LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS Y JUSTICIA PARA LOS MÁRTIRES DE AYER Y DE HOY
Con los años ochenta del siglo pasado, llego la democracia constitucional, acabó la dictadura militar, pero no la militarización del país, los militares retornaron a sus cuarteles hasta los años noventa. Pero también llegó la persecución, cárcel, tortura, exilio, desaparición y muerte que llenó de dolor y luto permanente a cientos de familias hondureñas que aún claman por justicia, mientras los culpables viven tranquilos y disfrutan del reconocimiento y respeto de un pueblo a quien se empeñan en borrarle sus recuerdos y su memoria. Por eso, no es extraño que, algunos de esos culpables, ante su féretro se exalte su persona y se le llene de reconocimientos por el bien aportado a la patria, mientras sus crímenes y los familiares de las víctimas siguen a la espera de que algún día se termine la impunidad.
Llegamos a siglo XXI con el dolor amortiguado por los años, pero nuevamente un golpe de Estado y un pueblo enardecido en las calles reclamando el regreso del presidente derrocado. Otra vez la persecución, la cárcel, la tortura, el exilio y la muerte de cientos de hondureños y hondureñas víctimas de su deseo de respeto a la constitución y a las leyes.
A partir de entonces, fraudes electorales, reelección inconstitucional y gobierno caracterizado por la represión y por la militarización de la sociedad han provocado más víctimas a través de las reiteradas prácticas que como únicas armas saben emplear los gobiernos dictatoriales para imponerse, acallar las voces de un pueblo insumiso e indefenso y llenar de luto y dolor a más familias hondureñas.
38 son las y los hondureños muertos durante la represión contra los manifestantes que rechazaban el fraude electoral y la reelección ilegal; más de 300 personas han tenido que salir al exilio, 165 criminalizados por razones políticos, de los cuales se defienden en libertad 160 y 5 aún permanecen presos sobreviviendo en cárceles de máxima tortura y en condiciones de irrespeto a su condición de seres humanos.
El régimen usurpador niega su condición de presos políticos y los acusa de delincuentes comunes, porque para ellos, el pueblo no tiene derecho a manifestar su rabia, su descontento e impotencia ante tanto abuso, e irrespeto a la voluntad de miles de ciudadanos.
Los que han logrado salir de la cárcel y aún se defienden en libertad, sufren igual que otros, de persecución y amenazas. Las muertes de jóvenes, con claros mensajes de intimidación y advertencia, nos hacen concluir que continúa activado un Estado represor. Por eso, creemos necesario ampliar el actual Comité de Presos Políticos para continuar exigiendo justicia a los mártires de ayer y de hoy.
CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO (CCC)
COMITÉ NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS
Tegucigalpa, 27 de diciembre del 2018
Fuera JOH: resumen 2018
Por: Oscar Miguel Marroquín
Antes
que se nos vaya el presente año, he querido presentar a la sociedad los
diez actos de corrupción, narcotráfico en impunidad ocurridos en
Honduras y que los medios tarifados hacen ingentes esfuerzos por ocultar
con la finalidad de oxigenar al que neciamente se hace llamar
presidente, aunque todo un pueblo no lo reconozca.
Entremos pues, en materia de información:
En
tierras extrañas es capturado Fabio Lobo por actos de narcotráfico ya
probados y juzgados por la justicia norteamericana, recuerde el amigo
lector que Fabio Lobo es hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa
(Partido Nacional)
En
Miami es capturado Tony Hernández hermano de padre y madre nada menos
que del que se hace llamar presidente de Honduras, más conocido como
Juan Orlando Hernández JOH por la Drug Enforcement Administration (DEA)
por considerarlo uno de los capos del narcotráfico más peligrosos de
toda el área centroamericana, este guarda prisión en una cárcel
neoyorquina a la espera de ser juzgado por el juez Peter Kevin Castel ;
este juez denegó a Tony Hernández la posibilidad de salir de la cárcel
bajo fianza, en otras palabras el juez Castel no aceptó como fianza los
diez millones de dólares ofrecidos por el representante legal que
defiende a Tony Hernández por el caso 15-CR-379.
La
esposa del expresidente Porfirio Lobo Sosa (partido Nacional), Rosa
Elena Bonilla de Lobo guarda prisión en una cárcel hondureña, nada menos
que por actos de corrupción, “mi Rosa” como la llama Pepe Lobo
enfrentara la justicia en próximos meses.
El
hermano de Porfirio Lobo Sosa expresidente de Honduras; Ramón Lobo Sosa
y también Wilfredo Cerrato quien fuera ministro de la Administración y
Gestión Financiera Presidencial han sido señalados por la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) por actos
de corrupción, ambos son acusados de haberse embolsado un poco más de
cuatro millones de lempiras.
El
expresidente de Honduras Rafael Leonardo Callejas (Partido Nacional)
enfrentará cargos por robo a la Federación Internacional de Futbol
Asociado FIFA, la jueza Pamela K. Chen dictará sentencia el 12 de
febrero de 2019; Callejas goza de libertad condicional después de haber
pagado una fianza de cuatro millones de dólares.
Partidario
del Partido Nacional y del Partido Liberal han sido denunciados por la
MACCIH en el caso denominado Pandora I, por haberse apropiado de al
menos 282 millones de lempiras el equivalente a 11.7 millones de
dólares.
En
el caso Pacto de Impunidad los diputados del Congreso Nacional Augusto
Domingo Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia
Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez
Saravia y otros han sido señalados por la MACCH por el delito de
Malversación de Caudales Públicos, relacionado al manejo de fondo
sociales.
El
narcotraficante hondureño, Devis Leonel Rivera Maradiaga, alias el
Cachiro, afirmó en una corte de Nueva York haber pagado fuertes
cantidades de dinero al expresidente Porfirio Lobo Sosa, para que este
le brindara protección. En estas declaraciones aparece el nombre del
actual Ministro de Seguridad Julián Pacheco quien prestaba seguridad a
las acciones licitas de los Cachiros.
La
MACCIH da a conocer el caso de corrupción por un monto de casi un
millón de dólares Arca Abierta en el que se señalan a los diputados:
JUAN CARLOS VALENZUELA MOLINA, GLADIS AURORA LÓPEZ CALDERÓN, GUSTAVO
ALBERTO PÉREZ CRUZ, WELSY MILENA VÁSQUEZ LÓPEZ y MILTON JESÚS PUERTO
OSEGUERA y a los exdiputados CARLOS HUMBERTO BONILLA AGUIRIANO, AUDELIA
RODRÍGUEZ RODRIGUEZ, EDWIN ROBERTO PAVÓN LEÓN, HERNÁN ENRIQUE VINDEL
MOURRA, FABRICIO PUERTO OSEGUERA, OSCAR ARTURO ALVAREZ GUERRERO.
Por
todo esto y más miles de hondureños y hondureñas huyen de su país en
caravana a hacia los Estados Unidos ante la falta de seguridad, empleo y
por el alto incremento de la pobreza y miseria en la que viven millones
de personas en todo el país, ante esta masiva acción el gobierno de los
EE. UU. acusa a JOH de ser el responsable directo de tanta corrupción
en Honduras.
Ante
esto y más, creo que la oposición política, si es que realmente la hay,
debería colocarse al frente de una verdadera insurrección pacifica o
no, junto a otros sectores sociales con el fin de poner sacar de casa
presidencial a quien está colocando a Honduras como uno de los países
más pobres de todo el planeta.
No llevar acciones contra esta situación es convertirse en un cómplice más de JOH.
COFADEH: 36 AÑOS DE MEMORIA, HACIENDO HISTORIA
Plaza Los Desaparecidos- tegucigalpa
foto: Cesario PadillaA Berta Oliva y mis demás compañeras
Por: Felix Cesario/ poeta, periodista e histórico defensor de ddhh
Fue por
aquellos “Tiempos del Terror”, bien lo recordamos, cuando secuestraron y
desaparecieron a compañeros y compañeras, con quienes compartí una
plática, un puño en alto en una manifestación, la lucha por una Honduras
mas digna. Así se me vienen nombres como Tomas Nativí, Fidel Martínez,
Roberto Fino, María Ediltrudis Montes, Samuel Pérez, Hilda Rosa Cerrato.
Fue
cuando aparecieron como un milagro, las mujeres de las pañoletas
blancas, amorosas, amantes amparables del Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Fueron, son y seguirán
siendo como un refugio, como el único regazo en donde los perseguidos
encontramos reposo seguro y tierno.
La
memoria nos recuerda que no fue antes ni después, que estos ángeles de
la guarda de las y los desesperados en la huida del pavor, se pararon en
seco desde aquel 30 de noviembre de 1982, ante
el tufo de los emisarios de la muerte. Los ángeles de los pañuelos
blancos nos curaron las heridas del alma, nos equilibraron la psicosis
del miedo, es de hombre y de mujeres luchadoras confesar nuestros
temerarios miedos- y después nos saciaron nuestras soledades de
luchadores y luchadoras para ser colmados de una paz segura y defendidos
ante jueces que siempre eran superiores a la justicia y perros fieles a
los empresarios de la muerte.
Aquellas mujeres que yo conocí, hace apenas 36 años, son las mismas niñas de hoy a quienes se les ve cada primer viernes de mes imponetes, seguras, amorosas musicables, indignadas siguen diciendo las cosas por su nombre “ni olvido ni Perdón” en la Plaza de la Merced contiguo al palacio del deshonor legislativo y, sin decir palabra estan alli, implacables, esperando al padre, al esposo, a la esposa, a la hermana, al hijo del hijo, que “Por orden superior” secuestraron y desaparecieron y mataron.
La
memoria se hace grande, eterna, al recordar a quienes, de alguna manera u
otra, con el arfte, con la denuncia de compañeros y compañeras
periodistas dignos de esa generación que reporteo entre fusiles y
amenazas. Recordará a un Daniel Gonzalez “Jeronímo”, con su guitarra
amparándolas con su trova, una Juana Pavón y de igual manera aún ven y
escuchan al poeta de la ternura declamando ese “Secreto de Estado “.
Ellas
están allí, bajo el agua, bajo el sol, frente a los sarcasmos de las y
los amigos de los asesinos. Ellas indiferentes están allí, estarán allí,
esperando la respuesta ¿A dónde carajos se llevaron a nuestros desaparecidos y desaparecidas? Seguiremos aquí implacables, junto a ellas, con la puntualidad impávida ante el tiempo.
Porque
permanecen en nuestra memoria seguirá la espera así sea, así será.
Bienaventurados sean los que son perseguidos por el terror, porque en
COFADEH serán protegidos y conservarán su pensamiento, aunque se nos
vaya la vida.
Esperanza y amor en un espacio vacío
Actos durante la Semana del Internacional Detenido Desaparecido, Casa Presidencial 27-05-1992
Foto: Archivo del COFADEH
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
Muchas familias en este día guardan un espacio para alguien que
esperan, sin saber cuándo volverá. Las respuestas se las han llevado a
la tumba muchos de los perpetradores de violaciones a derechos humanos.
Uno de
los más recientes que se fue con esa deuda pendiente fue el primer
presidente de la supuesta era democrática, Roberto Suazo Córdoba
(1982-1986), enterrado ayer en su natal La Paz, y con su cuerpo se
sepultó parte de la esperanza de tener un informe sobre los detenidos
desaparecidos por razones políticas en la guerra fría.
La navidad mantiene la esperanza en
familias que han sido rotas, exiliadas y entristecidas. Las madres,
esposas, hijos e hijas de los Detenidos Desaparecidos no fueron vencidas
en la búsqueda de verdad y justicia. 
George W. Bush y Suazo Córdoba (1985)
En la década de los ochenta, no había
fecha específica para los ejecutores de la Doctrina de Seguridad
Nacional (DSN), implementada por el gobierno de los Estados Unidos de
América, bajo el mando de Ronald Reagan y como vicepresidente, George Bush (padre), y Suazo Córdoba siguiendo línea “contra guerrilla”.
En las vísperas de Navidad de 1984 fue detenido desaparecido el periodista y defensor de derechos humanos José Eduardo López, quedó de encontrarse con su esposa Nora Melara para volver juntos a celebrar la nochebuena con sus hijos, y ya no lo volvieron a ver.
En las vísperas de Navidad de 1984 fue detenido desaparecido el periodista y defensor de derechos humanos José Eduardo López, quedó de encontrarse con su esposa Nora Melara para volver juntos a celebrar la nochebuena con sus hijos, y ya no lo volvieron a ver.
Un día me dijo, si alguna vez me hacen daño, si me matan, quiero que pongas en mi tumba “aquí yace Eduardo López, un hombre que creyó que todo ser humano merecía vivir con dignidad, salud, empleo, comida, techo y educación”. Él seguiría peleando por esos derechos. Nora MelaraSegún la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, ignorando si la víctima vive aún y, de ser así ¿dónde se encuentra recluida? ¿en qué condiciones? y ¿cuál es su estado de salud?. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor.
Plaza Los Desaparecidos- tegucigalpa
foto: Cesario Padilla Tres décadas después, la figura de desaparición forzada volvió, los mismos actores, sin juicio y sin castigo. Hay más familias además de las 184 de la década de los 80, al menos una docena en el marco del golpe de Estado del 2009, y una familia víctima durante el “toque de queda” en el fraude electoral del 2017, que no volvió a saber de Manuel de Jesús Bautista Salvador.
Así como las 34 familias de las víctimas de asesinatos políticos en diciembre del año pasado y enero del 2018. Tal es el caso de Walter Lemus, quién en las vísperas de Navidad estaba escuchando canciones alusivas a la oposición,en eso unas personas en motocicleta le dispararon.
Cómo pudo llegó a su casa la nochebuena y luego traslado a un hospital, dónde expiró el 24 de diciembre.
Me parece que por eso le vino la muerte a mi perrito (como de cariño le llamaba), por el partido que él entregó su corazón y ahora entregó su vida”, expresó Nely Gómez, su esposa, a Defensores en Linea, recién pasados los hechos.
Así mismo, hay cinco presos políticos en los centros penitenciarios de El Pozo (Santa Bárbara), La Tolva (El Paraíso), ambos de máxima seguridad. Granja penal de El Progreso (Yoro), y la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (Francisco Morazán). Y un abrazo exiliado político en Costa Rica, el líder estudiantil Eduardo Urbina, quién cumplió un año de no ver a su familia.
Es la noche de navidad, cientos de familias carecen de un abrazo, y sobra la falta de voluntad política para que haya verdad y justicia, los derechos a los que las víctimas de lesa humanidad apelan.
No guardamos odio, porque no somos como ellos, ni deseamos males, guardamos amor para nuestros parientes, deseamos justicia, ha declarado la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización insigne en la defensa de derechos humanos que arribó a 36 años sembrando memoria.
En
ese sentido, ambas organizaciones de Sociedad Civil, exigieron a las
autoridades que cese la persecución contra los 300 exiliados, asimismo,
piden puntualmente una sentencia por los 38 asesinatos de los que aún no
se presenta un requerimiento fiscal de parte del Ministerio Público, y
además, que se libere a los cinco presos políticos en cárceles de máxima
seguridad, construidas para personas altamente peligrosas.
La
Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité Nacional por la
Liberación de Presos políticos, ante la inveterada impunidad ahora
fortalecida por la destrucción del Estado de Derecho, expresa ante la
opinión pública en general y a la comunidad internacional en particular,
nuestra exigencia del cese de la persecución, el retorno a su patria de
los exiliados políticos, libertad para los presos políticos y justicia
para los mártires.
El
presidente de Monarca, Roberto Ramón Castillo (foto), primo del
expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien está preso en EE.UU., por
el escándalo del “FIFAGATE”, advirtió que el gobernante Partido
Nacional, recibirá un duro golpe con extradiciones.
En ese contexto, cabe recordar que recientemente el hermano del actual gobernante, Antonio “Tony” Hernández, es señalado por vínculos con el grupo criminal los “Cachiros”, y recientemente, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, vinculó a Óscar Álvarez y Armando Calidonio con esa misma organización.
“Enfrentarnos la terrible noticia que el ortopeda nos dice que probablemente yo ya no voy a tener ningún movimiento en mi brazo”, lamenta Sierra, al recordar la tomografía que demuestra la destrucción de una parte de su codo.
Geovanny y su familia profesan la religión cristiana evangélica, en ese sentido, el comunicador considera que las oraciones de su hermana lograron que al salir de su segunda cirugía, el médico les dijeran que “sorprendentemente lo que él pensaba que era hueso deshecho eran esquirlas del proyectil”.
“Luego me dijo que si habían buenas noticias que con varias cirugías yo podía nuevamente recuperar los movimientos quizás no a un cien por ciento”.
Hasta la fecha, los agentes penitenciarios responsables del atentado siguen si enfrentarse a proceso penales o administrativos, sin embargo, en el chat oficial de prensa del Instituto Nacional Penitenciario, el sub director del ente, German McNiel, manifestó a un grupo de periodistas: “de mi parte actuaron muy bien, no íbamos a permitir que liberaran privados de libertad ni que continuaran dañando la propiedad del Estado amparados en marchas violentas”.
Para el periodista Andrés Molina es altamente preocupante que la impunidad sea una de las características de los hechos de violencia contra la sociedad en general y en contra de los comunicadores sociales y periodistas.
“Nosotros condenamos la impunidad y exigimos que se pongan a disposición de los Tribunales a las personas que hirieron a Geovanny, número uno, y número dos que el Estado se vaya preparando para un resarcimiento del daño porque no es posible que a las personas a quienes les compramos armas, le pagamos el salario, agradan al mismo pueblo”, comenta Molina, quien es parte de Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-.
En el “Informe Situacional DDH 2018”, ACI PARTICIPA destaca que el miércoles primero de agosto del año 2018, la periodista Gisell Grandez del periódico www.conexihon.hn, fue agredida por varios policías antimotines quienes, además, le robaron su celular, mientras brindada cobertura noticiosa a una represión en Ciudad Universitaria de la capital del país.
Además se destaca que el reportero gráfico de Diario El Heraldo, Emilio Flores, fue agredido por miembros de la Policía Nacional mientras realizaba su labor periodística en una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Flores se separó del grupo, pero fue perseguido por varios policías que le exigieron que entregara su equipo de trabajo y que se quitara la máscara con la que se protegía de los efectos del gas lacrimógeno. Ante su negativa a entregar su equipo de trabajo los policías comenzaron a golpearlo en la espalda con un tolete”, describe el informe.
En ese contexto de agresiones y ataques directos a la prensa, se encuentra en total impunidad el atentado contra el periodista Geovanny Sierra, quien avanza en un proceso de recuperación lento y apoyado con la solidaridad económica de sus familiares y amigos, quienes se han visto en la necesidad de realizar noches benéficas para sufragar los gastos médicos.
“No se me permite saber cuál es el nombre de los ocho elementos policiales que iban en ese bus, qué tan difícil es saber el nombre de los que iban en ese bus, donde supuestamente llevaban reos de alta peligrosidad como dicen ellos, en los videos se ha mostrado que es completamente mentira, los que iban ahí eran agentes Cobras”, denuncia Sierra, al manifestar que la solidaridad le llena de confianza y optimismo para lograr recuperarse.
foto: Cesario Padilla Tres décadas después, la figura de desaparición forzada volvió, los mismos actores, sin juicio y sin castigo. Hay más familias además de las 184 de la década de los 80, al menos una docena en el marco del golpe de Estado del 2009, y una familia víctima durante el “toque de queda” en el fraude electoral del 2017, que no volvió a saber de Manuel de Jesús Bautista Salvador.
Así como las 34 familias de las víctimas de asesinatos políticos en diciembre del año pasado y enero del 2018. Tal es el caso de Walter Lemus, quién en las vísperas de Navidad estaba escuchando canciones alusivas a la oposición,en eso unas personas en motocicleta le dispararon.
Cómo pudo llegó a su casa la nochebuena y luego traslado a un hospital, dónde expiró el 24 de diciembre.
Me parece que por eso le vino la muerte a mi perrito (como de cariño le llamaba), por el partido que él entregó su corazón y ahora entregó su vida”, expresó Nely Gómez, su esposa, a Defensores en Linea, recién pasados los hechos.
Así mismo, hay cinco presos políticos en los centros penitenciarios de El Pozo (Santa Bárbara), La Tolva (El Paraíso), ambos de máxima seguridad. Granja penal de El Progreso (Yoro), y la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto (Francisco Morazán). Y un abrazo exiliado político en Costa Rica, el líder estudiantil Eduardo Urbina, quién cumplió un año de no ver a su familia.
Es la noche de navidad, cientos de familias carecen de un abrazo, y sobra la falta de voluntad política para que haya verdad y justicia, los derechos a los que las víctimas de lesa humanidad apelan.
No guardamos odio, porque no somos como ellos, ni deseamos males, guardamos amor para nuestros parientes, deseamos justicia, ha declarado la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización insigne en la defensa de derechos humanos que arribó a 36 años sembrando memoria.
GENERAL GOLPISTA ROMEO VÁSQUEZ NEGOCIA VOTO DE MILITARES
- Publicado: 22 Diciembre 2018
El
general y presidente del partido Alianza Patriótica Hondureña (APH),
Romeo Vásquez (foto), negocia que apoyará el proceso de reformas
electorales si el Congreso Nacional reforma el artículo 37 de la
Constitución para que los militares puedan ejercer el sufragio.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El general golpista y excandidato presidencial del partido Alianza
Patriótica, Romeo Vásquez Velásquez, ha dicho que está dispuesto a
apoyar el proceso de reformas electorales, si el Congreso Nacional
reforma la Constitución para que los militares y policías puedan ejercer
el sufragio.
El
castrense, que en 2009 protagonizó el génesis de una crisis que no se
ha podido superar, dijo que “es obvio que nosotros condicionamos el
apoyo a las reformas a cambio que nos ayuden a impulsar el voto para
policías y militares”.
Según
el general, “ejercer el sufragio es un derecho humano, por lo que la
Constitución de la República no se puede contradecir, ya que por un lado
establece que todos tenemos deberes y derechos y por el otro le quita a
militares y policías la posibilidad de votar”.
Vásquez,
explicó que los cambios que están proponiendo para el proyecto de
reforma serán proseguidos hasta que lleguen al Congreso. No obstante,
añadió que su partido va a respetar la voluntad de las mayorías, “porque
estamos en democracia”.
Cabe
destacar que para que la reforma sea aprobada, el Congreso deberá
contar con 86 votos, ya que se trata de una reforma constitucional.
El
artículo que Vásquez pide cambiar es el número 37, que trata sobre los
derechos del ciudadano, que en su último párrafo especifica que “Los
ciudadanos de alta en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del
Estado no podrán ejercer el sufragio, pero si serán elegibles en los
casos no prohibidos por la Ley”.
GOBIERNO DE HONDURAS ES INDIFERENTE A CRÍMENES ELECTORALES DE 2017
- Publicado: 27 Diciembre 2018
La
Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité Nacional por la
Liberación de Presos Políticos, lamentó hoy en conferencia de prensa,
que el Gobierno de Honduras aún no da respuesta sobre los crímenes
contra la población que se manifestó en las calles por el resultado
electoral.
Según
estos organismos de sociedad civil, la crisis dejó 38 muertos, 300
exiliados, y 165 criminalizados, de los cuales 160 se defienden en
libertad y cinco permanecen encerrados en cárceles de máxima seguridad,
construidas para personas altamente peligrosas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Un total de 38 asesinados, 300 exiliados y 165 personas criminalizadas,
fue el resultado de la crisis que se instaló con las pasadas elecciones
presidenciales en 2017. Comicios muy cuestionados por organismos
internacionales y sectores políticos de oposición, las cifras
anteriores, son las que el Gobierno de Honduras no quiere reconocer.
En
ese contexto, la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité
Nacional por la Liberación de Presos políticos, han lamentado hoy en
conferencia de prensa, que el Gobierno no está interesado en hacer
justicia para los mártires.
De
acuerdo a informes de organismos de Derechos Humanos, al menos 21 de
esas 38 víctimas, perdieron la vida mientras participaban en
manifestaciones contra la reelección, la cifra es reconocida incluso por
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH).
En
ese sentido, ambas organizaciones de Sociedad Civil, exigieron a las
autoridades que cese la persecución contra los 300 exiliados, asimismo,
piden puntualmente una sentencia por los 38 asesinatos de los que aún no
se presenta un requerimiento fiscal de parte del Ministerio Público, y
además, que se libere a los cinco presos políticos en cárceles de máxima
seguridad, construidas para personas altamente peligrosas.
“El
régimen usurpador niega su condición de presos políticos y los acusa de
delincuentes comunes, porque para ellos, el pueblo no tiene derecho a
manifestar su rabia, su descontento e impotencia ante tanto abuso, e
irrespeto a la voluntad de miles de ciudadanos”, dicta el comunicado.
Cabe
destacar que precisamente tanto la OACNUDH, como otros organismos
humanitarios internacionales, pidieron al Gobierno que evitara enviar a
las Fuerzas Armadas para controlar las protestas; sin embargo, el
régimen ignoró esos señalamientos.
A continuación el comunicado de forma íntegra:
LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLÍTICOS Y JUSTICIA PARA LOS MÁRTIRES DE AYER Y DE HOY
La
Convergencia Contra el Continuismo (CCC) y el Comité Nacional por la
Liberación de Presos políticos, ante la inveterada impunidad ahora
fortalecida por la destrucción del Estado de Derecho, expresa ante la
opinión pública en general y a la comunidad internacional en particular,
nuestra exigencia del cese de la persecución, el retorno a su patria de
los exiliados políticos, libertad para los presos políticos y justicia
para los mártires.
Con
los años ochenta del siglo pasado, llego la democracia constitucional,
acabó la dictadura militar, pero no la militarización del país, los
militares retornaron a sus cuarteles hasta los años noventa. Pero
también llegó la persecución, cárcel, tortura, exilio, desaparición y
muerte que llenó de dolor y luto permanente a cientos de familias
hondureñas que aún claman por justicia, mientras los culpables viven
tranquilos y disfrutan del reconocimiento y respeto de un pueblo a quien
se empeñan en borrarle sus recuerdos y su memoria.
Por
eso, no es extraño que, algunos de esos culpables, ante su féretro se
exalte su persona y se le llene de reconocimientos por el bien aportado a
la patria, mientras sus crímenes y los familiares de las víctimas
siguen a la espera de que algún día se termine la impunidad.
Llegamos
a siglo XXI con el dolor amortiguado por los años, pero nuevamente un
golpe de Estado y un pueblo enardecido en las calles reclamando el
regreso del presidente derrocado. Otra vez la persecución, la cárcel, la
tortura, el exilio y la muerte de cientos de hondureños y hondureñas
víctimas de su deseo de respeto a la constitución y a las leyes.
A
partir de entonces, fraudes electorales, reelección inconstitucional y
gobierno caracterizado por la represión y por la militarización de la
sociedad han provocado más víctimas a través de las reiteradas prácticas
que como únicas armas saben emplear los gobiernos dictatoriales para
imponerse, acallar las voces de un pueblo insumiso e indefenso y llenar
de luto y dolor a más familias hondureñas.
38
son las y los hondureños muertos durante la represión contra los
manifestantes que rechazaban el fraude electoral y la reelección ilegal;
más de 300 personas han tenido que salir al exilio, 165 criminalizados
por razones políticos, de los cuales se defienden en libertad 160 y 5
aún permanecen presos sobreviviendo en cárceles de máxima tortura y en
condiciones de irrespeto a su condición de seres humanos.
El
régimen usurpador niega su condición de presos políticos y los acusa de
delincuentes comunes, porque para ellos, el pueblo no tiene derecho a
manifestar su rabia, su descontento e impotencia ante tanto abuso, e
irrespeto a la voluntad de miles de ciudadanos.
Los que han logrado salir de la cárcel y aún se defienden en libertad, sufren igual que otros, de persecución y amenazas.
Las
muertes de jóvenes, con claros mensajes de intimidación y advertencia,
nos hacen concluir que continúa activado un Estado represor. Por eso,
creemos necesario ampliar el actual Comité de Presos Políticos para
continuar exigiendo justicia a los mártires de ayer y de hoy.
CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO (CCC)
COMITÉ NACIONAL DE PRESOS POLÍTICOS
Tegucigalpa, 27 de diciembre del 2018
PARTIDO NACIONAL SERÁ AZOTADO POR EXTRADICIONES, ADVIERTE ROBERTO RAMÓN CASTILLO
- Publicado: 27 Diciembre 2018
El
presidente de Monarca, Roberto Ramón Castillo (foto), primo del
expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien está preso en EE.UU., por
el escándalo del “FIFAGATE”, advirtió que el gobernante Partido
Nacional, recibirá un duro golpe con extradiciones.En ese contexto, cabe recordar que recientemente el hermano del actual gobernante, Antonio “Tony” Hernández, es señalado por vínculos con el grupo criminal los “Cachiros”, y recientemente, el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, vinculó a Óscar Álvarez y Armando Calidonio con esa misma organización.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El presidente del Movimiento Nacional Rafael Callejas (Monarca),
Roberto Ramón Castillo, advirtió que el Partido Nacional, será golpeado
próximamente con más acusaciones e incluso extradiciones a Estados
Unidos.
El
dirigente nacionalista dijo esto en el contexto más reciente, en el que
su partido está siendo visto por los hondureños, desde hace varios años
como el único instituto político que practica la corrupción.
Ramón
Castillo, primo del expresidente (1990-1994), Rafael Leonardo Callejas,
quien está siendo acusado en Estados Unidos, junto a Alfredo Hawitt por
participar en el escandaloso caso de corrupción “FIFAGATE”, dijo que su
familiar, también siente preocupación por la situación actual del país.
El
dirigente nacionalista, citó: “Está preocupado por la situación de país
que es crítica y la parte económica y social, y tantas acusaciones
contra gente del Partido Nacional y eso crea una posición en el pueblo
hondureño que hoy por hoy el Partido Nacional es el único corrupto”.
Todo
lo anterior, se enmarca en un contexto donde la Misión de Apoyo Contra
la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ha desvelado ya su
octavo golpe a malos funcionarios, ligando a importantes figuras de ese
partido, sobre todo en los casos “Pandora” y el más reciente “Arca Abierta”.
Cabe
destacar que además, la captura Antonio “Tony” Hernández, hermano del
gobernante Juan Hernández, ha puesto en alerta a los nacionalistas, ya
que la justicia de EE.UU. vincula a éste con el cartel de droga “los
Cachiros” y ser catalogado como un narcotraficante a gran escala.
Además,
en trabajo conjunto entre la prensa alternativa hondureña, el
exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid, confirmó que
los exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad en el Gobierno de
Porfirio Lobo, Óscar Álvarez y Armando Calidonio, actual alcalde de San
Pedro Sula, tienen nexos muy fuertes con “los Cachiros”, según su investigación.
Por
todo lo anterior y ante el inminente cambio en los puestos de Gobierno,
Castillo reflexionó que si las personas mencionadas en corrupción o
vínculos al narcotráfico, “deberían también poner su renuncia a ser miembros del Comité Central”.
El
presidente de Monarca alegó que el comité regidor de los nacionalistas,
“tiene muchos sombreros y eso no es bueno ni sano para un partido como
el nuestro que ha hozado una verdadera crisis política”. Sentenció que
de momento no aceptará un cargo público porque ostenta luchar por
recuperar al partido.
En la impunidad continúa atentado contra periodista Geovanny Sierra
El 26 de noviembre de 2017, agentes de la Policía Penitenciaría dispararon contra una manifestación que conmemoraba el primer año del fraude electoral. Las balas de los policías alcanzaron el cuerpo del periodista de Une TV, Geovanny Sierra; el disparo impactó el codo de Sierra.“Enfrentarnos la terrible noticia que el ortopeda nos dice que probablemente yo ya no voy a tener ningún movimiento en mi brazo”, lamenta Sierra, al recordar la tomografía que demuestra la destrucción de una parte de su codo.
Geovanny y su familia profesan la religión cristiana evangélica, en ese sentido, el comunicador considera que las oraciones de su hermana lograron que al salir de su segunda cirugía, el médico les dijeran que “sorprendentemente lo que él pensaba que era hueso deshecho eran esquirlas del proyectil”.
“Luego me dijo que si habían buenas noticias que con varias cirugías yo podía nuevamente recuperar los movimientos quizás no a un cien por ciento”.
Hasta la fecha, los agentes penitenciarios responsables del atentado siguen si enfrentarse a proceso penales o administrativos, sin embargo, en el chat oficial de prensa del Instituto Nacional Penitenciario, el sub director del ente, German McNiel, manifestó a un grupo de periodistas: “de mi parte actuaron muy bien, no íbamos a permitir que liberaran privados de libertad ni que continuaran dañando la propiedad del Estado amparados en marchas violentas”.
Para el periodista Andrés Molina es altamente preocupante que la impunidad sea una de las características de los hechos de violencia contra la sociedad en general y en contra de los comunicadores sociales y periodistas.
“Nosotros condenamos la impunidad y exigimos que se pongan a disposición de los Tribunales a las personas que hirieron a Geovanny, número uno, y número dos que el Estado se vaya preparando para un resarcimiento del daño porque no es posible que a las personas a quienes les compramos armas, le pagamos el salario, agradan al mismo pueblo”, comenta Molina, quien es parte de Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos –CIPRODEH-.
“Policías y militares perfilan y agreden periodista”
En su último informe sobre la situación de derechos humanos, durante el año 2018, la Asociación para una Ciudadanía Participativa, ACI PARTICIPA, destaca que policías y militares agreden y perfilan a periodistas.En el “Informe Situacional DDH 2018”, ACI PARTICIPA destaca que el miércoles primero de agosto del año 2018, la periodista Gisell Grandez del periódico www.conexihon.hn, fue agredida por varios policías antimotines quienes, además, le robaron su celular, mientras brindada cobertura noticiosa a una represión en Ciudad Universitaria de la capital del país.
Además se destaca que el reportero gráfico de Diario El Heraldo, Emilio Flores, fue agredido por miembros de la Policía Nacional mientras realizaba su labor periodística en una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
“Flores se separó del grupo, pero fue perseguido por varios policías que le exigieron que entregara su equipo de trabajo y que se quitara la máscara con la que se protegía de los efectos del gas lacrimógeno. Ante su negativa a entregar su equipo de trabajo los policías comenzaron a golpearlo en la espalda con un tolete”, describe el informe.
En ese contexto de agresiones y ataques directos a la prensa, se encuentra en total impunidad el atentado contra el periodista Geovanny Sierra, quien avanza en un proceso de recuperación lento y apoyado con la solidaridad económica de sus familiares y amigos, quienes se han visto en la necesidad de realizar noches benéficas para sufragar los gastos médicos.
“No se me permite saber cuál es el nombre de los ocho elementos policiales que iban en ese bus, qué tan difícil es saber el nombre de los que iban en ese bus, donde supuestamente llevaban reos de alta peligrosidad como dicen ellos, en los videos se ha mostrado que es completamente mentira, los que iban ahí eran agentes Cobras”, denuncia Sierra, al manifestar que la solidaridad le llena de confianza y optimismo para lograr recuperarse.
Alarmante violación de derechos humanos registró Honduras durante el 2018
Honduras es conocida como el país más
peligroso del mundo para defender derechos humanos y realizar labores de
defensa del territorio. El golpe de Estado de 2009 y la crisis post
electoral de 2017 han sido detonantes para que la criminalización,
persecución y asesinato de defensores y defensoras haya aumentado.
En 2015, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, CIDH señaló que uno de los graves problemas para los
derechos humanos en el país es la situación de violencia e inseguridad
generalizada, parte de la cual proviene de la Policía Nacional, de la
Policía Militar y del Ejército, “a través del uso ilegítimo de la
fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.
La abogada Brenda Mejía, del área de
investigación y derechos humanos, del Equipo de Reflexión, Investigación
y Comunicación, ERIC, expresa que cerramos el 2018 con una terrible
situación materia de derechos humanos, todo parece que las violaciones
se van fortaleciendo y el Estado propicia esas situaciones al no
investigar, ni castigar a los culpables. Pone de ejemplo el caso de
Berta Cáceres, donde fueron condenados los autores materiales, sin
embargo, de los autores intelectuales poco o nada se dice.
Brenda Mejía detalla que en el país el
principal factor de violación de derechos humanos es la concesión y
entrega del territorio a empresarios nacionales e internacionales.
“Hay comunidades enteras que se han
organizado en torno a la defensa de los bienes naturales, defender el
agua, la tierra, los bosques se ha convertido en una necesidad, sin
embargo, eso ha traído represalias, criminalización, persecución y
muerte”,
“Vemos en Guapinol, en Tocoa, con una
situación bastante difícil donde hay 18 personas con órdenes de captura,
uno de ellos está detenido. Los defensores y defensoras han sido
acusados como grandes criminales, pues sus juicios han sido asignados a
jueces de jurisdicción nacional. Los juicios no son legales, sino que
llevan un mensaje político para desarticular todo aquello que haga
oposición al modelo extractivista”, puntualiza.
La industria mediática se ha puesto al
servicio de estos grupos de poder, quienes buscan posicionar su accionar
como una plataforma que trae desarrollo a las comunidades, sin
mencionar que están generando un impacto negativo a los territorios y
naturaleza.
La campaña mediática ha ido acompañada
de una política de desprestigio hacia varias organizaciones y también
defensores de derechos humanos en particular.
Victorias
Desde el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación, ERIC, se brinda acompañamiento a varios
casos de violaciones de derechos humanos. Casos emblemáticos, como el
Jeannette Kawas, Carlos Luna, y Carlos Escaleras, este último durante el
2018 fue homologado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La crisis electoral del 2017 dejó más de
una veintena de personas detenidas y acusadas arbitrariamente, el ERIC
en coordinación con la Coalición Contra la Impunidad han dado
acompañamiento a esos casos. Brenda Mejía explica que una de las
satisfacciones es que varios de los requerimientos presentados contra
policías y militares que violaron derechos humanos en las protestas de
la crisis post electoral, fueron aceptados, y cuatro de ellos llevados a
los tribunales.
Además, detalla que el principal reto
para el próximo año es seguir acompañando todos estos casos para que no
queden en la impunidad.
“En la mayoría de los casos, sobre todo
en los asesinatos de la crisis post electoral, la fiscalía argumenta
que no se pueden identificar a los culpables porque los policías y
militares andaban con sus rostros tapados, en ese sentido para el 2019
debemos definir cuál será la estrategia para la defensa que conlleve a
la realización de justicia”, explica.
Las organizaciones señalan que Honduras
se encuentra en una situación grave y alarmante de crisis humanitaria,
en donde la población más pobre y empobrecida está huyendo de su tierra
para buscar nuevas y mejores condiciones de vida. Asimismo, indican que
el modelo excluyente y privatizador es uno de los motivos innegables
que permiten entender el fracaso del gobierno hondureño en su misión de
proteger y salvaguardar la dignidad y derechos humanos del pueblo.
Nuevas Alertas
Irma Lemus, reconocida defensora de
derechos humanos en el valle del Aguán, forma parte del Observatorio de
Derechos Humanos y de la Red de Mujeres Campesinas del Aguán, mientras
realizaba un trabajo de acompañamiento a una mujer criminalizada, fue
amenazada por una agente de la DPI, por su trabajo como defensora de
derechos humanos. Lemus, ya ha denunciado amenazas de parte de entes
policiales en distintas ocasiones.
Casos como estos se siguen presentando debido a que la
institucionalidad está secuestrada por grupos criminales que utilizan la
ley para su beneficio personal, en detrimento de los derechos de las
mayorías, denuncian los defensores y defensoras. Honduras estaría poniendo condiciones para trasladar embajada a Jerusalén
Según medio israelí el interés primordial del gobierno de Hernández es que Israel sirva de canal para un contacto más cercano a la administración de Donald Trump.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-De acuerdo a una publicación del sitio web Enlace Judio,
Honduras e Israel se encuentran en una etapa avanzada de negociaciones
respecto al traslado de la embajada del país centroamericano hacia
Jerusalén, e incluso existe ya la consideración de una estructura para
tal propósito.
El
sitio web atribuye la información a un reporte del noticiero
israelí Hadashot, que establece que Honduras ha puesto algunas
condiciones al gobierno de Israel que ha presentado al director del
Ministerio de Asuntos Exteriores, Yuval Rotem, y a la viceministra de la
misma dependencia, Tzipi Hotovely.
Según
Hadashot, el jefe de gobierno de Honduras, Juan Hernández, y el primer
ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habrían sostenido una llamada
telefónica al respecto esta semana, y el gobierno del primero envió para
tal propósito a Israel a un consejero presidencial, dos exministros de
Asuntos Exteriores y al viceministro actual de Exteriores.
Las condiciones que el grupo habría presentado a Israel serían:
- Apertura de una representación israelí en Honduras (cerrada desde la década de los años 90)
- Profundización de lazos económicos
- Ayuda en tecnología cibernética y de combate contra el crimen
- Ayuda de expertos israelíes en agua y agricultura para Honduras
Pero
de acuerdo a fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel
consultados por Hadashot, el interés primordial del gobierno de
Hernández es que Israel sirva de canal para un contacto más cercano a la
administración de Donald Trump.
Un
encuentro entre Netanyahu y Hernández podría ocurrir la próxima semana,
de acuerdo al reporte, en el marco de la toma de posesión del nuevo
presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha prometido que
trasladará la embajada de su país en Israel desde Tel Aviv hacia
Jerusalén, lo que lo convertiría en el 4 país a nivel mundial en
realizar el movimiento, después de EE.UU, Guatemala y Paraguay, si bien
el gobierno de este último país revirtió la decisión.
El
gobierno de Honduras informó hoy miércoles que sigue evaluando el
posible traslado de su embajada en Israel, de la ciudad de Tel Aviv a
Jerusalén.
El
ministro de la Presidencia, Ebal Díaz y el vicecanciller, Isaías
Barahona, dijeron a medios de comunicación que de igual forma Israel
estudia la probable apertura de su embajada en Tegucigalpa.
“La
embajada en Jerusalén está siendo valorada bajo un análisis del
contexto nacional e internacional y en el futuro se informará sobre la
decisión que se tome”, señaló Díaz.
Comunicado del gobierno de Honduras
En
diciembre del año pasado la Asamblea General de la OEA aprobó una
resolución en rechazo de la decisión del gobierno de los Estados Unidos,
de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. En
aquella oportunidad y mientras Juan Hernández, no había sido reconocido
por el mundo como ganador de las elecciones por las dudas en los
resultados, Honduras votó a favor de la decisión de Donald Trump, lo que
a juicio de muchos analistas políticos, fue una medida para
congraciarse con la nación del norte y acelerar su reconocimiento.
Noticia Relacionada: Gobierno de Honduras sumiso ante EE.UU. en votación de la ONU
En
abril del 2018, el Congreso Nacional (CN) aprobó una moción del
diputado nacionalista, Tomás Zambrano, para exhortar a la secretaría de
Relaciones Exteriores con la finalidad de trasladar la embajada de
Honduras a Jerusalén.
CNA presentará tres nuevas líneas de investigación de alto impacto
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
El arribo de los restos del joven Edwin Reiniery Salgado Sierra estuvo asediado por los medios de comunicación.
Tegucigalpa.-
En el primer trimestre de 2019, el Consejo Nacional Anticorrupción
(CNA) presentará tres nuevas líneas de investigación en casos de
corrupción, anunció hoy lunes la directora ejecutiva de esta
organización, Gabriela Castellanos.
Hasta
diciembre de 2018 el CNA ha entregado un total de 80 líneas de
investigación que generaron un impacto económico de más de 3.122
millones de lempiras al Estado de Honduras. La Fiscalía judicializó 15
de estos casos, según Castellanos.
La
titular del CN agregó que: “De manera responsable podemos decir a la
población de que el CNA seguirá investigando y para el primer trimestre
del próximo año estaremos entregando dos o tres líneas más que ya
estamos concluyendo”.
Castellanos
dijo que estas investigaciones son de alto impacto e involucra a
funcionarios y exfuncionarios de diferentes partidos políticos.
Nota relacionada Un funcionario del Congreso Nacional está tras redes de corrupción en Salud: CNA
También aseguró que donde existe una “corrupción terrible” es en el sector salud y educación, también en infraestructura.
Ante
el aumento del presupuesto que asignará el Estado el próximo año a
estas instituciones “hay que poner cuidado para que estos recursos
lleguen a la población que debe de llegar, sino, lo que estamos haciendo
es aumentar la corrupción”, puntualizó Castellanos.
Joven que viajó a EE.UU. huyendo de la pobreza regresó en ataúd a Honduras
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Un
joven de 17 años que viajó con miles de hondureños en una caravana
hacia Estados Unidos, pretendiendo mejorar su condición de vida y la de
su familia, regresó el jueves procedente de México a Honduras en un
ataúd.
Edwin
Reiniery Salgado Sierra, abandonó su natal ciudad de San Lorenzo, el 17
de octubre en la llamada “Segunda Caravana” de Choluteca, que pretendía
alcanzar en el camino a México a miles de hondureños que salieron el 13
de octubre de San Pedro Sula huyendo de la pobreza y violencia en el
país.
“Él
se fue a escondidas no me pidió permiso, cuando me habló por teléfono
iba en camino, yo le pedí que se regresara, pero él me dijo que le
pidiera a Dios porque pasara la frontera a Estados Unidos para
construirme una casita y ayudarme con los medicamentos”, dijo su
acongojada madre, Deborah Alicia Sierra.
El arribo de los restos del joven Edwin Reiniery Salgado Sierra estuvo asediado por los medios de comunicación.
“Él
lo que buscaba era trabajar, ganar dinero para ayudar a la familia, a
su hermano de 10 años, a mí y a su otro hermano”, dijo a Criterio.hn la
mujer envuelta en llanto en la terminal del aeropuerto Toncontín de
Tegucigalpa, donde recibió en una caja de cartón al segundo de sus tres
hijos.
Su
madre asegura que recibió llamadas de amigos que hizo en la ruta hacia
México, en la caravana, que le dijeron que Edwin Reiniery “estaba mal”
en un hospital en Tijuana, y una semana más tarde le comunicaron que
había fallecido.
La
mujer aseguró no tener información de las autoridades de Honduras sobre
las causas de la muerte de su hijo, Edwin Reiniery, que murió en
Tijuana el 21 de noviembre presuntamente a causa de una enfermedad.
Autoridades del ministerio de Relaciones Exteriores hasta esta tarde no ofrecían ninguna información oficial sobre el caso.
Noticia Relacionada: Hondureño migrante muere en frontera entre Guatemala y México tras represión policial
El
adolescente era parte de los centenares de jóvenes que se adhirieron a
la caravana de hondureños que abandonaron Honduras en octubre, huyendo
de la pobreza agravada por la corrupción y la inseguridad en sus barrios
debido a la violencia provocada por las pandillas y el narcotráfico.
“Él
cuando estaba aquí trabajaba por días, a veces por semanas, como
ayudante en una carpintería para ayudarme, pero ganaba poquito, pero
seguía estudiando en el noveno grado en un centro básico”, relató su
madre.
Esta
muerte se suma a la de otros dos adolescentes de 16 y 17 años,
asesinados en Tijuana cuando caminaban por una zona peligrosa en esa
ciudad tras salir de un refugio.
Edwin
Reiniery fue transportado a San Lorenzo en el sureño departamento de
Valle, en la paila de un vehículo pick up ante la cobertura de los
periodistas y camarógrafos en el aeropuerto Toncontín.
El
adolescente que pretendía cumplir su sueño de obtener un salario digno
en Estados Unidos, que le permitiera mejorar la condición de vida de su
familia, regresó a San Lorenzo donde es velado en la casa de su abuela
debido a que en el cuarto en que vivía con su madre, es muy pequeño.
Pero
no solo Edwin Reiniery regresó el jueves de Tijuana, también fue
recibido en Toncontín en una caja de cartón Carlos Humberto Banegas
Tiznado, de 36 años, que había abandonado la aldea de Las Marías en el
municipio de Langüe, debido a la pobreza crónica en la región y la
pérdida de las cosechas por el pobre invierno en la zona.
“Él
se fue viendo la pobreza en que vivimos, la pérdida de la milpa… él iba
tratando de mejorar la vida de sus tres hijos”, dijo a Criterio.hn su hermana, María Cosme Tiznado que lo esperaba en el aeropuerto.
Banegas
Tiznado, deja huérfanos a hijos varones de 4, 9 y 14 años en la
deprimida zona de Las Marías, azotado por prolongadas sequías que causan
las pérdidas de las cosechas de maíz, frijoles y sorgo.
Honduras: Mujeres en el banquillo. ¿Turismo para quién?
Por Giorgio Trucchi
KAOS EN LA RED - Publicado en: 5 diciembre, 2018
Intereses de grandes proyectos turísticos en la península de
Zacate Grande criminalizan y enjuician a las comunidades locales. Así
les ha ocurrido a pobladoras de Playa Blanca.
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud
En el sur de Honduras la conflictividad
ha alcanzado niveles muy preocupantes. Proyectos energéticos,
agroindustriales, mineros y turísticos han acompañado la instalación de
la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) [1]. El gran
capital nacional y transnacional olfateó el negocio y ya se está
abalanzando sobre territorios y bienes comunes. Desde hace décadas, la
península de Zacate Grande y el Golfo de Fonseca, con su archipiélago y
playas, han estado en la mira de grupos y familias que controlan y
mueven los hilos de la política y la economía hondureña.
En estas zonas es brutal el contraste
entre la pobreza extrema de caseríos y comunidades y el lujo, la
opulencia de las mansiones de verano de terratenientes y poderosos.
Largos y altos muros rodean las propiedades vigiladas por hombres
armados que hasta niegan el acceso a las playas.
Durante las últimas dos décadas, las
familias que viven en estas zonas han venido sufriendo un acelerado
proceso de pérdida de territorios, acompañado por una creciente
militarización, la criminalización del derecho a la tierra y la
judicialización de cientos de personas que sobreviven principalmente de
la agricultura y la pesca. Para las familias del lugar, organizarse,
resistir y defender su tierra y su vivienda ante las amenazas de
desalojo ha sido imprescindible.
Despojo y represión
El estudio “Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra”, realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD),
señala que en Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas
procesadas judicialmente. No menos de mil son mujeres que están
participando activamente y que hasta encabezan el proceso de defensa del
territorio y los bienes comunes. Sólo en Zacate Grande, la Asociación
por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) asegura que
hay unas 70 personas –entre ellas muchas mujeres– que están siendo
criminalizadas.
“Como abogados y activistas
ambientalistas hemos registrado una fuerte ola de intimidación,
hostigamiento y criminalización de familias que resisten a los embates
de este proceso de expulsión de sus tierras. Vemos, por ejemplo, el caso
de las personas del caserío de Puerto Sierra, comunidad de Playa
Blanca, que están siendo demandadas injustamente por el señor Jorge
Cassis Leiva por supuestos daños a la propiedad y agresión física”, dijo
Denia Castillo, profesional del derecho de la Red de Abogados del
Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida), a Alba
Sud.
Se trata del mismo terrateniente que hace unos años acusó
a Abel Pérez y Santos Hernández, pobladores del mismo caserío, de
usurpación de tierra, daños y amenazas. Después de ser encarcelados por
casi cuatro meses, los dos pescadores fueron condenados a 5 años y un
mes de prisión y están esperando que Casación se pronuncie.
Su culpa fue haber limpiado, con más de
40 familias de Puerto Sierra, un predio baldío para hacer un
estacionamiento que sirviera a los turistas que durante Semana Santa
llegan a las playas. Su culpa fue haber pensado que promover el turismo
fuera algo que también las familias pobres, las comunidades, podían
aprovechar para mejorar sus condiciones de vida.
Mujeres dignas
Mujeres dignas
En el caso de María Veneranda Cruz,
Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz,
el terrateniente los acusa de haber derribado un muro que él hizo
construir para delimitar su propiedad, y de haber agredido a uno de sus
seguidores. Un muro que prácticamente cercaba el caserío, impidiendo el
acceso a sus viviendas a más de 60 familias.
“Nos están acusando de haber derribado
el muro. Mírenos. ¿Le parece que tenemos la fuerza y la capacidad de
botar un muro hecho con grandes piedras y cemento, y con la parte de
arriba cubierto de vidrios y botellas quebradas?”, preguntó María
Veneranda Cruz, de 64 años.
“Todo esto es una represalia por el tema
del predio. ¡Hubiera visto usted en qué condiciones estaba!. Puro monte
y un gran espinero. El lugar estaba abandonado. Nadie se preguntaba de
quién era porque solamente servía para cruzar hacia la comunidad o para
que vehículos llegaran a descargar productos (alimenticios) o material
(de construcción). El señor Cassis Leiva ni siquiera se asomaba al
lugar”, agregó Cruz.
María Concepción Hernández es amiga de
las tres mujeres enjuiciadas. Con ellas comparte la lucha por el derecho
a soñar con un futuro mejor. “Fuimos especialmente las mujeres a darle
vida y a mantener activo el proyecto (del estacionamiento). Aguantamos
de todo. Llegaban los seguidores de Cassis armados a presionarnos,
hostigarnos, amenazarnos. Para asustar a los turistas que dejaban sus
vehículos les entregaban fotos de los compañeros encarcelados, diciendo
que éramos todos unos delincuentes. Este mismo señor –continuó
Hernández– nos ofendió a las cuatro (mujeres). Nos dijo que éramos un
atajo de ladronas, unas usurpadoras sinvergüenzas porque le habíamos
robado su tierra. Hasta nos tildó de prostitutas”, recordó con enojo
profundo.
Como muchas veces ocurre en situaciones
como estas, donde las familias no tienen título de propiedad del
inmueble pero sí el derecho de posesión, la estrategia tanto de grupos
económicos, terratenientes, familias pudientes como de empresas
transnacionales es de dividir a las comunidades, echando a pelear a las
familias que viven en un determinado territorio.
“Hay personas que por interés se han
plegado a este señor y se encargan de hacer el ‘trabajo sucio’. Una
señora hasta llegó a decirme que iba a llorar lágrimas de sangre. Nunca
van a entender que están siendo manipuladas y que la única forma para
salir de la pobreza es juntar esfuerzos”, manifestó la pobladora.
“Mire mis manos”
María Venerada Cruz trabajó 18 años para
la familia Cassis Leiva. “Trabajaba en oficios domésticos, pero este
señor no tiene memoria. A él no le importa. Tengo 64 años y nunca he
tenido problemas con la justicia. Viera usted el susto que me llevé
cuando nos dijeron que teníamos requerimiento judicial y orden de
captura. Casi me da un infarto. Mire mis manos- Son manos de
trabajadora. Durante toda mi vida no he dejado un solo momento de
trabajar. Hice de todo. Yo nunca le he robado a nadie. Es una barbaridad
lo que nos están haciendo”, lamentó.
Lo que más duele a la joven Jessica Cruz
Cárcamo es la forma en que las están tratando. “Nos están persiguiendo
como si fuéramos delincuentes. Lo único que queremos es seguir con
nuestra pequeña actividad y promover el turismo. Los turistas llegan y
ahora tienen donde dejar sus vehículos. Somos familias pobres y esto nos
ayuda bastante. El turismo debe ser también algo que podamos aprovechar
nosotras para mejorar las condiciones de pobreza en que vivimos”, dijo.
“En las comunidades hay mucha angustia
–agregó la abogada Castillo–. La gente se siente amenazada y sabe que en
cualquier momento puede ser desalojada, porque la ley siempre protege
al más rico. Ya lo hemos visto en la Costa Caribe, en Trujillo, donde
los proyectos turísticos, agroindustriales, energéticos lo que han
venido haciendo es despojar a las familias campesinas, a los pueblos
indígenas, a los garífunas. Comunidades que viven de la agricultura y la
pesca mueren si se quedan sin tierra, ni acceso al mar. Estos proyectos
turísticos están hechos a la medida de los poderosos y lo que traen a
la gente es más despojo y criminalización. Pero la gente está
reaccionando. Hay resistencia”, concluyó.
Más criminalización
Más criminalización
En agosto pasado los cuatro pobladores
de Puerto Sierra, acompañados por la Red de Abogados del MASS-Vida y la
ADEPZA, se presentaron al juzgado y lograron que se retirara la orden de
captura. La primera audiencia, reprogramada en varias ocasiones, se
llevó a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre pero los resultados no
fueron los esperados. Esto refuerza aún más la percepción de la
creciente criminalización de la lucha social.
La jueza del Juzgado de Letras de lo
Penal de Amapala dictó sobreseimiento definitivo para María Venerada
Cruz y auto de formal procesamiento en contra de Oneyda Cárdenas Flores,
Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz, quienes tendrán que
presentarse de forma voluntaria para poder tener acceso a medidas
sustitutivas de la prisión preventiva.
Pero lo más grave fue que, a solicitud
del Ministerio Público, la jueza aceptara la ampliación del
requerimiento fiscal en contra de Abel Pérez, Santos Hernández y María
Concepción Hernández, contra los cuales giró orden de captura por daños
continuados y agravados.
Notas:
[1] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
[1] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
Este artículo se publica en el marco
del proyecto Turisme Responsable: una eina d’Educació per a la Justícia
Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona en la convocatoria del Programa de Educación para la Justicia
Global 2017.
Fuente: ALBA SUD
Honduras es un poema narcopolítico
CN niega palabra a Libre para interpelación a JOH por acusaciones contra su hermano
Nota relacionada Tony Hernández señalado como narcotraficante a gran escala por Departamento de Justicia
Por su parte, el diputado Jari Dixon Herrera, manifestó que esta solicitud no debe ser solo de los diputados del Partido Libertad y refundación y del PINU.CCC exige que cese la persecución y amenazas a la vida de defensores de derechos humanos
A LOS ORGANISMOS DE DDHH Y A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL:
• QUE CESE LA PERSECUCIÓN Y AMENAZAS A LA VIDA DE LOS COMPAÑEROS ISMAEL MORENO, ESLY BANEGAS, JUANA ESQUIVEL, JUAN LÓPEZ, LEONEL GEORGE, BARTOLO FUENTES Y OTROS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y LUCHADORES POPULARES.
• QUE CESE DE INMEDIATO LA BÚSQUEDA DE CHIVOS EXPIATORIOS EN EL CASO DE LOS EXPULSADOS Y EXPULSADAS HACIA ESTADOS UNIDOS POR EL RÉGIMEN DICTATORIAL.
• LA CONSULTA POPULAR DE LA CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO VA, EL 18 DE NOVIEMBRE EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ, LA PAZ Y SAN NICOLÁS, SANTA BÁRBARA.
• SE CONVOCA A MOVILIZACIONES REGIONALES HACIA LOS MUNICIPIOS DE MARCALA, LA PAZ Y SANTA BÁRBARA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018.
La Coordinación Nacional de la Convergencia contra el Continuismo (C.C.C), hace del conocimiento público nuestra profunda gratitud por la acogida y el apoyo brindado a la Caravana de la Dignidad, promovida en solidaridad con la Caravana de Emigrantes que han abandonado el país forzadamente, en la búsqueda de las oportunidades para forjar un porvenir mejor para sus familias.
Esta iniciativa, es la primera, pero no la última manifestación de solidaridad del pueblo hondureño con los hermanos y hermanas que han huido y continuarán huyendo de las condiciones de violencia, desempleo y pobreza y que recorren hoy, en medio de grandes riesgos y supremos sacrificios, el territorio de Guatemala y de México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. El Éxodo masivo hacia Estados Unidos desenmascara la farsa de régimen.
Condenamos y denunciamos los Operativos de guerra contra pobladores del Aguán que defienden ríos y territorios, ello muestra el auténtico rostro de régimen dictatorial protegido por la oligarquía, las transnacionales y criminalidad organizada
Reconocemos la rebeldía soberana de nuestras comunidades hondureñas en defensa de sus bienes y en lucha contra la privatización de servicios públicos.
Lamentamos las muertes. Toda muerte violenta es fracaso del modelo acumulador infinito de capital. Expresamos nuestras condolencias a familias de militares muertos en operativo que el régimen impulsó contra las comunidades organizadas en Guapinol.
La CCC asume colectivamente sus luchas y movilizaciones. Querer individualizar luchas tiene como propósito estigmatizar, criminalizar y restarle prestigio a quienes están en la coordinación nacional
Respaldamos la Acción Urgente emitida por el COFADEH, con fecha 30 de octubre del 2018, relativa a la violencia desatada contra el Campamento por la Vida El Guapinol, en la cual se demanda:
• Solicitar al Estado de Honduras se garantice la libertad, la vida y el derecho a la defensa que tienen los pueblos y las comunidades para proteger su territorio y sus bienes comunes.
• Que se ordene de inmediato la desmilitarización de la zona para proteger la integridad física y psicológica de las familias y las comunidades afectadas por la muerte de sus seres queridos.
• Demandar del Fiscal General de la República, cesen los requerimientos fiscales, utilizándolos como medios de persecución para obtener órdenes de captura en los tribunales nacionales, justificar y legalizar la persecución y muerte de los liderazgos sociales.
• Exhortar a las autoridades en general para que garanticen el derecho a defender derechos.
• Solicitar al Ministerio Público, al Poder Legislativo y Poder Judicial, revisar las leyes aprobadas en el marco del golpe militar de Estado del 2009, que restringen derechos a los pueblos y otorgan derecho a las empresas privadas para que se lleven a cabo proyectos extractivos, bajo una legalidad inexistente, que despojan a las comunidades y a los pueblos de sus territorios.
Por otra parte, recordamos a las coordinaciones regionales y a los habitantes de los municipios de San José, La Paz y San Nicolás, Santa Bárbara, que el próximo 18 de noviembre se realizará la consulta de opinión sobre tres cuestiones fundamentales: si se está de acuerdo o no con el retorno al Estado de derecho, si se está de acuerdo o no con el modelo privatizador y extractivista y si se está de acuerdo o no con que gobernante de facto continúe en el poder, consulta cuyos resultados se darán a conocer en concentraciones que se llevarán a cabo en las ciudades de Marcala y Santa Bárbara el día 25 del mismo mes
La CCC tiene firme su doble objetivo de luchar contra continuismo de neoliberalismo y continuismo de dictadura fraudulenta de JOH. Seguiremos en esta lucha patriótica.
Tegucigalpa, MDC., 31 de octubre 2018
CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO