HONDURAS / MANDATO DE BIDEN PODRÍA ABRIR JUICIO CONTRA JOH
- Publicado: 22 Enero 2021
Según
el analista Erick Tejada, que Juan Hernández y sus homólogos de
Guatemala, Colombia, entre otros, no hayan sido invitados a la toma de
posesión de Joe Biden, alerta que el nuevo mandatario estadounidense
muestra intolerancia por estos gobernantes, señalados como
administraciones corruptas y adversas a los derechos humanos.
En tanto, el especialista en política exterior, Graco Pérez, anticipa que las relaciones entre Biden y Hernández no serán estrechas por los señalamientos en la fiscalía neoyorquina, que lo vinculan a narcoactividad ligada al caso de su hermano “Tony”, condenado en octubre de 2019.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ayer miércoles ha tomado posesión el presidente de los Estados Unidos, Joseph “Joe” Biden, en una ceremonia muy distinta por el Covid-19, y por la no participación del mandatario saliente, además de la marginación a sus homólogos de países en la “lista negra” por ser señalados en casos de violaciones de derechos humanos, corrupción y narcotráfico.
Biden no invitó a los gobernantes Juan Hernández de Honduras, Alejandro Giammattei de Guatemala e Ivan Duque de Colombia, pero sí a Nayib Bukele de El Salvador que en su representación mandó a la embajadora Milena Mayorga; además, fue invitado Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, destacado porque durante su mandato buscó la paz en su país. Este gesto advierte el fondo de quiénes ahora son del agrado y quienes son “non gratos” para Washington.
En ese sentido, el analista y catedrático universitario, Erick Tejada, ha dicho que los presidentes que no fueron invitados han sido fieles aliados a la administración de Donald Trump y que si Biden no les llamó es porque quizá esté en proceso de suprimir la política exterior del gobernante saliente, Donald Trump.
El analista observa que aunque no habrá un “cambio radical” en la política exterior de Biden, si habrá un distanciamiento que restará el apoyo a estos gobernantes, sobre todo al de Juan Hernández. El discurso relatado por el presidente Biden fue claro y mostró la intolerancia a los gobernantes señalados por actos de corrupción, narcotráfico y violación sistemática de derechos humanos.
“Para
Juan Hernández, la derrota de Donald Trump y la salida de Mike Pompeyo
de la Secretaria de Estado es un revés porque eran fuertes aliados”,
reflexiona Tejada. Y al tiempo agrega que esto sin dudarlo debilita al
régimen actual por las múltiples denuncias de nexos con el narcotráfico
en la Fiscalía del Distrito Sur de New York, “que probablemente ante su
salida eventual del poder, vaya a tener que enfrentar la justicia en
Estados Unidos”.
El docente hace hincapié en que la pérdida de los aliados, Trump y Pompeo, también significa un cambio en la política anticorrupción y tolerancia de la nueva administración estadounidense. Finalmente señala que la popularidad del salvadoreño Bukele, se basa en su imagen de transparencia y honestidad, características que no tienen Giammatei y Hernández, “con eso Biden manda un mensaje que eso desea en la región”.
Por otra parte, el experto en Relaciones Internacionales, Graco Pérez, asevera que para saber hacia dónde se orientara la política diplomática de Estados Unidos, se debe esperar las reuniones con cuerpos diplomáticos nacionales y que se designe los embajadores que enviará a la región, haciendo especial mención que desde 2017 con James Nealon, Honduras no ha visto un embajador sino que sólo “encargados de negocios”.
No obstante, vaticina que en cuanto a la relación, se puede anticipar que no será la mejor con el Gobierno Hernández “dados los cuestionamientos que existen en la Corte de Estados Unidos y la imagen del país en temas de corrupción, además en estos momentos no va existir una relación bilateral tan estrecha. Más bien, cualquier contacto se va manejar en un perfil bajo”.
Lo anterior, observa, se mantendrá hasta que Honduras se encamine a una ruta electoral de cara a un nuevo Gobierno y, las negociaciones que se tengan con la autoridad actual serán exclusivamente para tratar el tema migratorio.
Hernández está en el ocaso de su segundo mandato, ilegal según la Constitución, y en este ese contexto, el analista anota que se va a buscar interlocutores en el norteamericano país para tratar de sostener una relación, pero que esta práctica no tendrá éxito porque ya no va a continuar la “complicidad” que existió con Trump.
Y es que Pérez ha hecho mención a temas que están pendientes a analizarse por el nuevo gabinete de Biden, ejemplificando la listas de corruptos que serán sancionados, por lo que ratifica que las relaciones se irán dando de a poco porque no sólo es cambio de presidente, sino que también “en materia militar, eso establece otros ámbitos para el país, el presidente Joseph Biden, hizo referencia en las Fuerzas Militares y van a sufrir cambios”.
Tegucigalpa.- La Convergencia Contra el Continuismo (CCC), la Plataforma Amplia Nacional Liberadora (PANAL) y el Movimiento PATRIA, ante los últimos señalamientos directos desde la Corte Penal del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, que implican a Juan Orlando Hernández en el narcotráfico, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer su posicionamiento.
A la rueda de prensa asistieron varios representantes de las diferentes organizaciones de sociedad civil, entre ellos Carlos H Reyes, integrante de la coordinación nacional de la Convergencia Contra el Continuismo, quien expresó que el posicionamiento es bastante claro, refleja lo que está pasando en el país, que la mayoría de las organizaciones y el pueblo hondureño en general deberían adoptarlo para que se quede en la mente del pueblo hondureño, que permitirá derrocar la dictadura que se mantiene en el poder ilegalmente.
“Se trata de un posicionamiento que, si es absorbido por las masas, si es captado por el pueblo hondureño, si es captado por todas sus instituciones, eso adquiere en la mente del pueblo una fuerza material y nos va permitir no solo derrocar la dictadura, si no que ir más allá, ver como resaltamos el pensamiento morazánico y volvemos a unir Centroamérica, porque esa es nuestra Historia, así la estaba manejando y hacia allí tenemos que llegar”.
Asimismo añadió que “estamos en un momento muy delicado y sería vergonzosos actos como el actual, o sea no podemos ser indiferente hacia lo que está pasando, porque si somos indiferentes nos convertimos en cómplices y en traidores”.
Por su parte Tomás Andino, también integrante de la CCC, agregó que“en este momento histórico lo más importante es deshacernos del primer obstáculo que tiene el país; es más, si esta pandilla en el poder continúa, Honduras corre peligro de desaparecer como Estado, vista todo lo que se hace con las ciudades modelo y todo el entreguismo que está haciendo con los recursos naturales, por ese motivo hemos decidido dejar de lado las cosas que nos han separado de momento, para unirnos todos y todas en un solo punto, para luchar en contra de esta dictadura narcotraficante”.
Añadió que “esta rueda de prensa y el posicionamiento solo es el primer paso de las acciones que se realizaran para lograr la salida, sabemos que con pronunciamientos y comparecencias de este tipo no lo vamos a lograr sacar, vamos a lograrlo yendo a la calle, vamos a lograr saliendo a protestar”.
Otra de las asistentes a la conferencia fue la ex directora de Medicina Forense del Ministerio Público, Julissa Villanueva, quien expresó que “es importante reconocer el poder que tiene la sociedad civil organizada; Honduras está secuestrada, Honduras, vive momentos graves en un proceso de narco dictadura que debe liberarse”.
Hoy en día estamos representando a la organización de muchas personas juntas que tenemos un fin común y es incitar de una vez a que la indiferencia desaparezca de nuestras mentes; es fundamental entonces, que se sienta que todo ustedes generan un cambio. Con en este pronunciamiento inician las actividades activas para conducir al país a su recuperación”.
“El pronunciamiento es claro, el Ministerio Público tiene los días contados para reaccionar, porque ha traicionado la confianza del pueblo hondureño y habremos visto que son la última oportunidad que le quedan a la institucionalidad”, señaló Villanueva.
Donald Funes, de PANAL, señaló que las organizaciones civiles y ciudadanas están unidas, reclamando a las instituciones, como ser el Ministerio Público, el Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas, para que respondan conscientemente y con conciencia patriótica, ante todo lo que está sucediendo.
Agregó que “basta de silencio de inmovilidad, de acomodamiento, y los pedimos e invitamos a toda la ciudadanía y a todos los ciudadanos se unan a este clamor ciudadano, porque ya estanos cansados y lo que queremos es que en el próximo gobierno no sucedan estas cosas”.
Por su parte, Salvador Nasrralla añadió que me sumo a la movilización con el Partido Salvador de Honduras el próximo viernes, e invito a los demás partidos políticos a que hagan lo mismo el viernes en los puentes de la Guadalupe. También invito a los representantes de esas organizaciones que se encuentran en San Pedro Sula, La Ceiba y en las demás ciudades para que se manifiesten a la misma hora, a las 4:00 de la tarde.
“La sociedad civil es la llamada a que todos nos unamos para esta lucha que tenemos que librar ahora, si no la libramos ahora, no la vamos a lograr nunca”.
Señaló que “el Ministerio Público es uno de los culpables con el Fiscal General, el Congreso el segundo de los culpables y el tercer culpable son las Fuerzas Armadas”.
El Ministerio Público debe iniciar las investigaciones, el Congreso debe llevar a juicio político, inmediatamente las Fuerzas Armadas deben cumplir con el artículo 272de la Constitución de República, si no lo hacen es porque reciben sueldos de Juan Orlando Hernández, al igual que muchos periodistas”.
Las organizaciones presentes en la conferencia de prensa manifestaron en su comunicado que se declaran en sesión permanente para vigilar que las instituciones del Estado antes mencionadas, cumplan sus responsabilidades constitucionales y nos reservamos el derecho a denunciarlo en su defecto.
El narco dictador Juan Orlando Hernández, no para de aparecer en los informes de la Fiscalía en EEUU. Nuevos documentos presentados por la fiscalía de New York, incluyen serias acusaciones contra Juan Orlando Hernández que lo implican en el tráfico de drogas.
Nueva moción presentada por la fiscalía para el Distrito Sur de New York dentro del caso de uno de los principales socios de Juan Orlando Hernández, llamado Geovanny Fuentes Ramírez implican a Hernández en el tráfico de drogas a gran escala y dentro de dichos documentos continúa siendo nombrado como CC-4. La información también implica a otros políticos de alto rango, policías, militares y empresarios en el lavado de dinero, sobornos y el narcotráfico.
La fiscalía afirma que aproximadamente en 2013, Geovanny Fuentes Ramírez sobornó a un político de alto rango (al que se hace referencia más adelante como CC-4) para que avanzaran exitosamente sus actividades de tráfico de drogas. Durante las reuniones con Juan Orlando Hernández, fuentes acordó informar directamente al hermano de Juan Orlando (CC-4), el narcotraficante convicto Tony Hernández y trabajar junto a Tony Hernández para usar el laboratorio de cocaína de Fuentes Ramírez para importar cantidades masivas de cocaína a los Estados Unidos.
La pregunta central es, ¿EEUU seguirá protegiendo al dictador
Hondureño?, La embajada americana en Honduras continua dando apoyo
incondicional al Narco Dictador, a pesar que los Fiscales en EEUU están
ansiosos por pedirlo en extradición.
El Narco Dictador Juan Orlando Hernández desmintió las acusaciones hechas por los fiscales estadunidenses, ¿No será mucho cinismo señor presidente?
JOH mejor conocido en EEUU como (CC4), nuevamente se ve »embarrado» en acusaciones de Narcotráfico por los fiscales Estadunidenses. El cinismo rebasa los límites, a través de la cuenta de Twitter de Casa Presidencial JOH dice que es una conspiración en su contra.
JOH y su hermano el convicto Tony Hernández lideraban el cartel de Narcotráfico más complejo de la zona, las declaraciones de un testigo que tienen los Fiscales Estadounidenses aseguran que JOH »quería inundar Estados Unidos de Cocaína.»
La historia se repite, JOH envuelto en un nuevo escándalo, JOH lo niega, y no pasa de ser eso, un simple escándalo. EEUU tiene todas las pruebas necesarias para extraditar a JOH, y el mismo JOH lo sabe. Pero como el Narco Dictador es pieza clave en el tablero político para los gringos, lo seguirán protegiendo. Así como lo protegió Trump, lo protegerá Biden.
Los informes de la Fiscalía del Distrito Sur en Estados Unidos
presentaron un organigrama del Cártel de Narcotráfico que encabeza el
Narco Dictador Juan Orlando Hernández. JOH, su hermano y su primo
durante años han enviado toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El documento de la Fiscalía de Nueva York dice así: Ex agente de la Policía Nacional de Honduras acusado de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego Mauricio Hernández Pineda supuestamente conspiró con su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, alias «Tony» Hernández y otros, para importar cantidades de toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Wendy Woolcock, Agente Especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos («DEA»), anunciaron que el ex oficial de la Policía Nacional de Honduras MAURICIO HERNANDEZ PINEDA («HERNANDEZ PINEDA») fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El caso se asigna al juez federal de distrito P. Kevin Castel.
Los fiscales estadounidenses están ansiosos por pedir a Juan Orlando
Hernández en extradición por sus innegables vínculos con el
narcotráfico, pero mientras el Partido Nacional esté en el poder y sean
pieza clave en el tablero político de los gringos, JOH seguirá libre.
En Honduras, la tala y el tráfico ilegales de madera están estrechamente vinculados con el puente del narcotráfico en la zona nororiental del país, por donde sigue pasando un buen porcentaje de la cocaína que cruza el corredor centroamericano. En medio de estas economías ilegales se encuentra el poder político del país.
Dulce Nombre de Culmí es un pueblo enclavado en las montañas del noreste de Honduras, en el que el edificio más grande y el único que luce con buen mantenimiento es el que alberga a la iglesia católica y al complejo educativo aledaño, administrado por religiosos franciscanos.
No es un pueblo bonito, pero sí es un pueblo vivo: un lunes, las cuadras próximas al parque central lucen llenas de comercio formal e informal, ventas de ropa y comida en tenderetes provisionales instalados en las aceras, y productos agrícolas y de construcción en los negocios que albergan los edificios de concreto de una planta industrial cercana al centro del pueblo.
La economía que mueve este lugar está basada en los bosques que lo circundan: en sus pinares y en la jungla de maderas preciosas, como la caoba y el cedro, las cuales alimentan una economía que entre 2016 y 2018 movió entre US$60 y 80 millones al año. Según cálculos de organismos ambientalistas de Honduras, entre 50 y 60 por ciento de ese comercio proviene de la tala ilegal, y la mayor parte sale de las reservas boscosas del noreste hondureño.
Culmí, como le llaman los locales, es el último asentamiento urbano antes de adentrarse a la Biósfera del Río Plátano, un bosque protegido en el que desde hace más de una década convergen el narcotráfico y la tala ilegal. Hacia el sur del pueblo, a 57 kilómetros, se encuentra la ciudad de Catacamas, el punto de salida por vía terrestre hacia el resto del país. Hacia el norte está el bosque protegido y las rutas clandestinas hacia las zonas despobladas del Atlántico hondureño que colindan con Nicaragua.
* Este artículo es el resultado de una investigación sobre ecotráfico en la región, realizada en conjunto con el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS).
Las montañas y planicies aledañas a Culmí están salpicadas de pistas aéreas clandestinas, sobre todo desde el boom del narcotráfico a finales de la década pasada y principios de esta.
Para 2007, según la Dirección de Aeronáutica Civil, había al menos 100 pistas clandestinas en Olancho, el departamento donde se asientan Catacamas y Culmí. Para 2014, el gobierno de Juan Orlando Hernández se jactaba de haber destruido 75 pistas en todo el país.
Santos Orellana, un capitán del ejército hondureño que trabajó desde 2012 hasta 2016 en una fuerza especial de tarea antinarcotráfico, dice que hay muchas más pistas, al menos unas 300. Casi todas ellas están construidas en zonas boscosas taladas por traficantes locales de madera en tierras compradas por grupos de narcotráfico, algunos de cuyos líderes han sido ya apresados y extraditados a Estados Unidos.
En Olancho, Yoro y Gracias a Dios, tres departamentos de producción maderera por excelencia, los grupos tradicionales de narcotráfico han estado involucrados en la talay el tráfico ilegales de madera, según confirmaron a InSight Crime el capitán Orellana y otros cuatro oficiales del Estado hondureño, entre fiscales y miembros de la autoridad forestal, quienes hablaron bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
Por lo menos tres grandes grupos de narcotráfico en esta región se han metido en la tala ilegal de madera, pero según fuentes municipales en Olancho e investigadores en Tegucigalpa, esta economía representa un interés secundario: la prioridad de los grupos narcos es apoderarse de las tierras remotas para construir pistas clandestinas y, de paso, lucrarse con la madera que sacan ilegalmente de esos lugares.
La convergencia de las dos economías criminales, de madera y de droga, funciona así, según ha determinado la investigación de campo realizada por InSight Crime en Honduras:
Grupos de campesinos, muchos de ellos emigrados de las zonas más pobres del sur de Honduras, colonizan tierras despobladas en la zona de amortiguación de la Biósfera del Río Plátano, o incluso en su núcleo, y son quienes llevan a cabo las talas masivas con la protección del poder político local o de grupos de narcotráfico.
La madera que sale de esas talas, la mayoría de las cuales son hechas sin la supervisión del Instituto de Conservación Forestal de Honduras (ICF), abastece sobre todo los mercados locales. En el caso de la madera de pino, esta se mezcla con cargamentos que sí son legales, mediante subterfugios como la falsificación de permisos de tala o el pago a policías encargados de vigilar los cargamentos en las carreteras.
Las maderas preciosas, como la caoba y el cedro, suelen salir a través de rutas clandestinas hacia el norte, al departamento de Gracias a Dios, y de ahí a plataformas de procesamiento como La Ceiba. En esas rutas, además de madera, viaja la droga.
“Hay una carretera clandestina que va desde Culmí hasta Tahuaca —en la frontera con Nicaragua— y es de los narcos. Son carreteras cerradas con candados y cadenas que controlan los narcos de la zona”, cuenta Fausto Mejía, director de Monitoreo Forestal Independiente, una organización que estuvo adscrita a la Defensoría de Derechos Humanos y que hoy, como ONG, realiza informes regulares sobre la tala ilegal en el país.
El objetivo final de los narcos, sin embargo, no es el lucro que produce la madera —ese es solo un beneficio añadido—. Abrir espacio a las narcopistas aéreas ha sido el principal interés. “Para eso es para lo que ocupan el área forestal”, confirma un exfiscal ambiental en Tegucigalpa.
Lo que llega a esas pistas, la droga, sale por río en los llamados “pipantes”, botes planos para navegación fluvial, muchas veces entre cargamentos de madera que viajan varias horas por los cauces del Patuca y el Tahuaca hasta caminos tipo trocha en los que ambos productos viajan a lomo de mula hasta las carreteras clandestinas abiertas por los narcos en estas zonas remotas. Son estos, los caminos desolados en que han reinado los señores del bosque, los que mueven la madera y la droga.
Un pato llamado Honduras, por diario El País de El Salvador el día 12 de julio 2019.
Es uno de los países más pobres de América y un lugar estratégico para el narcotráfico, que ha secuestrado la institucionalidad y pervertido la economía y los equilibrios del poder
Si validamos el cuento del pato (si camina como pato, si vuela como pato, si tiene pico de pato…), Hondurases un narcoestado.
Jaime Rosenthal, patriarca de la familia más rica del país, murió
hace pocos meses en San Pedro Sula bajo arresto domiciliario, acusado de
evasión fiscal. El juicio en su contra abierto por la Fiscalía
hondureña le permitió vivir cómodamente en su mansión sampedrana y
evitar la extradición a Estados Unidos, donde la Corte Sur distrital de
Nueva York lo requería por lavado de dinero proveniente del
narcotráfico.
El principal empresario hondureño fue enterrado con honores como un benefactor nacional. Exvicepresidente y exdiputado, dueño de bancos, inmobiliarias, medios de comunicación, cementeras y hasta una cocodrilera, pasó los últimos días de su vida en compañía de su familia. Es decir, con los miembros de su familia que aún están libres, porque su hijo Yani y su sobrino Yankel, los herederos, se entregaron voluntariamente a las autoridades en Miami y se han declarado culpables de lavar dinero para el cartel de Los Cachiros.
Los hermanos Rivera Maradiaga, líderes del cartel y antiguos socios
de los Rosenthal, comparten hoy prisión en Nueva York con El Chapo
Guzmán. El mayor de los hermanos Rivera, Devis Leonel, confesó en la
Corte de Nueva York haber asesinado a 78 personas y sobornado a jueces,
policías, oficiales del Ejército, congresistas y alcaldes. De no ser por
el hecho de que el narcotráfico es ahora la prioridad estadounidense en
la región, seguirían operando tranquilamente en su país. Los Rivera
Maradiaga mantenían en su nómina a autoridades de todos los niveles. El
narcotráfico ha penetrado ya a dos familias presidenciales.
A Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), la DEA le
montó una trampa en la que cayó como un niño ante un mago de feria: un
agente se hizo pasar por emisario de El Chapo Guzmán para supervisar los
detalles del envío de un importante cargamento de cocaína. Lobo acudió a
la reunión con seis jefes policiales que explicaron al agente
encubierto cómo protegerían la mercancía a partir de su aterrizaje en
una pista hondureña que Lobo también controlaba. Ahora, el hijo del
expresidente está preso también en Estados Unidos.
El último en caer ha sido el exdiputado Antonio Hernández, Tony,
capturado en Miami hace menos de un año. La Fiscalía de Nueva York lo
acusa de conspirar con cárteles colombianos y mexicanos para introducir
cocaína a Estados Unidos; de conspirar con otros congresistas y con
oficiales policiales y del Ejército de Honduras para garantizar el
traslado de los cargamentos. Su audiencia, que tiene temblando a los
hombres más poderosos de Honduras, está programada para finales de
septiembre en Manhattan. Tony es hermano del actual presidente, Juan
Orlando Hernández.
Por Honduras pasa, desde hace una década, la mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos. Si Colombia y Venezuela son los puertos de salida, Honduras es el puente. Y el tío Sam, el cliente flaco de nariz gigantesca con la que inhala todo ese polvo blanco.
Honduras es uno de los países más pobres del continente. Su lugar
geoestratégico para el tráfico de tanta droga ha secuestrado la
institucionalidad y pervertido las dinámicas económicas y los
equilibrios del poder. Pero no solo el narcotráfico. El Estado mismo,
infestado por la corrupción, ha desmantelado en los últimos años los
sistemas de protección de garantías individuales, de derechos humanos y
de los recursos naturales.
Desde la llegada al poder de Juan Orlando Hernández, en 2015, Honduras
se ha convertido en el país más peligroso del mundo para activistas y
defensores ambientales. Líderes indígenas y campesinos son continuamente
amenazados, detenidos o asesinados por oponerse a la concesión de sus
tierras a compañías mineras, a hidroeléctricas o a corporaciones
dedicadas a la siembra de palma africana.
Ni siquiera el asesinato de Berta Cáceres, uno de los pocos eventos
sucedidos en Honduras que tuvo repercusión internacional, fue capaz de
modificar estas dinámicas. En Honduras, el Ejército y la policía han
sido puestos al servicio de las élites que controlan el sistema:
terratenientes, narcotraficantes, políticos corruptos.
Al presidente Hernández le han servido en los últimos dos años, también,
para acallar las protestas en su contra mediante la represión. No se
trata siquiera, como en otros tiempos, de la utilización de la fuerza
como imposición de una ideología, de una versión de la historia, de una
razón. Ni siquiera estas aspiraciones conserva ya el Gobierno de
Hernández. Es simplemente la represión como último recurso para
mantenerse —él y todos los que se han aprovechado del sistema— en el
poder.
He visitado frecuentemente Honduras desde 2009, cuando un golpe de
Estado orquestado por las élites y el Ejército derrocaron al presidente
Manuel Zelaya, en el último golpe de Estado en América Latina. Las
paredes de las calles capitalinas están manchadas con pintadas con la
frase “Fuera JOH”, que es coreada en cada protesta por la mayor parte de
los hondureños desde que, en 2017, el presidente Juan Orlando Hernández
cooptara a la Corte Suprema de Justicia para decretar inconstitucional
la Constitución que prohíbe la reelección; y aún así requirió de un
fraude electoral para obtener su segundo mandato.
Los periodistas locales se han vuelto especialistas catadores de gases lacrimógenos y son excelentes guías para saber cuánta protección es necesaria en cada protesta. Porque las crisis social y política se han profundizado desde aquel fraude, consumado solo gracias a su legitimación por parte de la Embajada de Estados Unidos (que no sepa tu Departamento de Estado lo que hace tu oficina antinarcóticos).
Hoy, Juan Orlando Hernández vive sus momentos de mayor debilidad; con maestros y médicos en las calles que se oponen a un proyecto legislativo de privatización de la salud; con estudiantes desde grados inferiores en rebeldía contra el Gobierno y con campesinos y organizaciones sociales protestando contra la entrega de sus tierras, sus bosques y sus ríos a corporaciones extractivistas. Un grito en común los une: «Fuera JOH». El Gobierno es hoy incapaz de satisfacer la enorme demanda social y política, aunada a la presión estadounidense de evitar la emigración del país que inventó las caravanas para huir.
Hace dos semanas, el senador estadounidense Bernie Sanders dijo en uno de los debates de los precandidatos del Partido Demócrata que “Honduras es un Estado fallido, con masiva corrupción”. No se equivocaba. Ha visto las consecuencias en su frontera sur. El senador también ha escuchado el parpeo del pato: Hace cua cua. Como un narcoestado.
Movimiento social hondureño se suma a presión por la salida de Juan Hernández del poder
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Ante las nuevas acusaciones de la Fiscalía norteamericana contra Juan Hernández, el movimiento popular y social ha salido al paso a exigir que se presione a través de la movilización ciudadana, la salida del mandatario por sus vínculos con el crimen organizado.
Dirigentes sociales y políticos, son del criterio que Honduras no puede ser gobernada por un personaje que responde a intereses del narcotráfico, corrupción y crimen organizado.
En ese sentido, el economista Fernando García y dirigente social, cuestionó al Gobierno de Hernández, calificándolo como una estructura que solo le hace daño a los intereses de los hondureños y hondureñas.
“Exijo que Juan Hernández y los círculos perversos se vayan ya del poder, exhortó a todos los movimientos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales y territoriales a que nos unamos, exigiendo y demandando la salida inmediata de Hernández”, dijo García.
El analista siguió exponiendo: “ya no soportamos la vergüenza sobre nuestra patria y la democracia, por eso es necesario que todos los que son cómplices junto a Hernández salgan cuanto antes del poder”.
Para el coordinador de la Convergencia Contra el Continuismo en Francisco Morazán, Tomás Andino, Honduras está viviendo las consecuencias del Golpe de Estado de 2009, fecha que definió el inicio de una nueva etapa de favorecimiento y fortalecimiento de la corrupción y el narcotráfico.
“Honduras ha sido secuestrada desde el Golpe de Estado de 2009 por una banda de empresarios y militares corruptos, hasta convertirse en un Estado involucrado en el crimen organizado que nos ha hecho mucho daño”, cuestionó Andino.
Andino considera urgente que el movimiento social y popular dé un nuevo paso hacia la movilización, para presionar por la salida de Hernández del Poder Ejecutivo. “El vínculo de este Gobierno con el narcotráfico ha sido tan fuerte que el actual mandatario está a las puertas de que la justicia norteamericana lo judicialice, pero para que pueda ser acusado debe estar fuera del poder”, remarcó Tomás Andino.
La Presidencia le otorga a Juan Hernández inmunidad ante la justicia de Estados Unidos, la que a criterio de expertos en derecho internacional, es motivo para que Estados Unidos espere a que Hernández abandone el poder para presentar las acusaciones formales y pedirlo en extradición.
“Sabemos que solo afuera del poder, Juan Hernández podrá ser acusado formalmente, es por eso que debemos unirnos para presionar por su salida a la brevedad posible”, culminó Tomás Andino.
Contexto
Quién opera la violencia?: Escuadrones de la muerte podrían estar detrás de crímenes
Posted On Martes, 12 Enero 2021 20:38
Asesinatos múltiples y cuerpos encontrados en vías públicas, ponen en suspenso la situación de seguridad de la ciudadanía, la sospecha es que podría tratarse de una mala práctica para desviar la atención de temas políticos y de narcotráfico, según lo han expresado algunos sectores.
11 cuerpos encontrados entres en 03 y el 10 de enero de 2021, y al menos tres masacres encendieron las alertas. De acuerdo a algunas opiniones hay temor de que se esté creando una ola de violencia para desviar la atención de temas políticos o narcotráfico mientras otros piensan que se trata ajuste de cuentas entre maras y pandillas.
Jair Meza, Vocero de la Policía Nacional indicó este 11 de enero en una entrevista a medios de comunicación, que están realizando una investigación para encontrar a los responsables de la nueva modalidad de “cuerpos empaquetados”, que son típicos de las instituciones criminales por lo que no descartan que provengan de ese sector.
Los restos se encontraron entre la capital del país, Santa Bárbara y Cortés. Las personas fueron mutiladas y empaquetadas en plástico, con una leyenda indicando que era por ser extorsionador o sicario y firmada por un grupo denominado extorsionador.punto.com
Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, explicó a pasosdeanimalgrande.com que es terrible que en 11 días del 2021 se calculan 11 asesinatos por día lo que supera los datos del año anterior que eran de 10.
La violencia es una tendencia que se ha empoderado de los hondureños, hay crímenes de alto impacto como las muertes múltiples en las masacres o los asesinatos y desmembramientos que dejan los cuerpos en las vías públicas en bolsas, cajas o rótulos, lo que denota es un país sin leyes o que nadie las cumple, indicó Ayestas.
La entrevistada recalcó que es necesario que las instituciones realicen una verdadera investigación criminal e implementen políticas públicas para reducir los índices de violencia porque el observatorio solo documenta los casos y brinda la información.
Crímenes y derechos Humanos
Carlos Leiva, defensor de derechos humanos, dijo que las acciones podrían ser una práctica denominada “la caja China” o conocida en Honduras como cortina de humo para desviar la atención de la ciudadanía por reciente vinculación con el narcotráfico, del presidente Juan Orlando Hernández por la fiscalía de New York.
También podría tratarse de una técnica de manipulación donde se crea un problema para buscar una solución y en ese caso sería desde el tema de seguridad, porque en las políticas del país solo buscan disminuir las muertes violentas como prioridad y no la situación en que vive la población a diario, siendo víctimas de delitos, argumentó.
Leiva destacó que el crimen organizado es la respuesta a los asesinatos de ciudadanos, la crisis es tan aguda que los extorsionadores pueden ser suplantados por otros, “pero también hay funcionarios, policías, incluyendo instituciones del Estado que están organizados por el presidente”.
En río revuelto.....
Otra de las preocupaciones para organizaciones de derechos humanos es que se puede estar utilizando este tipo de situaciones para generar terror en la población y el contexto electoral es propicio para hacerlo.
También puede aprovecharse para dirigir la violencia hacia la disidencia política y que puedan quitar de en medio a aquellas personas que van en cargos de elección popular pero que serían un estorbo a las aspiraciones reeleccionistas de políticos locales y del mandatario, de acuerdo a los análisis de representantes de movimientos sociales.
JOH consolida Pacto Político de Impunidad, señala Padre Melo
- 04/01/2021
Honduras cerró un año bajo fuertes amenazas contra la ciudadanía, expresadas en la pandemia Covid-19, los huracanes, el desempleo, hambre, violencia, narcotráfico, corrupción e impunidad, pero también, expresadas en el ambiente político electoral, ciudades modelo y la creación de leyes y decretos anti populares, dijo en entrevista a Radio Progreso el sacerdote jesuita Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj.
Para el Padre Melo, ese ambiente de amenazas contribuyó a consolidar el pacto político de impunidad que lidera Juan Orlando Hernández, mismo que comenzó con la salida de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Maccih, la puesta en marcha del nuevo Código Penal y con el control de los recursos aprobados para atender las emergencias por el Covid-19 y los huracanes.
De fondo en la conducción del pacto político de impunidad está el miedo inducido a la ciudadanía hondureña, por la falta de datos reales que muestren el impacto de pandemia en el país, por los mensajes difundidos a través de las cadenas nacionales de radio y televisión, los toques de queda, la represión y el encarcelamiento de los defensores del agua como es el caso de Guapinol.
“Ese Pacto Político de Impunidad es el instrumento que conduce el actual proceso electoral”, dijo explicando que ese pacto ha llevado a definir las dos Honduras. La primera es la de una crisis profunda humanitaria, expresada en el aumento de la migración masiva, incremento de violencia y desempleo, devastación por los niveles de vulnerabilidad ambiental, precariedad en el sistema de salud y educación. Una crisis no coyuntural sino estructural o de fondo, que conduce la realidad de los años venideros.
Según analistas en materia económica el 2020 cerró con 8 de cada 10 personas viviendo en pobreza. “Esa Honduras de crisis humanitaria ha dejado a millones de personas en un estado de absoluta calamidad. Cuanta más gente miserable hay, más tiene a su favor el Pacto de Impunidad, para controlar o capitalizar a su favor simpatizantes o seguidores a través de pequeñas dadivas, bonos y bolsas solidarias”, dijo el Padre Melo.
La otra Honduras es la que conduce el proceso político electoral, “que nos ha llevado a creer que todos los problemas se resuelven en las urnas, por lo tanto, quien esté fuera del proceso electoral no es hondureño ni hondureña y es una amenaza, por eso todo mundo a enrolarse, a buscar puestos de elección popular o apoyar candidatos”, dijo explicando que las dos Honduras conectan por un puente, cuyas llaves para abrir las puertas las tiene el grupo de poder que lidera Juan Orlando Hernández, de modo que el pacto político de impunidad tiene el control de esas dos Honduras.
Quienes lideran el pacto han llevado a que los diversos sectores que participan en el proceso electoral acepten las reglas del juego, a pesar de las ilegalidades que se presentan como el financiamiento y la relección presidencial. Moreno cree que mantener esa división entre las dos Honduras, es una estrategia del pacto porque los contendientes en las elecciones se meten de cabeza en buscar votos y ganar, mientras se olvidan de los damnificados, los migrantes, los desempleados y hambrientos.
El Padre Melo considera que de cara al 2021, el país continuará viviendo las expresiones dramáticas de las dos vertientes hondureñas: crisis humanitaria y proceso electoral, pronosticando que será un año de fuertes e inútiles confrontaciones políticas, que se darán por no resolver los problemas estructurales de al menos la última década, y porque todos los candidatos van a querer obtener una cuota de poder en alguna institución del Estado.
Frente a ese escenario, el Padre Melo cree que la ciudadanía organizada y en alianza con organizaciones internacionales debe promover e impulsar que Estados Unidos, con el cambio de gobierno y en el marco de su lucha contra el narcotráfico y la corrupción, encierre a Juan Orlando Hernández y su grupo más cercano para que comparezcan ante la justicia. Este aislamiento debe acompañarse de ayudas al país para el combate del pacto de impunidad y fortalecimiento de la institucionalidad.
Otro escenario sería la creación de una auténtica y amplia alianza política electoral donde todos los sectores de oposición acepten conformarla para enfrentar el pacto político de impunidad, que es el Partido Nacional y todo el conglomerado que está alrededor, y que buscan darle continuidad a la política autoritaria, de extractivismo y corrupción, “sino se crea esa alianza muy difícil romper con ese pacto”, enfatizó.
Finaliza diciendo que, esos escenarios suponen de un factor externo que viene desde Estados Unidos y un interno a través de la alianza política electoral que conduzca hacerle frente a un posible fraude y que se oriente hacia una propuesta de gobierno multipartidario, pluralista que recupere la democracia en Honduras.
HONDURAS: ¿NARCO-GOBIERNO O NARCO-ESTADO?
por Rodolfo Cortés Calderón
En Honduras hay ilusos y hasta tarifados analistas y periodistas que no saben dónde colocar este país dominado por el maligno: sí como narco-gobierno o narco-estado. Para nosotros son las dos cosas y trataremos de sustentar esta hipótesis que muchos ya consideran tesis como lo han demostrado los Fiscales y Jueces de Nueva York. Dejamos claro eso sí, que nosotros no somos profesionales del derecho, ni nada que se parezca, pero que tenemos abundante edad y sentido común.
Según Los Ángeles Times la última revelación al respecto la hizo esta semana Giovanny Daniel Fuentes Ramírez donde implica seriamente tanto al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, JOH, como a las Fuerzas Armadas de Honduras.
OPINIÓN DE MEDIOS
Bastante tinta y saliva han gastado desde hace varios años medios, analistas y juristas internacionales sobre el caso de narcotráfico en Honduras, entre ellos Fernando del Rincón y Kay Guerrero de CNN; DW de Alemania; Danielle Mackey periodista independiente; Parker Asmann, Héctor Silva Ávalos y Seth Robbins de InSigth Crime, etc.
La Enciclopedia libre Wikipedia define el término narco-estado así: “neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”.
En Honduras varios medios de investigación periodística como el Perro Amarillo TV; Radio y TV Globo; Nius Honduras; El Libertador y Confidencial HN han mostrado documentadamente cómo miembros de los últimos diez gobiernos de Honduras han estado implicados o señalados en el trasiego o negocio de drogas.
NARCO-GOBIERNO
El gobierno de la República de Honduras lo integran tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo elige los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales; los ministerios, las gobernaciones y controla las municipalidades. El Poder Legislativo elige los órganos contralores como la Fiscalía General, Comisionado de DDHH (también participa el Poder Judicial), Tribunal Nacional de Cuentas, Procuraduría General de la República y otros.
“El Artículo 4 de la Constitución de la República, de forma ilusoria dice: La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación”.
Pero lo más fuerte es lo que expresa a continuación: “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la Patria”. (El subrayado es nuestro). Pero además, los artículos 2 y 3 dan este mismo calificativo. Entonces JOH es traidor porque se reeligió inconstitucionalmente.
Esto suena muy bonito, pero es una farsa, ya que el dictador de Honduras, JOH, perdedor de las últimas elecciones en el país fue impuesto por la Embajada de Estados Unidos en las elecciones del 2017.
Y desde finales de su periodo, siendo JOH Presidente del Congreso Nacional, en enero 2014, en sesiones amañadas y fuera de lugar introdujo leyes que favorecerían sus planes maquiavélicos futuros. Armó a la perfección el tinglado y rompecabezas que ahora se señala como narco-gobierno.
Hoy día todas las instituciones arriba mencionados las tiene cooptadas, atraídas y prisioneras como una mega fuerza magnética basada en la corrupción, narcotráfico y lavado de activos y, públicamente, lo ha reconocido.
NARCO-ESTADO
En nuestra Constitución el Estado lo integran: La Población-Ciudadanía (poder soberano), los tres Poderes (poder político), las Leyes, el Territorio y los Tratados.
Pero, porqué sustentamos que Honduras es las dos cosas: Primero, porque los tres poderes y sus instituciones están señaladas de una manera u otra ligadas al narcotráfico y al lavado de activos, además del saqueo de los bienes del Estado. En lo que respecta a la Ciudadanía el grueso de la Población no está implicada en el narco, somos víctimas calladas y sumisas, pero varias regiones del país con la complacencia e indiferencia de las autoridades estatales, están dominadas por las maras y los narcotraficantes. Aquí participan grandes redes de cuello blanco (empresarios, banqueros, medios, etc.) y de cuello “sucio” (maras y pandillas) que usan el Territorio nacional por aire, cielo y mares para sus planes inconfesos. Y en cuanto a las Leyes ya se mencionó que el tejedor JOH antes de asumir como Presidente el 2014, dejó bien hecha la telaraña en la que atraparía a sus congéneres y adeptos. Quizá lo único que ha favorecido al pueblo hondureño, son algunos Tratados, como el de extradición de delincuentes, con lo que hemos visto supuestos narcos desfilando hacia Estados Unidos demandados por la Justicia.
CONCLUSIONES
· Lamentamos profundamente que en un país como Honduras, tan prodigioso, agraciado y bendecido por la naturaleza, la vida y la Historia, sectores oprobiosos por intereses personales, grupales o partidarios, le hayan colocado en dos inmerecidos pedestales.
· Esta semana, trascendió por los medios de información en Tegucigalpa, que varios diputados del actual Congreso Nacional de Honduras han hecho público un documento entregado a la prensa y al Legislativo para que se haga Juicio Político al actual mandatario del país JOH. Esto es lo mejor que podría pasar en los últimos cuatro años. Es una valiosa oportunidad para que el Sr. Juan Orlando Hernández, pueda desvirtuar sus implicaciones o no con el narcotráfico.
· La prensa nacional de investigación, aunque poca, pero digna y valiente, no debe cesar en su propósito de recuperar la deteriorada imagen nacional e internacional de Honduras y su deformada y señalada casta política, militar, empresarial, mediática y religiosa.
· Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea deben saber que si desea controlar las desenfrenadas corrientes migratorias humanas—sólo en estos días de Honduras han salido más de 6000--no debe reprimir estos éxodos, sino favoreciendo las democracias y los gobiernos que garanticen a su pueblo seguridad, trabajo, salud, educación y vivienda de calidad, justicia y democracia. Sólo así terminarán las migraciones desde nuestro Continente.
¡Nuestra América es rica y abundante en bienes naturales, cultura y sabiduría para sustentar por varias décadas dignamente a sus poblaciones!
16 de enero 2021
Miles de familias damnificadas continúan en improvisados albergues
- 08/01/2021
A dos meses del paso de Eta e Iota por Honduras, pareciera que las dos tormentas tropicales y huracanes pasaron ayer en varias de las zonas afectadas por las inundaciones. Los niveles de destrozos en aldeas y colonias en el Valle de Sula siguen intactos. Decenas de miles de familias continúan en albergues oficiales e improvisados en diversas vías públicas en los municipios de San Pedro Sula, La Lima, San Manuel y Villanueva, en el departamento de Cortés; y El Negrito y El Progreso, en Yoro.
En la mediana que divide los carriles del bulevar que comunica las ciudades de El Progreso, San Manuel, La Lima y San Pedro Sula, continúan miles de familias instaladas en pequeños albergues improvisados hechos con palos y nylon, y otros que han tenido mejor suerte han logrado pequeñas tiendas de campaña que fueron donadas por agencias de cooperación.
Estas familias que salieron con el agua al cuello de sus colonias desde el 4 de noviembre de 2020, no tienen adonde ir, porque sus comunidades continúan llenas de lodo y basura. La mayor parte de las familias damnificadas por las mañanas salen para ir a hacer labores de limpieza a sus casas y regresan por la tarde, lo que hará que la limpieza dure meses.
“Nosotros no podemos regresar a nuestras casas porque la situación está crítica en la colonia. En mi casa el nivel de lodo está a la ventana. Los trabajos de limpieza están enfocados en otras colonias. Por eso aquí estaremos en la mediana de este bulevar en total abandono de las autoridades municipales y el gobierno central. Logramos comer porque la gente particular se apiada y nos viene a dejar comida hecha”, indicó María Medina, de la colonia Filadelfia de La Lima.
En ese sentido, Idalia Montes de la colonia Jerusalén de La Lima, indicó que ellos quieren regresar a sus casas, pero no es posible por el nivel de lodo que hay en las calles. “Nosotros nos urge regresar a nuestros hogares, aunque sea a dormir en el piso. No nos queda de otra que seguir aquí en el bulevar viviendo de la caridad de la gente porque del gobierno no hemos recibido nada”, indicó.
En la colonia Sitraterco de La Lima, Cortés, desde mediados de diciembre hasta la fecha se han sacado más de 53,000 toneladas de desechos y lodo. De acuerdo a la ingeniera encargada de los trabajos de limpieza, Daniela Chávez, esta colonia está disponible en un 60%. Explicó demás que se necesitaron labores continuas de lunes a domingo, desde las 6:00 de la mañana, para que la colonia retomara su estatus de sector habitable.
Mientras que, en los sectores Rivera Hernández y Chamelecón de San Pedro Sula, algunas colonias continúan en labores de limpieza. En Chamelecón, una de las colonias más afectadas sigue siendo la Sabillón Cruz, donde las calles son intransitables y las aguas residuales inundan varias avenidas. En la colonia Celio González, los trabajos de limpieza avanzan en 60%.
La situación más crítica se vive en las comunidades alejadas del casco urbano de la ciudad, como es el caso de los ex campos bananeros de los municipios de La Lima y El Progreso. En estos sectores los trabajos de limpieza han sido más lentos y el abandono para las familias ha sido en mayor magnitud. Estas comunidades se ubican en las partes bajas cercanas a las riveras de los ríos Ulúa y Chamelecón, afluentes que alcanzaron niveles muy superiores al que llegaron con el huracán Mitch, que en 1998 causó severos destrozos en todo el país.
“Nosotros no podemos ingresar a nuestra aldea Finca Once, (ubicada en el sector suroeste de El Progreso) porque el nivel de lodo lo imposibilita. Perdimos las plantaciones de plátano, maíz, yuca y los animalitos que teníamos. Nos hemos quedado sin nada y en total abandono de las autoridades”, indicó Don Anselmo de aproximadamente 70 años de edad.
Ayuda gubernamental
Desde el jueves (07/01/2021) unos 100 camiones circulaban por las calles de San Pedro Sula, cargados de miles de paquetes de ayuda humanitaria destinados para las familias que fueron golpeados por las inundaciones. La actividad fue encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández quien dijo sentirse contento por la masiva entrega y a su vez comprometido para gestionar que ésta fuera realizada en el menor tiempo posible.
“Tenemos que llegar por lo menos a 60 mil familias con estas ayudas, pero por ahora estamos realizando una primera operación logística fuerte, solo en esta primera entrega en las ciudades de Potrerillos, Villanueva, Pimienta y Choloma, pero incluye también Santa Bárbara y Yoro y El Paraíso”, expresó el presidente, al tiempo de explicar que en los próximos días se estaría llegando a aquellos lugares donde las familias ya han retornado a sus casas y que sumado a esto, se les haría la entrega de un bono de 5 mil lempiras.
Sin embargo, Radio Progreso consultó a la población damnificada
instalada en los albergues improvisados de La Lima y San Manuel, quienes
manifestaron no haber recibido en ningún momento ayuda. Ni tener
grandes expectativas por lo que pueda hacer el gobierno. “Lo peor para
nosotros viene para los próximos meses, porque lo perdimos todo”, indicó
Doña Tomasa, de la colonia La Democracia, San Manuel, Cortés.
Investigaciones
En esta sección se investigan los avances o retrocesos de la libertad de expresión en Honduras. Se analiza la coyuntura y se posibilita al público un análisis profundo de la situación en el país.
Discriminación por defender derechos: Pobladores de Guapinol no recibieron asistencia del Estado con Huracanes ETA y IOTA
Posted On Jueves, 19 Noviembre 2020 23:24
En la comunidad de Guapinol nos ha tocado enfrentarnos a la pandemia y los huracanes sin ayuda estatal, sino a la organización de la misma población, patronatos y la junta de agua, para auxiliar a las personas que fueron afectadas, dijo Reynaldo Domínguez a pasosdeanimalgrande.com.
Reynaldo Domínguez es presidente de la junta de agua, quien comentó que con ayuda de los patronatos recorrieron la zona para ver las afectaciones que provocó el huracán IOTA, pues seis casas fueron destrozadas, tres de ellas arrastradas por el río y las familias permanecen en albergues.
La comunidad de Guapinol, en Tocoa del departamento de Colón, es conocida a nivel nacional e internacional por la lucha que emprendieron en defensa de sus bienes comunes en contra de la empresa minera Inversiones Los Pinares, como consecuencia de las defensa de sus derechos, más de 30 personas fueron criminalizados desde el 2018 y 7 defensores aún permanecen en la cárcel de Olanchito y uno en La Ceiba, por el mismo motivo,
Domínguez relató que ellos siempre están al pendiente de lo que ocurra con sus compañeros pues a raíz de las inundaciones se enteraron que en el centro penal de Olanchito, el agua les llegaba hasta la rodilla y no realizaron ninguna evacuación de la zona.
Según el defensor son preocupaciones que permanecen en ellos desde hace meses que se conocieron los primero casos de contagio en los centros penales , que tienen condiciones de hacinamiento y puede ser de mucho riesgo.
También agregó que el Ministerio Público no ha hecho nada a pesar de que se han presentado peticiones por los abogados defensores sobre los delitos que se les imputan y que no son de gravedad como se les acusa.
Reynaldo Domínguez recalcó que la colaboración entre los pobladores es lo que ha ayudado a muchos a subsistir porque en alimentación no llegó ninguna de las ayudas que el Estado se responsabilizó en otorgar después de la suspensión de garantías, tiempo en el cual no podían laborar y también hubo bajas en la economía.
En este momento la empresa Inversiones Los Pinares supuestamente quiso contribuir con ayuda alimentaria pero para los defensores del río eso fue una estrategia de solo elegir a los más allegados para crear división en la comunidad, dijo Reynaldo Domínguez.
En Guapinol el Huracán ETA no causó daños mayores pero la población está alerta de las secuelas que pueda tener el desbordamiento de ríos a lo interno de toda la zona norte del país, así como los deslizamientos de tierra para salvaguardar la vida de las personas.
Eliminar desarrollo de cabildos municipales es una medida antidemocrática y autoritaria
- 07/01/2021
El Poder Legislativo a petición del diputado nacionalista Tomás Zambrano, discutió y aprobó una iniciativa de Ley orientada a que en el 2021 las municipalidades no estén obligadas a realizar cabildos abiertos, esto debido a la vigencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
El Decreto fue aprobado sin contar con un debate exhaustivo y democrático porque la Junta Directiva no abrió la discusión a través del uso de la palabra a las diversas bancadas que forman el Congreso Nacional.
El diputado Luis Redondo criticó la forma de actuar de la Junta Directiva, quien a pesar de tener a varios diputados pidiendo la palabra, no otorgó la misma para cumplir con un debate claro en torno a la propuesta.
Los diputados que pidieron la palabra y que no fueron tomados en cuenta por la Junta Directiva son María Luisa Borjas, Samuel Madrid de Libre, Luis Redondo del PINU y Karla Medal del Partido Liberal.
Al final el Decreto fue aprobado y faculta a todas las municipalidades para que excusándose en el Coronavirus no celebren cabildos abiertos de forma presencial, solo de forma virtual, en caso de que consideren necesario desarrollarlos.
“Este Decreto no es pertinente ni adecuado para las actuales circunstancias, nos parece que ahora más que nunca debemos fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, recordemos todos los casos donde se siente que no hay transparencia, entonces deberíamos enfatizar en la confianza de escuchar a la ciudadanía”, interpretó la situación la diputada Doris Gutiérrez.
Gutiérrez quien años atrás fungió como regidora en la Alcaldía del Distrito Central, comentó que al usar la COVID-19 como una excusa para no rendir cuentas, puede ser peligroso incluso para el desarrollo de las elecciones Primarias y Generales del 2021. “Aprobar esto perfectamente puede dar a entender que tampoco habrá elecciones, porque el primer argumento es que las aglomeraciones pueden generar contagio, entonces esto no es correcto”.
“Los cabildos son una expresión de la ciudadanía para conocer que están haciendo sus alcaldías, qué proyectos se hacen, cómo se manejan los fondos y también los permisos que se entregan, sobre todo en el tema ambiental y territorial”, siguió recalcando Gutiérrez.
En el departamento de Atlántida, Yoro y Colón, los cabildos abiertos se han convertido en herramientas de expresión ciudadana y comunitaria, para conocer los criterios y decisión de la población en torno a la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros. Con el Decreto aprobado se suprime la obligación de las alcaldías y por ende se convierte en un fuerte golpe a la democracia comunitaria.
“Por eso nos preguntamos cuál es la necesidad y urgencia de ustedes para aprobar que no se ejecuten los cabildos, es lamentable que se esté aprobando situaciones de este tipo porque eliminarlos de tajo es una medida antidemocrática que va contra los principios de la participación ciudadana que se establece en la Constitución, deberíamos aprobar temas contrarios al espíritu de esta propuesta y no seremos cómplices de esta decisión”, dejó claro Gutiérrez.
Al escuchar la crítica de Doris Gutiérrez, el vicepresidente del Congreso Mario Pérez, aseguró que en la Ley se propone que las alcaldías puedan utilizar otros métodos para los cabildos, por ejemplo la dinámica de cabildos virtuales.
Pérez afirmó que lo único que cambiará a partir de la aprobación de la Ley es que los cabildos no serán de forma presencial y eso a su criterio es una decisión responsable para evitar el contagio de la COVID-19.
Al final la medida fue aprobada y entrará en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Mujeres de Honduras siguen siendo criminalizadas por el aborto
Honduras es uno de los nueve países de América Latina que prohíbe en su totalidad el aborto, las penalizaciones van de 3 a 10 años de reclusión y al año se estiman entre 50 a 80 mil abortos.
Por: Laura Andrea Aceituno
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. – «A mi mamá le conté que recibí acoso desde los seis años de mi abuelo, pero cuando le conté del embarazo no le dije que fue él, mi mamá todavía no sabe que fue él -su abuelo-. […] Me di cuenta del embarazo cuando tenía tres semanas, aborté cuando tuve tres meses.
Probé con ruda. Manzanilla, jengibre, nada funcionó, […] leí sobre las pastillas en internet y le conté a un amigo. Eran muy caras. Me las entregaron en el Parque Central (Tegucigalpa). Mi amigo contactó a un amigo de él que es médico, pero me recomendó no tomar esas pastillas. Lo hice un viernes, tuve un dolor horrible, que fue cuando terminé de botar todo».
Así es el relato de “Y”, una joven que a sus 21 años platicó con el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y contó su experiencia de abuso sexual. Ella explicó cómo este embarazo no deseado la hizo tomar la decisión de abortar, aunque fue advertida por el médico que esa situación era ilegal y penalizada, sentía que no sería una situación fácil para ella y desequilibraría a su familia.
Tal como es la historia de esta joven la situación se repite en todo el mundo con miles de niñas, jóvenes e incluso mujeres adultas que han sido víctimas de abuso sexual perpetrado por su pareja, un familiar o un extraño, abuso que termina con un embarazo no deseado y la decisión de realizar un aborto clandestino porque resulta ser su única opción.
América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo en donde sus Estados imponen más restricciones legales sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo inoportuno o no deseado. Según el Centro de Derechos Reproductivos, Aruba, Curazao, República Dominicana, El Salvador, Haití, Jamaica, Nicaragua, Surinam y Honduras son los países que todavía en el 2019 tenían prohibido por completo el aborto, inclusive cuando la vida o la salud de la mujer estaba en riesgo.
Lea además: Estado de Honduras abandonó a las mujeres durante la pandemia
El aborto fue reconocido por la Asamblea Mundial de Salud como un importante problema de salud de las mujeres y de salud pública. Hasta la fecha, esta situación resulta difícil de dimensionar debido a que existen pocos o escasos datos sobre el aborto puesto que una gran parte ocurre en condiciones clandestinas e inseguras.
Las principales estimaciones de estos datos dicen que a nivel mundial se realizan 46 millones de abortos. Solo entre el 2010 y 2014, según un análisis realizado por la OMS y el Instituto Guttmacher, fueron 25 millones de abortos. En su mayoría se produjeron en países que se encuentran en desarrollo de África, Asia y América Latina.
En la actualidad, Honduras es también uno de los países de la región latinoamericana que tiene la prohibición total del aborto, es decir, que una mujer en este país no puede tener acceso a un aborto, siquiera en los casos excepcionales y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica como las tres causales para la interrupción del embarazo: cuando represente un riesgo para la vida de la mujer, cuando sea fruto de incesto o violación sexual y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
A la fecha en Honduras no existen cifras concretas de mujeres que se realizan un aborto, sin embargo, se estima que al año se podrían estar efectuando de 50 mil a 80. Pese a esa ausencia de estadística, se ha logrado registrar que el 4 % de las muertes maternas han sido por aborto y que los egresos hospitalarios por aborto entre el 2017 y 2018 han sido 10,298 y 8,228 casos, respectivamente.
La restricción de los derechos sexuales y reproductivos, y la violación de los derechos humanos en el país se evidencian en estas estadísticas, sobre todo en el embarazo de menores de edad que han sido víctimas de violaciones sexuales o incesto. Solamente en el 2017 se registró que 819 casos de los nacimientos fueron en niñas menores de 14 años y que en su mayoría fueron producto de una violación.
«Hemos realizado estudios de caso, estudios comparados, de derecho, estudios empíricos, en los que una y otra vez evidenciamos cómo las mujeres hondureñas constantemente son víctimas de violaciones de derechos humanos. Y una de las violaciones más duras y más grave que el Estado de Honduras permanentemente les realiza es la negación de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a tener un aborto legal y un aborto seguro», señala Celeste Espinoza del Centro de Derechos de Mujeres.
EL ESTADO QUE IGNORA LOS DERECHOS
En el 2015 en Honduras se comenzó a trabajar en una compilación de recomendaciones dirigidas al Estado a iniciativa de la plataforma ‘Derechos Aquí y Ahora’ que está conformada por 15 organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto trabajó en un plan nacional de incidencia política que busca alcanzar la despenalización del aborto y la aprobación de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE).
Dichas recomendaciones han sido emitidas por órganos como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismos que sugieren al Estado de Honduras conocer, divulgar y buscar los medios para impulsar su cumplimiento en lo que respecta los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Durante el 2017, el colectivo Somos Muchas que aglutina diversas organizaciones feministas, presentaron una propuesta al Congreso Nacional para impulsar la despenalización del aborto bajo las tres causales anteriormente expuestas. Estas causas fueron respaldadas por algunos diputados y diputadas del partido Libertad y Refundación y por la diputada Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad.
Sin embargo, el Partido Liberal prefirió no pronunciarse y el Partido Nacional se posicionó conservador, incluyendo el presidente de la cámara legislativa, Mauricio Oliva. A pesar de estas recomendaciones, en junio del 2020 entró en vigencia el nuevo Código Penal publicado en mayo de 2019 mediante el Decreto Legislativo 130-2017. La normativa mantiene en vigencia la penalización del aborto.
Este Código señala que «quien intencionalmente cause un aborto será castigado: con 3 a 6 años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido y produzca su aborto. Con 6 a 8 años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación. Con 6 a 10 años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño.
Además, “los profesionales sanitarios que abusen de su profesión causen o cooperen en la realización del aborto se les impondrá también una multa de 500 a 1,000 días. Quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la víctima, debe ser castigado con la pena de prisión de 8 a 10 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los actos de violencia que realice».
La problemática de la penalización establecida en el Código Penal radica en que ignora la evidencia científica, la experiencia de las mujeres y la opinión de especialistas del área de la salud. Se identifican incongruencias en cuanto a la definición de los conceptos de temporalidad y sobre lo que es un aborto, ya que lo define como «la muerte del ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto», ignorando la existencia de los abortos voluntarios y terapéuticos.
Para la OMS, y el consenso médico, el aborto es «la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre, es decir, cuando este no puede sobrevivir por sí solo. Es la expulsión o extracción del embrión o feto de menos de 500 gramos que es cuando alcanza las 22 semanas de gestación», esto último como una decisión de la mujer.
La gineco-obstetra, Ana Chinchilla, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Honduras, explica que ellos como especialistas conocen que el aborto sucede de muchas formas: voluntario, terapéutico o provocado. Esta variedad de abortos dentro de un país con un marco legal restrictivo supone que la mujer tenga miedo a buscar una atención médica y, por consiguiente, provoque su muerte al acudir a lugares clandestinos o donde personas no especializadas en la materia.
«Es un problema eminentemente médico que puede costarles la vida, y eso hace que aún en estos momentos el aborto forme parte de las causales de la mortalidad materna. Por eso es importante que se le dé la importancia al paciente que llega a la emergencia con el diagnóstico de aborto y que se trate con calidez y prontitud para no llegar a una pérdida de sangre tan grande y llegue a la muerte», manifiesta Chinchilla.
LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS MUJERES
El embarazo no deseado tiene múltiples causas estructurales, las más evidentes son el poco acceso al uso de anticonceptivos, la censura de la educación sexual en las escuelas, la exclusión de los derechos sexuales y reproductivos. Otra causa es la prohibición de la PAE que se hizo desde el 2009 bajo el Decreto N.54-2009, negándose así la promoción, uso, venta y compra de esta pastilla.
La iniciativa para prohibir la PAE, presentada cinco meses después del Golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya, fue una propuesta de la diputada Martha Alvarado, fundadora del ‘Comité Pro-Vida’, quien argumentó la moción con un dictamen emitido por el Colegio Médico de Honduras que señalaba que «las píldoras son abortivas» y que la prohibición era para «salvaguardar la moralidad y principios de la sociedad hondureña».
Según Médicos Sin Fronteras (MSF), desde la prohibición de la PAE, entre el 2009 al 2017, un promedio de 21,677 mujeres menores de 18 años dieron a luz. Solamente entre enero de 2016 y junio de 2019 MSF-Tegucigalpa atendió de manera integral a 94 mujeres embarazadas tras sufrir una violación.
Cristina Alvarado, especialista en políticas públicas en derechos sexuales, señala que: «una sociedad donde asume que las mujeres no tienen derecho al ejercicio de su sexualidad, sobre todo, que son otros los que tienen el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, nos vemos enfrentadas entonces a una sociedad retrógrada y a gobiernos y sociedades que no permiten los avances, ni a contar con una educación sexual integral que prevengan, sobre todo los abusos».
Esta involución se muestra en un estudio realizado por la plataforma Somos Muchas sobre la criminalización de mujeres por el delito de aborto en Honduras. El informe muestra un análisis del proceso penal y los criterios jurídicos en 47 casos de mujeres judicializadas por aborto entre los años 2006-2018. La investigación identificó que la partida del estigma sobre el aborto, en su mayoría, inició en los centros hospitalarios donde las mujeres recurrieron por una emergencia obstétrica.
El estudio revela que los rangos de edad de las mujeres que entraron a juicio oscilan entre los 17 y 77 años. De estos casos, el 4 % de las mujeres son niñas menores de 18 años, estudiantes de secundaria, a quienes se les dio un tratamiento como ‘menor infractor’ a través de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia.
El rango de edades, en los expedientes analizados, resultó ser variante, sin embargo, la condición laboral es una muestra de la problemática socioeconómica con la que viven las mujeres y que muchas de ellas pertenecen al área rural. A su vez muestra que las restricciones interpuestas por el Estado sobre la educación sexual y reproductiva, cada vez se magnifican con abortos clandestinos, por miedo a la penalización, y embarazos no deseados.
Un aspecto importante sobre estas penalizaciones contra las mujeres por el delito de aborto es la situación política que atravesó el país en ese entonces. Entre el 2006 y 2018 hubo tres presidentes de la República y, por ende, tres discursos políticos con una doctrina conservadora y la intervención de la iglesia.
Entre el 2006 al 2009 se judicializaron el 21 % de los casos, pero entre el 2011 hasta el 2018, cuando el Partido Nacional -que se caracteriza por ser una institución política de derecha con un fundamento «humanista cristiano»- entró en poder, se observa un ascenso significativo del 32 % de los casos perseguidos por el Ministerio Público. Para contextualizar mejor, solo entre el 2015 y 2018 se procesaron penalmente de 4 a 6 casos por año.
Lo anterior muestra también la persecución por parte del Ministerio Público y cómo muchas de las resoluciones procesales fueron dictaminadas sin pruebas suficientes. Otra situación es que se emitieron solicitudes para someter algunos de estos casos a un procedimiento abreviado (21.3 % de los casos), es decir, que la mujer admitiera su participación en el hecho que se le atribuye y auto declararse «culpable». A la fecha todavía se encuentran 14 casos activos, con lo que se faculta al Ministerio Público a presentar un requerimiento fiscal contra estas mujeres.
La libertad de decidir de la mujer también está obstaculizada porque son terceros quienes buscan decidir por ella, inclusive en sus círculos de trabajo. El estudio identificó que menos de la mitad de las denuncias interpuestas hacia estas mujeres fueron hechas por familiares, amistades, vecinos, jefes o compañeros de trabajo.
Sin embargo, la gravedad de la situación se evidenció cuando estas acudieron a un centro de salud u hospital en busca de atención médica por un aborto en proceso o un post aborto. Tras su ingreso a la sala de emergencia se excluyó el «secreto profesional» por parte del personal médico y administrativo de los centros asistenciales y estos procedieron a denunciarlas, representando el 64 % de los denunciantes.
El 50 % de las instituciones donde se interpusieron las denuncias fueron el Hospital Escuela, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en Tegucigalpa; el Hospital Mario Catalino Rivas, en San Pedro Sula y los Hospitales Regionales de Choluteca y Atlántida, y el Hospital Santo Hermano Pedro de Olancho.
Esta situación ignora en su totalidad los derechos de los pacientes como tal debido a que se ve ultrajado su derecho a la intimidad y a la confidencialidad. La literatura dice que el “secreto profesional” es una de las bases fundamentales en las que se sustenta el ejercicio de determinadas profesiones. En el ámbito de salud, esto significa que se debe custodiar la información relativa al paciente y salvaguardar su intimidad frente a terceros.
En otros términos, el personal de salud que recibe información privada tiene la obligación de no revelar dichos datos sin el consentimiento de él o la usuaria. Estos derechos están sustentados bajo diferentes normas internacionales y nacionales, entre ellas la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras en su artículo 111 y 112.
UNA CUESTIÓN DE SALUD, SEGÚN LAS EVIDENCIAS
A pesar de que existe un estigma conservador sobre el aborto, el negar este derecho se vuelve un problema de salud pública en los países que están en vías de desarrollo como Honduras. En un estudio recientemente publicado en la revista The Lancet se hizo un análisis entre los años de 1990-1994 y 2015-2019.
El estudio mostró que la tasa de embarazos no deseados y la proporción de los abortos han aumentado en países de bajos recursos y donde el aborto está totalmente restringido en comparación a los países donde es legal y tienen altos ingresos económicos.
Esta situación se debe a que las personas de países desarrollados cuentan con mejor acceso en atención a la salud sexual y reproductiva. De esta manera, el artículo científico hace énfasis en la importancia de garantizar el acceso a todo el espectro de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción y la atención del aborto, y de inversiones adicionales hacia la equidad en los servicios de atención médica.
Los hallazgos, define el estudio, podrían reflejar diferencias en la calidad y capacidad de los sistemas nacionales de salud en los países de ingresos bajos y medios. También es necesario investigar los obstáculos que enfrentan las personas para ejercer su autonomía reproductiva, y las políticas y programas que pueden garantizar de manera más eficaz la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
En Honduras, dice la doctora Chinchilla, las asociaciones médicas, las asociaciones civiles y la Secretaría de Salud están trabajando para tomar consciencia de que en este tipo de diagnóstico (el aborto) «prevalece salvar la vida de la mujer, y se le debe dar una atención pronta en la emergencia para disminuir las consecuencias de muerte».
A pesar de estas evidencias, no cabe duda que la mujer hondureña todavía es víctima constante de violaciones de derechos humanos y de discriminación, y la involución de un Estado sin democracia tendrá como resultado que la mujer siga siendo criminalizada por su derecho a decidir.
Denuncia
Periodistas, comunicadores sociales, mujeres, jóvenes, pueblos originarios, comunidad LGTBI tienen el espacio para denunciar ataques por ejercer la libertad de expresión e información.
Organizaciones denuncian peligro contra la vida de la defensora Betty Vásquez, en Santa Bárbara
Posted On Martes, 08 Diciembre 2020 22:52
Organizaciones alertan sobre el riesgo de la defensora territorial Betty Vásquez, quien está siendo desprestigiada por la oposición a la instalación de una represa en el sector de El Tornillito, en Chinda, departamento de Santa Bárbara. El CONADEH habría iniciado las debidas diligencias del caso para salvaguardar y garantizar su integridad.
Betty Vásquez, es general del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS, explicó a pasosdeanimalgrande.com que los problemas surgen por la oposición a la instalación de represas en la zona, ya que afectarían un 75 por ciento de la población que usa el agua de los ríos para consumo diario.
Vásquez señaló que una campaña desprestigio desde el medio de comunicación de los diputados en el Congreso Nacional por el Partido Nacional, Mario Pérez y Marcos Paz, quienes en apoyo a los proyectos podrían estar relacionados y el que emite los comentarios acusatorios es el comunicador, Edward Fernández, aparentemente en apoyo a ellos.
Preocupadas por la situación, el Foro de Mujeres por la Vida, presentó el 30 de noviembre de este año, formalmente la queja ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos CONADEH, y se emitió una alerta sobre el peligro a la integridad de la defensora en las redes sociales, donde aseguraron que es parte de una violencia sistemática ejercida desde el 2015, y condenaron las expresiones de odio emitidas después del desastre natural provocados por los Huracanes Eta y IOTA.
Gustavo Fajardo, delegado del CONADEH, expresó a pasosdeanimalgrande.com que se oficializó la queja, debe proseguirse con la debida diligencia, orientación y acompañamiento a la defensora Betty Vásquez, que es a quién asiste el derecho en este caso para que interponga formalmente la denuncia, así como ante el Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos, para garantizar su integridad.
Fajardo agregó que la trayectoria de la defensora es conocida y también este incidente, por lo que hay una coalición de varios derechos que se deben evaluar como la integridad, y también las autoridades correspondientes determinar hasta dónde se transgredió la libertad de expresión y afectó el honor de la persona.
Desde el medio de comunicación de los diputados, expresaron que bajó el contexto de reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes, que las represas son la solución a las inundaciones de la zona y que la defensoría territorial liderada por Betty Vásquez, en oposición a los proyectos son los culpables.
La población de Chinda, en reiteradas ocasiones mencionaron que los proyectos de represas hidroeléctricas en la zona han afectado al menos 200 familias que utilizaban el río para lavar ropa, la agricultura y la pesca, y en la implementación de éstos no se respetó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que obliga al Estado a tomar en cuenta la opinión de los pueblos en principal de los indígenas.
11 Enero 2021- Audiencia de Proposición de Pruebas Contra David Castillo
Esperando el inicio de la audiencia para retransmitirla en nuestras redes:
Nuestra Coordinadora General Bertha Zúniga, sobre la nueva suspensión de la audiencia de proposición de pruebas contra David Castillo.”Denunciamos estos retrasos injustificados que siguen negándonos el acceso a la justicia y siguen significando impunidad” Las pruebas contra David Castillo son contundentes, exigimos la pronta realización de este proceso.
Declaraciones de Victor Fernandez, abogado del equipo legal del COPINH
La Tribuna: Suspenden audiencia de supuesto autor intelectual del crimen de Berta Cáceres
En esta ocasión, la defensa de David Castillo, presentó una vez más una recusación en contra del Tribunal a cargo del caso, denunciando la ampliación de la prisión preventiva de Castillo.
La recusación fue enviada a la Corte de Apelaciones y nos encontramos a la espera de una resolución. La corte debe resolver en los próximos 3 días hábiles.
En 9 ocasiones ha sido suspendida la etapa de juicio oral en este caso debido a las tácticas dilatorias de la defensa. Éstas tácticas sólo buscan retrasar el proceso contra Castillo.
Aún con los retrasos. Seguiremos exigiendo incesantemente Justicia Para Berta.
“Estas acciones dilatorias son un acto de revictimización para la familia de Berta Cáceres. Los retrasos deben ser cargados por la defensa de Castillo. Se deben ejecutar los correctivos y resolver inmediatamente” Víctor Fernández
La adolescente latina que le plantó cara a Trump para proteger de la deportación a más de 300.000 migrantes
Crista Ramos tiene 17 años, es hija de salvadoreños y la principal demandante de una petición ante la justicia para la restitución del TPS, un programa que ofrece un alivio migratorio a familias que, como la suya, llevan décadas en EE UU
Crista Ramos se define como una adolescente tímida, pero hace casi tres años su deseo de defender a sus padres ante una posible deportación le llevó a alzar la voz por ellos donde hiciera falta. Hoy, con 17 años, ya le ha contado la historia de su familia al Papa en Roma y a congresistas en Washington, y es la principal demandante de una petición ante la justicia para restituir el estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que ofrece un alivio migratorio a decenas de miles de personas de seis nacionalidades que, como su madre, llevan décadas en Estados Unidos. Donald Trump quiso acabar con el programa en 2018.
«Cuando Trump terminó con el TPS en 2018 yo tenía 14 años. Yo no sabía lo que era, pero mi mamá me contó que le dio la oportunidad de vivir en este país y poder trabajar y en ese momento me dijo que no sabía qué iba a pasar en nuestra familia», recuerda Ramos desde la ciudad de San Pablo, en California. Aquella conversación convirtió a la niña que hasta entonces estaba centrada en la escuela y en sus prácticas de fútbol en una activista dispuesta a tocar todas las puertas para evitar que deportaran a su madre. «Me hice más activa en mi comunidad. Todavía soy un poco callada, pero antes era muy callada y he tenido que madurar un poco más y hablar con la gente sobre lo que está pasando con mi familia. Hay más de 250.000 niños en esta situación y por eso he tenido que hablar, no solo por mi familia, sino por las de los que están en la misma situación», cuenta la joven.
Su madre, Cristina Morales, llegó a Estados Unidos sin documentos en 1993. Tenía solo 12 años y huía de un padre maltratador que le hizo poner rumbo al norte en busca de una vida libre de violencia. Ocho años después, en 2001, el Gobierno de George W. Bush implementó el TPS, un alivio migratorio para los salvadoreños indocumentados en el país, después de que el país centroamericano sufriera dos devastadores terremotos. Con ese beneficio, que EE UU ha otorgado desde los años noventa a migrantes de distintos países donde se han producido guerras o desastres naturales, Morales estaba libre de la deportación y podía trabajar legalmente. Así pudo desarrollar su carrera como asistente de maestra en una escuela, establecerse en el país y tener a sus dos hijos: Crista, de 17 años, y Diego, que hoy tiene 15.
Un Gobierno tras otro fueron renovando el TPS a El Salvador. Morales podía trabajar, pero ese estatus no le daba una vía directa a la ciudadanía, ya que una decisión así debe pasar por el Congreso, algo que en estos años no ha sido una prioridad en Washington. Por eso, cuando en enero de 2018 Trump anunció que cancelaba ese beneficio para los salvadoreños, la mujer de 39 años sintió que su vida se derrumbaba. «Fue un golpe muy duro para mí. En la escuela católica donde trabajo había niños llorando porque decían que les iban a separar de sus papás. ¿Cómo podía decir yo algo si estaba sintiendo el mismo dolor?», recuerda la madre. Al llegar a casa, reunió a sus hijos y les contó la situación. «Yo les dije que ya no podíamos tener la vida que teníamos porque teníamos que ver qué iba a pasar con el TPS y fue muy triste ver a mis hijos llorar. Pero, como nosotros creemos en Dios, les dijimos que íbamos a luchar juntos aunque quizás no íbamos a poder tener la tranquilidad que teníamos antes, pero que íbamos a buscar justicia».
Ahí fue cuando Morales y su hija Crista recurrieron a grupos comunitarios y, con la ayuda de organizaciones como la Unión de Derechos y Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y la National Day Laborer Organizing Network (Ndlon), demandaron al Gobierno estadounidense; concretamente a Kirstjen Nielsen que, como secretaria de Seguridad Interior de Trump en aquel momento, era la responsable de las políticas migratorias. Aunque la adolescente salvadoreña es la principal demandante en el proceso, en total fueron nueve beneficiarios del programa, entre ellos Cristina Morales, y cinco estadounidenses hijos de migrantes con ese estatus los que pidieron ante la justicia que se restituyera el TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, un programa que se estima que protege a 400.000 personas de esos países. Además, Honduras y Nepal también son beneficiarios de ese estatus, aunque no están incluidos en esa demanda.
Una medida «racista»
En Ramos vs. Nielsen, los demandantes alegan que la medida es inconstitucional y que fue adoptada para imponer la «agenda antiinmigrante y supremacista blanca» de la administración de Trump quien, poco antes de poner fin al TPS, se refirió a las naciones que recibían ese alivio como «países de mierda». «Él violó la Constitución y el proceso administrativo, usó razones racistas y violó los derechos de los hijos de tepesianos [los beneficiarios del TPS] diciendo que tenían que escoger entre quedarse con sus padres o quedarse en su país de origen», explica Cal Soto, abogado de la organización Ndlon. La demanda está ahora en una corte del noveno circuito de la costa oeste y, pese a que una terna de jueces la desestimó en septiembre, los demandantes apelaron, lo que obligó al Gobierno de Trump a extender la vigencia del programa a principios de diciembre.
«Aunque perdamos el caso, nosotros de muchas maneras hemos ganado porque Trump quería cancelar este estatus hace cuatro años y ya sabemos ahora que han sobrevivido a la Administración de Trump todos los tepesianos y eso es un logro increíble», apunta Soto. Y recuerda que, mientras esté en marcha el litigio en las cortes, sus beneficios se mantienen. Eso da esperanza a quienes tienen ese estatus, especialmente porque el presidente electo Joe Biden ha prometido una solución permanente para indocumentados con alivios temporales como ellos. Sin embargo, una vía a la ciudadanía pasaría porque el Congreso apruebe una ley, por lo que es probable que sea necesario un consenso bipartidista.
«Yo he ido a Washington DC para hablar con congresistas sobre el TPS porque muchos no saben lo que es y hemos ido a pedir que aprueben un camino para la residencia permanente para los tepesianos. Están en un limbo y esta demanda solo nos está dando tiempo, pero no hay un paso concreto para ellos», reconoce Crista Ramos. Para la joven, que Trump perdiera las elecciones fue un «alivio» porque él fue quien acabó con el TPS, pero sabe que todavía queda mucho trabajo por hacer. «Esperamos que la nueva administración trabaje con nosotros o escuche las historias y nuestra situación y que hagan lo correcto y pasen una reforma», afirma.
La peticiones de la adolescente para que no la separan de su familia también llegaron a los oídos del Papa. Fue en 2018 cuando viajó al Vaticano con una delegación de hijos de beneficiarios del TPS a la canonización del sacerdote salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y le habló de su situación. «Él nos dijo que migrar es un derecho humano, que no nos diéramos por vencidos y que iba a orar por nosotros. Fue una experiencia muy bonita que nunca voy a olvidar», cuenta Ramos. Ahora, mientras espera la nueva decisión de la corte, completa su penúltimo año de secundaria, y ya está en el proceso de búsqueda de universidad. «Quiero estudiar relaciones internacionales. He pensado en ser abogada, trabajar en el Gobierno o en las Naciones Unidas. Tengo muchas ideas, pero sí sé que quiero ayudar a la gente», afirma. «Y voy a seguir luchando por mi familia».
Estamos llegando al final del pandémico y desastroso 2020: ¡Annus horribilis!
Ceteris Paribus
ANNUS HORRIBILIS (I)
Por: Julio Raudales
Una primera mirada de los 365 días que terminarán dentro de pocas horas, podría llevarnos a la conclusión de que no hay nada que recordar; que deberíamos poner un manchón de tinta sobre el almanaque, dar vuelta a la página y… ¡a otra cosa mariposa!
Por suerte, siempre se puede aprender de las experiencias, especialmente las muy negativas. Creo que los hondureños debemos usar el distópico 2020 como impulso para iniciar -ya era hora- un proceso que revierta tanta tragedia, que ponga fin a la desesperanza y promueva un cambio de actitud y de acciones, especialmente por parte del liderazgo político, pero también de la ciudadanía. Los japoneses y alemanes lo hicieron después del 45, ¿Por qué no nosotros?
¿Qué hacer? Preguntaba el ruso Nikolai Chernishevsky allá por 1863, en una novela que, retomada e interpretada por Vladimir Lenin -quien a su vez escribió un tratado de política homónimo, antes del triunfo de la Revolución Rusa en 1917-, se convirtió en lectura de culto para los intelectuales soviéticos. ¿Qué hacer? es, de todas formas, una buena pregunta, si es que deseamos en realidad que las cosas cambien y nos negamos a quedarnos a esperar al lado de la vereda, a que el país por fin arranque.
Sé que hay medidas importantes a tomar. Si decidimos adoptar un manual de políticas públicas al uso, probablemente hará hincapié en la necesidad de invertir en infraestructura vial, fortalecer los derechos de propiedad, impulsar el comercio internacional, disminuir las trabas administrativas a la inversión privada y sobre todo mejorar la calidad del gasto público para centrarlo en educación y salud o una profunda reforma fiscal. ¡En fin! Son tantas las insuficiencias… ¿Por dónde empezar?
Yo destacaría tres necesidades imperiosas para salvar la república: a) adecentar la administración del erario; b) fortalecer las reglas de la democracia y c) construir organizaciones ciudadanas que controlen y equilibren las acciones de los poderes.
Ninguna de las tres aparecerá en el libreto de los formadores de políticas públicas tradicionales, pero son, a mi juicio, la clave para arrancar.
Sobre la necesidad de volver decente la administración pública, no habrá mejora posible sin un cambio radical en la forma de elegir e incentivar a los funcionarios y empleados del gobierno.
Un breve examen del estado del arte al respecto, nos muestra un servicio civil desaliñado, inoperante y mal pagado, utilizado únicamente como botín proselitista y sobre todo, despojado de sus funciones sustantivas y suplantado por unidades administradoras de fondos de fideicomiso, ligadas a la banca pública y privada.
En conclusión; tenemos dos tipos de empleados y funcionarios gubernamentales:
En las Secretarías de Estado y otras oficinas, pululan profesionales y no-profesionales que ganan salarios indignos, que en su mayoría carecen de una función específica y que están allí, vegetando en la incertidumbre de perder su empleo si el partido en el poder pierde las próximas elecciones. En algunos casos, estas personas dedican gran parte de su jornada a navegar en las redes sociales con la orden de responder con halagos a los “tweets o posts” del presidente y otros funcionarios.
Todo lo anterior contrasta con las cómodas oficinas pagadas por los bancos comerciales, donde funcionan “unidades especiales” que administran los multimillonarios fondos de fideicomiso que el gobierno pone en el sistema financiero para que se hagan cargo de las tareas que la “administración tradicional” no puede ejecutar con eficacia. Allí los salarios son jugosos y el perfil profesional de los empleados, bastante mas “lustroso”. Ejemplos egregios de esta “novísima forma de administración” son INVEST-H, la Tasa de Seguridad y el Programa Vida Mejor.
¿Mejoró la eficacia en la administración debido a estos “innovadores” mecanismos? ¿Disminuyó la corrupción?, ¿Generaron ahorros a erario? Parecen buenas preguntas. A priori todo indica que no, al menos los índices de competitividad, desarrollo humano y pobreza continúan en declive. Y los escándalos de corrupción siguen llenando portadas.
Propongo entonces iniciar con un cambio que haga eficiente de una vez la administración pública. Esto pasa por una nueva Ley de Servicio Civil, moderna y eficiente, que valore la meritocracia, incentive adecuadamente a los empleados y libere a la burocracia del terrible atavismo de ser considerada un botín político.
Es necesario entonces una reingeniería del sector público. Evaluar a todo el personal y despedir -con derechos pagados- al que no cumpla con los requisitos. Estoy seguro de que este sería el primer paso a un cambio regenerativo en el estado.
Otra reforma importante es la que regule el nombramiento de los funcionarios de alta categoría. No se puede seguir colocando titulares de Secretarías de Estado y otras instancias, considerando únicamente la variable “confianza”. Los últimos años nos muestran un serio declive en la calidad de los perfiles de los funcionarios, de tal manera que muchos profesionales serios, optan por rechazar un cargo, debido a l desnaturalización y desprestigio en que dichos puestos han caído.
Quedan aún dos elementos clave para iniciar el cambio: Fortalecer la democracia y construir de ciudadanía, que abordaré en una próxima entrega.
Entrevista sobre la pandemia, Trump, los nuevos liderazgos políticos y los dos caminos de América latina.
Noam Chomsky: "Hay que superar la plaga neoliberal"
La desconfiguración global que generó la pandemia en el orden político, sanitario y social puede acarrear transformaciones en el rol del Estado y permitir la emergencia de nuevos liderazgos. Ese escenario, según explica el pensador estadounidense Noam Chomsky en una entrevista realizada por la agencia Télam, podría generar las condiciones para el surgimiento de "líderes políticos que puedan lidiar con estas grandes crisis", aunque advirtió: "Hay que superar la lógica capitalista, la plaga neoliberal y el liderazgo malévolo".
--¿Qué tipo de liderazgos políticos se requiere en estas circunstancias? ¿Cuáles imagina emergiendo de esta pandemia?
--Ahora mismo es difícil ser particularmente optimistas al
respecto, pero sabemos qué tipo de liderazgo político nos gustaría que
saliera. La cuestión es si podemos hacer que asuman. Tomemos la
Internacional Progresista. Creo que gente como Bernie Sanders y Yanis Varoufakis y otros asociados con su movimiento, AOC (Alexandria Ocasio-Cortez)
en Estados Unidos, y algunos otros con este perfil, serían el tipo de
líderes políticos que podrían lidiar con estas grandes crisis. No solos,
por supuesto. Los líderes políticos no pueden hacer nada (solos).
Primero necesitan un apoyo popular masivo. Y luego tienen que romper el
poder que poseen las instituciones y que controlan la sociedad. Hay que
recordar que vivimos en un mundo de Estado-Capitalismo y cada país tiene
una forma u otra de Estado-Capitalismo. Eso significa una concentración
extrema de poder en corporaciones privadas, con un poder y una
voluntad enormes, que suelen tener una gran influencia en todo lo que
sucede. Eso tiene que ser eliminado.
--Lo que aparecen como
serios desatinos del presidente Donald Trump han contado, en realidad,
con respaldos institucionales sólidos.
--El Congreso
Republicano ha aprobado cientos de esfuerzos legislativos para acabar
con la ley de atención asequible, la ley de Barack Obama, y no dejar
nada en su lugar. La ley algo avanzó. No se acerca a lo que tienen otros
países, pero al menos fue un adelanto y quieren matarla, porque para
ellos, no debería existir nada fuera del mercado. Si puedes sobrevivir
bien o si no mal. Se llaman "Libertarios", lo que es una broma de mal
gusto. Son totalitarios. Te están diciendo que si eres lo
suficientemente rico para sobrevivir, genial; si no lo eres, mala
suerte. Eso se está manifestando en la crisis de la Covid-19. Hay mucha
gente que se niega a hacerse la prueba porque es demasiado cara. Me
refiero a que técnicamente el Gobierno paga, pero luego la gente recibe
copagos que su compañía de seguros no pagará. Los ciudadanos de Estados
Unidos son el 4% de la población mundial y el 25% de los casos. No hay
mejoría. De hecho, está empeorando. Yo no he salido de mi casa en cuatro
meses.
--¿Hay un momento en que estas ideas tomaron mayor fuerza?
--Echa
un vistazo a los hospitales, especialmente desde Reagan. Los programas
neoliberales de (Ronald) Reagan fueron realmente duros con la población
en general. Los hospitales funcionan con un modelo comercial, deben ser
eficientes, solo tienen los recursos a utilizarse en una situación
normal. Se asemejan a una línea de montaje en la empresa Ford. Con los
recursos justos. Cuando se presenta cualquier situación excepcional, el
desastre es total. De hecho, este modelo de negocio reaganiano tuvo un
efecto en todo el mundo. Esas son las batallas que se libran
internamente en EEUU, pero lo mismo está sucediendo en todas partes. Los
movimientos populares están tratando de moverse hacia una sociedad
viable y habitable. Y la pregunta es ¿quién va a ganar?
--¿Cómo se pueden revertir algunas de estas políticas frente a tantas urgencias?
--Por
supuesto que es mucho lo que puede hacerse, pero hay que superar
barreras serias. Hay que superar la lógica capitalista, hay que superar
la plaga neoliberal y hay que superar el liderazgo malévolo; tres
barreras principales. No va a ser fácil, pero no es imposible. Las otras
crisis: calentamiento global, guerra nuclear, deterioro de la
democracia, sabemos cómo afrontarlas y es imprescindible hacerlo. No
queda mucho tiempo.
--Una pregunta final. En lo que respecta a
América Latina, en la cual vemos esta batalla entre gobiernos más
progresistas y gobiernos de derecha o extrema derecha como es el caso
del Brasil de Bolsonaro. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la región
en este momento?
--Brasil envía mensajes muy claros. El Banco Mundial, que no es una organización particularmente de izquierda, hizo un análisis detallado de la economía en 2016, un par de años después de que Lula dejara el cargo. Calificaron los años de Lula como una década dorada en la historia de Brasil, con fuertes reducciones de la pobreza, incorporación de gran parte de las poblaciones que habían sido marginadas, inclusión, grandes avances en el desarrollo social. Dijeron que fue una década dorada, nada comparable. En ese momento Brasil fue probablemente el país más admirado del mundo, estaba en foros internacionales, era una voz para el Sur Global, estaba uniendo a Sudamérica. Lula era probablemente la figura política más respetada del mundo. ¿Qué pasa ahora? Brasil es simplemente objeto del desprecio y el ridículo del mundo, dirigido por un payaso virulento, una persona que apoya la dictadura militar, que busca destruir. La devastación de la selva amazónica aumentó aproximadamente el 30% sólo en el último año. Acabemos con todo, enriquezcamos aún más a los ricos, matemos a quien no nos guste, dejemos que la pandemia continúe. Es el Gobierno quizás más reaccionario en la historia de Brasil. Un objeto de burla en todo el mundo. Bueno, esas son lecciones. Contamos con un plazo de diez años. La lección es que tienes el futuro en tus manos. Puedes hacerlo de una manera, puedes hacerlo de otra manera. No hay forma de predecirlo. Eso es Brasil, se podría aplicar lo mismo a los demás.
Angela Davis y Naomi Klein: Imaginarios para salir del desastre
Angela Davis y Naomi Klein reflexionan sobre la oportunidad que la crisis del coronavirus representa para movimientos sociales e izquierdas. Cruzan las instantáneas del presente con otros momentos fundamentales de la historia. Vuelven a pensar otro mundo posible basado en menos represión, más activismo, imaginación y perspectiva feminista.
Naomi Klein y Angela Davis se encontraron en una charla virtual organizada por The Rising Majority: “Coronavirus y construcción de un movimiento opositor”. Hubo más de 200 mil personas escuchando el vivo, en todo el planeta, en todos los horarios e idiomas, pero con una visión de mundo compartida.
Hablaron de la crisis global, de la pandemia, de los feminismos, de los trabajos imprescindibles, del racismo, de las personas privadas de su libertad. Atravesadas por el acontecimiento reflexionaron sobre los desafíos que se vienen para los activismos y para la izquierda internacional en un escenario que nos impone la necesidad de desafiar los límites de la imaginación de lo posible.
Angela Davis es activista antirracista, anticapitalista e histórica referente de las luchas afro en los Estados Unidos a gravés de las Panteras Negras. Es autora de Género, raza y clase y ¿Son obsoletas las prisiones? Naomi Klein es activista anticapitalista y ecologista, cineasta y periodista. Escribió No Logo y La doctrina del Shock. Modera la conversación la activista Thenkiwe Mcharris.
THENJIWE MCHARRIS: Esta conversación intenta poner en común visiones transformadoras y nos invita a hablar de los cambios estructurales que necesitamos. ¿Qué nos dice esta crisis sobre el fracaso del capitalismo y sobre el riesgo de que el sistema aplique sus propias soluciones para afrontar el desastre?
Pero si tomamos distancia y ampliamos la perspectiva, vemos que nuestro sistema económico, dispuesto y construido en base a la voluntad de sacrificar la vida en beneficio de las ganancias, generó las condiciones previas para que esta crisis sea todavía más profunda, debilitando nuestro sistema inmune colectivo y generando las condiciones para que el virus se desarrolle de forma desenfrenada.
Esto se expresa de muchas maneras: a tavés de los sistemas médicos privados, en la denigración del trabajo de cuidado -al no brindar los equipos de protección adecuados-, y en la denigración de los trabajos de servicio: las personas que producen y entregan alimentos son tratadas como desechables. Todo ésto hace que el virus esté fuera de control.
Además, tenemos el capitalismo del desastre. Vemos lo mismo de siempre: frente a tanto dolor y necesidad, el oportunismo corporativo no se pregunta cómo aportar soluciones sino cómo puede enriquecerse aún más. Algunos ejemplos son las regulaciones ambientales suspendidas en China y en Estados Unidos en nombre de ayudar a la economía, y el impuesto a la regulación financiera.
Esta declaración de intenciones impulsa crisis encubiertas, son ataques explícitos a nuestras democracias ya débiles. Entonces vemos a un Viktor Orban en Hungría, a Jair Bolsonaro en Brasil, a Benjamin Netanyahu en Israel, a Trump en Estados Unidos… Son lo mismo. Todos usan la autoridad para obtener mayor poder de vigilancia.
ANGELA DAVIS: Al escucharte, Naomi, pienso en lo que pasa en Palestina, en lo que pasa en Siria y en Kurdistán, pienso en las poblaciones que están expuestas a situaciones de represión como respuesta fallida al Coronavirus.
THENJIWE MCHARRIS: Angela, durante años nos hablaste del sistema carcelario. ¿Podemos pensar la coyuntura desde una perspectiva abolicionista?
ANGELA DAVIS: Al analizar el impacto y los intentos para mitigar el virus, se pensó en la situación de las personas forzadas a mentenerse encerradas. Hubo preocupación por quienes quedaron confinados en cruceros. Pero deberían preocuparnos -y más, incluso- las personas que están en prisión o en centros de detención de inmigrantes. Acá, en Estados Unidos, las personas quedan detenidas por un período de uno a seis meses, no más de un año.
Sin embargo, en este contexto, una sentencia de tres meses puede significar la pena de muerte. Aquí muchas organizaciones -Critical Resistance, No New Jails, All Of Us or None, Transgender Gender-Variant & Intersex Justice Project- piden la liberación de prisionerxs. En Estados Unidos hay 2.3 millones de personas tras las rejas. Pedimos, en particular, la liberación de lxs ancianxs. Y considerando que la cárcel acelera el envejecimiento, hablamos de mayores de 50. Las apelaciones también piden la liberación de lxs niñxs que están en institutos para menores.
Estaba leyendo un artículo de Mike Davisis en la “Jacobin”, donde menciona a la “corona-crisis” como un monstruo alimentado por el capitalismo. Dice que esta pandemia expande el argumento de que el capitalismo global parece biológicamente no sustentable por la ausencia de una infraestructura de salud pública global. Y afirma: “Tal infraestructura nunca existirá si los movimientos sociales no quiebran el poder de las grandes farmacéuticas y del sistema de salud privado”.
La mirada abolicionista nos obliga a pensar de manera amplia y a recordar, por ejemplo, a aquellxs que no tienen casa. Incluso si se lleva a cabo la descarcelación de la cantidad de personas tras las rejas, muchxs sólo tendrán las calles como un lugar para refugiarse. Por lo tanto, también tenemos que pensar en el acceso a la vivienda y al alimento. Si Irán pudo liberar a 70 mil prisionerxs, es decir, un tercio de su población de detenidxs, los Estados Unidos deberían poder hacer lo mismo.
THENJIWE MCHARRIS: Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber qué es posible transformar? ¿Cuánto más tenemos que involucrarnos?
NAOMI KLEIN: Se necesita de un gran compromiso. Recién estamos en la primera etapa de esta tremenda crisis. Una vez que reconocemos que estamos en una emergencia, el gran compromiso es posible.
Ahora, por ejemplo: todos los que estamos compartiendo esta conversación seguramente pasamos nuestras vidas tratando de convencer al mundo de que el status quo nos llevaba al desastre. Estados Unidos no vio esta pandemia como una crisis. Lo dijo FOX News: que las personas mayores y las enfermas debían morir en silencio, en nombre del mercado.
La única razón por la que ha habido una movilización de esta escala tiene que ver con los viajes geográficos que hizo virus, y que antes de golpear a Estados Unidos golpeó a sociedades con un tejido social más fuerte. Entonces tuvimos presidentes como el de China, y algunos del sur de Europa, que clausuraron sus economías para salvar vidas, y ésto venció las medidas de Trump que de alguna manera se vio obligado a tomar decisiones similares. La crisis abre el sentido de lo que es posible.
Cuando escribí Doctrina del Shock, cité a Milton Friedman: “Solo un procedimiento real de crisis produce un cambio real, y cuando ocurre la crisis depende de las ideas que están por ahí”. Milton Friedman estaba enfocado en tener una infraestructura intelectual de preparación para desastres para la derecha, para las corporaciones, porque entendió que cuando el capitalismo produce su propia crisis y las injusticias del sistema quedan al descubierto, como sucedió durante la Gran Depresión, la izquierda tiene una gran oportunidad. Milton Friedman escribió una carta a Pinochet en los ´70.
Y le dijo: “Todo salió mal en su país, como en el mío en la década de 30, cuando la gente tuvo la idea de que podían hacer cosas buenas con el dinero de otras personas”. Entonces, en otras palabras, toda la estrategia que están desplegando para moverse tan rápido ante una crisis, para impulsar su lista de deseos es porque tienen miedo de que impulsemos la nuestra, tienen miedo de que exijamos exactamente aquello de lo que Angela ha estado hablando.
Que vaciemos las cárceles, que exijamos casas para todxs, que digamos: “Esperá un minuto. ¿Ganaste 6 trillones de dólares? Podríamos tener un buen comienzo de un nuevo acuerdo verde con ese dinero”. Quiero decir, si podés pagarle a la gente para que se quede en casa, podés pagarle a la gente para que se vuelva a entrenar fuera del sector de los combustibles fósiles.
Si las corporaciones están de rodillas pidiendo rescates, los sectores más contaminantes del planeta, compañías petroleras, compañías de gas, aerolíneas, compañías automotrices, de cruceros, significa que podemos tomar posesión de estos sectores, podemos bajarles un cambio si están en guerra con la vida en la tierra, podemos cuidar a sus trabajadores. Lo que necesitamos, para citar a mis colegas de The Leap, que es una organización que co-fundé, es patear puertas, abrirlas a la posibilidad radical tan a lo ancho y a lo largo como sea posible.
En esta crisis nos encuentra en una mejor posición que la de 2008, cuando la economía mundial colapsó y teníamos claro que nos veíamos obligados a pagar para salvar a los banqueros. Ocupamos las plazas y dijimos: “¡No!”. Pero en ese momento no impulsamos nuestras alternativas radicales con el coraje y con la fuerza suficiente. Esto es lo que debemos hacer ahora.
Estoy tan inspirada por los trabajadorxs de Amazon, Hole Foods, Instacard, GI y los enfermeros. Todos son trabajadores de la primera línea pero su trabajo es denigrado y, literalmente, tienen que usar bolsas de basura para protegerse del virus. Es que así es como el capitalismo los ve, como basura. Pero ellos están de pie: “No, no somos basura. Nosotros sostenemos al mundo”.
Esa es la energía que necesitamos para construir. Tenemos que ejercitar nuestro derecho a parar, a retener esa fuerza de trabajo. Necesitamos abrir la puerta de una patada, ¡y mantenerla abierta!
THENJIWE MCHARRIS: Debemos ser audaces y tener confianza pero también expandir la ronda de posibilidades en nuestra imaginación. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia un mayor nivel de demandas?
NAOMI KLEIN: Es una carrera contra el tiempo porque todavía no vimos sus peores ideas. La gente en Gaza nos dice que son un laboratorio para el resto del mundo. Hoy, en Bombay, fueron diagnosticados los primeros casos de Corona, en un barrio marginal. Eso es preocupante por lo que dice Ángela sobre la imposibilidad de las personas para aislarse cuando no tiene dónde hacerlo.
¿Qué respuesta da un estado carcelario? Sella el barrio pobre, lo convierte en Gaza. Salvo que estemos ahí diciendo: “¡No! Todos tienen derecho a una casa, hay muchos hoteles vacíos”. Creo que veremos peores instantáneas que las que estamos viendo ahora.
THENJIWE MCHARRIS: Y vos, Angela, ¿qué crees que esta crisis nos está pidiendo?
ANGELA DAVIS: Estoy de acuerdo con Naomi: tenemos que pensar en las similitudes entre la década del 30 y ahora. Muchas personas se dan cuenta que el capitalismo no está preparado para responder a las necesidades de la gente y de otros seres de este planeta. El capitalismo global es responsable de la imposibilidad para abordar esta pandemia.
También es responsable del gran número de personas en prisión, del alto costo de la atención médica, la vivienda y la educación. Las personas hoy tenemos la capacidad de darnos cuenta de que no tenía por qué ser así.
La crisis revela la naturaleza del capitalismo racial, el racismo dirigido contra asiático-estadounidenses, por seguir el ejemplo de… ¿cómo se llama el actual ocupante de la Casa Blanca? Estamos reconociendo y tenemos la capacidad de organizarnos contra el racismo de las instituciones, el racismo cotidiano. Y tenemos la capacidad de generar organización feminista, lo que podríamos llamar la organización feminista abolicionista, porque todas estas son cuestiones feministas.
El racismo es una cuestión feminista, la falta de vivienda es una cuestión feminista, la abolición de las cárceles es una cuestión feminista. También deberíamos considerar que muchas de las personas que están en el centro de esta crisis, en la primera línea, son mujeres. Y quiero decir una cosa sobre la violencia de género y el abuso infantil: muchas mujeres están siendo forzadas a pasar las 24 horas del día con sus abusadores, siendo incapaces de conectarse con aquellos que han sido sus cuerdas de salvataje.
Deberíamos aprovechar ésto como una oportunidad para generar el tipo de organización que resalte el sentido de la necesidad de solidaridad internacional, y que tenga la capacidad de sacarnos de nuestro adormecimiento, de reconocer que podemos aceptar liderazgos de personas que se organizan en otras partes del mundo.
(…)
NAOMI KLEIN: Mucho de lo que sé sobre el poder transformador de una crisis lo aprendí viviendo en Argentina, luego de la crisis económica del 2001, cuando tuvieron cinco presidentes en tres semanas y todo colapsó y la gente comenzó a construir algo nuevo en la multitud.
Una de las cosas que presencié y que realmente me cambió fue el movimiento de las fábricas que, siendo abandonadas por sus dueños, eran transformadas en cooperativas de trabajo. Eso es lo que reivindico cuando hablo de solidaridad internacional. También valoro loque tenemos para aprender del movimiento por la soberanía alimentaria.
También, hoy hay un nivel de organización digital increíble. Tenemos que defender también el derecho a tener internet, es un bien de uso público pero ahora está en manos de unas pocas grandes corporaciones. Cuando hablamos de respuestas represivas y autoritarias a la crisis eso incluye la capacidad de acallarnos cuando nos organizamos en plataformas de las corporaciones. Luchamos por derechos digitales reales como parte de la transformación que necesitamos.
Recordemos un par de cosas de las que muchxs de nosotrxs nos estamos dando cuenta. Uno: nos extrañamos, aunque pasamos mucho tiempo frente a las pantallas. Cuando ésto pase, me gustaría pasar más tiempo en comunidad y construir una economía que valore, que eleve y que esté enraizada en la necesidad de cuidarnos entre todxs y cuidar el planeta.
Es posible hacerlo, serán necesarias todas las herramientas que hemos mencionado, las huelgas de alquileres, las huelgas de deudas, tal vez incluso una huelga general. No creo que tenga un hashtag, así que tendremos que encontrar formas de organización que Silicon Valley no nos haya traído. Una de las cosas que más difíciles de esta crisis es tener un hijo de siete años y enseñarle a temer a la gente porque todxs tienen gérmenes, y eso es lo contrario a lo que trato de enseñarle.
Fuente: http://revistaanfibia.com/
