HONDURAS: Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres: “Se ocultó información de autores intelectuales del asesinato” // Expertos de la ONU lamentan que los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres sigan en libertad // INFOBAE: La presidenta de la CIDH instó a Honduras a revocar la concesión que motivó el asesinato de Berta Cáceres // Radio Progreso: En Honduras: mujeres siguen lucha en defensa de sus territorios // Día Internacional de la Mujer Indígena: 3 historias de resistencia por la sobrevivencia de sus pueblos // Defensores: Luchar por un pedazo de tierra en Honduras, implica la criminalización Por Marvin Palacios // En consulta ciudadana El Triunfo, Choluteca dice NO a la minería // Un año sin justicia por el asesinato de Raúl Antonio Triminio Cisnado a mano de la PMOP

Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres: “Se ocultó información de autores intelectuales del asesinato”

7 diciembre, 2018

Berta Zúñiga Cáceres, la hija de la líder indígena hondureña y activista del medio ambiente Berta Cáceres, afirma que el fallo que condenó a siete personas por el asesinato de su mamá no juzgó a los autores intelectuales del crimen, sucedido el 2 de marzo de 2016.
Zúñiga, actual coordinadora de la organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), habló con la Agencia Anadolu sobre sus quejas por el fallo, las cuales serán expuestas este jueves en una audiencia del 170 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Cáceres fue considerada una de las líderes ambientales más emblemáticas de América Latina por su defensa del Río Gualcarque y de la comunidad indígena Lenca ante el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desa, en Honduras.
¿Cómo recibe el fallo que condenó a siete personas por el asesinato de su madre, Berta Cáceres?
Hemos tenido una postura reiterada de la poca voluntad del Estado en realmente llegar a la justicia en el caso y planteamos que en el proceso ha habido una exclusión permanente de las víctimas.
Ha sido un proceso lleno de irregularidades donde se ha ocultado información que podría ser importante para desglosar responsabilidades en la autoría intelectual en el crimen de la empresa Desa y también de funcionarios del Estado por acción u omisión.
Han transcurrido casi tres años y creemos que los avances han sido pobres. Sin embargo, este resultado no ha sido fácil y aunque se haya condenado solo a la estructura más baja, ya por lo menos se afirma que el asesinato provino de la empresa Desa por sus intereses como constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Es innegable esa realidad.
¿Cuál sería el siguiente paso en este proceso para tener todas las certezas sobre el crimen?
Hay un proceso iniciado en contra del presidente de la empresa Desa, David Castillo. Sin embargo, hay otras personas vinculadas a la toma de decisiones de la empresa como sus accionistas, los miembros de la familia Atala Zablah, a quienes se les tiene que abrir el proceso de imputación.
Ellos todavía no están siendo procesados y deben iniciarse lo más pronto posible procesos judiciales con una detención preventiva. Eso es lo que debería pasar.
Nosotros vamos a interponer una acción legal para quitarle la concesión del proyecto a la empresa Desa. Queremos evitar otras acciones violentas en contra de las personas y las comunidades que siguen resistiendo y para las cuales las amenazas no han decaído.
Le apuntamos a que nuestras acciones vayan encaminadas a determinar la autoría intelectual del asesinato y desmembrar la estructura criminal que ejecutó el crimen.
¿Cuáles han sido los obstáculos que han tenido en el Ministerio Público durante la investigación?
En las investigaciones iniciales se quería hacer un montaje judicial del crimen al decir que había sido un crimen pasional o inter-organizacional. Por eso se abrieron procesos contra policías por falsificar pruebas. Eso es muy extraño porque a un policía no le nace hacer algo así por sí mismo. Además, el ministro de Seguridad hizo declaraciones adelantadas diciendo que se trataba de un lío de faldas.
Esos fueron unos primeros obstáculos que logramos vencer. Hay otro obstáculo, que es la negación permanente de acceso a la información. Hay aparatos telefónicos y electrónicos que fueron dañados en el Ministerio Público para ocultar datos.
Ese ocultamiento de información ha sido el más trascendental de todos los obstáculos. Además, fuimos expulsados al final de este proceso de manera arbitraria por parte del Tribunal en un hecho promovido desde la Fiscalía.
¿Por que se les expulsó durante el proceso judicial?
Empezamos a hacer varias acciones de denuncia para decir que unas fiscales habían desobedecido órdenes judiciales y que debían recibir alguna sanción. No fueron sancionadas por el tribunal, entonces actuamos frente a esa situación.
El Tribunal fue recusado al considerarlo no imparcial y permitir esa actuación desde el Ministerio Público. A raíz de esa recusación se promovieron varias acciones internas para paralizar el proceso legal hasta que se tuvieran las garantías básicas.
Esos recursos fueron resueltos en tiempo récord. Luego se convocó a una de las audiencias, a las que no asistimos por considerar que el Tribunal estaba recusado. Entonces se declaró que nuestra acusación, en la que estamos las víctimas y las representantes de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro, que es el mexicano que sobrevivió al atentado, en abandono del proceso legal.
Lo entendemos como un castigo a esas denuncias y para liberarse de que nuestra acusación siguiera participando.
¿Consideran que el fallo reconoce que el asesinato fue un crimen político?
Creo que no reconoce que fue un asesinato político, pese a ser un fallo que plantea la disputa que existía entre la empresa Desa y las comunidades en defensa del Río Gualcarque, impulsada por nosotros en el Copinh.
El fallo desentiende cualquier papel que el Estado tuvo, donde no comprendemos por qué un mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público de alto rango dentro del Ejército, Mariano Díaz Chávez, participa de ese crimen.
El Estado sigue en una gran deuda en determinar por qué un agente del rango que tenía Díaz Chávez estaba participando en la planificación y ejecución del crimen. Esa es la parte de la verdad que sigue ausente.
Tenemos claridad de todo lo que antecedió al asesinato de Berta Cáceres, que lo caracteriza como un crimen de Estado.
¿El crimen fue propiciado por una alianza entre el Estado y la empresa Desa?
Sí, fue un contubernio. La familia Atala Zablah es una de las más influyentes en la vida política del actual Gobierno, bajo el cual se asesinó a Berta Cáceres. Ellos mencionan en sus comunicaciones a ministros y que se reunían en la casa presidencial. Ningún ciudadano ordinario de este país tiene acceso a esas cosas.
Hablan del capital político que habían invertido, por lo cual debían parar la lucha comunitaria en la instalación del proyecto.
¿Sin embargo hay una investigación en contra de David Castillo que reconocen como un avance?
El señor Castillo está en prisión preventiva. Se está iniciando el proceso judicial para determinar su culpabilidad o no dentro del proceso. Sería una de las investigaciones en la categoría de autor intelectual. Sin embargo, hay otros autores intelectuales y otras personas con mayor poder de decidir sobre el hecho que no están siendo procesadas.
¿En este momento tiene su familia la certeza de cómo sucedió el asesinato?
Sí, conocemos y no teníamos duda de que el asesinato provino de la empresa Desa, y por eso hemos luchado tanto para posicionar esa línea de investigación dentro de las que manejaba el Ministerio Público. Sin embargo, no teníamos elementos suficientes para probarlo.
Hoy, a raíz de la lucha solidaria que ha existido en el caso, hemos logrado adquirir una parte importante de la información en la que se conoce por la palabra de los criminales cómo se operó el asesinato, que existió una tentativa de homicidio antes del 2 de marzo, y de sus conexiones con funcionarios del Estado.
Tenemos esa parte de la verdad, pero hace falta otro bloque de información que no creemos que vaya a conocerse bajo la política actual del Estado y el Ministerio Público hondureño. Pensamos, además, que hay información que ha sido eliminada en algunos casos.
¿Cuáles son las denuncias que van a exponer este jueves en la audiencia de la CIDH?
La audiencia está dada en el marco de las medidas cautelares que tiene tanto el Copinh como la familia de Berta Cáceres. Fueron emitidas en el marco del asesinato de mi mami y la idea es que el Estado rinda cuentas de cuánto ha hecho para desmantelar las fuentes de amenaza y de riesgo.
Hemos insistido de manera reiterada en que no se trata de dar medidas superficiales e ineficientes. Se sabe que el Estado no puede garantizar la seguridad de todos nosotros, pero sí puede investigar y sancionar.
Vamos a insistir en preguntar cuánto han avanzado esas investigaciones y decir que hay una condena en el marco de sendas irregularidades, que han lacerado el derecho a la verdad.
Vamos a decir que el Estado no va a silenciar la búsqueda de justicia en el caso de Berta Cáceres porque no hay justicia mientras la estructura criminal que la asesinó esté activa y no haya sanción para todos los responsables.
¿Siguen teniendo vigencia las denuncias de la comunidad Lenca, que defendía Berta Cáceres?
El caso de Berta Cáceres es emblemático, al encerrar no solo el típico operativo para asesinar a líderes sociales en América Latina, sino que grafica muy bien las relaciones mantenidas por parte de las empresas frente a las comunidades indígenas y campesinas en las regiones.
Desa es una empresa nacional en la que se ve parte de la oligarquía hondureña, que está apoyada con financiamiento internacional y donde se vieron involucrados bancos de desarrollo europeos.
Tenemos un proceso internacional contra uno de los bancos financiadores, que es el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), y decimos que ese financiamiento se utilizó para asesinar a personas, como en el caso de Berta Cáceres.
Pensamos que, sin ese dinero, ese proyecto no hubiese podido realizarse y que los recursos sirvieron para pagar sicarios y la logística en el crimen contra Berta Cáceres.
¿Ante quién tienen este proceso contra el Banco Holandés de Desarrollo (FMO)?
Ante una corte holandesa. Hemos logrado parar el proyecto y logrado expulsar a dos de los tres financiadores, y eso no cualquier comunidad lo puede decir. Es una victoria en el nombre de Berta Cáceres y en honor a la causa de búsqueda de justicia.
¿Cuál financiador no han podido expulsar?
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que tiene varios aportadores extraterritoriales a la zona centroamericana.
¿Cuáles sí detuvieron?
El Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (Finnfund)
¿Cuál es el estado actual del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca?
El proyecto está suspendido porque la lucha comunitaria no ha permitido su desarrollo. Sin embargo, se mantiene la concesión de 50 años y Desa hace un trabajo para fortalecer estructuras paralelas a la resistencia comunitaria. Tienen toda la intención de reactivarlo a medida que descienda la presión sobre el caso. Sigue siendo una amenaza potencial para las personas que hacen la lucha en defensa del río.
¿Cuál es el legado que le deja Berta Cáceres, inspiró su liderazgo en las causas sociales?
El legado fundamentalmente es de continuar la lucha y de no rendirnos ante las injusticias y ante la impunidad tan grande que existe en este país. También de articular las resistencias, porque vemos que lo que operó en el caso de mi mami se repite muchas veces en nuestro país y en la región latinoamericana.
Pienso que es importante articular resistencias para enfrentar a estos grandes monstruos que tienen todo el dinero y el poder, y así dar un mensaje de que no se puede asesinar ni violentar a las comunidades.
Mi compromiso es con ella y con su lucha, que fue lo que quisieron asesinar y que es lo que me ha llevado a tomar este papel.
El Espectador

AUDIO: DOBLAR EL BRAZO A LA IMPUNIDAD

04/12/2018 COPINH

Bertha Zúñiga tras el juicio por femicidio de su madre Berta Cáceres: “El desafío inmediato es quitar la concesión de Agua Zarca”.

ESCUCHA AQUI LA ENTREVISTA

Expertos de la ONU lamentan que los autores intelectuales de la muerte de Berta

Cáceres sigan en libertad

07/12/2018 COPINH

GINEBRA (7 de diciembre de 2018) – Los expertos de la ONU acogieron con beneplácito la decisión del tribunal de Tegucigalpa, Honduras, de condenar a los asesinos de la defensora de los derechos ambientales, Berta Cáceres, pero reiteraron su preocupación por el hecho de que los autores intelectuales de su asesinato sigan en libertad.
El 28 de noviembre de 2018, el tribunal de sentencia del poder judicial hondureño en Tegucigalpa condenó a siete hombres por el asesinato de la líder Lenca, defensora del medio ambiente y de los derechos de los indígenas, que fue asesinada a tiros en su casa la noche del 2 de marzo de 2016. A nivel internacional se ha expresado una considerable preocupación sobre el juicio, en particular en relación con la exclusión de las víctimas y la demora en las actuaciones judiciales.
Berta Cáceres había liderado protestas y se había pronunciado en contra de la construcción de la represa de Agua Zarca, que amenazaba las tierras tradicionales y los recursos hídricos de las comunidades indígenas Lencas locales. El proyecto estaba siendo construido en el Río Gualcarque, un río considerado sagrado por los indígenas Lencas.
“Si bien reconocemos que la decisión del tribunal es un hecho positivo, seguimos preocupados por el hecho de que los autores intelectuales y los que financiaron el crimen aún no hayan sido investigados, enjuiciados y sancionados”, dijeron los expertos. “Hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que garanticen una justicia completa y transparente para Berta Cáceres”.
Los expertos instaron a las autoridades a que ofrecieran una protección efectiva a todos los defensores de los derechos humanos en Honduras, y añadieron que esa protección era imprescindible para la labor de los defensores de los derechos humanos, en particular los defensores de los derechos de los indígenas y del medio ambiente y los que trabajaban para proteger los derechos sobre la tierra.
Señalaron que los ataques contra los defensores de los derechos humanos -tanto en América Central como en el resto del mundo- se producen a menudo porque suscitan preocupación por las consecuencias negativas para los derechos humanos y el medio ambiente de las operaciones de infraestructuras, mientras que los Estados adoptan pocas o ninguna medida para protegerlos.
Los expertos han hecho reiterados llamamientos al Gobierno de Honduras para que haga justicia y ponga fin a la impunidad con respecto a los asesinatos de las defensoras y defensores de los derechos humanos, y para que garantice la seguridad y protección de todas las personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos en el país.
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, expresaron su preocupación por el asesinato de Berta Cáceres tras sus visitas oficiales a Honduras en 2018 y 2016 respectivamente. Los expertos están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades hondureñas.
http://www.oacnudh.org/expertos-de-la-onu-lamentan-que-los-autores-intelectuales-de-la-muerte-de-berta-caceres-sigan-en-libertad/

INFOBAE: La presidenta de la CIDH instó a Honduras a revocar la concesión que motivó

el asesinato de Berta Cáceres

07/12/2018 COPINH

Margarette May Macaulay dijo que el permiso otorgado por el Estado hondureño a la empresa Desarrollo Energéticos S.A. para la construcción de una represa hidroeléctrica a la cual se oponía la ambientalista, “claramente” es legalmente inválido

FOTOS: HAY CONDENA, PERO NO JUSTICIA

05/12/2018 COPINH

Hoy en Washington: Casos de Nicaragua, Honduras y Colombia en 170 periodo de

sesiones de la CIDH

diciembre 6, 2018 Redacción 

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- La Crisis de derechos humanos en Nicaragua, situación de riesgo de personas defensoras de derechos humanos  en Colombia y Medidas Cautelares en caso Berta Cáceres, serán parte de las audiencias temáticas de CEJIL ante la CIDH170 hoy jueves 6 de diciembre.

CEJIL presentará 3 audiencias en Washington, D.C. EEUU, durante el 170º período de sesiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con organizaciones aliadas, participará en 3 audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que denunciará las diversas violaciones de los derechos humanos que sufren grupos en situación de vulnerabilidad en las Américas.

Nota relacionada Ante CIDH: Honduras deberá rendir cuentas por irregularidades en juicio de Berta Cáceres

Todas las Audiencias se celebrarán en la sede de la CIDH, Washington, D.C., EEUU y contarán con transmisión en vivo: www.cidh.org

 Honduras: Medida Cautelar MC-112-16 Familiares de Berta Cáceres y Otros

10:15 – 11:15 HRS Padilha Vidal Salón B

La audiencia pública busca propiciar un encuentro con el Estado hondureño, para analizar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la implementación de las medidas cautelares (medidas de protección) a favor del COPINH. En este contexto, se presentará información actualizada sobre las circunstancias de riesgo que subsisten relacionadas con su ejercicio de defensa de derechos humanos y en la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres.

Represión y Violación a los DDHH en Nicaragua

11:30 – 12:45 HRS Padilha Vidal Salón A

Proporcionar información actualizada sobre la evolución de la crisis de derechos humanos en Nicaragua y las graves consecuencias para las personas en este país. Se profundizará acerca de las múltiples prácticas violatorias de derechos humanos que continúa implementando en Estado de Nicaragua para desincentivar y castigar la protesta social, así como el disenso político manifestado por la población. 

Denuncias de Impunidad a los Asesinatos y Ataques a Personas Defensoras de los DDHH en Colombia

14:30 – 15:30 HRS Padilha Vidal Salón B

Los y las participantes de la audiencia aportarán información completa y actualizada sobre la situación de riesgos, amenazas y atentados que viven las y los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia en los últimos años, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz.

En particular, se resaltará la impunidad por todos estos hechos, lo cual contribuye a la continuidad de los riesgos de ambos colectivos, y la importancia de la investigación dentro del marco más amplio de políticas públicas

En Honduras: mujeres siguen lucha en defensa de sus territorios

La instalación de proyectos extractivos en Honduras; hidroeléctricas, mineras, eólicas, térmicas, etc., está generando conflictos en los territorios. Los departamentos de Colón, Atlántida, Santa Bárbara y Copán se ubican en las regiones donde los territorios y bienes naturales siguen concesionándose.
Este proceso de privatización de ríos, bosques y bienes mantiene a comunidades divididas, y a líderes criminalizados. En estos conflictos las mujeres son doblemente afectadas, ellas sufren la privatización de los bienes como el agua, ese líquido que es vital para el desarrollo de las comunidades.
Fue bajo esa realidad que nace la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras, CONAMIN, un espacio que dio sus primeros pasos bajo la coordinación de Berta Cáceres, lideresa asesinada en marzo 2016, y Miriam Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH.
La CONAMIH aglutina a las mujeres indígenas Pech, Maya-Chortí, Lencas, Tolupanas y garífunas. Ellas, mujeres indígenas inician el proceso de formación en medio de un país que las excluye, discrimine, criminaliza y asesina. “En este momento Honduras está en crisis, las mujeres necesitamos organizarnos para fortalecernos, vivimos en problemáticas graves, nos están quitando nuestra agua, están afectando a las comunidades”, dijo Aurelia Arzú de la comunidad Santa Rosa de Aguán en el departamento de Colón.

Arzú conoce en carne propia la falta de agua, el río próximo a su comunidad se está secando porque se desvío para el riego de cientos de hectáreas de palma africana. Pero no todo queda allí, las comunidades garífunas del departamento de Colón enfrentan el despojo de sus territorios ancestrales, para instalar complejos turísticos en el marco del proyecto Bahía de Trujillo.
En la última década las comunidades garífunas en el municipio de Trujillo, Colón, han denunciado el acaparamiento irregular que están haciendo de sus terrenos empresarios canadienses para dar paso a proyectos como Banana Coch y Enjoi, lujosos complejos vendidos para retiros de jubilados canadienses.
La situación no cambia mucho en la Bahía de Tela, allí la presencia del complejo turístico Induras ha desplazado a comunidades enteradas, además de criminalizar a dirigentes que denuncien o se opongan a este proceso.
Karen García de la comunidad de San Juan en el municipio de Tela, Atlántida dijo que en estas recuperaciones las mujeres garífunas son quienes lideran las lucha en rechazo al despojo que hace el capital privado en contubernio con el Estado.
Esos mismos despojos se están dando en comunidades donde habitan comunidades indígenas Pech, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, zona oriental hondureña, donde la presencia de mineras, hidroeléctricas y tala indiscriminada del bosque, por grupos fuera de la ley están provocando afectación del ambiente y el hábitat de pueblos ancestrales.
Maura Duarte es la coordinadora general de la CONAMIH, ella es indígena Pech del municipio de Dulce Nombre de Culmí en Olancho, allí la deforestación de la Reserva Nacional del Río Plátano está provocando desplazamiento de comunidades y afectación a su modo de vivir.
Duarte cree que únicamente la unidad dará la posibilidad de hacer frente a este modelo que privilegia la presencia de proyectos extractivos que genera ganancias para el capital privado y el Estado hondureño, por encima de las necesidades de las comunidades que ancestralmente han habitado estas zonas.
El despojo se extiende al territorio del pueblo Maya-Chortí, entre los departamentos de Copán y Ocotepeque, zona occidental en Honduras. Rode Murcia dice que además del patriarcado arraigado en sus comunidades, enfrentan una lucha para evitar que se continúe deforestando los territorios que son fundamentales para el desarrollo de los pueblos indígenas.
Murcia recuerda el proceso de despojo que enfrentan comunidades en Copán. Allí la empresa Minerales Chortí se ubicó en el municipio de Azaculpa, y ha destruido toda la comunidad, y ahora están desterrando los cuerpos del cementerio municipal. Además, en el municipio de Copán Ruinas hay otras dos empresas mineras que están afectando a las comunidades de la zona occidental.
Miriam Miranda lamenta que frente a todos estos conflictos territoriales las mujeres son doblemente afectadas, porque dentro de sus organizaciones no son tomadas en cuenta, y el modelo sigue despojándolas, a pesar de la conexión que existe con la madre tierra.
Miranda cree que la conformación de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras, CONAMIN, es un primer paso para escuchar las problemáticas de las mujeres y que sean ellas mismas quienes propongan soluciones a los conflictos.
“Las mujeres seguiremos luchando para defender nuestro territorio tierra y territorio cuerpo”, concluyó Miranda.

Día Internacional de la Mujer Indígena: 3 historias de resistencia por la sobrevivencia de

sus pueblos

Por defensores -

5 septiembre, 2018

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Chile (El Desconcierto).- Las historias de Bartolina Sisa, de las hermanas Quintreman y de Berta Cáceres demuestran que la resistencia indígena aún se encuentra vigente en Chile y en Latinoamérica. Con esta efeméride se conmemoran esfuerzos y resistencias de mujeres de distintas zonas que lucharon por defender sus territorios.

El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien junto con su esposo “Túpac Katari” lideró parte importante de la rebelión aymara-quechua contra la explotación y abuso de los conquistadores españoles en el Alto Perú, que comenzó en 1780.

La fecha se eligió durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América que se reunió en 1983 en Tihuanacu (Bolivia), y desde entonces cada año se conmemora el rol, esfuerzos y resistencias de mujeres de distintas zonas por la sobrevivencia de sus pueblos, y no ser avasallados por el progreso económico y tecnológico en desmedro de sus creencias y tradiciones.

Durante los últimos años, los principales conflictos que suelen enfrentar estas comunidades han estado marcados por la persecución a líderes indígenas y ambientalistas. De acuerdo a un informe de la ONG Frontline Defenders, 281 activistas fueron asesinados en 25 países, y de ellos, el 49% defendían la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medioambiente. La gran mayoría de ellos murió en América Latina, y las principales sospechas recaen sobre la industria hidroeléctrica, minería y la agroindustria.

En total son más de mil defensores quienes además han sufrido acosos, detenciones o han sido sujetos a campañas de desprestigio. Las historias de resistencia indígena aún se encuentran vigentes en Chile y en Latinoamérica, y a continuación, se exponen tres episodios a lo largo de su historia.

1. Bartolina Sisa, líder de la insurgencia contra los conquistadores
Bartolina Sisa nació en 1750, y era tejedora e hiladora. Adquirió el rubro del comercio de coca y tela gracias a su familia –que a su vez lo adquirió para liberarse del sometimiento al que estaban condenados todos los pueblos originarios de esas tierras–por lo que logró independizarse a los 19 años. Durante sus viajes por ciudades, pueblos, minas y cocales del virreinato observó el sometimiento que sufrían los indígenas por parte de las autoridades, los blancos españoles, y de ahí se generó su “convicción de protesta contra todo sistema colonialista de explotación”.

Su rebelión unió a dos pueblos rivales (aymaras y quechuas), y en un comienzo convocó a más de cuarenta mil hombres para sitiar la ciudad de La Paz; luego ese número se duplicó. Sisa era hábil en combate, por lo que fue nombrada Virreina –y su esposo “Túpac Katari” Virrey del Inca–, y con ese título, organizó campamentos militares durante la sublevación en distintas zonas del virreinato.

La insurgencia tuvo importantes avances, pero luego de meses de resistencia, Sisa fue traicionada y capturada, y luego también lo fue su esposo a fines de 1781. Ambos fueron brutalmente descuartizados. Bartolina Sisa fue obligada a presenciar el descuartizamiento público de Túpac Katari en la plaza de Peñas, y luego, después de casi un año de encierro, el 5 de septiembre de 1782, se le condenó a ser sacada a la plaza mayor atada a la cola de un caballo y arrastrada hasta morir cruelmente.

2. Chile: Las hermanas Quintreman contra Endesa
Desde 1995, las hermanas mapuche Nicolasa y Berta Quintreman lideraron de forma tenaz el primer gran movimiento ambientalista chileno, cuando la empresa Endesa anunció la construcción de la central hidroeléctrica Ralco de Endesa en la comuna de Alto Biobío, que destruiría las comunidades Queupuca Ralco y Ralco Lepoy debido a que contemplaba la construcción de una represa que inundaría sus terrenos y territorios sagrados.

La población pehuenche cuestionó fuertemente el proyecto, debido a que la inundación obligaría a las comunidades a desplazarse, y se consideraba que su construcción iba a afectar el equilibrio ecológico de la zona. Para este pueblo, el Alto Bío Bío es considerado un territorio sagrado, y un espacio donde la conexión vital de la tierra con sus habitantes significa el cuidado del río, los bosques, las lagunas y los animales.

Las hermanas Quintreman se negaron a firmar los acuerdos con Endesa que inundarían sus territorios, y sus críticas fueron avaladas por un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que señaló que el proyecto tenía “serias implicaciones humanas, étnico-culturales y ecológicas, y graves consecuencias jurídicas históricas”. Sin embargo, la construcción se inició en 1997, gracias a un acuerdo entre el gobierno de Eduardo Frei y Endesa.

Sin embargo, tanto Berta como la ñaña Nicolasa –nombrada así por su sabiduría– no abandonaron su lucha. En el caso de la segunda, hasta el día de su muerte el pasado 24 de diciembre de 2013, cuando fue encontrada ahogada en el lago Ralco. Para Berta, continúa hasta hoy.

3. Berta Cáceres, la activista de Honduras que no cedió ante China
El 3 de marzo de 2016, la activista y defensora de derechos humanos Berta Cáceres fue encontrada muerta en su vivienda, en medio de un fuerte conflicto con el gobierno y la instalación de una represa hidroeléctrica.

En 1993, Cáceres fue una de las fundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y desde ese espacio lideró las manifestaciones en defensa del medioambiente. Era líder de la comunidad indígena lenca –la mayor etnia indígena de Honduras– y desde 2006 organizó a su pueblo contra la construcción de la represa de Agua Zarca, que pretendía instalarse en el noroeste del país en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

Finalmente, luego de una ardua tarea de oposición, en 2013 la iniciativa de la empresa estatal china Sinohydro retiró su participación en el proyecto hidroeléctrico, y explicó que su decisión se motivó en la continua resistencia comunitaria.

En contraste con las amenazas de violaciones, linchamientos, ataques a su madre e hijas que no la detuvieron, su lucha en defensa de los recursos naturales en el occidente de Honduras fue reconocida en 2015, cuando recibió el Premio Medioambiental Goldman.

Las informaciones con respecto a su muerte aún no se esclarecen. En un comienzo se señaló que la víctima sufrió de un robo, sin embargo, según han señalado sus familiares, “todos sabemos que fue por su lucha”. Su crimen se mantiene impune hasta hoy

Luchar por un pedazo de tierra en Honduras, implica la criminalización

Por defensores -

9 diciembre, 2018

Grupo Campesino "Buenos Amigos" de Río Bijao, Cortés.

Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- El Grupo Campesino “Buenos Amigos”, localizado en Río Bijao, municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés inició  en julio de 2017, la recuperación de unas 36 manzanas de tierras, que según el Instituto Nacional Agrario (INA) son ejidales. Esa recuperación ha implicado la criminalización para esta comunidad campesina.
Las 28 familias que conforman el grupo campesino han hecho producir la tierra y mantienen sembradíos de maíz, arroz y verduras, entre otros cultivos de consumo básico para la subsistencia familiar.

Las familias han hecho producir la tierra Todo parecía normal y tranquilo, pero en los últimos meses, la empresa Cementos del Norte S.A. ha reclamado como propias las tierras y también un ciudadano hondureño identificado como Saúl Noé Coello Paz, lo que ha que traído inseguridad y zozobra entre las familias campesinas.
Se ha informado que Cementos del Norte S.A. ha promovido denuncias en los tribunales, por lo que se han generado órdenes de captura en contra de los dirigentes y las dirigentas del grupo campesino “Buenos Amigos”.
Asimismo las familias han denunciado a www.defensoresenlinea.com que Saúl Noé Coello Paz, quien también reclama las tierras como suyas, procedió al retiro de varios postes de luz que se encontraban en el momento en que recuperaron las tierras y que realizó el levantamiento de un muro de concreto en una parcela aledaña.
Uno de los informantes que pidió mantener su nombre en el anonimato dijo que Saúl Noé Coello Paz ha proferido amenazas contra el grupo. “Nos amenaza con enviarnos las maras, y por las noches motociclistas ingresan al predio y hacen disparos al aire. Nosotros tenemos temor por nuestra vida, la vida de las mujeres y los niños y pedimos que cese la persecución y la criminalización”, dijo el informante.
Los procesos judiciales no se han hecho esperar y han comenzado en contra de las familias campesinas. Uno de los socios del grupo, José Aníbal Zelaya, enfrenta requerimiento fiscal por el delito de usurpación de tierras.
El expediente 1161-2018,  destaca que el 26 de octubre de 2018, en los despachos del Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, se notificó una resolución de medidas cautelares distintas a la prisión en contra de José Aníbal Zelaya por suponerlo responsable del delito de usurpación en perjuicio de Cementos del Norte S.A.
Las medidas ordenan al imputado, presentarse periódicamente (una vez al mes) ante el sistema biométrico o firmar el libro que para tal efecto se lleva en el juzgado de Letras de la ciudad de Puerto Cortés  y se le prohíbe concurrir al predio objeto del proceso.
Entretanto, según un informe de Catastro Agrario del INA, en la zona norte del país, emitido el 26 de julio de 2017, relata que técnicos de dicha dependencia se presentaron a inspeccionar el lugar en la aldea Río Bijao, municipio de Puerto Cortés, departamento de Cortés.
“Procedimos a tomar puntos de referencia del predio con ayuda del GPS en el terreno según nuestra base de datos digital y mapas finales, el predio se encuentra comprendido en el mapa GR-31 predio N. 13 dentro del sitio Río Bijao  de Naturaleza Jurídica  Ejidal”, destaca el informe.
La oficina de Catastro Agrario agregó  en el informe que para poder determinar fehacientemente la naturaleza jurídica del predio, es necesario que los departamentos de Catastro y Titulación de Tierras de la Oficina Central, “nos informe si el Instituto Nacional Agrario ha extendido título sobre este terreno o no”.
La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), organización a la que está afiliado el grupo campesino “Buenos Amigos”, prometió acompañar legalmente a las familias que han recuperado y hecho producir unas 36 manzanas de tierras para su subsistencia.

En consulta ciudadana El Triunfo, Choluteca dice NO a la minería

Las fuertes temperaturas que caracterizan la zona sur de Honduras, no fueron excusa para que los ciudadanos y ciudadanas de El Triunfo, Choluteca, dijeran a través de una consulta: No a las concesiones mineras.
Con bordón en mano y a paso lento, Don Humberto Mercado, un anciano de 85 años, llegó con su hermano Juan Ángel Mercado de 80, desde muy temprano a ejercer su derecho al voto en el centro de votación habilitado en la iglesia católica de la comunidad Barrio Nuevo.
Para Don Humberto el peso de la vida no es excusa para no luchar por un municipio libre de esos proyectos que calificó de muertes.  “Estamos en una zona de peligro porque quieren explotar la minería en nuestro territorio. Venimos por un mejor futuro para mis hijos y nietos, no es posible que les heredemos un desierto lleno de contaminación”, comentaban los veteranos hermanos.
En otro sector del municipio, a través de los micrófonos de la radio comunitaria Cholula Triunfeña, se hacía el llamado para que la población saliera a votar. La cabina principal del medio fue habilitada para que los vecinos y vecinas participaran en la consulta soberana.
La Cholula, como le dicen con cariño los miembros de la comunidad de Macila, también ha jugado un importante papel para la creación de conciencia en la población de El Triunfo.

Resultados

El trabajo de más de seis meses, liderado por el Frente Triunfeño en Defensa de la Vida, en coordinación con la parroquia Cristo de Esquipulas, y el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), y otras organizaciones sociales y de derechos humanos, se miró reflejado en los resultados de la consulta.
Unas 8,606 personas acudieron al llamado, y votaron en las 60 urnas que se ubicaron en los 11 sectores que conforman el segundo municipio de mayor importancia en el departamento de Choluteca.
Un 97.9% rechazó la instalación de proyectos mineros, 0.73% votó a favor. 0.53% votos nulos, y el 0.53 fueron votos en blanco. El NO, fue rotundo. La votación estaba programada desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, sin embargo, a la enorme y constante cantidad de ciudadanos que llegaban, en varios centros educativos se extendió hasta las cinco de la tarde.

Contexto

Desde antes del 2014, la empresa Minerales Los Lirios, de capital canadiense, comenzó son sus intenciones de ganarse el apoyo de los liderazgos de las comunidades. Con el ofrecimiento de proyectos, y una serie de promesas de desarrollo ha querido extenderse hasta El Triunfo.
Wilfredo Hernández, director de Radio Cholula Triunfeña, y sub coordinador del Frente Triunfeño en Defensa de la Vida, explica que la consulta realizada el domingo responde a una necesidad de la población de querer revertir lo que expresa la empresa minera y autoridades municipales, que la mayoría de la población estaba de acuerdo con la minería.
En ese sentido, explica que líderes ambientalistas y la iglesia católica pidieron a la municipalidad realizar un cabildo abierto para conocer si la población rechazaba o no la minería. Sin embargo, la petición nunca fue escuchada.
Wilfredo Hernández, detalla que a inicios de 2018 realizaron una jornada de encuesta, casa por casa, que sirvió para medir el sentir de la población, en torno a los bienes naturales. El resultado fue similar al de la consulta soberana, más del 97% rechazaba los proyectos mineros.
Es de ese resultado que nace la iniciativa de consultar de manera formal a la población. El líder comunitario explica que ahora que ya se conocen los resultados, presionarán a las autoridades municipales para que a través de un cabildo abierto se declare a El Triunfo, Choluteca, como municipio libre de minería.
La instalación de empresas extractivas golpea con fuerza a la población de la zona sur, mismas que ancestralmente se han dedicado a la pesca y el cultivo de granos básicos para sobrevivir. La zona está plagada de camaroneras, agroindustriales y fotovoltaicas que con el aval del Estado de Honduras extraen las riquezas de la zona, dejando en la miseria a la población.
El Estado de Honduras ha otorgado 302 concesiones para la explotación y exploración minera en una superficie territorial de 2.173 kilómetros cuadrados.  La lista de departamentos con mayores concesiones la encabeza Cortés con 56 concesiones, seguido por Olancho con 33, Choluteca con 28, Francisco Morazán 27 y Santa Bárbara con 25.

Triunfeños dicen no a la explotación minera

Por defensores -

3 diciembre, 2018

El Triunfo, Choluteca.- Tras haberse realizado una encuesta en el mes de septiembre para saber si la población estaba de acuerdo con la explotación de la minería o no, el 2 de diciembre se realizó en el municipio de El Triunfo, Choluteca, una Consulta Ciudadana.
Los centros de votación se ubicaron en 60 comunidades pertenecientes a 11 aldeas, instalándose 60 urnas, las que abrieron a las 8:00 de la mañana y cerraron a las 4:00 de la tarde.
La votación fue masiva, expresó el sacerdote Eulogio Alvarez de la Parroquia Cristo de Esquipulas, donde hubo mesas que tempranamente se quedaron sin papeletas.

El Triunfo, como muchos otros municipios del país, está siendo afectado con las concesiones mineras, lo que estaría destruyendo los recursos naturales del sector y dejando a muchas comunidades sin el vital líquido, como es el agua.
Para conocer si la población está de acuerdo con la explotación minera o no, el Frente Triunfeño, con el apoyo de la organización MASS VIDA, que aglutina a todas las organizaciones en defensa de los recursos naturales, aplicaron una Consulta Ciudadana.
El resultado final arrojó que el  97.90 por ciento dijo no a la explotación minera en El Triunfo, Choluteca.
José Luis Espinoza, director ejecutivo del Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), expresó su satisfacción por la presencia de la población al acudir a las urnas a ejercer su voto donde se le consultaba si o no a la explotación minera en El Triunfo.
“La gente ha sentido como una liberación a asistir a estos procesos y realmente las expectativas que nosotros teníamos, así como la que tenía el Frente Triunfeño, se sobrepasaron, porque en casi todas las urnas se quedaron sin votos y tuvimos que reabastecerlos porque aún había gente que no había votado”, señaló Espinoza.
Agregó que la defensa de los bienes naturales por la vida es un aspecto que va más allá del afecto partidario en cuanto a partidos políticos se refiere y ha observado que hay una gran conciencia de la población en la defensa de los bienes naturales, esto gracias a la buena intervención que ha tenido la Iglesia Católica en este municipio.
“La gente lo ha tomado como un asunto de vida, como un asunto que las concesiones son un despojos para sus comunidades y entonces va más allá de lo partidario”.
La corporación Municipal no se involucró mucho en este proceso para no darle una validez legal, pero para el director ejecutivo de  CEHPRODEC “este proceso tiene una validez legal y sobre todo de legitimidad por parte de la población”.
En la segunda semana de septiembre los pobladores de El Triunfo se hicieron una auto encuesta donde se le preguntó si conocía, sabía o si estaba de acuerdo con la minería y el 95 por ciento de la población dijo no a la minería, el 1 por ciento que si y el 4 por ciento dijo desconocer el tema de la minería.
Debido a eso, el Frente Triunfeño y las organizaciones aglutinadas a MASS VIDA, decidieron el 2 de diciembre consultarle el pueblo mediante una consulta ciudadana si están de acuerdo o no con la explotación minera en El triunfo.
“Nosotros como Iglesia hemos hecho un proceso de liberación del pueblo y el pueblo se ha ido liberando de muchas cosas”, sostuvo el sacerdote Eulogio Alvarez, quien agregó que la feligresía de El Triunfo ha ido entendiendo que lo que ellos le predican como sacerdote es por el bien d ellos y no por el bien de los curas.
Asimismo sostuvo que  “hoy el pueblo ha dicho no a la minería y esa decisión debe ser respetada por las autoridades locales, departamentales y nacionales”.
La explotación minera más apetecida por los empresarios son las que se ubican en los sectores de Ojo de Agua, Masila, Santa Teresa, Los Matapalos y los alrededores de estas comunidades.
Defensores de ddhh observaron el proceso

Para ser testigo del proceso de Consulta Ciudadana que se estaba aplicando en el municipio de El Triunfo, Choluteca, Miembros de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (Redehsur), acompañado por personal del Cofadeh, se trasladaron al sector.
Los defensores pudieron movilizarse a varios centros de votación para observar como marchaba el proceso y conocer si había habido algún incidente contra el proceso de consulta popular.
El sacerdote Eulogio Alvarez le explicó al grupo de defensores cuantas urnas se habían instalados y acompañó al grupo al centro de votación ubicado en la escuela Pedro Nufio para que observaran como marchaba el proceso.
Luego, con un delegado del sacerdote, el grupo de defensores se movilizó a varios centros de votación ubicados en la zona rural, donde verificaron que el proceso marchaba con normalidad, sin incidente que alterara el proceso de consulta ciudadana.

Presionar para declarar oficialmente al municipio libre de minería, reto para el Triunfo,

Choluteca

06 de Diciembre de 2018

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La Consulta Ciudadana celebrada el fin de semana anterior en el municipio de El Triunfo en Choluteca, al sur de Honduras, atrajo la participación de unas 8,606 personas que atendieron el llamado para decidir sobre la presencia de las empresas mineras en el municipio. El patrón electoral superaba las 22 mil personas.
El resultado fue contundente: con un 97.9%, la población que asistió a las 60 urnas instaladas en el municipio, rechazó de manera inobjetable la instalación de proyectos mineros. Solo un 0.73% votó a favor.

“Para nosotros ha sido muy satisfactorio este proceso, y no solo los resultados, sino todo el proceso porque es acumulación de fuerzas, de participación ciudadana que la población está haciendo, ejerciendo su derecho, y esto parecer ser que está poniendo muy nerviosa a las municipalidades inclusive al poder central porque son ejercicios de liberación, porque son ejercicios de la gente los va sintiendo y va retando a la autoridad establecida”, detalló José Luís Espinoza, investigador del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, Cehprodec, y encargado del desarrollo de la Consulta Ciudadana.

Derecho a la consulta

El Triunfo, Choluteca, se vio en la necesidad y en la obligación de realizar la Consulta Ciudadana por las amenazas que representa la presencia de las empresas mineras, entre ella Los Lirios, para los bienes comunes y la vida misma.
La gente participó, en un 40%, en la Consulta. “Es un ejemplo para la zona sur, para el departamento de Choluteca y un ejemplo para el país para que podamos seguir con este ejercicio ciudadano”, manifestó Espinoza.
Para Luís Méndez, observador del proceso en representación del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Ciprodeh, lo que ocurrió en El Triunfo, Choluteca, es la expresión de la fuerza, de alegría y de una decisión clara y contundente por la autodeterminación, por el derecho a la consulta como un derecho de los pueblos.
“Y eso repensando el sentido de la participación misma, el sentido de la democratización y creo que también los espacios comunitarios como punto de encuentro de los pueblos para decidir temas estratégicos como el agua, temas estratégicos como detener ese proyecto de muerte, extractivo que ha acaparado todo el sur de Honduras”, dijo Méndez.

Actores claves

La Iglesia Católica de El Triunfo y el Frente Triunfeño por la Vida, han sido los actores más importantes en la generación de conciencia y articulación de las comunidades en defensa de los bienes comunes.
“El Frente Triunfeño en Defensa de la Vida nace con el propósito de articular actividades que conduzcan a la declaración del municipio libre de explotación minera, eso fue el 12 de junio de este año cuando nos organizamos, 16 organizaciones no gubernamentales proponen ayudar técnicamente al proceso, esto significó generar una serie de actividades que condujeron a este gran triunfo del NO a la minería aquí en El Triunfo”, contó Fredis Mendoza, secretario del Frente Triunfeño.
Para José Luís Espinoza de Cehprodec, los actores claves han sido la ciudadanía misma, el pueblo y los liderazgos que se involucraron. “Sin esas nueve mil personas que asistieron a las urnas nada de lo que hubiéramos hecho nosotros hubiese sido posible”. aseguró Espinoza.

¿Qué sigue?

Con la amplia participación de las comunidades de El Triunfo que ha rechazado rotundamente la presencia de las mineras en el municipio, la pregunta que surge es ¿y ahora qué sigue?
“Es sólo una parte del proceso, es una parte legitimas donde el pueblo se enfrenta y dice sí a pesar de que sus autoridades dicen no, ósea, vamos adelante, vamos en contra de esto, ahora podemos opinar, ahora podemos decidir sobre nuestros bienes naturales y no serán otros, no serán unos funcionarios los que determinarán la forma de vida de las poblaciones en el futuro”, dijo José Luís Espinoza de Cehprodec.
Luís Méndez de Ciprodeh destaca también que estos resultados representan una oportunidad para las organizaciones que están trabajando en el sur con procesos de acompañamiento en temas de defensorías, en temas de formación para no quitarles la palabra a las comunidades, imponer agendas o tomar las voces de los pueblos sino para ser verdaderos acompañantes de las organizaciones de base.
“Ver a tantas organizaciones nacionales e internacionales discutiendo, apoyando, aportando pequeños recursos, pequeñas solidaridades para que el Frente Triunfeño llegara, culminara con esta consulta donde hay un rotundo NO a la minería creo que es una gran victoria para las comunidades no solo del Triunfo sino del sur y para todo el país”, aseguró Méndez.

La gente de Cehprodec es clara y asegura que los alcaldes y las autoridades municipales tienen que ser muy inteligentes y escuchar la voz del pueblo porque si no el pueblo se las va a cobrar. “Y es desde esa óptica que nosotros exhortamos a la corporación municipal del Triunfo para que escuche esos resultados, que escuche lo que el pueblo habló para que en cabildo abierto logre ratificar los resultados de la opinión que ya dio la ciudadanía”, dijo José Luís Espinoza.
Luís Méndez también comparte esa mirada. “Ya que han visto los resultados, lo que se espera es que la alcaldesa, la corporación municipal junto al pueblo que ha ido a votar y otras comunidades se declare, oficialmente, desde esa parte institucional de la corporación municipal, El Triunfo Libre de Minería”.

Vienen más consultas

Fredis Mendoza del Frente Triunfeño compartió la alegría que produce consultar al pueblo sobre el futuro de sus recursos naturales.
“Jamás en la vida de los habitantes del Triunfo se ha había hecho una actividad democrática de esta forma, nos sentimos muy alegres porque son cosas que no ocurren a diario, al pueblo nunca se le pregunta nada, al pueblo siempre se le roba el dinero, se le saquean los bienes, se hace y deshace a través de los políticos, y el pueblo solamente va a votar cada cuatro años, entrega el poder absoluto a cuatro ladrones que hacen y deshacen con sus bienes y los resultados jamás se han visto en la historia de nuestro país”, aseguró Mendoza.
Según José Luís Espinoza de Cehprodec, la Consulta en El Triunfo, Choluteca es la octava que se realiza a nivel nacional. “Y vienen más, esperamos acompañar en el mes de enero, si es posible, creo que, con la Convergencia Contra el Continuismo, ir al municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, también nos está invitando, y creo que lo vamos hacer de frente, con el municipio de Chinda en Santa Bárbara porque está peleando porque no ha sido consultado sobre el proyecto hidroeléctrico. “El Tornillito” que son más de 100 megas que van a inundar muchos poblados y que se ha hecho a espalda de ellos”, finalizó Espinoza.

Un año sin justicia por el asesinato de Raúl Antonio Triminio Cisnado a mano de la PMOP

Por defensores -

3 diciembre, 2018

Por Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- Raúl Antonio Triminio Cisnado, de 39 años, fue asesinado por elementos de la Policía Militar del Orden Público el 3 de diciembre por participar en el llamado cacerolazo que se realizaba desde cada hogar de Honduras, en protesta por el fraude electoral.
Esto después de que entrara en vigencia el Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017 que restringió por un plazo de diez días las Garantías Constitucionales contenida en el Artículo 81, para evitar las constantes movilizaciones y protestas  ante el eminente fraude electoral de las elecciones de 2017.
Como la gente  ya no podía salir a la calle  por lo que decidieron convocar a través de las redes sociales al “cacerolazo”, que consistía en que todos los que estuvieran en contra de la reelección y el fraude, sacaran ese instrumento de cocina o cualquier otro material para hacer ruido desde sus hogares, y así evitar ser detenidos y criminalizados.
Este tipo de protesta provocó malestar en las fuerzas de seguridad del Estado, que en los operativos en cumplimiento del toque de queda, cometieron agresiones y abusaron en ingresar a hogares para reprimir a la población que realizaba este tipo de protestas, cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, pero eso no fue todo, también dispararon bala viva a las personas que protestaban.
En Colonia Villanueva sector 7 de Tegucigalpa, también mostraron su descontento con el fraude electoral y sacaron todo con lo que  se pudiera hacer ruido, hasta  donde la PMOP llegó para tratar de evitar la protesta, donde dispararon contra  Triminio Sisnado, causándole heridas de muerte.
En ese entonces, Marvin Barrientos, testigo y cuñado de la víctima, narró a defensoresenlinea.com como sucedieron los hechos. “Estábamos nosotros en la casa y ellos protestando de manera pacífica, cuando  de repente miramos que venía un camión y atrás de él venían tres patrullas, pero traen una distancia considerable cuando se van acercando, al camión le apagan las luces y es cuando empiezan los disparos”.
Entonces una patrulla se retorna y las otras dos prácticamente pasan atropellándolo cuando aún estaba con vida, no lo hicieron, pero si pasaron cerquita, él quedo tirado en la calle”, añadió Barrientos.
Marvin Barrientos agregó que “antes del toque de queda la gente se manifestaba normalmente, ya después tomaban sus precauciones pero ese día les dio por estar allí quemando llantas, sin agredir a nadie y exactamente a las 8:40 de la noche una ráfaga de disparos acabó con su vida.
Triminio Cisnado aún con vida fue trasladado hasta el hospital Escuela Universitario, donde debido a la gravedad de las heridas murió el 3 de diciembre de 2017.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, pero a un año aún no se ha dado respuesta a esa denuncia  ni hay responsables señalados por este hecho.
El COFADEH durante la crisis pos electoral registró al menos 34 personas  asesinadas por elementos represoresdel estado.

OTRO AÑO QUE NOS DEJA

Por defensores -

7 diciembre, 2018

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) asiste con puntualidad a esta plaza al cierre de 2018, que nos deja un balance de país verdaderamente lamentable.
En Tijuana y alrededores aproximadamente 10 mil hondureñas y hondureños escapados de las violencias del narco-estado son la fotografía de Navidad: un gigantesco campo de refugiados frente al muro xenofóbico de los Estados Unidos.
Al otro lado del muro, la otra fotografía de fin de año: frente a la justicia federal un expresidente nacionalista fundador de la temible APROH y su colega de la mafia Fenafuth; el hermano del presidente impostor actual, alias TH, una familia liberal, otra familia cachureca y miembros de las agrupaciones con quienes lavaban dinero.
Asistimos a este plantón de diciembre en medio del peor desastre de país jamás visto en la historia de la República. Los hombres y mujeres que resistieron al fraude electoral, frente al crimen organizado disfrazado de fuerzas armadas, siguen en las cárceles en condición de presos políticos.
Lejos de la mano de Naciones Unidas, la OEA y la Unión Europea, Honduras en manos de un cartel corrupto es utilizada por el Departamento de Estado y el Pentágono, para sus fines comerciales. Puente de sus drogas. Tránsito de su dinero sucio a las bolsas. Un rol que mata la esperanza nacional.
En cambio, delante de la humanidad entera, el juicio por el asesinato de la líder indígena emblemática de América latina desplaza a las víctimas del proceso, juzga a los autores materiales – militares y sicarios – pero no toca a la estructura criminal de la junta directiva de DESA, que financió y ordenó la operación asesina en colusión con el grupo golpista que asalta el país.
Por eso, esta semana en la audiencia ante la CIDH se ha exigido al Estado de Honduras extender la sanción a los ejecutivos de la empresa criminal, que debe ser cancelada para siempre y extendida la investigación a ejecutivos del COHEP, del Partido Nacional y las Fuerzas Armadas, integrantes de la conspiración asesina.
En medio del desparpajo internacional generado por la extradición del más grande narcotraficante del área, que operó con apoyo de los militares mercenarios golpistas, que rompieron el orden constitucional en 2009, se producen montajes de incendios de buses para criminalizar al liderazgo estudiantil universitario.
En una serie de distracciones que buscan simular un funcionamiento normal de la mascarada golpista, el país pierde precioso tiempo.
En consecuencia, el  Cofadeh llama con seriedad a las Naciones Unidas a ponerle fin a la pantomima de un diálogo político distractor de los problemas hondureños, concretamente al señor Garafulick que cese su papel de distractor al servicio de la estrategia estadounidense y que mejor se ocupe de atender la emergencia humana que representan las caravanas de migración forzada hacia Estados Unidos y Canadá.
Después de haber sufrido tantos dolores juntos durante 10 años continuos es una ofensa permitir que la demanda colectiva de la amnistía para los presos políticos de 2017 y 2018 sea convertida en una negociación entre las elites corruptas, que cometen crímenes comunes y no delitos políticos.
También hacemos un llamado serio a la comunidad internacional que intervenga con seriedad para acompañar al pueblo de Honduras en su autodeterminación. Los impostores corruptos violadores de la Constitución deberían irse del control del Estado sin orillar al pueblo a la violencia armada, el único elemento que falta en la crisis actual del país.
A la sociedad hondureña animamos a estar atenta, despierta y dispuesta a las tareas que demande la agudización de la crisis generada por el crimen organizado que controla los tres poderes del Estado.
A la oposición política hacemos un llamado a asumir con seriedad el momento actual, sin changonetas de personalismos mesiánicos ni poses de co-gobierno, y a la oposición social a unir sus convergencias y plataformas para asumir la transición, si los políticos insisten en dispersarse en el juego de las oportunidades.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón. COFADEH
Tegucigalpa, M.D.C., 7 de diciembre 2018

Articulación y formación, destaca en labor de Redes de defensores de DDHH del

COFADEH

Por defensores -

13 diciembre, 2018

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Por: Sandra Rodríguez

Tatumbla, FM.- Las redes defensoras de derechos humanos que acompaña y forma el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se dieron cita este 12  y 13 de diciembre, para evaluar su accionar e intercambiar experiencias.

El encuentro entre redes o denominada la red nacional de defensores de derechos humanos, se da cada año, en esta ocasión en el marco del día internacional de defensores de ddhh y de los Derechos Humanos, el 09 y 10 de diciembre, respectivamente.

El grupo de 40 defensores/as provienen de los departamentos de Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, El Paraíso, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortés, Intibucá, Colón y Yoro, donde tiene presencia las seis redes que -vale mencionar- se extiende hasta otras regiones.

Los y la defensoras han llegado con la expectativa de compartir con nuevos integrantes, ya que, hay redes con más de seis años de formación y dos de ellas más recientes y enfocadas en temas específicos como la defensoría de la tierra y el territorio, tal es el caso de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-PAZ) y la Red Nacional de Defensores/as de la Tierra y el Territorio (RENADETT).

Entre sus fortalezas -expuso Maira Lara, de Defensores/as Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH)- las redes han destacado su formación integral en derechos humanos, uso de herramientas de comunicación, disponibilidad de tiempo e interés por el tema de defensoría.

Así mismo, que se han visibilizado como grupo defensor de derechos humanos, las autoridades políticas y judiciales saben que existe su labor y la población los bienes busca al haber un violación a derechos humanos.

Las redes se han podido integrar en su idea de lucha pese a las diferencias de edad, sin embargo jóvenes y adultos se complementan según sus experiencias, detalló Allan Torres, de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR).

Otro aspecto que fortalece a las redes, es el apoyo y articulación de espacios como este que facilita el COFADEH y otras organizaciones según la ubicación geográfica de cada grupo o tema que aborden para la defensoría, que puede ser criminalización, mujeres, campesinos o protesta social.

La persecución política es visible, aún más a través de campañas de desprestigio, además de criminalización, judicialización y encarcelamiento de defensores miembros de las redes, obteniendo apoyo y asistencia legal de este Comité.

Ser defensores y defensoras de derechos humanos es un riesgo.

Enfrentarnos a situaciones que nos amenazan por nuestra labor y seguir de pie, es gracias al empoderamiento que nos ha permitido el COFADEH, porque al desconocer lo que procede, más de alguna red de hubiera desarticulado, detalló Patricia Eguigure, de la Red de Defensores/as y Comunicadores Sociales de El Paraíso (Red- El Paraíso).

Aunque se detalló que algunas debilidades son las distancias geográficas entre los integrantes de las redes, se ha han hecho acciones oportunas de defensoría, más cuándo es la policía que abusa de su autoridad.

El voluntariado en los grupos también reafirma el compromiso social, no obstante, hay que hacer crecer el grupo y que se expanda nuestra presencia en todo el departamento, dijo Rigoberto Matute, de la Red de Defensores/as de Lempira.

En base a este encuentro anual, el COFADEH realizará acciones para el próximo año, que permitan fortalecer la labor de las redes DEOCODERH, Red Lempira, REDHIL-paz, REDEHSUR, RED El PARAISO, RENADETT, detalló Lorena Rubí, del área de proyectos de la organización.

Representantes de las seis redes de DDHH exponiendo su labor.

La jornada inició ayer con una exposición sobre derechos humanos, a cargo de Jorge Hernández, y siguió con la facilitación de Meri Agurcia en cuanto realizar su análisis situacional local, concluyendo con una noche cultural que les permitió dar a conocer otras aptitudes recreativas.

El COFADEH ha cumplido 36 años sembrando memoria, parte de este accionar es la formación de redes nacionales de jóvenes, indígenas, campesinos y defensores de derechos humanos en general, en esta ocasión seis redes convergen y comparten su labor.

En una dictadura es terrible buscar justicia para el comunicador Juan Carlos Argeñal

Por defensores -

7 diciembre, 2018

Por Sandra Rodríguez

Danlí, El Paraíso.- En Honduras es importante el que manda a matar y no el comunicador que denuncia la corrupción, a ése lo matan, Mario Argeñal.

A cinco años de la búsqueda de justicia por el asesinato del comunicador social, Juan Carlos Argeñal, ha sido un tiempo terrible, peor aún en una dictadura, declaró Mario Argeñal, su hermano.

Con su asesinato, se perdió a un hermano, un padre, un amigo, un compañero, y hay una madre llorando la ausencia de un hijo que, con valentía por amor a su pueblo, denunció la corrupción en el hospital de “Gabriela Alvarado” y en la alcaldía municipal de Danlí, ciudad principal del departamento de El Paraíso.

Mario, dirigente magisterial, social y político en  el oriente de  Honduras, lamentó que, en un país donde persiste el Estado que militariza a la sociedad, pero que no le ha interesado arrestar a los responsables de crímenes de alto impacto como el ocurrido contra su hermano, la tarde del sábado 07 de diciembre del 2013.

Persiste el diseño de acallar voces de los que denuncian la corrupción, persiste el diseño de meterle miedo a la sociedad hondureña para que no se atreva a luchar contra la corrupción, persiste el diseño de mentiras, persiste el diseño de tener inmovilizado al pueblo hondureño, por que cuando no se hace justicia, se inmoviliza para llevar a la derrota.

La familia Argeñal se siente derrotada con el asesinato de Juan Carlos, una derrota, pero que no los ha inmovilizado, ya que han hecho uso de todos los espacios para seguir denunciando en estos 60 meses con esa ausencia que les llevó también la sonrisa.

Según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del año 2015, establece la obligación de los Estados para proteger la vida de los y las defensoras de derechos humanos. Sin embargo “este Estado que no pudo proteger la vida de Juan Carlos, hoy tampoco hace justicia” por el crimen, detalló Mario.

En el 2015 se creó la Ley de Protección para Defensores/as de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, con ella un Mecanismo de Protección y una Fiscalía Especial para este grupo, sin embargo continúan los asesinatos, hostigamiento, persecución y criminalización contra quienes denuncian actos de corrupción, el más reciente fue contra el periodista Jairo López, el 10 de noviembre en Choluteca, actualmente goza de medidas diferentes a la prisión.

Es diversos eventos, lugares y reuniones, el profesor Mario, ha destacado que para la búsqueda de verdad y justicia ha contado con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que coordina Berta Oliva, y con una persona que es una institución por si misma, Carlos H. Reyes.

Años atrás, lograron una reunión  con el Secretario de Seguridad, Arturo Corrales Álvarez, se nos informó lo que ya sabíamos, que detrás del crimen habían fuerzas políticas importantes. Jefes policiales de la zona nos han informado lo mismo, que hay personas importantes.

“Por que, aquí es importante la persona que manda a matar, es importante el que tiene un cargo dentro del Estado y que debe garantizar justicia, ése es el importante, no el comunicador social que denunció la corrupción de más de 50 millones de lempiras en el hospital.

Que denunció que una ambulancia que nunca llegó al hospital, gastó millón y medio de lempiras en combustible, ese dinero si lo gastaron. Por eso asesinaron a Juan Carlos Argeñal.

Le apostamos a no olvidar, que Juan Carlos no se nos olvide, que el pueblo le apueste a la causa de Juan Carlos que es nuestra causa y la causa del COFADEH.

Ambiente espeso

Cómo es costumbre, la familia Argeñal realiza acciones de calle en esta fecha, ya sea una toma de carrera, caminata o plantón frente al hospital “Gabriela Alvarado” que también lo llaman “el monumento a la corrupción”, pero este aniversario es diferente por la represiones que pueden atentar con ellos y ellas.

El ambiente está espeso, denunció Mario, a quién, según sus declaraciones, se le responsabiliza de estar involucrado con acciones de justicia del director de esa institución política (Partido Nacional). Que son las denuncias de Mario, las denuncias de COFADEH impulsadas por Mario, las denuncias de PEN (organización internacional de Libertad de Expresión) impulsadas por Mario las que provocaron las presiones al gobernante de turno, Juan Hernández, a entregar a implicados por el caso “Pandora”, investigado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), en el que se implica a varios líderes políticos y diputados en actos de corrupción.
Tenemos por nuestra seguridad, por las acciones o lo que le pueda suceder a ese hombre que por años ha estado al frente del Partido Nacional en El Paraíso, agregó.
Frente a un régimen que militariza a la sociedad, que impulsa violaciones a los derechos humanos, que no enjuicia a ninguno que comete delito, para la familia Argeñal es una utopía encontrar justicia, pero eso no les impedirá seguir seguir en esta exigencia.
“La muerte de Juan Carlos no fue por su familia, no fue por la sociedad hondureña, fue por el pueblo que pretende acceder a salud, a servicios médicos gratuitos. No alzó su voz por él, la alzó por todos, y como familia tenemos la obligación de seguir el legado de Juan Carlos, vamos a seguir peleando por justicia pese a que este Estado no edifica Justicia”.
Hay equipos -medicos- que deberían estar en el hospital Gabriela Alvarado, están en clínicas privadas, medicamento que debería estar en el hospital, se encuentra en lugares que ni siquiera son farmacias. No hay jeringas ni gasas, pero afuera del hospital sí hay, afirmó.

Uno de los pioneros en denunciar la corrupción en el sector salud, hoy cumple cinco años de asesinado en su casa de habitación que también funcionaba su canal de televisión VidaTv. Meses antes Juan Carlos Argeñal también denunció amenazas contra su vida, en Danlí no se hizo nada para dar con los autores materiales e intelectuales y trasladó en caso al Ministerio Público en Tegucigalpa, donde está engavetado.