Dinero de los Cachiros pudo haber financiado campaña de JOH: New York Times
El gobierno de Estados Unidos presentó una solicitud de autorización de búsqueda de la DEA mostrando que en 2013, Rivera secretamente grabó una conversación con otro traficante hondureño que afirmó haber hecho un pago de 250.000 dólares destinado a Juan Orlando Hernández, quien más tarde se convertiría en presidente de Honduras.
Por: Joseph Goldstein y Benjamin Weiser/ New York Times
TEGUCIGALPA,
HONDURAS – El número de asesinatos que el señor de la droga hondureño,
Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe de Los Cachiros, admitió a orquestar
durante 10 años fue impresionante.
Los
muertos incluyeron a personas que describió como asesinos, violadores y
pandilleros. Luego estaban los inocentes: un abogado, dos periodistas,
un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que servía como zar
antidrogas de Honduras y un político que se convirtió en su asesor; hubo
incluso dos niños atrapados en un tiroteo.
En
total, el narcotraficante, Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo que,
trabajando de concierto con narcotraficantes y otros, había “causado” la
muerte de 78 personas – un número que planteaba un dilema para los
funcionarios de Estados Unidos cuando llegó Rivera a ellos ofreciendo
exponer la corrupción de alto nivel en esta nación centroamericana de
unos nueve millones de personas.
Sabiendo
que ya estaba en la mira de los investigadores de Estados Unidos,
Rivera buscó ayudar a la Drug Enforcement Administration a erradicar a
políticos corruptos y otras élites que habían hecho de Honduras una
puerta de entrada para cantidades masivas de cocaína hacia Estados
Unidos a través de México.
Devis
Leonel Rivera Maradiaga lideró junto a su hermano Javier, una brutal
banda de drogas que transportó toneladas de cocaína al norte. Luego se
acercó a la Drug Enforcement Administration para un trato.
La
oferta llegó en un momento en que los funcionarios estadounidenses
estaban profundamente preocupados por la caída de Honduras en la
anarquía. Aliado incondicional y sede de una base militar de Estados
Unidos , Honduras estaba plagada de narcotraficantes y pandillas y tenía
una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Es el primer punto
de aterrizaje para alrededor del 80 por ciento de los vuelos sospechosos
de drogas que salen de América del Sur, dijo el Departamento de Estado.
Sin
embargo, para firmar al Sr. Rivera un acuerdo formal de cooperación
significaba que el gobierno probablemente tendría que hacer algo por él:
buscar la clemencia en su nombre, lo cual podría evitarle una larga
sentencia de prisión y dejar a las familias de las víctimas hondureñas
creer que el Sr. Rivera se escapó con el asesinato.
Hoy,
cuatro años después de iniciada la cooperación clandestina del Sr.
Rivera, los fiscales federales de Manhattan, con su ayuda, acusaron a
siete policías de la fuerza nacional de Honduras, junto con el hijo del
ex presidente del país y varios miembros de una destacada familia
bancaria hondureña.
La
evidencia, dijo un fiscal en una audiencia el 5 de septiembre, mostró
nada menos que “tráfico de drogas patrocinado por el estado”.
Los investigadores también recopilaron evidencias de que el ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo, tomó sobornos para proteger a los traficantes y que el dinero de la droga pudo haber ayudado a financiar el ascenso del actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.
Ningún político ha sido acusado y, a través de representantes, negó vigorosamente las acusaciones al New York Times.
Aquí
en la capital, que se encuentra en un bol rodeado de montañas, se ha
especulado mucho sobre quién se enfrentará a los cargos en Nueva York,
algunos de los cuales fueron alimentados por la embajada de Estados
Unidos, que tomó el paso inusual de publicar una lista de hondureños,
incluidos los actuales oficiales militares, bajo investigación por
narcotráfico y corrupción.
Los
fiscales han reclutado a cooperadores con antecedentes violentos para
lograr el mayor objetivo de derribar a un líder de la mafia o a alguna
banda violenta. Salvatore Gravano, ex subcomandante de la familia del
crimen Gambino en Nueva York, quien se convirtió en informante del
gobierno, admitió haber matado a 19 personas.
En
el caso de Honduras, los fiscales que aprobaron el acuerdo con el señor
Rivera y un segundo acuerdo con su hermano, Javier, dicen que los
hombres ofrecieron una oportunidad única para exponer los vínculos entre
narcotraficantes y políticos y empresarios hondureños.
“El
tráfico de drogas ilegales en Honduras no sólo infectó gran parte de su
sociedad civil, incluyendo a los niveles más altos de gobierno y su
sector financiero, sino que también trajo niveles alarmantes de
violencia a su pueblo”, dijo Joon H. Kim, Manhattan, en un comunicado.
Los
detalles de la cooperación de Devis Rivera, que incluyó el registro
subrepticio de los objetivos hondureños, surgieron en marzo, cuando
testificó durante dos días contra Fabio Lobo, hijo del ex presidente de
Honduras. El Sr. Lobo fue recientemente condenado a 24 años de prisión
por conspiración de cocaína.
Un
oficial de policía que se acerca a una casa en el barrio La Era de
Tegucigalpa. Muchos oficiales han sido despedidos por cargos de
corrupción vinculados al narcotráfico. (Foto de Daniele Volpe)
Asesinato de un General
Los
hermanos Rivera, que dirigían una organización de traficantes llamada
Los Cachiros, construyeron una fortuna como intermediarios, trasladando
cocaína de pistas de aterrizaje ocultas hacia el norte a los carteles
mexicanos.
Los
hermanos utilizaron la violencia para forjar rivales y otros, desde al
menos 2003 cuando Devis Rivera estuvo involucrado en el asesinato de un
guardia de seguridad del hospital y, el año siguiente, el asesinato del
hombre que había estado vigilando, un líder hondureño del cártel.
A
finales de 2009, el señor Rivera testificó que él y otros traficantes
se sentían amenazados por el general Julián Arístides González Irías, el
zar antidrogas hondureño.La embajada estadounidense en Tegucigalpa
describió una vez al general Arístides González como la ” última (algo)
mejor esperanza ” para revivir los esfuerzos antinarcóticos de Honduras,
según un cable publicado por WikiLeaks.
Un
sospechoso arrestado en el barrio de San Miguel de Tegucigalpa, con
paquetes de lo que se sospechaba que era cocaína en el escritorio a su
lado.(foto de Daniele Volpe)
“La
decisión fue tomada para matarlo”, declaró Rivera. El general Arístides
González fue asesinado el 8 de diciembre de 2009 por un pistolero en
una motocicleta.
El
Sr. Rivera declaró que los traficantes pagaron entre 200.000 y 300.000
dólares por el asesinato, que fue manejado por un grupo de policías.
Los
cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán estuvieron de
guardia en el funeral del general Julián Arístides González Irías, un
zar antidrogas que fue asesinado por un pistolero en una motocicleta.
(foto de Orlando Sierra)
Eso fue en torno al mismo tiempo, declaró Rivera, que él y su hermano compraron un presidente.
Preocupado
por la posibilidad de extradición a Estados Unidos, Rivera dijo que
pagó más de 400.000 dólares en sobornos al presidente Porfirio Lobo,
antes y después de las elecciones de noviembre de 2009. En la casa del
Presidente Lobo a principios de 2010, Rivera recibió la garantía que
quería.
“El
presidente me dijo que le dijera a mi hermano que no se preocupara”,
recordó Rivera, “porque durante su mandato de cuatro años nadie sería
extraditado”.
El
presidente Lobo también designó a su hijo Fabio, que en su día fue juez
de la corte de menores, “como intermediario que podría protegernos,
ayudarnos – los Cachiros”, dijo Rivera.
Fabio
Lobo se convirtió en un valioso aliado. “Le di un soborno casi cada vez
que lo conocía”, dijo Rivera. “Sabía que al tenerlo conmigo, todo
saldría bien”.
Una
vez, el hijo del presidente, montado con sus detalles de seguridad
armados en un convoy de SUV azul de Prado, escoltó 1.000 kilogramos de
cocaína para los hermanos a través de un puesto de control policial.
“Bajó un poco las ventanas y luego empezó a hablar con los agentes de policía”, recordó Rivera.
Según
el relato del Sr. Rivera, el hijo del presidente se lanzó a su nuevo
papel, pidiendo visitar una pista de aterrizaje al aire libre para
“sentir la adrenalina – lo que experimenta cuando recibe un avión
cargado de drogas”.
“Haría cualquier cosa por ti”, dijo Fabio Lobo en una conversación grabada. -Iré a la luna y regresaré por ti.
⇐El
ex presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, en 2012. Las autoridades
están investigando acusaciones de que él tomó sobornos para proteger a
los traficantes de drogas. Foto de Alexandre Meneghini / Prensa Asociada
Con
el patrocinio del presidente Lobo, los hermanos invirtieron en empresas
de construcción que compitieron por contratos gubernamentales. A la
manera de Pablo Escobar, abrieron un zoológico, con tigres, jaguares y
leones.
Los
hermanos también desarrollaron relaciones con una de las familias más
prominentes del país, los Rosenthal, que actuaban como banqueros y
lavadores de dinero. Invirtieron el producto de la droga en el ganado,
con su carne de vaca exportada más adelante a los Estados Unidos, y
agricultura.
Brian
H. Bieber, abogado del ex presidente Lobo, dijo que su cliente sigue
siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Dijo que la
situación ha sido frustrante para el Sr. Lobo, que ha sido “fuerte y
claro en su negación enfática” de las denuncias de Rivera.
“No
hay absolutamente ninguna evidencia creíble para apoyar las denuncias
hechas por un asesino en masa admitido y un narcotraficante convicto”,
dijo Bieber, agregando que el ex presidente no tenía “absolutamente
ninguna” relación con los Cachiros.
A medida que el mandato del Presidente Lobo se acercaba a su fin en 2013, el Sr. Rivera tenía nuevas preocupaciones.
El
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había anunciado sanciones
contra los hermanos Rivera, y las autoridades hondureñas comenzaron a
apoderarse de sus bienes, valiéndose de cientos de millones de dólares,
incluso de su zoológico.
“Tenía
miedo por mi vida. Tenía miedo por mi familia “, declaró
Rivera. “Podría matarme porque había trabajado con políticos, policías”.
En
diciembre de 2013, el Sr. Rivera declaró, él y su hermano Javier habían
comenzado a hablar con la DEA y los fiscales para tratar de llegar a un
acuerdo.
Un zoológico que los hermanos Rivera abrieron en Santa Cruz de Yojoa fue tomado por el gobierno. Foto de Daniele Volpe)
Una ganga del diablo
Los
fiscales lucharon con la idea de conceder un trato a los hombres que
habían matado a tanta gente, particularmente a inocentes, según
funcionarios actuales y anteriores del gobierno.
Poco
se ha dicho acerca de cómo comenzó ese acuerdo. El 5 de diciembre de
2013, Rivera y su abogado se reunieron con la DEA y al menos un fiscal
en una sesión secreta en Belice, según un documento. En total, se
realizaron unas 20 sesiones, según el documento.
“Estábamos
tratando de corroborar lo que nos estaban diciendo, obviamente, a
través de ese proceso”, dijo un alto funcionario de la DEA.
Un
funcionario dijo que los fiscales no eran conscientes de cuántos
asesinatos el Sr. Rivera había estado involucrado en – sólo su papel en
el tráfico de drogas – hasta después de las discusiones comenzaron.
Bajo
un acuerdo de cooperación, los hermanos tendrían que admitir – y
declararse culpables – todos los asesinatos y otros crímenes que habían
cometido, incluso aquellos de los que las autoridades no eran
conscientes. Eso sería barrer en asesinatos que de otro modo podrían no
tener explicaciones en Honduras.
El
cuerpo del anibal Aníbal Barrow fue removido de un campo en las afueras
de San Pedro Sula el 9 de julio de 2013. Las autoridades dijeron que el
señor Barrow fue secuestrado y asesinado bajo la dirección de los
hermanos Rivera. (foto AP)
“Una
declaración de culpabilidad como parte de la cooperación es a menudo la
única forma en que el acusado puede ser considerado responsable”, dijo
Kim, el abogado de Estados Unidos en funciones, hablando en general.
El
acuerdo de Rivera demuestra que si cumplió su parte del acuerdo, los
fiscales buscarían clemencia en su sentencia. También puede ser incluido
en el programa de protección de testigos, dice el documento. Algunos de
sus parientes ya han sido autorizados a trasladarse a los Estados
Unidos, declaró Rivera.
El
alcance de la asistencia de los hermanos Rivera continúa haciéndose
público en los procedimientos judiciales. Este verano, el gobierno
presentó una solicitud de autorización de búsqueda de la DEA mostrando
que en 2013, Rivera secretamente grabó una conversación con otro
traficante hondureño que afirmó haber hecho un pago de 250.000 dólares
destinado a Juan Orlando Hernández, quien más tarde se convertiría en
presidente de Honduras. El documento no indica que el señor Hernández
haya recibido el dinero.
La
oficina del señor Hernández respondió que no estaba consciente, hasta
una investigación por The Times, de esta alegación en el documento de la
DEA. Atribuyó la reclamación a los narcotraficantes que han sido blanco
de la campaña antidroga del propio gobierno de Hernández.
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, hablando en Washington en 2015. (foto de Nicholas Kamm-AFP=
“Es
lógico e incluso predecible que los criminales que han sido dañados por
las acciones de nuestro gobierno sienten odio y resentimiento contra
aquellos que han tomado esas decisiones”, escribió la oficina del señor
Hernández en un comunicado.
La
oficina del presidente dijo que la lucha de la administración contra
los narcotraficantes ha resultado en 14 extradiciones y la destrucción
de 150 pistas de aterrizaje clandestinas.
Nota relacionada “Los Cachiros” hacen temblar a los políticos hondureños desde una cárcel de Nueva York
Durante
el mandato del Presidente Hernández, la tasa de homicidios de Honduras
ha caído. Alrededor de un tercio de la fuerza policial ha sido
despedido tras revelaciones de algunos funcionarios de papel en los
asesinatos relacionados con las drogas.
Sin
embargo, un reciente informe del Departamento de Estado señaló que en
Honduras “han surgido nuevos jefes criminales para asumir el liderazgo
de redes desmanteladas para continuar el contrabando de cocaína y otras
formas de delincuencia”.
El señor Rivera ha indicado que ha cumplido con su objetivo.
“Lo
que hice fue confesar todos los crímenes que he cometido”, declaró. “El
trabajo que he hecho con ellos ha sido darles información, toda la
información que yo conocía, sobre mi trabajo con el narcotráfico y los
políticos”.
Práctica de tiro en el Instituto Tecnológico Policial. (foto de Daniele Volpe)
Justicia Contaminada
En Honduras, hay alivio. Rivera enfrenta la justicia en Nueva York.
Hilda
Caldera, la viuda de Alfredo Landaverde, un político y funcionario
antinarcóticos asesinado en diciembre de 2011, uno de los asesinatos a
los que Rivera se ha declarado culpable. La justicia aquí está
contaminada.
En
una entrevista en la universidad nacional donde enseña, la Sra. Caldera
dijo que su esposo había estado dispuesto a declarar públicamente lo
que pocos dirían: que los traficantes se habían infiltrado en la policía
y el ejército.
“Estaba solo, tan solo, hablando de esto”, dijo.
El
nombre del Sr. Landaverde aparece en una hoja de cálculo, titulada
Apéndice A, que forma parte del acuerdo de súplica del Sr. Rivera. El
documento de tres páginas enumera los 78 asesinatos hasta 2013 en los
que el Sr. Rivera admitió su participación.
Oficiales
de policía y trabajadores de hospitales en 2011 alrededor del cuerpo
del Sr. Landaverde, el ex asesor del gobierno. Devis Leonel Rivera
Maradiaga se ha declarado culpable de su asesinato. (foto de Fernando Antonio / Associated Press)
Los
nombres de 49 víctimas se enumeran sólo parcialmente o como “FNU LNU” –
nombres y apellidos desconocidos – y otros detalles cuando estén
disponibles.
Uno
era “un asesino que se creía que había trabajado para la familia
Echeverría-Ramos”. Varios fueron “sospechosos” de asesinos y violadores.
Veintinueve víctimas son nombradas en su totalidad, incluyendo al Sr. Landaverde, la 51ª entrada.
El
padre de una víctima, Heriberto Palacios, dijo que desde hacía mucho
tiempo dudaba de que alguien que ordenara el asesinato de su hijo,
Nahum, tuviera que rendir cuentas, y se sentía incómodo ante la
perspectiva de clemencia para los hermanos Rivera, en Honduras”.
Su
hijo había sido un destacado reportero de televisión y radio, un
defensor de los agricultores encerrados en una sangrienta lucha con los
grandes terratenientes. En 2010, Nahum y su novia, Yorleny Sánchez, un
médico, fueron asesinados fatalmente cerca de su casa. Son las víctimas
núms. 23 y 24.
El
señor Palacios, un jornalero jubilado, dijo que una vez fue a una
oficina del gobierno local para investigar sobre la investigación de
asesinato de su hijo. Dijo que los funcionarios se negaron a
proporcionar cualquier información, a menos que “pudiera
malinterpretarlo”.
La
viuda del Sr. Landaverde recordó la franqueza de su marido sobre los
traficantes de drogas que se infiltran en la policía y el
ejército. “Estaba solo, tan solo, hablando de esto”, dijo.
HONDURAS / INVESTIGAR A JOH EXIGE ACCIÓN CIUDADANA CONTRA LA DICTADURA
- Publicado: 11 Diciembre 2018
La
recién creada plataforma social “Acción Ciudadana Contra la Dictadura”,
ha pedido hoy al Fiscal General, Oscar Chinchilla, que levante una
investigación y requerimiento fiscal contra el gobernante Juan Orlando
Hernández (JOH), luego de las declaraciones del testigo clave de
“Pandora”, que lo señalan como el más beneficiado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La plataforma social, Acción Ciudadana Contra la Dictadura, pidió hoy
al Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, mandamás del
Ministerio Público, que amplíe el requerimiento fiscal del caso
“Pandora”, para incluir a tres personalidades políticas del país, entre
ellas, el gobernante Juan Hernández.
En
un comunicado, esta coalición de varios sectores de oposición, ha
pedido a Chinchilla que “actué y cumpla con su mandato constitucional
para la restitución de nuestra democracia”. La plataforma, pide que
además de Hernández, sean requeridos el expresidente, Porfirio Lobo Sosa
y el alto funcionario Wilfredo Rafael Cerrato.
Esta
plataforma además considera que los bienes de los tres antes
mencionados, deben ser incautados para “recuperar al menos los 282
millones de lempiras sustraídos o malversados por las arcas del Estado”.
El
representante de esta coalición, Eduardo Martell, explicó que esta
acción responde a las declaraciones del “testigo clave” de Pandora, el
abogado Luis Fernando Suárez, quien asegura que el principal beneficiado
del caso, fue Hernández.
Martell
opina que “nos parece algo gravísimo en una democracia, en un Estado de
Derecho, que no haya una investigación”, añade que por esa razón se ha
llegado la oposición unida como parte de sus acciones, que no cesaran
hasta que Hernández renuncie a su mandato, ilegitimo según la
Constitución de la República y no reconocido por la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Además,
considera que “hoy Honduras es conocida como un Estado en el que sus
principales dirigentes y gobernantes, están mencionados en casos de
corrupción, casos de narcotráfico”, es intolerable para nosotros y eso
ha sido un icono de la oposición. Nos tenemos que unir para desbancar a
quien hoy avergüenza al país internacionalmente, pero sobre todo, a
quien hoy mantiene al pueblo sumido en crisis”.
Reitera
que el objetivo principal es sacar del poder a Hernández y sobre
posibles movilizaciones, informa que mañana esta convergencia tendrá una
reunión para definir el próximo paso.
Advierte
que de parte del régimen espera estrategias que pretendan despistar a
la población sobre lo que está sucediendo con Pandora, el Seguro Social,
la Misión Anticorrupción de la OEA, y el reciente caso abierto al
hermano del gobernante, Tony Hernández, señalado por Estados Unidos de
tener actividad en el narcotráfico.
A continuación el comunicado de forma íntegra:
Solicitan al MP investigación penal contra JOH por actos de corrupción
A interponer la solicitud ante el Ministerio Público llegaron representantes del partido Liberal, del PINU, de Salvador de Honduras, dos corrientes de Libre, de la Convergencia contra el Continuismo, de la Plataforma Ciudadana y otros miembros de la sociedad civil.
El escrito interpuesto ante el Ministerio Público solicita la ampliación del requerimiento fiscal del caso conocido como “Pandora”, para que incluya al presidente Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa y Wilfredo Rafael Cerrato, quienes han sido incriminados por Fernando Suárez Ramírez de haber malversado las arcas del estado.
La Acción Ciudadana Contra la Dictadura está demandando en el escrito que se incauten los bienes de los implicados para recuperar al menos los 282 millones de lempiras sustraídos o malversados de las arcas del estado.
Asimismo están exigiendo al fiscal general Óscar Fernando Chinchilla que actúe y cumpla con su mandato constitucional para la restitución de la democracia y el estado de derecho.
Señalaron los miembros de Acción Ciudadana Contra la Dictadura que este régimen usurpador y dictatorial que no quiere que haya paz y tranquilidad en el pueblo en Honduras, que nos han robado la felicidad y la alegría.
Asimismo se preguntaron porque las Fuerzas armadas sostienen esta dictadura cuando tienen un mandato que es el de garantizar el imperio de la Constitución, donde debió haber alternabilidad en la presidencia y tenemos a un usurpador que ya debió de haber renunciado por las gravísimas acusaciones contra su hermano de ser un supuesto narcotraficante a gran escala.
“Es una vergüenza para Honduras, quien va querer invertir en Honduras, quien va querer venir a un país como turista cuando aquí estamos explotados por mafioplasia, que siempre dijimos que estamos gobernados por auténticos delincuentes profesionales”, señaló Guillermo Valle, representante del partido PINU.
Señaló que nunca se imaginaron que el narco estaba dentro de Casa Presidencial y que es increíble que aquí todo lo sostienen y por eso han llegado al Ministerio Público a presentar que se amplié este requerimiento contra el usurpador en una acción criminal.
Esta es la primera vez que un gobernante en funciones en Honduras es acusado criminalmente por un grupo de ciudadanos por delitos graves, donde se solicita la ampliación de un requerimiento fiscal.
No se sabe si el Fiscal general actuará ante la solicitud hecha, pero queda ya un precedente y habrá una presión por parte de la sociedad ante este delito grave el cual es el caso “Pandora” donde familiares del presidente drenaron fondos del estado a través de ong´s, indicó Tony García, quien pide al Ministerio Público investigue esta grave denuncia contra Juan Orlando Hernández.
Por su parte el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, indicó que en esta trama delictiva que implica el caso “Pandora” especifica que hay prueba testifical y documental que incrimina directamente a Juan Orlando Hernández y a sus cercanos familiares.
Finalmente indicó que si el escrito presentado no prospera, seguirán presionando en lo que cabe para la ciudadanía.
Por decencia el MP debe ampliar el requerimiento contra JOH y actuar
Tegucigalpa.- Si al Ministerio Público le queda un mínimo de decencia debe aceptar la ampliación de este requerimiento, así lo expresó el director de Casa Alianza, luego que se presentara ante la Fiscalía un escrito de ampliación criminal en el Caso Pandora, para que se incluya en el mismo a Juan Orlando Hernández.
La mañana del miércoles un grupo de ciudadanos aglutinados en la Plataforma Ciudadana y en la Sociedad Civil presentaron el Ministerio Público una ampliación criminal en el Caso Pandora para que se incluya en el mismo a Juan Orlando Hernández, señalado en actos de corrupción.
Luis Fernando Suárez, principal testigo de drenar más de 300 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de dos Ong’s, en sus declaraciones, luego de presentarse voluntariamente a los tribunales a declarar, señaló al ilegal presidente Juan Orlando Hernández y a su hermana Hilda de ser los cerebros del millonario saqueo.
Al Ministerio Público llegaron varias personalidades de la sociedad civil, de partidos políticos y de organizaciones sociales como de derechos humanos a presentar el escrito, para que el fiscal general haga una investigación al respecto.
José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza-Honduras, expresó que “estamos en una plataforma nueva que nos llamamos Acción contra la Dictadura y estamos solicitando como ciudadanos y ciudadanas que se amplié el requerimiento fiscal contra Juan Orlando Hernández, debido a que testigos en el caso pandora lo han involucrado en el desfalco”.
Rúelas también agregó que el MP si le queda un mínimo de decencia debe aceptar la ampliación de este requerimiento.
“El Ministerio Público está jugando un papel que empujado realmente a tenido que ir respondiendo, pero necesitamos realmente que haga una acción eficiente en este caso y como en todos los casos de corrupción, y nos hemos agrupado muchos sectores en la plataforma que llamamos ahora Acción contra la Dictadura , para exigir un proceso de recuperación vía restauración de la República, porque nos han robado el país”, puntualizó Rúelas.
Por su parte Salvador Nasralla, quien también asistió para firmar la petición hecha ante el MP, dijo que “un grupo de ciudadanos que pertenecemos a la sociedad civil y a todos los partidos políticos, hemos venido por primera vez en la historia a presentar un requerimiento fiscal contra un presidente en función, ya que el testigo Fernando Suarez, dio suficientes pruebas de los actos delictivos cometidos por Juan Orlando Hernández, y este Ministerio Público, no ha tomado ninguna acción, por lo cual se convierte en cómplice de los actos delictivos cometidos por Juan Orlando y su familia, por lo tanto hemos venido a ampliar el requerimiento fiscal”.
Nasralla afirmó que si la petición no es concedida por el MP “la gente que sabe de leyes en el mundo entero va confirmar lo que siempre hemos denunciado, que en Honduras el poder judicial esta captado por Juan Orlando Hernández y en ese caso la actitud de ellos en diferentes temas hacia Hondura va ser diferentes.
Además Nasralla dijo que en el Ministerio Público son los obligados en vista de las declaraciones que hizo Fernando Suarez, a iniciar un requerimiento fiscal contra Juan Orlando Hernández porque es mencionado por un testigo, lo denunció como parte de la red de robo contra el estado de Honduras.
Luis Zelaya, del partido liberal de Honduras, dijo que “esperamos que el Ministerio Público actúe, lo que todos buscamos como ciudadanos, que se respete el debido proceso, así debe ser, que se respete el principio de presunción de inocencia en todo proceso, pero que se investigue, todo lo que lleva una misma raíz”
Añadió el presidente del Partido Liberal que “Luis Fernando Suárez ha dado testimonio, ha dado prueba testifical y documental que involucran directamente a Juan Orlando Hernández y sus familiares en esta trama delictiva del caso Pandora”.
“Juan Orlando Hernández por dignidad, por ética y presión social lo tiene que hacer es renunciar, está claro quien ha sido imputado porque ha sido el hermano que desde el 2004 hasta el 2016, doce años y sería inaceptable y pensable que él no supiera, siendo la persona más informada, del involucramiento de su hermano en el narcotráfico”.
El escrito interpuesto ante el Ministerio Público solicita la ampliación del requerimiento fiscal del caso conocido como “Pandora”, para que incluya al presidente Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa y Wilfredo Rafael Cerrato, quienes han sido incriminados por Fernando Suárez Ramírez de haber malversado las arcas del estado
El 80% de los diputados del Congreso de Honduras tiene ONG’s para saquear fondos del Estado
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La
directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela
Castellanos, denunció este jueves que el 80 % de los diputados al
Congreso Nacional de Honduras cuentan con Organizaciones no
Gubernamentales (ONG’s) para saquear fondos del Estado.
“El
monstruo más grande en temas de corrupción, hoy por hoy se llama
Congreso Nacional de la República de Honduras”, expresó Castellanos al
detallar que “más del 80 por ciento de los diputados y diputadas, que
actualmente están legislando, tienen Organizaciones No Gubernamentales
que sirven, básicamente, para sacar fondos de las diferentes
instituciones del Estado”.
En
enero pasado el entonces vocero de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor,
denunció que en el país existe una red de al menos 140 diputados
corruptos que han saqueado fondos del Estado para uso particular. El
funcionario citó, entre los miembros de la red al presidente del
Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
La
implicación de diputados en saqueo de fondos comenzó el 11 de diciembre
del año pasado con el caso, bautizado por la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como, “Red de Diputados”.
En este caso se presentó requerimiento fiscal contra los entonces
diputados Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto
Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleázar Juárez. Los
congresistas se libaron de ir a la prisión.
La
lista de congresistas se engrosó el 13 de junio pasado con el Caso
Pandora donde se requirió a los diputados, Celin Discua Elvir, Rodolfo
Irías Navas y Elvin Santos, que al igual que la “Red de Diputados”
fueron beneficiados con medidas distintas a la prisión. Recientemente,
el martes 11 de diciembre surgió el caso “Arca Abierta”. En esta
oportunidad se presentó requerimiento fiscal contra los diputados,
Gladis Aurora López, Welsy Vásquez, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Juan
Carlos Valenzuela Molina y Milton Jesús Puerto Oseguera y contra los
exdiputados, Óscar Álvarez, Audelia Rodríguez, Carlos Humberto Bonilla,
Edwin Pavón, Hernán Enrique Vindel Mourra y Fabricio Puerto Oseguera.
Para
evitar ir a la cárcel, los diputados acusados se han estado amparando
en varios pactos de impunidad celebrados en el Congreso Nacional
mediante aprobación de leyes y reformas al margen del derecho penal.
Asimismo, por la colusión evidente que existe con el Poder Judicial. Para
la directora del CNA, Gabriela Castellanos, el problema es grave porque
es en el Congreso donde se legisla a favor de la impunidad, “donde se
blinda las acciones pasadas y presentes de los
congresistas”.
“ARCA ABIERTA”, OCTAVO GOLPE DE LA MACCIH A CORRUPTOS EN HONDURAS
- Publicado: 11 Diciembre 2018
La
MACCIH en compañía del Ministerio Público, presentó hoy ante la Corte
Hondureña un requerimiento contra funcionarios y exfuncionarios del
Congreso Nacional, al descubrir el desfalco de 21,1 millones de lempiras
del Parlamento, Casa Presidencial y Secretaría de Finanzas. De acuerdo a la investigación, los fondos serían usados a través de la Asociación Planeta Verde, pero estos habrían ido a parar a las cuentas personales de los parlamentarios participes, en el denominado caso “Arca Abierta”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC),
en colaboración con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH), presentaron hoy un nuevo golpe contra
funcionarios legislativos.
Ambos
organismos, llevaron ante Corte Suprema de Justicia (CSJ), un
requerimiento fiscal contra cinco diputados actuales y seis personas que
fungieron también en el parlamento hondureño, por el presunto delito de
malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración del
Estado.
Con
este caso, denominado “Arca Abierta”, la Unidad fiscal anticorrupción
presenta pruebas para demostrar que los acusados malversaron fondos del
Estado hondureño al depositar 21,1 millones de lempiras (algo más de
879.000 dólares) en una cuenta bancaria a nombre de la Asociación
Planeta Verde. El dinero procedía de Casa Presidencial (2 millones), del
Congreso (3 millones) y de la Secretaria de Finanzas (16,1 millones).
Las
pruebas presentadas muestran que los fondos se trasladaron a las
cuentas personales de diputados propietarios y suplentes, al igual que a
sus familiares y terceras personas. En ese contexto, el vocero de la
MACCIH, Luiz Guimarães, aseguró que “este caso evidencia una vez más,
como ya afirmaron entre otros el Tribunal Superior de Cuentas, que los
mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos
públicos son ineficientes y que existe debilidad y poca confiabilidad en
las Unidades de Auditoría Interna del sector público”.
El
funcionario internacional, agregó que “es indispensable fortalecer el
sistema ya existente, con los estándares internacionales de rendición de
cuentas, que permita un seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de
la administración pública”.
El
caso “Arca abierta” es el octavo caso de investigación penal integrada
que presenta el equipo formado por UFECIC y MACCIH. Los anteriores
fueron Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad,
Pandora, Aseguramiento de Bienes, Caja chica del Hermano y Licitación
Fraudulenta del Seguro Social, presentado la semana pasada.
En
este caso, el requerimiento fiscal por el supuesto de malversación de
caudales públicos a los diputados en ejercicio: Juan Carlos Valenzuela,
Gladis Aurora López, Gustavo Pérez, Welsy Vásquez y Milton Puerto
Oseguera.
Y
entre los exdiputados acusados, están: Carlos Bonilla Aguiriano,
Audelia Rodríguez, Edwin Roberto Pavón, Hernán Vindel, Fabricio Puerto
Oseguera y Oscar Álvarez Guerrero. Como participe extreneus: Gregorio
Alberto González.
Además,
como cómplices del delito de malversación: Estela Muñoz Hernández,
Arnold Castro Hernández, Ana Castro López, 16) Yajaira Talbbott
Villatoro, José Flores zuniga, Indira Virginia Osorio, Iveth Salomé
Navas, Geovanny Castellanos y Allan San Martin Vallejo. En total, 21
personas.
De
acuerdo con el comunicado oficial de la MACCIH, en 2015 varios
diputados propietarios y suplentes al Congreso Nacional entre ellos los
imputados: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladis Aurora López Calderón,
Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy Milena Vásquez López Y Milton Jesús
Puerto Oseguera, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Audelia Rodríguez
Rodriguez, Edwin Roberto Pavón León, Hernán Enrique Vindel Mourra,
Fabricio Puerto Oseguera Y Oscar Arturo Alvarez Guerrero, solicitaron al
presidente que instruyera a la Secretaría de Finanzas, para que
mediante el Programa de Asistencia Social del Gobierno, se asignaran
diversos fondos para el financiamiento de proyectos de interés social.
Dichos
fondos, serían ejecutados en diferentes departamentos del país entre
ellos: Atlántida, Choluteca, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La
Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle y Yoro, a través de la
Organización No Gubernamental Asociación Planeta Verde (APV).
Los
fondos, provenientes de la Casa Presidencial, el Congreso Nacional y de
la Secretaría de Finanzas, una vez ingresados a la cuenta de la
Asociación Planeta Verde, fueron depositados directamente en las cuentas
personales de los diputados que hicieron la solicitud, al igual que a
sus familiares y terceras personas, en la forma que a continuación se
detalla de forma íntegra:
Al
solicitar dichos fondos los diputados ahora imputados se convirtieron
en garantes de los mismos y por lo tanto, su compromiso no se limitaba
simplemente en solicitar y lograr la salida del capital, sino además
procurar y verificar que el dinero estatal cumpliera con la finalidad
para la cual ha sido solicitada, que no tuviera un destino distinto y
menos que terminara acrecentando su patrimonio y el de sus familiares
cercanos.
La
elección de la ONG ASOCIACIÓN PLANETA VERDE por parte de los diputados,
no fue hecha al azar, sino que responde a un plan preconcebido que
permitiría a estos fácilmente la apropiación del dinero público, ya que
dicha ONG era una organización de fachada y muchos de los proyectos no
formaban parte de los objetivos para los cuales había sido creada la
misma.
Esta
afirmación es tan evidente, en razón que el ingreso de los más de
veintiún millones de lempiras que llegó de los fondos del Estado al
patrimonio de la ONG ASOCIACIÓN PLANETA VERDE, en un periodo que no
supera los tres meses -28 de agosto a 9 de noviembre de 2015- salió
en igual término de su dominio -2 de septiembre a 10 de noviembre de
2015-, siendo trasladado a las cuentas particulares de los diputados,
sus familiares y personas particulares, cuando dicho capital estaba
destinado para reducir la pobreza del pueblo de Honduras.
Todo
lo anterior, demuestra un saqueo de fondos del Estado que estaban
destinados para disminuir la pobreza, por parte de un grupo de diputados
y ex diputados, lo que los hace responsables del delito por el cual se
ha presentado requerimiento el día de hoy.
Como
se mencionó anteriormente, el presente caso evidencia que los
mecanismos de rendición de cuentas respecto al gasto de los fondos
públicos, son ineficientes. A ello se suma que el Tribunal Superior de
Cuentas en el Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector
Publico del 2017 del 31 de julio de 2018, halló debilidad y poca
confiabilidad en las Unidades de Auditoría Interna del sector público.
Por ello es indispensable fortalecer el sistema ya existente, con los
estándares internacionales de rendición de cuentas, que permita un
seguimiento y vigilancia sobre el desempeño de la administración
pública.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
¿Se tambalea el narcoestado?
La Ceiba, Atlántida 10 de diciembre del 2018.- La permanente crisis
en el laboratorio político conocido como Honduras, tiende cada día a ser
más complicado ante la debacle que ha surgido como consecuencia de la
inocultable narcoactividad de funcionarios asociados al actual régimen y
el apoyo político brindado por el actual gobierno de los Estados Unidos
a una de sus colonias “favoritas” en su patio trasero.
La denominada “caravana de migrantes” que sacó a flote el éxodo permanente desde Centroamérica, consecuencia de la violencia y desempleo, colocó una vez más a la corrupción y el narcotráfico como resortes de la crisis permanente en que se encuentran sumidos los países del triángulo dela muerte (norte) de Centroamérica.
En medio de la desfachatez originada por la vetusta y fracasada guerra contra las drogas, Honduras -país que en los últimos años ha formado parte vital de la “ruta de la coca”- se ha visto expuesta a una revelación mediática a cuenta gotas, de como la élite político empresarial y fuerzas de seguridad se convirtieron en peones de los carteles del narcotráfico.
Como si fueran pocos los escándalos que surgen del contubernio entre políticos y crimen organizado, el Estado de Honduras en su delegación ante el Comité para la Erradicación del Racismo y la Discriminación (CERD) incluyó al “honorable” diputado Oscar Nájera, el que aparentemente fue incluido por el Congreso de los Estados Unidos en la lista Magnizky, derivada del Acta Global Magnitsky de Rendición de Cuentas sobre Derechos Humanos.
Entre otras el palmero y congresista Nájera adujo que el departamento de Cólon ha sido declarado ” cero armas”, a pesar
El Sr. Nájera participó en la 97ava sesión de la CERD, en la cual respondió al Comité una serie de cuestionamientos que fueron presentados ante la delegación de Honduras por la violación de la Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial, específicamente sobre el anteproyecto de ley de Consulta Previa Libre e Informada, ademas del proyecto neocolonial de las Ciudades Modelo (ZEDE)
que se viene librando una guerra de baja intensidad desde finales del 2009, que ha causado más de un centenar de campesinos asesinados por fuerzas de seguridad, guardias privados y grupos paramilitares.
Honduras desde el golpe de estado de 2009, ha fomentado su relación simbiótica con el gobierno de los Estados Unidos, el que posee información precisa además de pruebas irrefutables sobre las estrechas relaciones existentes entre fuerzas de seguridad, político y narcotráfico; situación que conlleva a dudar de las intenciones que posee la denominada “guerra contra las drogas”.
Desde décadas atrás, el gobierno de Estados Unidos ha sido particularmente claro en ignorar la criminalidad de narcopolíticos acoplados a sus designios y útiles en las funciones imperiales. Desde el colombiano Álvaro Uribe y su séquito de seguidores, entre ellos el actual gobernante de Honduras, el que hasta la fecha es alabado por procónsules y militares asociados.
En Honduras el arresto del hermano presidencial, no causó gran sorpresa, pues la noticia ya venia siendo rumiada desde hace años, siendo su carrera delictiva hecho conocido de forma pública. Mientras el debacle de la corrupción ha pasado a ser normalizado por los medios de comunicación masivos dedicados más a ocultar y disipar que a informar.
Tomando en cuenta la experiencia de Guatemala y el caso del ex presidente militar y hoy en día prisionero Otto Perez, el descalabro de su gobierno no trajo cambio alguno, más allá de una rotación de carteles, que se vienen dividendo el saqueo de ese país durante décadas.
La gran cantidad de migrantes que se comienza a acumular en la frontera estadounidense, no es más que el resultado de las políticas neoliberales que han fomentado la corrupción y el apadrinamiento estadounidense de narco presidentes afines a los mandatos imperiales.
Todo parece indicar que en el siglo XXI, “democracia”, corrupción, narcotráfico y gobernabilidad, van de la mano. Por supuesto siempre y cuando se cuente con el apoyo de los Estados Unidos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Esta
madrugada las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), amanecieron tomadas por los estudiantes que acusan a
las fuerzas de seguridad del Estado, de actuar arbitrariamente para
capturar a los jóvenes: Misael Martínez, Carlos Hernández y Ricardo
Melghem, quienes afrontan la acusación de incendio agravado.
Estos
organismos acusan que la captura de los jóvenes: Misael Martínez,
Carlos Hernández y Ricardo Melghem, el pasado jueves 6 de diciembre, fue
de forma arbitraria y que su posterior señalamiento como “personas
peligrosas”, responde a una campaña de criminalización estudiantil.
En
el último mes los universitarios se han enfrentado a condiciones de
represión cada vez más violenta, de hecho, el pasado 28 de noviembre,
capturaron a varios efectivos de la Policía que presuntamente se habían
infiltrado como civiles, la institución policiaca alegó que hacían
trámites personales, declaración que no fue aceptada por los movimientos
estudiantiles que denunciaron el levantamiento de perfiles.
La denominada “caravana de migrantes” que sacó a flote el éxodo permanente desde Centroamérica, consecuencia de la violencia y desempleo, colocó una vez más a la corrupción y el narcotráfico como resortes de la crisis permanente en que se encuentran sumidos los países del triángulo dela muerte (norte) de Centroamérica.
En medio de la desfachatez originada por la vetusta y fracasada guerra contra las drogas, Honduras -país que en los últimos años ha formado parte vital de la “ruta de la coca”- se ha visto expuesta a una revelación mediática a cuenta gotas, de como la élite político empresarial y fuerzas de seguridad se convirtieron en peones de los carteles del narcotráfico.
Como si fueran pocos los escándalos que surgen del contubernio entre políticos y crimen organizado, el Estado de Honduras en su delegación ante el Comité para la Erradicación del Racismo y la Discriminación (CERD) incluyó al “honorable” diputado Oscar Nájera, el que aparentemente fue incluido por el Congreso de los Estados Unidos en la lista Magnizky, derivada del Acta Global Magnitsky de Rendición de Cuentas sobre Derechos Humanos.
Entre otras el palmero y congresista Nájera adujo que el departamento de Cólon ha sido declarado ” cero armas”, a pesar
El Sr. Nájera participó en la 97ava sesión de la CERD, en la cual respondió al Comité una serie de cuestionamientos que fueron presentados ante la delegación de Honduras por la violación de la Convención Internacional sobre toda forma de Discriminación Racial, específicamente sobre el anteproyecto de ley de Consulta Previa Libre e Informada, ademas del proyecto neocolonial de las Ciudades Modelo (ZEDE)
que se viene librando una guerra de baja intensidad desde finales del 2009, que ha causado más de un centenar de campesinos asesinados por fuerzas de seguridad, guardias privados y grupos paramilitares.
Honduras desde el golpe de estado de 2009, ha fomentado su relación simbiótica con el gobierno de los Estados Unidos, el que posee información precisa además de pruebas irrefutables sobre las estrechas relaciones existentes entre fuerzas de seguridad, político y narcotráfico; situación que conlleva a dudar de las intenciones que posee la denominada “guerra contra las drogas”.
Desde décadas atrás, el gobierno de Estados Unidos ha sido particularmente claro en ignorar la criminalidad de narcopolíticos acoplados a sus designios y útiles en las funciones imperiales. Desde el colombiano Álvaro Uribe y su séquito de seguidores, entre ellos el actual gobernante de Honduras, el que hasta la fecha es alabado por procónsules y militares asociados.
En Honduras el arresto del hermano presidencial, no causó gran sorpresa, pues la noticia ya venia siendo rumiada desde hace años, siendo su carrera delictiva hecho conocido de forma pública. Mientras el debacle de la corrupción ha pasado a ser normalizado por los medios de comunicación masivos dedicados más a ocultar y disipar que a informar.
Tomando en cuenta la experiencia de Guatemala y el caso del ex presidente militar y hoy en día prisionero Otto Perez, el descalabro de su gobierno no trajo cambio alguno, más allá de una rotación de carteles, que se vienen dividendo el saqueo de ese país durante décadas.
La gran cantidad de migrantes que se comienza a acumular en la frontera estadounidense, no es más que el resultado de las políticas neoliberales que han fomentado la corrupción y el apadrinamiento estadounidense de narco presidentes afines a los mandatos imperiales.
Todo parece indicar que en el siglo XXI, “democracia”, corrupción, narcotráfico y gobernabilidad, van de la mano. Por supuesto siempre y cuando se cuente con el apoyo de los Estados Unidos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Honduras a ras del suelo, crónicas desde el país más violento del mundo
Por: Raúl Sendic García Estrada
Honduras
es uno de los países más violentos, así lo relata Alberto Arce en su
libro “Al ras del Suelo, crónicas desde el país más violento del mundo”,
lugar donde es asesinada una mujer cada 20 horas, donde jóvenes
sicarios ejecutan a los taxistas que no logran reunir las 20 mil
lempiras que les exigen los extorsionadores, donde la policía puede
matar a golpes a un adolescente, acusado de complicidad de asesinato, y
donde una embarcación que tan sólo transporta verduras y personas
dormidas, es acribillada a balazos al cruce de una operación antinarco.
De
este país, donde operan los escuadrones de la muerte, que sin esperar
la justicia exterminan a bandas enteras de presuntos secuestradores y
donde en un precario hospital atienden cada noche a 20 heridos por
disparos o machetazos, en un país con 20 muertos diarios por la
violencia y donde los políticos regalan ataúdes en campañas electorales,
por lo que no es extraño que sea calificado como el país más violento
del mundo.
En
el libro en mención, Alberto Arce da cuenta de una guerra no declarada
en una región de paso para el tráfico de cocaína que involucra a
pandilleros al servicio del narcotráfico, autoridades, policías y un
sistema judicial que no tienen los medios para lograr enfrentarse a la
criminalidad, a una clase política corrupta y a una prensa que justifica
los crímenes de los escuadrones de la muerte.
Honduras
al ras del suelo, Crónicas desde el país más violento del mundo, de
Alberto Arce, ha sido señalado por Tim Fergusson, Forbes, en el Robert
Spiers Benjamin Award, marzo de 2015: “Ha hecho un trabajo excepcional,
contándonos historias desde un contexto surrealista en una pequeña
nación centroamericana corrupta, controlada por narcotraficantes y
pandillas y gente que trata de sobrevivir. Con poco apoyo de las
autoridades. En gran medida, los hondureños representan las brechas
sociales que caracterizan la región. Tiene valor contar lo que cuenta
desde un lugar como ese, poniéndole nombre a las cosas”.
En
este libro, Tom Renner señaló que Alberto Arce ha detallado el descenso
de Honduras y su colapso tras el golpe de estado de 2009, ha encubierto
escuadrones de la muerte, permitidos por el gobierno, violaciones de
los derechos humanos en las prisiones y corrupción en la policía y el
Ejército, detallando el asesinato de una adolescente cometido por una
unidad del Ejército, la muerte de civiles en operaciones conjuntas entre
la policía hondureña y la DEA.
La
crónica de Arce es de gran fuerza, al narrar circunstancias complejas e
historias reales, que revelan a los lectores y la realidad de las
víctimas, así como de las instituciones frágiles que no logran contener
la violencia.
Antes
de ausentarse en la redacción de Associated Press (AP), en la Ciudad de
México, Alberto Arce (Gijón, 1976), se dedicó a viajar como freelance
por Palestina, Irak, Afganistán, Irán y Libia. Dirigió junto con
Mohammad Rujailah, el documental To Shoot an Elephant, dedicado a los
equipos de ambulancias de la Franja de Gaza y a los mil 412 palestinos
víctimas de la operación Cast Lead.
Trabajó en Guatemala para Plaza Pública, y fue corresponsal de AP en Honduras entre 2012 y 2014. Es autor de Misrata Calling.
Por
su cobertura en Honduras recibió los premios Tom Renner Award (2014),
Batten Medal, de la American Society of Newspapel Editora (2014); Robert
Spiers Benjamin Award, por la Mejor Cobertura de América Latina (2012);
Deadline Club, Society Profesional Journalists New York, en la ategoría
Newspaper or Digital Beat Reporting (2013); Sigma Delta Chi Award for
Best Foreign Correspondence (2013), entre otros.
San
Pedro Sula es una de las localidades más peligrosas del mundo. En
Honduras mueren asesinadas entre 85 a 91 personas por cada 100 mil
habitantes. En San Pedro Sula mueren asesinadas 166 personas por cada
100 mil habitantes, al año, la Organización Mundial de la Salud ha
decidido que a partir de ocho, la violencia es epidémica.
En
Honduras la violencia es epidémica, sin un sistema de salud que
responda a la atención de los heridos por altos niveles de violencia, en
condiciones antihigiénicas y hacinamiento se encuentran los heridos,
donde en una sola noche se pueden atender 19 pacientes víctimas de la
violencia, la mayoría entre 15 y 25 años, heridos por disparos o
machetazos.
Son
menos de 500 kilómetros los que se interponen entre Chiapas y Honduras,
declarado el país más violento del planeta en 2011, en el momento más
álgido de la crisis de seguridad en México, la tasa de homicidios
equivalía a 23 personas asesinadas por cada 100 mil habitantes, por lo
cual la crisis mexicana palidece cuando se contrasta con la hondureña,
donde la violencia en el país centroamericano es a la razón de cuatro
veces más que el peor registro histórico en México.
¿EEUU apoyo o injerencia?
Por: Adolfo Gabriel Carranza
El
viernes Juan Hernández. se reunió con el subsecretario de Defensa de
los Estados Unidos, Sergio de la Peña, con quien dialogaron sobre el
“apoyo” que EEUU le brinda a Honduras en materia de seguridad. Así mismo
el pasado miércoles, EEUU entregó un avión a la Fuerza Aérea de
Honduras (FAH) en medio de polémica en el país por el presunto
involucramiento de militares y de funcionarios, en actividades del
narcotráfico.
Todos
sabemos que Honduras es un país estratégico geopolíticamente y que
desde allí el país norteamericano ejerce control sobre Centroamérica y
el Caribe. Por eso es su constante injerencia disfrazada de “apoyo
contra la corrupción y el narcotráfico”.
Esta semana Heide Fulton, encargada de negocios de la Embajada estadounidense expresó: “Continuaremos
apoyando su lucha contra la corrupción y la impunidad y los esfuerzos
para fortalecer la democracia y el Estado de derecho”
Además
la Embajada emitió un mensaje de fin de año. En el cual desean un
futuro pacífico, unido, democrático, seguro y próspero en bienestar del
pueblo hondureño.
Acerca
de la relación de Estados Unidos y Honduras, encontramos en la web
diversos artículos, el cual me llamo la atención el siguiente:
En
un artículo de Forbes antes de las elecciones del año pasado,
mencionaba que a pesar de los defectos del mandatario Hernández, Estados
Unidos había decidido que podía seguir hacer negocios con él y que lo
catalogan como su “aliado más importante” en Centroamérica.
Por
ende la actuación de Heide Fulton, ignorando las numerosas denuncias de
irregularidades, instó a que todos los hondureños aceptáramos la
reelección de JOH. Y no solo eso, sino que EEUU certifico a Honduras en
combate a la corrupción en medio de protestas contra el fraude
electoral.
La intromisión de EEUU es tanta que esta advierte a Honduras de posibles “consecuencias” sobre una relación con China.
Así
mismo tenemos a Hillary Clinton que en su libro “Decisiones Difíciles”
aceptó su participación el golpe de Estado de 2009, ella menciona que en
conjunto, elaboró un plan para restablecer el orden en Honduras.
Está
claro que a EEUU lo que menos le importa es el apoyo para desarrollo de
Honduras, si de verdad lo hiciera hubiera cambios significativos en
materia de seguridad y económica, lo que realmente le importa es ejercer
su control sobre la región. Ante todo esto cada día crece más el
malestar de los hondureños por la injerencia de Estados Unidos.
Mientras tanto el Ejecutivo es un aliado “dócil e indispensable” para la élite económica y EEUU.
PARALIZAN LA UNAH POR DETENCIÓN ARBITRARIA DE TRES ESTUDIANTES
- Publicado: 10 Diciembre 2018
Esta
madrugada las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (UNAH), amanecieron tomadas por los estudiantes que acusan a
las fuerzas de seguridad del Estado, de actuar arbitrariamente para
capturar a los jóvenes: Misael Martínez, Carlos Hernández y Ricardo
Melghem, quienes afrontan la acusación de incendio agravado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Organismos de defensa de Derechos Humanos, movimientos estudiantiles y
demás organizaciones de activismo social, han emitido alertas por la
grave criminalización a tres estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), casa de estudios que hoy ha sido paralizada
desde tempranas horas en señal de protesta por la liberación de los
universitarios.
Estos
organismos acusan que la captura de los jóvenes: Misael Martínez,
Carlos Hernández y Ricardo Melghem, el pasado jueves 6 de diciembre, fue
de forma arbitraria y que su posterior señalamiento como “personas
peligrosas”, responde a una campaña de criminalización estudiantil.
Los
estudiantes fueron capturados por la Policía y posteriormente acusados
por la Fiscalía de quemar los tres autobuses en Ciudad Universitaria, en
Tegucigalpa el día 28 de noviembre; sin embargo, varios testigos han
expuesto que los jóvenes no estaban participando activamente en la
manifestación y que a eso de las 2:00 de la tarde, apenas iban saliendo
de clases luego de que se suspendieran.
En
redes sociales, testigos han dicho que los estudiantes fueron
capturados tras un enfrentamiento verbal con una reportera del canal
HCH, en ese contexto, pidió a su camarógrafo que enfocara los rostros de
los universitarios, quienes reiteraron que no estaban obligados a
responder preguntas a ese medio y tampoco tenía el derecho de
enfocarlos.
Luego
de unos minutos, la Policía dio captura a cuatro universitarios, entre
ellos una estudiante de Periodismo enviada a dar cobertura a los hechos,
y que fue liberada a eso de las 7:00 de la noche; no así con los tres
antes mencionados, ya que estos fueron acusados por la actividad
pirómana.
En
ese sentido, el pasado viernes a altas horas de la noche, un juez
ordenó Detención Judicial para los universitarios que se presentarán
mañana en los juzgados de Tegucigalpa. Los organismos que los
representan, alegan que los uniformados no tuvieron pruebas contundentes
para aprisionarlos, y que en la cárcel han recibido tratos inhumanos.
En
el último mes los universitarios se han enfrentado a condiciones de
represión cada vez más violenta, de hecho, el pasado 28 de noviembre,
capturaron a varios efectivos de la Policía que presuntamente se habían
infiltrado como civiles, la institución policiaca alegó que hacían
trámites personales, declaración que no fue aceptada por los movimientos
estudiantiles que denunciaron el levantamiento de perfiles.
Además,
este fin de semana, trascendió la muerte violenta de un estudiante de
ingeniería de la UNAH, se trata de Iván Enrique Montoya, quien estaba
desaparecido desde el martes pasado y cuyo cuerpo fue encontrado
calcinado en un sector de la capital. Según el informe de los forenses,
el occiso presentaba signos de tortura.
Por
otro lado, analistas y políticos opositores, afirman que la quema de
los tres autobuses frente a la UNAH, han sido un intento de distraer a
la sociedad hondureña de los temas de “Pandora” y de la judicialización
de Tony Hernández, hermano del gobernante, por narcotráfico. Los
universitarios también han insistido en la renuncia de Juan Hernández.
Familiares claman justicia por universitarios presos
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Este día, familiares de tres universitarios privados de libertad hicieron un llamado a personeros del Sistema Judicial hondureño para que liberen a los estudiantes acusados del supuesto delito de incendio agravado, durante una protesta social el pasado jueves frente a la Ciudad Universitaria.
Tegucigalpa, Honduras.- Este día, familiares de tres universitarios privados de libertad hicieron un llamado a personeros del Sistema Judicial hondureño para que liberen a los estudiantes acusados del supuesto delito de incendio agravado, durante una protesta social el pasado jueves frente a la Ciudad Universitaria.
Misael Martínez, Carlos Hernández y
Ricardo Melghem, están bajo prisión preventiva, negándoseles el derecho a
tener medidas sustitutivas desde la noche del viernes 07 de diciembre,
cusndo fueron capturados junto a la estudiante de periodismo Samia
Amador, quién cubría la protesta como parte de la clase de
radio-periodismo (ella fue liberada horas después).
Rolando Melghem es un muchacho de 18
años, es su primer año en la universidad. Su familia originaria de
Marcala, La Paz, está triste y confundida, pues el joven ha pasado
varios días en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, en
Támara, al norte de Tegucigalpa.
Marcela Guzmán, prima del estudiante
expresó que, a la hora del incendio de los buses, el joven estaba en la
colonia Florencia, cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), donde habita, por lo que se movió como a la 01:30 p.m. a sus
clases y fue un espectador más de los hechos.
Las autoridades encargadas de investigar, en vez de gastar tiempo y recursos en dar con los verdaderos responsables de estos delitos, se ensañan con estos jóvenes que nada tienen que ver con el incendio de estos autobuses: Marcela Guzmán Melghem
Hay videos que muestran a una persona
quemando los buses, y a ése no lo han capturado –añadió- y esa es una
forma de represión para que los jóvenes no protesten, porque ellos han
mostrado su rebeldía e ímpetu para la defensa de sus opiniones y puntos
de vista.
Libertad para presos políticos
Por
su parte la Convergencia Contra el Continuismo Francisco Morazán, ante
este hecho de persecución, considera la detención como ilegal e
irregular, ellos fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y
degradantes por parte de los miembros de los organismos policiales que
responden al actual régimen.
Y considera que existió abuso de
autoridad por parte de los juzgados hondureños en dictar prisión
judicial y trasladar a los tres compañeros universitarios detenidos a la
Penitenciaría Nacional de Támara; sustentándose en falsas pruebas,
impertinentes, inútiles he improporcionales, violentando el debido
proceso y el principio de inocencia.
Por lo que, la Convergencia Contra el
Continuismo de Francisco Morazán, condenó enérgicamente la persecución
política y Estudiantil, así como la criminalización a la Protesta
Social, que desde hace varios años y específicamente en los últimos
meses, luego de la estigmatización y sesgo que se ha venido dando por
parte de periodistas y medios de comunicación tradicionales, así como,
de representantes del sector privado en contubernio con el régimen
dictatorial hacia y en contra del sector Social del Pueblo Hondureño.
El repudio a los actos de los
funcionarios de los órganos jurisdiccionales. Mismos que siguiendo una
agenda predeterminada por el régimen cometen faltas a los deberes de los
funcionarios públicos, y castigan al Pueblo Hondureño violentando las
garantías y Derechos Constitucionales como ser el Derecho a la protesta,
el debido proceso y el principio de inocencia.
“Exigimos la pronta liberación de los
compañeros Misael Martínez, Carlos Hernández y Ricardo Melghem. Se
respete el debido proceso, el principio de inocencia, así como la
valoración de las pruebas que determinan que los estudiantes NO
participaron de los actos de quema de buses”, expresó la CCC en una
conferencia de prensa acompañada por defensores de derechos humanos del
CIPRODEH y ACI-Participa.
Y se exigió la liberación de los 15
presos políticos y de los 20 presos judiciales de los capturados en el
conflicto de la crisis post fraude electoral de 2017.
Acusación contra universitarios es aberrante: Wilfredo Méndez
Los universitarios han alzado la voz de protestas contra la criminalización de la lucha estudiantil.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-“Realmente
es una acción aberrante en contra de estudiantes que están exigiendo
derechos en razón de la defensa de los intereses de la nación”, dijo el
defensor de los derechos humanos, Wilfredo Méndez al referirse al
encarcelamiento de tres estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH) acusados por el delito de incendio agravado.
Rolando
Melghem, Carlos Eduardo Hernández y Misael Martínez, fueron apresados
por la policía, acusados de quemar tres autobuses de la ruta urbana en
un incidente producido el 6 de diciembre frente a la UNAH, cuando se
realizaba una protesta estudiantil en rechazo al incremento a la tarifa
del transporte.
Los
estudiantes fueron capturados por la policía y posteriormente acusados
por el Ministerio Público de quemar las unidades del transporte. Sin
embargo, varios testigos han expuesto que los jóvenes no estaban
participando activamente en la manifestación y que a eso de las 2:00 de
la tarde, apenas iban saliendo de clases luego de que se suspendieran.
Para
Wilfredo Méndez, quien es el director del Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) el comportamiento de los
jueces es completamente reprochable y el accionar del Ministerio Público
dan deseos de tirarlo a la basura, porque actúa en contra de las
personas que necesitan de su auxilio.
Luego
del encarcelamiento de los tres universitarios, se registró el fin de
semana anterior el hallazgo espeluznante del cuerpo calcinado del
estudiante de ingeniería, Iván Mejía Montoya, quien se encontraba
desaparecido desde el martes de la semana pasada.
Según
el reporte forense, el cuerpo de Mejía Montoya presentaba signos de
tortura y, una vez asesinado, le prendieron fuego a una llanta sobre su
cuerpo consumiéndolo por completo.
Para
Méndez, tanto el encarcelamiento Rolando Melghem, Carlos Eduardo
Hernández y Misael Martínez y el crimen de Iván Mejía Montoya, es una
estrategia de miedo y terror del actual régimen para inmovilizar la
protesta social.
El
defensor de los derechos humanos dijo que el miedo y terror es una de
las constantes que el actual gobierno ha venido implantando y que los
asesinatos direccionados para ciertas personas, es para mandar un
mensaje para desmovilizar la protesta social.
Méndez
manifestó que la represión en Honduras se ha implementado con mayor
fuerza a partir del año 2009 cuando se gestó el golpe de Estado contra
el entonces presidente, Manuel Zelaya Rosales, pero ahora en la medida
en que la gente proteste más, “las tuercas de la tortura y del miedo se
van a ir ajustando más, para atemorizar”.
El
defensor de los derechos humanos vaticinó que el régimen continuará con
sus acciones de individualizar, perseguir, asesinar y generar otros
tipos de miedos.
Un
grupo de estudiantes universitarios se trasladó este martes al
Ministerio Público en apoyo a los estudiantes que están encarcelados,
acusados de incendiar los tres buses frente a la UNAH.
En
una cartulina los estudiantes plasmaron su repudio hacia el discurso de
los medios corporativos, señalando que éstos tipifican como terrorismo
cuando alguien, en una protesta, quema una llama, pero cuando una llanta
es utilizada para quemar el cuerpo de un estudiante, guardan silencio.
Al
respecto, Wilfredo Méndez, recordó que el gobierno de Hernández no solo
se sostiene por el poder de las armas sino también por el poder
ideológico que significan algunos medios de comunicación corporativos e
iglesias católicas y evangélicas.
“Los
estudiantes han sido vistos como criminales y no como víctimas de un
sistema. Los estudiantes ha sido vistos como una amenaza y no como la
esperanza del país”: Wilfredo Méndez, director del Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Los
estudiantes Rolando Melghem, Carlos Eduardo Hernández y Misael Martínez
esperaban este martes la resolución judicial que se deberá adoptar
durante la audiencia inicial y de esa manera establecer si seguirán en
prisión o saldrán en libertad.
Los tres fueron capturados el pasado 06 de diciembre acusado de
incendio agravado, en el contexto de la quema de buses enfrente de la
Universidad Nacional Aurtónoma de Honduras, sus familiares y ellos
mismos han señalado que no tienen nada que ver en el hecho y que fueron
apresados cuando miraban cuando remolcaban los buses ya quemados ese
día.
Sin duda la estigmatización contra los tres estudiantes enjuiciados es cada vez más fuerte a medida que avanzan las horas y no empieza la Audiencia Inicial, programada para este 11 de diciembre, la cual esperan desde las ocho de la mañana.
La militarización es extrema y primero en el juzgado anunciaron que harían dicha audiencia en el Ministerio Público, pero después desistieron y solamente están indagando a testigos protegidos en esa institución, por lo que se prevé una decisión entrada la noche de hoy o la madrugada del 12 de diciembre , tal como ha ocurrido con otros casos donde la justicia baila al son de pruebas falsas y criminalización.
Un policía no me dejó darle comida porque dijo que era terrorista
Betzabé Hernández Suárez, madre de Carlos Eduardo Hernández, relató a pasosdeanimalgrande.com que el jueves 06 de diciembre cuando le llevaba comida a su hijo porque no lo dejaron ver en la Policía Metropolitana Número Uno, un policía le dijo “no puede darle de comer a un terrorista por lo tanto no se puede hartar”.
Este martes 11 de diciembre los estudiantes llegaron muy temprano al Juzgado de Letras de lo Penal, estudiantes de la UNAH están en las cercanías y Carlos Eduardo junto a sus compañeros aunque venían enchachados, él gritó la consigna “el estudiante consciente, aquí está presente”.
Después de largas horas de espera, a eso de las tres y treinta de la tarde doña Betsabé dijo que “lo que quieren agotar nuestra paciencia, nuestro testigo es una anciana de la tercera edad, porque vino desde las ocho de la mañana y han pospuesto la audiencia, me da miedo que ella se desmaye, no sé por qué le dan tanta largas al asunto si nuestros hijos son inocentes".
Al recordar el jueves 06 de diciembre cuando el juez envió a prisión a su pariente dijo que “me sentí con mucho miedo cuando los policías se los llevaron a Támara porque acá a los jóvenes los capturan, los desaparecen y después aparecen encostalados”.
Le pido a las autoridades que hagan justicia, aunque solo hay justicia para los narcotraficantes y ladrones, pero para nuestros hijos persecución política, sentenció.
Destacó que Carlos es un muchacho intelectual, brillante,” un profesor me dijo que nunca había tenido un alumno tan brillante en 37 años de dar clases, es excelencia académica en la UNAH, y es el primer año que cursa en la UNAH”.
Mientras Fausto Martínez, padre de Misael Martínez Flores, expresó que no hay formalidad en las autoridades que deben tener seriedad, “ayer lunes lo fui a ver a la cárcel y me dijo que no me preocupara que estaba tranquilo”.
Carlos fue golpeado por la policía, pero aunque defensores de derechos humanos pidieron fuera evaluado por Medicina Forense, no se logró se concretara la petición.
“Me siento muy mal porque las autoridades no deben ensañarse contra quien no tiene armas, pido a las autoridades que sean coherentes y que no se parcialicen, espero que este problema se resuelva y dejen libre a mi hijo”, expresó.
Gobernador de la Paz mete las manos en la estigmatización de estudiante
Desquitándose la mala vibra contra la familia Melghem , en especial
contra los tíos del joven Rolando Melghem, también capturado, René
Melgar, Gobernador Político de La Paz, en la zona central del país, hizo
una publicación en su página de Facebook estigmatizando al muchacho,
señalando que es heredero de actos vandálicos que hace su familia en ese
departamento y ahora lo extienden a otras localidades.
“El gobernador borró la publicación en Facebook, pero nosotros hicimos las capturas antes , dijo entre otras cosas que mi sobrino tiene ejemplos para hacer lo que se le acusa porque la familia Melghem es partícipe de las tomas en La Paz, y que Lorena Melghem es dirigente de tomas, que la familia está ligada a actos vandálicos. En una página del Partido Nacional que se llama Nos Queda Claro, ponen hasta mis fotografía y que mi sobrino está siguiendo mi ejemplo, eso denota una conexión entre lo que publicó el Gobernador y la página en mención”, señaló la periodista Lorena Melghem a pasosdeanimalgrande.com.
El Ministerio Público ha llevado testigos protegidos que serían militares y supuestas personas que iban en los buses quemados, para que testifiquen contra los tres estudiantes.
En las afueras de los juzgados, decenas de personas, entre ellos estudiantes y defensores de derechos humanos están a la espera de la Audiencia Inicial .
Reporte de Jairo López, Director del Noticiero El Informador
Sobre toma del Centro Regional del Litoral Pacífico, CURLP, ubicado en Choluteca, en el Sur de Honduras, en solidaridad con los estudiantes enjuiciados, demandan el esclarecimiento del crimen de un estudiante asesinado en esta semana en la capital , asimismo cumplimiento de acuerdos del actual rector de la UNAH sobre problemática de ese centro y que no se han hecho efectivos.
LOS CRIMENES CONTRA LA JUVENTUD Y NIÑEZ
El
director de Casa Alianza Honduras, Guadalupe Ruelas, apuntó que los
datos oficiales refieren que en el país se registran 29 asesinatos de
jóvenes por cada 100 mil habitantes siendo la tasa más alta de América
Latina y se estima que a diario al menos dos niños son asesinados y más
de 25 se van del país.
Honduras se ha convertido en un país invivible para los niños: Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras.
Ruelas
apuntó que las sospechas sobre la participación de los entes de
seguridad del Estado en los crímenes contra la juventud y la niñez,
siguen latentes, sobre todo después de haber visto que hombres con
uniformes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) sacaron
de una vivienda a dos jóvenes que posteriormente aparecieron
ejecutados.
“Seguimos
esperando que nos digan quiénes estaban debajo de los uniformes de la
ATIC de hace algunos meses cuando secuestraron, torturaron y asesinaron a
unos jóvenes en un barrio capitalino, no hemos recibido respuesta, la
sociedad hondureña sigue esperándola, nosotros como Casa Alianza
seguimos con el dedo en el renglón”, advirtió el director de Casa
Alianza para Honduras.
Madre de estudiante: Un policía me dijo que no podía dar comida a un terrorista
Tuesday, 11 December 2018 16:40 Written by Dina Meza y Jairo López Published in Defensa de la Protesta Social en la UNAH
Fotografía de los tres estudiantes
Rolando Melghem, Misael Martínez Flores y Carlos Eduardo Hernández, en
las celdas de la Policía Metropolitana Número Uno, la mañana de 07 de
diciembre de 2018
La madre del estudiante criminalizado, Carlos Eduardo Hernández,
denunció que un policía evitó que le diera de comer a su hijo aduciendo
que “no se le puede dar de comer a un terrorista”, según lo dijo a
pasosdeanimalgrande.com, este 11 de diciembre de 2018 que está
programada la Audiencia Inicial, contra él y los jóvenes Rolando Melghem
y Misael Martínez Flores.
 Extrema militarización en Audiencia Inicial contra estudiantes criminalizados |
Sin duda la estigmatización contra los tres estudiantes enjuiciados es cada vez más fuerte a medida que avanzan las horas y no empieza la Audiencia Inicial, programada para este 11 de diciembre, la cual esperan desde las ocho de la mañana.
La militarización es extrema y primero en el juzgado anunciaron que harían dicha audiencia en el Ministerio Público, pero después desistieron y solamente están indagando a testigos protegidos en esa institución, por lo que se prevé una decisión entrada la noche de hoy o la madrugada del 12 de diciembre , tal como ha ocurrido con otros casos donde la justicia baila al son de pruebas falsas y criminalización.
Un policía no me dejó darle comida porque dijo que era terrorista
Betzabé Hernández Suárez, madre de Carlos Eduardo Hernández, relató a pasosdeanimalgrande.com que el jueves 06 de diciembre cuando le llevaba comida a su hijo porque no lo dejaron ver en la Policía Metropolitana Número Uno, un policía le dijo “no puede darle de comer a un terrorista por lo tanto no se puede hartar”.
Este martes 11 de diciembre los estudiantes llegaron muy temprano al Juzgado de Letras de lo Penal, estudiantes de la UNAH están en las cercanías y Carlos Eduardo junto a sus compañeros aunque venían enchachados, él gritó la consigna “el estudiante consciente, aquí está presente”.
Después de largas horas de espera, a eso de las tres y treinta de la tarde doña Betsabé dijo que “lo que quieren agotar nuestra paciencia, nuestro testigo es una anciana de la tercera edad, porque vino desde las ocho de la mañana y han pospuesto la audiencia, me da miedo que ella se desmaye, no sé por qué le dan tanta largas al asunto si nuestros hijos son inocentes".
Al recordar el jueves 06 de diciembre cuando el juez envió a prisión a su pariente dijo que “me sentí con mucho miedo cuando los policías se los llevaron a Támara porque acá a los jóvenes los capturan, los desaparecen y después aparecen encostalados”.
Le pido a las autoridades que hagan justicia, aunque solo hay justicia para los narcotraficantes y ladrones, pero para nuestros hijos persecución política, sentenció.
Destacó que Carlos es un muchacho intelectual, brillante,” un profesor me dijo que nunca había tenido un alumno tan brillante en 37 años de dar clases, es excelencia académica en la UNAH, y es el primer año que cursa en la UNAH”.
Mientras Fausto Martínez, padre de Misael Martínez Flores, expresó que no hay formalidad en las autoridades que deben tener seriedad, “ayer lunes lo fui a ver a la cárcel y me dijo que no me preocupara que estaba tranquilo”.
Carlos fue golpeado por la policía, pero aunque defensores de derechos humanos pidieron fuera evaluado por Medicina Forense, no se logró se concretara la petición.
“Me siento muy mal porque las autoridades no deben ensañarse contra quien no tiene armas, pido a las autoridades que sean coherentes y que no se parcialicen, espero que este problema se resuelva y dejen libre a mi hijo”, expresó.
Gobernador de la Paz mete las manos en la estigmatización de estudiante
 Esta es la foto que el Gobernador Político de La Paz usó de Melghem. |
“El gobernador borró la publicación en Facebook, pero nosotros hicimos las capturas antes , dijo entre otras cosas que mi sobrino tiene ejemplos para hacer lo que se le acusa porque la familia Melghem es partícipe de las tomas en La Paz, y que Lorena Melghem es dirigente de tomas, que la familia está ligada a actos vandálicos. En una página del Partido Nacional que se llama Nos Queda Claro, ponen hasta mis fotografía y que mi sobrino está siguiendo mi ejemplo, eso denota una conexión entre lo que publicó el Gobernador y la página en mención”, señaló la periodista Lorena Melghem a pasosdeanimalgrande.com.
El Ministerio Público ha llevado testigos protegidos que serían militares y supuestas personas que iban en los buses quemados, para que testifiquen contra los tres estudiantes.
En las afueras de los juzgados, decenas de personas, entre ellos estudiantes y defensores de derechos humanos están a la espera de la Audiencia Inicial .
Reporte de Jairo López, Director del Noticiero El Informador
Sobre toma del Centro Regional del Litoral Pacífico, CURLP, ubicado en Choluteca, en el Sur de Honduras, en solidaridad con los estudiantes enjuiciados, demandan el esclarecimiento del crimen de un estudiante asesinado en esta semana en la capital , asimismo cumplimiento de acuerdos del actual rector de la UNAH sobre problemática de ese centro y que no se han hecho efectivos.
Estudiantes quedan LIBRES
Thursday, 13 December 2018 01:26 Written by Dina Meza Published in Defensa de la Protesta Social en la UNAH
Los estudianntes Carlos Eduardo Hernández, Misael Martínez Flores y
Rolando Melghem, mantenidos presos desde el jueves 06 de diciembre de
2018, fueron declarados inocentes por un juez de lo penal, este
miércoles 12 de diciembre del año en curso, lo que evidencia que el
Ministerio Público impulsó falsas imputaciones contra los jóvenes que
desde el principio declararon su inocencia.
Ellos fueron capturados el pasado 06 de diciembre acusado de
incendio agravado, en el contexto de la quema de buses enfrente de la
Universidad Nacional Aurtónoma de Honduras, sus familiares y ellos
mismos han señalado que no tienen nada que ver en el hecho y que fueron
apresados cuando miraban cuando remolcaban los buses ya quemados ese
día. Policías los rodearon y los llevaron capturados a una posta
policial y a la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, donde los
golpearon y torturaron sicológicamente, amenazándoles con matarles y
desaparecerlos.
Después de dos días de la Audiencia Inicial, los muchachos fueron declarados inocentes y el juez les decretó sobreseimiento definitivo, por lo que este jueves saldrán de prisión, después de vivir la peor pesadilla de su vida.
Durante la realización de las audiencias de Imputado e Inicial, la presencia masiva de estudiantes, familiares y defensores de derechos humanos se mantuvo en las afueras de los juzgados de lo penal de Comayaguela.
Al saber que los chicos quedaron libres y cuando eran retornados a prisión en un camión militar, los estudiantes afuera gritaban "Carlos Misael y Rolando por vos estamos luchando....sí se pudo, sí se pudo...."
El Ministerio Público hizo todo un show para tratar de inculpar a los estudiantes, entre las estrategias fue la presentación de militares como testigos protegidos que dieron falso testimonio. Además de que se mantuvo una extrema militarización haciendo ver a los tres muchachos como peligrosos y una juez acusó a los defensores de derechos humanos que podían impulsar una revuelta sin no los echaban del juzgado.
Estado de Honduras violenta compromisos para garantizar la defensa de los derechos humanos
Una de las notas negras apartes de las falsas imputaciones de la fiscalía es que no se permitió la presencia de defensores de derechos humanos en las audiencias.
El Artículo 9 de dicha Delcración señala que " 1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechosb) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables....", sin embargo en Honduras es común que los defensores y defensoras no se les permita entrar a las audiencias o se les eche de las mismas.
Ministerio Público y cuerpos de seguridad hacen falsas acusaciones
La impunidad ha bateado a la justicia, las faltas al Debido Proceso y a la independencia judicial han sio la tónica en la criminalización contra las personas que demandan derechos en Honduras.
El caso de los tres estudiantes es un ejmplo de cómo la criminalziación a los jóvenes que estudian en la Universidad Nacional Aut+onoma de Honduras, UNAH, se ha convertido en una práctica de Estado. En la actualiad más de 60 que participaron en las protestas del año 2017, se mantienen con juicios abiertos, unos 24 fueron expulsados por la misma causa hasta que un Recurso de Amparo los devolvió a clases, otros están bajo amenazas constantes y algunos han salido al exilio por la persecusión.
A todos ellos les han abierto juicios injustos violentando el debido proceso, donde la fiscalía, los cuerpos represivos , las autoridades de la UNAH y jueces han jugado un rol nefasto para que se concrete la criminalización.
Igualmente se les reabrió el proceso penal después que la Fiscalía apeló un sobreseimiento definitivo, contra los defensores de derechos humanos Tomy Morales de la ASOPODEHU, Ariel Días de CIPRODEH, Carlos Del Cid, de la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, AEDH, y a ocho estudiantes, todos torturados por altos oficiales de la Policía Preventiva, a quienes una jueza dejó en libertad definitiva después de un largo juicio impulsado por organizaciones de derechos humanos.
Los tres defensores fueron acusados de Encubrimiento y a la defensora Morales por este delito y además atentado, cunado el 08 de sepriembre de 2017 estaban vigilando la situación de derechos humanos después de un desalojo violento de la policía en la UNAH, sin embargo fueron capturados, tortados y enjuiciados, violentando los convenios y tratados internacionales de protección a la labor de las personas que defienden derechos humanos,
Tengo miedo que le hagan algo cuando vuelva a clases
La madre de Carlos Eduardo Hernández se mostró muy alegre pero a la vez preocupada porque manifestó que tiene miedo que su hijo vuelva a clases y le pase algo, por lo que pidió a los docentes que les puedan hacer vía internet los exámenes que perdieron por estar encarcelados.
Por su parte el padre de Misael Martínez Flores agradeció a los estudiantes de la UNAH que se mantuvieron apoyando las exigencias de justicia en las afueras de los juzgados y el acompañamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Algarabía por la libertad
Choluteca se movilizó por libertad de extudiantes
Por:Jairo López, Noticiero El Informador
La marcha de Choluteca, en el Sur de Honduras, que se realiza todos los miércoles y sábados, desde el 27 de noviembre de 2017, fue dedicada a exigir la libertad de los tres estudiantes.
"Los estudiantes son inocentes, los culpables de quemar buses fueron militares y policías", dijeron los manifestantes.
Después de dos días de la Audiencia Inicial, los muchachos fueron declarados inocentes y el juez les decretó sobreseimiento definitivo, por lo que este jueves saldrán de prisión, después de vivir la peor pesadilla de su vida.
Durante la realización de las audiencias de Imputado e Inicial, la presencia masiva de estudiantes, familiares y defensores de derechos humanos se mantuvo en las afueras de los juzgados de lo penal de Comayaguela.
Al saber que los chicos quedaron libres y cuando eran retornados a prisión en un camión militar, los estudiantes afuera gritaban "Carlos Misael y Rolando por vos estamos luchando....sí se pudo, sí se pudo...."
El Ministerio Público hizo todo un show para tratar de inculpar a los estudiantes, entre las estrategias fue la presentación de militares como testigos protegidos que dieron falso testimonio. Además de que se mantuvo una extrema militarización haciendo ver a los tres muchachos como peligrosos y una juez acusó a los defensores de derechos humanos que podían impulsar una revuelta sin no los echaban del juzgado.
Estado de Honduras violenta compromisos para garantizar la defensa de los derechos humanos
Una de las notas negras apartes de las falsas imputaciones de la fiscalía es que no se permitió la presencia de defensores de derechos humanos en las audiencias.
El Artículo 9 de dicha Delcración señala que " 1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechosb) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables....", sin embargo en Honduras es común que los defensores y defensoras no se les permita entrar a las audiencias o se les eche de las mismas.
Ministerio Público y cuerpos de seguridad hacen falsas acusaciones
La impunidad ha bateado a la justicia, las faltas al Debido Proceso y a la independencia judicial han sio la tónica en la criminalización contra las personas que demandan derechos en Honduras.
El caso de los tres estudiantes es un ejmplo de cómo la criminalziación a los jóvenes que estudian en la Universidad Nacional Aut+onoma de Honduras, UNAH, se ha convertido en una práctica de Estado. En la actualiad más de 60 que participaron en las protestas del año 2017, se mantienen con juicios abiertos, unos 24 fueron expulsados por la misma causa hasta que un Recurso de Amparo los devolvió a clases, otros están bajo amenazas constantes y algunos han salido al exilio por la persecusión.
A todos ellos les han abierto juicios injustos violentando el debido proceso, donde la fiscalía, los cuerpos represivos , las autoridades de la UNAH y jueces han jugado un rol nefasto para que se concrete la criminalización.
Igualmente se les reabrió el proceso penal después que la Fiscalía apeló un sobreseimiento definitivo, contra los defensores de derechos humanos Tomy Morales de la ASOPODEHU, Ariel Días de CIPRODEH, Carlos Del Cid, de la Acción Ecuménica por los Derechos Humanos, AEDH, y a ocho estudiantes, todos torturados por altos oficiales de la Policía Preventiva, a quienes una jueza dejó en libertad definitiva después de un largo juicio impulsado por organizaciones de derechos humanos.
Los tres defensores fueron acusados de Encubrimiento y a la defensora Morales por este delito y además atentado, cunado el 08 de sepriembre de 2017 estaban vigilando la situación de derechos humanos después de un desalojo violento de la policía en la UNAH, sin embargo fueron capturados, tortados y enjuiciados, violentando los convenios y tratados internacionales de protección a la labor de las personas que defienden derechos humanos,
Tengo miedo que le hagan algo cuando vuelva a clases
La madre de Carlos Eduardo Hernández se mostró muy alegre pero a la vez preocupada porque manifestó que tiene miedo que su hijo vuelva a clases y le pase algo, por lo que pidió a los docentes que les puedan hacer vía internet los exámenes que perdieron por estar encarcelados.
Por su parte el padre de Misael Martínez Flores agradeció a los estudiantes de la UNAH que se mantuvieron apoyando las exigencias de justicia en las afueras de los juzgados y el acompañamiento de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Algarabía por la libertad
Choluteca se movilizó por libertad de extudiantes
Por:Jairo López, Noticiero El Informador
La marcha de Choluteca, en el Sur de Honduras, que se realiza todos los miércoles y sábados, desde el 27 de noviembre de 2017, fue dedicada a exigir la libertad de los tres estudiantes.
"Los estudiantes son inocentes, los culpables de quemar buses fueron militares y policías", dijeron los manifestantes.
