Laura Zuniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y miembra del COPINH, ejerce su derecho de penúltima palabra representando a las víctimas en el ilegal juicio que juzga a los autores materiales en el vil crimen contra la hermana Berta.
Laura Zuniga Cáceres
“Es difícil empezar a hablar en un juicio en el que una no pensaba que le iba a tocar hablar, que es el juicio por el asesinato de mi mami, de Berta Cáceres. Después vamos a contar un poco porque la necesidad de hablar pero queremos dejar varias cosas claras porque vivimos con Berta Cáceres, la vimos caminar, la vimos luchar, la vimos enfrentarse a una empresa que la persiguió mucho, que la persiguió judicialmente, que la quiso encarcelar, que agotó la vía del encarcelamiento porque no la pudieron detener con la cárcel, ese proceso con la que quisieron detener no pudo salir.
Conocimos también, a partir de meterse y entender las pruebas, que el asesinato de mi mami no viene solo de las personas que están acá, que tiene que ver con una estructura que se formó para perseguirla, que infiltró al COPINH, que buscó donde se encontraba mi mami en cada momento, incluso se dio información sobre donde iba a estar mi mami el 2 de marzo, el día del asesinato, y esa información se ve en un grupo de chat que se llama Seguridad PHAZ.
La empresa gestionó de forma irregular la liberación de un sicario conocido en la zona quien se llama Olvin Mejia. Se hicieron denuncias sobre su liberación irregular, de la que participó activamente Sergio Ramón Rodríguez. Mi mami Berta Cáceres nos contó siempre su situación de riesgo y por eso cuando nos dijeron que la habían que asesinado supimos que fue la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima. Yo me acuerdo perfectamente el día que me sentó, semanas antes de su asesinato, y me contó que Bustillo la había amenazado y que la perseguía, que David Castillo la acosaba y la perseguía, que Sergio se burlaba y hacía campañas en su contra por haber ganado el premio ambiental Goldman y eso es parte de lo que queremos decir acá.
Berta Cáceres era una persona que luchaba, que tenía rebeldía, que se enfrentó al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque era un proyecto violatorio de los derechos humanos que ha hecho correr sangre en el territorio lenca. Estamos hablando de la sangre de Tomas García que fue asesinado a manos de militares, militares que estaban dirigidos, pedidos por la empresa DESA, que incluso recibían ayuda, apoyo económico para estar en ese lugar, para proteger esa empresa. Estamos hablando de la sangre de su hijo, porque aquí nosotras no somos las únicas hijas e hijos víctimas de este proyecto. Allan García también recibió disparos y vio como su padre fue asesinado enfrente de él, es algo que queremos dejar claro acá.
Mi mami era Coordinadora General del COPINH, organización que está siendo perseguida, que aun ahora le siguen haciendo campañas de desprestigio. Que ahora, después de muerta, vemos como buscan su vida personal pase a lo público como una forma de humillarla, de violentar constantemente los derechos de las mujeres. Porque son a las mujeres a las que buscan a defenestrar públicamente con su vida privada.
Quiero decir también que me toca hablar hoy, cosa que no me gustaría hacer, porque nadie quiere hablar cuando han asesinado su madre, pero me toca hablar porque hay una justicia que no nos dejó participar en este proceso, que nos sacó de este proceso. Aquí tendríamos que tener a la acusación privada, a nuestros abogados, a los que nos acompañaron, los que investigaron, los que pensaron una teoría complementaria a este caso, diciendo las conclusiones, haciendo entender como el contexto en que se da ese asesinato que tiene mucho que ver. Como la buscaron, como persiguieron a los acompañantes internacionales, que fueron políticas de DESA. Y no están acá porque nos expulsaron de este proceso. No estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo tampoco con que se nos haya excluido desde el primer momento del asesinato de mi mami porque se nos negó la posibilidad de tener un observador cuando fue la autopsia, porque no se nos dio información y porque, cada momento de este proceso, tuvimos que pelear por información y no lo hicimos por capricho, lo hicimos porque estamos dispuestas a poner todo lo que sea necesario para que haya verdad porque entendemos que es nuestro derecho, porque entendemos que es el derecho del pueblo hondureño.
Hemos sido minuciosas y hemos pedido la recusación del tribunal, incluso hemos denunciado a la fiscalía porque queremos el mejor proceso y lo queremos porque este es un momento importante en el que podemos sentar precedentes de justicia para este pueblo que se está yendo, que se está desangrando, este era la oportunidad de hacerlo. Y hoy la justicia, lamentablemente, está en deuda con nosotras, pero no por eso vamos a dejar de desconocer que hay culpables en esta sala. No todos son culpables pero aquí hay autoría material, aquí hay colaboración necesaria, hay perseguidores, hay infiltradores y eso lo tenemos que decir.
No me voy a extender más, y aunque sea por esta vez, gracias porque fue el único momento en el que, lamentablemente, pudimos expresarnos en todo este proceso. La lucha por justicia para Berta Cáceres no va a terminar aquí. Hay más procesos judiciales que vamos a seguir, porque vamos a seguir apelando a estas instituciones para que respondan, como debe ser, a la justicia. No somos víctimas pasivas. Vamos a actuar porque Berta Cáceres se lo merece, porque el pueblo lenca se lo merece, porque nos siguen persiguiendo aún ahora, porque esta estructura criminal que atentó contra Berta Cáceres sigue activa y eso también vamos a denunciar.”
Faltan los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres
Sala I del Tribunal de Juicios Orales y Públicos al momento de la lectura de la sentencia.
Tegucigalpa, Honduras. – Este jueves 29 de
nociembre el Tribunal de Sentencia de la Sala uno de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), determinó que siete de los ocho primeros acusados son
responsables del asesinato de Berta Cáceres Flores, y cuatro por el
atentado contra el defensor de Gustavo Castro.Pese a que hubo condena no hay justicia, faltan los autores intelectuales, ha afirmado las hijas de Berta Cáceres: Olivia, Berta y Laura, y el abogado Víctor Fernández integrante del equipo acusador privado, que el 20 de octubre pasado fueron separados del caso, por decisión del Tribunal.
Se encontró culpable a Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Mariano Díaz Chávez, militar activo al momento del asesinato; Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de la empresa Desarrollo Energético S.A. (DESA); Sergio Ramón Rodríguez Orellana Gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de DESA. Y fue absuelto Emerson Duarte Meza (gemelo de Edilson).
Emerson deberá ser liberado luego de los trámites correspondientes, mientras que los demás continuarán con prisión preventiva. El 10 de enero del 2019 se dará lectura a la individualización de la pena.
Cáceres Flores era cofundadora y dirigente hasta el día del crimen, del Consejo de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH), y según el sitio web http://berta.copinh.org/ desde hace varios años se le daba seguimiento a Bertita, por defender los bienes comunes de la naturaleza, específicamente el Río Gualcarque, en Intibucá, donde se pretendía la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), de la empresa DESA.
Parte de las reacciones de Olivia Zúniga Cáceres, es que “no nos sentimos satisfechas ni alegres de que a alguien lo encarcelen por el dolor que eso le puede causar a su familia, porque no hemos exigido venganza, porque no somos asesinos igual que ellos”.
Agregó que, somos personas que simple y sencillamente lo que exigimos es justicia en un país con tanta impunidad, y consideramos que hacer justicia para Berta, no sólo es hacer justicia para ella, para nuestra familia y para el COPINH, significa hacer justicia para todo el pueblo hondureño, para toda la humanidad entera y todos los ambientalistas que han muerto y han dado su vida en defensa de la madre tierra.
No queremos venganza, seguimos aquí después de tanto tiempo que hemos sufrido la persecución de esta empresa criminal, terrorista, que no debe nunca más operar en ningún lado del planeta.
Y aquí están los perros cobardes enviados a infiltrar al COPINH, a perseguir a mi mami, a acosarla a hostigarla, a criminalizarla, y para eso también se usó al Estado, la institucionalidad pública, el gobierno de este país actuó como un lacayo de la familia poderosa Atala Zablah, y por eso aquí estamos una vez más, exigiendo castigo para Berta y sobre todo castigo para los autores intelectuales, expresó Olivia a medios de comunicación y a través de su cuenta en la red social Facebook.
Agregó, porque es fácil castigar a pobres, pero nosotras queremos ver que esta justicia de Honduras llegue a los autores intelectuales, a esos banqueros, a esos accionistas de esa empresa, que asesinaron a Berta Cáceres de una manera cobarde, vil y que ahora nos arrebataron y nos privaron de nuestra madre, esa vida no se repone ni se repara con nada.
Una vida de un ser humanos no se repone con nada absolutamente, ni aun así los condenaran a mil años de cárcel.
“Miserable es el que ordena como el que ejecuta un asesinato, en este caso” Olivia Marcela Zúniga Cáceres.
Si algo le sucede a la familia de Berta, al COPINH o abogados acusadores privados, que pertenecen al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), es responsabilidad de DESA, denunció la también diputada e hija mayor de Cáceres y el defensor de derechos humanos Salvador Zúniga.
Además, que se sienten impotentes porque no se ha seguido una línea de investigación contra los autores intelectuales y eso les preocupa por que la justicia para Berta está en peligro.
Crimen con alevosía y pagado
La justicia debe estar de lado de la verdad, expuso la familia de Berta Cáceres tras escuchar el veredicto del Tribunal. En la cauda también se busca justicia para el mexicano Gustavo Castro, de la organización Amigos de la Tierra, quien la noche del crimen estaba hospedado en la vasa de la lideresa del COPINH, previo a la participación en una conferencia ambientalista en Honduras.
Víctor Fernández, en una conferencia de prensa ofrecida a eso de las cinco de la tarde, en las afueras de la CSJ, resaltó que el Tribunal reconoció que el crimen fue bajo dos supuestos: alevosía (planificación que asegura la ejecución del hecho) y que eol crimen se cometió por pago o recompensa que cometió el perosnal de la empresa DESA.
Mientras que, para familia de Berta Cáceres, el fallo del primer juicio no complace sus expectativas y reiteró la denuncia de a ver sido excluidos de manera sistemática, que perpetua la impunidad, según el comunicado leído por Bertha Isabel y Laura Zúniga Cáceres.
Afirmaron que no terminan la lucha, por el contrario, se prolonga su esfuerzo y se comprometen a seguir enfrentando como lo hizo Berta Cáceres.
Parte del comunicado de la familia de Berta Cáceres Flores, el COPINH, Gustavo Castro y los equipos legales de la causa ante el fallo que juzga a Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Elvin Heriberto Rápalo, Edilson Duarte, Oscar Haroldo Torres y Emerson Duarte.
“Este fallo que se ha pronunciado en la Sala I del Tribunal de Sentencia que condena al grupo sicarial y a la estructura intermedia relacionada directamente la empresa DESA no significa que se ha alcanzado justicia”.
Mientras que, las estructuras y las personas que dieron el dinero para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres, siguen gozando de la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como este de manera impune.
Fernández se refirió, en cuanto a Emerson Duarte, hoy el Tribunal y el mismo MP reconoció que tenerlo preso era un abuso. Nosotros veníamos diciendo desde hace dos años, que había al menos una persona que no tenía nada que ver con el asesinato de Cáceres, y los otros siete son responsables a título de autores.
Sábado 01 de Diciembre de 2018
La justicia hondureña condena a los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres pero no a los autores intelectuales
Siete de los ocho implicados en el asesinato de la activista indígena hondureña han sido declarados culpables, cuatro de ellos también condenados por tentativa de homicidio del activista Gustavo Castro, que resultó herido durante el ataque. Sin embargo, la familia de Berta Cáceres, el COPINH y organismos internacionales han afirmado que el veredicto no satisface sus exigencias al quedar impunes los empresarios que impulsaban la construcción, a quienes señalan como los autores intelectuales del crimen: "La justicia está en deuda con todo el pueblo hondureño, la lucha por la dignidad y la verdad continúa".
IKER GONZÁLEZ IZAGIRRE | 30 noviembre, 2018 10.11
La activista Berta Cáceres fue asesinada en su casa la noche del 3 de marzo de 2016.
Un
Tribunal de Honduras ha declarado culpables a siete de los ocho
implicados en el asesinato de Berta Cáceres, activista y maestra de 43
años ganadora del premio Goldman, el máximo galardón en materia
medioambiental, que lideraba la oposición contra la construcción de una
presa hidroeléctrica en territorio indígena a cargo de la empresa
Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
El Tribunal también condena a cuatro de ellos por tentativa de homicidio del activista Gustavo Castro, único testigo del crimen y que resultó herido durante el ataque producido en la noche del 3 de marzo de 2016 en la casa de Berta, en la ciudad de La Esperanza, al oeste del país.
La sentencia leída en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional establece la culpabilidad de Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores del asesinato de Berta Cáceres.
Ecologistas en Acción: “Ha habido condenados, pero no justicia”
Ecologistas en Acción se ha sumado a la condena del COPINH para denunciar las irregularidades de todo el proceso. También para señalar que el Ministerio Público de Honduras tiene en su poder información respecto a la vinculación de otros actores de la estructura criminal relacionados con la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A.), responsable del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca contra el que Berta Cáceres, como activista del COPINH, estuvo luchando durante sus últimos años.
La organización ecologista ha publicado un manifiesto en el que enumera una lista de puntos por los que el proceso judicial ha sido irregular: impedimentos para que la representación privada de la familia accediera a pruebas recabadas por el Ministerio Público, la falta de análisis de la mayoría de objetos incautados o dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, son algunos de ellos.
Para Ecologistas en Acción el Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha exigido que se garantice una investigación “diligente, independiente y conforme al debido proceso”, para que “se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias” en torno al asesinato de Berta Cáceres.
El Tribunal también condena a cuatro de ellos por tentativa de homicidio del activista Gustavo Castro, único testigo del crimen y que resultó herido durante el ataque producido en la noche del 3 de marzo de 2016 en la casa de Berta, en la ciudad de La Esperanza, al oeste del país.
La sentencia leída en la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional establece la culpabilidad de Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Douglas Bustillo, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte como coautores del asesinato de Berta Cáceres.
Sin
embargo, absolvió a Emerton Duarte, quien figuraba como uno de los
autores materiales del asesinato de la ambientalista hondureña, tras
considerar que no había pruebas que lo vincularan con el caso.
Entre
los culpables están el gerente de asuntos comunitarios y
medioambientales de la empresa de Desarrollo Energéticos (DESA), Sergio
Rodríguez Orellana y el teniente retirado del Ejército quien fue
director de seguridad de la compañía hasta 2015.
El
Tribunal ha fijado la vista de la sentencia para el 10 de enero de
2019. Los siete condenados se podrían enfrentar a una pena de hasta 30
años de prisión por el ataque contra la activista indígena. Cuatro de
ellos podrían recibir una pena adicional de hasta 20 años, por el
intento de homicidio de Gustavo Castro.
COPINH: “La justicia está en deuda con todo el pueblo hondureño, la lucha por la dignidad y la verdad continúa”
La familia de Berta Cáceres y representantes de COPINH se concentran a la espera del fallo. Foto: @COPINHHONDURAS
Organismos
humanitarios locales e internacionales han advertido de que la decisión
del juez permite que queden impunes los empresarios que impulsaban
la construcción de la presa hidroeléctrica, a quienes señalan como los
autores intelectuales del crimen.
“El
veredicto que acaba de emitirse no satisface nuestras exigencias de
justicia como víctimas en el asesinato de Berta Cáceres y el intento de
asesinato a Gustavo Castro”, han afirmado en un comunicado la Familia de
Berta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), el propio Gustavo Castro y los equipos legales de la
causa.
Sostienen
que este fallo, que condena a los sicarios y a la estructura intermedia
relacionada directamente la empresa DESA, no significa que se ha
alcanzado justicia. “Las estructuras y las personas que dieron el dinero
para que estos criminales asesinaran a Berta Cáceres siguen gozando de
la libertad y de la posibilidad de seguir desarrollando crímenes como
este de manera impune”, denuncian.
Desde
el inicio de este proceso, hace casi tres años ya, “ha sido claro que
el asesinato de Berta Cáceres fue planificado por los directivos de la
empresa DESA para luego ser ejecutado por sicarios vinculados a la
Fuerzas Armadas de Honduras. Sin embargo, la verdad sobre el crimen y
todos sus responsables ha sido limitada a quienes ahora se han juzgado
debido a los obstáculos decididos que el Estado de Honduras ha
interpuesto a través de su Ministerio Público y sus tribunales para
negar la verdad como parte de una justicia real”.
Lo
que para la familia y COPINH ha quedado todavía más claro de este
proceso judicial, del cual fueron expulsados “debido a que no nos hemos
callado ante todas las arbitrariedades que a diario fueron sucediendo en
los tribunales”, es que la familia Atala Zablah, accionistas dueños de
la empresa DESA, “están detrás de toda la trama de persecución,
hostigamiento, ataques y amenazas que llevaron al asesinato de Berta
Cáceres”.
En este sentido, a través
de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresó su preocupación por
la exclusión de la defensa de la familia de Berta Cáceres en el juicio.
Además, condenó las demoras de la Justicia hondureña en la causa de
Berta Cáceres. Según el documento, la exclusión en el juicio de la
familia y la COPINH “socava significativamente el derecho de las
víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su
derecho a la verdad”.
Desde
COPINH advierten que su participación como víctimas “es parte
fundamental en el proceso de justicia y el Estado” y critican que “al
excluirnos de manera sistemática, perpetúa la impunidad que inunda este
país y que tanto daño hace”. Durante el juicio “fuimos testigos, así
como los observadores internacionales, los miembros del cuerpo
diplomático y la prensa, de las comunicaciones telefónicas que
evidencian esta participación”.
Esto
“también dejó claro que los hechos criminales cometidos por la empresa
DESA bajo la dirección de esta familia van más allá del asesinato y
comprenden una serie de crímenes realizados en contra de Berta Cáceres,
del COPINH, del pueblo Lenca e incluso de la administración pública y
del Estado de Honduras”, subrayan.
“¿Qué
intereses están en juego y motivan que con sus comportamientos protejan
a los máximos responsables cuyos nombres no son un secreto? ¿Por qué
existiendo evidencia de su participación no han sido procesados al día
de hoy después de casi 3 años del vil crimen? ¿Qué esperan para cumplir
con su responsabilidad?”, preguntan al Estado y sus instituciones.
La familia y COPINH exigen que sean llevados ante la justicia “todos
los responsables por el asesinato de Berta Cáceres y no únicamente
quienes pagados por DESA ejecutaron el crimen”.
En
su opinión, “con el capítulo que se cierra hoy, las condenas al eslabón
más bajo de la estructura criminal con las que el Estado hondureño
pretende silenciar la demanda de justicia, no termina la lucha por
justicia para Berta Cáceres y el pueblo Lenca, por el contrario, se
profundizan nuestros esfuerzos”.
En
el comunicado ponen de manifiesto que “la impunidad que hasta hoy
muestran y disfrutan los autores intelectuales de este crimen, hace
parte del entramado de corrupción y violencia que sostiene al modelo
extractivista que saquea nuestros pueblos, ante el cual las víctimas
juntos a las demás personas, comunidades y organizaciones nos
comprometemos a seguirles enfrentando, como lo hizo Berta Cáceres, hasta
que la dignidad, la verdad y la justicia, prevalezcan en esta causa y
en todas las luchas que ahora mismo se están librando en distintos
territorios de Honduras y el mundo”. “La justicia hondureña está en
deuda con nosotras y nosotros, con todo el pueblo hondureño”, concluyen.
Ecologistas en Acción se ha sumado a la condena del COPINH para denunciar las irregularidades de todo el proceso. También para señalar que el Ministerio Público de Honduras tiene en su poder información respecto a la vinculación de otros actores de la estructura criminal relacionados con la empresa DESA (Desarrollos Energéticos, S.A.), responsable del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca contra el que Berta Cáceres, como activista del COPINH, estuvo luchando durante sus últimos años.
La organización ecologista ha publicado un manifiesto en el que enumera una lista de puntos por los que el proceso judicial ha sido irregular: impedimentos para que la representación privada de la familia accediera a pruebas recabadas por el Ministerio Público, la falta de análisis de la mayoría de objetos incautados o dejar sin representación privada a las víctimas y la familia en el proceso, son algunos de ellos.
Para Ecologistas en Acción el Estado de Honduras tiene la obligación internacional adquirida en virtud de la firma de diversos instrumentos internacionales y de su propio ordenamiento interno, de garantizar la plena representación de la familia de la víctima y el del COPINH en el procedimiento judicial.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha exigido que se garantice una investigación “diligente, independiente y conforme al debido proceso”, para que “se identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables, materiales e intelectuales de todos los hechos y circunstancias” en torno al asesinato de Berta Cáceres.
¡CULPABLES! CONDENAN A SIETE IMPLICADOS EN CRIMEN DE BERTA CÁCERES
- Publicado: 30 Noviembre 2018
El
Tribunal de la Sala I con Jurisdicción Nacional, condenó hoy a siete de
los nueve capturados por las autoridades, al imputar su autoría
material en el crimen que apagó la vida de la mundialmente reconocida
ambientalista, Berta Cáceres.
Para
los condenados, la pena podría oscilar entre 30 años por el delito de
asesinato, 20 por tentativa de asesinato y de tres a cinco años por
encubrimiento. La audiencia de determinación de la pena quedó programada
para el 10 de enero de 2019.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Hoy
la justicia hondureña declaró culpables de participación activa a siete
de los nueve, que hasta ahora han sido señalados en el crimen de la
mundialmente reconocida ambientalista, Berta Cáceres.
De
ese modo, el Tribunal de la Sala I con Jurisdicción Nacional condenó
por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de
tentativa a: Mariano Díaz (militar), Douglas Geovanny Bustillo
(exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa del Proyecto
Agua Zarca.
A
estos se suman: Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson
Duarte Meza y Óscar Arnaldo Tareas, esto últimos condenados únicamente
por asesinato en su grado de ejecución de tentativa del ambientalista
mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen; y a Emerson Duarte
Meza, señalado por el Ministerio Público (MP) por encubrimiento, se
determinó absolverlo de los cargos.
Para
los condenados, la pena podría oscilar entre 30 años por el delito de
asesinato, 20 por tentativa de asesinato y de tres a cinco años por
encubrimiento. La audiencia de determinación de la pena quedó programada
para el 10 de enero de 2019.
Cabe
destacar que otro de los procesados en esta causa, el ingeniero
eléctrico Roberto David Castillo, señalado a título de autor intelectual
del delito de asesinato en perjuicio de Cáceres, cuya presunta
responsabilidad se determinó mediante labores de inteligencia.
Además
por este mismo caso, la Agencia Técnica de Investigación Criminal
(ATIC), procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel
Arcángel Rosales, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de
desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al
crimen.
Recientemente,
la oficial de incidencia del Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), Karina Sánchez, afirmó que en el juicio por el
caso de Berta “habrá condenados, pero no justicia”.
Veredicto en caso de asesinato de Berta Cáceres no cumple con los estándares de justicia: WOLA
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Foto de Revistazo.com
Tegucigalpa.-
Ayer, un tribunal hondureño anunció el veredicto en el caso de derechos
humanos más destacado del país en los últimos años: el asesinato de la
activista ambiental y líder indígena Berta Cáceres ocurrido en 2016.
Ocho sospechosos fueron juzgados y acusados por llevar a cabo el
asesinato, entre ellos, un oficial de inteligencia militar en servicio
activo y dos ex oficiales militares. El tribunal determinó que siete de
los ocho acusados son culpables de llevar a cabo el asesinato, y tres
fueron declarados culpables del intento del asesinato de Gustavo Castro,
ambientalista mexicano.
Foto de Revistazo.com
Uno
de los acusados fue absuelto. Las autoridades hondureñas aún no han
identificado los autores intelectuales del crimen, como fue resaltado en
un comunicado publicado por la familia Cáceres y el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Además, la
investigación y el juicio se han caracterizado por numerosas
irregularidades preocupantes y la falta de transparencia. Según la
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una
organización de investigación e incidencia que promueve los derechos
humanos en las Américas, el resultado de ayer es un primer paso de
avance, pero las autoridades hondureñas deben garantizar plenamente la
verdad y la justicia e identificar a todos los responsables de
planificar y ordenar el asesinato.
“Aunque
el resultado es un paso positivo y el caso ha avanzado más allá que la
mayoría de casos de asesinatos en Honduras, justicia para la familia de
Berta Cáceres está lejos de ser alcanzada”, indicó Adriana Beltrán,
directora del programa en WOLA sobre Seguridad Ciudadana. “El sistema de
justicia hondureño debe demostrar su compromiso con la verdad y la
justicia, perseguir a los autores intelectuales y asegurarse de que la
verdad no sea enterrada”, dijo Beltrán.
En
su fallo, el tribunal reconocióque el ex presidente de Desarrollos
Energéticos (DESA), David Castillo, un ex oficial de inteligencia
militar entrenado en Estados Unidos, se había coordinado con el acusado
para llevar a cabo el asesinato de Berta. Castillo está enfrentando un
juicio separado. Como ecologista y defensora de los derechos humanos
reconocida internacionalmente, Cáceres lideró una importante campaña
contra un proyecto de represa hidroeléctrica financiado
internacionalmente en un río sagrado para el pueblo Lenca. El proyecto
de la presa de Agua Zarca se otorgó a DESA sin el consentimiento de la
comunidad Lenca.
Nota relacionada Sentencia por caso de Berta Cáceres prueba estructura criminal detrás de su asesinato: CEJIL
Además,
el juicio estuvo plagado de alegatos de negligencia y falta de
transparencia. Las autoridades se negaron a compartir evidencia crítica
con el equipo legal de la familia y, en un caso, se excluyeron de los
procedimientos y se les asignó un fiscal estatal para que los
representara. Las múltiples irregularidades causaron que el juicio se
retrasara varias veces después que iniciara el 17 de septiembre.
La
indignación por el asesinato de Berta y su clara conexión con su
importante trabajo atrajeron una gran atención a nivel internacional.
Las condenas del juicio de ayer son el resultado de una inmensa presión
nacional e internacional para buscar justicia para Berta y revelar la
verdad detrás de su muerte. Sin embargo, Honduras sigue siendo uno de
los lugares más peligrosos para defensoras y defensores de los derechos
humanos, y la gran mayoría de los delitos contra estos defensores quedan
impunes.
“El
asesinato de Berta y la investigación que siguió reflejan cuán profundo
debe ir el gobierno hondureño para garantizar que los defensores de los
derechos humanos y de la tierra puedan hacer su importante trabajo sin
sufrir consecuencias”, dijo Beltrán.
Sentencia por caso de Berta Cáceres prueba estructura criminal detrás de su asesinato: CEJIL
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
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El
equipo de expertas apuntó que en lo que refiere a la participación
política, aunque se ha visto un aumento de la representación de mujeres
en cargos públicos, “las mujeres provenientes de grupos desfavorecidos,
siguen estando muy poco representadas en todos los ámbitos de la vida
política y publica”. 
