Guerra contra las drogas y Derechos Humanos: los casos de Colombia, Honduras y Guatemala
Por: Nathalie Mercier – Maria Useche – Javier San Vicente – InspirAction/CAID.
En
las últimas décadas, el tráfico de cocaína y marihuana ha crecido
exponencialmente en Latinoamérica, reflejándose en alarmantes niveles de
violencia social y política, que han supuesto una degradación de los
frágiles procesos democráticos. La conocida como guerra contra las
drogas se ha mostrado como una política contraproducente. No solo ha
fracasado en lograr una reducción significativa del consumo de
estupefacientes, sino que ha producido graves daños colaterales, como el
fortalecimiento de la delincuencia organizada asociada al narcotráfico.
Desde la propugnación de esta política por Estados Unidos en los años
70, el fenómeno delincuencial asociado al tráfico de drogas se ha
transformado en uno de los mayores problemas que enfrenta la región.
Tras casi 50 años del inicio de esta “guerra” cabe preguntarse qué ha
supuesto para los países de producción y tránsito de estupefacientes.
Es
evidente que esta política no ha logrado frenar el flujo de sustancias
ilícitas hacia los consumidores. En el caso de la coca, apenas se ha
logrado reducir el área total de cultivo, habiéndose además producido
notables avances técnicos que han permitido un aumento de la
productividad por hectárea. Por otro lado, el consumo de drogas tampoco
se ha reducido visiblemente. Por el contrario, en varios de los países
de producción y tránsito el consumo de estas sustancias ha aumentado.
Unos
años después del inicio de esta política, a fines de los años 70, el
negocio de la cocaína ya permeaba las altas esferas en varios países de
la región. Para esas fechas Pablo Escobar ya era un notorio
narcotraficante en Colombia y se preparaba para dar su salto a la
política, estrategia que posteriormente sustituiría por la violencia
narcoterrorista. En las siguientes décadas, el dinero del narcotráfico
serviría para financiar las actividades de grupos armados de diferente
signo, desembocando en el auge del fenómeno paramilitar en Colombia, en
un proceso conocido como la “degradación del conflicto armado interno”.
En el proceso se produjeron cientos de miles de asesinatos y millones de
personas desplazadas por la violencia.
También
a fines de los 70, una Centroamérica asolada por varios conflictos
armados nacionales vivía un ascenso del poderío militar. El triunfo de
la revolución sandinista en Nicaragua en 1979 intensificó la presión de
Estados Unidos sobre la región, en lo que constituyó el ultimo
recrudecimiento de la Guerra Fría. En ese contexto, agentes
estadounidenses se involucraron con el narcotraficante hondureño Juan
Ramón Matta para financiar con dinero sucio a la contra nicaragüense y
la contrainsurgencia en Guatemala y El Salvador. Desde entonces,
Honduras (y Guatemala) se convertirían en un punto clave del tránsito de
cocaína, al servir como puente entre los países productores
sudamericanos y México.
Ya
entrado el siglo XXI, las grandes organizaciones del narcotráfico
mexicanas entraban a sangre y fuego al territorio centroamericano, como
consecuencia de la política de guerra al narco emprendida en México por
Felipe Calderón. A partir de su llegada, los niveles de violencia en la
región aumentaron drásticamente, convirtiendo a los tres países del
triángulo norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) en los más violentos
del planeta.
La
criminalidad organizada surgida en el contexto de la guerra contra las
drogas, una vez asentada en la región, se ha constituido en un actor
disruptivo de los procesos políticos, al servir como refuerzo de las
dinámicas violentas causantes de los diferentes conflictos sociales,
militares y de seguridad. El caso colombiano es paradigmático. El
Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC, que generó
grandes expectativas entre población y defensores de derechos humanos,
no está mostrando los resultados esperados. Según el Sistema de
Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos
Humanos en Colombia-SIADDHH, de 2016 a junio de 2018 se produjeron 263
asesinatos de defensores de derechos humanos, habiéndose producido un
aumento significativo de los ataques en 2018. Existe consenso entre las
organizaciones colombianas en atribuir este auge de los crímenes a
“disputas por la tierra y el territorio (…) intereses de explotación
minera o de otros recursos naturales, tráfico de drogas, microtráfico,
cultivos de uso ilícito y sustitución de estos”.
Como
actores causantes de dichas violaciones se señala a grupos
paramilitares (Autodefensas Gaitanistas, Águilas Negras…), disidencias
de las FARC y miembros de la guerrilla del ELN. La supervivencia de
estas “disidencias”, originadas tras los procesos de paz de 2003 con los
paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, y de 2016 con las
FARC evidencian incentivos perversos que el negocio de la droga ofrece a
los grupos armados para continuar con sus actividades delictivas, más
allá de cualquier supuesto objetivo político o social. Así, se da la
paradoja de que, tras la desmovilización de las FARC, las cifras de
ataques a defensores/as indican retrocesos para la consolidación de una
paz estable y duradera, manteniéndose Colombia como de los países con
las cifras más altas de asesinatos a defensores/as de derechos humanos.
La influencia del crimen organizado en los poderes públicos colombianos
quedó en evidencia por las revelaciones producidas en el conocido
escándalo de la parapolítica, que llevó a prisión a más de 60 senadores
por vínculos con grupos armados ilegales.
El
caso centroamericano presenta numerosos paralelismos con la realidad
colombiana. La región se vio involucrada en una fase de conflictos
armados de alta intensidad en los años 80 y 90, que se dio por
finalizada con las firmas de acuerdos de paz, el último de los cuales
fue el de Guatemala en 1996. Desde entonces, los niveles de violencia en
la región no han disminuido. En el caso guatemalteco, tras dar por
cerrado un conflicto que generó más de 200,000 asesinados y 45,000
desaparecidos, se observó como ciertas estructuras de poder
experimentaron un reacomodo para para acabar participando en nuevas
manifestaciones de crimen organizado, represión y control territorial.
Tal es el caso de la unidad de élite del ejército guatemalteco, los
Kaibiles, conocidos por su brutalidad y responsables de varias de las
masacres más sangrientas en los 80, incluyendo el ocurrido en Las Dos
Erres (Petén) en 1981. Tras la finalización del conflicto armado,
numerosos miembros de los Kaibiles pasaron a engrosar las filas de los
Zetas, uno de los carteles mexicanos más sanguinarios, que logró una
fuerte implantación en territorio guatemalteco. Un colaborador eficaz en
un juicio sobre la masacre de 27 campesinos -varios de los cuales
fueron decapitados- en 2011, indicó que “los Zetas solo reclutaban a
militares guatemaltecos y mexicanos. Preferían a quienes ya eran
kaibiles y se encontraban fuera del Ejército. […] Ellos —los Zetas—
ingresaron a Guatemala en el 2003.”
En
Honduras el narcotráfico creció paralelamente al poderío militar y la
intervención estadounidense. Según documentos desclasificados de la
National Security Agency – NSA, en pleno recrudecimiento de la guerra
fría en los años 80 el narcotraficante hondureño Juan Ramon Matta
estableció una aerolínea que se dedicaba a traficar cocaína de
Centroamérica a Estados Unidos, y cuyos aviones regresaban al istmo
cargados de armas destinadas a la contra nicaragüense. Desde entonces
las relaciones entre importantes sectores políticos y militares con el
narcotráfico se han estrechado.
Tras
el golpe de Estado de 2009, Honduras sufrió un proceso de degradación
política, que llevó a una fuerte militarización del país y a un aumento
considerable de las actividades del crimen organizado y de los niveles
de violencia. La penetración del narcotráfico en las instituciones es
tal, que en los últimos años han sido vinculados con los diversos
carteles los miembros de las cúpulas policiales y militares, el
presidente Juan Orlando Hernandez y su hermano (recientemente detenido
por narcotráfico y tráfico de armas), el expresidente Porfirio Lobo y su
hijo (condenado en Estados Unidos), así como varios ministros,
diputados y alcaldes. Los altos niveles de violencia e impunidad
alcanzados han sido uno de los principales motores de la migración
forzada en Honduras, visibilizada internacionalmente por la caravana
migrante que actualmente se dirige hacia Estados Unidos.
En
Centroamérica, se ha generado un fenómeno social “sui generis” como
consecuencia, entre otros factores, de la guerra contra las drogas: las
pandillas juveniles o “maras”. Localizadas tanto en ámbitos urbanos como
rurales, ejercen un férreo control armado de barrios y colonias. En su
origen en los años 90, fueron conformadas por jóvenes centroamericanos
deportados de Estados Unidos y que replicaron en sus países los modelos
de organización de las pandillas en California, cuya existencia giraba
alrededor del narcomenudeo. Al llegar a Centroamérica, se encontraron en
un entorno de exclusión social, pobreza y falta de oportunidades para
los jóvenes, que, unido al vacío institucional y a la impunidad
reinante, condujo al crecimiento y diversificación de las fuentes de
ingresos de las maras, que actualmente incluyen la extorsión, el
sicariato, y otro tipo de actividades ilícitas.
La
respuesta de los Estados en el contexto de la guerra contra las drogas
agrava aún más la situación. Políticas como la de aspersión con
glifosato en Colombia suponen un importante riesgo para la salud de la
población campesina. La erradicación de coca en Colombia tampoco ha dado
resultados especialmente positivos. En los primeros dos meses del
Gobierno de Iván Duque, “los homicidios en zonas de sustitución de
cultivos aumentaron un 35% con respecto a agosto, septiembre, y octubre
de 2017” según la Fundación Ideas Para la Paz. Según otro reporte, solo
entre enero de 2017 y junio de 2018 han sido asesinados 36 líderes y
miembros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y
Marihuana-COCCAM.
Además,
los operativos militares contra el narcotráfico, dirigidos y sufragados
en la mayor parte por Estados Unidos, se ejecutan garantizando la
totalidad impunidad de los implicados, aumentando la vulnerabilidad de
la población residente en las rutas del narcotráfico. En este sentido,
es paradigmático el caso de la conocida como Masacre de Ahuas, ocurrida
en Honduras en 2012 y en la que fueron asesinadas cuatro personas
inocentes en el marco de un oscuro operativo liderado por la DEA. Seis
años después de los hechos, no se ha procesado a ninguno de los
responsables.
El
aumento del autoritarismo y la implementación de políticas de excepción
es otro de los resultados de esta guerra, justificadas con el objetivo
de combatir la criminalidad. La militarización social en Colombia ha
producido dramáticas violaciones a los derechos humanos, como la
sucesión de masacres contra población civil realizada por las
Autodefensa Unidas de Colombia, el escándalo de los falsos positivos o
el reclutamiento forzado de jóvenes y menores por el ejército y otros
actores armados. En Honduras, es el ejército a través de la Policía
Militar de Orden Público, el encargado de velar por la seguridad en las
calles. La militarización de la seguridad pública en Honduras ha
conllevado un aumento de las violaciones a los derechos humanos,
especialmente en contextos de crisis política como el golpe de Estado de
2009 o las protestas por el fraude electoral de 2017. También en
Guatemala el combate a la criminalidad ha sido usado como pretexto para
la instalación de nuevos destacamentos militares, especialmente en áreas
de altos niveles de conflictividad social generada por la presencia de
megaproyectos, tal como ha pasado en el municipio de San Juan
Sacatepequez. Además, la utilización del concepto de “lucha contra el
terrorismo”, común a toda la región, en muchos casos sirve para atacar a
los movimientos sociales. En 2016 en Guatemala, la Fundación contra el
Terrorismo, formada por exmilitares, presentó una querella contra tres
defensores de derechos humanos, a los que acusaba de constituir un grupo
de crimen organizado por participar en movimientos opuestos a varios
proyectos mineros.
No
es casualidad que en los países clave para las rutas de este negocio
ilegal las tasas de homicidios sean especialmente elevadas, muy
superiores a la considerada por Naciones Unidas como de violencia
epidémica (10 homicidios por cada 100,000 personas). En este contexto,
la defensa de los derechos humanos se ha vuelto una tarea especialmente
riesgosa, casi heroica. Las personas que se dedican a esta labor exponen
su vida y deben vencer una cultura del miedo, del silencio, impuesta a
sangre y fuego por organizaciones criminales nacidas bajo el paradigma
de la guerra contra las drogas. Según un informe de Global Witness de
2016, solo en Honduras se contabilizan 123 ambientalistas asesinados
entre 2009 y 2016. Es paradigmático el caso de la líder indígena Berta
Cáceres, asesinada en marzo de 2016 y cuyos autores intelectuales siguen
impunes. Además, más de 70 periodistas han sido asesinados en el país
desde 2001, en muchos casos con gran saña y con el objetivo de causar el
mayor terror posible. Casos como el Nahum Palacios o Alfredo Villatoro,
están directamente relacionados con la cobertura de temas relacionados
con el crimen organizado y sus conexiones con la política.
Nota relacionada La tragedia de la guerra contra las drogas: de Honduras a New York
El
narcotráfico constituye un problema de carácter transnacional en el que
la demanda de productos ilegales genera beneficios extraordinariamente
grandes. Christian Aid reconoce la complejidad de esta problemática
resaltando en uno de nuestros informes las carencias de “la narrativa
contra-narcótica dominante y el análisis de base del sistema de
seguridad de las Naciones Unidas”, que aborda la problemática como si
fuera independiente – algo parecido a un tumor maligno que puede ser
aislado y eliminado quirúrgicamente de un cuerpo sano. A diferencia de
esta visión, en el mismo informe Christian Aid interpreta el
narcotráfico como un fenómeno que está “hilado dentro del mismo tejido
de muchas sociedades”.
Lograr
frenar una economía ilegal de estas proporciones requeriría sin duda de
mayor coordinación internacional. Esto debe incluir una persecución
feroz de las actividades de blanqueo de beneficios realizadas en el
sistema financiero internacional (o lavado de dinero), que no será
posible mientras siga existiendo el secreto bancario y los paraísos
fiscales, además de la laxa actitud de los gobiernos frente a la gran
banca. Apostar únicamente por medidas como la militarización o la
aspersión con glifosato solo traerá mayores problemas sociales,
ambientales y de seguridad, así como una mayor vulnerabilidad de la
población en general y los defensores de derechos humanos en particular.
Desde numerosos foros, se recomienda abrir el debate hacia otros
enfoques, más basados en consideraciones de salud pública, y no de
seguridad nacional. Las propuestas a este respecto contenidas en el
acuerdo de paz colombiano pueden servir de referente, aunque para lograr
su éxito se requerirá de la voluntad política real de las partes.
Con
el ánimo de aportar un grano de arena a esta problemática relacionada
con la lucha contra las drogas, Christian Aid trabaja desde varios
frentes, incluyendo la defensa de defensores/as de derechos humanos,
transformación económica de economías ilegales a legales (sustitución de
cultivos ilícitos), fortalecimiento de sociedad civil y políticas de
prevención de violencia y otros. Desde nuestra óptica la solución a la
problemática de las drogas debe cambiar a un paradigma más humano.
La tragedia de la guerra contra las drogas: de Honduras a New York
Por: Ted Lewis
En
el mes de junio viajé a Honduras para reunirme con líderes de la
sociedad civil, a fin de dialogar sobre la organización de una caravana
por 5 países para acabar con la guerra contra las drogas, cruzando desde
Centroamérica hasta Nueva York.
El
objetivo de la caravana es estimular un debate en lugares que han sido
profundamente afectados por la guerra contra las drogas y compartir las
historias de personas de esas regiones a lo largo de la ruta hasta Nueva
York justo antes de la Sesión Especial de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS), que se realizará el próximo abril.
Ted Lewis, director del programa de Derechos humanos de Global Exchange.
Desde
el inicio supimos que este viaje sería todo un desafío. Honduras ha
sido tremendamente afectado por la guerra contra las drogas. Las
ganancias abismales disponibles para quienes trafican drogas ilícitas
han alimentado el crecimiento de organizaciones criminales, aumentado la
violencia y corrupción generalizada e institucionalizado la impunidad
que facilita todo esto.
Sin
embargo, nos encontramos con una esperanzadora sorpresa en Honduras: el
impresionante surgimiento de una poderosa revuelta civil contra el
gobierno corrupto, que tomó las calles mientras nos encontrábamos allí y
que ha reclamado la renuncia del Presidente desde entonces.
Mientras
me preparaba para viajar, leí sobre las alegaciones que acusan al
gobierno de estar robando recursos de los fondos del sistema de salud
pública y de seguridad social. Esto sonaba bastante mal, pero estaba tan
ocupado con los detalles logísticos y de seguridad del viaje por esta
región que no logré comprender la magnitud del descontento que estas
acusaciones desatarían.
Estábamos
planeando un itinerario que incluía San Pedro Sula, que actualmente es
una de las ciudades más violentas del mundo. De ahí iríamos a reunirnos
con líderes de la comunidad garífuna que quedaba a siete horas (y
cientos de kilómetros al este de mi zona de confort), en las tierras
sofocantes de la costa caribeña que están dominadas por la mafia.
Al
analizar los sucesos que se han estado llevando a cabo no es
sorprendente que el descontento en Honduras ha alcanzado tales
proporciones. La pobreza extrema sofoca al país mientras que unos cuantos oligarcas controlan la mayoría de las tierras y riquezas nacionales.
Además,
el impacto que han tenido las actividades del ejército estadounidense
en la región y el apoyo reciente y encubierto de Hillary Clinton al
golpe de Estado militar del 2009 han vigorizado a los enemigos de la
democracia en Honduras.
Desde
ese golpe de Estado se ha presentado violencia causada por pandillas
que se suma a la presión económica que ha llevado a miles de familias
desesperadas a emigrar o incluso a tener que enviar hacia el norte a sus
hijos solos, a pesar del terrible riesgo que ello implica.
Sin
embargo, lo que desencadenó el levantamiento pacífico de este verano
fue la revelación de los cientos de millones de dólares que fueron
robados del sistema de salud pública y utilizados directamente para las
campañas políticas del partido dominante. Miles de hondureños han muerto
innecesariamente por falta de personal médico y medicamentos. Estos son
los hechos detrás de la indignación que ha impulsado a las multitudes a
expresar su descontento en las calles.
Al
estar viajando y hablando con líderes de organizaciones alrededor de
Honduras presenciamos una oposición profunda a la militarización y
corrupción que ha traído la guerra contra las drogas a la vida civil.
Estábamos
particularmente interesados en hablar con líderes indígenas y
garifunas que han sido abiertamente críticos con respecto a la guerra
contra las drogas ya que han tenido confrontaciones con traficantes en
sus tierras ancestrales.
Los
garífunas, son descendientes de esclavos africanos que escaparon y se
casaron con indígenas a lo largo de la Costa Atlántica del Caribe en el
siglo XVIII. Mientras que ,antes estaban más aislados, ahora han sido
sometidos a fuertes presiones por parte de la industria turística y de
plantaciones de palma africana.
El año pasado, miembros de una comunidad garífuna en Vallto eecincontraron una pista de aterrizaje construida en su territorio que estaba siendo utilizada para el tráfico de drogas.
Miriam Miranda, una de las líderes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH),
ha documentado los sucesos y protestado contra la intrusión. La OFRANEH
presionó al gobierno para que se cerrara la pista de aterrizaje y
eventualmente el ejército cumplió con la petición e inhabilitó el uso de
la pista formando hoyos en la superficie con dinamita.
Pero este no fue el fin de la historia. Los traficantes regresaron y empezaron a llenar los hoyos con troncos y tierra.
Cuando
algunos líderes de la OFRANEH empezaron a documentar la renovación de
la pista de aterrizaje fueron capturados por la fuerza por sicarios
armados en motocicletas. Fueron liberados unas horas más tarde pero sólo
porque otros miembros de su grupo habían logrado evadir a los hombres
armados y alertar a los medios de comunicación, dando lugar a una
campaña internacional para liberar a sus compañeros.
Un
año después del incidente, la OFRANEH mantiene valientemente un
campamento en el área para vigilar que los traficantes no regresen.
Mientras
las protestas continuaban creciendo este año, la OFRANEH organizó una
reunión nacional de liderazgo en el campamento remoto. Nos invitaron a
que fuéramos a hablar con ellos para colaborar en poner un alto a la
guerra contra las drogas.
Estuvimos
de acuerdo sobre muchas cosas, como en el hecho de que la guerra contra
las drogas es un desastre y de que es hora de romper el tabú para
hablar honestamente sobre el impacto que ha tenido en personas,
familias, comunidades, países y regiones enteras.
Nos
explicaron cómo organizaciones criminales parásitas que crecieron a
partir de las ganancias colosales del narcotráfico ahora manejan una
diversidad de negocios incluyendo la extorsión y el tráfico de personas.
También están involucradas en lavado de dinero a través de inversiones
en minas, hoteles, agricultura y otras industrias que son
superficialmente legítimas.
Los
líderes de la OFRANEH están interesados en promover una discusión
internacional que analice cómo asfixiar al mounstruo de la guerra contra
las drogas a través de marcos regulatorios realistas que tengan como
fin reducir el tráfico ilícito.
En
nuestras conversaciones hablamos sobre cómo los derechos humanos, la
salud pública y las iniciativas de reducción de daños deben actuar como
guías para reformar las políticas de drogas. Sin embargo, hay que
clarificar que nadie pensó en ningún momento que acabar con la guerra
contra las drogas o desarmar a las poderosas organizaciones criminales
sería una tarea fácil. Tampoco será fácil restaurar la democracia en
Honduras y frenar los daños causados por el poder de la oligarquía.
Se
necesita un debate público y una investigación transparente para
exponer las verdades de la guerra contra las drogas: es un error mortal
que ha sido sostenido a nivel internacional por décadas y que no puede
ser resuelto por ningún país aisladamente. La reforma de políticas de
drogas requiere coordinación y cooperación internacional.
Si
bien estas reformas no van a resolver todas las profundas tensiones que
afectan en Honduras y otros países, es cierto que frenar las ganancias
de la maquinaria de la guerra contra las drogas a través de marcos
regulatorios para los mercados ilícitos es un paso crítico para reducir
la violencia y debilitar las redes de corrupción e impunidad que impiden
el desarrollo de la justicia y democracia.
La
mañana que me fui de Honduras tomé un taxi de mi hotel en San Pedro
Sula al aeropuerto. Estaba de humor para platicar, así que le pregunté
al conductor si alguna vez había sentido temor en su trabajo en esta, la
ciudad más violenta. Me dijo que sí pero que lo que más le causaba
miedo era (señalando a una patrulla) que “no puedes depender de las
autoridades para que te ayuden porque muchas están trabajando con los
criminales. ¿Conoces de los impuestos de guerra?”, me preguntó.
“Cada negocio en esta ciudad”, me explicó, “tiene que pagar impuestos a las pandillas”.
“Todo mundo paga”, enfatizó.
“No
importa si tienes un puesto de sándwiches, una lavandería, un hotel o
una agencia de viajes. Tienes que pagar -o morir. En nuestro caso,
tenemos 150 miembros dentro de nuestro colectivo de taxis y tenemos que
pagar 10,000 lempiras (alrededor de 500 dólares) cada semana”.
“Lo que me da pánico”, continuó, “es que las autoridades están involucradas”.
“Déjame explicarte”, me dijo.
“Cada semana llevamos nuestra ‘contribución’ a la cárcel. No estoy bromeando”, insistió.
“Pero
está peor que eso”, me dijo. “Una semana tuvimos problemas juntando
nuestro pago a tiempo y llegamos tarde a la cárcel. Los guardias nos
dijeron que las horas de visita habían terminado y que no podíamos
entrar. Empezamos a inquietarnos porque un pago que llega tarde puede
implicar una muerte inmediata. Así que marcamos al celular de nuestro
contacto dentro de la cárcel y unos minutos después salieron los
guardias a decirnos que podíamos pasar para entregar el ‘impuesto’”.
“Así”-él dijo- “puedes ver quién realmente está dirigiendo el show”.
Aun
después de que me dejó en el aeropuerto para tomar mi avión seguía
pensando sobre las implicaciones tan terroríficas de lo que me contó.
Para las personas que están atrapadas dentro de este remolino criminal,
realmente no hay salida.
La
lección que se mantiene de los 13 años de prohibición de alcohol en
Estados Unidos a principios del siglo XX es que independientemente de
nuestra aprobación o no, la gente va a buscar sustancias psicoactivas.
Podemos regular el alcohol pero tratar de eliminarlo sólo aumenta el
crimen y le da un incentivo a las mafias locales.
A principios de la década de los 30’s, Estados Unidos ratificó una enmienda a la constitución para corregir su error.
Hoy
en día, la postura que indica que la guerra contra las drogas es un
camino de necios continúa generando mayor consenso a nivel
internacional.
La
Sesión Especial de las Naciones Unidas del próximo año es una excelente
plataforma para profundizar estas conversaciones, aunque sabemos que
tomará más tiempo y esfuerzo cambiar las mentes, los corazones y las
políticas democráticamente.
Es
por esto que vamos a viajar desde Honduras hasta la Ciudad de Nueva
York el próximo año. Te invitamos a que nos acompañes, ya sea en
persona, en la red o alrededor del mundo.
El
gobierno colombiano publicó la tendencia de los cultivos de coca
durante el período 2000-2016.Es necesario detallar los avances y
desventajas que hasta el 2016 se logró:
Período
2000-2006 (T1): “Implementación del Plan Colombia, mediante el cual se
fortalece la capacidad operativa de la fuerza pública en la lucha contra
las drogas. Al final del período se robustece la erradicación manual y
se inicia la desmovilización de las autodefensas en el marco de la Ley
de Justicia y Paz”.
Período
2007-2013 (T2): “Inicia con un incremento en el número de hectáreas,
que coincide con la aparición de las bandas criminales, consideradas
reductos de las autodefensas que no se desmovilizaron. Durante el
período se desarrolla con mayor intensidad la erradicación manual
forzosa y la aspersión aérea con glifosato. De otro lado, se fortalecen
programas de desarrollo alternativo de contención para evitar la
expansión de los cultivos de coca”.
Período
2014-2017 (T3): “Tendencia al incremento de los cultivos y la
producción de drogas que podría coincidir con hechos como el posible
aumento de las expectativas de los cultivadores para recibir beneficios
como contraprestación por la eliminación de los cultivos de coca; el
incremento del precio de la hoja de coca en un 40%; la reducción de
riesgos al productor; los elementos coyunturales asociados a las
economías del oro y petróleo; y la devaluación del peso”[1].
Figura 1: Tendencia de cultivos de coca en Colombia 2000-2016/plan Colombia se firmó en 1999[2]
Sin
embargo, “La cantidad de tierra sembrada con arbustos de coca aumentó
un 17% en 2017, lo que se traduce en 171,000 hectáreas, que supera los
niveles anteriores al programa de antinarcóticos "Plan Colombia" del
expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton”. Además es necesario
resaltar que las nuevas “171,000 hectáreas son suficiente materia prima
para producir 1,379 toneladas de cocaína, según la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito”[3]. Ver figura (2)
Figura 2: Más cocaína que nunca “La producción de coca colombiana alcanzó un récord en 2017”[4]
Por
otro lado, uno de los puntos que indica el Plan Colombia es:
“Fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Pública contra la
cadena de producción del narcotráfico y la lucha contra los Grupos
Armados al Margen de la Ley” [5].
No obstante, se observa que la producción de drogas ha aumentado pese a
que se tiene el compromiso de contener la cadena de producción, pero la
incógnita más común es ¿Dónde se lava el dinero de la droga y quienes
están involucrados en el negocio?
El
medio de comunicación “The Guardian”, publicó un artículo que puede
responder a la pregunta de cómo un gran cartel del narcotráfico lavó
dinero obtenido de la droga en uno de los bancos más grandes del mundo.
El caso fue el siguiente:
Un
avión DC-9 aterrizó el 10 de abril de 2006 en la ciudad portuaria,
Cuidad del Carmen, en México, los soldados mexicanos que estaban
esperando para interceptarlo encontraron 128 cajas con 5.7 toneladas de
cocaína, que se valorizaba en aproximadamente 100 millones de dólares.
Pero lo más llamativo es que fue descubierto el involucramiento del
cartel del narcotráfico “Sinaloa” en la compra del avión.
Además,
se demostró a partir de una investigación de 22 meses realizada por los
agentes de la Administración de control de drogas de EE.UU. (DEA, por
sus siglas en inglés) que los traficantes de cocaína habían comprado el
avión con dinero que lavaron a través de unos de los bancos más
importantes de Estados Unidos: Wachovia, que ahora forma parte del
gigante Wells Fargo. Asimismo, las autoridades descubrieron miles de
millones de dólares en transferencias bancarias, cheques de viaje y
envíos de efectivo a través de los intercambios mexicanos en las cuentas
de Wachovia. El banco solo fue sometido a una investigación inmediata
por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero[6].
Por
otra parte, según la información recolectada por el medio de
comunicación “Huffington Post” cuatro bancos internacionales también
estaban involucrados en el lavado de dinero proveniente de los carteles
de la droga. Tales bancos son:
JP Morgan
“El
Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos contra
cuatro supuestos cómplices de los líderes de Los Zetas, los hermanos
Treviño Morales, por lavado de dinero en el banco más influyente de
Estados Unidos: JP Morgan. De acuerdo con información recabada por el
periódico Reforma, los nuevos acusados son Erick Jovan Lozano Díaz, “El
Chucho”, operador financiero de Los Zetas y quien fue detenido en Nuevo
Laredo en junio, además de Gerardo Garza Quintero. Ambos usaron, en
marzo y abril de 2012, una cuenta abierta por el banco JP Morgan Chase
para transferir 600 mil dólares desde México. La nueva acusación contra
Los Zetas también incluye a Alexandra García Treviño, hija de José
Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel y dueño del rancho de Oklahoma
donde fueron asegurados en junio pasado casi 400 caballos, así como a
Jesús Maldonado Huitrón, un entrenador de caballos detenido el 10 de
diciembre en Austin. Reforma detalla que la cuenta 448606298 fue abierta
por Garza el 2 de marzo de 2012, y de inmediato recibió 250 mil dólares
de Integra Logística Aduanera, una empresa fachada controlada por
Lozano Díaz, quien fue señalado por la Secretaría de Marina como el
encargado de lavar fondos obtenidos por Miguel Ángel Treviño Morales, el
Z-40, dice el diario. A finales de abril, 400 mil dólares fueron
depositados en la misma cuenta, incluidos 90 mil en efectivo y 213 mil
transferidos por la esposa de Lozano Díaz. Una vez recibidos los fondos,
Garza expidió cheques a favor de empresa Tremor Enterprises LLC, una
fachada de los Treviño Morales en Estados Unidos. En estos documentos,
Garza aclaró de su puño y letra que el dinero era para la compra de los
caballos Feature Honor y Fly Corona. En total, 19 personas están bajo
proceso por este caso, aunque los dos más importantes, Miguel Ángel y
Omar Treviño Morales, siguen prófugos, mientras que los diez detenidos
-algunos libres bajo fianza- incluyen a su hermano José, su esposa
Zuleima, el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa y Carlos
Miguel Nayen Borbolla”
Bank of America
“Bastaron
cinco años para que Los Zetas lavaran cerca de 20 millones de dólares
en Bank of America Corp. Según documentos presentados en un juicio en
Texas donde se está involucrado el banco JP Morgan, narcotraficantes
mexicanos de Los Zetas operaron dos cuentas en Bank of America que les
permitieron lavar dinero producto de la venta de cocaína en Estados
Unidos y que invertían en carreras de caballos, esto hace apenas unos
meses. La empresa Tremor Entreprises, que sirvió para lavar el dinero
con la compra de caballo, está inscrita a nombre de José Treviño
Morales, un ciudadano estadounidense de origen mexicano que tiene dos
hermanos dentro de Los Zetas, dijo el FBI en una declaración jurada
entregada en un tribunal de Texas. La Oficina Federal de Investigaciones
(FBI) indicó que hay registros de en qué la institución lavó al menos
un millón de dólares por mes. La institución bancaria está en espera de
las sanciones económicas que tendrá que pagar. Según las autoridades de
EU, Bank of America Corp no puede entenderse como cómplices, porque está
colaborando con las autoridades. Bank of America tiene oficinas en
México desde 1954. Actualmente cuenta con una institución de banca
múltiple y una casa de bolsa”.
Wester Union
“En
2010 la bomba explotó. Las autoridades federales estadounidenses
estaban seguras que Western Union lavaba dinero desde el 2000. Pero el
caso no fue claro. La empresa sólo pagó la investigación y todo quedó
atrás. Hace dos años, policías de Arizona encubiertos se disfrazaron de
narcotraficantes y lograron sobornar a empleados de la empresa para
trasladar fondos de manera ilícita. En 20 oficinas de la empresa ningún
trabajador se rehusó a colaborar. Western Union pagó a Arizona 94
millones de pesos, y ha desembolsado dinero para combatir el lavado de
dinero”.
HSBC
“El
banco HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del Cártel de
Sinaloa, de México, y del Cártel del Valle del Norte, de Colombia, como
resultado de sus laxos controles entre 2006 y 2010. Así lo dieron a
conocer las autoridades estadounidenses en sus informes. Con base en
esos documentos, la Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que
HSBC Bank USA no monitoreó más de 9 mil 400 millones de dólares en
compras de esa divisa de HSBC México cuyos “laxos controles la habían
hecho la institución favorita de los cárteles”. “Como resultado de los
fracasos del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al
menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de
Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a
través de HSBC Bank USA”, detalló la DEA. En 2008, la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE) inició una investigación a través de la
Fuerza de Tarea El Dorado e identificó múltiples cuentas de HSBC México
asociadas con actividad del Mercado Negro de Intercambio de Pesos
(BMPE).La pesquisa encontró que traficantes de las drogas estaban
depositando cientos de miles de dólares en efectivo todos los días hacia
cuentas de HSBC México. Por separado, el Departamento del Tesoro indicó
que HSBC Bank USA aceptó más de 15 mil millones de dólares en efectivo
desde 2006 hasta 2009. Luego de estas operaciones, EU impuso una multa
de mil 900 millones de dólares contra la institución financiera, la
mayor de su tipo. Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores indicó que en noviembre HSBC México fue objeto de 61 de las 64
multas ejecutadas por el organismo, todas relacionadas con operaciones
irregulares”[7].
No
cabe duda que el sistema bancario internacional está relacionado con
los carteles de la droga y que son partícipes directos e indirectos en
el lavado de dinero. Además, Daniel Estulin, analista de inteligencia y
contrainteligencia, afirma que:
“La
DROGA S.A. es el lubricante de la economía mundial con más de 900 mil
millones de dólares en dinero en efectivo anuales” (…) el fin es el
control total del sistema monetario y el mantenimiento de las balanzas
comerciales a favor de los imperios”[8].
Una
declaración que en realidad no posee vacíos, ya que a partir de la
información que se mostró anteriormente se puede corroborar que el
sistema bancario internacional no es enemigo de la droga, sino amigo.
Por
otra parte, llama mucho la atención que justo un mes antes de la firma
del Plan Colombia (1999) Richard Grasso, expresidente de la Bolsa de
Nueva York, se reuniera con Raúl Reyes, exjefe máximo de las FARC, en
dicha reunión no se especificó demasiado, pero Grasso invitó amablemente
a Reyes para que visitara Wall Street, el principal centro financiero
del mundo[9].
Figura 3: Richard Grasso, expresidente de la Bolsa de Nueva York, junto a Raúl Reyes, exjefe máximo de las FARC[10].
Sin
duda los acontecimientos que se han descrito permiten entender que los
bancos internacionales son partícipes del lavado de dinero proveniente
de la droga y que no existen mecanismos más eficaces para controlarlo
dado que forma parte de su negocio.
Referencias bibliográficas
[1] Ministerio
de Justicia y del Derecho - Observatorio de Drogas de Colombia (ODC).
(2017). Reporte de drogas de Colombia 2017. Observatorio de drogas de Colombia, 63. Obtenido de http://www.odc.gov.co/
[2] Ibíd.
[3] Durden, T. (Friday-21/09/018). Winning the War on Drugs? Colombian Cocaine Output Soars to Record Levels. ZeroHedge. Obtenido de https://www.zerohedge.com/
[4] Medina, O. (19/September/2018). Colombia Cocaine Output Soars to Clinton-Era Peaks, Defying U.S. Bloomberg. Obtenido de https://www.bloomberg.com/
[5]Plan Colombia: Balance de los 15 años. (s.f.). Obtenido de https://sinergia.dnp.gov.
[6] Vulliamy, E. (Sunday-3/April/2011). How a big US bank laundered billions from Mexico's murderous drug gangs. The Guardian. Obtenido de https://www.theguardian.
[7] Huffington Post. (27/diciembre/2012). Bancos de EE.UU., las principales lavanderías del narco. Huffington Post. Obtenido de https://www.huffingtonpost.
[8] Estulin, D. (07/Julio/2015). Las drogas S.A. motor de la economía global. Detectives de Guerra. Obtenido de http://www.
[9] Calvo, J. (28/Junio/1999). Wall Street invierte en la guerrilla. El País. Obtenido de https://elpais.com/diario/
Small, G. (12/October/2001). Who Harbors Terrorist FARC Cartel? The ‘Grasso Factor’. Executive Intelligence Review, Vol 28(Num 39). Obtenido de
[10] InfoWars. (21/January/2010). Farc´s cocaine sales to mexixo cartels proves too rich to subdue . InfoWars. Obtenido de https://www.infowars.com/
Diego Arenas
Analista
de Inteligencia y Contrainteligencia. Especialista en temas de
Seguridad Nacional, Seguridad Internacional y proyectista de sistemas
políticos y sistemas económicos a escala global. 
Diputados hondureños “Toño” Rivera y Sara Medina a juicio por “Pacto de Impunidad”
- Publicado: 06 Diciembre 2018
Ambos
congresistas del Partido Nacional, en gobierno, han sido denunciados de
haber cometido los delitos de abuso de autoridad, falsificación de
documentos públicos y delitos contra la forma de gobierno, enmarcados en
el caso que la MACCIH-OEA, ha llamado “Pacto de Impunidad”.
La
Fiscalía busca demostrar que “Toño” Rivera que fungía como presidente, y
Sara Medina como secretaria del Congreso Nacional, aprobaron de forma
ilegal un decreto distinto al que fue discutido en el pleno de diputados
sobre la Ley de Presupuesto, cuya acción favorecía a diputados
procesados por el caso “Red de Diputados”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El 12 de diciembre próximo, los diputados del Partido Nacional, Antonio
“Toño” Rivera y Sara Ismela Medina, tendrán que presentarse a la
audiencia de declaración de imputados en condición de sospechosos de
haber cometido delitos, ahí el juez que los cita los informará de qué se
los acusa, se les harán preguntas relacionadas con el caso y se le dará
la oportunidad de defenderse o brindar pruebas.
“Toño”
y Sara, son identificados en Honduras como incondicionales soportes del
gobernante Juan Hernández, en toda la carrera política, durante sus
campañas y hasta llegar a la presidencia del país, estos dos diputados
han sido destacados por la defensa furibunda de Hernández como parte del
íntimo círculo de poder; son muy conocidos por su soberbia, escándalos y
posturas en el Congreso Nacional, donde han integrado la Junta
Directiva.
Los
imputados requeridos por un Juez de Letras natural, son acusados por la
Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) de
los delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la
fe pública y delitos contra la forma de gobierno en perjuicio de la
seguridad interior del Estado de Honduras.
Por
este mismo caso, también fueron denunciados en mayo anterior los
diputados nacionalistas Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar. Zambrano
fue declarado inocente por el tribunal en medio de la crítica social
que la justicia hondureña “sólo muerde a los descalzos”.
Ahora
el Ministerio Público, con “Toño” Rivera que en esa ocasión fungía como
presidente y Sara Medina como secretaria del Congreso Nacional, busca
demostrar que ambos aprobaron de manera ilegal un decreto distinto al
que fue discutido por el pleno de diputados sobre la Ley de Presupuesto
de la República. De esa manera, estos dos diputados nacionalistas
habrían violentado la voluntad del resto de bancadas que conforman el parlamento hondureño.
La
finalidad de “Toño” y Sara sería darle vida a una ley que favorecería a
diputados que cumplían procesos por el mal uso de fondos públicos, caso
investigado como “Pacto de Impunidad” por la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH-OEA) y que fue ampliamente
explicado a la sociedad hondureña.
Los
hallazgos de la MACCIH en el “Pacto de Impunidad”, explican que este
delito inició el 11 de diciembre de 2017 cuando la UFECIC con el
acompañamiento de la MACCIH-OEA, presentó requerimiento fiscal por el
caso “Red de Diputados” contra los diputados en el Congreso Nacional,
Augusto Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia
Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar
Alexander Juárez Saravia.
A
todos también se les imputó el delito de Malversación de Caudales
Públicos en el manejo de fondos sociales que los parlamentarios
obtuvieron del Congreso a través del esquema denominado “Fondo
Departamental”, que se supone se los entregan a los diputados para
desarrollar obras sociales en sus departamentos y que la investigación
arrojó que fueron destinados a las bolsas de los “padres de la patria”.
El presupuesto es un acto de corrupción del gobierno de JOH
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– La Bancada de Partido Libertad y Refundación (Libre), denunció que la
aprobación del presupuesto de la nación para el año 2019 es un acto de
corrupción del actual gobierno nacionalista y por lo tanto no lo
aprobará.
Señalan
que contiene falta de transparencia absoluta y ausencia de
participación ciudadana en su construcción, lo que podría ser la
prolongación de las manifiestas tendencias de saqueo y malversación de
los fondos públicos.
En
un comunicado la bancada de Libre destaca que el presupuesto propuesto
para el 2019 incluye un aumento de unos 6 mil millones de lempiras
aproximadamente para la Secretaría de Defensa y Seguridad.
Comunicado de LIBRE
La
Bancada de Partido Libertad y Refundación nos pronunciamos EN CONTRA de
la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del año
2019 por lo siguiente:
1- Falta de Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2018
2-
Falta de equidad en la distribución de los recursos del presupuesto,
destinados a Salud, Educación, Generación de empleo y desarrollo de las
grandes mayorías priorizando desproporcionalmente el gasto en seguridad y
defensa.
3-
Falta de transparencia absoluta y ausencia de participación ciudadana
en su construcción, lo que podría ser la prolongación de las manifiestas
tendencias de saqueo y malversación de los fondos públicos.
Como ejemplo: caso Pandora, Planeta Verde, saqueo IHSS, Pactos de Impunidad entre otros.
Por
lo anteriormente planteado la bancada del Partido Libertad y
Refundación Libre, NO APROBARÁ Y RECHAZA, otro acto de corrupción e
impunidad, como ser la aprobación del presupuesto general de ingresos y
egresos del año 2019.
Aunando
a lo anterior, las disposiciones presupuestadas se han convertido en
una SUPRA LEY, al estar sobre la Constitución de la República, los
Tratados Internacionales ratificados por Honduras, La Ley de
Administración Pública y otras Leyes; cabe destacar el artículo 7 de la
Ley de Administración Pública establece que los actos de Administración
Pública, deberán y deben sujetarse a la jerarquía de leyes antes
descrita.
Nota relacionada Falta de transparencia en presupuesto apesta a corrupción
La
Asignación presupuestaria del proyecto de presupuesto 2019 privilegia a
la Secretaría de Defensa y Seguridad la cual ha tenido incrementos en
los últimos 10 años de más de doscientos veintiocho por ciento (228%) al
pasar del año 2010 de unos dos mil quinientos noventa y tres millones
de Lempiras (L. 2,593,000,000) a ocho mil quinientos treinta millones de
Lempiras (L. 8,530,000,000) es decir un incremento de aproximadamente
de seis mil millones de Lempiras (L. 6,000,000,000); en un país que no
tiene amenazas y no está en guerra, la guerra debería de ser contra el
hambre, pobreza y pobreza extrema.
Finalmente,
el Proyecto de Presupuesto 2019, establece una asignación para el pago
de la deuda pública de más de cuarenta mil quinientos millones de
Lempiras (L. 40,500,000,000) lo que registra cuarenta mil quinientos
trece, millones de Lempiras (L. 40,513,000,000) en los últimos diez
años.
Tegucigalpa M.D.C, Honduras, 12 de diciembre de 2018.
Perversa reconversión
Eso
mismo es lo que, al parecer, está sufriendo el sistema de partidos
políticos en nuestro país: una reconversión perversa, una lamentable
mutación que, poco a poco, lo va convirtiendo en una intrincada red de
logias mafiosas y delincuenciales, ligadas estrecha o paralelamente con
el crimen organizado, tanto a nivel nacional como al internacional.
El
fenómeno no es nuevo, pero nunca había tenido un carácter tan amplio y
constante. Cada vez son más los integrantes de la mal llamada “clase”
política que se ven involucrados en actividades delictivas de todo tipo,
que van desde el abierto y descarado saqueo de los fondos públicos
hasta la participación directa en las operaciones del tráfico de drogas.
Narcotraficantes, corruptos, tramitadores de influencias, funcionarios
tan venales como ambiciosos, pululan por doquier y controlan eslabones
clave dentro del Estado y dentro del sistema de partidos en general. Son
los “nuevos ricos” del escenario político; los antiguos y apacibles
ciudadanos transformados de pronto, por la gracia e ingenuidad de sus
vecinos en flamantes alcaldes del pueblo; los caudillos regionales que
controlan las estructuras orgánicas del partido en sus respectivas zonas
de influencia; los autodenominados dirigentes nacionales que manipulan a
su antojo las cúpulas partidarias y toman las decisiones en nombre de
una real o supuesta militancia de base… en fin.
Algunos
de estos personajes no tienen forzosamente una figuración pública
notable, pero siempre, o casi siempre, actúan bajo el padrinazgo
solícito de algún político reconocido o a la sombra de cierta influencia
partidaria. Son los hombres y mujeres que “le entienden al trámite”,
“que se las saben todas” y que tienen los contactos debidos en los
sitios apropiados… “los que saben en donde invernan los cangrejos”, como
solía decirse en la vieja Rusia zarista.
Esos
siniestros actores desnaturalizan la función de los partidos políticos y
anulan el rol de mediación que éstos deben desempeñar entre la sociedad
y el Estado. Erosionan el papel de intermediación de las asociaciones
políticas y mutilan su legitimidad social. Son, en buena medida,
generadores adicionales de la grave crisis de representatividad y de la
creciente desafección social que sufren muchos partidos en América
Latina. Son fuente de desencanto y frustración en la sociedad hondureña.
Son negación real de la participación ciudadana en la vida política del
país.
Cada
vez que uno de estos personajes aparece en la ya larga lista de los
ciudadanos extraditados hacia los Estados Unidos, el ciudadano común y
corriente, el hombre de a pié, celebra con discreta y cautelosa alegría
la caída de otro más, una nueva baja en la pandilla de los corruptos y
criminales disfrazados de políticos, funcionarios, militares, policías,
empresarios o banqueros. Celebra que sea la justicia extranjera la que
les ajuste las cuentas, porque hace mucho ha dejado de creer en la
justicia local.
Todos
los partidos, en mayor o menor cantidad, cuentan entre sus filas con
personajes semejantes. Pero, sin duda, son más dañinos y beligerantes
aquellos que pertenecen al partido que gobierna. Gracias a la visión
patrimonial del Estado, que faculta y estimula la repartición de las
cuotas de poder entre grupos y facciones dentro del gobierno, los
delincuentes se distribuyen por todos los rincones y eslabones de los
Poderes del Estado, repartiéndose las influencias y los ansiados islotes
de poder dentro del inmenso archipiélago gubernamental.
De
esta forma, el partido político se va convirtiendo, poco a poco, casi
sin darse cuenta, en una especie de telaraña criminal que extiende sus
hilos por todos lados en un afán desmedido por capturar en sus redes los
engranajes del Estado. Al final, el aparato gubernamental, los
mecanismos judiciales, los operadores de los sistemas de seguridad y
defensa, el aparato que legisla y los medios de comunicación previamente
cooptados, terminan sirviendo, voluntaria o involuntariamente, a los
intereses y urgencias del crimen organizado. Es el secuestro del Estado,
la captura de sus organismos fundamentales, es la antesala del Estado
fallido y criminal.
Esta
reconversión perversa representa un grave reto para la sociedad
hondureña y un desafío mayor para aquellos políticos que todavía no
forman ni quieren formar parte de las redes criminales que, hoy por hoy,
han infiltrado al Estado. Esta mutación siniestra y peligrosa es la
negación misma del sistema de partidos y, por lo mismo, la amenaza más
directa a la construcción democrática en Honduras. Es, en el fondo, una
amenaza de nuevo tipo para la seguridad nacional.
Más de 9.000 migrantes centroamericanos llegan a territorio mexicano en el último mes
Los que se encuentran en el albergue en Tijuana se
han visto muy afectados por las lluvias, que han provocado la
destrucción de sus pertenencias.
Un refugio temporal de la ciudad Tijuana donde duermen los migrantes - REUTERS/Alkis Konstantinidis
madrid
07/12/2018 09:55 - europa press- PÚBLICO
Unos 9.471 migrantes provenientes
de Centroamérica han ingresado desde noviembre al territorio mexicano
con el fin de llegar a Estados Unidos, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Los migrantes centroamericanos de las caravanas que salieron desde Honduras, El Salvador y Guatemala se han instalado en albergues a lo largo del territorio mexicano, según informaciones de la cadena de noticias Telesur.
Mediante un informe presentado ante la Cámara de
Diputados, el INM ha detallado que de la primera caravana hay unos 450
migrantes en el estado fronterizo de Baja California, de los cuales 365
se encuentran en la ciudad de Tijuana.
Los migrantes centroamericanos que se encuentran en
el albergue de esta ciudad , El Barretal, se han visto fuertemente
afectados por las lluvias, que han provocado la destrucción de sus
pertenencias. Los migrantes duermen en casetas de campaña en el suelo, las cuales se llenan de agua fácilmente cuando llueve, por lo que quedan a la intemperie.
El texto señala que unos 5.173 migrantes están en Jalisco y
que de ellos, 136 están en el auditorio Benito Juárez de Zapopan,
mientras que otros 5.037 se encuentran en la caravana y se dirigen hacia
Nayarit: 1.416 de ellos con destino a Sinaloa y otros 125 a Escuinapa.
En Sonora se encuentran otros 358 migrantes
centroamericanos, entre ellos 351 que van camino a Hermosillo. Con
respecto a la segunda caravana, unos 1.270 están en Ciudad de México, y
otros 68 en Puebla. Mientras que de la tercera y cuarta hay 2.027
centroamericanos en Veracruz.
De esos migrantes en Veracruz, 1.447 van hacia Ciudad
de México y unos 80 hacia Puebla. Asimismo, otros 190 centroamericanos
se dirigen a la capital mexicana.
La lucha para “llegar hasta allá” con la que miles de hondureños desafían a Trump
Migrantes centroamericanos encuentran refugio en el sur de México. Foto: Peter Haden / CC BY 2.0
Por Álvaro Bravo // En
el centro de San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México) hay
vendedoras de coloridas telas que provienen de los pueblos en lo alto de
los cerros, ajetreo de personas con bolsas de camino al mercado,
músicos tocando la guitarra en la calle y puestos de fruta. Una escena
que se repite cada tarde en la plaza principal del zócalo de San
Cristóbal es la de hombres y mujeres que piden dinero, comida o
cualquier otra ayuda. Tienen en común que fueron parte de la caravana de migrantes
que a mediados de octubre empezó su largo viaje desde Honduras,
Guatemala y El Salvador hacia Estados Unidos, y que ahora se ha quedado
atrás, en Chiapas, porque miedo a las devoluciones de la Guardia
Fronteriza.
Principales rutas de la caravana migrante. Foto: Google Maps.
José Hernández es un hondureño de 23
años que pide ayuda en calle Los Insurgentes, en pleno centro de la
capital chiapaneca, con su hijo de pocos meses en brazos. “Nos vinimos
por nuestro gobierno, la verdad, pues el presidente ya había gobernado
cuatro años y ahorita se vuelto a reelegir durante otros cuatro más. No
hay trabajo y aumenta la delincuencia fomentada por las maras. No se
puede vivir allí”, resume este cocinero sobre la inestabilidad política
en su país. José trabajaba en un pequeño restaurante de la ciudad
hondureña San Pedro de Sula, pero que el negocio empezó a ir mal cuando
la gente se marchó.
En uno de los pequeños cerros que coronan San Cristóbal, ‘San Cris’ para los lugareños, Daisy García duerme desde hace un mes en la iglesia de Santo Domingo junto a sus dos hijos de uno y tres años. Ayuda en un puesto de artesanía cosiendo ropa mientras espera sola a que se resuelva la visa temporal que le permitirá residir en México. “Yo salí por necesidad y traigo a mis hijos porque no tengo a nadie que los cuide. Sé que es peligroso, pero no tenía otra alternativa”, explica. La pareja de Daisy murió asesinada hace año y medio mientras volvía del trabajo, durante un atraco en San Pedro de Sula.
La inestabilidad social en Centroamérica
Como José y Daisy, muchos migrantes señalan que el gobierno de Honduras de Juan Orlando Hernández está al servicio pleno de los intereses comerciales de Estados Unidos tras el golpe de estado contra Manuel Zelaya, que contó con el apoyo de la administración Obama. De manera paradójica, uno de los motivos por los que el Ejército se movilizó en 2009 contra Zelaya fue su intención de repetir mandato, algo que el conservador Hernández sí ha conseguido y que ha generado movilizaciones sociales. Para la reelección del actual presidente ha sido necesario modificar la Constitución hondureña en la Corte Suprema. En una entrevista en el programa Democracy Now, el intelectual Noam Chomsky recuerda “la responsabilidad de Estados Unidos en los años 80 desestabilizando la situación política de Honduras, El Salvador y Guatemala. Se legitimó el apoyo a dictaduras como la de Somoza y las intervenciones militares”. El intelectual estadounidense considera “delirante” la respuesta del presidente Trump, que ha ordenado enviar a 15.000 soldados a la frontera para hacer frente a la llegada de hombres, mujeres, niños y ancianos que huyen de los “horrores de la violencia y la miseria”.
Marchan a México porque es el único país vecino al que pueden emprender un viaje con los recursos limitados de los que disponen, aunque para la mayoría el sueño está en alcanzar territorio estadounidense. Con estas palabras Edgar Ramos, estudiante de poco más de 16 años de edad, se refiere a las conversaciones que han mantenido la dirección de la Caravana de los Migrantes con López Obrador: “El nuevo presidente mexicano ya habló con nosotros para facilitar los trámites para conseguir un permiso de trabajo en el país. En cambio, Donald Trump quiere cerrar fronteras y expulsarnos. Pero nosotros le vamos a hacer la lucha de llegar hasta allá”, dice este joven hondureño con tono desafiante. En cambio, Daisy quiere quedarse en México y avanzar hasta el estado de Puebla, donde vive una amiga que podría ayudarla a encontrar un trabajo. “Quiero dejar atrás los peligros de las maras, del crimen organizado”, asegura con la certeza incomparable de quien no tiene nada que perder.
El mayor riesgo es la violencia
Honduras es uno de los países más violentos en el mundo, con una tasa de 43,6 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes, según Global Index Peace. No es un país oficialmente declarado en guerra, pero ocupa el puesto 129 de los lugares más inseguros del planeta de un total de 158 estados, según un informe del Centro de Estudios para la Paz y los Conflictos Armados de la Universidad de Sídney. Dicho informe señala que uno de los principales actores que promueven esta violencia son las organizaciones criminales conocidas como maras, seguidas de unas fuerzas de seguridad corruptas y represivas. Cabe destacar que en 2018 México alcanza un índice de violencia aún mayor que el de Honduras, aunque varía en cada estado y ese es un motivo de peso por el que el profesor Jeremy Flores, de la Universidad de Toronto, puntualice que muchas personas migrantes están en este país en tránsito hacia el vecino del norte. Flores destaca que se han cursado más de 1.600 solicitudes de asilo en México. El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, anunció recientemente que se tramitarán permisos de trabajo, y las autoridades no han detenido a las diferentes caravanas en su camino hacia el norte.
Es uno de los motivos principales por el cual muchos de los migrantes quieren abandonar su país en busca de seguridad para sus familias y un empleo. “A diario hay decenas de muertos en San Pedro de Sula, mi ciudad, como si fuera un lugar en guerra. Uno por salvar a sus hijos sale. Cuando uno está joven, la mara le busca para que participe con ellos. Si no, le matan a un familiar aunque uno no quiera ayudarles”. Con estas palabras José describe las amenazas de las pandillas criminales en su barrio, razón que le obligó a dejar su ciudad y buscar un entorno más seguro para su familia.
Frente a esta inseguridad, lo datos de ACNUR revelan que entre enero y octubre de este año, al menos 14.735 hondureños solicitaron asilo en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos. Sin embargo, las devoluciones de migrantes han continuado en los citados países y hasta día de hoy no existe un protocolo integral para la solicitud de refugio. Incluso se han producido devoluciones ilegales de menores no acompañados.
Entre las organizaciones que brindan ayuda a los migrantes en San Cristóbal están Cruz Roja, ACNUR y Médicos Sin Fronteras y otras de tipo religioso, como la ermita de la Inmaculada Concepción y la Parroquia del Santo Niño de Atocha, según recoge el Servicio Jesuita de Atención a los Migrantes. La diócesis de San Cristóbal, que lidera el mediático padre Alejandro Solalinde, se pronuncia a favor de que el Gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones y respete a estas personas, y pide a la población que no criminalice a los migrantes.
Daisy es una de las migrantes que el apoyo que ciertos sectores de la Iglesia estaban brindando a personas en su situación, así que les pidió ayuda y estos le brindaron un lugar dónde dormir y asistencia legal. Tras reflexionar en silencio, asegura: “Ahorita creo que viene una cuarta caravana más, ya van tres, que se dirigen hacia Ciudad de México. En total son unas 7.000 personas porque se van a unir migrantes de El Salvador y de Guatemala también”. Edgar, que dejó los estudios para unirse a la caravana, comparte las palabras de Daisy y deja claro que quiere cursar informática en Estados Unidos. Este joven no pierde el sentido del humor y, mientras espera a que su grupo retome la marcha para atravesar las montañas de Chiapas, posa con ojos cansados y bromea sobre su tarifa para fotos de prensa.
En uno de los pequeños cerros que coronan San Cristóbal, ‘San Cris’ para los lugareños, Daisy García duerme desde hace un mes en la iglesia de Santo Domingo junto a sus dos hijos de uno y tres años. Ayuda en un puesto de artesanía cosiendo ropa mientras espera sola a que se resuelva la visa temporal que le permitirá residir en México. “Yo salí por necesidad y traigo a mis hijos porque no tengo a nadie que los cuide. Sé que es peligroso, pero no tenía otra alternativa”, explica. La pareja de Daisy murió asesinada hace año y medio mientras volvía del trabajo, durante un atraco en San Pedro de Sula.
La inestabilidad social en Centroamérica
Como José y Daisy, muchos migrantes señalan que el gobierno de Honduras de Juan Orlando Hernández está al servicio pleno de los intereses comerciales de Estados Unidos tras el golpe de estado contra Manuel Zelaya, que contó con el apoyo de la administración Obama. De manera paradójica, uno de los motivos por los que el Ejército se movilizó en 2009 contra Zelaya fue su intención de repetir mandato, algo que el conservador Hernández sí ha conseguido y que ha generado movilizaciones sociales. Para la reelección del actual presidente ha sido necesario modificar la Constitución hondureña en la Corte Suprema. En una entrevista en el programa Democracy Now, el intelectual Noam Chomsky recuerda “la responsabilidad de Estados Unidos en los años 80 desestabilizando la situación política de Honduras, El Salvador y Guatemala. Se legitimó el apoyo a dictaduras como la de Somoza y las intervenciones militares”. El intelectual estadounidense considera “delirante” la respuesta del presidente Trump, que ha ordenado enviar a 15.000 soldados a la frontera para hacer frente a la llegada de hombres, mujeres, niños y ancianos que huyen de los “horrores de la violencia y la miseria”.
Marchan a México porque es el único país vecino al que pueden emprender un viaje con los recursos limitados de los que disponen, aunque para la mayoría el sueño está en alcanzar territorio estadounidense. Con estas palabras Edgar Ramos, estudiante de poco más de 16 años de edad, se refiere a las conversaciones que han mantenido la dirección de la Caravana de los Migrantes con López Obrador: “El nuevo presidente mexicano ya habló con nosotros para facilitar los trámites para conseguir un permiso de trabajo en el país. En cambio, Donald Trump quiere cerrar fronteras y expulsarnos. Pero nosotros le vamos a hacer la lucha de llegar hasta allá”, dice este joven hondureño con tono desafiante. En cambio, Daisy quiere quedarse en México y avanzar hasta el estado de Puebla, donde vive una amiga que podría ayudarla a encontrar un trabajo. “Quiero dejar atrás los peligros de las maras, del crimen organizado”, asegura con la certeza incomparable de quien no tiene nada que perder.
El mayor riesgo es la violencia
Honduras es uno de los países más violentos en el mundo, con una tasa de 43,6 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes, según Global Index Peace. No es un país oficialmente declarado en guerra, pero ocupa el puesto 129 de los lugares más inseguros del planeta de un total de 158 estados, según un informe del Centro de Estudios para la Paz y los Conflictos Armados de la Universidad de Sídney. Dicho informe señala que uno de los principales actores que promueven esta violencia son las organizaciones criminales conocidas como maras, seguidas de unas fuerzas de seguridad corruptas y represivas. Cabe destacar que en 2018 México alcanza un índice de violencia aún mayor que el de Honduras, aunque varía en cada estado y ese es un motivo de peso por el que el profesor Jeremy Flores, de la Universidad de Toronto, puntualice que muchas personas migrantes están en este país en tránsito hacia el vecino del norte. Flores destaca que se han cursado más de 1.600 solicitudes de asilo en México. El presidente saliente, Enrique Peña Nieto, anunció recientemente que se tramitarán permisos de trabajo, y las autoridades no han detenido a las diferentes caravanas en su camino hacia el norte.
Es uno de los motivos principales por el cual muchos de los migrantes quieren abandonar su país en busca de seguridad para sus familias y un empleo. “A diario hay decenas de muertos en San Pedro de Sula, mi ciudad, como si fuera un lugar en guerra. Uno por salvar a sus hijos sale. Cuando uno está joven, la mara le busca para que participe con ellos. Si no, le matan a un familiar aunque uno no quiera ayudarles”. Con estas palabras José describe las amenazas de las pandillas criminales en su barrio, razón que le obligó a dejar su ciudad y buscar un entorno más seguro para su familia.
Frente a esta inseguridad, lo datos de ACNUR revelan que entre enero y octubre de este año, al menos 14.735 hondureños solicitaron asilo en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos. Sin embargo, las devoluciones de migrantes han continuado en los citados países y hasta día de hoy no existe un protocolo integral para la solicitud de refugio. Incluso se han producido devoluciones ilegales de menores no acompañados.
Entre las organizaciones que brindan ayuda a los migrantes en San Cristóbal están Cruz Roja, ACNUR y Médicos Sin Fronteras y otras de tipo religioso, como la ermita de la Inmaculada Concepción y la Parroquia del Santo Niño de Atocha, según recoge el Servicio Jesuita de Atención a los Migrantes. La diócesis de San Cristóbal, que lidera el mediático padre Alejandro Solalinde, se pronuncia a favor de que el Gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones y respete a estas personas, y pide a la población que no criminalice a los migrantes.
Daisy es una de las migrantes que el apoyo que ciertos sectores de la Iglesia estaban brindando a personas en su situación, así que les pidió ayuda y estos le brindaron un lugar dónde dormir y asistencia legal. Tras reflexionar en silencio, asegura: “Ahorita creo que viene una cuarta caravana más, ya van tres, que se dirigen hacia Ciudad de México. En total son unas 7.000 personas porque se van a unir migrantes de El Salvador y de Guatemala también”. Edgar, que dejó los estudios para unirse a la caravana, comparte las palabras de Daisy y deja claro que quiere cursar informática en Estados Unidos. Este joven no pierde el sentido del humor y, mientras espera a que su grupo retome la marcha para atravesar las montañas de Chiapas, posa con ojos cansados y bromea sobre su tarifa para fotos de prensa.
"Me la juego, todo o nada", dice tiritando de frío en el albergue de migrantes en Tijuana, poco antes de lanzarse al muro fronterizo y lograr sortearlo.
AFP - LA JORNADA
Tijuana, México, 3
de Diciembre .-- A plena luz del día y ante la impotencia de fuerzas
estadounidenses fuertemente armadas, algunas familias de migrantes
centroamericanos escalan, con niños bajo el brazo, el muro fronterizo
entre México y Estados Unidos para buscar su irrenunciable sueño
americano pese a las amenazas del presidente Donald Trump.
Cerca de las playas de Tijuana, una ciudad del noroeste de México que colinda con la estadounidense San Diego, California, un puñado de migrantes que llegaron en caravana desde Honduras encontraron un tramo vulnerable del muro fronterizo, lejos de los filosos entramados de púas recientemente instalados por el ejército de EEUU.
Viajando ligeros con pequeñas maletas y batallando con niños pequeños, una decena de centroamericanos se apoyan en rocas de la desértica barranca y se impulsan unos a otros para trepar la reja de metal oxidado.
Apenas brincan hacia el lado estadounidense, agentes de la patrulla fronteriza se precipitan para rodearlos y detenerlos. Aterrados, los niños gritan y lloran.
"No tengo nada que perder. En Honduras no hay vida y aquí (en México) está cada vez más difícil", dice a la AFP Albita, una joven hondureña que no quiso dar más detalles de su identidad.
"Me la juego, todo o nada", dice tiritando de frío en el albergue de migrantes en Tijuana, poco antes de lanzarse al muro fronterizo y lograr sortearlo.
La caravana migrante recorrió más de 4.000 km durante más de un mes desde San Pedro Sula, Honduras con el objetivo de llegar a Estados Unidos, donde buscan pedir asilo y construir una vida lejos de la pobreza y violencia de Centroamérica.
Trump acusa a estos migrantes de querer perpetrar una "invasión" a su país y desplegó miles de soldados a la frontera, quienes en las últimas semanas han reforzado el muro con barricadas y alambrados, además de desplegar impresionantes demostraciones de poder.
El momento más crítico ocurrió el 25 de noviembre, cuando unos 500 migrantes con numerosos niños pequeños embistieron en horda contra el muro fronterizo, en un desesperado intento de cruzar en masa.
Las fuerzas estadounidenses respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma que descargaron indiscriminadamente desde helicópteros que volaron al ras de la frontera.
Estos hechos infundieron terror entre los centroamericanos, e incluso muchos de ellos renunciaron a su sueño americano.
Cientos de ellos solicitaron su repatriación y más de 2.000 han empezado a regularizar su estancia en México para instalarse definitivamente.
Otro tanto se ha doblegado a la exigencia de Trump de permanecer en México mientras solicitan el asilo, uno a uno, en cortes fronterizas, aunque para este trámite existe una lista de espera de más de 5.000 personas, incluyendo a migrantes de otros países que llegaron a Tijuana hace tiempo.
Pero a los más aguerridos no les detiene nada, sobre todo los que saben que un juez federal de California suspendió recientemente un decreto firmado por Trump que establecía que los migrantes que cruzaran clandestinamente no podrían pedir asilo.
"No soporto que se den por vencidos, tenemos que seguir luchando por lo que vinimos", dice Jecson Fuentes, un hondureño de 22 años cuya madre logró cruzar la frontera hace unos días con su hermana de 15 años. Se entregaron a las autoridades y ahora siguen adelante con su proceso de asilo.
Así, algunos migrantes han empezado a escabullirse por debajo del muro por las noches y bajo la guía de algún experimentado traficante de personas, y otros se aventuran en pequeños grupos a plena luz del día.
La caravana, que llegó a sumar unos 7.000 personas, ha empezado a disolverse, estancada ante la imposibilidad de cruzar la frontera en masa.
Unos 2.000 migrantes se encuentran en un nuevo albergue instalado para recibirlos tras más de dos semanas bajo la intemperie y condiciones de hacinamiento en otro centro que las autoridades de Tijuana habían improvisado en un barrio marginal, a unos metros del muro fronterizo.
Unos 500 centroamericanos se rehúsan a abandonar el primer albergue ahora clausurado, y el resto de los integrantes de la caravana se han esfumado, según autoridades.
Cerca de las playas de Tijuana, una ciudad del noroeste de México que colinda con la estadounidense San Diego, California, un puñado de migrantes que llegaron en caravana desde Honduras encontraron un tramo vulnerable del muro fronterizo, lejos de los filosos entramados de púas recientemente instalados por el ejército de EEUU.
Viajando ligeros con pequeñas maletas y batallando con niños pequeños, una decena de centroamericanos se apoyan en rocas de la desértica barranca y se impulsan unos a otros para trepar la reja de metal oxidado.
Apenas brincan hacia el lado estadounidense, agentes de la patrulla fronteriza se precipitan para rodearlos y detenerlos. Aterrados, los niños gritan y lloran.
"No tengo nada que perder. En Honduras no hay vida y aquí (en México) está cada vez más difícil", dice a la AFP Albita, una joven hondureña que no quiso dar más detalles de su identidad.
"Me la juego, todo o nada", dice tiritando de frío en el albergue de migrantes en Tijuana, poco antes de lanzarse al muro fronterizo y lograr sortearlo.
La caravana migrante recorrió más de 4.000 km durante más de un mes desde San Pedro Sula, Honduras con el objetivo de llegar a Estados Unidos, donde buscan pedir asilo y construir una vida lejos de la pobreza y violencia de Centroamérica.
Trump acusa a estos migrantes de querer perpetrar una "invasión" a su país y desplegó miles de soldados a la frontera, quienes en las últimas semanas han reforzado el muro con barricadas y alambrados, además de desplegar impresionantes demostraciones de poder.
El momento más crítico ocurrió el 25 de noviembre, cuando unos 500 migrantes con numerosos niños pequeños embistieron en horda contra el muro fronterizo, en un desesperado intento de cruzar en masa.
Las fuerzas estadounidenses respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma que descargaron indiscriminadamente desde helicópteros que volaron al ras de la frontera.
Estos hechos infundieron terror entre los centroamericanos, e incluso muchos de ellos renunciaron a su sueño americano.
Cientos de ellos solicitaron su repatriación y más de 2.000 han empezado a regularizar su estancia en México para instalarse definitivamente.
Otro tanto se ha doblegado a la exigencia de Trump de permanecer en México mientras solicitan el asilo, uno a uno, en cortes fronterizas, aunque para este trámite existe una lista de espera de más de 5.000 personas, incluyendo a migrantes de otros países que llegaron a Tijuana hace tiempo.
Pero a los más aguerridos no les detiene nada, sobre todo los que saben que un juez federal de California suspendió recientemente un decreto firmado por Trump que establecía que los migrantes que cruzaran clandestinamente no podrían pedir asilo.
"No soporto que se den por vencidos, tenemos que seguir luchando por lo que vinimos", dice Jecson Fuentes, un hondureño de 22 años cuya madre logró cruzar la frontera hace unos días con su hermana de 15 años. Se entregaron a las autoridades y ahora siguen adelante con su proceso de asilo.
Así, algunos migrantes han empezado a escabullirse por debajo del muro por las noches y bajo la guía de algún experimentado traficante de personas, y otros se aventuran en pequeños grupos a plena luz del día.
La caravana, que llegó a sumar unos 7.000 personas, ha empezado a disolverse, estancada ante la imposibilidad de cruzar la frontera en masa.
Unos 2.000 migrantes se encuentran en un nuevo albergue instalado para recibirlos tras más de dos semanas bajo la intemperie y condiciones de hacinamiento en otro centro que las autoridades de Tijuana habían improvisado en un barrio marginal, a unos metros del muro fronterizo.
Unos 500 centroamericanos se rehúsan a abandonar el primer albergue ahora clausurado, y el resto de los integrantes de la caravana se han esfumado, según autoridades.
El Pacto Mundial sobre Migración de la ONU recibió el respaldo de más de 160 países
Once países, entre ellos EE.UU., Brasil, Italia, Chile e Israel no apoyaron el documento.
MIGRACIÓN
12 de diciembre de 2018, 12:33hs - LR 21
El Pacto Mundial sobre Migración de la ONU recibió el respaldo de más de 160 países
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la
ONU se aprobó este martes en Marrakech (Marruecos) con el respaldo de
más de 160 países.
Once naciones lo rechazaron, entre ellos quienes ya lo habían anunciado Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia, que argumentarone el pacto, que no es vinculante, atenta contra sus soberanías.
Bulgaria, Estonia, Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión.
Louise Arbour, representante especial de la ONU para la migración, dijo que la aprobación con el apoyo de tantos países representaba un triunfo completo del multilateralismo.
“Al hacerlo, los gobiernos se comprometieron con un marco de migración global basado en hechos, no en mitos”, dijo.
Y agregó que el pacto “está diseñado para mejorar la seguridad y el orden en la gestión de la migración, y reducir el recurso a utilizar rutas migratorias peligrosas y caóticas”.
“Busca maximizar todos los beneficios de la movilidad humana y mitigar sus desafíos”, aseguró.
También pidió a los países que se negaron a firmarlo que reconsideren su posición: “Les insto a que lo lean con cuidado y, por supuesto, formen su propia opinión. Al hacerlo, escuchen al Secretario General que ha disipado los mitos sobre el Pacto”.
EE.UU. ya había anunciado su negativa en 2017 y no participó de la cumbre de debate.
“Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país”, afirma el comunicado estadounidense leído ante la ONU.
Por parte de Brasil fue el futuro canciller, Ernesto Araújo, quien anunció que su país se retirará del pacto luego de la asunción del presidente electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero. “El gobierno de Bolsonaro se desasociará del Pacto Mundial de Migraciones que está siendo lanzado en Marrakech, porque es un instrumento inadecuado para lidiar con el problema”, dijo Araújo.
Y agregó “la inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país”
Italia tampoco firmo el pacto, el ultraderechista y ministro del interior italiano, Matteo Salvini, que felicitó a Brasil por su postura y explicó que no firmaría el acuerdo porque decisión no puede ser tomada sólo por el gobierno sino que debe discutirse en el Parlamento.
En América latina, países como Chile y República Dominicana también
se apartaron del pacto. El gobierno de Chile defendió su decisión
argumentando que cada país es soberano para fijar sus propias reglas
sobre el asunto. “Los migrantes tienen derechos, pero cada país es
soberano para fijar sus propias reglas de migración”, había adelantado
el lunes el gobierno chileno. Además agregó que la migración no es un
derecho humano.
El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un documento acordado en julio pasado por los Estados miembros de la ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes.
El acuerdo ahora deberá ser sometido a un última votación de ratificación el 19 de diciembre en la asamblea general de la ONU.
Once naciones lo rechazaron, entre ellos quienes ya lo habían anunciado Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia, que argumentarone el pacto, que no es vinculante, atenta contra sus soberanías.
Bulgaria, Estonia, Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión.
Louise Arbour, representante especial de la ONU para la migración, dijo que la aprobación con el apoyo de tantos países representaba un triunfo completo del multilateralismo.
“Al hacerlo, los gobiernos se comprometieron con un marco de migración global basado en hechos, no en mitos”, dijo.
Y agregó que el pacto “está diseñado para mejorar la seguridad y el orden en la gestión de la migración, y reducir el recurso a utilizar rutas migratorias peligrosas y caóticas”.
“Busca maximizar todos los beneficios de la movilidad humana y mitigar sus desafíos”, aseguró.
También pidió a los países que se negaron a firmarlo que reconsideren su posición: “Les insto a que lo lean con cuidado y, por supuesto, formen su propia opinión. Al hacerlo, escuchen al Secretario General que ha disipado los mitos sobre el Pacto”.
Los que no firmaron
Por su parte la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que “el pacto es incompatible con la soberanía de nuestro país y con la política migratoria que esta llevado adelante el presidente Donald Trump”.EE.UU. ya había anunciado su negativa en 2017 y no participó de la cumbre de debate.
“Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país”, afirma el comunicado estadounidense leído ante la ONU.
Por parte de Brasil fue el futuro canciller, Ernesto Araújo, quien anunció que su país se retirará del pacto luego de la asunción del presidente electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero. “El gobierno de Bolsonaro se desasociará del Pacto Mundial de Migraciones que está siendo lanzado en Marrakech, porque es un instrumento inadecuado para lidiar con el problema”, dijo Araújo.
Y agregó “la inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país”
Italia tampoco firmo el pacto, el ultraderechista y ministro del interior italiano, Matteo Salvini, que felicitó a Brasil por su postura y explicó que no firmaría el acuerdo porque decisión no puede ser tomada sólo por el gobierno sino que debe discutirse en el Parlamento.
Chile se retira del pacto migratorio de la ONU
El gobierno chileno asegura que migrar no es un derecho humano. "Si fuera un derecho humano,…El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un documento acordado en julio pasado por los Estados miembros de la ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes.
El acuerdo ahora deberá ser sometido a un última votación de ratificación el 19 de diciembre en la asamblea general de la ONU.
El documento se logró aprobar justo a tiempo para coincidir con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un encuentro presidido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien urgió a los países a tratar el pacto como una obligación con los derechos humanos, que beneficiará a todos
Pacto sobre migraciones, un triunfo del multilateralismo
La
migración segura, ordenada y regular logró finalmente el apoyo de 164
países, que este lunes 10 adoptaron el primer acuerdo intergubernamental
negociado, que busca cubrir todas las dimensiones de las migraciones
internacionales.
Después de los problemas que aparecieron a último minuto, más tensiones y disputas de las que se hubiera querido, la conferencia intergubernamental que se realiza en la ciudad marroquí de Marrakech acordó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un documento proactivo que busca orientar a los Estados en todos los asuntos relacionados con las migraciones.
El documento se logró aprobar justo a tiempo para coincidir con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un encuentro presidido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien urgió a los países a tratar el pacto como una obligación con los derechos humanos, que beneficiará a todos.
“No creamos un nuevo derecho a migrar. No”, precisó. “No hay un derecho para que todos vayan a cualquier lado en cualquier momento a su antojo”, acotó Guterres en la ceremonia oficial.
“Creamos la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes que, por supuesto, es absolutamente obvio cuando al mismo tiempo celebramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, acotó.
“Sería inconcebible excluir a los migrantes del alcance de la Declaración Universal”, subrayó Guterres.
Antes del comienzo de la conferencia este lunes 10 había gran preocupación porque algunos Estados miembro no apoyaban el documento. Otros, directamente, decidieron no participar ni adoptar el pacto, mientras otros más señalaron que su decisión final requería mayor deliberación.
Estados Unidos fue el detractor más notable al condenar el pacto y tildarlo de violación a la soberanía nacional.
“Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluida la Declaración de Nueva York, representa un esfuerzo de la ONU por promover la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los Estados a gestionar sus propios sistemas migratorios de acuerdo a sus políticas, leyes e intereses nacionales”, señala la declaración de Washington divulgada en la víspera de la conferencia de Marrakech.
Otros países que frenaron el pacto o se negaron a firmarlo son Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Letonia, Italia, Suiza y Chile.
El documento acordado “tendrá un impacto enormemente positivo en las vidas de millones de personas, de los propios migrantes, de las que dejan atrás y de las comunidades que los van a recibir”, explicó Louise Arbour, representante especial para migración internacional de la ONU.
“Eso, por supuesto, dependerá de que se capture el espíritu del evento de (este lunes 10) de pasar a la implementación de las múltiples iniciativas que el pacto mundial habilita a los Estados a poner en práctica”, puntualizó.
“Estoy encantada de reflejar las palabras del secretario general: es una ocasión maravillosa, un momento realmente histórico y un logro enorme para el multilateralismo”, subrayó Arbour.
El pacto adoptado establece 23 objetivos que pretenden cubrir todos los aspectos relativos a las migraciones, y cada uno tiene un objetivo general y un abanico de posibles acciones para que implementen los Estados miembro del foro mundial.
La canciller alemana (jefa de gobierno) Angela Merkel fue muy criticada tras su decisión de abrir la frontera a cientos de miles de refugiados de países como Siria y Afganistán a su país.
La decisión podría haberle costado otro mandato si se presentara a la reelección, pero Merkel anunció hace poco que no lo hará. Sin embargo, subrayó que el pacto mundial “no es nada más que la fundación de nuestra cooperación internacional”.
El significado de la conferencia fue lo que atrajo, además de diplomáticos y funcionarios, a unas 400 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, el sector privado y la academia, así como a más de 700 periodistas registrados.
La ceremonia en la que se adoptó el pacto mundial contó también con Cheryl Perera, conocida representante de comunidades migrantes, y fundadora de OneChild, una organización no gubernamental que busca eliminar la explotación sexual de menores en el extranjero.
Perera llamó a eliminar los factores responsables de la migración irregular a gran escala y a mejorar la protección de los migrantes a pequeña escala.
“Tenemos que actuar mejor juntos”, arengó. “Es importante que involucremos al sector privado, en especial a las aerolíneas y hoteles, entre otros, para proteger a los niños del tráfico”, añadió.
Después de los problemas que aparecieron a último minuto, más tensiones y disputas de las que se hubiera querido, la conferencia intergubernamental que se realiza en la ciudad marroquí de Marrakech acordó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, un documento proactivo que busca orientar a los Estados en todos los asuntos relacionados con las migraciones.
El documento se logró aprobar justo a tiempo para coincidir con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en un encuentro presidido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien urgió a los países a tratar el pacto como una obligación con los derechos humanos, que beneficiará a todos.
“No creamos un nuevo derecho a migrar. No”, precisó. “No hay un derecho para que todos vayan a cualquier lado en cualquier momento a su antojo”, acotó Guterres en la ceremonia oficial.
“Creamos la obligación de respetar los derechos humanos de los migrantes que, por supuesto, es absolutamente obvio cuando al mismo tiempo celebramos el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, acotó.
“Sería inconcebible excluir a los migrantes del alcance de la Declaración Universal”, subrayó Guterres.
Antes del comienzo de la conferencia este lunes 10 había gran preocupación porque algunos Estados miembro no apoyaban el documento. Otros, directamente, decidieron no participar ni adoptar el pacto, mientras otros más señalaron que su decisión final requería mayor deliberación.
Estados Unidos fue el detractor más notable al condenar el pacto y tildarlo de violación a la soberanía nacional.
“Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluida la Declaración de Nueva York, representa un esfuerzo de la ONU por promover la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los Estados a gestionar sus propios sistemas migratorios de acuerdo a sus políticas, leyes e intereses nacionales”, señala la declaración de Washington divulgada en la víspera de la conferencia de Marrakech.
Otros países que frenaron el pacto o se negaron a firmarlo son Hungría, Australia, Israel, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Austria, Suiza, Bulgaria, Letonia, Italia, Suiza y Chile.
El documento acordado “tendrá un impacto enormemente positivo en las vidas de millones de personas, de los propios migrantes, de las que dejan atrás y de las comunidades que los van a recibir”, explicó Louise Arbour, representante especial para migración internacional de la ONU.
“Eso, por supuesto, dependerá de que se capture el espíritu del evento de (este lunes 10) de pasar a la implementación de las múltiples iniciativas que el pacto mundial habilita a los Estados a poner en práctica”, puntualizó.
“Estoy encantada de reflejar las palabras del secretario general: es una ocasión maravillosa, un momento realmente histórico y un logro enorme para el multilateralismo”, subrayó Arbour.
El pacto adoptado establece 23 objetivos que pretenden cubrir todos los aspectos relativos a las migraciones, y cada uno tiene un objetivo general y un abanico de posibles acciones para que implementen los Estados miembro del foro mundial.
La canciller alemana (jefa de gobierno) Angela Merkel fue muy criticada tras su decisión de abrir la frontera a cientos de miles de refugiados de países como Siria y Afganistán a su país.
La decisión podría haberle costado otro mandato si se presentara a la reelección, pero Merkel anunció hace poco que no lo hará. Sin embargo, subrayó que el pacto mundial “no es nada más que la fundación de nuestra cooperación internacional”.
El significado de la conferencia fue lo que atrajo, además de diplomáticos y funcionarios, a unas 400 organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, el sector privado y la academia, así como a más de 700 periodistas registrados.
La ceremonia en la que se adoptó el pacto mundial contó también con Cheryl Perera, conocida representante de comunidades migrantes, y fundadora de OneChild, una organización no gubernamental que busca eliminar la explotación sexual de menores en el extranjero.
Perera llamó a eliminar los factores responsables de la migración irregular a gran escala y a mejorar la protección de los migrantes a pequeña escala.
“Tenemos que actuar mejor juntos”, arengó. “Es importante que involucremos al sector privado, en especial a las aerolíneas y hoteles, entre otros, para proteger a los niños del tráfico”, añadió.
Celebremos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Tegucigalpa.- El 10 de diciembre de cada año, se celebra el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada desde el año 1948. Su objetivo es la búsqueda de la equidad, la justicia y la dignidad humana, a favor de los derechos inalienables inherentes para todos los seres humanos.
Sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), expone que los derechos humanos, son base fundamental para lograr los objetivos al desarrollo sostenible, ya que los mismos impulsan el progreso y el desarrollo de los pueblos y naciones.
En relación a la declaración de los derechos humanos, esta fue redactada en contextos jurídicos y culturales de todo el mundo, por lo tanto expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones.
Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor.
Sin duda alguna, la lucha por los derechos humanos nos fortalece a todos, cada día, debido a que la condición humana es fundamental en los valores universales.
La declaración universal de los derechos humanos, expresa que la justicia y la libertad, evitan la violencia y fortalecen la paz, también habla que cada vez que olvidan o se dejan de lado los valores humanos, se corre un riesgo, por tal razón se debe luchar por nuestros derechos y los de los demás.
Kofi Atta Annan, economista, originario de Ghana y quien fuera Secretario General de la ONU, entre 1987 a 2006, en una declaración expresó:,“Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos, e insistan en ellos, nútranlos y enriquézcanlos; son lo mejor de nuestras vidas” .
Ccn la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, por primera vez se establecieron, los derechos fundamentales de todas las personas, con el fin de garantizar la protección universal, estipulados en 30 artículos.
La Declaración establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Que todos tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, y que nadie debe ser sumergido en la esclavitud.
Ninguna persona debe ser torturada, no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y que nadie debe ser detenido ni encarcelado sin motivos.
Si alguien es acusado tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Toda persona es inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad con pruebas.
La Declaracion también señala que si alguien es perseguido injustamente en su país, puede solicitar asilo en otra nación.
Toda persona tiene libertad de pensamiento y religión, así como libertad de expresión, de información y de asociacion; entre otros principios contenidos en la Declaracion.
Resistir la violencia estatal en el Día Internacional de los Derechos Humanos
Por: SoaWatch
A
medida que este año llega a su fin, queremos tomarnos un momento y
reflexionar sobre el significado del Día Internacional de los Derechos
Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre durante los últimos 70
años.
En
SOA Watch, reconocemos que tenemos mucho trabajo por delante para dar
vida al espíritu del Día Internacional de los Derechos Humanos. Celebrar
este día significa volver a comprometernos con una solidaridad activa
con las víctimas y sobrevivientes que exigen verdad, justicia y
garantías de no repetición todos los días.
Este
año hemos visto la elección de un demagogo de extrema derecha en
Brasil; los efectos devastadores de un régimen post-golpe de Estado
liderado por graduados de la Escuela de las Américas y respaldado por
los EE.UU en Honduras; y la continuación de la Iniciativa Mérida, el
Plan Frontera Sur, y Alianza para la Prosperidad, que garantizan la
expansión de la capacitación militar y policial de los Estados Unidos en
México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
También
fuimos testigos de la respuesta de EE.UU al éxodo migratorio
centroamericano que desplegó 15,000 militares en la frontera ya
militarizada de EE.UU y México a través de la “Operación Patriota Fiel”.
Sabemos
que en la raíz de esta violencia hay una historia de la intervención
política, económica y militar de los Estados Unidos en la región, y una
historia de desplazamiento forzado: a esto decimos: ¡Basta! ¡Ya Basta!
Lo
que también este año nos enseñó es que el cambio sólo puede venir de
las bases. El mundo que buscamos construir para todos nosotros sólo
puede venir de nosotros; ahora más que nunca, nuestra respuesta a la
violencia estatal siempre debe estar enraizada en la solidaridad.
Este
año, el Encuentro Fronterizo nos recordó que la solidaridad, entre
fronteras y luchas, es una herramienta poderosa para enfrentar los
sistemas de opresión que vivimos.
Al
continuar nuestro trabajo el 2019, basado en la solidaridad, esperamos
que continúen apoyándonos para exigir los derechos humanos, la justicia,
con verdad y memoria, para los sobrevivientes de la violencia liderada
por Estados Unidos.
En
este día, recordamos las políticas de los Estados Unidos que han
desatado gran parte de la violencia que vemos en América Latina y en las
fronteras de los Estados Unidos y México con corazones pesados, y al
mismo tiempo celebramos la promesa de un mundo sin sufrimiento y
dignidad para todas y todos nosotros.
COFADEH: 36 años de búsqueda de verdad y justicia
Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), arribó el viernes 30 de noviembre, a sus 36 años, tiempo en que ha buscado y demandado, verdad, justicia y memoria, a favor de las 184 desapariciones forzadas ocurridas en los años 80 en el territorio hondureño.
El evento estuvo cargado de emociones encontradas, en algunos momentos por la tristeza expresada por los familiares de los detenidos desaparecidos que ofrendaron sus vidas por una patria libre y justa y por otro, de alegría, por el trabajo realizado durante 36 años y los nuevos proyectos que en materia de memoria histórica han comenzado a erigirse.
A continuación una crónica del acto protocolario realizado en esa fecha de conmemoración:
1:00 – 2:00 p.m. Recibimiento de los invitados y las invitadas al evento. Entre los invitados especiales y amigos cercanos al comité asistieron, Lucas Balderas de la organización Abogados sin Fronteras (ASF); Gilda y Suyapa Rivera del Centro de Derechos de la Mujer (CDM); Karl Vitak, delegado de la Unión Europea en Honduras; el Embajador de la República de Alemania en Honduras, Thomas Wriessnig; Rafael Alegría, de Vía Campesina-Honduras; Leticia Flores de la Agencia de Cooperación HEKS; Carlos H. Reyes, María Elena Méndez y Mario Membreño de la Coordinación Nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC); Liduvina Hernández, presidenta del COFADEH; María Soledad Pazo, Representante Residente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH); David Funkhouser, del voluntariado PROAH; Mélida Nativí, hermana de Tomás Nativí, y miembros de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos formadas por el COFADEH,entre otras personalidades asistentes al evento realizado en el “Hogar contra el Olvido”, ubicado en la aldea La Joya, municipio de Santa Ana, Francisco Morazán.
Asimismo asistieron familiares de los detenidos desaparecidos de los años 80, entre ellos Lenín López, hijo de Enrique López, sobrino de Marco Tulio López y nieto de Liduvina Hernández, Tomás Alberto Nativí, hijo de Berha Oliva y Tomás Nativí, Karla Maldonado, hija de Jorge Maldonado Padilla y Marcela Pérez, sobrina de Samuel Pérez, así como familiares de nuevos casos de desaparición forzada como Isaura Cruz Palma, hermana del dirigente comunitario Reynaldo Cruz Palma, invitados especiales y artistas que brindaron mensajes de apoyo al evento.
2:00 – 2:10 p.m. La presidenta del COFADEH, Liduvina Hernández, madre del detenido desaparecido Enrique López y del asesinado político Marco Tulio López, dio las palabras de bienvenida a los presentes. Hernández expresó que el dolor de la pérdida de sus hijos permanece vigente y demandó la verdad sobre los hechos atroces perpetrados contra sus vástagos y el resto de víctimas de la desaparición forzada. La presidenta del COFADEH expresó que el país sangra por la violencia y la impunidad e instó a las nuevas generaciones del comité a continuar la lucha por la verdad y la justicia.
2:30 – 3:00 pm La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, agradeció la presencia de los invitados especiales, familiares y el acompañamiento de comunicadores sociales y periodistas, por ser parte de la celebración de los 36 años de lucha en favor de la justicia, la libertad, y sobre todo para volver a recordar. “No debemos olvidar que la lucha por los derechos humanos no se acaba y por lo tanto no podemos olvidar a las víctimas de tortura y muerte” indicó Bertha Oliva. La Coordinadora del COFADEH habló sobre dos grandes proyectos dedicados a la capacitación, al debate y a la memoria. En primer lugar destacó los avances de la construcción de una ermita circular que se construye dentro del Hogar contra el Olvido, ubicado en la aldea La Joya, en el municipio de Santa Ana, sitio donde se realizó la conmemoración de los 36 años del COFADEH. En segundo lugar, Bertha Oliva anunció que pronto iniciarán los trabajos del Museo de la Memoria, en la hacienda ubicada en el valle de Amarateca, donde en la década de los años ochenta, fue un sitio destinado a la tortura y a la muerte, en donde se sacrificó a vidas valiosas.
3:00 – 3:30 p.m. El ingeniero Sócrates Cruz, realizó la exposición virtual del próximo Museo de la Memoria en Amarateca, Francisco Morazán. El proyecto consiste en la reestructuración de dos casas de tortura, que funcionaron en los años 80 y 90 en Honduras. En los años 80 seis estudiantes vivieron en carne propia como cuerpos represores los raptaban para ser torturados en las famosas casas de hostigamiento y sacrificio. De esos seis estudiantes, asistieron Gilda Rivera y Suyapa Rivera, sobrevivientes de esa “casa de tortura”. El caso “Seis Estudiantes” fue presentado por el COFADEH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como parte de la acción jurídica, el estado de Honduras optó por la fase denominada “solución amistosa”, la cual permitió la adquisición por parte del COFADEH de la hacienda en Amarateca. Debido a esa demanda en contra del gobierno, se logró obtener la tenencia de las misma y ésta en la actualidad, servirá para exponer la memoria histórica sobre las desapariciones forzadas, como efecto pedagógico para que las nuevas generaciones conozcan la realidad de los hechos ocurridos en el pasado. El diseño y supervisión de los trabajos de reestructuración del Museo de la Memoria está a cargo del arquitecto Josué Oliva.
3:30- 4:00 p.m. En un acto especial, el Abogado Oscar Aníbal Puerto, expuso su reciente obra literaria “En Las Calles, está el poder”, dedicado a la memoria de Tomas Nativí Gálvez, el revolucionario fundador de la Unión Revolucionaria del Pueblo (URP), y compañero de hogar de Bertha Oliva, Coordinadora General del COFADEH.
El Abogado Puerto, dedico varios minutos, a explicar la historia y trayectoria de Tomas Nativi, sus orígenes, su historia de vida personal, así como sus ideales en busca de la libertad y la lucha continua en contra de las ideas del sistema de las políticas imperialistas y el modelo neoliberal, los cuales desde entonces han explotado y dominado a la sociedad.
Puerto, abogado, poeta y escritor, expresó su admiración por Tomas Nativí y dijo que con su libro de carácter vivencial, espera que se pueda exponer la historia de un hombre digno, que fue arrebatado por escuadrones de la muerte.
Puerto dedicó su libro a los hijos y familiares de Nativi, y de igual forma para hacerle honor a la lucha que ha realizado la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva.
4:00- 4:15 p.m. Entrega de Reconocimiento a la abogada Marcia Aguiluz, Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), por la labor desarrollada en materia de los derechos humanos en Honduras y por el acompañamiento a organizaciones de derechos humanos que han presentado litigios estratégicos ante el sistema interamericano de derechos humanos. La trayectoria de Aguiluz que deja su cargo en CEJIL, fue reconocida por Berta Oliva su equipo de trabajo. Bertha Oliva expresó sus muestras de cariño y estima a favor de la Abogada Aguiluz, quien a su vez, con lágrimas en sus ojos y con su voz entre cortada, indicó sentirse muy satisfecha por las muestras de cariño dadas por las personas que integran a COFADEH y por supuesto a su coordinadora.
4:15 – 4:30 Se realizó un llamado a la mesa principal, a los invitados especiales participantes en el evento, para que expresaran sus experiencias y perspectivas que tienen sobre la trayectoria de los 36 años que tiene el COFADEH, a favor de la lucha de los derechos humanos y sus gestiones a favor de las y los desaparecidos en el territorio hondureño.
4:30 – 4:45 Lectura de mensajes de admiración y apoyo de parte de la Organización PROAH y el Periodista Félix Antonio Molina, ambos expresaron sentirse satisfechos y admirados de la ardua labor que ha desarrollado el COFADEH a los largo de estos 36 años.
4:45 – 6:00 p.m. Jornada Artística Cultural, expresada a través de la lectura de poemas a cargo de la periodista Iris Mencía, y la lectura del poema “Secreto de Estado” leído por el maestro Félix Cesario Padilla y que está en su libro Tiempos del Terror; y como punto final de la jornada artística la exposición teatral de la obra “Navegantes del Sueño” (de la obra poética de Amanda Castro “Onironautas”) realizado por la poeta, dramaturga y locutora Susan Arteaga.
6:00 – 7:30 p.m. Cierre de la actividad con un brindis y cena, para los familiares de los desaparecidos, invitados especiales, representantes de diferentes organismos y para los miembros del equipo de trabajo del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “COFADEH”.
“Para nosotros está prohibido olvidar”
Conversamos con Adriana Portillo-Bartow, una de las tantas valerosas mujeres que a lo largo de América Latina han seguido la lucha por la verdad y la justicia por nuestras y nuestros detenidos desaparecidos. Ella, sin duda, es guardiana de la memoria para que no nunca más vuelva el terrorismo de Estado.
– ¿Queremos pedirle que se pudiera presentar?
Me llamo Adriana Portillo-Bartow, soy guatemalteca y he sido por muchos años una defensora de los derechos humanos. Soy sobreviviente de la guerra en Guatemala, perdí siete miembros de mi familia, durante la guerra, y he hecho mucho trabajo de derechos humanos aquí en los Estados Unidos y en otras partes. En los últimos 4 ó 5 años me he dedicado enteramente a la búsqueda de justicia para mi familia desaparecida y a la búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió con los miembros de mi familia detenida y desaparecida el 11 de septiembre de 1981en Guatemala. Estos son mi papá, Adrián Portillo; mi madrasta, Rosa Muñoz de Portillo; una cuñada, Edilsa Álvarez Morales; mi hermanita de un año y medio, Alma Argentina se llamaba; y mis dos hijas mayores, Rosaura Margarita – Chaguita le decíamos – y mi hija Glenda Corina. Chaguita tenía diez años y Corina tenía nueve años. Entonces, mi trabajo en los últimos años ha sido la búsqueda por la justicia y la verdad.
– ¿El caso de su familia desaparecida está en la justicia?
Sí, el caso fue llevado ante el Ministerio Público (MP), en 1998, y durante los últimos veinte años, el caso pasó de mano en mano, de fiscal en fiscal. Hubo fiscales que trataron de conseguir amnistía para los responsables del secuestro y desaparición de mi familia. El expediente se perdió muchas veces, incluso hubo fiscales que expresaron que tenían miedo de investigar y, por lo tanto, realmente no lo dieron atención al caso.
– En esas circunstancias ¿Qué hizo usted?
Para cosa de unos dos años después yo entré en contacto con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que fue fundado en 1983, creo yo, y que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas. Fue entonces cuando, ya con el equipo de abogados del GAM, se le dio otra vez impulso al caso. Lo primero que se hizo fue solicitar una audiencia de primera declaración o anticipo de prueba, y viajé cinco veces a Guatemala porque el juzgado nos ponía una fecha para la audiencia y después nos cancelaban la audiencia.
– ¿Qué paso en la primera audiencia?
En la primera audiencia, los abogados del GAM empezaron a hablar del caso, pero la jueza dijo que ella no sabía de qué estaban hablando porque ella tenía en sus manos un expediente por tenencia ilegal de armas. ¡Te puedes imaginar hacer ese viaje para esto! Fue, verdaderamente, encolerizante para serte franca. Bueno, pusieron otra fecha, volví a viajar, me dijeron que no, no, que la audiencia se había cancelado. Se hizo otro viaje, ya con otra fecha y ocurrió lo mismo.
Los fiscales del MP estaban muy molestos porque eso era “obstrucción de justicia” y solicitaron el expediente, y resulto que el expediente estaba perdido, que no lo encontraban. Se presentó una queja en contra de la jueza, y del juzgado y, al día siguiente, el expediente apareció en una caja fuerte. Se puso otra fecha para otra audiencia y, a la quinta vez, pude reunirme con la jueza para dar mi anticipo de prueba. Fue muy difícil, pero al mismo tiempo satisfactorio y doloroso porque esperé veinte años para poder dar esa primera declaración que debió darse en los primeros tres meses, después de sometido el caso al MP.
– La jueza al parecer no quería investigar este caso…
La jueza, averiguamos, es hermana de un general retirado que en los años ochenta fue parte de “la oficinita”, una oficina que había en el Palacio Nacional, que era una agencia de inteligencia del ejército y que está involucrado en actos de violencia política en contra de mucha gente en Guatemala. Al ver esto se decidió solicitar a la Corte Suprema de Justicia para que el caso sea movido a algún Juzgado de Mayor Riesgo. Estamos a la espera de que la Corte apruebe esa solicitud.
– ¿El gobierno de Guatemala ha hecho algo para encontrar a los desaparecidos?
No, no, definitivamente no, de hecho, hay un proyecto de ley que ya tiene más de diez años en el Congreso para que se apruebe la formación de una comisión de búsqueda de los desaparecidos durante la guerra. Por otra parte en el Ejecutivo no hay ningún interés, por supuesto.
Ahora, sí, el MP tiene varios departamentos que fueron creados durante la administración de la fiscal Claudia Paz y Paz. Entre ellos se creó la fiscalía de derechos humanos y se creó la fiscalía de los casos paradigmáticos que tuvieron lugar durante la guerra. Estos son los casos que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico publicó como los más representativos, emblemáticos, de lo que ocurrió en Guatemala. Dentro de esos cien casos, el caso nº 87 es el de mi familia.
Entonces de parte de los fiscales, sí, hay mucho interés. Yo he estado muy activa, pendiente de lo que se está haciendo el MP; viajando a Guatemala, para reunirme con ellos. Quizás no exigiendo, pero sí, bueno tal vez sí exigiendo, pero de manera educada, verdad, para que el caso se mueva y no quede estancado otra vez.
– ¿Y las FFAA, los militares, han colaborado en la investigación?
No, no, en este sentido ellos no han colaborado, no sólo no han colaborado, se han negado a colaborar. El ejército dice que no tienen archivos de ningún tipo, que los quemaron, entonces no hay, absolutamente, ningún deseo de ser partícipe de la búsqueda de los desaparecidos, y, especialmente, de los niños y las niñas. No hay por parte del ejecutivo, incluso del judicial, mucho interés, mucho deseo, en que esos casos, verdaderamente, sean llevados a la Corte y los responsables castigados con todo el peso de la ley. En contraste, el MP está muy involucrado, muy interesado. Una de las cosas que se hizo en este último viaje fue que mi hermano Antonio viajara a Guatemala, como el único testigo presencial del secuestro de nuestro padre porque él estaba presente cuando él fue secuestrado de su lugar de trabajo.
– Las condenas a los militares involucrados en el caso Molina Theissen ¿qué significo para usted?
Para mi significó varias cosas. Yo fui testigo en el juicio y ante el tribunal di mi declaración como madre, hija, hermana, hijastra, cuñada de mi familia desaparecida. Para mí fue muy poderoso poder estar en esa sala y decir ante un tribunal, narrar lo ocurrido con mi familia y especialmente con las tres niñas. Lo que buscaba mi testimonio, en ese caso, era demonstrar que Marco Antonio no fue el único niño desaparecido que, realmente, era una política contrainsurgente la de separar familias, de secuestrar y desparecer niños y niñas.
Entonces, en ese sentido significó para mí recobrar mi voz, públicamente, en Guatemala, ante jueces y ante el pueblo de Guatemala y la comunidad internacional. En segundo lugar, el fallo, para mí, para mi familia, y estoy segura que para familiares de niños y niñas desaparecidas, significó que, a través de Marco Antonio, a través de Emma, se hizo justicia para todos nosotros y nosotras con ese fallo.
¿Entonces la condena del caso Molina Theissen hizo justicia?
Sí y no. En el sentido de que se hizo justicia para Marco Antonio y para Emma y que se hizo justicia para los miles de niños y niñas que desaparecieron, sí, pero es simbólica esa justicia, no es justicia real. Entonces, sí ayuda, pero mientras no veamos la justicia real en cada caso de desaparición forzada, nosotros los familiares, no podremos descansar, no podremos tener la paz que anhelamos. Yo pienso que la familia Molina Theissen alcanzó ciertos niveles de paz al ver que se hizo justicia para ellos. Nosotros todavía no tenemos eso y esperamos que un día se pueda hacer justicia para verdaderamente decir “bueno, ahora puedo descansar, ya los responsables han sido castigados”. La paz completa, solamente se alcanzaría con la justicia y la verdad, saber que ocurrió con nuestros desaparecidos y desaparecidas.
– Hay personas que dicen que sería mejor olvidar ¿Qué importancia tiene la memoria?
Yo le diría que la memoria de lo ocurrido en Guatemala no es sólo de los sobrevivientes, no es sólo de los familiares, es la memoria histórica del país que tiene que reconocerse y aceptarse porque eso aseguraría que no se repitieran esos hechos tan atroces. Significaría también la reconciliación, porque sin la verdad, sin la justicia, no puede haber reconciliación y a mí me han dicho varias personas, incluso un familiar me dijo una vez – “ya, deja de estar buscándolos, buscándolas, déjalo atrás, eso no te permite vivir en paz” – y yo le respondí “como puedo yo dejar atrás a mi padre, a mis hijas, a mi hermanita, a mi madrasta y mi cuñada, es que es imposible”.
Yo me he obligado a recordar; es doloroso recordar, es doloroso vivir con esos recuerdos. Pero, cada día yo me obligo a no olvidar porque es la memoria de los niños, es la memoria de todos. Yo siento que soy como un recipiente de esa memoria, así como lo son tantas otras personas en Guatemala y en otros países también. Así es que para nosotros está prohibido olvidar, no es permitido olvidar, porque esos hechos atroces no se pueden olvidar. Si se olvidan volverían a ocurrir y eso es lo que no queremos nosotros.
– Finalmente, ¿Qué la motiva a usted a seguir adelante?
Lo que siempre me ha motivado a seguir adelante, aunque parezca extraño, verdad, es el dolor de la perdida y la esperanza de que un día se va hacer justicia y voy a saber la verdad de lo ocurrido con mis familiares. Me mueve también la solidaridad de la gente, porque a veces una se siente muy sola en su dolor.
El dolor que es como mi motor, mi gasolina, yo antes lo llevaba sobre los hombros, y, fíjate, que es muy curioso porque yo caminaba, así como un poco encorvada, y he estado por mucho tiempo en terapia psicológica, hace unos tres años que la dejé, pero estaba yo con mi psicóloga y platicamos y yo me iba encorvando, encorvando hasta que mi cabeza tocaba mis rodillas, ¡fíjate!
Y, ahora, ya no veo mi dolor como una carga, sino que lo veo como ese motor que me mueve, como ese casi hasta amigo que está conmigo ahí, todos los días, se ha convertido hasta en semilla. Los campesinos no cargan las semillas que van a sembrar en la espalda, sino que la cargan en frente, en su pecho, llevan una bolsa y así llevo yo mi dolor y eso es lo que realmente me mueve a continuar adelante, a no cerrar y a no olvidar y a no perdonar, tampoco. ¡Hasta que se haga justicia!
* Pablo Ruiz es parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas.
Fotos: MaryLenaB y Campaña por las y los niños desaparecidos en Guatemala
Denuncian ante la CIDH la militarización de la Seguridad Pública
Entre los exponentes, se dirigió a la CIDH la Coordinadora General de COFADEH, Bertha Oliva, quien señaló que “estamos enfrentando los peores momentos a partir del 2009” en que la militarización esta disfraza con el pretexto de dar más seguridad. La dirigente señaló que “La presencia militar en nuestros países, estamos convencidas, que es mas el daño que han hecho que el bien en esa materia porque no están en ningún momento capacitados para garantizar la seguridad ciudadana y seguridad pública”, agregando que “lejos de eso, están capacitados para fomentar el irrespeto, el abuso total a la vida y la libertad de los pueblos”.
En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la militarización de la seguridad pública genera un crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. También advirtieron sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región.
En los países del continente, la militarización aumenta los niveles de violencia y genera violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ocupación de barrios pobres y torturas. A la vez, fracasa en su supuesto objetivo de bajar los índices de criminalidad, según se dijo en la audiencia regional ante la CIDH.
“Esta audiencia es histórica porque mapea uno de los principales desafíos de la región”, sostuvo la comisionada Flávia Piovesan. En un contexto de “guerra interna” -sea contra el narcotráfico, el terrorismo u otra de las denominadas “nuevas amenazas” a la seguridad-, los Estados avanzan con políticas duras y propuestas de militarización que ponen en riesgo los derechos humanos en la región. Se promueven políticas antiderechos y de impunidad, como la aplicación de la justicia militar, bajo la idea de lucha contra el crimen. “Estamos frente a un regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región”, aseveró Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.
Por su lado, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva dijo que “hay mandatarios regionales que creen que el escenario en el que ocurren las operaciones militares es campo abierto para que ellos lleven a cabo el cumplimiento de determinadas órdenes. Primero dispare y después averigüe, primero dispare y después pregunte. Y eso es sumamente grave”. Y la comisionada Antonia Urrejola planteó que el desafío no es únicamente trabajar con los Estados sino también con la sociedad que espera respuestas a las demandas de seguridad en la región.
La Comisión se comprometió a mantener este tema como “objeto de agenda permanente” y a trabajar en un plan concreto de actuación para enfrentarlo de manera sistemática.
En la audiencia participaron organizaciones de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Se habló de tendencias generales y de la intervención militar en Río de Janeiro, la propuesta de crear una Guardia Nacional en México, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y los impactos de la militarización en Honduras.
También se expuso sobre la impunidad que caracteriza a las violaciones cometidas en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. El caso de Jorge Parral de México es emblemático: fue asesinado por fuerzas militares y su cuerpo desaparecido. Su madre, Alicia Rabadán, explicó a los/as integrantes de la CIDH: “Hoy estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses, que no tienen respeto por la vida humana”.
Organizaciones participantes:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , Argentina / Asociación Civil Intercambios, Argentina / Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Argentina / Observatorio Ciudadano, Chile / Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Perú / Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia / Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia / Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Conectas Direitos Humanos, Brasil/ Justiςa Global, Brasil / Fundación Myrna Mack, Guatemala / Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) / Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos / Amnistía Internacional.
