No hay poder en el mundo que evite la caída de JOH
Por: Oscar Miguel Marroquín
La
caída de quien se siente protegido por el imperio ahora está más cerca
que nunca, solo es cuestión de horas o días, para que la noticia recorra
seguramente el mundo entero, el “todo poderoso” Juan Hernández cayó, el
pueblo lo tumbó dirán los periódicos; nótese que digo pueblo, pues
cuando me refiero al pueblo lo digo sin temor alguno a la crítica, de
aquellos que creen que los politiqueros realmente son y han sido siempre
los héroes de esta lucha.
Quizá
sea necesario recordar para los que ya olvidaron que los verdaderos
héroes de esta lucha son Berta Cáceres, Anselmo Villarreal, Kimberly
Fonseca, Soad Bustillo, Isis Obed Murillo y otros tantos que con su
sangre han abonado el camino para que en Honduras desaparezcan los
narcomilitares, los narco diputados, los narco banqueros, los
narcopolicías, es decir, para que en la patria de Francisco Morazán
jamás otro catracho o catracha sea asesinado por los escuadrones de la
muerte dirigidos por altos militares al servicio de una oligarquía
igualmente criminal y corrupta.
Hay
de aquella hora cuando el pueblo se levante, y fuego en mano decida
arrasarlo todo, no habrá creo yo, metralla alguna o muralla que detenga
la furia de los mil veces despreciados, de los siempre sospechosos de
todo, de los que murieron en el camino de la caravana, de los que lloran
bajo bandera ajena recordando a su Honduras, de los que añoran ahora
mismo su patria, su familia, sus costumbres, pero que lejos están en
suelo extraño.
Ellos y ellas ansían mirar una patria diferente en la que quepan todos y todas.
Este
dolor de parto está llegando a su final, Honduras esta por parir un
nuevo día, sin Juan Hernández, sin Tony Hernández, sin el mil veces
traidor de la patria Rene Orlando Ponce Fonseca, sin Fabio Lobo y Rafael
Leonardo Callejas, porque ellos y otro tanto más son lo peor que la
tierra de Lempira ha conocido.
Muy
doloroso será el parto, quizá otros u otras tengan que entregar su
sangre, sin embargo, no creo que exista poder en este planeta que pueda
detener la caída de Juan Hernández, sin lugar a equivocarme, tampoco
creo que exista imperio alguno que pueda contener esta marea de fuego
que muy pronto, creo yo, podría incendiarlo todo incluso el trono de
quien ahora se siente intocable defendido por narcomilitares y policías.
Nota relacionada Actor clave en caso Pandora declara que JOH es el cabecilla de los saqueos en varias instituciones del Estado
En
pocos horas o días, veremos cómo Hernández tendrá que ser juzgado por
la justicia divina o, mejor dicho, por la justicia del pueblo, quien de
eso dude, comete un craso error, pues hay un viejo refrán que dice: “No
hay mal que dure cien años, ni pueblo que lo resista”.
Cuando
este caiga, habrá crujir de dientes, pues la justicia alcanzara al
resto, a los que un día dieron la orden de robar, de matar, de traficar;
esa justicia alcanzara también a todos aquellos que participaron del
golpe de Estado, de los fraudes electorales, no habrá creo, lugar para
que David Matamoros Batson pueda esconderse y escapar de la justicia.
La caída de JOH está a la vuelta de la esquina, ningún poder podrá evitarlo.
El gobierno de Juan Hernández está al borde del precipicio
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Las
revelaciones que han salido en los últimos días sobre los supuestos
vínculos del presidente de Honduras, Juan Hernández con el narcotráfico y
actos de corrupción, hace que su gobierno esté al borde del precipicio y
en el filo de la navaja, según el analista social y político Tomás
Andino.
El analista enfatizó en que si actualmente hubiera una reacción social Hernández no duraría en el poder ni una semana.
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Para
el analista las revelaciones que han salido en los últimos días sobre
los supuestos vínculos de Hernández con el narcotráfico y actos de
corrupción, no es nada extraño para los hondureños, porque es “una
comidilla de todos los días”.
Lo
que a juicio de Andino llama la atención es que las nuevas revelaciones
se hayan originado en los Estados Unidos, mediante el enjuiciamiento de
Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández—hermano del
gobernante—por cargos relacionados a todas las actividades del
narcotráfico y armas.
El
señalamiento por parte de Estados Unidos tiene mensaje político muy
significativo, que implica que el gobierno de Hernández ha caído en
desgracia frente al Estado norteamericano, que le está “acercando la
justicia a sus pies”. Esto significa además, que se le está cerrando el
círculo y que hay inconformidad por parte de la administración de Donald
Trump con este gobierno”, dijo Andino.
Amplió
que las razones del malestar estadounidense son múltiples, por un lado,
el involucramiento abierto y descarado de muchos funcionarios públicos y
familiares de Hernández en las redes del tráfico de drogas y crimen
organizado, con lo que se pone en entredicho el discurso antidrogas del
gobierno norteamericano, que dice combatir el narcotráfico en algunos
gobiernos y en otros lo está tolerando.
Recordó que el gobierno de Trump tiene la característica que cumple lo que promete y prometió combatir el narcotráfico.
Como
una segunda razón del malestar estadounidense, Andino enumeró el éxodo
masivo de hondureños durante los últimos meses, lo que a su criterio ha
significado un quiebre en el tema de la migración internacional, porque
ya no es una migración controlada sino que es decidida y auto convocada
por la gente, que ha puesto en jaque a cuatro gobiernos, incluyendo al
estadounidense que ha tenido que violar sus propias leyes para impedir
el ingreso de los migrantes.
En
virtud que la administración Hernández no fue capaz de impedir la
migración lo ha hecho caer en desgracia ante Trump, a parte del tema de
la droga y la corrupción: Tomas Andino, analista político y social de
Honduras.
“Entonces
vemos que es un gobierno que está al borde del precipicio. Yo lo veo
como un gobierno que está en el filo de la navaja y que si hubiera algún
tipo de reacción social fuerte contundente no dudo que duraría ni una
semana”, expresó.
Agregó
que en el escenario nacional no hay todavía una respuesta ciudadana
adecuada a nivel del reto que está planteado, lo que le permite al
gobierno tener un margen de maniobra y negociar con la administración
Trump.
Recordó
que no es la primera vez que el régimen de Hernández se encuentra en
apuros, porque ya lo ha estado en varias ocasiones y ha sabido negociar
para salir adelante.
AGONIA
Tomás
Andino enfatizó que el gobierno de Hernández está provocando su agonía,
pero que no cree que pueda durar mucho tiempo en el poder, pese que
hasta el momento no haya existido una reacción social contundente. “Pero
eso no significa que la ciudadanía esté contenta y en cualquier momento
eso puede estallar” advirtió, especialmente por la indignación de la
juventud y otros sectores que ya no toleran tanta corrupción y los
abusos.
Pronóstico
que se puede generar un movimiento similar al de los indignados que
salió a las calles a protestar con antorchas en contra del saqueo del
Instituto Hondureño de Seguridad Social o parecido a la explosión social
de noviembre del año pasado como consecuencia del fraude electoral.
En
síntesis, Andino apuntó que “cualquier cosa puede ser la chispa que
encienda nuevamente un movimiento nacional de levantamiento popular”.
Reflexionó
que si hasta el momento no se ha generado la indignación colectiva es
porque no se ha identificado a auténticos líderes sociales y porque
existe cierta desconfianza de la población de “arriesgar el pellejo” al
no encontrar el liderazgo que esté a la altura de la disposición de
lucha.
Por
otra parte, recordó que en noviembre del año pasado se comprobó que el
gobierno está dispuesto a dispararle a la gente sin remilgos y se
evidenció nuevamente el pasado 26 de noviembre durante la manifestación
frente a la Casa Presidencial, donde se les disparó a los manifestantes.
“Eso indica que el gobierno está dispuesto a todo con tal de mantenerse
en el poder”, remarcó el analista.
Finalmente,
expuso que el contexto actual hace reflexionar a la gente y repensar
sobre seguir a alguien que en verdad represente la lucha popular y
llegar hasta el final y evitar lo que sucedió con el candidato de la
Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla, que al
final abandonó la lucha.
Partido Libre llama a la insurrección para pedir la salida inmediata de Juan Hernández del poder
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Y la declaración pública del Capitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana, quién acusa directamente al “hermano del hombre” Juan Antonio Hernández “Tony”, de utilizar dos helicópteros para transportar cientos de libras de cocaína, uno de los cuales fue interceptado en la zona de la Mosquitia, provocó su injusta baja deshonrosa por la cúpula de las fuerzas armadas, en franca colusión con Casa de Gobierno, confirman que el Estado hondureño fue asaltado el 28 de junio de 2009, con el propósito de frustrar el desarrollo social.
Tegucigalpa.-
El partido Libertad y Refundación (Libre) en un comunicado emitido este
miércoles, ha manifestado que hará valer la voluntad del pueblo en
insurrrección para exigir la salida inmediata de Juan Hernández del
poder.
Señalan
que la acusación de un Fiscal Federal de los Estados Unidos por
narcotráfico contra Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano y socio del
usurpador de la Presidencia de la República Juan Orlando Hernández,
revela ampliamente el nivel de putrefacción al que han llegado las
cúpulas del bipartidismo, históricamente sometidas al dictado imperial.
Además
de la confesión del señor Fernando Suárez de 282 millones de lempiras
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para financiar las campañas
del Partido Nacional y del Partido Liberal, que confirma la operación
de la red criminal bipartidista bajo el liderazgo de Juan Orlando
Hernández y su fallecida hermana Hilda Hernández, pone de manifiesto que
la titularidad de las redes de corrupción opera desde dentro del
Estado.Y la declaración pública del Capitán de las Fuerzas Armadas Santos Rodríguez Orellana, quién acusa directamente al “hermano del hombre” Juan Antonio Hernández “Tony”, de utilizar dos helicópteros para transportar cientos de libras de cocaína, uno de los cuales fue interceptado en la zona de la Mosquitia, provocó su injusta baja deshonrosa por la cúpula de las fuerzas armadas, en franca colusión con Casa de Gobierno, confirman que el Estado hondureño fue asaltado el 28 de junio de 2009, con el propósito de frustrar el desarrollo social.
Nota relacionada Partido Libre reitera que no creen ni en la firma ni en la palabra de JOH
Además,
acusan al Partido Nacional y al Partido Liberal de restaurar un régimen
autoritario, criminal y corrupto al servicio de la élite oligárquica y
las transnacionales, mediante un modelo neoliberal que todo lo ha
privatizado propagando la corrupción como metástasis de un cáncer
sistémico con consecuencias catastróficas para la sociedad, el medio
ambiente y la paz del pueblo hondureño.
Ante
estos hechos criminales de dominio público dentro y fuera de Honduras
el partido Libre llama al pueblo Hacer uso del derecho constitucional a
la insurrección, para la salida inmediata y sin condiciones de Juan
Orlando Hernández, aplicando el artículo 3 de la Constitución hasta
establecer el orden democrático. A
continuar con el proceso de construcción de Unidad con el pueblo y las
Fuerzas Políticas y Sociales, hasta sacar la dictadura y echar las bases
de un orden democrático. Y
finalmente convoca a toda su militancia a una movilización nacional
permanente e indefinida hasta terminar con el régimen dictatorial.
Es imperativo que Juan Hernández renuncie por el bien de Honduras: Luis Zelaya
Llama a la oposición a unirse por Honduras, deponiendo intereses particulares y dejando a un lado las diferencias que han podido existirPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– En un tuit el ex presidenciable liberal Luis Zelaya escribió: Es
imperativo, por el bien de Honduras, que Juan Hernández renuncie
inmediatamente de la presidencia.
Además,
manifestó “Yo declino de cualquier aspiración personal en un gobierno
de transición, esto es por nuestro país. Debemos reconstruir el Estado
de Derecho, unirnos todos para rescatarlo de criminales que nos
gobiernan.
Lo
anterior lo escribió en su página de Twitter donde además compartió el
comunicado que su instituto político emitió en torno a la captura del
hermano del presidente hondureño en la ciudad de Miami, estado de La
Florida, Estados Unidos de América.
La
nota de prensa reza que la detención en Miami por agentes de la DEA del
hermano del actual gobernante y su enjuiciamiento es un elemento
definitorio de que la continuidad del régimen de Juan Hernández es
insostenible, y su salida del poder un imperativo para recuperar la
estabilidad en el país.
Señala
además que los graves delitos imputados a Tony Hernández. vinculados al
tráfico de drogas y armas, evidencian los fuertes nexos del actual
gobierno con el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, y
salpican directamente a quien hoy ejerce ilegal e ilegítimamente la
presidencia de la república.
Adicionalmente,
las declaraciones del abogado Omar Menjívar, apoderado legal de
Fernando Suárez, imputado en el caso de corrupción caja de Pandora,
implican directamente a Juan Hernández, señala su participación en la
delictiva trama y lo considera como el principal beneficiario de los
fondos Pandora.
Ante
estos gravísimos hechos, el partido liberal de honduras exige la
renuncia inmediata a Juan Hernández y su gobierno, la estructuración de
un gobierno de transición, y la celebración de elecciones anticipadas en
el 2019.
En
su comunicado los liberales hacen un llamado respetuoso, sincero y
genuino, a las fuerzas de oposición a unirse por Honduras, deponiendo
intereses particulares y dejando a un lado las diferencias que han
podido existir, para lograr el restablecimiento del orden
constitucional, la estabilidad de la nación hondureña y la construcción
de una sociedad digna, justa y solidaria.
Un infierno llamado JOH
Por: Oscar Miguel Marroquín
Ateos
o no ya lo conocieron, fueron y vinieron para contarlo, en medio de las
llamas vieron militares quemándose por la eternidad, lo mismo que a
corruptos con sus señoriales trajes prendidos en llamas eternas, ahí
también los había pastores con biblias de oro, entre las profundidades
también un cardenal bosquejaba la maldad de su palabra, los secretos
infernales también revelan al amo y señor de la cocaína y su imperio de
más de una década fabricando, transportando y mercadeando el maldito
veneno que muy a escondidas consumen los del billete verde.
Así
pues, el dantesco infierno llamado JOH lo deja todo al descubierto, ya
no existe nada para la imaginación en cuanto a sí el infierno está más
allá de la tierra, o si precisamente, éste se encuentra a lo largo y
ancho de Honduras. Muerte, corrupción y narcotráfico son la clave de un
infierno llamado JOH, no creo que haya exorcista alguno que se atreva a
enfrentar a este demonio que lo ha atravesado todo, y cuando digo todo
digo: políticos, empresarios, banqueros, militares, jueces, fiscales,
policías, sacerdotes, pastores, periodistas, diputados, ministros, en
fin su maldad ha pervertido la ética y la moral de una sociedad entera.
Con la ayuda del sacrosanto imperio este siente tener el poder eterno.
Noticias
vienen y van, a diario nos confirman que hay corrupción generalizada en
el infierno, sospechas casi comprobadas de crímenes fabricados, nos
cuentan con lujos de detalles como las primeras damas roban a manos
llenas sin que nada pase, también nos cuentas historias de tierras
lejanas en las que se captura a un importante de la nobleza Nacionalista
por narcotráfico, con la frente en alto y sin conocer un ápice de
vergüenza, un tal Rafael Leonardo Callejas espera podrirse en una fría
cárcel de los Estados Unidos.
Entre
tanto, uno de los hermanos del diablo llamado Baal más conocido en
Honduras con el nombre de Tony Hernández o simbólicamente como “TH”
enfrenta allá en la Gran Manzana la posibilidad de recibir muchas
cadenas perpetuas por sus gloriosas hazañas de narcotraficante.
Quien asegure entonces, que el infierno no ha conocido: MIENTE.
Basta
con cruzarse a lo lejos del mal llamado Congreso Nacional, o en las
cercanías de una posta policial, batallón militar, o algún banco y
cualquiera podrá comprobar el enorme hedor de azufre, y si es de noche
cualquiera comprobar los espeluznantes gritos que salen del congreso,
los gemidos que se dejan sentir de los clientes agobiados por los
banqueros, los suplicios en las ergástulas policíacas que se dejan
escuchar de boca del torturado, por las noches también se ven terribles
lengüetazos de fuego que consumen las mal llamadas iglesias
protestantes, por ser verdaderas orgías de la mentira y el saqueo al
bolsillo de los incrédulos fanáticos religiosos que ansiosos esperan
obtener un terreno en el mundo de lo desconocido.
Mientras
todo esto llena a diario las páginas de los periódicos tarifados, el
infierno llamado JOH continúa arrasándolo todo, sin cesar, ni pesar, y
los quejidos y lamentaciones de un pueblo son ya escuchados en el
planeta entero, ya no queda pues rincón alguno donde se desconozca la
maldad de los Hernández y secuaces.
Creo que solo el Dios todo poderoso PUEBLO podría salvarnos de este infierno.
EE.UU. dice que seguirá trabajando hombro a hombro con JOH
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Mediante un mensaje de fin de año la embajada de los Estados Unidos ha
expresado este viernes que seguirá trabajando hombro a hombro con el
gobierno de Juan Hernández.
El
mensaje de la embajada estadounidense contrasta con la postura de un
fuerte sector del pueblo hondureño, sectores sociales y de la oposición
política, que exige la salida de Hernández, por estar salpicado por la
corrupción y por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Noticia Relacionada: EE.UU. dona avión a militares de Honduras en medio de señalamientos de narcotráfico
A continuación el mensaje de fin de año de la embajada de los Estados Unidos:
Las
fiestas de fin de año nos ofrecen una gran oportunidad para reflexionar
sobre la importancia de la paz, la convivencia, la amistad y nuestros
deseos para el futuro. A pesar de los retos que enfrentó Honduras este
año, no podemos dejar de reconocer que el país ha tenido importantes
avances en diferentes áreas como la mayor participación ciudadana en la
lucha contra la corrupción e impunidad, la seguridad, el fortalecimiento
de las instituciones, y el diálogo nacional entre otros. Aunque se
creía que no existían intereses comunes de país entre partidos
políticos, y que sus diferencias de opinión e ideología eran demasiado
grandes, vimos su compromiso al sentarse frente a frente, conversar, y
buscar consensos para lograr acuerdos en puntos sumamente difíciles.
El
presente y el futuro del país descansan en que todos continúen buscando
el bienestar del pueblo hondureño antes del bienestar e interés
personal y político, y de seguir respetando y fomentando la democracia a
través de las conversaciones pacíficas. Sin duda alguna, queda mucho
más por hacer, pero los logros del 2018 — frente a desafíos enormes —
nos llevan a la conclusión de que se pueden lograr soluciones positivas
trabajando unidos, en vez de divididos.
Los
Estados Unidos, como amigo, socio y aliado de Honduras, seguirá
trabajando hombro a hombro con el pueblo hondureño, el gobierno del
Presidente Hernández, la sociedad civil, la empresa privada y los
gobiernos locales para lograr un presente y un futuro pacífico, unido,
democrático, seguro y próspero en bienestar del pueblo hondureño, que
tanto lo merece.
En
este mes de celebraciones, es el deseo de la Embajada de los Estados
Unidos de América en Honduras que el 2019 sea un año lleno de muchas
bendiciones, éxitos, esperanza y paz para todos los hondureños.
¡Felices fiestas!
El poder omnipotente de los militares de Honduras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Varias
reflexiones se generaron este jueves al debatirse sobre el papel de los
militares de Honduras durante la década de los 90, donde se supone que
el cuerpo castrense transitó hacia la democracia y sobre el
autoritarismo actual que ha revestido de poder a las Fuerzas Armadas.
La
sinergia de ideas se originó con base al informe: “Militares en
Honduras: de la transición democrática en los 90, a la democracia
autoritaria actual”, presentado por el Centro de Estudio para La
Democracia (Cespad).
La
idea de la discusión, donde convergieron intelectuales, académicos y
dirigentes de organizaciones de sociedad civil, es para generar debate
acerca del papel del sector defensa y seguridad en la construcción de la
democracia hondureña y proponer un conjunto de reformas.
Para
el analista político y parte del panel de expositores, Raúl Pineda
Alvarado, los militares no pueden ser salvaguardas de la democracia o de
otras funciones que son meramente políticas, y que están contemplados
en 21 artículos de la Constitución de la República, porque pertenecen a
una institución que se fundamente en la disciplina, en la verticalidad y
en la obediencia.
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Pineda
sugirió que los artículos constituciones deben ser objeto de una
revisión en consenso con la misma institución castrense y así evitar que
Honduras siga teniendo esa confusión sobre el papel constitucional de
los militares.
Entre
tanto para el sociólogo, Eugenio Sosa, la aprobación de la Ley de
Secretos lleva implícito la protección de los militares, porque esta
normativa se ha convertido en una coraza que blinda de impunidad a los
uniformados en la ejecución de los recursos.
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“Cuando
usted se pregunta sobre todos los destapes de corrupción, aparentemente
este sector está como incólume, no se destapa nada”. Sin embargo,
cuando alguien quiere ver o saber cómo se ejecutan los recursos
destinados a las Fuerzas Armadas nadie rinde cuentas, señaló Sosa.
El
analista social cuestionó la voracidad con la que el gobierno ha
aplicado nuevas cargas impositivas y cómo ha recortado las asignaciones a
otras instituciones del Estado para incrementar el presupuesto dirigido
a la institución castrense.
El verdadero poder
“Definitivamente
vivimos en un régimen donde los militares son los que realmente ejercen
el poder a través de un Consejo de Nacional de Defensa y Seguridad”,
expresó el director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad)
Gustavo Irías.
Noticia Relacionada: Los militares son los que ejercen el poder en Honduras
El
actor de la sociedad civil cuestionó la opacidad en el manejo del
presupuesto destinado a los militares y el sustancial crecimiento en
casi un 200 % que éste ha experimentado en los últimos diez años.
Reprochó, además que la ciudadanía desconozca hacia dónde se están
orientado los fondos y la efectividad de los mismos, porque pese a que
la tasa de homicidios ha tenido un descenso, de acuerdo a las cifras
oficiales, los resultados no son significativos en relación a los
costos.
El
estudio analizado y debatido este jueves destaca el papel que han
jugado los militares desde la década de los 80, durante el proceso de
transición de los 90, hasta llegar al actual momento en el cual se les
hace serios señalamientos vinculados, particularmente, con la seguridad
pública, la transparencia y rendición de cuentas, y la violación de
derechos humanos en Honduras.
Para
comprender el momento actual, relacionado con defensa y seguridad y en
específico, con el papel de los militares en el país, el Cespas destaca
en su informe las reformas democráticas de los 90, los procesos de
altibajos acontecidos entre los militares, los políticos y los civiles, y
el momento actual en el que para algunos sectores, el poder ostentado
por las Fuerzas Armadas jamás se había visto en la historia de Honduras.
El viejo y el nuevo papel de los militares no se pude comprender sin el
apoyo que históricamente les han brindado los Estados Unidos y, en ese
sentido, se reflexionó sobre el rol jugado por ese país del norte en
cuanto al apoyo a las Fueras Armadas de Honduras se refiere.
Noticia Relacionada: El Instituto de Previsión Militar es la única institución que no ha sido saqueada
Un
tema importante que se destaca en el informe, lo constituye la ausencia
de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas del sector
defensa y seguridad, pues una de las prácticas de los políticos
hondureños para congraciarse con los militares, ha sido las aprobaciones
presupuestarias ausentes de auditorías y del control ciudadano. Como
primer ejercicio de análisis del papel del sector defensa y seguridad en
Hondura, al finalizar el documento, el Cespad plantea una serie de
reformas en el sector defensa, que se plantean en términos generales:
- Cambiar en forma sustancial la actual misión constitucional de la Fuerzas Armadas orientada a garantizar el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en la presidencia de la República. En un Estado de Derecho la Constitución es garantizada por la Corte Suprema de Justicia y el Sufragio es plenamente regido por el Tribunal Electoral. Lo anterior pasa por realizar reformas significativas a la Constitución de la República y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas.
- Asegurar que efectivamente, el Presidente de la República pueda elegir y remover libremente al Jefe del Estado Mayor Conjunto, especialmente cuando existen actos de desacato e insubordinación al poder civil. En esta línea es necesario revisar los objetivos y funciones estratégicas en materia de defensa, así como las competencias y funciones de las Fuerzas Armadas. En este tema es importante que las Fuerzas Armadas no sustituyan a otros actores que tienen funciones y responsabilidades vinculadas a los planes de desarrollo nacional.
- Fortalecer la Secretaría de Defensa y garantizar para que asuma el papel jerárquico sobre el estamento militar. Esto pasa porque asuma un papel activo y no de simple intermediario o tramitador de acciones entre el Presidente de la República y el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
- Someter a revisión y redefinición las funciones de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, para avanzar hacia un real y efectivo control civil democrático sobre los militares.
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Que el Tribunal Superior de Cuentas, ente que ha mantenido una actitud
pasiva en las auditorías relacionadas con el gasto militar, programe
auditorías sistemáticas sobre los recursos que se manejan en el sector
Defensa.
- Para vigilar y monitorear las amenazas y los riesgos de militarización de la sociedad hondureña, es necesario que desde la sociedad civil y la ciudadanía se asuman los temas de defensa como un asunto de interés público, sobre el que hay que ejercer vigilancia ciudadana como a una política pública más.
- Los diferentes actores de la sociedad civil deben avanzar en el conocimiento, involucramiento, y participación activa en el control civil democrático de los temas de la defensa nacional.
- En la medida que los abusos de poder, el excesivo uso de la fuerza y las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por militares queden en la impunidad, ésta seguirá siendo “una moneda” de intercambio y negociación entre políticos y militares. Por ello, aplicar mecanismos que garanticen procesos de investigación y judicialización efectivos cuando hay militares implicados en hechos delictivos, es parte fundamental de la democratización de la sociedad hondureña.
Fuertemente cuestionado el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras en las últimas décadas
Tegucigalpa.- Fuertes cuestionamientos acerca del rol que han jugado las Fuerzas Armadas en las últimas décadas en la vida de la nación, surgieron el jueves durante la presentación del Informe: “Militares en Honduras: De la transición democrática en los 90´, a la democracia autoritaria actual”, presentado el jueves 6 de diciembre en un hotel capitalino, por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD).
El informe propone cambiar en forma sustancial la actual misión constitucional de las Fuerzas Armadas orientada a garantizar el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y al alternabilidad en la presidencia de la República.
La socióloga e investigadora en temas de seguridad, Mirna Flores
El documento recomienda asegurar que el presidente de la República
pueda elegir y remover libremente al Jefe del Estado mayor Conjunto,
especialmente cuando existan actos de desacato e insubordinación al
poder civil.
“Es necesario revisar los objetivos y funciones estratégicas de las Fuerzas Armadas. En este tema es importante que las Fuerzas Armadas no sustituyan a otros actores que tienen funciones y responsabilidades vinculadas a los planes de desarrollo nacional”, destaca la publicación.
En la medida que los abusos de poder, el excesivo uso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares queden en la impunidad, ésta seguirá siendo “una moneda” de intercambio y negociación entre políticos y militares.
Por ello, aplicar mecanismos que garanticen procesos de investigación y judicialización efectivos cuando hay militares implicados en hechos delictivos, es parte fundamental de la democratización de la sociedad hondureña, resalta entre otras recomendaciones el documento.
El autor del informe, el sociólogo y catedrático universitario Eugenio Sosa habló sobre el artículo 274 constitucional donde “prácticamente los militares son como la institución insigne del desarrollo nacional, están desde temas ambientales, temas de seguridad, pasando por emergencias que puedan presentarse hasta cualquier otro tema de carácter social, y no nos extrañe que avancen para querer salvar instituciones que están en la verdadera calamidad como salud, educación y otros, si siguiéramos el ritmo que llevamos”.
Esto da lugar a que realmente (los militares) se muevan con discrecionalidad en las crisis políticas, tanto la de 2009 como la de 2017. En 2009 insubordinándose y dando el golpe, en 2017 aunque allá se amparaban en la alternabilidad y la garantía de la democracia, para 2017, eso queda a un lado y hay una subordinación en otra lógica, explicó Sosa.
“Es decir en el fondo, la idea de no deliberación y participación política, sigue estando ahí presente”, sostuvo el investigador.
Sobre el tema de la militarización de las sociedades, Sosa dijo que no hay ningún ejemplo exitoso donde sean los militares, quienes sustituyen a los policías y asumen totalmente los temas de seguridad interna.
El otro aspecto es el de derechos humanos, donde en 2009 y 2017, “lograr una justicia efectiva en Honduras sobre violaciones a derechos humanos cuando hay elementos militares de alto rango o intermedios es realmente casi una imposibilidad, es una justicia que se mueve a pesar de muchas evidencias con un profundo sentido de subordinación cuando les toca hacer juicios de uniformados, y esto lo que va perpetuando es una idea de impunidad que está desde los años 80, y se sigue moviendo y puede seguir creciendo”, advirtió el catedrático universitario.
Flores destacó como ejemplo en el caso de Centroamérica y Honduras, todo un legado de autoritarismo donde la presencia militar ha sido muy fuerte, y se mantiene una cuota de poder que significa que los militares tienen un perfil y una estatura elevada, cuando la Constitución les permite participar en condiciones de emergencia o cuando el presidente de la República los necesite en situaciones especiales de seguridad o cuando se requiere salvar situaciones de emergencia”.
“Esos permisos constitucionales son propios de las débiles democracias, que es el caso nuestro, porque en constituciones y en países con una democracia más fortalecida, las funciones militares están muy bien acotadas. En ese sentido, de una u otra manera, se puede decir que hay una coyuntura favorable donde los militares mantienen una cierta cuota de poder, donde son ellos mismos los que se delegan sus propios funciones”, aseguró la experta.
Flores indicó que a los militares se le ha encomendado funciones policiales, asistencia médica, situaciones del medio ambiente, en aspectos de migración, desastres naturales y emergencias que enfrenta el país.
“En ese contexto de transición donde en los años 90´, estamos frente a un crecimiento vertiginoso de la violencia en el país, y sobre todo de una violencia social, ese espacio es usado por políticos y por militares para reposicionar nuevamente a los militares en la sociedad hondureña, y de una u otra manera las relaciones cívico-militares están sufriendo un retroceso, porque esas funciones amplias y ambiguas; vuelven a ser retomadas y los militares adquieren un papel protagónico en temas de seguridad pública”, explicó la investigadora.
Es así que asumen un rol importante en la seguridad pública, en la lucha contra el narcotráfico que crece y hay una demanda de atención, sobre todo de Estados Unidos, en labores de inteligencia, y con todas estas funciones parecería que colocara “a los militares en contextos propios de la guerra fría y no en los contextos que se supone que deberían ser de fortalecimiento democrático y sobre todo de una institución que como muchas, tiene un papel importante en el avance democrático del país”.
“Después de los acontecimientos de 2009, se genera un proyecto político orientado al control absoluto de las Fuerzas Armadas (FFAA). El actual presidente (Juan Orlando Hernández) empieza a preocuparse acerca de que lo que le pasó al ex presidente Manuel Zelaya, pueda pasarle a él; y con sus asesores diseñaron un proyecto que tiene como objetivo la cooptación absoluta, el control pleno de la institución armada para evitar que frente a algunas acciones planificadas a futuro, puedan darse situaciones de inconformidad, que puedan derivarse en una inestabilidad de su régimen”, explicó.
Para lograr eso propósito, Pineda Alvarado comentó que se empieza a identificar a algunos elementos de las Fuerzas Armadas que son más o menos deliberantes, los incómodos, y se decide hacerles la propuesta que antes de llegar la fecha de su retiro pidan la baja, y se les van a dar todos sus derechos laborales, más un bono de 2 millones de lempiras a cada uno; y promociones enteras fueron eliminadas de las Fuerzas Armadas antes de cumplir su período normal y legal de servicio.
“Esto va afianzando ese tipo de control y se complementa con la labor de co-gobernación con las Fuerzas Armadas, de tal manera que usted va a encontrar en el Hospital Escuela, en el Ministerio Público, en los Tribunales y en las distintas oficinas del Estado a oficiales de las Fuerzas Armadas o a miembros de la Policía Militar, algún tipo de función.
Entonces estos militares de ahora, no son los mismos que defenestraron al presidente Manuel Zelaya, éstos son elementos que están bajo el control absoluto de una especie de “democracia imperial” donde hay generación de preocupación por parte de diversos sectores, incluidos los militares, explicó.
Pineda Alvarado agregó que las Fuerzas Armadas no son una institución democrática, porque se parte del concepto de obediencia, disciplina y verticalidad, “entonces no puede usted poner una institución que no puede ser democrática, a salvaguardar el orden democrático”.
Este debe ser el punto de anclaje para poner en el debate nacional el tema de la reforma a las Fuerzas Armadas, insisto, no podemos seguir con un código militar del siglo antepasado, con una ordenanza militar que ya es arqueología jurídica, sostuvo el jurista.
“La democracia no es función de una entidad pública, la democracia es una responsabilidad de todas las entidades públicas, de todos los poderes del estado, de toda la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil, por consiguiente es responsabilidad de todos”, sostuvo.
García señaló que no hay un control de la sociedad civil, de la ciudadanía, del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, “considero que puede haber subordinación parcial de un grupo del partido Nacional en el poder Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de la cooptación por otros medios, de las Fuerzas Armadas y la Policía; pero una subordinación del hombre uniformado respecto a los civiles, es falso””.
Sobre ese nivel de subordinación que debe existir por parte de los militares frente al poder civil, el sociólogo Eugenio Sosa expuso que previo al golpe de estado de 2009, el Congreso Nacional no aceptó la destitución del cargo del ex jefe del Estado mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, dictada por el ex presidente Manuel Zelaya.
“Y una de las razones por las cuales se facilitó el golpe es que no se aceptó la destitución, tampoco el presidente Zelaya tuvo la posibilidad de encontrar en esa junta de comandantes quién relevara al general Romeo Vásquez Velásquez y se pusiera al frente de una institucionalidad militar subordinada al presidente; y ese tema de alguna manera, lo hemos ido dejando de lado”, aseguró Sosa.
Por su parte, Fernando García, al ser consultado si ¿deben intervenir las Fuerzas Armadas para volver al orden constitucional considerando que Honduras vive bajo un régimen ilegal?, el analista político expresó que “los caminos son diversos, los escenarios ahorita, todo es posible, pero lo que sí debe de quedar claro es que todo debe conducir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, originaria y con poderes amplios para poder construir un verdadero estado de derecho.
El informe : “Militares en Honduras: De la transición democrática en los 90´, a la democracia autoritaria actual”, destaca el papel que han jugado los militares desde la década de los años 80´, durante el proceso de transición de los 90´, hasta llegar al actual momento en el cual se les hace serios señalamientos vinculados, particularmente, con la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas y la violación de derechos humanos en Honduras.
El documento resalta que para comprender el momento actual, relacionado con la defensa y seguridad y en específico, con el papel de los militares en el país, el CESPAD menciona las reformas democráticas de los 90´, los procesos de altibajos acontecidos entre los militares, los políticos y los civiles, y el momento actual en el que para algunos sectores, el poder ostentado por las Fuerzas Armadas jamás se había visto en la historia de Honduras.
El viejo y el nuevo papel de los militares no se puede comprender sin el apoyo que históricamente les han brindado los Estados Unidos y, en ese sentido, el CESPAD reflexiona sobre el rol jugado por ese país del norte, en cuanto al apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras se refiere.
Un tema importante que se menciona en el informe, lo constituye la ausencia de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas del sector Defensa y Seguridad, pues una de las prácticas de los políticos hondureños para congraciarse con los militares, ha sido las aprobaciones presupuestarias ausentes de auditorías y de control ciudadano.
“Es necesario revisar los objetivos y funciones estratégicas de las Fuerzas Armadas. En este tema es importante que las Fuerzas Armadas no sustituyan a otros actores que tienen funciones y responsabilidades vinculadas a los planes de desarrollo nacional”, destaca la publicación.
En la medida que los abusos de poder, el excesivo uso de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares queden en la impunidad, ésta seguirá siendo “una moneda” de intercambio y negociación entre políticos y militares.
Por ello, aplicar mecanismos que garanticen procesos de investigación y judicialización efectivos cuando hay militares implicados en hechos delictivos, es parte fundamental de la democratización de la sociedad hondureña, resalta entre otras recomendaciones el documento.
El autor del informe, el sociólogo y catedrático universitario Eugenio Sosa habló sobre el artículo 274 constitucional donde “prácticamente los militares son como la institución insigne del desarrollo nacional, están desde temas ambientales, temas de seguridad, pasando por emergencias que puedan presentarse hasta cualquier otro tema de carácter social, y no nos extrañe que avancen para querer salvar instituciones que están en la verdadera calamidad como salud, educación y otros, si siguiéramos el ritmo que llevamos”.
Esto da lugar a que realmente (los militares) se muevan con discrecionalidad en las crisis políticas, tanto la de 2009 como la de 2017. En 2009 insubordinándose y dando el golpe, en 2017 aunque allá se amparaban en la alternabilidad y la garantía de la democracia, para 2017, eso queda a un lado y hay una subordinación en otra lógica, explicó Sosa.
“Es decir en el fondo, la idea de no deliberación y participación política, sigue estando ahí presente”, sostuvo el investigador.
Sobre el tema de la militarización de las sociedades, Sosa dijo que no hay ningún ejemplo exitoso donde sean los militares, quienes sustituyen a los policías y asumen totalmente los temas de seguridad interna.
El otro aspecto es el de derechos humanos, donde en 2009 y 2017, “lograr una justicia efectiva en Honduras sobre violaciones a derechos humanos cuando hay elementos militares de alto rango o intermedios es realmente casi una imposibilidad, es una justicia que se mueve a pesar de muchas evidencias con un profundo sentido de subordinación cuando les toca hacer juicios de uniformados, y esto lo que va perpetuando es una idea de impunidad que está desde los años 80, y se sigue moviendo y puede seguir creciendo”, advirtió el catedrático universitario.
La socióloga e investigadora en temas de seguridad, Mirna Flores, sostuvo que si se valora lo que dice la Constitución de 1982 respecto del papel de las Fuerzas Armadas, se podría decir que quedó una puerta abierta, “porque ellos son un actor protagónico en las reformas, para poder mantener una buena cuota de poder en la constitución política. De una u otra manera en esa constitución, se les conceden permisos amplios que no están en otras constituciones con democracias más fuertes”.“En 2009 insubordinándose y dando el golpe, en 2017 aunque allá se amparaban en la alternabilidad y la garantía de la democracia, para 2017, eso queda a un lado y hay una subordinación en otra lógica”: Eugenio Sosa
Flores destacó como ejemplo en el caso de Centroamérica y Honduras, todo un legado de autoritarismo donde la presencia militar ha sido muy fuerte, y se mantiene una cuota de poder que significa que los militares tienen un perfil y una estatura elevada, cuando la Constitución les permite participar en condiciones de emergencia o cuando el presidente de la República los necesite en situaciones especiales de seguridad o cuando se requiere salvar situaciones de emergencia”.
“Esos permisos constitucionales son propios de las débiles democracias, que es el caso nuestro, porque en constituciones y en países con una democracia más fortalecida, las funciones militares están muy bien acotadas. En ese sentido, de una u otra manera, se puede decir que hay una coyuntura favorable donde los militares mantienen una cierta cuota de poder, donde son ellos mismos los que se delegan sus propios funciones”, aseguró la experta.
Flores indicó que a los militares se le ha encomendado funciones policiales, asistencia médica, situaciones del medio ambiente, en aspectos de migración, desastres naturales y emergencias que enfrenta el país.
“En ese contexto de transición donde en los años 90´, estamos frente a un crecimiento vertiginoso de la violencia en el país, y sobre todo de una violencia social, ese espacio es usado por políticos y por militares para reposicionar nuevamente a los militares en la sociedad hondureña, y de una u otra manera las relaciones cívico-militares están sufriendo un retroceso, porque esas funciones amplias y ambiguas; vuelven a ser retomadas y los militares adquieren un papel protagónico en temas de seguridad pública”, explicó la investigadora.
Es así que asumen un rol importante en la seguridad pública, en la lucha contra el narcotráfico que crece y hay una demanda de atención, sobre todo de Estados Unidos, en labores de inteligencia, y con todas estas funciones parecería que colocara “a los militares en contextos propios de la guerra fría y no en los contextos que se supone que deberían ser de fortalecimiento democrático y sobre todo de una institución que como muchas, tiene un papel importante en el avance democrático del país”.
Entretanto y durante su exposición, el analista político, ex diputado nacionalista y ex asesor del Congreso Nacional, Raúl Pineda Alvarado dijo que considerar que los militares de hoy, son los mismos de hace 10 años, es un error.“Estamos frente a un crecimiento vertiginoso de la violencia en el país, y sobre todo de una violencia social, ese espacio es usado por políticos y por militares para reposicionar nuevamente a los militares en la sociedad hondureña, y de una u otra manera las relaciones cívico-militares están sufriendo un retroceso, porque esas funciones amplias y ambiguas; vuelven a ser retomadas y los militares adquieren un papel protagónico en temas de seguridad pública”; Mirna Flores
“Después de los acontecimientos de 2009, se genera un proyecto político orientado al control absoluto de las Fuerzas Armadas (FFAA). El actual presidente (Juan Orlando Hernández) empieza a preocuparse acerca de que lo que le pasó al ex presidente Manuel Zelaya, pueda pasarle a él; y con sus asesores diseñaron un proyecto que tiene como objetivo la cooptación absoluta, el control pleno de la institución armada para evitar que frente a algunas acciones planificadas a futuro, puedan darse situaciones de inconformidad, que puedan derivarse en una inestabilidad de su régimen”, explicó.
Para lograr eso propósito, Pineda Alvarado comentó que se empieza a identificar a algunos elementos de las Fuerzas Armadas que son más o menos deliberantes, los incómodos, y se decide hacerles la propuesta que antes de llegar la fecha de su retiro pidan la baja, y se les van a dar todos sus derechos laborales, más un bono de 2 millones de lempiras a cada uno; y promociones enteras fueron eliminadas de las Fuerzas Armadas antes de cumplir su período normal y legal de servicio.
“Esto va afianzando ese tipo de control y se complementa con la labor de co-gobernación con las Fuerzas Armadas, de tal manera que usted va a encontrar en el Hospital Escuela, en el Ministerio Público, en los Tribunales y en las distintas oficinas del Estado a oficiales de las Fuerzas Armadas o a miembros de la Policía Militar, algún tipo de función.
Entonces estos militares de ahora, no son los mismos que defenestraron al presidente Manuel Zelaya, éstos son elementos que están bajo el control absoluto de una especie de “democracia imperial” donde hay generación de preocupación por parte de diversos sectores, incluidos los militares, explicó.
Pineda Alvarado agregó que las Fuerzas Armadas no son una institución democrática, porque se parte del concepto de obediencia, disciplina y verticalidad, “entonces no puede usted poner una institución que no puede ser democrática, a salvaguardar el orden democrático”.
Este debe ser el punto de anclaje para poner en el debate nacional el tema de la reforma a las Fuerzas Armadas, insisto, no podemos seguir con un código militar del siglo antepasado, con una ordenanza militar que ya es arqueología jurídica, sostuvo el jurista.
Entretanto el economista y analista político Fernando García, expresó que no puede ser posible que una institución que depende de un poder del estado, que concentra todo el poder político en la actualidad a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación, sea quien de garantías democráticas.“Después de los acontecimientos de 2009, se genera un proyecto político orientado al control absoluto de las Fuerzas Armadas (FFAA). El actual presidente (Juan Orlando Hernández) empieza a preocuparse acerca de que lo que le pasó al ex presidente Manuel Zelaya, pueda pasarle a él; y con sus asesores diseñaron un proyecto que tiene como objetivo la cooptación absoluta, el control pleno de la institución armada”: Raúl Pineda Alvarado
“La democracia no es función de una entidad pública, la democracia es una responsabilidad de todas las entidades públicas, de todos los poderes del estado, de toda la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil, por consiguiente es responsabilidad de todos”, sostuvo.
García señaló que no hay un control de la sociedad civil, de la ciudadanía, del poder civil sobre las Fuerzas Armadas, “considero que puede haber subordinación parcial de un grupo del partido Nacional en el poder Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y de la cooptación por otros medios, de las Fuerzas Armadas y la Policía; pero una subordinación del hombre uniformado respecto a los civiles, es falso””.
Sobre ese nivel de subordinación que debe existir por parte de los militares frente al poder civil, el sociólogo Eugenio Sosa expuso que previo al golpe de estado de 2009, el Congreso Nacional no aceptó la destitución del cargo del ex jefe del Estado mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, dictada por el ex presidente Manuel Zelaya.
“Y una de las razones por las cuales se facilitó el golpe es que no se aceptó la destitución, tampoco el presidente Zelaya tuvo la posibilidad de encontrar en esa junta de comandantes quién relevara al general Romeo Vásquez Velásquez y se pusiera al frente de una institucionalidad militar subordinada al presidente; y ese tema de alguna manera, lo hemos ido dejando de lado”, aseguró Sosa.
Por su parte, Fernando García, al ser consultado si ¿deben intervenir las Fuerzas Armadas para volver al orden constitucional considerando que Honduras vive bajo un régimen ilegal?, el analista político expresó que “los caminos son diversos, los escenarios ahorita, todo es posible, pero lo que sí debe de quedar claro es que todo debe conducir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, originaria y con poderes amplios para poder construir un verdadero estado de derecho.
El informe : “Militares en Honduras: De la transición democrática en los 90´, a la democracia autoritaria actual”, destaca el papel que han jugado los militares desde la década de los años 80´, durante el proceso de transición de los 90´, hasta llegar al actual momento en el cual se les hace serios señalamientos vinculados, particularmente, con la seguridad pública, la transparencia y rendición de cuentas y la violación de derechos humanos en Honduras.
El documento resalta que para comprender el momento actual, relacionado con la defensa y seguridad y en específico, con el papel de los militares en el país, el CESPAD menciona las reformas democráticas de los 90´, los procesos de altibajos acontecidos entre los militares, los políticos y los civiles, y el momento actual en el que para algunos sectores, el poder ostentado por las Fuerzas Armadas jamás se había visto en la historia de Honduras.
El viejo y el nuevo papel de los militares no se puede comprender sin el apoyo que históricamente les han brindado los Estados Unidos y, en ese sentido, el CESPAD reflexiona sobre el rol jugado por ese país del norte, en cuanto al apoyo a las Fuerzas Armadas de Honduras se refiere.
Un tema importante que se menciona en el informe, lo constituye la ausencia de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas del sector Defensa y Seguridad, pues una de las prácticas de los políticos hondureños para congraciarse con los militares, ha sido las aprobaciones presupuestarias ausentes de auditorías y de control ciudadano.
Juicio Contra Latinoamérica
Por: Edmundo Orellana
La
justicia estadounidense no es imparcial en esos juicios contra narcos.
En estos juicios el banquillo de los acusados está reservado para
latinoamericanos. Es Latinoamérica a la que se juzga en esas cortes
federales.
Y
es que resulta inexplicable que, siendo Estados Unidos el mercado más
importante de la droga en este continente, ningún gringo aparezca como
testigo en el juicio del Chapo y de los otros narcos. ¿Cómo explicarse
que no hayan negociado ni conocido a ningún gringo de los que recibían
la droga que enviaban a Estados Unidos?
Si
el Chapo se convirtió en un multimillonario, con poder sobre la vida y
los bienes de millones de personas, desde México hasta Colombia, fue
porque había quienes dentro de Estados Unidos compraban la droga que él
exportaba. Estos enriquecieron al Chapo y a muchos otros capos de la
droga. Los magnates gringos que compran la droga, convirtiendo en
multimillonarios a los capos latinos, la colocan en el mercado
estadounidense a un valor infinitamente superior al de la compra,
obteniendo ganancias multimillonarias, que no se esconden en colchones
ni en paredes falsas, sino que entran en el mercado financiero gringo y,
por esa vía, circulan por las arterias del sistema financiero
internacional.
Cuánto
de las ganancias que los narcos gringos obtienen de la compra de esa
droga latina, contribuye a la estabilidad financiera mundial, es una
pregunta que no se puede responder porque son cantidades
impronunciables. Y si adicionamos lo que genera el crimen organizado en
el mundo (mafia rusa, china, judía, etc.), habrá que preguntarse cuánto
de la economía mundial depende de esta fuente de recursos financieros.
Los
multimillonarios no pueden obviar negociar con recursos de la economía
del crimen, colocados legítimamente en el mercado. Fortunas famosas,
como la que acumuló el patriarca de la familia Kennedy, se dice que
provienen del crimen organizado. Y en esos ambientes se comparten
negocios y placeres. Cuando Sinatra, el incomparable, adicto a esos
ambientes, las figuras del crimen organizado eran aterradoras, y, sin
embargo, por su medio, alternaban con los círculos inmediatos del
Presidente de los Estados Unidos. Ahora tienen otra apariencia
legitimada con títulos académicos y apoyados en corporaciones cuyas
acciones se cotizan en las bolsas de valores del mundo. Ya no necesitan
de Sinatras, pues son respetados señores en el mercado mundial que, por
sus propios méritos, alternan directamente con estadistas en todo el
planeta y participan, directa o indirectamente, en reuniones en las que
se decide el destino del mundo.
Escudriñar
en ese mundo del crimen, en las cortes federales, llevaría a los
fiscales y jueces gringos a dimensiones en las que no existe frontera
entre lo legal y lo ilegal, pulsando fibras sensitivas del sistema
financiero gringo, con el peligro de provocar colapsos de alcance
mundial.
Atacar
a los capos latinos es un fuerte golpe al crimen organizado, por
supuesto, pero no al negocio de lavado de activos, en el que participan
los que pueden mimetizar el dinero sucio en el mercado. No todos están
en posición de convertir dinero sucio en dinero lícito. Solo los muy
hábiles y los que están cerca del Poder Político están en esa posición y
a éstos no les conviene que el negocio de la droga desaparezca. Por
eso, misteriosamente, pese a la captura de esos capos, los circuitos de
distribución de la droga continúan su dinamismo sin interrupción,
proveyendo a los capos, de los países como Estados Unidos, lo que
necesitan para mantener sus glamorosas vidas y la economía continua
sigue siendo insuflada con renovados recursos financieros.
El
dinero proveniente del crimen organizado es parte de la economía
mundial, ciertamente. De ahí que en ese mundo de los negocios
internacionales lo que priva es una doble moral. La que exhiben al
público y la que hacen valer en la oscuridad de sus trincheras
ejecutivas. Simulan apegarse a la ética y a la ley, pero operan
inescrupulosamente y sin reconocer límites. Sus víctimas no son
personas, como en el caso de los narcos, sino mercados y países.
Hurgar
en ese mundo está prohibido. Códigos, patrones y conductas son
respetados por autoridades y capos, por gobiernos y corporaciones, en
una relación inextinguible de mutuo provecho. Sin embargo, para los
latinos esta relación puede convertirse en una trampa, como el caso de
Noriega y del Chapo, por el prejuicio de que son despreciables y
criminales, y, en consecuencia, desechables, exacerbado, hoy, por la
retórica Trumpiana
Por
eso, resulta muy cómodo y útil que en esas cortes federales la justicia
abandone su imparcialidad, evitando condenar por igual, porque son
igualmente criminales, a los capos latinos que exportan la droga a
Estados Unidos y a los capos gringos que la importan de Latinoamérica.
JUICIOS CONTRA “CHAPO” Y “TONY” COMPITEN AUDIENCIA EN ESTADOS UNIDOS
El
juicio del capo mexicano de droga, Joaquín “el Chapo” Guzmán, y el de
Antonio “Tony” Hernández, hermano del gobernante de Hondura, compiten en
Estados Unidos, los últimos hallazgos revelan que ambos utilizaron
submarinos para el envío de droga al país norteamericano.Agencias / EL LIBERTADOR
New York.
Joaquín “el Chapo” Guzmán y Antonio “Tony” Hernández, compiten
audiencia en Estados Unidos, sus juicios son celebrados al mismo tiempo
en la Corte Federal de New York, recientemente el capo de droga mexicano
ha acaparado la atención de los periódicos, la semana anterior el
protagonista fue el exfuncionario hondureño.
Los
artículos de prensa de varios periódicos de circulación nacional,
titulan los hallazgos del modus operandi del capo de Guzmán, algunos de
estos muy parecidos a los que denunció el Departamento de Estado contra
Tony Hernández.
En
las últimas horas, trascendió que el Chapo, al igual que Tony, habrían
utilizado hasta submarinos para transportar droga a EE.UU.; sin embargo,
por ahora la prensa neoyorquina no ha publicado ningún avance sobre el
caso del hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández.
Tony
Hernández fue capturado el pasado 23 de noviembre en Miami, Florida por
agentes de la DEA, días más tarde, un juez de la Corte de Miami ordenó
que el caso sea procesado por la Corte del Distrtito Sur de New York,
donde Tony ya tenía una acusación, misma que le hizo viajar en 2017 a
EE.UU., en aquel entonces alegó que las acusaciones en su contra él eran
falsas.
Luego
de que el 28 de noviembre, la justicia de EE.UU. impusiera cargos por
mentir al exdiputado, las noticias sobre su juicio se han ido
“apagando”, lo último que se supo sobre Tony, fue que el juez que
llevará el proceso, Kevin Castel, es uno de los que más mano dura tiene
en ese d
istrito.
istrito.
Se
prevé que Tony afronta una condena de entre 45 años y cadena perpetua;
mientras tanto, en Honduras la población ha cuestionado que de momento
las autoridades no han incautado los bienes del hermano de Juan
Hernández, quien por su parte es señalado como máximo beneficiario del
escandaloso “Caso Pandora”.
Tony Hernández estaba conectado con las maras MS13 y Salvatrucha: Vice
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
A criterio de analistas, el Ministerio Público está actuando diferente, pues ha demostrado parsimonia y omisión en este caso y no iniciado el aseguramiento de bienes, según estipula la Ley de Privación de Dominio.
Bajo ese contexto jurídico, en otras ocasiones la Fiscalía ha asegurado bienes, así fue el caso de la familia Rosenthal, también las familias Waldurraga, Lobo y Rivera Maradiaga.
En esta ocasión el accionar ha sido distinto. Para la integrante de sociedad civil, Aurora Pineda, esta forma de omitir su responsabilidad de la Fiscalía es porque se trata del hermano del presidente.
Asimismo, el diputado de Libertad y Refundación, Libre, Yavé Sabillón, dice que el Ministerio Público está protegiendo los bienes de Tony y de la familia de Juan Orlando Hernández.
Sabillón considera que la justicia en el país sigue secuestrada y al servicio de quien tiene el poder, pues esta es una prueba de ello porque ante las órdenes de Hernández no hay ningún bien asegurado.
La Fiscalía hasta el momento no tiene ningún expediente abierto por el caso Tony Hernández, tampoco ha llamado a ningún funcionario que ha sido mencionado de ser cómplice en el tráfico de droga y protección estatal para la narcoactividad liderada por Hernández, tal y como lo denuncia la fiscalía norteamericana.
Omar Rivera, dirigente de sociedad civil, y quien suena fuerte para sustituir a Julián Pacheco al frente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, dice que esas son las tareas pendientes del Ministerio Público y que por eso hay que presionar para que se actúe a la mayor brevedad posible.
Julián Pacheco ha sido mencionado por varios narcotraficantes entre ellos, Los Cachiros de ser cómplice para el ejercicio del narcotráfico en Honduras, el gobierno ni la Fiscalía lo han requerido para que en primer lugar deje el cargo y segundo para investigarlo.
El abogado y analista político Heriberto Baquedano, considera que el actuar de la Fiscalía es triste y repudiable, pues la aplicación de justicia no es para todos por igual, tal y como lo dijo Juan Orlando Hernández luego de la captura de su hermano.
El exfiscal de la Constitución René Adán Tomé, también valora la situación, manifestando que ante la omisión también el fiscal Óscar Fernando Chinchilla se convierte en cómplice.
Tomé dijo que lamentablemente según el poder que el propio Hernández le ha dado al fiscal, él es inmune ante cualquier investigación, significa que, si se presenta una denuncia contra Chinchilla por no actuar en este caso, no hay un ente habilitado para procesarlo, por lo tanto, eso es grave, porque fomenta y asegura la impunidad para quienes protegen a delincuentes.
A dos semanas de su captura, ninguna entidad estatal se refiere de forma oficial al caso de Tony, tampoco se ha iniciado el proceso de aseguramiento, por lo que las críticas, descrédito y acusaciones de complicidad contra el Ministerio Público sigue en aumento.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció
hoy que implementará un “plan de acción prioritario” en 2019 para
trabajar con los Gobiernos de Latinoamérica en una progresiva
desmilitarización de sus territorios.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó a Efe que ese “plan de actuación concreto” está aún en ciernes pero se concretará en sucesivas reuniones.
Este programa se avanzó durante una audiencia de la CIDH que la comisionada Flávia Piovesan calificó de “histórica” porque abordó la militarización, uno de los “mayores problemas” de Latinoamérica que es herencia de las dictaduras militares que desangraron a la región durante décadas.
“La narrativa nacionalista y el populismo autoritario son uno de los desafíos a los que nos enfrentamos”, consideró Piovesan antes de añadir que “la creciente militarización implica un riesgo de violación de derechos humanos e impunidad para sus responsables”.
Por ello, los representantes de la CIDH se comprometieron a evitar un retroceso en derechos y libertades por el aumento del número de actuaciones militares sobre la población civil.
Varios portavoces de organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron durante la sesión del poder cada vez más amplio con el que las Fuerzas Armadas operan en varios Estados como Honduras, México, Uruguay y Brasil.
Los comisionados de la CIDH se conmocionaron al escuchar el testimonio de Alicia Rabadán, la madre de Jorge Antonio Parral Rabadán, un ciudadano mexicano al que mataron unos militares en 2010 mientras estaba secuestrado.
“Una llamada alertó de un secuestro, los soldados acudieron al lugar y se encontraron a tres personas a las que dispararon indiscriminadamente, entre ellas estaba mi hijo”, narró entre lágrimas Rabadán.
Según el testimonio de la madre, Jorge Antonio era una de las víctimas del secuestro y fue enterrado en una fosa común sin identificar después de que los militares supuestamente se dieran cuenta de que habían cometido un error y matado a un civil inocente.
“Alteraron la escena del crimen y dijeron que se trataba de un sicario”, añadió Rabadán, quien lamentó que nadie haya rendido cuentas por la muerte de su hijo a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana reconociera lo sucedido en un informe de 2013.
“Representa el proceder del Estado mexicano para favorecer la impunidad”, consideró Rabadán.
El comisionado Luis Ernesto Vargas, que expresó en repetidas ocasiones sus condolencias y detuvo el tiempo de intervención para que la madre se expresara libremente, calificó el hecho de “paradigmático” sobre la militarización, con centenares de casos similares.
“Algunos mandatarios creen que el escenario en el que ocurren estas operaciones es campo abierto. Primero disparan y luego preguntan”, exclamó.
Vargas sostuvo que la CIDH “hará lo posible porque este asunto se mantenga de manera latente en su agenda” y puso como ejemplo la situación en Honduras, donde las violaciones de derechos humanos crecen de “forma exponencial” a medida que el Ejército adquiere mayores competencias.
En el mismo sentido, el relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, mostró su preocupación por la recogida de firmas impulsada en Uruguay para “aprobar mediante reforma constitucional que los militares puedan participar en la seguridad ciudadana”.
Fue el senador uruguayo y excandidato presidencial Jorge Larrañaga (Partido Nacional, derecha) quien lanzó la campaña para someter a consulta ciudadana una reforma de la Constitución que contempla, entre otras medidas, la creación de una Guardia Nacional con militares y que ha logrado más de 100.000 firmas.
Para la comisionada Antonia Urrejola Noguera, algunos ciudadanos aceptan el discurso de “mano dura” como respuesta a su sensación de inseguridad, por lo que la CIDH deberá “dirigirse también la sociedad y no sólo a los Estados”.
Por otra parte, la Comisión escuchó el testimonio de Laura Zúñiga, hija de la líder ecologista Berta Cáceres, y recibió denuncias de “represión” en Nicaragua, así como datos sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Con estos temas la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), clausuró su 170º período de sesiones.
El jueves 6 se podrá seguir en vivo
una audiencia regional sobre la Militarización de la seguridad pública
en los países de las Américas ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Fue solicitada por 17 organizaciones de 10
países y se realizará de 10.15 a 11.15, hora de Washington (GMT-5) en el
Salón A.
La creciente militarización en la región se manifiesta en la intervención directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, en algunos casos, y la adopción de tácticas y enfoques militares por parte de las policías, en otros. Muchas veces se enmarca en las “guerras” contra el narcotráfico y el terrorismo, utilizadas para reprimir conflictos sociales o perseguir a grupos identificados como enemigos del estado.
Esta tendencia hacia la militarización genera mayores violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas estatales y el recrudecimiento de la violencia general en los países.
En la audiencia se expondrá sobre tendencias generales (CELS), el papel de las fuerzas armadas en el Triángulo Norte (COFADEH), las ocupaciones territoriales en Brasil (Justiςa Global y Conectas), la militarización en zonas de frontera (ACLU) y los impactos de la militarización en México, con el testimonio de los padres de Jorge Parral, víctima de desaparición forzada. Además, participarán representantes de las otras organizaciones solicitantes durante el intercambio con la Comisión, entre ellas Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Fundación Myrna Mack de Guatemala.
Pidieron la audiencia Amnistía Internacional; Asociación Civil Intercambios, Argentina; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia; Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Conectas Direitos Humanos, Brasil; Fundación Myrna Mack, Guatemala; Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Argentina; Justiςa Global, Brasil; Observatorio Ciudadano, Chile; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos. Se sumó posteriormente la American Civil Liberties Union (ACLU) de Estados Unidos.
Por: Oscar Miguel Marroquín
El
cadáver de un hombre con señales de tortura fue encontrado hoy por
pobladores de la ciudad de Tocoa, Colón, al norte de Honduras, lugar
donde se ha desatado la violencia en las últimas semanas debido a la
lucha de defensores del ambiente que se oponen al proceso de minería
desde el campamento en el sector de Guapinol.
Tegucigalpa.-
En un trabajo titulado “Cómo la corrupción alimentada con cocaína ayudó
a encender la caravana de migrantes” la revista vice.com donde hace un
analisis de cómo se relacionan la caravana de migrantes y el tráfico de
drogas en Honduras, desplazando a miles de hondureños que huyen de la
violencia y la pobreza.
De
acuerdo a la Vice.com Honduras está siendo devorada por los carteles de
la droga y su violencia, por lo que es solo la gente natural que quiere
salir. Eso es sólo el final de una larga historia.
La
revista destaca que Tony Hernández, hermano del presidente Juan
Hernández, se transformó en un narcotraficante a gran escala que además
tenía contactos con las maras MS 13 y la mara Salvatrucha.
Aquí la historia contada por vice.com
Como probablemente
sepa cualquier estadounidense que esté familiarizado con la cuenta de
Twitter de Donald Trump, una caravana de migrantes centroamericanos ha
estado acampada en Tijuana, México, cerca de la frontera compartida con
los Estados Unidos durante semanas.
El
presidente Trump y su administración los han llamado “criminales” y
“gente mala”, y los agentes fronterizos recientemente lanzaron gases
lacrimógenos cuando los migrantes, incluidos los niños, se acercaron a
la frontera para protestar por sus ofertas de asilo.
Por supuesto, la realidad es que estos migrantes dejaron a los verdaderos “hombres malos” en casa.
Es
febrero de 2014 en Honduras, poco después de que Juan Orlando Hernández
Alvarado asumiera el cargo para cumplir su primer mandato como
presidente de la pequeña nación centroamericana. Para su hermano
menor, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, también es un momento
importante en su vida: está en una reunión con uno de los
narcotraficantes más poderosos y violentos del país.
Poco
sabía Tony, Devis Leonel Rivera Maradiaga trabajaba como informante de
la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y se
estaba grabando su conversación.
Según
los fiscales federales, Tony se comprometió a ayudar a Rivera a
conseguir que las agencias gubernamentales pagaran el dinero adeudado a
las compañías de Rivera por adelantado, entidades que el narcotraficante
usaba para lavar dinero. Y Rivera dijo que le pagó a Tony un
“agradecimiento” de $ 50,000 durante esa única sesión, que describió
como parte de una relación de beneficio mutuo que duró más de una
década.
Esta
reunión transformó a Tony, un ex congresista y miembro del gobernante
Partido Nacional, en un “traficante a gran escala”, según la acusación
de Estados Unidos contra él que cayó a fines del mes pasado.
“Hernández
supuestamente organizó la seguridad de las ametralladoras para los
envíos de cocaína, sobornó a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley para obtener información confidencial para proteger los
envíos de drogas y solicitó grandes sobornos a los principales
narcotraficantes”, dijo el Fiscal Federal de Manhattan Geoffrey S.
Berman. Algunos de sus envíos de drogas fueron sellados con sus
iniciales TH, según los investigadores.
La
reunión de Rivera Hernández con Tony se describió en un tribunal de los
Estados Unidos el año pasado como parte del juicio de otra supuesta
élite del narcotráfico, Fabio Porfirio Lobo. Es el hijo de un ex
presidente hondureño diferente, Porfirio Sosa Lobo. Tanto el padre como
el hijo, según el intermediario Rivera Maradiaga, brindaron ayuda y
protección a una organización de traficantes que trasladó cargamentos
masivos de cocaína a los Estados Unidos.
“El
presidente cumplió su promesa de que no nos tocarían mientras fuera
presidente; no fuimos extraditados”, dijo Rivera Maradiaga a la corte.
“Y de hecho, estableció a su hijo [Fabio] como intermediario que
Podríamos protegernos, ayudarnos, los Cachiros, que éramos mi hermano y
yo “.
Tony
y los dos Lobos (que significa “lobo” en español) fueron quizás los más
destacados de una letanía de elites en Honduras acusados
recientemente de corrupción y colusión. Honduras es una de las
naciones más violentas del mundo, y el gobierno de los Estados Unidos ha
estimado que hasta el 90 por ciento de la cocaína que llegó a su
territorio pasó por el corredor Centroamérica / México. Tony
supuestamente trabajó con organizaciones de Colombia y México para
enviar cocaína desde América del Sur a los Estados Unidos, bajo la
vigilancia de su hermano, el actual presidente.
“¿Cómo
es posible que las principales instituciones de seguridad del gobierno,
donde se alojan todos los aparatos de inteligencia e investigación,
nunca hayan descubierto las actividades ilícitas del hermano del
presidente?”, Preguntó Joaquín Mejía, especialista en derechos humanos
en el centro de reflexión Reflexión, Investigación y Comunicación.
Honduras. Tony fue finalmente arrestado en Miami el mes pasado, dos años
después de que surgió, él era una ” persona de interés” en una
investigación de los Estados Unidos.
Tony
y sus cohortes también están conectados con las brutales bandas
callejeras Mara salvatrucha (“MS-13”) y Barrio 18, ambas fundadas en Los
Ángeles, y habitualmente demonizadas por la administración
Trump y comparadas con inmigrantes indocumentados.
Las
pandillas están detrás de gran parte de los asesinatos en Honduras, así
como las otras dos naciones en la región llamada el Triángulo del
Norte: El Salvador y Guatemala. Controlan las ventas locales de cocaína
en las tres naciones y obtienen su suministro de las redes más grandes
supervisadas por gente como Tony. Cada lado rasca la espalda del otro.
“Las
pandillas son musculosas, las usan como sicarios o ejecutores,
principalmente en las áreas urbanas donde las pandillas tienen más
presencia”, dijo Hector Silva Ávalos, investigador principal de InSight
Crime, un grupo de expertos centrado en la delincuencia organizada en
las Américas. “Mi opinión sería que Honduras se encuentra entre los tres
países del Triángulo del Norte con las características más claras de un
estado de mafia o narco”, agregó.
El
mercado transnacional de la cocaína y sus enormes ganancias han
demostrado ser irresistibles para algunos de los jugadores más poderosos
de Honduras, quienes están acusados de ayudar e instigar a los
cárteles de la droga de la región. Tal colusión ofrece a los
narcotraficantes la seguridad y la impunidad de sus delitos, y erosiona
el estado de derecho, alimentando la violencia que empuja a las personas
a huir hacia la frontera de los Estados Unidos.
Como
resultado, miles de hondureños eligen migrar cada año, caminando o
enganchando a través del calor abrasador y la lluvia torrencial. Duermen
en campamentos o refugios improvisados, miles de personas
fueron trasladadas a un nuevo refugio desde un complejo deportivo
sucio en Tijuana durante el fin de semana, alimentadas por la esperanza
de encontrar una nueva vida en los Estados Unidos o México, en lugar de
quedarse en casa.
Nota relacionada Tony Hernández es narcotraficante desde el 2004: Departamento de Justicia de EE.UU.
“Lo
que hace la gente como Tony Hernández en lugar de tratar de ayudar a su
país es crear una situación muy inestable en la que sus propios
compatriotas tienen que huir de Honduras a México y los Estados Unidos
debido a su participación en el comercio de drogas”, dijo Mike Vigil, ex
jefe de operaciones internacionales en la DEA y autor de la reciente
novela Narco Queen.
“Es como un asado de criminalidad”, agregó.
Vigil
sospechó que el hermano de Tony, el propio presidente de Honduras,
podría estar pronto en la mira. (El presidente dijo que le dijo a su
hermano que se entregara y que estaba decidido a luchar contra el
narcotráfico). Pero Honduras y Estados Unidos han tenido relaciones
cercanas durante mucho tiempo: la nación del Triángulo del Norte sirvió
de base para contrarrestar la influencia soviética en América Latina
durante los años ochenta. Oficialmente, Honduras coopera con esfuerzos
antidrogas, incluso si detrás de la escena algunos de sus líderes
parecían estar ayudando e instigando a los narcos.
Quizás
una de las frases firmes de la política exterior de los Estados Unidos
se aplique aquí: ” Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo
de puta “. Pero enfrentar la corrupción en Honduras y el Triángulo del
Norte podría ser más efectivo para mantener la cocaína fuera de los
Estados Unidos que extender el muro en la frontera entre Estados Unidos y
México. Y derribar el injerto podría ayudar a reducir las oleadas de
violencia que hacen que la vida en estas naciones sea tan insoportable
para tantos.
Tony
Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Hernández ha sido
señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de ser
narcotraficante desde el año 2004.
Tony Hernández es narcotraficante desde el 2004: Departamento de Justicia de EE.UU.
Hernández también enfrenta cargos por tráfico de armas y por mentirle a los agentes federales.
Tony
Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Hernández ha sido
señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de ser
narcotraficante desde el año 2004.
La
justicia estadounidense ha oficializado los cargos contra Juan Antonio
Hernandez Alvarado, alias “Tony Hernández” hermano del titular del
régimen hondureño Juan Orlando Hernández a quien detuvieron viernes
anterior anterior en Miami Florida y que han acusado por los delitos de
narcotráfico.
Noticia Relacionada: Capturan en Miami a Tony Hernández, hermano de JOH
El
departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que Tony
Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico de varias
toneladas a través de Honduras hacia la Unión Americana.
En
Honduras, “Tony” gozaba de protección gubernamental producto de la
injerencia de su hermano y donde la justicia nunca lo persiguió a pesar
de las serias y formales denuncias que hicieron agentes de inteligencia y
altos funcionarios públicos.
Esto
demuestra la falta de independencia judicial y la colusión del crimen
organizado en la estructura gubernamental que dirige el Partido
Nacional.
Ese
instituto político y sus principales dirigentes, incluyendo al propio
mandatario han sido señalados de extraer fondos de la istituciones
estatales para su campaña política.
El caso ha sido turnado a una corte federal de Manhattan dirigida por el juez P. Kevin Castel.
A dos semanas de captura de Tony Hernández, Fiscalía sigue sin asegurar bienes
Ya se cumplen dos semanas de la captura de Tony Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, por parte de la justicia de Estados Unidos. A Tony se le acusa del delito de tráfico de drogas y armas.A criterio de analistas, el Ministerio Público está actuando diferente, pues ha demostrado parsimonia y omisión en este caso y no iniciado el aseguramiento de bienes, según estipula la Ley de Privación de Dominio.
Bajo ese contexto jurídico, en otras ocasiones la Fiscalía ha asegurado bienes, así fue el caso de la familia Rosenthal, también las familias Waldurraga, Lobo y Rivera Maradiaga.
En esta ocasión el accionar ha sido distinto. Para la integrante de sociedad civil, Aurora Pineda, esta forma de omitir su responsabilidad de la Fiscalía es porque se trata del hermano del presidente.
Asimismo, el diputado de Libertad y Refundación, Libre, Yavé Sabillón, dice que el Ministerio Público está protegiendo los bienes de Tony y de la familia de Juan Orlando Hernández.
Sabillón considera que la justicia en el país sigue secuestrada y al servicio de quien tiene el poder, pues esta es una prueba de ello porque ante las órdenes de Hernández no hay ningún bien asegurado.
La Fiscalía hasta el momento no tiene ningún expediente abierto por el caso Tony Hernández, tampoco ha llamado a ningún funcionario que ha sido mencionado de ser cómplice en el tráfico de droga y protección estatal para la narcoactividad liderada por Hernández, tal y como lo denuncia la fiscalía norteamericana.
Omar Rivera, dirigente de sociedad civil, y quien suena fuerte para sustituir a Julián Pacheco al frente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, dice que esas son las tareas pendientes del Ministerio Público y que por eso hay que presionar para que se actúe a la mayor brevedad posible.
Julián Pacheco ha sido mencionado por varios narcotraficantes entre ellos, Los Cachiros de ser cómplice para el ejercicio del narcotráfico en Honduras, el gobierno ni la Fiscalía lo han requerido para que en primer lugar deje el cargo y segundo para investigarlo.
El abogado y analista político Heriberto Baquedano, considera que el actuar de la Fiscalía es triste y repudiable, pues la aplicación de justicia no es para todos por igual, tal y como lo dijo Juan Orlando Hernández luego de la captura de su hermano.
El exfiscal de la Constitución René Adán Tomé, también valora la situación, manifestando que ante la omisión también el fiscal Óscar Fernando Chinchilla se convierte en cómplice.
Tomé dijo que lamentablemente según el poder que el propio Hernández le ha dado al fiscal, él es inmune ante cualquier investigación, significa que, si se presenta una denuncia contra Chinchilla por no actuar en este caso, no hay un ente habilitado para procesarlo, por lo tanto, eso es grave, porque fomenta y asegura la impunidad para quienes protegen a delincuentes.
A dos semanas de su captura, ninguna entidad estatal se refiere de forma oficial al caso de Tony, tampoco se ha iniciado el proceso de aseguramiento, por lo que las críticas, descrédito y acusaciones de complicidad contra el Ministerio Público sigue en aumento.
La desmilitarización en Latinoamérica será una prioridad para la CIDH en 2019
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, explicó a Efe que ese “plan de actuación concreto” está aún en ciernes pero se concretará en sucesivas reuniones.
Este programa se avanzó durante una audiencia de la CIDH que la comisionada Flávia Piovesan calificó de “histórica” porque abordó la militarización, uno de los “mayores problemas” de Latinoamérica que es herencia de las dictaduras militares que desangraron a la región durante décadas.
“La narrativa nacionalista y el populismo autoritario son uno de los desafíos a los que nos enfrentamos”, consideró Piovesan antes de añadir que “la creciente militarización implica un riesgo de violación de derechos humanos e impunidad para sus responsables”.
Por ello, los representantes de la CIDH se comprometieron a evitar un retroceso en derechos y libertades por el aumento del número de actuaciones militares sobre la población civil.
Varios portavoces de organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron durante la sesión del poder cada vez más amplio con el que las Fuerzas Armadas operan en varios Estados como Honduras, México, Uruguay y Brasil.
Los comisionados de la CIDH se conmocionaron al escuchar el testimonio de Alicia Rabadán, la madre de Jorge Antonio Parral Rabadán, un ciudadano mexicano al que mataron unos militares en 2010 mientras estaba secuestrado.
“Una llamada alertó de un secuestro, los soldados acudieron al lugar y se encontraron a tres personas a las que dispararon indiscriminadamente, entre ellas estaba mi hijo”, narró entre lágrimas Rabadán.
Según el testimonio de la madre, Jorge Antonio era una de las víctimas del secuestro y fue enterrado en una fosa común sin identificar después de que los militares supuestamente se dieran cuenta de que habían cometido un error y matado a un civil inocente.
“Alteraron la escena del crimen y dijeron que se trataba de un sicario”, añadió Rabadán, quien lamentó que nadie haya rendido cuentas por la muerte de su hijo a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana reconociera lo sucedido en un informe de 2013.
“Representa el proceder del Estado mexicano para favorecer la impunidad”, consideró Rabadán.
El comisionado Luis Ernesto Vargas, que expresó en repetidas ocasiones sus condolencias y detuvo el tiempo de intervención para que la madre se expresara libremente, calificó el hecho de “paradigmático” sobre la militarización, con centenares de casos similares.
“Algunos mandatarios creen que el escenario en el que ocurren estas operaciones es campo abierto. Primero disparan y luego preguntan”, exclamó.
Vargas sostuvo que la CIDH “hará lo posible porque este asunto se mantenga de manera latente en su agenda” y puso como ejemplo la situación en Honduras, donde las violaciones de derechos humanos crecen de “forma exponencial” a medida que el Ejército adquiere mayores competencias.
En el mismo sentido, el relator especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, mostró su preocupación por la recogida de firmas impulsada en Uruguay para “aprobar mediante reforma constitucional que los militares puedan participar en la seguridad ciudadana”.
Fue el senador uruguayo y excandidato presidencial Jorge Larrañaga (Partido Nacional, derecha) quien lanzó la campaña para someter a consulta ciudadana una reforma de la Constitución que contempla, entre otras medidas, la creación de una Guardia Nacional con militares y que ha logrado más de 100.000 firmas.
Para la comisionada Antonia Urrejola Noguera, algunos ciudadanos aceptan el discurso de “mano dura” como respuesta a su sensación de inseguridad, por lo que la CIDH deberá “dirigirse también la sociedad y no sólo a los Estados”.
Por otra parte, la Comisión escuchó el testimonio de Laura Zúñiga, hija de la líder ecologista Berta Cáceres, y recibió denuncias de “represión” en Nicaragua, así como datos sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales en Colombia desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.
Con estos temas la CIDH, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), clausuró su 170º período de sesiones.
Audiencia Regional sobre militarización de la Seguridad Púbica en los Países de las Americas, ante la CIDH
La creciente militarización en la región se manifiesta en la intervención directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, en algunos casos, y la adopción de tácticas y enfoques militares por parte de las policías, en otros. Muchas veces se enmarca en las “guerras” contra el narcotráfico y el terrorismo, utilizadas para reprimir conflictos sociales o perseguir a grupos identificados como enemigos del estado.
Esta tendencia hacia la militarización genera mayores violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas estatales y el recrudecimiento de la violencia general en los países.
En la audiencia se expondrá sobre tendencias generales (CELS), el papel de las fuerzas armadas en el Triángulo Norte (COFADEH), las ocupaciones territoriales en Brasil (Justiςa Global y Conectas), la militarización en zonas de frontera (ACLU) y los impactos de la militarización en México, con el testimonio de los padres de Jorge Parral, víctima de desaparición forzada. Además, participarán representantes de las otras organizaciones solicitantes durante el intercambio con la Comisión, entre ellas Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Fundación Myrna Mack de Guatemala.
Pidieron la audiencia Amnistía Internacional; Asociación Civil Intercambios, Argentina; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia; Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Conectas Direitos Humanos, Brasil; Fundación Myrna Mack, Guatemala; Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Argentina; Justiςa Global, Brasil; Observatorio Ciudadano, Chile; Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea); Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos. Se sumó posteriormente la American Civil Liberties Union (ACLU) de Estados Unidos.
¿Dictador o mandadero?
Por: Oscar Miguel Marroquín
Unos
cuantos días atrás Donald Trump descargó toda la furia había y por
haber sobre el que creímos era el hombre fuerte de Honduras, otros
también lo llamaban dictador, pero el presidente de los Estados Unidos
desmitificó tales versiones, y ahora parece que don Juan Orlando
Hernández no es dictador y menos hombre fuerte, quizá para no ser tan
desagradable protocolarmente hablando, al pobre JOH sería bueno llamarlo
el mandadero de los gringos.
Muy
confiado estaba el mandatario de los Estados Unidos en la eficacia de
su mandadero en Honduras, de repente miles de catrachos deciden al
unisonó cambiar el rumbo de la historia y maleta en mano parten en
caravana hacia las tierras del Tío Sam, la noticia voló de inmediato por
el planeta entero; el servicio de inteligencia gringo quedó
ridiculizado, es decir, Trump fue el último en enterarse que la caravana
ya cruzaba las puertas entre Guatemala y Honduras.
Con
el peculiar tono de oligarca repugnante, Trump reclamó al mandadero sin
pensarlo dos veces sobre lo que acontecía, el tristemente célebre
dictador como era de esperarse se auto invitó al silencio, sabedor de lo
que venía.
Entre tanto, los catrachos fuera de sus fronteras gritaban a todo pulmón FUERA JOH, por incapaz, corrupto y criminal.
Unos
cuantos miles de catrachos llamaron de inmediato la atención del
planeta entero, y no era para menos, todo el sistema de medios de
comunicación al servicio de los Estados Unidos había logrado meses atrás
que la humanidad pusiera sus ojos en las caravanas de venezolanos
huyendo de su país, pero esta vez las cosas eran diferentes, la gente
que huía en masa no eran venezolanos sino hondureños.
Millares
de hombres, mujeres, niñas y niños huyendo del descalabro económico y
social provocado precisamente por uno de los mandaderos al servicio de
los Estados Unidos, en otras palabras, esta noticia irrumpió en la casa
blanca de forma negativa, es decir, la noticia se convirtió en la
antítesis de la tan llevada y traída democracia que abrazan
ideológicamente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Todos
estos enmudecieron momentáneamente, y como buenos farsantes que son no
tuvieron otro camino que diseñar abruptamente un concierto de mentiras
que dicho sea de paso rondan la estupidez.
Poco les ha faltado decir que la caravana está siendo instrumentalizada por seres extraterrestres.
En resumidas cuentas, JOH logró que Donald Trump quedara como un verdadero idiota.
Que
a nadie extrañe si en los próximos meses los planificadores del
Departamento de Estado deciden cambiar de mandadero en Honduras, pues el
actual resulto ser además de corrupto, criminal y posiblemente un
aliado con el narcotráfico.
Creo sin lugar a equivocarme que JOH ya anda en alas de cucaracha.
Comisión Provincial Apostolado Social
Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús
EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD Y GRAN PREOCUPACIÓN ANTE EL DOLOR Y LA INJUSTICIA PROVOCADA POR LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA GENERADA EN LA REGIÓN DEL BAJO AGUÁN, TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DENUNCIAMOS:
Los acuerdos malintencionados y corruptos del Congreso de la República de Honduras,
que planificaron la modificación del decreto legislativo #127-2012 para
reducir la zona núcleo del Parque Nacional de Botaderos (Carlos
Escaleras) para beneficiar a la empresa Inversiones los Pinares con la
entrega de dos proyectos mineros.
Los impactos producidos por los trabajos de la minera sobre la región han sedimentado el cauce de dos ríos dejando sin agua a las comunidades aledañas.
La manipulación de la información por los medios de comunicación
en manos de los poderes económicos, para hacernos creer que el
conflicto es entre un grupo de personas de la comunidad de Guapinol y la
empresa minera. Constatamos que la crisis involucra y afecta a
toda la población del departamento de Colón que defiende la vida, el
derecho humano al agua y a un ambiente sano como lo vienen haciendo numerosas poblaciones a lo largo del territorio hondureño, centroamericano y mundial.
Que estas manipulaciones son parte de una ofensiva de criminalización hacia las personas y comunidades que defienden la vida, lo cual junto a decisiones corruptas y malas prácticas del Estado hondureño y de la empresa minera, son responsables de la evolución del conflicto hacia una crisis violenta.
Ante este clima hostil alertamos del peligro que corren las comunidades, los feligreses y el párroco de San Isidro Labrador, Tocoa, por la situación de violencia y porque, al defender la vida, están siendo criminalizados.
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado hondureño por esta situación, ya que es ilegal e inmoral
haber otorgado una concesión para la explotación minera dentro del
Parque Nacional Montaña de Botaderos, pues atenta contra la vida de la
población de toda la región e hipoteca el futuro de niños, jóvenes y
adultos por la contaminación de los ríos y fuentes de agua, además de
destruir el equilibrio ecológico de una zona rica en reservas acuíferas.
A las autoridades gubernamentales de cualquier violación de los derechos humanos
que se den sobre nuestros hermanos y hermanas. Puesto que las
instituciones llamadas a velar por los derechos ambientales y de las
comunidades, y a solucionar el conflicto y la crisis socioambiental
(MIAMBIENTE, INHGEOMIN, ICF, Municipalidad de Tocoa), han desaparecido
como funcionarios públicos permitiendo que la crisis se agudizara.
NOS SOLIDARIZAMOS:
Con la organización y la resistencia cívica de las comunidades y pueblos del Bajo Aguán
que en cinco de los diez municipios del departamento de Colón, han
celebrado cabildos abiertos y han declarado ser municipios libres de
minería.
Con nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia católica de la Diócesis de Trujillo,
donde se encuentra la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, delegada a
la Compañía de Jesús, que mediante marcha pacífica caminaron hacia la
comunidad de Cayo Campo elevando su voz hacia un “SÍ a la Vida, NO a la Minería”.
DEMANDAMOS:
La búsqueda de soluciones reales al conflicto que respeten la voluntad de las comunidades y que tengan como primera condición la suspensión de las actividades mineras en la zona para poder establecer un diálogo transparente y honesto.
El cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia en contra de comunidades, feligreses, el párroco de Tocoa y defensoras y defensores ambientales del Bajo Aguán.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a dar seguimiento y monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socioambiental.
Como miembros de la Iglesia Católica,
exhortamos a la Conferencia de Obispos de Honduras para que levante su
voz contra este ataque a la tierra y a las comunidades para exigir al
Estado la protección de territorios hondureños señalados como Parques
Nacionales.
Hacemos nuestras las palabras que el Papa Francisco escribió en julio de 2015
para el encuentro “Una jornada de reflexión, unidos a Dios escuchamos
un grito” que reunió a personas que trabajan en la minería. Esas
palabras son ahora ciertas para la gente del Bajo Aguán:
Se trata de “un grito por la
tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que,
paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales
que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia,
a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por
las violaciones de los derechos humanos…”
5 de noviembre 2018
<< Descargar documento >>OTRO “TARIFAZO NACIONAL” TRANSPORTE PÚBLICO MÁS CARO EN HONDURAS
- Publicado: 21 Noviembre 2018
A
partir del próximo 1 de diciembre, el Transporte Público hondureño,
aumentará por segunda vez en el año la tarifa al pasaje, siendo así que
los nuevos precios son: siete lempiras en autobuses grandes, 13 lempiras
para autobuses “rapiditos” y 15 lempiras para el taxi colectivo.
Lo
anterior fue confirmado a nivel nacional por el dirigente del rubro,
Jorge Lanza, quien mencionó que el acuerdo estaba pactado desde meses
atrás con el Gobierno, en el marco de medidas que dieron solución a la
crisis que en julio pasado paralizó al sector.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Autoridades
del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), en acuerdo con
el sector de Transporte Público, acordaron aumentar a partir del 1 de
diciembre el valor del pasaje para taxis y autobuses “rapiditos”.
El
aumento, fijará una nueva tarifa de siete lempiras para autbuses
grandes, 13 lempiras para los rapiditos y 15 para taxis colectivos. Este
acuerdo, según se informó, está suscrito al que se firmó en agosto
pasado luego de varios días en que el sector transporte estuvo en paro
de labores.
Así
lo aclaró el director del IHTT, Roberto Zacapa, “no es un nuevo
aumento”. Tras agregar que se revisará para que el aumento ya acordado,
no sea motivo de abuso para afectar a los ciudadanos. De acuerdo con el
dirigente de transporte, Jorge Lanza, este nuevo “tarifazo” es a nivel
nacional.
El
sector transporte se paralizó a mediados de julio por la incesante alza
en el precio de los combustibles, luego de varias reuniones, la zona
norte aceptó la propuesta del Gobierno para aumentar dos lempiras a la
tarifa y obtener una rebaja de cinco lempiras en gasolineras
seleccionadas.
Ante
esa crisis que duró al menos 15 días, Zacapa presumió que el conflicto
había sido arreglado, y sobre los ajustes en diferentes zonas del país,
mencionó que eran de carácter temporal en lo que se concluía con la
verificación de componentes de la fórmula técnica, para verificar que
las medidas tomadas no sean desacreditadas por ninguna de las partes.
En
ese sentido, las autoridades del IHTT asumieron el compromiso de
concluir el proceso de revisión de la fórmula técnica en los próximos
dos meses; sin embargo, al momento de anunciar las nuevas tarifas de
seis, 12 y 14 lempiras en autobuses, rapiditos y taxis, respectivamente,
no se dijo nada sobre que esta revisión, traería un segundo “trancazo” a
la ciudadanía.
Ante
esta situación, la población ya denotado su descontento con el aumento,
de hecho, hoy los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), han procedido a protestar a lo interno del campus en
Ciudad Universitaria.
De
momento mantienen una toma pacífica en el edificio administrativo “Alma
Mater”, pero se espera que los universitarios salgan a cerrar el paso
al bulevar Suyapa.
Tarifazo de 18 % asesta EEH a los hondureños
Consumidores menores a 300 KVH siempre pagarán aumento porque el bono solo amortiguará una parte
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Las
tarifas de la energía eléctrica registran duras alzas a partir de este
mes de octubre en Honduras. En el sector residencial el aumento será del
18 % y en el comercial de 15 %, informó el gobierno al anunciar una
supuesta refundación en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),
que desde ya ha confirmado oficialmente la desaparición total de la
estatal de energía.
Los
incrementos se verán reflejadas en la factura de octubre, es decir que
si en una casa una familia pagó el mes de septiembre 1.000 lempiras
ahora en octubre deberá pagar 1.180 lempiras.
Al
anunciar los nuevos incrementos, el gobierno argumentó las alzas en la
devaluación del lempira frente al dólar y los altos precios del petróleo
a nivel internacional, pese a que desde el año 2010 firmó una serie de
contratos de energía renovable, con los que prometió revertir la matriz,
de energía térmica a energía renovable.
ESTRATEGIA MEDIÁTICA
Como
estrategia ejercida desde el control mediático, Hernández anunció a la
vez la aplicación de un bono durante nueve meses en aquellos hogares que
consuman al mes menos de 300 Kilovatios Hora (KVH).
El
bono ofrecido por gobierno al final solo servirá para amortiguar en un
16 % el aumento que se aplicará al resto de la tarifa residencial.
El
secretario de Energía, Roberto Ordóñez, ejemplificó que si en el mes de
septiembre un hogar pagó 100 lempiras, ahora con el nuevo incrementó
pagará 102 lempiras, es decir que tendrá una compensación de 16
lempiras, pero en sentido práctico siempre registrará un incremento, en
este caso de dos lempiras (2 %).
Los
hogares que consumen menos de 300 KVH es donde no existan
electrodomésticos básicos, como refrigeradora y estufa, por lo que la
aplicación del bono se restringirá a la franja de pobreza extrema.
Para
evitar las críticas y la oposición de la ciudadanía, el gobierno
asegura que con el bono beneficiará a un millón 500 mil abonados de un
total de un millón 800 mil, por lo que estima que estaría beneficiando
al 83 % de los hogares.
DESAPARICIÓN DE LA ENEE
El
gerente de la la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús
Mejía, reveló este jueves que mediante la aplicación de la Ley General
de la Industria Eléctrica, a partir de enero del próximo año se
registrará el cierre total de la estatal eléctrica y en su lugar se
crearán tres empresas: una de generación, otra de transmisión y una
tercera de distribución. De manera incongruente el funcionario dijo que
las tres empresas serán del Estado, cuando la nueva estructura se ha
pactado con el sector privado.
Honduras
cristalizó en agosto de 2016 la privatización casi total del sector
energía con la entrada en vigencia de la Empresa Energía Honduras (EEH)
que desde ese entonces se convirtió, por un lapso de siete años, en el
encargado de operar y mantener la red de distribución y de reducir las
pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE.
Desde
agosto de 2016 la EEH ha venido aplicando severos incrementos en las
tarifas y el camino de las alzas al parecer continuará con mayor
intensidad con la nueva estructuración que anunció el gobierno el
miércoles al firmar un acuerdo con el sector privado.
La
administración Hernández ha llamado al pacto como “acuerdo de
refundación del sector eléctrico hondureño” y fue firmado ayer miércoles
por la representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la
Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, la Empresa
Energía Honduras, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Al
momento de firmar el acuerdo el jefe de gobierno, Juan Hernández,
apuntó: “Quiero ser enfático de que vamos a refundar todo el sector
eléctrico y esto va más allá de las tarifas”.
Las tarifas de la energía eléctrica son revisadas trimestralmente por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Con
la nueva modalidad, el gobierno se apresta abrir el mercado de la
energía con diferentes sectores en la generación, distribución y
transmisión, por lo que la estatal eléctrica quedará a merced de
desaparecer pese a su fuerte potencial de generación a través de la
represa hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como el Cajón y
cuyo precio del KVH es de $ 0.04 centavos, muy por encima de $ 0.12 y $
0.14 que ofrecen los generadores privados.
El
presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, ha dicho en las últimas
horas que ante el cierre inminente de la estatal eléctrica el gobierno
debe asegurar el pago del 100 % de las prestaciones laborales del
personal que sea cesanteado y así evitar lo del pasado reciente cuando
muchos trabajadores fueron despedidos violentándoles sus derechos.
HALLAN CADÁVER TORTURADO EN TOCOA, HONDURAS, ZONA DE CONFLICTO POR MINERA
- Publicado: 01 Noviembre 2018
El
cadáver de un hombre con señales de tortura fue encontrado hoy por
pobladores de la ciudad de Tocoa, Colón, al norte de Honduras, lugar
donde se ha desatado la violencia en las últimas semanas debido a la
lucha de defensores del ambiente que se oponen al proceso de minería
desde el campamento en el sector de Guapinol.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tocoa, Colón. Este
jueves en un solar baldío en Tocoa, Colón, norte de Honduras, fue
encontrado sin vida y con señales de tortura, el ciudadano Manuel Arita,
alias “Chiruste”.
El
cadáver del occiso fue encontrado con signos de tortura, estaba
semidesnudo y sus pies y manos estaban atadas, según las autoridades,
sus captores incluso le arrastraron por la carretera para finalmente
dejarlo tirado.
El
informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), aún no
reveló el móvil del crimen, aunque ya se trabaja para dar con el
paradero de los victimarios.
Cabe
destacar, que los primeros en encontrar el cuerpo fueron los pobladores
de la zona, quienes le cubrieron con una manta hasta que llegaran las
autoridades.
La
comunidad de Tocoa ha vivido un contexto de violencia en las últimas
semanas, sobre todo por la lucha de los locales contra el proyecto
minero y la violencia emprendida por organismos de Seguridad Pública,
que han intentado desalojar a los defensores del ambiente del campamento
ubicado en el sector de Guapinol.
De
hecho, defensores de Derechos Humanos, alertaron que en la ciudad se
decretó un estado de sitio, luego del deceso violento de dos militares, y
aunque la Policía desmintió esa medida, la alerta siguió vigente,
porque según los activistas, se pretende iniciar una cacería similar a
la que en 2009 manchó de sangre el Bajo Aguán.
La caravana de migrantes no está causando la crisis fronteriza: es Trump
Por Jorge Ramos/Time
Tijuana,
México. Un enorme campo de refugiados a pocos minutos de la frontera
sur de EE. UU. Miles de centroamericanos que llegan a la ciudad mexicana
más al norte de Tijuana, en un intento por cambiar sus vidas. Algunos
con recuerdos crudos de sus ojos, y los ojos de sus hijos, ardiendo de
gas lacrimógeno. Una frontera casi cerrada para aquellos que quieren
solicitar asilo político. Y un nuevo gobierno mexicano a punto de
hacerse cargo. Esta es la crisis diseñada por la Administración Trump.
El
presidente de los Estados Unidos ha creado un cuello de botella en
Tijuana. Los agentes del gobierno apenas procesan cien solicitudes de
asilo por día, como me confió un funcionario del gobierno. Podrían
trabajar mucho más rápido si se enviaran jueces y trabajadores sociales,
en lugar de soldados, a una de las fronteras más activas del mundo.
Pero
la Administración quiere mantenerlo de esta manera con dos objetivos
cada vez más claros: enviar un mensaje a la gente de Centroamérica de
que no podrán cruzar fácilmente a los Estados Unidos y forzar al
Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador aceptó un plan
llamado “Permanecer en México”, manteniendo a los solicitantes
centroamericanos fuera de los Estados Unidos mientras se procesan e
investigan sus casos de asilo.
No
es una barrera física y tecnológica a lo largo de las 1,954 millas de
la frontera con México, como había prometido durante la campaña
presidencial. Y no detiene a todos los inmigrantes indocumentados, ya
que muchos vienen en avión y se quedan más tiempo que sus visas, o
cruzan el desierto de Arizona y el Río Grande. Pero la Administración ha
podido cerrar la frontera en California de manera efectiva a los más
vulnerables de nuestro hemisferio: los refugiados y sus hijos que
escapan de las pandillas, las tasas de criminalidad más altas de América
Latina, la corrupción desenfrenada del gobierno y la pobreza extrema.
Aquellos
en Tijuana hoy han huido de esos horrores solo para enfrentar una de
las áreas más protegidas de la frontera de EE. UU. Y México, con muros
de concreto y metal que se remontan a la Administración Clinton,
equipados con la última tecnología de detección de movimiento y agentes
inteligentes. Al agregar la protección de los militares, el área entre
Tijuana y San Diego está prácticamente sellada.
Trump
ha construido esta estructura de una manera que alienta a las personas
que buscan cumplir con la ley a romperla. Los miembros de las caravanas
centroamericanas, con quienes me he reunido, querían evitar a los
brutales carteles mexicanos de la droga en la costa del Golfo. Por eso
eligieron ir a Tijuana en lugar de tomar la ruta más cercana a Texas.
Escogieron
los puertos de entrada legales que ahora están bloqueados. La mayoría
de los refugiados no quieren regresar a Honduras, Guatemala o El
Salvador, ni quieren quedarse en México (a pesar de las garantías de
empleo y la legalización de López Obrador). Su única alternativa es
esperar meses en Tijuana, con la esperanza de estar entre los
afortunados en la línea cuyas solicitudes de asilo sean aceptadas.
Sin
embargo, las noticias en la frontera viajan rápido, especialmente
cuando las personas no tienen más que hacer que esperar. Los inmigrantes
hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en Tijuana podrían no tener
los recursos y la voluntad para ir al sureste a Texas.
Pero
las nuevas caravanas, y ya van a llegar, pronto se darán cuenta de que
tendrán una mejor oportunidad de obtener asilo si se entregan a los
oficiales de inmigración en el Valle del Río Grande, donde hay áreas sin
muros. En comparación con el año anterior, el número de “unidades
familiares”, a menudo padres con niños pequeños, se detuvo por el
aumento del 27% entre octubre de 2017 y este mes de septiembre, a
63,278. La mayor parte de esto sucedió entre la ciudad de Río Grande y
Brownsville. Trump solo está haciendo que esta ruta sea más popular para
un pueblo desesperado que se ve obligado a decidir entre vivir en
constante peligro o violar la ley del supuesto país más grande del
mundo.
Mientras
tanto, México no está acostumbrado a tener campos de refugiados en su
territorio. Ahora tiene uno de los más grandes del continente, solo en
comparación con los asentamientos venezolanos en Colombia. El nuevo
gobierno mexicano está discutiendo soluciones a largo plazo, explorando
las posibilidades de las inversiones privadas de los Estados Unidos en
el sur de México y América Central. Pero eso llevará demasiado tiempo.
En
general, los ciudadanos mexicanos en todo el país han sido muy
generosos con los inmigrantes centroamericanos. Personalmente vi cómo
los alimentaron y les proporcionaron zapatos y ropa en el estado sureño
de Chiapas. Pero los cánticos racistas y xenófobos se han escuchado en
voz alta en Tijuana y en las redes sociales. América debería saber a
estas alturas no asumir una calma eterna justo al sur de su frontera.
Lo
que tenemos en Tijuana es una emergencia humanitaria que no se
resolverá con más muros, soldados y retrasos burocráticos, que solo
difundirán a la gente y su dolor, no los detendremos ni ayudaremos.Los
países son juzgados por la forma en que tratan a los más vulnerables, no
a los ricos y poderosos. La imagen de Estados Unidos en el mundo en
este momento es la de una nación que lanza gases lacrimógenos a mujeres y
niños. De una nación que puede absorber fácilmente a miles de
refugiados, de la misma manera que lo han estado haciendo muchas
naciones europeas durante años, sin consecuencias económicas
significativas, pero no lo hace. De una nación con un sistema de
inmigración fallido, que se niega a cooperar con todos los países de
América del Norte y Central. Desearía que Trump viera el mismo potencial
en Estados Unidos que los que él mantiene alejados.
