos estado necesitados”.
“A nosotros nos tocó nacer así, aquí en la raza más vulnerable”, explica.
Para Menkos, las medidas de encierro podrían propiciar un aumento en la tasa de pobreza en los hogares guatemaltecos del 57.15 por ciento a 65.5 por ciento. Debido a la pérdida de ingresos ya que casi ningún hogar tiene ahorros, ni seguros de empleo, ni transferencias condicionadas. “Si la pérdida de ingresos en los hogares de Guatemala persiste por cuatro meses, podríamos tener un incremento de la pobreza de 1,236,000 personas”.
Matilde Alonso es un líder comunitario de Las Mercedes y trabaja con Elizabeth Tambriz en la organización vecinal. Para Alonso, como la prioridad en este momento es la salud, “sucede que todo el mundo está hablando de esto: de los más vulnerables, de los más necesitados. Pero, en realidad, nosotros todo el tiempo hemos estado necesitados”.
“A nosotros nos tocó nacer así, aquí en la raza más vulnerable”, explica.
Matilde
Alonso, líder de la comunidad Las Mercedes en Guatemala, sostiene que
le tocó nacer en la raza de los vulnerables. Foto\Julio Serrano
Echevarría -Agencia Ocote
En efecto, la ayuda del Gobierno para atender tanto la emergencia
sanitaria relacionada directamente con el virus, como todos los daños
colaterales de ésta, llegan a cuentagotas. Pese a la aprobación de
préstamos millonarios, la promesa de bonos de ayuda y de bolsas de
alimentos, que representan un paliativo para la crisis, se necesita más y
tampoco se cubre a toda la población que se enfrenta a la disyuntiva de
mantenerse a salvo del virus en sus casas o ganarse con su trabajo el
bocado del día.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Tegucigalpa.- Con fracturas y lesiones en su
cuerpo , que le impiden valerse por sí solo, se encuentra Miguel
Padilla, quien fue brutalmente golpeado por la Policía Militar del
Orden Público, a vista y paciencia de la Policía Nacional, que aunque
no participó en el ataque, no hizo nada por impedirlo.
Miguel tiene ocho días de estar postrado en una cama a causa de los múltiples golpes que le causaron elementos represores del estado, solo por preguntar el motivo de la detención de su cuñado, quien minutos antes le había dicho a los miembros de la patrulla que por favor bajaran las luces, ya que las llevaban muy altas y había un culto, lo que originó su detención y en este momento se encuentra en recuperación, ya que no se puede mover ni para ir al baño.
En comunicación con defensoresenlínea.com, Miguel dijo “estoy aquí recuperándome poco a poco, no me siento muy bien, yo no tengo los medicamentos que necesito, porque no puedo ni trabajar. Además yo soy padre de dos gemelas, tenía 3 hijos pero se me murió uno hace cinco meses; mis dos hijas tienen 6 años y yo soy el único sustento que tienen para poder sobrevivir, y yo no puedo trabajar en nada, porque los médicos me dijeron que no podía en este estado”.
Indicó que los militares le golpearon más en la columna y que además tiene una fractura en las costillas y al no poderse dar vuelta tomó la decisión de mandarse a sobar.
Miguel dice que aún no se siente bien ya que para ir al baño su esposa lo tiene que llevar, porque todavía no puede valerse por sí solo, al mismo tiempo que dijo que lo golpearon solo por preguntar el porqué de la detención de su cuñado y que no estaban haciendo nada malo.
Solo fue que yo le dije que porque me llevaban a mi cuñado si estábamos en un servicio de culto y me dijeron “y vos que”, y me empezaron a golpear y a torcer los brazos y allá en la posta me golpearon delante de los otros policías los azules (Policía Nacional), y a mi cuñado lo metieron en la celda y ahí me siguieron golpeando, incluso cuando estaban en el parqueo.
Con voz entre cortada dijo que “mis niñas están pequeñas y yo no puedo trabajar. Yo trabajo con el machete y solo gano 150 lempiras al día y ahora sin poder trabajar no sé cómo podré mantenerlas”.
Es importante señalar que Miguel y su familia se encuentran fuera de su casa, ya que por temor a represalias de los elementos represores del estado, tuvieron que dejar su hogar.
“En ese momento yo no estaba en el culto, yo iba a traer a mi esposa porque me dijo que la fuera a traer, ya que donde nosotros vivíamos es muy oscuro, es en la comunidad El Destino, que pertenece al municipio de San Francisco de La Paz, en el departamento de Olancho, pero nos salimos de allí, ya que tenía miedo porque estaba yo solo con mi esposa, no podía quedarme allí y alguien me dijo que me fuera a la casa de él, y por mi seguridad no puedo decir a donde estoy viviendo ahora”.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Campanario en el municipio Guarizama en el departamento de Olancho, cuando Miguel Padilla llegó al lugar donde se estaba realizando un culto para recoger a su esposa, encontrándose con la sorpresa que se llevaban a su cuñado detenido, sin ninguna razón, y al consultar el motivo, lo detuvieron también a él, ensañándose al mismo tiempo al darle golpes sin piedad, en una clara violación a los derechos humanos.
Los
conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea
editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque
contribuyen a tener una visión integral de la región.
La pandemia generada por el COVID 19 ha creado una nueva realidad. Ha cambiado el estilo de vida de la humanidad y demanda repensar el actual orden político, económico, social y cultural.
Las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas por la pandemia, nos privó de nuestra cotidianidad. Docentes y estudiantes abandonamos la “presencialidad” y de manera abrupta trascendimos a la “virtualidad”. En la mayoría, la necesidad y el compromiso fue lo que generó las capacidades y habilidades para continuar de manera eficaz el proceso de mejora continua a través de los objetivos, métodos y los resultados de aprendizaje trazados al inicio del año.
Esta realidad, evidenció que muchos estudiantes, padres de familia y docentes no cuentan con el acceso a internet ni con los recursos económicos suficientes para costearse “el paquete de datos” para sus teléfonos móviles. En otras palabras, la “virtualidad” se convierte en la nueva modalidad educativa, pero tiene un costo económico que alguien tiene que sufragar.
El sistema educativo nacional en todos sus niveles, incluyendo superior no tiene conexión a internet gratuito ni la economía familiar permite ponerla al alcance de la mayoría de sus estudiantes. En Honduras, se estima que hay una cantidad menor a tres millones de usuarios de internet, según los datos del INE. Esto indica que el acceso a internet aún se encuentra reservado para una parte privilegiada de la población, es decir, a aquella que cuenta con los recursos suficientes para pagar este servicio, mientras, que otro segmento de la población, como muchos estudiantes, busca la conectividad en los escasos sitios públicos de la comunidad.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en varios de sus objetivos, metas e indicadores, contempla la garantía para que todos los hombres y mujeres, en particular, las personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, tengan los mismos derechos entre otros, a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 2011 declaró el acceso a internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Desde entonces, las diversas relatorías especiales del Sistema Universal y Regional se han dedicado a la promoción y protección del acceso a internet como medio instrumental para la realización del derecho a la libertad de opinión y expresión, sin dejar de incluir, entre otros, el de la educación.
En varios países del mundo, el acceso a internet ha sido reconocido como un nuevo derecho fundamental e inclusive han armonizado su ordenamiento jurídico a tal situación. Un plausible ejemplo es Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho país ha dictado varias sentencias sobre la calidad de los servicios de internet y telefonía; la dotación de tales servicios a centros de prestación de servicios públicos, centros educativos, centros de salud y comunitarios; el establecimiento de una política de uso justo; el acceso funcional a internet; carácter prestacional y esencial del servicios telefónico básico tradicional; y, el acceso a internet como derecho fundamental, entre otros (Sentencias números: 6296-2020; 19042-2019; 10381-2018; 11212-2017; 16158-2016; 13921-2015, 015411-2014 etc. ).
Fue en la sentencia No. 12790-2010, que paradigmáticamente, la referida Sala declaró el acceso a internet como derecho fundamental, indicando que el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y el acceso a la información, entre otros.
Esa Sala, con respecto a los deberes del Estado precisó: “Para este Tribunal queda fuera de cuestionamiento que el acceso a Internet es un derecho fundamental y, como tal, merece plena tutela en esta sede. Además, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de promover su democratización, procurando disminuir la llamada brecha digital. Es deber de los órganos y entes públicos que componen la organización administrativa a prestar, según los principios de la igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud positiva y proactiva frente a los administrados”.
Esto, es así porque en el marco del Estado de Derecho resulta de especial relevancia, crear las condiciones para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, como el nuevo derecho de acceso a internet. Como lo señala la reciente doctrina en la materia, el acceso a internet supone un derecho que debe ser garantizado por el Estado desde tres puntos de vista. El primero, desde su relación con otros derechos como a la educación y al trabajo, puesto que se retroalimentan recíprocamente; el segundo, desde la dimensión del principio democrático, debido a los límites que puede establecer al Estado y de la participación de personas, grupos y de sectores históricamente excluidos; y, el tercero, que implica una dimensión más amplia del ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República.
Teniendo presente la trascendencia constitucional y convencional que tiene el acceso a internet en la nueva modalidad educativa generada en el contexto de la pandemia del COVID 19, es claro que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a internet en los centros educativos en todos sus niveles, pero, además, en los centros de salud, hospitales y clínicas periféricas, oficinas públicas, y comunidades rurales. Ahora que el país se ha endeudado para llevar a cabo el Plan Nacional de Banda Ancha que extendería la infraestructura de telecomunicaciones (Decreto No. 33-2020 de 3 de abril de 2020), no hay excusa alguna para la prestación y concreción de este nuevo derecho fundamental, cuyo cumplimiento y exigibilidad está en ciernes en Honduras.
Tegucigalpa M.D.C. 5 de junio de 2020.
Criterio
La semana pasada, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worlwide solicitaron al máximo órgano judicial hondureño un informe sobre el trabajo de atención a casos de violencia doméstica, que deberían estar desarrollando los Juzgados de Paz mientras dure la suspensión de labores en el poder judicial por la pandemia de Covid-19.
La decisión tomada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue plasmada en el Acuerdo No. PCSJ 16-20201, donde se instruye a los jueces de paz recepcionar denuncias e imponer medidas de seguridad, velando por su cumplimiento.
Uno de los efectos más graves de la pandemia es la profundización de las desigualdades que ya existen en la sociedad. En este contexto, la cuarentena se convierte en fuente de mayor amenaza para muchas mujeres, niños y niñas.
Desde la entrada en vigencia de las medidas restrictivas, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM ya reportó 26 femicidios – 12 de ellos en lo que va del mes de mayo -, 3 intentos de femicidio y 10 casos de violencia sexual. En total se registran 95 femicidios desde enero.
Miedo e impunidad
Hasta el 30 de abril, el Ministerio Público reportó más de 300 casos de violencia doméstica, aunque todo apunta a que la situación sea más grave por el miedo de muchas mujeres a denunciar a su agresor.
En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.
El Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla” asegura que entre marzo y abril registró casi 13 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio, y más de 32 mil denuncias desde el inicio del año.
Según el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. Más del 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad.
Es por eso que, ante esta difícil situación, las organizaciones firmantes solicitaron al máximo órgano judicial un informe sobre la implementación del Acuerdo PCSJ 16-2020.
En especial pidieron conocer la cantidad de denuncias domésticas recibidas, la cantidad de Juzgados de Paz abiertos al público y si se han realizado campañas informativas dirigidas a las mujeres.
También solicitaron conocer qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y de qué forma están monitoreando su implementación.
Nuevo Código Penal
La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Honduras podría hasta empeorar debido a la entrada en vigencia del nuevo y muy cuestionado Código Penal, que estaba prevista para el 10 de mayo.
Las muchas críticas, la presión popular y la crisis sanitaria de estos meses hizo que los legisladores aprobaran extender por 45 días más la vacatio legis.
Entre otras críticas que le han llovido al nuevo Código Penal a nivel nacional e internacional, destacan las del CDM y otras organizaciones de mujeres y feministas que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el retroceso en la defensa de la vida de las mujeres.
El nuevo texto, por ejemplo, baja de entre 30 y 40 años a entre 20 y 30 años la pena para el femicidio. Asimismo, disminuye de entre 10 a 15 años a entre 9 y 13 años la pena por violación.
También desaparece el concepto de “violación especial” (pena de 15-20 años).
Podcast
Vídeo
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Falta de alimentos y medicamentos
principales razones de protestas en tiempo de pandemia
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). - El
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras
(OACNUDH), ha observado que las manifestaciones y la protesta social se
han incrementado en el contexto de la crisis #COVID19 en Honduras, esta
organización ha contabilizado 372 protestas en 17 departamentos del
país, siendo el departamento de Francisco Morazán con el mayor número de
123 protestas realizadas.
Entre las exigencias detalladas según gráfico
la mayor motivación de las manifestaciones es por alimentos con un
cuarenta por ciento, el siguiente es el pago de bonos estatales con un
diecisiete por ciento y otra es el regreso al trabajo.
TRATO CON DIGNIDAD EXIGEN EMPLEADOS DE SALUD
Se
agudiza la falta de insumos en hospitales del país es por ello que
personal de salud ha salido a protestar, entre las exigencias solicitan
insumos de bioseguridad y que se realicen pruebas de COVID 19 a todos
los empleados de salud.
“Es
necesario que se nos de material de bioseguridad, es necesario que se
nos dé un trabajo digno, es necesario que se nos hagan todas las pruebas
al personal de enfermería, es necesario que se nos trate con dignidad” expresa en protesta una enfermera del Hospital San Felipe de Tegucigalpa.
Según
manifiesto público de médicos graduados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), expresaron “Conocemos a fondo la
problemática sanitaria que por décadas hemos vivido, sabemos del poco
interés que la mayoría de los gobiernos han dado al tema salud, hemos
vivido la escasez de presupuesto y recursos en nuestras diferentes
unidades asistenciales y hemos llorado de coraje e impotencia ante las
mismas”.
Agregaron
“Desde el inicio de este gobierno el tema de salud ha sido utilizado
para buscar réditos políticos, se ha mentido organizando Comisiones o
Juntas Interventoras cada vez que ha salido a la luz pública un problema
y dichas Comisiones o Juntas no han hecho nada real por cambiarlo sino
que solo han servido para ganar tiempo e invisibilizar el problema
ocultando como los gatos sus falencias. Si faltan medicamentos se ha
acusado al personal de robárselo, si falta equipo de bioseguridad dicen
que el personal se lo roba o lo mal utiliza, si no funcionan los
quirófanos es porque alguien se robó hasta un tornillo, si no hay cupos
han llegado a la desfachatez de decir que es culpa de la población que
se enferma porque no se cuida, etc”.
Además exigieron “Al Gobierno de la República le exigimos cumplir con su obligación constitucional*
(aunque lamentablemente no esté muy acostumbrado a respetarla) *de
garantizar la salud y la vida de nuestros conciudadanos*, y esto no pasa
simplemente por hacer show y tratar de trasladar responsabilidades
gritando sin investigar porque hay 50 camas vacías en un hospital que
hace años fue rebasado en su capacidad de atención y que ha ido
adaptando incluso terrazas y aulas de clases para poder atender el
aumento de pacientes que la misma pobreza, la violencia, la desnutrición
y la impunidad han generado, y ufanándose de que ya le echaron grava a
una calle polvorienta por años frente al principal centro Covid de la
capital cuando desde hace años si han pavimentado con concreto las
calles enfrente de sus propias casas”.
ESCASEZ DE MEDICAMENTOS Y AUMENTO DE COVID19 EN CÁRCEL
Según
monitoreo de medios de CONEXIHON se han registrado varias protestas de
familiares y organizaciones de DDHH en defensa de privados de Libertad
de las cárceles del país, esto porque aducen que los casos positivos y
muertes por COVID 19 en los centros penitenciarios han aumentado en los
últimos días.
La asociación de DDHH COZUMEL Trans por medio de comunicado
la situación de vulnerabilidad ante la enfermedad por coronavirus
(COVID 19) en personas privadas de libertad, manifestó “La omisión en el
accionar por parte del Estado se refleja por no actuar de manera
inmediata en el proceso de descongestionar o enfrentar el hacinamiento
en los centros penitenciarios”.
Los familiares de algunos privados de libertad realizarón protesta frente al Instituto Nacional Penitenciario (INP),
somos esposas y madres preocupadas por los privados de libertad ellos
nos han expresado que les han perdidos las pruebas que les han realizado
de COVID 19, estamos preocupados porque en Casa Blanca hay 700 privados
de libertad contagiados, dicen nuestros familiares que en el
hospitalito no hay medicamentos” añadió “ lo que nosotros estamos
pidiendo es la visita y llevarles medicamentos a nuestros familiares, (hora 11:09)
Finalmente según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INP) han fallecido cinco reclusos en la cárcel de Támara en sólo una semana, según monitoreo de medios de comunicación se presume que las causas de muerte son por COVID 19.
Sin apoyo estatal, pero con ayuda ancestral, ciudadanos reactivan la agroecología
Tegucigalpa, Honduras (Contexihon).–
Desde hace casi cuatro meses, cuando se quedaron sin fuentes de empleo,
sin servicio de transporte público, sin dinero y con un Decreto
Presidencial que restringe garantías constitucionales, entre estas la
libertad de movilización, la madre tierra les provee alimentos para sus
hogares.
Al
no tener ingresos económicos, ni métodos para generarlos, un total de
15 familias de la comunidad de Azacualpita del municipio de Santa Ana,
departamento de Francisco Morazán, decidieron retomar el legado
histórico de su dinastía Lenca y emprendieron un proyecto comunitario
para la siembra de hortalizas.
Según
el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2013, el municipio de
Santa Ana, posee una extensión territorial aproximada de 65 km², está
conformado por 6 aldeas y 60 caseríos que totalizan una población de
17,123 personas la cual está compuesta por 8,499 hombres y 8,624
mujeres.
De
acuerdo al Informe Regional 12-Centro, elaborado por el Foro Nacional
de Convergencia (FONAC), en el año 2018, el Municipio se caracteriza
“por proveer mano de obra de baja remuneración a la Capital: albañiles,
guardias de seguridad, jardineros, jornaleros, empleadas domésticas y
dependientes de pequeños negocios, entre otros”.
Durante
un recorrido de 10 kilómetros, unas dos horas caminando desde el desvió
de la carretera principal CA-5 hacia la comunidad de Azacualpita, Conexihon HN, conversó con Zulema Cruz, una integrante de la iniciativa sobre agroecología como mecanismo de sobrevivencia familiar.
“Son
tierras familiares y la mayoría se han quedado sin fuentes de empleo,
como todos aquí dependemos de un empleo en la ciudad capital, todos los
días invertimos cuatro horas en el traslado a nuestros trabajos, pero
desde el 15 de marzo no tenemos buses y tampoco carro propio, así que no
podíamos llegar a los trabajos”, narró Zulema.
“Esto
no lo dimensionan los patrones, ellos no saben nuestras realidades y
por eso varios se quedaron sin trabajo, porque eso de la cuarentena es
una verdadera mentira, lo único que se paró fue el transporte público,
pero mis primos que se dedican a la construcción, otros jornaleros y
vendedores fueron desplazados de sus trabajos porque no pudieron
presentarse a falta de buses”, aseveró Zulema.
Bajo
este contexto Mario Cruz, un patriarca nato de 49 años de edad, convocó
a sus hermanos, sobrinos e hijos, para plantearles la idea de empezar a
producir sus tierras de manera colectiva y con ello poder garantizar
una soberanía alimentaria en sus núcleos familiares.
Soberanía alimentaria, legado de conocimientos ancestrales
Según
narró Don Mario Cruz, hace tiempo se conformó una asociación de
campesinos integrada por varias familias de la comunidad, para poder
cumplir con dos objetivos: el primero aprovechar sus tierras, y el
segundo poder retomar sus costumbres ancestrales lencas y así enseñarles
a los niños a trabajar la agricultura.
“Manejamos
dos conceptos, soberanía y seguridad alimentaria; lo segundo es
producir grandes cantidades, eso hacen todos los países, sin importar
sacar al campesino de sus tierras porque a los empresarios lo que les
interesa es que haya comida para toda la humanidad, eso es bueno, lo
malo es que les quiten las tierras a los campesinos engañándolos como a
la gente del Bajo Aguan”, detalló Don Mario
“Nosotros
queremos manejar la soberanía alimentaria que es cultivar nuestras
tierras con los conocimientos ancestrales, utilizando abonos orgánicos
que le dan más vida a la tierra, no la esterilizan, la fortalecen, para
ellos usamos gallinaza o estiércol de vaca o caballo...también
preparamos los biofertilizantes, el estiércol de vaca fresco sirve de
abono para las plantas, se le aplican las medidas idóneas, se le combina
con suero, ceniza y en 30 días tendremos un gran fertilizante”, aseguró
Don Mario.
Para
Don Mario la disciplina y la perseverancia son la base del éxito para
los cultivos, en el campo aseguro, se encuentra todo tipo de
microorganismos que descomponen la materia orgánica, ese proceso lleva
mayor trabajo, pero mayores beneficios al final del camino.
“Además
aquí todos trabajamos parejos, niños, niñas, jóvenes, adultos, todos
somos uno solo, cada quien desde sus propios espacios y habilidad…es
algo muy bonito que no le puedo explicar, aquí nadie se embolsa un peso
(Lempira, moneda nacional), todo lo producido lo dividimos
equitativamente y si hay remanentes los vendemos para seguir
invirtiendo”, expuso Don Mario.
Según
Don Mario, hubo una sobre producción de maíz, vainas de frijoles
tierno, lechuga, culantro de castilla y pipianes, estos fueron vendidos a
vecinos y con ese dinero se compraron herramientas de trabajo y así
iniciaron el cultivo de más tierras con otro tipo de siembras.
Por
ejemplo, aseguro Don Mario, por cada cosecha de maíz salen hasta tres
mil elotes, los que se vendieron y con ello las 15 familias pudieron
pagar la energía eléctrica de sus hogares, “entonces no llevamos dinero
por concepto de salarios, pero si podemos comer e incluso saldar deudas
familiares indispensables”.
Espejismo del desarrollo
La
utopía del agro para los y las productores medianos y pequeños, cada
día se enfatiza mas en Honduras, el sueño de Don Mario de la soberanía
alimentaria a través de la agroecología marca un antes y un después en
la historia del país en consecuencia de la pandemia por el COVID- 19.
La
crisis sanitaria, económica y emocional ocasionada por el COVID-19,
impulso un plan para incentivar el acceso al crédito agroalimentario
para mitigar los accesos reales de la pandemia, mediante una línea de
crédito de 90 millones de lempiras del Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para la reactivación del agro a
través del programa “Agrocrédito 8.7”, cuya finalidad es garantizar la
cadena alimenticia y generar empleo en cada zona productiva.
Agrocrédito
8.7%, en teoría cuenta con una cartera de crédito que permite
financiamientos hasta 40.0 millones de lempiras para inversión y nueve
millones para capital de trabajo. A través de un fideicomiso del Banco
Central de Honduras (BCH) y BANHPROVI, se estima poder beneficiar a más
de 2,000 productores y darle un crecimiento del 9% del sector
agroalimentario con la inversión de estos créditos.
La
inversión a financiar del Agrocrédito para el año 2020 es de 3,000
millones de lempiras, para garantizar el aumentar productividad, la
tecnificación de la producción y el fortalecimiento a la cadena de
valor. Para ello los préstamos se ajustan a la medida de cada rubro
productivo, ofreciendo hasta tres años de gracia para inversión y 10
años plazos para el pago de los créditos.
El
Agrocrédito seria para la propuesta de agroecología de la familia Cruz
en la comunidad de Azacualpita, una buena oportunidad para fortalecer la
soberanía alimentaria, pero según Don Mario todo queda en un bonito
sueño, alejado de la realidad de los campesinos.
Don
Mario expreso que: “Los campesinos no tenemos acceso a los préstamos,
hablaron de cuatro mil millones para el agro, pero se los dieron en las
manos a los militares para que los manejaran, pero no dieron parte de
ese dinero que lejos está de los campesinos, por otra parte el tal bono
tecnológico también es una farsa, nunca nos llegan insumos, a veces
aparecen y regalan 20 libras de fertilizante, imagínese alguien que
siembre una manzana de maíz y para poder mantenerla antes que produzca
necesita seis quintales de urea y ellos solo dan 20 libras”.
Otro aspecto, según Don Mario, es que los campesinos no tienen acceso a las tierras.
“Aquí
hay personas que abandonó sus propiedades porque les dijeron que les
iban a dar grandes cantidades de dinero con el proyecto de la energía
eólica, eso fue una farsa, un engaño como el que nos hicieron los
españoles cambiándonos espejo por oro, hay gente que alquiló sus tierras
por 50 años, entonces las transnacionales vienen encima de nosotros,
quitándonos los ríos, adueñándose de los lugares fértiles donde podemos
producir la comida”.
Conexihon HN,
le pregunto a Don Mario sobre el proyecto del Agrocredito 8.7, a lo que
respondió “Al campesino no le dan nada, el gobierno solo es propaganda,
al campesino si pueden le vienen a quitar todo lo que tiene, no tenemos
ayuda ni del gobierno central, menos del municipal, no tenemos derecho a
esos préstamos que dicen, cuando nos acercamos nos dicen que no
cumplimos los requisitos”.
La
respuesta de Don Mario se hizo acompañar con un rostro desencantado de
un acostumbrado a trabajar bajo las inclemencias del tiempo, con
trabajos pesados y con horarios de más de 12 horas por día.
Por
eso nos atrevimos a preguntarle, ¿Que haría si pudiera acceder al
préstamo de Agrocredito? Su respuesta fue rápida y sencilla,
“jajajajaja, si fuera cierto, no pedimos mucho, creo que lo que más nos
urge es un buen sistema de riego, hacer un proyecto para guardar aguas
de lluvias que se desperdician”.
En
esta respuesta, culminó el recorrido en la comunidad de Azacualpita y
con ello el trabajo del día de las 15 familias que se niegan a abandonar
la soberanía alimentaria de sus comunidades a través de la
implementación de sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y
estabilizan la producción, desde la promoción de la justicia social, el
fortalecimiento de la identidad y la cultura.
COFADEH interpone Habeas Corpus por detención de víctima de El Tumbador
Por Sandra Rodríguez -
15 mayo, 2020
Francisco Ramírez, sobreviviente El Tumbador (2010)/rp
Tegucigalpa, Honduras.- Por
un supuesto delito de usurpación fue llevado a los Juzgados de
Trujillo, Colón, el sobreviviente de la masacre en la finca El Tumbador,
Francisco Celedonio Ramírez, quien reside en la comunidad Guadalupe
Carney.
El hecho se dio este jueves 14 de mayo, a
las 3:00 p.m. según informaron anoche defensores de la tierra y
territorio, al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), por lo que se procedió a interponer un recurso de
Exhibición Personal o Habeas Corpus, en favor del Ramírez.
el Habeas Corpus se interpuso esta
madrugada de 15 de mayo, vía correo digital, por la restricción de
movilización y cierre de oficinas estatales, informó la abogada Karol
Cárdenal del Área de Acceso a la Justcia del COFADEH.
La audiencia de presentación de
imputado, probablemente sea esta mañana de viernes a las 10 horas en la
ciudad de Trujillo, departamento de Colón, costa norte de Honduras.
La detención se dio ayer, cuando el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), celebraba el 20 aniversario de fundación de la comunidad “Guadalupe Carney” donde vive junto a su familia, Francisco Ramírez.
Debido al confinamiento por la
emergencia sanitaria para evitar la propagación del COVID-19 o
Coronavirus, no se hizo la acostumbrada celebración pública, pero si
había “paso cadena de las vacas” que consiste en compartir con los más
necesitados, detalló una defensora de derechos humanos de la comunidad.
La policía y militares no dejan de
rondar la comunidad, y Francisco andaba en labores agrícolas, cuando se
dio el hecho, del cual poco se ha informado, lamentaron fuentes
consultadas, que no se pueden movilizar por el toque de queda
establecido en Decreto Ejecutivo PCM 021-2020 que desde hace dos meses
suspendió garantías constitucionales.
Desde entonces el COFADEH advirtió la
criminalización contra defensores de derechos humando que se impondría
por la militarización del país. ”Por mucho miedo que tengan, señores de la dictadura, no se metan otra vez contra las libertades” expresa el comunicado del 16 de marzo.
Más de 300 mil familias hondureñas que
se dedican a la agricultura no tienen tierras propias, por lo que muchas
de ellas se han unido a la recuperación de las mismas, aunque eso
conlleva a poner de escudo la vida misma, como les sucedió a cinco
campesinos el 15 de noviembre del 2010, en la finca El Tumbador, que
habitaban en la comunidad Guadalupe Carney.
Las víctimas mortales son Teodoro Acosta
(39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz
(50) y José Luis Sauceda (25), además cuatro quedaron heridos, entre
ellos Francisco Ramírez, que ha atravesado casi 10 años para ir curando
heridas en su rostro y cicatrices imborrables en su memoria.
El MCA está en la región donde funcionó
el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en la década de
1980, y ha sido escenario de violaciones a derechos humanos en el Bajo
Aguán, por lo que recuperar esas tierras es parte de la lucha por la
reivindicación de las cientos de víctimas de militares y terratenientes.
Hace 20 años empezaron a llegar las
primeras familias esa productiva zona, ubicada entre Tocoa y Trujillo.
Era un gran potrero, pastaba el ganado de terratenientes y solo había
monte, recordó en una visita reciente que hizo el COFADEH a la
comunidad, Odilio Aguilar, líder campesino y comunal de la “Guadalupe
Carney”.
Francisco es una de las personas que se
unió al proceso de recuperación de la tierra que servía al entrenamiento
militar y posterior a terratenientes, por lo que ha sido criminalizado y
atacado.
Se teme que al lider campesino se que imputen delitos no cometidos o reabra juicios de los que ha sido ya absuelto.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Aparece “muerto” Garifuna dentro del plantel de termoeléctrica ilegal en Sambo Creek.
ofraneh / mayo 2, 2020
En horas de la tarde del primero de Mayo, fue encontrado el cadáver de Edwin Noel Sacaza Flores
originario de la comunidad de Sambo Creek, dentro de un contenedor en
el plantel de la Termoeléctrica La Ensenada, sin que hasta el momento
exista una versión oficial de los hechos acontecidos.
La planta termoeléctrica de la Ensenada, fue de inmediato militarizada con la presencia de unos 40 elementos, al mismo tiempo que miembros de la comunidad Garifuna de Sambo Creek, se hicieron presentes frente a la misma, exigiendo justicia y cierre de dicha termoeléctrica, por el supuesto asesinato de Edwin Zacaza, el que laboraba como guardia de seguridad de la termoeléctrica
La instalación de la termoeléctrica, fue rechazada por la comunidad de Sambo Creek, por la falta de una consulta previa, libre informada con las comunidades Garifunas del entorno, las que sorpresiva mente fueron informadas sobre la construcción del plantel en junio de 2018, siendo concluida la construcción en diciembre del mismo año, sin contar con licencia ambiental, y con el agravante que dicha planta esta instalada entre el Parque Nacional Cordillera Nombre de Dios y el Monumento Marino Cayos Cochinos.
El aparente asesinato de Edwin, forma parte del secreto con que el Grupo Laeisz, propiedad de Benjamin Hirsch, maneja sus negocios. Casualmente el cinco de mayo del año pasado, tres generadores fueron incendiados en la estación de la termoeléctrica San Isidro -propiedad del Grupo Laeisz- siniestros que el controvertido ex gerente de la ENEE culpó precipitadamente a grupos opositores, al mismo tiempo que el sindicato del ENEE señalo a la operadores de haber causado el siniestro.
Cabe señalar que la termoeléctrica de la Ensenada, comenzó a funcionar por primera vez de forma oficial el pasado 5 de abril, según la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional. La termoeléctrica en cuestión funciona a base del contaminante búnker c (fuel#6), y en las negociaciones efectuadas en primera instancia cotizaron el kmh a 0,18.80, uno delos precios más caros de producción eléctrica en América Latina.
Honduras se ve actualmente afectada por la pandemia de COVID-19, mientras en la ultima década a enfrentado una epidemia de violencia estructural, agravada por la inexistencia de un estado de derecho, donde la impunidad se manifiesta en un 95% de los homicidios.
En horas de la noche de ayer, miembros de la comunidad se movilizaron a la ciudad de La Ceiba a protestar frente a la morgue, exigiendo justicia en relación a la muerte de Edwin. Actualmente se encuentran a espera de los resultados de la autopsia, que puedan revelar las posibles causas del fallecimiento y posteriormente esclarecer cómo fue que el joven Garifuna terminó dentro del contenedor, donde aparentemente falleció asfixiado.
Existen muchas dudas entre miembros de la comunidad sobre lo acontecido, de como se le dará curso a las investigaciones y sus resultados, ya que hasta la fecha, los responsables de la empresa Laesiz y las autoridades locales, han mostrado una enorme complicidad con la familia Hirsch.
Por lo que exigimos una investigación imparcial se informe y se castigue a los culpables, al mismo tiempo que nos adherimos a la exigencia de la comunidad, el cierre de la Termoeléctrica, por inconsulta, por no cumplir con los estándares medioambientales, al utilizar un sistema obsoleto dañino para la salud del ambiente y de las personas.
La Ceiba, Atlántida 2 de Mayo del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
La planta termoeléctrica de la Ensenada, fue de inmediato militarizada con la presencia de unos 40 elementos, al mismo tiempo que miembros de la comunidad Garifuna de Sambo Creek, se hicieron presentes frente a la misma, exigiendo justicia y cierre de dicha termoeléctrica, por el supuesto asesinato de Edwin Zacaza, el que laboraba como guardia de seguridad de la termoeléctrica
La instalación de la termoeléctrica, fue rechazada por la comunidad de Sambo Creek, por la falta de una consulta previa, libre informada con las comunidades Garifunas del entorno, las que sorpresiva mente fueron informadas sobre la construcción del plantel en junio de 2018, siendo concluida la construcción en diciembre del mismo año, sin contar con licencia ambiental, y con el agravante que dicha planta esta instalada entre el Parque Nacional Cordillera Nombre de Dios y el Monumento Marino Cayos Cochinos.
El aparente asesinato de Edwin, forma parte del secreto con que el Grupo Laeisz, propiedad de Benjamin Hirsch, maneja sus negocios. Casualmente el cinco de mayo del año pasado, tres generadores fueron incendiados en la estación de la termoeléctrica San Isidro -propiedad del Grupo Laeisz- siniestros que el controvertido ex gerente de la ENEE culpó precipitadamente a grupos opositores, al mismo tiempo que el sindicato del ENEE señalo a la operadores de haber causado el siniestro.
Cabe señalar que la termoeléctrica de la Ensenada, comenzó a funcionar por primera vez de forma oficial el pasado 5 de abril, según la Asociación Operador del Sistema Eléctrico Nacional. La termoeléctrica en cuestión funciona a base del contaminante búnker c (fuel#6), y en las negociaciones efectuadas en primera instancia cotizaron el kmh a 0,18.80, uno delos precios más caros de producción eléctrica en América Latina.
Honduras se ve actualmente afectada por la pandemia de COVID-19, mientras en la ultima década a enfrentado una epidemia de violencia estructural, agravada por la inexistencia de un estado de derecho, donde la impunidad se manifiesta en un 95% de los homicidios.
En horas de la noche de ayer, miembros de la comunidad se movilizaron a la ciudad de La Ceiba a protestar frente a la morgue, exigiendo justicia en relación a la muerte de Edwin. Actualmente se encuentran a espera de los resultados de la autopsia, que puedan revelar las posibles causas del fallecimiento y posteriormente esclarecer cómo fue que el joven Garifuna terminó dentro del contenedor, donde aparentemente falleció asfixiado.
Existen muchas dudas entre miembros de la comunidad sobre lo acontecido, de como se le dará curso a las investigaciones y sus resultados, ya que hasta la fecha, los responsables de la empresa Laesiz y las autoridades locales, han mostrado una enorme complicidad con la familia Hirsch.
Por lo que exigimos una investigación imparcial se informe y se castigue a los culpables, al mismo tiempo que nos adherimos a la exigencia de la comunidad, el cierre de la Termoeléctrica, por inconsulta, por no cumplir con los estándares medioambientales, al utilizar un sistema obsoleto dañino para la salud del ambiente y de las personas.
La Ceiba, Atlántida 2 de Mayo del 2020
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Con fracturas y lesiones se encuentra el joven agredido por la PMOP en Guarizama, Olancho
Por Riccy Ponce -
16 mayo, 2020
Miguel tiene ocho días de estar postrado en una cama a causa de los múltiples golpes que le causaron elementos represores del estado, solo por preguntar el motivo de la detención de su cuñado, quien minutos antes le había dicho a los miembros de la patrulla que por favor bajaran las luces, ya que las llevaban muy altas y había un culto, lo que originó su detención y en este momento se encuentra en recuperación, ya que no se puede mover ni para ir al baño.
En comunicación con defensoresenlínea.com, Miguel dijo “estoy aquí recuperándome poco a poco, no me siento muy bien, yo no tengo los medicamentos que necesito, porque no puedo ni trabajar. Además yo soy padre de dos gemelas, tenía 3 hijos pero se me murió uno hace cinco meses; mis dos hijas tienen 6 años y yo soy el único sustento que tienen para poder sobrevivir, y yo no puedo trabajar en nada, porque los médicos me dijeron que no podía en este estado”.
Indicó que los militares le golpearon más en la columna y que además tiene una fractura en las costillas y al no poderse dar vuelta tomó la decisión de mandarse a sobar.
Miguel dice que aún no se siente bien ya que para ir al baño su esposa lo tiene que llevar, porque todavía no puede valerse por sí solo, al mismo tiempo que dijo que lo golpearon solo por preguntar el porqué de la detención de su cuñado y que no estaban haciendo nada malo.
Solo fue que yo le dije que porque me llevaban a mi cuñado si estábamos en un servicio de culto y me dijeron “y vos que”, y me empezaron a golpear y a torcer los brazos y allá en la posta me golpearon delante de los otros policías los azules (Policía Nacional), y a mi cuñado lo metieron en la celda y ahí me siguieron golpeando, incluso cuando estaban en el parqueo.
Con voz entre cortada dijo que “mis niñas están pequeñas y yo no puedo trabajar. Yo trabajo con el machete y solo gano 150 lempiras al día y ahora sin poder trabajar no sé cómo podré mantenerlas”.
Es importante señalar que Miguel y su familia se encuentran fuera de su casa, ya que por temor a represalias de los elementos represores del estado, tuvieron que dejar su hogar.
“En ese momento yo no estaba en el culto, yo iba a traer a mi esposa porque me dijo que la fuera a traer, ya que donde nosotros vivíamos es muy oscuro, es en la comunidad El Destino, que pertenece al municipio de San Francisco de La Paz, en el departamento de Olancho, pero nos salimos de allí, ya que tenía miedo porque estaba yo solo con mi esposa, no podía quedarme allí y alguien me dijo que me fuera a la casa de él, y por mi seguridad no puedo decir a donde estoy viviendo ahora”.
Los hechos ocurrieron en la comunidad de Campanario en el municipio Guarizama en el departamento de Olancho, cuando Miguel Padilla llegó al lugar donde se estaba realizando un culto para recoger a su esposa, encontrándose con la sorpresa que se llevaban a su cuñado detenido, sin ninguna razón, y al consultar el motivo, lo detuvieron también a él, ensañándose al mismo tiempo al darle golpes sin piedad, en una clara violación a los derechos humanos.
Periodistas conmemoran su día entre Covid-19 y suspensiones laborales
- 25/05/2020
Los periodistas trasladan las distintas historias sociales al resto del pueblo hondureño.
De acuerdo a los datos que maneja el Comité por la Libre Expresión,
C-Libre, en Honduras, en medio de la pandemia del Covid-19, se reportan
más de 200 periodistas que están siendo vulnerados en sus derechos
laborales, además, unos diez comunicadores están confirmados de
coronavirus y otros aislados esperando el resultado de su prueba.
“Hemos tenido el registro de al menos 200 periodistas de diferentes medios de comunicación que han sido vulnerados en estos meses que ha durado la pandemia, especialmente aquellos que se han negado a aceptar tratos con los medios de comunicación que representan la disminución de sus derechos adquiridos como reducción de salarios, suspensión temporal y también con los pagos de vacaciones”, dijo en Radio Progreso Amada Ponce, Coordinadora del Comité por la Libre Expresión, C-Libre.
Hoy 25 de mayo, Honduras conmemora el día del periodista y la periodista en recuerdo a la publicación del primer periódico impreso La Gaceta del Gobierno en 1830. Un 25 de mayo de 1930 se celebró el primer Congreso de Periodistas.
Este año se reflexiona sobre el papel que los periodistas y medios de comunicación han realizado en tiempos de pandemias. Qué se ha informado, qué se oculta y a quiénes se retratan en las historias.
Ponce dijo que entre los denunciantes, hay periodistas de Diario La Prensa, Diario El País, Diario El Heraldo, Diario La Tribuna. “Esos cuatro diarios han estado en tratos desiguales para sus comunicadores sociales y han sumado una cantidad importante de alrededor de 250 periodistas que están siendo afectados en este momento”, aseguró Ponce.
“Hemos tenido el registro de al menos 200 periodistas de diferentes medios de comunicación que han sido vulnerados en estos meses que ha durado la pandemia, especialmente aquellos que se han negado a aceptar tratos con los medios de comunicación que representan la disminución de sus derechos adquiridos como reducción de salarios, suspensión temporal y también con los pagos de vacaciones”, dijo en Radio Progreso Amada Ponce, Coordinadora del Comité por la Libre Expresión, C-Libre.
Hoy 25 de mayo, Honduras conmemora el día del periodista y la periodista en recuerdo a la publicación del primer periódico impreso La Gaceta del Gobierno en 1830. Un 25 de mayo de 1930 se celebró el primer Congreso de Periodistas.
Este año se reflexiona sobre el papel que los periodistas y medios de comunicación han realizado en tiempos de pandemias. Qué se ha informado, qué se oculta y a quiénes se retratan en las historias.
Ponce dijo que entre los denunciantes, hay periodistas de Diario La Prensa, Diario El País, Diario El Heraldo, Diario La Tribuna. “Esos cuatro diarios han estado en tratos desiguales para sus comunicadores sociales y han sumado una cantidad importante de alrededor de 250 periodistas que están siendo afectados en este momento”, aseguró Ponce.
En
tiempo de Covid-19, unos 200 periodistas están siendo vulnerados en sus
derechos laborales y unos 10 están confirmados de coronavirus.
Pero hay varios periodistas que han sido despedidos también de las
cadenas radiales y televisivas. “Tenemos a un periodista que quiere
hacer que esto sea visible. El periodista inició una huelga de hambre,
es un periodista de Diario La Tribuna, que ha hecho que las
organizaciones de Derechos Humanos presten atención a esto que está
ocurriendo a nivel nacional”, contó en Radio Progreso Amada Ponce.
Se trata del periodista Josué Quintana Gómez. Él es el primer empleado de Diario La Tribuna que fue suspendido por rehusarse a firmar una deducción del 20% de su salario, en un acto de “solidaridad” con el medio de comunicación en consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la pandemia del Covid-19.
Lamentablemente, a los grandes problemas que ha venido arrastrando el oficio de la comunicación, y sobre todo el periodismo, se suma la infección del Covid-19. En este tiempo de pandemia, unos 10 periodistas a nivel nacional y otros están en aislamiento temporal a la espera de confirmar si en efecto son víctimas de este virus.
“En medio de esta crisis es sumamente lamentable que los periodistas y las periodistas también estén siendo víctimas del Covid puesto que al igual que los médicos, que los policías y que la gente que está dentro del marco de las excepciones, también los periodistas cumplen un rol, un papel fundamental para informar a la ciudadanía”, reflexionó
El reto: decir la verdad
En cualquier circunstancia en que se encuentre el periodista, en cualquier situación y frente a cualquier panorama político y social del país, el compromiso ineludible del comunicador y comunicadora es el compromiso con la verdad de los hechos y noticias que transmite o comunique.
La periodista Claudia Mendoza cree que el gremio periodístico sigue manteniendo como reto informar de aquellas temáticas de interés para la ciudadanía, esa misma ciudadanía que está en la obligación de exigir periodismo de calidad, que revele anomalías y que le apuesta a la construcción de democracia y Estado de derecho, desde la libertad de expresión e información.
“Debemos acompañarnos, acuerparnos. Hay mucho periodismo independiente pero a veces caminamos dispersos, cada quien con agenda propia, deberíamos unirnos más y empezar a construir otro tipo de estructura para llegar a las masas de la sociedad y de la prensa para poder exigir cambios”, señaló la periodista Mendoza.
Se trata del periodista Josué Quintana Gómez. Él es el primer empleado de Diario La Tribuna que fue suspendido por rehusarse a firmar una deducción del 20% de su salario, en un acto de “solidaridad” con el medio de comunicación en consecuencia de las pérdidas ocasionadas por la pandemia del Covid-19.
Lamentablemente, a los grandes problemas que ha venido arrastrando el oficio de la comunicación, y sobre todo el periodismo, se suma la infección del Covid-19. En este tiempo de pandemia, unos 10 periodistas a nivel nacional y otros están en aislamiento temporal a la espera de confirmar si en efecto son víctimas de este virus.
“En medio de esta crisis es sumamente lamentable que los periodistas y las periodistas también estén siendo víctimas del Covid puesto que al igual que los médicos, que los policías y que la gente que está dentro del marco de las excepciones, también los periodistas cumplen un rol, un papel fundamental para informar a la ciudadanía”, reflexionó
El reto: decir la verdad
En cualquier circunstancia en que se encuentre el periodista, en cualquier situación y frente a cualquier panorama político y social del país, el compromiso ineludible del comunicador y comunicadora es el compromiso con la verdad de los hechos y noticias que transmite o comunique.
La periodista Claudia Mendoza cree que el gremio periodístico sigue manteniendo como reto informar de aquellas temáticas de interés para la ciudadanía, esa misma ciudadanía que está en la obligación de exigir periodismo de calidad, que revele anomalías y que le apuesta a la construcción de democracia y Estado de derecho, desde la libertad de expresión e información.
“Debemos acompañarnos, acuerparnos. Hay mucho periodismo independiente pero a veces caminamos dispersos, cada quien con agenda propia, deberíamos unirnos más y empezar a construir otro tipo de estructura para llegar a las masas de la sociedad y de la prensa para poder exigir cambios”, señaló la periodista Mendoza.
En cualquier circunstancia en que se encuentre el periodista o comunicador, su compromiso principal es con la verdad.
ALERTA/ HONDURAS: “FUERZAS OSCURAS” ORDENAN ASESINAR AL DIRECTOR DE EL LIBERTADOR
- Publicado: 02 Junio 2020
Para
no despertar rumores de presunción de fama durante el contexto de la
pandemia que azota el mundo y Honduras, la Dirección de EL LIBERTADOR no
dará entrevistas sobre el plan para asesinar al periodista Jhonny José
Lagos Henríquez. Pedimos comprensión.
La
postura de la Dirección queda plasmada en esta noticia y agradecemos la
mención, a quien interese: lo único que nos mueve es registrar la
denuncia y responsabilizar al Gobierno de Honduras, por cualquier
atentado criminal que ocurra contra nuestro Director Fundador, su
familia o compañeros de trabajo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Sacar a la luz información que los grupos oscuros de poder económico y
político del país desean mantener oculto, confrontar la tiranía contra
el pueblo y exhibir la corrupción sistémica, conlleva riesgos, incluso,
anteponer la propia vida. Eso lo sabe el Director Fundador de EL
LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, que este día ha sido advertido
sobre un plan para asesinarlo, orquestado por “fuerzas oscuras del Poder
Ejecutivo”, que titula Juan Hernández.
La
información fue dada a conocer este martes, 2 de junio, por una fuente
vinculada a las altas esferas policiales y militares de la nación
centroamericana, quien ha explicado al periodista Lagos Henríquez que
“tome medidas estrictas”, porque es sujeto de seguimiento y monitoreado
desde hace un tiempo atrás.
“Las
personas que están en la lista de objetivos [lista negra], son
etiquetadas mediante un código de seguridad y hace dos meses su código
fue activado [luz verde, como se le conoce en la jerga criminal] y desde
entonces a usted le dan seguimiento…”, dijo la fuente, lo que indica
que el crimen contra el periodista ha sido ordenado.
ACECHO CONTINUO
Desde
que fundó este rotativo, hace 17 años, Lagos Henríquez, los bienes del
periódico y compañeros que en distintos momentos han integrado el equipo
de trabajo de EL LIBERTADOR han afrontado distintas acciones
criminales, algunas han sido denunciadas, otras no. Muchos han sido
amenazados y han sufrido seguimientos.
El
equipo ha sufrido sospechosos asaltos, secuestros y golpizas. Incluso,
el Director Fundador y su esposa estuvieron al punto de perder la vida
en un atentado criminal en agosto de 2017, cuando a las 8:00 de la noche
del 24 de agosto de ese año, desconocidos dispararon en reiteradas
ocasiones contra el vehículo donde se transportaban Lagos y su esposa,
posteriormente los sicarios dispararon al carro del Director Fundador,
ocasionando heridas a la esposa y sacaron un portafolio del vehículo,
para luego fugarse tras no asegurar con precisión el nombre de Jhonny
Lagos, que con insistencia querían confirmar. Aunque la Policía lo
reportó como robo, los hechos en el acto demostraron que el propósito no
era llevarse bienes.
Un
mes después, desconocidos pintaron la silueta de una escena del crimen
donde se leía claramente: “RIP” (Rest in peace), que en español
significa “descanse en paz”; esto sucedió frente a las oficinas de este
medio de comunicación, entonces ubicado en el barrio La Guadalupe de la
capital hondureña.
Pero
no es nada nuevo para este rotativo y su Director. Ya en el contexto
del golpe de Estado de 2009, el juez Jorge Zelaya Saldaña –el mismo que
prohibió la Cuarta Urna–, envió una citatoria al director de EL
LIBERTADOR, diciéndole que no podía publicar información sobre la
consulta popular o iría a prisión.
MARCANDO HUELLAS
Desde
2017, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas ha ordenado medidas para asegurar la vida del
Director Fundador. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), informó que, según datos oficiales, 67 periodistas y
comunicadores sociales están bajo el Mecanismo de Protección. De este
grupo, 22 periodistas y comunicadores sociales recibieron protección
debido al riesgo producido en contexto poselectoral.
Durante
la última década, 82 periodistas y comunicadores sociales han sido
asesinados en Honduras, de acuerdo con el Comité por la Libre Expresión
(C-Libre). Esto convierte al país en uno de los lugares más peligrosos
para ejercer el periodismo, incluso superando a zonas en guerra.
Aun
así, EL LIBERTADOR no ha callado ninguna injusticia cometida contra el
pueblo hondureño, es por eso el crecimiento de circulación en nuestras
ediciones impresa y digital, ha sido exponencial.- Por ejemplo, cuando
denunciamos con evidencias el fraude que sentó a Juan Hernández en
Presidencial por segunda vez en 2017, en tan sólo un mes alcanzamos 2.1
millones de visitas de nuestros internautas, superando con creces las
lecturas de la prensa tradicional.
El
compromiso ético y científico de EL LIBERTADOR, ha provocado que
nuestros lectores hagan suyo este medio, “Primer Auditor Social de
Honduras”, por tanto, intentar callarnos es desconocer el derecho del
Soberano a exigir una Patria verdadera, la decisión de dominar y elegir
un destino de dignidad nacional, un Estado moderno orientado por
hondureños con sentimiento de Nación, prosperidad y oportunidad para
toda la sociedad y el orgullo de habitar en nuestra tierra. “Seguiremos
marcando huellas”.
EL PERRO AMARILLO: UN PERRO EQUIPO PERIODÍSTICO
QUE TIENE EN JAQUE EL NARCOESTADO DE HONDURAS
por Rodolfo
Cortés Calderón
Como lo dijo el ilustre
pensador Rafael Heliodoro Valle: “la
historia de Honduras se puede escribir en una lágrima”, esto en referencia
a la mentalidad esclavista y colonialista que aún pervive en el pensamiento y
sentimiento hondureños; a lo que se suma la cómplice politiquería barata de los
modernos mesías y la salvaje explotación del capitalismo imperialista y sus
lacayos catrachos.
A partir de nuestra juventud,
1960-1970, siempre fuimos muy afines a las noticias habladas y escritas; en
aquel tiempo las emisoras principales eran HRN y América y los diarios escritos
El Día, El Cronista, La Prensa y Tiempo. Desde aquellos tiempos ya había
periodistas tarifados, unos públicos y otros subrepticios. También los había
moderados y transparentes. En ese tiempo surgió un periodista que cuestionaba acremente
a sus entrevistados y que llamaba las cosas por su nombre: ladrón, violador,
corrupto, etc. si así lo consideraba. Epítetos con los que señalaba
directamente a jefes de Estado o funcionarios; pero de boca de el mismo nos
dimos cuenta que también vendía sus noticias a los inculpados, por eso no
mencionamos su nombre. Así que los que lo tratamos nos desencantamos de él,
resultó ser un mercader de la noticia.
Posteriormente en los años 80-90
aparece el periodista David Romero Ellner con su programa en radio América
“Interpretando la Noticia”. Un periodista muy incisivo y cuestionador. Después
del golpe de Estado del 2009 desde radio y Globo TV, Romero Ellner se convirtió
en un archienemigo de los golpistas del bipartidismo y de las Fuerzas Armadas y
se convirtió en el defensor del partido Libre que terminó traicionándolo, según
palabras de su esposa la periodista Lidieth Díaz.
El 2018 Romero Ellner fue
acusado de parte de la mujer del Fiscal Adjunto del Estado, por ofensas al “honor
público” y sentenciado a 10 años de cárcel aunque en apego a la verdad él está
preso por atacar al gobierno de Juan Orlando Hernández, JOH, a los demás
poderes del Estado y órganos contralores de corruptos y narcotraficantes.
Desde el golpe de Estado—época
en que se entronizó con más fuerza el vasallaje perruno pro estadounidense de
parte de la oligarquía hondureña y el brazo armado—han surgido dignos
movimientos nacionales en pro de recuperar el Estado de Derecho. Es digno de
mención el movimiento de los indignados—alimentado por estudiantes de
secundaria y universitarios—y hoy actúan sin claudicar y fervientemente algunas
plataformas (en defensa del ambiente, de DDHH, del feminismo, del estado de
Derecho, etc.) que animan al cambio del estado de cosas, lamentablemente muy
dispersos y nada cohesionados.
Sin embargo, post golpe apareció
un personaje beligerante con una mentalidad patriótica dirigiendo en Hondured-Canal
13, el programa “Opinión Puntual”, llamado Milton Benítez. Posteriormente el
año 2018 en el canal UNETV abrió el programa EL PERRO AMARILLO. Imaginamos que
por diferencias ideológicas, ya que Benítez pertenece a una escuela de
formación periodística de avanzada y los dueños de UNETV a la línea liberal,
éste dejó el canal.
EL
EQUIPO DEL PERRO AMARILLO
En la actualidad el sociólogo y
comunicador Milton Benítez forma parte de un equipo de prominentes periodistas
dedicados a la investigación entre ellas y ellos Whitney Godoy, Gissel Flores,
Katia Lara y Abel Pérez entre otros, que alimentan en la página web su propio medio
llamado EL PERRO AMARILLO TV que se considera “un programa de televisión de
análisis político transmitido desde Honduras”, donde todas las noches de 7 a 10
p.m. puede verse y que cuenta con una enorme tele-audición que es la envidia de
los canales controlados por la oligarquía bancaria.
Quizás por esta enorme audición,
y lo meridiano y frontal de sus denuncias, el canal que se difunde por Youtube
y Facebook es bloqueado a cada instante.
PERIODISMO
DE INVESTIGACIÓN
A pesar de que en Honduras
existe la carrera universitaria de periodismo, ésta parece formar profesionales
para la comodidad y el moje. Es escaso el periodismo de investigación y de
conciencia. La gran mayoría de los periodistas se dedican a copiar noticias de
las cadenas noticiosas o analistas internacionales, al periodismo amarillista o
al blanqueo de las noticias, más en estos tiempos en que el narcotráfico es pan
de cada día y un lucrativo negocio.
CONCLUSIONES
·
Los hondureños y hondureñas ya deberíamos
despojarnos de sentimientos reductivos de lucha con plataformas que, aún con
nobles ideales, no integran a toda la ciudadanía en una lucha común en contra
de un enemigo común: el narcoestado.
·
Equipos periodísticos como EL PERRO AMARILLO son
los que necesita Honduras: que creen conciencia ciudadana, que se despojen de
intereses personales, que informen con la verdad y que no vendan sus ideales
patrióticos.
·
Desde nuestro punto de vista toda la ciudadanía
debería apoyar moral y económicamente a este equipo de investigadores y
formadores de conciencia que a diario corren el riesgo de ser ultimados por los
delincuentes de cuello “blanquito” que abundan en el gobierno y empresariado de
Honduras.
·
Compartimos el pensamiento y esfuerzo y
manifestamos nuestra incondicional solidaridad con Milton Benítez y el equipo
de El Perro Amarillo.
·
Estamos en contra del Código Penal actual y el
que entrará próximamente. Debe elaborarse un nuevo código penal debidamente
socializado y no uno manipulado como el actual y el que está por entrar en
vigencia.
·
El Estado de Honduras con sus tres poderes y
organismos contralores es el único responsable de cualquier atentado a la vida
e integridad física de estos periodistas y sus familias.
Exigimos a los sitios web
YOUTUBE y FACEBOOK respeto a la libertad de prensa, de opinión y de difusión.
Exigimos libertad para los
presos políticos de El Guapinol, Tocoa-Colón; para Rommel Baldemar Herrera y
para el periodista David Romero Ellner.
¡Sólo
con justicia habrá paz!
16
de junio 2020.
A nueve años de su asesinato, lucha de Nery Geremías sigue vigente
- 16/07/2020
Cabina de Radio Joconguera, donde Nery era director.
En uno de los municipios más empobrecido y abandonado por las
autoridades de gobierno, Candelaria, Lempira, Nery Geremías Orellana de
apenas 26 años de edad ejercía el periodismo. Investigaba y divulgaba la
forma en que se manejaba el sistema de salud y como el edificio donde
opera el Comité Central Pro-Agua y Desarrollo Integral de Lempira
(Cocepradil), se le arrebató a la comunidad para quedar en manos del
Partido Nacional.
Nery venía denunciando desde hacía varias semanas por Radio Joconguera y Radio Progreso el conflicto existente. Había tocado grandes intereses económicos y políticos. En esos días el pueblo mantenía acciones de protesta con toma en la clínica materna infantil, porque el Estado de Honduras como parte del proceso de descentralización de la salud pública, otorgó fondos a un grupo de personas afines al gobierno para la administración del centro médico.
Durante la administración del nacionalista Porfirio Lobo Sosa, se promovió la descentralización de la salud como una salida a la crisis sanitaria de antaño. En las comunidades de Lempira se decía que este proceso traería beneficios para reducir las infecciones respiratorias, diarreas, tos y los problemas materno infantil, pero la población sentía que eso no estaba ocurriendo, lo que provocó que la ciudadanía iniciara con las acciones de protesta.
Nery era el comunicador que daba cobertura a esas denuncias. A su corta edad ya era director de Radio Joconguera, emisora que jugó un papel importante en la lucha de las comunidades desde el golpe de Estado de 2009.
A través de la articulación con otras radios comunitarias, populares y alternativas, Nery logró visibilizar la realidad del pueblo de Candelaria. Integró la Red de Corresponsales de Radio Progreso. Soñaba con una plataforma de comunicación ciudadana participativa para romper el mediático impuesto en el país.
En los primeros días de julio de 2011, Nery junto a su compañero de trabajo Hernán Castro recibieron constantes amenazas, les decían que les cortarían la lengua por meterse en temas que nos les importaba. Las amenazas venían de reconocidos personajes políticos y hasta de elementos de la Policía Nacional. La mañana del 14 de julio de 2011, cuando Nery se dirigía en su motocicleta a trabajar, dos desconocidos lo interceptaron para asesinarlo. Su muerte estremeció al pueblo.
Ante la nula investigación de los operadores de justicia, en 2017 el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, junto a la familia de Nery Geremías, presentaron una petición inicial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para reducir responsabilidad al Estado por este crimen, y el de los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001. Hasta la fecha la CIDH no se ha pronuncia sobre el caso.
Para la abogada del Eric-sj, Dunia Pérez, el Ministerio Público de Gracias en Lempira, quien conoce el caso de Geremías, a nueve años de su asesinato ni siquiera ha llamado a declarar a su familia y testigos para aplicar justicia a los responsables. Ni siquiera en el libro de incidentes de la policía de investigación aparece registrado el asesinato del comunicador.
El proceso de descentralización o privatización de la salud lleva más de 20 años en el país dijo en entrevista a Radio Progreso el doctor Roberto Castellanos, presidente de los médicos en El Progreso, Yoro. “Nery procuró a través de la comunicación garantizar el derecho a la salud. Nueve años después vemos que su lucha no era en vano, porque ese proceso de descentralización nos está pasando factura en esta pandemia”, dijo el doctor haciendo referencia que su lucha está vigente.
Nery venía denunciando desde hacía varias semanas por Radio Joconguera y Radio Progreso el conflicto existente. Había tocado grandes intereses económicos y políticos. En esos días el pueblo mantenía acciones de protesta con toma en la clínica materna infantil, porque el Estado de Honduras como parte del proceso de descentralización de la salud pública, otorgó fondos a un grupo de personas afines al gobierno para la administración del centro médico.
Durante la administración del nacionalista Porfirio Lobo Sosa, se promovió la descentralización de la salud como una salida a la crisis sanitaria de antaño. En las comunidades de Lempira se decía que este proceso traería beneficios para reducir las infecciones respiratorias, diarreas, tos y los problemas materno infantil, pero la población sentía que eso no estaba ocurriendo, lo que provocó que la ciudadanía iniciara con las acciones de protesta.
Nery era el comunicador que daba cobertura a esas denuncias. A su corta edad ya era director de Radio Joconguera, emisora que jugó un papel importante en la lucha de las comunidades desde el golpe de Estado de 2009.
A través de la articulación con otras radios comunitarias, populares y alternativas, Nery logró visibilizar la realidad del pueblo de Candelaria. Integró la Red de Corresponsales de Radio Progreso. Soñaba con una plataforma de comunicación ciudadana participativa para romper el mediático impuesto en el país.
En los primeros días de julio de 2011, Nery junto a su compañero de trabajo Hernán Castro recibieron constantes amenazas, les decían que les cortarían la lengua por meterse en temas que nos les importaba. Las amenazas venían de reconocidos personajes políticos y hasta de elementos de la Policía Nacional. La mañana del 14 de julio de 2011, cuando Nery se dirigía en su motocicleta a trabajar, dos desconocidos lo interceptaron para asesinarlo. Su muerte estremeció al pueblo.
Ante la nula investigación de los operadores de justicia, en 2017 el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj, junto a la familia de Nery Geremías, presentaron una petición inicial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, para reducir responsabilidad al Estado por este crimen, y el de los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001. Hasta la fecha la CIDH no se ha pronuncia sobre el caso.
Para la abogada del Eric-sj, Dunia Pérez, el Ministerio Público de Gracias en Lempira, quien conoce el caso de Geremías, a nueve años de su asesinato ni siquiera ha llamado a declarar a su familia y testigos para aplicar justicia a los responsables. Ni siquiera en el libro de incidentes de la policía de investigación aparece registrado el asesinato del comunicador.
El proceso de descentralización o privatización de la salud lleva más de 20 años en el país dijo en entrevista a Radio Progreso el doctor Roberto Castellanos, presidente de los médicos en El Progreso, Yoro. “Nery procuró a través de la comunicación garantizar el derecho a la salud. Nueve años después vemos que su lucha no era en vano, porque ese proceso de descentralización nos está pasando factura en esta pandemia”, dijo el doctor haciendo referencia que su lucha está vigente.
Honduras | El acceso a internet como nuevo derecho fundamental – Por Ana Pineda
12 junio, 2020
El acceso a internet como nuevo derecho fundamental
Por Ana PinedaLa pandemia generada por el COVID 19 ha creado una nueva realidad. Ha cambiado el estilo de vida de la humanidad y demanda repensar el actual orden político, económico, social y cultural.
Las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestas por la pandemia, nos privó de nuestra cotidianidad. Docentes y estudiantes abandonamos la “presencialidad” y de manera abrupta trascendimos a la “virtualidad”. En la mayoría, la necesidad y el compromiso fue lo que generó las capacidades y habilidades para continuar de manera eficaz el proceso de mejora continua a través de los objetivos, métodos y los resultados de aprendizaje trazados al inicio del año.
Esta realidad, evidenció que muchos estudiantes, padres de familia y docentes no cuentan con el acceso a internet ni con los recursos económicos suficientes para costearse “el paquete de datos” para sus teléfonos móviles. En otras palabras, la “virtualidad” se convierte en la nueva modalidad educativa, pero tiene un costo económico que alguien tiene que sufragar.
El sistema educativo nacional en todos sus niveles, incluyendo superior no tiene conexión a internet gratuito ni la economía familiar permite ponerla al alcance de la mayoría de sus estudiantes. En Honduras, se estima que hay una cantidad menor a tres millones de usuarios de internet, según los datos del INE. Esto indica que el acceso a internet aún se encuentra reservado para una parte privilegiada de la población, es decir, a aquella que cuenta con los recursos suficientes para pagar este servicio, mientras, que otro segmento de la población, como muchos estudiantes, busca la conectividad en los escasos sitios públicos de la comunidad.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en varios de sus objetivos, metas e indicadores, contempla la garantía para que todos los hombres y mujeres, en particular, las personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, tengan los mismos derechos entre otros, a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 2011 declaró el acceso a internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Desde entonces, las diversas relatorías especiales del Sistema Universal y Regional se han dedicado a la promoción y protección del acceso a internet como medio instrumental para la realización del derecho a la libertad de opinión y expresión, sin dejar de incluir, entre otros, el de la educación.
En varios países del mundo, el acceso a internet ha sido reconocido como un nuevo derecho fundamental e inclusive han armonizado su ordenamiento jurídico a tal situación. Un plausible ejemplo es Costa Rica. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de dicho país ha dictado varias sentencias sobre la calidad de los servicios de internet y telefonía; la dotación de tales servicios a centros de prestación de servicios públicos, centros educativos, centros de salud y comunitarios; el establecimiento de una política de uso justo; el acceso funcional a internet; carácter prestacional y esencial del servicios telefónico básico tradicional; y, el acceso a internet como derecho fundamental, entre otros (Sentencias números: 6296-2020; 19042-2019; 10381-2018; 11212-2017; 16158-2016; 13921-2015, 015411-2014 etc. ).
Fue en la sentencia No. 12790-2010, que paradigmáticamente, la referida Sala declaró el acceso a internet como derecho fundamental, indicando que el acceso a estas tecnologías se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática (democracia electrónica) y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y el acceso a la información, entre otros.
Esa Sala, con respecto a los deberes del Estado precisó: “Para este Tribunal queda fuera de cuestionamiento que el acceso a Internet es un derecho fundamental y, como tal, merece plena tutela en esta sede. Además, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de promover su democratización, procurando disminuir la llamada brecha digital. Es deber de los órganos y entes públicos que componen la organización administrativa a prestar, según los principios de la igualdad, universalidad, continuidad, eficiencia y eficacia, una serie de servicios públicos indeclinables y, por consiguiente, asumir una actitud positiva y proactiva frente a los administrados”.
Esto, es así porque en el marco del Estado de Derecho resulta de especial relevancia, crear las condiciones para el ejercicio de una serie de derechos fundamentales, como el nuevo derecho de acceso a internet. Como lo señala la reciente doctrina en la materia, el acceso a internet supone un derecho que debe ser garantizado por el Estado desde tres puntos de vista. El primero, desde su relación con otros derechos como a la educación y al trabajo, puesto que se retroalimentan recíprocamente; el segundo, desde la dimensión del principio democrático, debido a los límites que puede establecer al Estado y de la participación de personas, grupos y de sectores históricamente excluidos; y, el tercero, que implica una dimensión más amplia del ejercicio de la libertad de expresión y pensamiento consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República.
Teniendo presente la trascendencia constitucional y convencional que tiene el acceso a internet en la nueva modalidad educativa generada en el contexto de la pandemia del COVID 19, es claro que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a internet en los centros educativos en todos sus niveles, pero, además, en los centros de salud, hospitales y clínicas periféricas, oficinas públicas, y comunidades rurales. Ahora que el país se ha endeudado para llevar a cabo el Plan Nacional de Banda Ancha que extendería la infraestructura de telecomunicaciones (Decreto No. 33-2020 de 3 de abril de 2020), no hay excusa alguna para la prestación y concreción de este nuevo derecho fundamental, cuyo cumplimiento y exigibilidad está en ciernes en Honduras.
Tegucigalpa M.D.C. 5 de junio de 2020.
Criterio
Foto: Gerardo Iglesias
Por Giorgio TrucchiLa semana pasada, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Equipo Jurídico por los Derechos Humanos y Women’s Link Worlwide solicitaron al máximo órgano judicial hondureño un informe sobre el trabajo de atención a casos de violencia doméstica, que deberían estar desarrollando los Juzgados de Paz mientras dure la suspensión de labores en el poder judicial por la pandemia de Covid-19.
La decisión tomada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia fue plasmada en el Acuerdo No. PCSJ 16-20201, donde se instruye a los jueces de paz recepcionar denuncias e imponer medidas de seguridad, velando por su cumplimiento.
Uno de los efectos más graves de la pandemia es la profundización de las desigualdades que ya existen en la sociedad. En este contexto, la cuarentena se convierte en fuente de mayor amenaza para muchas mujeres, niños y niñas.
Desde la entrada en vigencia de las medidas restrictivas, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM ya reportó 26 femicidios – 12 de ellos en lo que va del mes de mayo -, 3 intentos de femicidio y 10 casos de violencia sexual. En total se registran 95 femicidios desde enero.
Miedo e impunidad
Hasta el 30 de abril, el Ministerio Público reportó más de 300 casos de violencia doméstica, aunque todo apunta a que la situación sea más grave por el miedo de muchas mujeres a denunciar a su agresor.
En Honduras son más de 20 mil las denuncias de violencia doméstica que cada año ingresan a la Corte Suprema de Justicia. Solamente el 22 por ciento de los casos terminan con una sentencia favorable para la víctima.
El Movimiento de Mujeres “Visitación Padilla” asegura que entre marzo y abril registró casi 13 mil llamadas de mujeres pidiendo auxilio, y más de 32 mil denuncias desde el inicio del año.
Según el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH) en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas. Más del 90 por ciento de los crímenes quedan en la impunidad.
Es por eso que, ante esta difícil situación, las organizaciones firmantes solicitaron al máximo órgano judicial un informe sobre la implementación del Acuerdo PCSJ 16-2020.
En especial pidieron conocer la cantidad de denuncias domésticas recibidas, la cantidad de Juzgados de Paz abiertos al público y si se han realizado campañas informativas dirigidas a las mujeres.
También solicitaron conocer qué tipo de medidas de protección se están brindando a las víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, y de qué forma están monitoreando su implementación.
Nuevo Código Penal
La situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas en Honduras podría hasta empeorar debido a la entrada en vigencia del nuevo y muy cuestionado Código Penal, que estaba prevista para el 10 de mayo.
Las muchas críticas, la presión popular y la crisis sanitaria de estos meses hizo que los legisladores aprobaran extender por 45 días más la vacatio legis.
Entre otras críticas que le han llovido al nuevo Código Penal a nivel nacional e internacional, destacan las del CDM y otras organizaciones de mujeres y feministas que, en reiteradas ocasiones, ha denunciado el retroceso en la defensa de la vida de las mujeres.
El nuevo texto, por ejemplo, baja de entre 30 y 40 años a entre 20 y 30 años la pena para el femicidio. Asimismo, disminuye de entre 10 a 15 años a entre 9 y 13 años la pena por violación.
También desaparece el concepto de “violación especial” (pena de 15-20 años).
“¡Los llevan o los quemamos!”: el dramático retorno de los migrantes a sus comunidades
18/05/2020
Estados Unidos
registra más de 20 mil expulsiones entre marzo y abril, cuando el
COVID-19 aumentó en la región. El miedo al contagio convirtió en algunos
casos el regreso de estos migrantes a sus comunidades de origen en un
tenaz rechazo, mientras el drama de los que quedaron varados es palpable
en la frontera de Guatemala y México.
Sofía Menchú y Ángeles Mariscal para Otras Miradas
Portada: Un migrante
guatemalteco mira a través de la ventanilla de un autobús después de
ser deportado de Houston, Texas, EEUU, junto a otros 74 migrantes, el
lunes 4 de mayo del 2020. Foto\Oliver de RosLa campana de la comunidad guatemalteca de Santa Catarina Palopó
repicó varias veces para convocar a la gente a la plaza aquel domingo 19
de abril. Eso sólo ocurre cuando hay una emergencia. Decenas de
personas se juntaron antes de que el toque de queda fuera efectivo a las
cuatro de la tarde, cuando se enteraron del retorno de un migrante
deportado desde Estados Unidos.
A sus 19 años, Carlos Cumes pasó mes y medio en cuarentena en un
centro de detención estadounidense. Allí le hicieron la prueba de
COVID-19 que salió negativa y el propio Ministerio de Salud guatemalteco
le certificó el resultado, pero el revuelo en el pueblo continuó ese
domingo hasta las siete de la noche, cuando entró una ambulancia con él a
la comunidad. Reinaba el miedo.
En el canal de televisión local, desde el cual se transmitió en
directo la llegada de Cumes, se pudo ver a los bomberos vestidos con
trajes plásticos, enormes lentes y mascarillas como si fuese aquella una
película. Era el regreso del joven lanchero que salió, como miles cada
año en Guatemala y Centroamérica, a buscar una mejor vida en suelo
estadounidense.
Migrantes con cubrebocas en plena pandemia del COVID-19. Foto\Oliver de Ros
Ahora es el retrato de otra realidad: el rechazo que están sufriendo
en sus lugares de origen los deportados, que sumaron 20 mil 860 de
distintas nacionalidades entre marzo y abril, según el gobierno estadounidense, justo cuando los casos de coronavirus aumentaron en la región. Al llegar a sus comunidades, en algunos casos fueron tratados como apestados.
“Él venía ya con sus papeles, pero las personas no se quedaron conformes, nos dijeron que nos iban a linchar igual a mi hermano y a toda la familia”, cuenta su hermano Juan Cumes. Al no poder llegar a su vivienda, la Policía lo trajo a la capital y lo llevaron a un hospital destinado para enfermos de COVID-19 y finalmente lo enviaron al centro médico de Sololá— en la cabecera departamental de Santa Catarina Palopó—donde debía finalizar la cuarentena.
Pasados quince días de aquel episodio, las cifras oficiales explican el miedo colectivo que generó Cumes. Según los datos reportados hasta inicios de mayo, 103 de un total de 630 casos positivos de coronavirus registrados en el país centroamericano correspondieron a migrantes. Así que esa tarde de abril, mientras el vehículo zigzagueaba para llegar a la casa de Cumes, algunos vecinos fueron a la vivienda del alcalde y otros protestaron frente a la municipalidad, porque querían que se prohibiera su ingreso a la localidad.
Escenas de repudio contra los migrantes se repitieron en Suchitepéquez. Las autoridades de esta comunidad, ubicada a 154 kilómetros de la capital del país centroamericano, negaron el siete de abril la entrada a dos personas que llegaron deportados desde México, pese a que también se les realizó la prueba médica y tampoco tenían síntomas, según Ana Lucía Gudiel, portavoz del Ministerio de Salud. Como ocurrió con Cumes, los vecinos de estos nuevos deportados tampoco los dejaron ingresar. Fueron llevados a otro centro hospitalario, en la ciudad, para que ahí cumplieran su cuarentena.
La propuesta del gobierno del médico Alejandro Giammattei, en estos casos, ha sido ubicar a los migrantes en hospitales, hoteles o en albergues temporales para alejarlos del resto de la comunidad. Poco a poco, la pandemia se ha convertido en otro muro para los migrantes que ya enfrentaban férreas restricciones desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el gobierno en 2017.
****
Según el director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, un centro de análisis que promueve la gobernabilidad democrática, la prosperidad y equidad social en América Latina, el nicaragüense Manuel Orozco, el 20 por ciento de la fuerza laboral en Estados Unidos son migrantes.
En los últimos años, la Casa Blanca ha promovido la política de “America First”, en la que la migración es vista como una amenaza. En pleno aumento de casos por la pandemia, el gobierno estadounidense modificó el 21 de marzo pasado el título 42 del código relativo a la Salud Pública y Bienestar Social, lo que permite ahora la expulsión de extranjeros a su último país de tránsito, dado el “riesgo que representan para la salud”.
“Él venía ya con sus papeles, pero las personas no se quedaron conformes, nos dijeron que nos iban a linchar igual a mi hermano y a toda la familia”, cuenta su hermano Juan Cumes. Al no poder llegar a su vivienda, la Policía lo trajo a la capital y lo llevaron a un hospital destinado para enfermos de COVID-19 y finalmente lo enviaron al centro médico de Sololá— en la cabecera departamental de Santa Catarina Palopó—donde debía finalizar la cuarentena.
Pasados quince días de aquel episodio, las cifras oficiales explican el miedo colectivo que generó Cumes. Según los datos reportados hasta inicios de mayo, 103 de un total de 630 casos positivos de coronavirus registrados en el país centroamericano correspondieron a migrantes. Así que esa tarde de abril, mientras el vehículo zigzagueaba para llegar a la casa de Cumes, algunos vecinos fueron a la vivienda del alcalde y otros protestaron frente a la municipalidad, porque querían que se prohibiera su ingreso a la localidad.
Escenas de repudio contra los migrantes se repitieron en Suchitepéquez. Las autoridades de esta comunidad, ubicada a 154 kilómetros de la capital del país centroamericano, negaron el siete de abril la entrada a dos personas que llegaron deportados desde México, pese a que también se les realizó la prueba médica y tampoco tenían síntomas, según Ana Lucía Gudiel, portavoz del Ministerio de Salud. Como ocurrió con Cumes, los vecinos de estos nuevos deportados tampoco los dejaron ingresar. Fueron llevados a otro centro hospitalario, en la ciudad, para que ahí cumplieran su cuarentena.
La propuesta del gobierno del médico Alejandro Giammattei, en estos casos, ha sido ubicar a los migrantes en hospitales, hoteles o en albergues temporales para alejarlos del resto de la comunidad. Poco a poco, la pandemia se ha convertido en otro muro para los migrantes que ya enfrentaban férreas restricciones desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el gobierno en 2017.
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Según el director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, un centro de análisis que promueve la gobernabilidad democrática, la prosperidad y equidad social en América Latina, el nicaragüense Manuel Orozco, el 20 por ciento de la fuerza laboral en Estados Unidos son migrantes.
En los últimos años, la Casa Blanca ha promovido la política de “America First”, en la que la migración es vista como una amenaza. En pleno aumento de casos por la pandemia, el gobierno estadounidense modificó el 21 de marzo pasado el título 42 del código relativo a la Salud Pública y Bienestar Social, lo que permite ahora la expulsión de extranjeros a su último país de tránsito, dado el “riesgo que representan para la salud”.
Desesperados,
cada mañana decenas de migrantes acuden a las oficinas del Instituto
Nacional de Migración (INM) mexicano. Esperan que en algún momento la
pandemia pase y todo “vuelva a la normalidad”. Foto\Ángeles Mariscal
Esa nueva reglamentación, sumada a otras medidas migratorias,
permitió con la anuencia de países como México, Guatemala, El Salvador y
Honduras la deportación masiva. A finales de abril, el gobierno
norteamericano reconoció el contagio de 297 personas que se encontraban
en los centros de detención, lo que se tradujo en preocupación para las
comunidades de origen de los migrantes como muestra la historia de
Cumes.
El impacto económico de la pandemia, que incluye a los migrantes y sus familias, es objeto del interés de los expertos de este tema en la región. Orozco, funcionario de Diálogo Interamericano y quien se radicó en Washington desde los años ochenta, explica en un documento sobre el impacto económico sobre las remesas, publicado el 24 de abril pasado, que la recuperación de los migrantes es crítica para el envío de remesas y el crecimiento económico de sus países de origen y de aquellos donde residen.
Para el especialista, el efecto económico de la pandemia tiene varias facetas: los costos del tratamiento médico, el efecto del desempleo que, según sus consideraciones, se refleja en una pérdida grande de puestos. Orozco estima que al menos el 13 por ciento “de la fuerza laboral migrante total de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos perderá sus empleos”, lo que equivale a 3,009,365 millones de trabajadores.
Además, él considera que el impacto será drástico en las remesas, dado que el potencial del desempleo puede durar más de nueve meses desde marzo. “Una caída del 20 por ciento en las remesas se traduce en una disminución de
17 mil millones de dólares en las remesas no enviadas y de 4 a 5 millones de hogares que no reciben”, añadió.
De acuerdo con su visión, es importante tener en cuenta que los flujos hacia América Latina y el Caribe se originan en Estados Unidos (75 por ciento, 50 por ciento de las migraciones); la propia región (10 por ciento, 30 por ciento), mientras Europa y el resto del mundo equivalen al 15 o 20 por ciento.
Daniel Villafuerte, economista del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), especializado también en el tema de la migración, dice en entrevista para este reportaje que, en el marco de la crisis provocada por el COVID-19, el escenario para los migrantes será más crítico.
“En los próximos meses, se reducirá el monto de las remesas familiares debido a la recesión en Estados Unidos; las medidas de control en las fronteras se endurecerán aún más; y la violencia en los países de origen tenderá a agudizarse debido a que la opción de dejar el terruño se verá más restringida”, lamenta Villafuerte.
****
Quienes quedaron varados en la ruta del viaje a Estados Unidos viven ahora un momento más difícil que cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo. Hasta mediados de ese mes, era accesible llegar a algún punto de los 948 kilómetros de la frontera sur de México, con Guatemala y Belice, ya fuera para continuar rumbo al norte o a fin de regresar al país de origen.
Para finales de abril la situación dio un vuelco. En ese momento se podían contar con los dedos de las manos a las personas migrantes que podían hacer el camino de ida o vuelta. Desde marzo los países centroamericanos fueron cerrando sus fronteras como medidas para prevenir los contagios, a excepción de Nicaragua. Guatemala prohibió el tránsito de personas entre los distintos departamentos, y en la línea fronteriza con México, las garitas migratorias también fueron cerradas. A la par, el ejército guatemalteco realiza desde entonces rondines para “persuadir” a quien intenta entrar ilegalmente.
Los militares observan la frontera que conforma el río Suchiate, que tiene 161 kilómetros de longitud. Se centran en las balsas donde antes cruzaban migrantes, y ahora sólo transportan mercancía y a personas que viven en los poblados colindantes. Durante un recorrido, realizado para contar esta historia, se pudo encontrar a cuatro mujeres migrantes sentadas en una banca improvisada en interior del albergue “Jesús el Buen Pastor”, ubicado en la colonia popular de Tapachula. A su alrededor, niños y niñas corren, mientras algunos hombres juegan cartas para matar el tiempo. Otros sólo se sientan a mirar sus teléfonos. Hay dos ancianos. Antes del cierre de las fronteras, en este lugar hubo 800 personas y hoy son 250.
Hay cuartos y oficinas alrededor de un patio central. Son los migrantes quienes mantienen limpio. Aquí hay historias de historias. El 28 de abril entró un hombre procedente de Guatemala, uno de los pocos que han podido esquivar retenes y vigilancia. La encargada del lugar dice que llegó al refugio el mismo día que cruzó la frontera. Iba muy golpeado, huyendo de una situación de violencia que lo hizo arriesgarse en medio de tantas restricciones.
La mayoría no se identifica por completo cuando se les dice que es para una entrevista. Algunos aceptan sólo mencionar su nombre, excepto dos mujeres consultadas. Nolvia Maribel Flores, originaria de Honduras, es una. Ella atravesó la frontera a mediados de marzo, apenas dos días antes que cerraran los cruces; Jenny y Zoila llevan poco más de dos meses en el albergue, y Alma Iris Rugama Gónzalez, originaria de Nicaragua, dice que buscó refugio en este lugar desde agosto de 2019.
Hasta este sitio, a estas mujeres y al resto les llegan las malas noticias de sus comunidades de origen sobre el impacto del COVID-19. “Me dijo (mi hija): mira mami que ya hay más de 60 contagiados y no podemos salir a la calle”, relata Flores que, como los otros migrantes, vieron también cómo las restricciones se fueron endureciendo en México.
El impacto económico de la pandemia, que incluye a los migrantes y sus familias, es objeto del interés de los expertos de este tema en la región. Orozco, funcionario de Diálogo Interamericano y quien se radicó en Washington desde los años ochenta, explica en un documento sobre el impacto económico sobre las remesas, publicado el 24 de abril pasado, que la recuperación de los migrantes es crítica para el envío de remesas y el crecimiento económico de sus países de origen y de aquellos donde residen.
Para el especialista, el efecto económico de la pandemia tiene varias facetas: los costos del tratamiento médico, el efecto del desempleo que, según sus consideraciones, se refleja en una pérdida grande de puestos. Orozco estima que al menos el 13 por ciento “de la fuerza laboral migrante total de América Latina y el Caribe en los Estados Unidos perderá sus empleos”, lo que equivale a 3,009,365 millones de trabajadores.
Además, él considera que el impacto será drástico en las remesas, dado que el potencial del desempleo puede durar más de nueve meses desde marzo. “Una caída del 20 por ciento en las remesas se traduce en una disminución de
17 mil millones de dólares en las remesas no enviadas y de 4 a 5 millones de hogares que no reciben”, añadió.
De acuerdo con su visión, es importante tener en cuenta que los flujos hacia América Latina y el Caribe se originan en Estados Unidos (75 por ciento, 50 por ciento de las migraciones); la propia región (10 por ciento, 30 por ciento), mientras Europa y el resto del mundo equivalen al 15 o 20 por ciento.
Daniel Villafuerte, economista del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA), especializado también en el tema de la migración, dice en entrevista para este reportaje que, en el marco de la crisis provocada por el COVID-19, el escenario para los migrantes será más crítico.
“En los próximos meses, se reducirá el monto de las remesas familiares debido a la recesión en Estados Unidos; las medidas de control en las fronteras se endurecerán aún más; y la violencia en los países de origen tenderá a agudizarse debido a que la opción de dejar el terruño se verá más restringida”, lamenta Villafuerte.
****Quienes quedaron varados en la ruta del viaje a Estados Unidos viven ahora un momento más difícil que cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia el 11 de marzo. Hasta mediados de ese mes, era accesible llegar a algún punto de los 948 kilómetros de la frontera sur de México, con Guatemala y Belice, ya fuera para continuar rumbo al norte o a fin de regresar al país de origen.
Para finales de abril la situación dio un vuelco. En ese momento se podían contar con los dedos de las manos a las personas migrantes que podían hacer el camino de ida o vuelta. Desde marzo los países centroamericanos fueron cerrando sus fronteras como medidas para prevenir los contagios, a excepción de Nicaragua. Guatemala prohibió el tránsito de personas entre los distintos departamentos, y en la línea fronteriza con México, las garitas migratorias también fueron cerradas. A la par, el ejército guatemalteco realiza desde entonces rondines para “persuadir” a quien intenta entrar ilegalmente.
Los militares observan la frontera que conforma el río Suchiate, que tiene 161 kilómetros de longitud. Se centran en las balsas donde antes cruzaban migrantes, y ahora sólo transportan mercancía y a personas que viven en los poblados colindantes. Durante un recorrido, realizado para contar esta historia, se pudo encontrar a cuatro mujeres migrantes sentadas en una banca improvisada en interior del albergue “Jesús el Buen Pastor”, ubicado en la colonia popular de Tapachula. A su alrededor, niños y niñas corren, mientras algunos hombres juegan cartas para matar el tiempo. Otros sólo se sientan a mirar sus teléfonos. Hay dos ancianos. Antes del cierre de las fronteras, en este lugar hubo 800 personas y hoy son 250.
Hay cuartos y oficinas alrededor de un patio central. Son los migrantes quienes mantienen limpio. Aquí hay historias de historias. El 28 de abril entró un hombre procedente de Guatemala, uno de los pocos que han podido esquivar retenes y vigilancia. La encargada del lugar dice que llegó al refugio el mismo día que cruzó la frontera. Iba muy golpeado, huyendo de una situación de violencia que lo hizo arriesgarse en medio de tantas restricciones.
La mayoría no se identifica por completo cuando se les dice que es para una entrevista. Algunos aceptan sólo mencionar su nombre, excepto dos mujeres consultadas. Nolvia Maribel Flores, originaria de Honduras, es una. Ella atravesó la frontera a mediados de marzo, apenas dos días antes que cerraran los cruces; Jenny y Zoila llevan poco más de dos meses en el albergue, y Alma Iris Rugama Gónzalez, originaria de Nicaragua, dice que buscó refugio en este lugar desde agosto de 2019.
Hasta este sitio, a estas mujeres y al resto les llegan las malas noticias de sus comunidades de origen sobre el impacto del COVID-19. “Me dijo (mi hija): mira mami que ya hay más de 60 contagiados y no podemos salir a la calle”, relata Flores que, como los otros migrantes, vieron también cómo las restricciones se fueron endureciendo en México.
Las
centroamericanas Alma, Nolvia, Jenny y Zoila ven pasar los días
mientras esperan refugiadas en un albergue de la ciudad de Tapachula.
Foto\Ángeles Mariscal
Zoila recuerda que un día les dijeron que iban a cerrar el albergue
para evitar contagios. Muchos se fueron, pero a otros, como ellas, les
permitieron quedarse porque no tenían adónde ir. Cada atardecer, todos
se acomodan para dormir en colchonetas, en el piso, en literas, dónde se
pueda.
Entre los problemas que tienen, ya comienza a escasear el alimento. Las donaciones disminuyeron, y, sin recursos suficientes para que compren su propia comida, es mayor la preocupación. Tienen miedo también al contagio. Las habitaciones no son tan espaciosas, como para mantener el distanciamiento social que recomiendan los expertos para evitar la propagación del virus.
El albergue es apenas una muestra de lo que viven. Otros migrantes van cada día hasta las oficinas del Instituto Nacional de Migración para evaluar su situación. Varios de ellos se aglomeran en estas oficinas estatales, pero les dicen que les enviarán la respuesta por correo electrónico. El sitio es siempre frecuentado por militares.
El guatemalteco Anderson Lima luce desesperado. Lleva dos semanas visitando las dependencias gubernamentales. Un día lo hizo desde las cuatro de la mañana, pero fue en vano. “¿Sabe cuánto va a durar esto? ¿Cuándo va a acabar la pandemia?”, pregunta. Insiste.
No lo dice así, pero él espera un milagro. “Estoy rentando un cuarto, pero ya se acabó el dinero y debo seguir para enviar (dinero) a mis hijos aunque sea unas mil lempiras (40 dólares)”. Anderson dice que ‘cuando esto acabe’, va a seguir al Norte, “aunque sea a Monterrey (noreste de México), porque allá sí hay trabajo”.
****
La presencia de los deportados desde Estados Unidos, que se encuentran varados en la frontera, también ha provocado algunas tensiones en poblados como Talismán, una comunidad rodeada de montañas, ubicada en la línea que divide México con Guatemala.
Al amanecer del 8 de abril, nueve autobuses con alrededor de 480 migrantes se estacionaron a unos 300 metros del puente fronterizo con Guatemala. Encontraron cerrada la frontera por policías y militares de ese país. Estas personas habían sido protagonistas de reclamos a las autoridades migratorias en al menos cuatro estaciones desde una semana antes, en las cuales demandaban ser llevados a sus países de origen.
El caso más destacado de estas protestas ocurrió el 31 de marzo cuando un migrante de Guatemala, quien viajaba con su esposa y un hijo, murió asfixiado en la estación de Tenosique, Tabasco, cuando otros de ellos prendieron fuego a los colchones. “Alrededor de las 19:45, un grupo de hombres-en su mayoría originarios de Honduras– (…) incendió colchonetas como medio de presión para exigir el retorno a su país de origen, tras el cierre de fronteras derivado de la contingencia sanitaria”, informó en un comunicado la Secretaría de Gobernación de México.
El ocho de abril, ante la imposibilidad de volver a sus países, un grupo de los 480 migrantes empezó a caminar rumbo al centro del poblado de Talismán. Eso encendió las alarmas entre la población local, quienes les cerraron el paso. Llegó la Policía, el Ejército mexicano, “y gracias a Dios pudimos regresar a esas personas (…) desconocemos si los migrantes vienen enfermos. El acuerdo es no permitir el paso de estas personas”, dijo Virgilio Castillo.
A partir de ese día los lugareños instalaron un campamento formal a orilla de la carretera. El mensaje fue que se cerraban para evitar el contagio. Es lo mismo que sucedió en algunos sitios de Guatemala.
Crispin García, vicepresidente de la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, explica que, cuando llega un deportado, la familia debe avisar a la municipalidad. En el vecino departamento de Quetzaltenango, el alcalde prohibió en un primer momento la entrada a los migrantes que llegan por tierra desde México. Flexibilizó la medida, lo que permitió habilitar un albergue dentro de un centro recreativo estatal, llamado Atanasio Tzul. Los vecinos se opusieron.
“¡Qué se los lleven! ¡Nosotros, señores, aquí estamos arriesgando la vida de nosotros y de nuestra familia. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa más que se los lleven! ¡Qué se vayan! ¡Los llevan o los quemamos!”, gritaron los vecinos afuera del lugar la tarde del 15 de abril, cuatro días antes que se encendieran las alarmas con la llegada de un deportado al pueblo Santa Catarina Palopó.
En este nuevo caso se trataba de 80 deportados. “Si los que vienen en avión vienen contaminados ya no digamos los que vienen vía terrestre. Esa es la preocupación”, dice Oscar Nimatuj, líder de vecinos. Aunque muchos de sus compañeros llevaron palos y gritaron enardecidos, él “aclara” que no había una intención real de quemar nada, pero sí de pedir que los desalojaran para evitar contagios. Dejaron allí a los migrantes durante cinco días y después los enviaron a cuarentena a sus casas. Uno de ellos resultó ser positivo en la prueba de coronavirus según las autoridades guatemaltecas.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Entre los problemas que tienen, ya comienza a escasear el alimento. Las donaciones disminuyeron, y, sin recursos suficientes para que compren su propia comida, es mayor la preocupación. Tienen miedo también al contagio. Las habitaciones no son tan espaciosas, como para mantener el distanciamiento social que recomiendan los expertos para evitar la propagación del virus.
El albergue es apenas una muestra de lo que viven. Otros migrantes van cada día hasta las oficinas del Instituto Nacional de Migración para evaluar su situación. Varios de ellos se aglomeran en estas oficinas estatales, pero les dicen que les enviarán la respuesta por correo electrónico. El sitio es siempre frecuentado por militares.
El guatemalteco Anderson Lima luce desesperado. Lleva dos semanas visitando las dependencias gubernamentales. Un día lo hizo desde las cuatro de la mañana, pero fue en vano. “¿Sabe cuánto va a durar esto? ¿Cuándo va a acabar la pandemia?”, pregunta. Insiste.
No lo dice así, pero él espera un milagro. “Estoy rentando un cuarto, pero ya se acabó el dinero y debo seguir para enviar (dinero) a mis hijos aunque sea unas mil lempiras (40 dólares)”. Anderson dice que ‘cuando esto acabe’, va a seguir al Norte, “aunque sea a Monterrey (noreste de México), porque allá sí hay trabajo”.
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La presencia de los deportados desde Estados Unidos, que se encuentran varados en la frontera, también ha provocado algunas tensiones en poblados como Talismán, una comunidad rodeada de montañas, ubicada en la línea que divide México con Guatemala.
Al amanecer del 8 de abril, nueve autobuses con alrededor de 480 migrantes se estacionaron a unos 300 metros del puente fronterizo con Guatemala. Encontraron cerrada la frontera por policías y militares de ese país. Estas personas habían sido protagonistas de reclamos a las autoridades migratorias en al menos cuatro estaciones desde una semana antes, en las cuales demandaban ser llevados a sus países de origen.
El caso más destacado de estas protestas ocurrió el 31 de marzo cuando un migrante de Guatemala, quien viajaba con su esposa y un hijo, murió asfixiado en la estación de Tenosique, Tabasco, cuando otros de ellos prendieron fuego a los colchones. “Alrededor de las 19:45, un grupo de hombres-en su mayoría originarios de Honduras– (…) incendió colchonetas como medio de presión para exigir el retorno a su país de origen, tras el cierre de fronteras derivado de la contingencia sanitaria”, informó en un comunicado la Secretaría de Gobernación de México.
El ocho de abril, ante la imposibilidad de volver a sus países, un grupo de los 480 migrantes empezó a caminar rumbo al centro del poblado de Talismán. Eso encendió las alarmas entre la población local, quienes les cerraron el paso. Llegó la Policía, el Ejército mexicano, “y gracias a Dios pudimos regresar a esas personas (…) desconocemos si los migrantes vienen enfermos. El acuerdo es no permitir el paso de estas personas”, dijo Virgilio Castillo.
A partir de ese día los lugareños instalaron un campamento formal a orilla de la carretera. El mensaje fue que se cerraban para evitar el contagio. Es lo mismo que sucedió en algunos sitios de Guatemala.
Crispin García, vicepresidente de la junta directiva de los 48 cantones de Totonicapán, explica que, cuando llega un deportado, la familia debe avisar a la municipalidad. En el vecino departamento de Quetzaltenango, el alcalde prohibió en un primer momento la entrada a los migrantes que llegan por tierra desde México. Flexibilizó la medida, lo que permitió habilitar un albergue dentro de un centro recreativo estatal, llamado Atanasio Tzul. Los vecinos se opusieron.
“¡Qué se los lleven! ¡Nosotros, señores, aquí estamos arriesgando la vida de nosotros y de nuestra familia. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa más que se los lleven! ¡Qué se vayan! ¡Los llevan o los quemamos!”, gritaron los vecinos afuera del lugar la tarde del 15 de abril, cuatro días antes que se encendieran las alarmas con la llegada de un deportado al pueblo Santa Catarina Palopó.
En este nuevo caso se trataba de 80 deportados. “Si los que vienen en avión vienen contaminados ya no digamos los que vienen vía terrestre. Esa es la preocupación”, dice Oscar Nimatuj, líder de vecinos. Aunque muchos de sus compañeros llevaron palos y gritaron enardecidos, él “aclara” que no había una intención real de quemar nada, pero sí de pedir que los desalojaran para evitar contagios. Dejaron allí a los migrantes durante cinco días y después los enviaron a cuarentena a sus casas. Uno de ellos resultó ser positivo en la prueba de coronavirus según las autoridades guatemaltecas.
*Otras Miradas es una alianza de periodismo colaborativo integrada por medios independientes de México y Centroamérica. Como parte de esta iniciativa presentamos la serie “Coronavirus desde otras miradas” en la que participan Desinformémonos (México), Chiapas Paralelo (México), Agencia Ocote (Guatemala), No-Ficción (Guatemala), Gato Encerrado (El Salvador), Contracorriente (Honduras), Radio Progreso (Honduras) Nicaragua Investiga (Nicaragua), Onda Local (Nicaragua) y Confidencial (Nicaragua).
Piden a autoridades de la UNAH declarar Non Grato a Oswaldo Ramos Soto
junio 12, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- El Frente de Reforma Universitaria FRU ha pedido que se declare Non Grato al exrector Oswaldo Ramos Soto.
Además piden retirar cualquier alusivo que lleve su nombre (placa, salón, auditorio, imagen); por declararse enemigo público de la UNAH y de su autonomía.
Las redes sociales se han encendido con las declaraciones del llamado «exrector magnifico» en la década de los 80 cuando fue rector de la máxima casa de estudios y que comenzó el dominio del Partido Nacional en la UNAH.
El pasado jueves el ahora diputado del Partido Nacional, y ex Rector de la UNAH en la década de los desaparecidos (1980), Abogado Oswaldo Ramos Soto, declaró en la sesión virtual del Congreso Nacional expresó: «De esto solo queda pendiente la UNAH, no puede seguir siendo quien rija la educación superior, debe crearse un ente aparte para controlar a la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras que es quien controla a las universidades particulares y se controla a ella misma”.
El FRU denuncia que esto es un atentando contra el artículo 160 de la Constitución de la República que reza: «La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”.
Ante esta situación se ha levantado una petición a través del sitio change.org para declarar NON GRATO a Oswaldo Ramos Soto en la UNAH y retirar cualquier alusivo a su nombre.
Firma aquí la petición https://www.change.org/p/
Para empezar, nunca tuvo una estrategia integral, digna de este nombre, para lidiar con un problema tan grande. Rechazó tercamente todo asesoramiento. Muy propio de su estilo autoritario y mesiánico. Lo que hemos visto ha sido improvisación y un permanente show. Recuerdo cuando anunció con tajante tono: “La próxima semana empezaremos a construir más de 90 hospitales”. Hasta hoy, solo he visto un maltrecho hospital móvil en Villanueva, que no sé si al fin comenzó a funcionar.
Tampoco olvido la parodia militar con que inició la operación “Honduras Solidaria”. Con el mentón subido a lo Mussolini, taconazo y saludo marcial: “Le ordeno, general, que proceda a distribuir 800.000 bolsas de comida cada quince días a 3.2 millones de hondureños, con toda transparencia e imparcialidad”. Sin duda el general no le oyó, porque las que repartieron -sería interesante saber cuántas fueron- fue casi solo a activistas del Partido Nacional. Si hago bien las cuentas, ya deberían haber entregado más de 4 millones de bolsas. ¿O pasó lo mismo que con los hospitales?
Ha sido evidente que las interminables cadenas nacionales que nos ha recetado durante todo este tiempo, hasta tres en un día, han sido, básicamente, para desplegar una intensa campaña política en un vano intento de levantar su destruida imagen. Ignoro quién pudo aconsejarle que apareciera en ellas todos los días, pero le recomiendo que lo despida. Por cierto, una vez se me ocurrió apagar el volumen de la televisión. Parecía un actor de pantomima. A veces adusto, a veces compungido; otras, relajado y esbozando una tenue sonrisa, con un aire de buen padre de familia o de apacible predicador, y coordinado siempre con estudiados movimientos de brazo y mano. Como en el cine mudo, pero sin subtítulos. Entrenado probablemente por J.J. Rendón, quien, dicho sea de paso, de aquí en adelante será reconocido como un gran estratega militar por su magistral plan de invasión a Venezuela.
En la cadena nacional del pasado 20 de mayo, escuché al vocero de Sinager ufanarse de la “baja” tasa de mortalidad de ese día, de 4.87 por ciento, con un total de 3.100 contagiados. Y al día siguiente, el mismo gobernante manifestó, como un gran logro, que la misma es inferior a la media de América Latina, pero omitió decir que este promedio no es representativo, porque está distorsionado por las elevadísimas cifras de Brasil, que ya supera los 20.000 muertos. O sea, un burdo intento del propio presidente de engañar o confundir a los hondureños.
La triste verdad es que, precisamente en esa fecha, el índice de letalidad de Honduras era, para comenzar, el más alto de Centroamérica, incluyendo a Panamá. Estos son los datos: Guatemala, con casi el doble de habitantes, tenía apenas el 1.99 por ciento, con un total de 2.265 contagiados; El Salvador, el 1.97 por ciento, con 1.571 casos; Costa Rica, el 1.11 por ciento con 897 casos, y Panamá, el 2.88 por ciento, con 9.977 casos. No incluyo a Nicaragua porque sus estadísticas, como se sabe, no son confiables.
Pero, asómbrese el lector. Venezuela -que si damos crédito a la prensa derechista se encuentra en la más completa calamidad económica y social- está mucho mejor que nosotros. Con una población de 30 millones de personas, el triple de Honduras, únicamente tenía el 1.21 por ciento de letalidad y 824 casos en total. Y el colmo, nos ganaba también Haití, que cuenta con 2 millones más de habitantes, con una tasa del 3.69 por ciento y nada más 596 contagiados. Pero eso no es todo, ya que ese día, justamente, ocupábamos el cuarto peor lugar de toda Latinoamérica en ese indicador porcentual de personas fallecidas, solo por debajo de México, Ecuador y Brasil.
En resumen, estimado lector, este atraco y desastre es lo que el mandatario llama “manejo inteligente del Covid 19”. Y en el que se basa para ordenar el retorno a la “nueva normalidad” sin practicar el número de pruebas suficientes y sin haber alcanzado el pico y, mucho menos, el aplanamiento de la curva de contagios. Y justo cuanto en todo el continente el virus comienza a propagarse de manera exponencial.
Tegucigalpa, 22 de mayo de 2020.
Tegucigalpa.- El Frente de Reforma Universitaria FRU ha pedido que se declare Non Grato al exrector Oswaldo Ramos Soto.
Además piden retirar cualquier alusivo que lleve su nombre (placa, salón, auditorio, imagen); por declararse enemigo público de la UNAH y de su autonomía.
Las redes sociales se han encendido con las declaraciones del llamado «exrector magnifico» en la década de los 80 cuando fue rector de la máxima casa de estudios y que comenzó el dominio del Partido Nacional en la UNAH.
El pasado jueves el ahora diputado del Partido Nacional, y ex Rector de la UNAH en la década de los desaparecidos (1980), Abogado Oswaldo Ramos Soto, declaró en la sesión virtual del Congreso Nacional expresó: «De esto solo queda pendiente la UNAH, no puede seguir siendo quien rija la educación superior, debe crearse un ente aparte para controlar a la propia Universidad Nacional Autónoma de Honduras que es quien controla a las universidades particulares y se controla a ella misma”.
El FRU denuncia que esto es un atentando contra el artículo 160 de la Constitución de la República que reza: «La Universidad Nacional Autónoma de Honduras es una Institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional”.
Ante esta situación se ha levantado una petición a través del sitio change.org para declarar NON GRATO a Oswaldo Ramos Soto en la UNAH y retirar cualquier alusivo a su nombre.
Firma aquí la petición https://www.change.org/p/
Reflexiones sobre la pandemia (parte 7)
mayo 22, 2020
Redacción
Por: Rodil Rivera Rodil
La
cuarentena, que siempre funcionó a medias, está llegado a su fin,
aunque en forma un tanto confusa y casi subrepticia. Y tampoco se ha
preparado ningún programa de reapertura de la economía, lo cual, dicen,
se irá haciendo sobre la marcha. Ya he dicho que jamás hemos tenido los
recursos ni la infraestructura de salud que se requiere para hacerle
frente a la pandemia. Es el precio que estamos pagando por el modelo
económico y social de atraso, neoliberal y corrupto que tenemos. Pero no
es menos cierto que se pudo haber hecho mucho más con los recursos de
que disponemos si se hubieran invertido con capacidad y, sobre todo, con
honradez. He aquí un breve repaso de la gestión de la crisis por el
presidente Hernández.Para empezar, nunca tuvo una estrategia integral, digna de este nombre, para lidiar con un problema tan grande. Rechazó tercamente todo asesoramiento. Muy propio de su estilo autoritario y mesiánico. Lo que hemos visto ha sido improvisación y un permanente show. Recuerdo cuando anunció con tajante tono: “La próxima semana empezaremos a construir más de 90 hospitales”. Hasta hoy, solo he visto un maltrecho hospital móvil en Villanueva, que no sé si al fin comenzó a funcionar.
Tampoco olvido la parodia militar con que inició la operación “Honduras Solidaria”. Con el mentón subido a lo Mussolini, taconazo y saludo marcial: “Le ordeno, general, que proceda a distribuir 800.000 bolsas de comida cada quince días a 3.2 millones de hondureños, con toda transparencia e imparcialidad”. Sin duda el general no le oyó, porque las que repartieron -sería interesante saber cuántas fueron- fue casi solo a activistas del Partido Nacional. Si hago bien las cuentas, ya deberían haber entregado más de 4 millones de bolsas. ¿O pasó lo mismo que con los hospitales?
Ha sido evidente que las interminables cadenas nacionales que nos ha recetado durante todo este tiempo, hasta tres en un día, han sido, básicamente, para desplegar una intensa campaña política en un vano intento de levantar su destruida imagen. Ignoro quién pudo aconsejarle que apareciera en ellas todos los días, pero le recomiendo que lo despida. Por cierto, una vez se me ocurrió apagar el volumen de la televisión. Parecía un actor de pantomima. A veces adusto, a veces compungido; otras, relajado y esbozando una tenue sonrisa, con un aire de buen padre de familia o de apacible predicador, y coordinado siempre con estudiados movimientos de brazo y mano. Como en el cine mudo, pero sin subtítulos. Entrenado probablemente por J.J. Rendón, quien, dicho sea de paso, de aquí en adelante será reconocido como un gran estratega militar por su magistral plan de invasión a Venezuela.
Nota relacionada Reflexiones sobre la pandemia (parte 6)
Los corruptos han hecho piñata con los recursos destinados al coronavirus. Copeco, Sinager, la Secretaría de Salud. La respuesta de sus directivos a la pregunta de porqué compraban insumos sanitarios mucho más caros que los que adquiría el fideicomiso del Banco de Occidente, o pruebas y equipos incompletos o sin saber siquiera cómo se usan, fue todo un poema: “Compramos lo que hay”. En esa oportunidad, el ministro de la presidencia, don Ebal Díaz, declaró a los periodistas: “Ningún acto de corrupción debe tolerarse, estar en emergencia no significa que hay carta blanca para los corruptos”. Todavía estamos esperando que los culpables sean llevados a la cárcel.En la cadena nacional del pasado 20 de mayo, escuché al vocero de Sinager ufanarse de la “baja” tasa de mortalidad de ese día, de 4.87 por ciento, con un total de 3.100 contagiados. Y al día siguiente, el mismo gobernante manifestó, como un gran logro, que la misma es inferior a la media de América Latina, pero omitió decir que este promedio no es representativo, porque está distorsionado por las elevadísimas cifras de Brasil, que ya supera los 20.000 muertos. O sea, un burdo intento del propio presidente de engañar o confundir a los hondureños.
La triste verdad es que, precisamente en esa fecha, el índice de letalidad de Honduras era, para comenzar, el más alto de Centroamérica, incluyendo a Panamá. Estos son los datos: Guatemala, con casi el doble de habitantes, tenía apenas el 1.99 por ciento, con un total de 2.265 contagiados; El Salvador, el 1.97 por ciento, con 1.571 casos; Costa Rica, el 1.11 por ciento con 897 casos, y Panamá, el 2.88 por ciento, con 9.977 casos. No incluyo a Nicaragua porque sus estadísticas, como se sabe, no son confiables.
Pero, asómbrese el lector. Venezuela -que si damos crédito a la prensa derechista se encuentra en la más completa calamidad económica y social- está mucho mejor que nosotros. Con una población de 30 millones de personas, el triple de Honduras, únicamente tenía el 1.21 por ciento de letalidad y 824 casos en total. Y el colmo, nos ganaba también Haití, que cuenta con 2 millones más de habitantes, con una tasa del 3.69 por ciento y nada más 596 contagiados. Pero eso no es todo, ya que ese día, justamente, ocupábamos el cuarto peor lugar de toda Latinoamérica en ese indicador porcentual de personas fallecidas, solo por debajo de México, Ecuador y Brasil.
En resumen, estimado lector, este atraco y desastre es lo que el mandatario llama “manejo inteligente del Covid 19”. Y en el que se basa para ordenar el retorno a la “nueva normalidad” sin practicar el número de pruebas suficientes y sin haber alcanzado el pico y, mucho menos, el aplanamiento de la curva de contagios. Y justo cuanto en todo el continente el virus comienza a propagarse de manera exponencial.
Tegucigalpa, 22 de mayo de 2020.
