Llamado urgente de solidaridad con el Movimiento Campesino de Bajo Aguán, Honduras
voselsoberano.com | Domingo 13 de Noviembre de 2011
CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Jubileo Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción - Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de 2011
Para adherir: Rte. jubileosur@gmail.com
Hermanos y hermanas:
Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.
Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos - perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.
Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.
Algunos antecedentes
La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.
Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.
En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.
En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.
Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.
La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.
En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.
Respuestas desatinadas
Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.
A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos - “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” - por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.
Nuestra solicitud
Por estas razones:
- Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:
- Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
- Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.
- Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
- Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.
- Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.
-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:
1) Velar por los derechos humanos:
- Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
- Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
- Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.
- Deteniendo los desalojos forzosos.
- Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
- Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.
- Suspender los operativos militares.
- Poner fin a la presencia militar extranjera.
¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz - Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Jubileo Sur/Américas - Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA - Espacio Refundacional-Honduras - Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH - Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH - Rights Action/Derechos en Acción - Colectivo Italia Centro America CICA - Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)
-11 de noviembre de 2011
Para adherir: Rte. jubileosur@gmail.com
No a la militarización de la sociedad hondureña
Sábado 12 de Noviembre de 2011
“Vos y tu hija se van a morir” le dicen en mensaje a director de Radio Uno
Los ataques contra Arnulfo Aguilar, director de la estación Radio Uno, de San Pedro Sula, se reanudaron en los últimos días, según su denuncia ante el COFADEH.
Pese a que Aguilar junto al colectivo de Radio Uno son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la radio y sus integrantes han sido asediados constantemente por los cuerpos represivos del Estado y paramilitares que tratan de sembrar el temor en este medio de comunicación por mantener una posición beligerante contra el golpe de Estado.
El comunicador social denunció en las últimas horas que recibió llamadas telefónica a su celular en las que le dicen “perro, hoy sí te vas a morir, si de la primera te salvaste hoy de esta ni la madre te va a salvar, para que dejés de hablar mierd..”.
Cabe recordar que el 27 de abril pasado, entre ocho y 10 hombres armados que llevaban el rostro cubierto por pasamontañas, atacaron a Aguilar, enfrente de su casa en Chamelecón, en el Norte de Honduras, al llegar de la radio en la noche. Los desconocidos lo esperaban. Vea más detalles.
Amnistía Internacional cree que ese ataque se debió a que Aguilar había criticado públicamente a las fuerzas armadas, por lo que consideró que su vida corre peligro.
Pero la amenaza se extiende a su familia, pues en otra comunicación le expresan que “Vos y tu hija se van a morir y todos los que tengas cerca tal vez así dejas de hablar mierd..” le reiteran.
Aguilar junto a sus colegas, desde el golpe de Estado han sido presa de persecución, hostigamiento, amenazas, asedio y las instalaciones de Radio Uno objeto de sabotaje e intento de cierre, pues desde allí se ha alzado la voz del pueblo que repudió el rompimiento del orden constitucional y la represión a nivel nacional.
El atentado que Aguilar sufrió hace seis meses, fue justo después que en la radioemisora se abordó el tema del involucramiento de las Fuerzas Armadas en el tráfico de armas a grupos criminales, según información aparecida en WikiLeaks.
En un cable WikiLeaks cita un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, titulado "Honduras: Armas Militares alimentan el Mercado Negro Armamentístico", que señaló que los números de serie de armas ligeras antitanque recuperados en Ciudad Juárez, México y la Isla de San Andrés, Colombia, coincidían con los números de las armas que habían sido vendidas con anterioridad a Honduras. Además de las armas, las autoridades de EE.UU. confiscaron un número de granadas M433 de grupos criminales en México, que también fueron trazadas al ejército hondureño.
Días posteriores al ataque se informó de la realización de disparos en las cercanías de la casa de Arnulfo Aguilar.
En los últimos meses varios miembros y miembras del colectivo de la radio han sido objeto de secuestros, amenazas, intimidaciones y hostigamientos y el periodista Medardo Flores, perdió la vida a manos de desconocidos hace dos meses, sumándose a la larga lista de periodistas asesinados en Honduras después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Algunos hechos de represión contra Radio Uno
A pocas horas de cumplirse un año del golpe de Estado, un contingente militar policial llegó a inmediaciones de Radio Uno, en la ciudad de San Pedro Sula, en momentos en que la oscuridad cubría la zona donde se encuentra esta radioemisora, con la in tención de militarizarla, según denunció el periodista Oswaldo Martínez, del Colectivo de la radio.
El 17 de marzo Arnulfo Aguilar, Director de Radio Uno, denunció ante una delegación del COFADEH que la represión está en cada esquina de este medio de comunicación y que va desde la planificación de su asesinato hasta amenazas a analistas de la emisora, intervención de las llamadas de los oyentes para después amenazarlos, así como los cortes constantes de energía eléctrica y los registros permanentes de vehículos y documentos personales del personal de la radio, indican un acoso permanente para desestabilizar este medio de comunicación y obligarlos al cierre.
El 30 de agosto de 2010 después de que hacía el director de la emisora, Arnulfo Aguilar, iniciara el programa con el tema del magisterio, constituyendo éste un nuevo ataque contra este medio de comunicación que ha mantenido una posición inclaudicable contra el golpe de Estado, la radio fue obligada a salir del aire después de que sus transmisores fueron saboteados por hombres desconocidos.
El 15 de septiembre del año pasado la policía irrumpió violentamente a la radio lanzando bombas lacrimógenas y golpeando salvajemente a varias personas que están en este medio de comunicación huyendo de la represión que implementaron los cuerpos represivos contra una manifestación pacífica de la resistencia. El profesor Ruy Díaz, que forma parte también del colectivo de la radio fue una de las víctimas de los policías.
Otra vez bases gringas en Honduras
El primer decreto ejecutivo que emitió Porfirio Lobo en enero de 2010 al asumir la continuidad del golpe fue la autorización de otra base gringa en Caratasca y una extensión en la pequeña isla de Guanaja.
Ambas bases navales, terrestres y aéreas se suman a Palmerola, en el corazón del valle de Comayagua, que data de los años ochentas.
A estos enclaves militares estadounidenses en la costa atlántica y Comayagua hay que agregar los asesores rangers en el departamento de Colón y más de 300 agentes de la DEA en todo el país, participando en operativos policiales y militares.
En el discurso público este personal militar estadounidense está para cooperara con Honduras en el combate contra el narcotráfico.
En el discurso privado están para ejercer control sobre los recursos naturales del país y contener el avance de las nuevas fuerzas sociales y políticas que disputan el poder.
Es obvio que la re militarización de Honduras tiene objetivos geo políticos, porque tan pronto Daniel Ortega aplastó electoralmente a la derecha nicaragüense, el jefe metralleta del estado mayor de las fuerzas armadas hondureñas, René Osorio Canales, anunció la llegada de más tropas estadounidenses antes del fin de este año.
En su lectura geoestratégica el imperio del mal, de la guerra y de la muerte, considera que la consolidación de Ortega en la Nicaragua sandinista será una inspiración para el Frente Nacional de Resistencia, que eligió la vía electoral para competir políticamente contra la derecha golpista hondureña en 2013.
Está a punto de cerrar el año para Honduras como empezó para Costa Rica: con ocupación de marines, flotillas anfibias y aviones de combate, para cercarle las fronteras a Nicaragua.
Ese y no otro es el descomunal objetivo de los halcones de la muerte, que ya habían liberado a los gorilas nacionales en junio de 2009 para expulsar al presidente Zelaya del poder y reprimir a la multitudinaria resistencia que no han podido vencer.
La estrategia de Estados Unidos es evitar nuevas derrotas políticas en América Latina, cuyos territorios descuidó parcialmente en los últimos 15 años para atender las guerras de Kuwait, Irak, Afganistán y Libia, donde concretó negocios multimillonarios con sus reservas naturales de gas, petróleo, agua y otros minerales.
Por instinto, información y conocimiento, los pueblos originarios de Honduras representados por el COPINH y la Organización Fraternal Negra de Honduras, entre otras, vieron venir tras el golpe un proceso agresivo de militarizar la sociedad hondureña y nos previnieron a todos.
Con acierto interpretaron que el concesionamiento de 48 ríos en las cuencas más ricas en biodiversidad del país y el acaparamiento de tierras y territorios por empresas transnacionales y narcotraficantes, es parte de la estrategia militar hegemónica.
En respuesta los pueblos indígenas y negros han realizado tres encuentros nacionales contra la militarización en menos de un año, el primero en La Esperanza, el segundo en La Ceiba y el tercero en Tocoa, Colón.
Ayer mismo inauguraron en la ciudad de Tocoa un Observatorio Internacional de Derechos Humanos, en seguimiento de aquellos encuentros.
Mientras el pentágono, la CIA, la DEA y el Departamento de Estado se basan en un viejo acuerdo militar de 1954 y uno más reciente que aprobó Carlos Flores Facussé en 2001 para justificar la ocupación militar permanente, los pueblos originarios exhiben en su defensa el Convenio 169 de la OIT, los laudos de antiguos reyes europeos y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Junto a los pueblos originarios nosotras también rechazamos la presencia de tropas extranjeras, sean estas colombianas, israelitas o estadounidenses, igual que rechazamos la presencia de 85 empresas privadas de seguridad con setenta mil hombres armados.
Igualmente, rechazamos la presencia del ejército golpista hondureño en las calles del país y en los territorios agrícolas en su denominación de fuerza xatruch y operación relámpago.
No hay otro momento más oportuno que ahora, antes de la toxicidad comercial de la navidad de los mercados, para advertir que la presencia militar es sinónimo de violencia, irrespeto y muerte, y que no queremos militares entre nosotros.
¡Fuera fuera las tropas militares extranjeras y las nacionales por mercenarias también las queremos fuera!
Buenas noches
(Editorial difundido en el Programa Radial del COFADEH "Voces Contra el Olvido" , el sábado 12 de noviembre de 2011)
Videos de las jornadas de Mujeres en Resistencia en Honduras
Están disponibles en videos tramos de las 2ª y 3ª Jornada Regional de Mujeres en Resistencia en Honduras. Los encuentros, la intervención de Sara Rosales en la III Jornada, la movilización de mujeres en la recaudación de las 80.000 firmas ya pueden ser visto en los links abajo:
1) II Jornada Regional de Mujeres en Resistencia: http://vimeo.com/31601861
2) III Jornada Regional de Mujeres en Resistencia: http://vimeo.com/31776583
3) Intervención de Sara Rosales en la III Jornada sobre la Mujer en la historia hondureña: http://vimeo.com/31548222
4) Las Mujeres de la Resistencia, la "columna vertebral” del Frente, protagonistas en la recaudación de las 80.000 firmas: http://vimeo.com/31883708
1) II Jornada Regional de Mujeres en Resistencia: http://vimeo.com/31601861
2) III Jornada Regional de Mujeres en Resistencia: http://vimeo.com/31776583
3) Intervención de Sara Rosales en la III Jornada sobre la Mujer en la historia hondureña: http://vimeo.com/31548222
4) Las Mujeres de la Resistencia, la "columna vertebral” del Frente, protagonistas en la recaudación de las 80.000 firmas: http://vimeo.com/31883708
Militar golpista lanzará candidatura
presidencial con el Partido Alianza
Patriótica Hondureña
Red Morazánica de Información
Tegucigalpa. 11 Noviembre 2011. El general retirado Romeo Vásquez, quien encabezara el golpe de Estado miliar contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009, confirmó su pretensión de buscar la máxima magistratura del país en las próximas elecciones de 2013.
Dirigentes de la Alianza Patriótica Hondureña, partido en formación, anunciaron la postulación del militar golpista como su primer opción para sustituir al actual titular del régimen, Porfirio Lobo.
Según lo expresado por Waldo Rivera, dirigente de la Alianza Patriótica, presentaron ante el Tribunal Supremo Electoral 55,000 firmas que apoyan la formación de su partido y la postulación de Romeo Vásquez como candidato presidencial.
En junio de 2009, Romeo Vásquez como titular de las Fuerzas Armadas de Honduras encabezó la asonada político-militar que sacó del poder al presidente legítimo Manuel Zelaya, acto que mereció el rechazo de la comunidad nacional e internacional y contra el cual se levantó un movimiento de Resistencia que se mantiene hasta la fecha.