ANÁLISIS 2020: PANDEMIA DESMOVILIZÓ HONDUREÑOS, PERO INSURRECCIÓN ESTÁ ACTIVA
- Publicado: 01 Enero 2021
El
analista social y político, Armando Orellana, comparte a EL LIBERTADOR
su impresión sobre lo que dejó 2020, afirma que el repudio al régimen
sigue activo, porque aunque no hubo manifestaciones multitudinarias, el
hondureño buscó formas para protestar contra la corrupción, impunidad e
ilegalidad de quien ostenta la presidencia.
En tanto, observa que el panorama electoral para 2021 no es nada alentador tomando en cuenta los antecedentes de 2013 y 2017, la única victoria segura que tiene la oposición es volver a firmar una alianza que acabe con la idea continuista, que aún vive en Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La sociedad hondureña ha vivido cosas terribles este 2020, la violencia, la pandemia, los huracanes, la miseria, la corrupción y la impunidad han dejado huellas muy profundas. Según el analista social, Armando Orellana, el año se caracterizó por el caótico modelo de política pública diseñado sólo para profundizar aún más los históricos problemas del pueblo.
Apunta que en esencia 2020 inició siendo uno de los últimos dos años de Juan Hernández en el poder, y con un pueblo embravecido desde años anteriores con la alzada de los movimientos sociales frente a la podredumbre de la elite política, pero que por el Covid-19 se desmovilizó a un pueblo que lleva ya 12 años protestando en las calles.
Orellana enfatiza que para 2019 se alcanzó el punto máximo de repudio al régimen y, si bien no tuvo la convulsión social que venía desde 2017 por la ilegal reelección, la lucha de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, abanderó el sentir de protesta y se extendió a 2020.
El analista observa que incluso al cierre del año anterior se comenzó a ver el pronunciamiento de sectores que en el pasado fueron antipáticos a la lucha del hondureño, tal es el caso de la Iglesia Católica que trascendió luego de hartase de la putrefacción estatal cuando emitió el “¡Basta ya!”, pero que el escándalo de los hospitales móviles, entre otras cosas, hizo resurgir la protesta en nuevas formas para evitar el contagio.
Al
cierre de 2020, Orellana menciona que “la situación es muy favorable
para desenmascarar esta élite política y hacer una propuesta alternativa
para gobernar”. Esa transformación pasa por una propuesta de refundar
el país con un modelo económico, político y social alternativo al
actual.
Pero fundamentalmente, para llegar a ese punto se tiene que negar “todo el proyecto del Partido Nacional y ese vínculo de la élite corrupta”. De cara al año electoral, hoy considera que la mayor fuerza para provocar ese cambio la tiene el Partido Libertad y Refundación (Libre); no obstante, insta que es urgente el acercamiento entre fuerzas de toda la oposición.
Y es que advierte que el régimen todavía tiene capacidad de maniobrar y mucho control en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los recursos económicos y la fuerza militar “que puede, obviamente, imponer el esquema del continuismo”.
“Se necesita un proyecto de unificación para sacar a esta fuerza política que significa el retraso en nuestra sociedad”. Orellana alerta que quienes gobiernan actualmente usarán fondos y “recursos oscuros” para financiar sus campañas y con esos “dineros sucios” van a imponer el modelo “elecciones Honduras”.
Y ante ese escenario, critica que: “La Unidad de Política Limpia es una caricatura, y lamento decir que tiene un representante de la oposición, pero este organismo ha sido totalmente ineficaz”. Agrega que no hay un resultado de su gestión, no existe un informe contundente que defina de dónde y cómo surgen los fondos para apoyar candidatos.
“Es ridículo pensar que en cenas de carne asada o la forma que sea, ellos (los políticos tradicionales) han recogido el dinero para financiar sus campañas, solo falta que nos digan que han estado haciendo actividades de venta de enchiladas”.
Concluye que esta dirección de “transparencia política” nunca se interesó por incidir en la sociedad y llevar ante la Justicia a quienes han recibido dineros del crimen organizado, tal y como en 2018 quedó demostrado en los juicios a excapos de la droga en la Corte de New York. “Los funcionarios de la Unidad de Política Limpia no utilizan la tecnología informática y no tienen la capacidad de escanear y frenar el virus del dinero ilícito en la campaña electoral”.
Sentencia que aunque 2020 hubo “inmovilización” de protestas, el sentimiento insurreccional está latente y, la oposición está obligada a formar una alianza si quiere cambiar al país. Sobre la idea continuista ha sido directo: el pueblo no aguantará otro golpe.
HONDURAS / EEUU REVELA PLAN ENTRE YANI Y JOHN PARA PROTEGER NARCOS
- Publicado: 01 Enero 2021
“Durante
una reunión grabada en enero de 2014 entre el acusado, el congresista
[Midence Oquelí] Martínez Turcios y otros narcotraficantes, el grupo
discutió la búsqueda de un trato favorable y protección del presidente
hondureño recientemente electo (“Oficial-1”), incluso mediante la
coordinación con Yani Rosenthal y tratando de instalar al asociado de
Los Cachiros Oscar Nájera como presidente del Congreso hondureño”,
afirma el testimonio de Fredy Nájera en la Corte del Distrito Sur de
Nueva York (en la gráfica, el texto original en inglés).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Previo a determinar la sentencia en el proceso judicial contra el ex diputado hondureño por el Partido Liberal, Fredy Nájera Montoya, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha presentado al juez Kevin Castel, el “memorándum de sentencia”, de fecha 23 de diciembre y en poder de este rotativo.- El documento tiene por objeto orientar al juez Castel para decidir cuántos años de cárcel deberá pagar Nájera; el abogado defensor también ha presentado un documento pidiendo la pena mínima a la Corte.
Es de recordar que el pasado 25 de mayo, el ex congresista liberal por el departamento de Olancho, se declaró culpable de tres cargos que se le imputan: conspirar para traficar droga, uso y portación de ametralladoras y artefactos destructivos para la importación de cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína.
Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Nájera Montoya “utilizó su posición en el Congreso hondureño para facilitar grandes cantidades de narcotráfico y corrupción”, y “participó y apoyó las actividades de narcotráfico de grandes narcotraficantes en Honduras y miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa en México”.
Además, sostiene que “facilitó la recepción de aviones cargados de cocaína en pistas de aterrizaje clandestinas en Honduras… participó en un proyecto de tráfico marítimo de cocaína que involucró un soborno de 50,000 dólares pagado a Fabio Lobo [hijo del ex presidente Pepe Lobo]”.- En total, los fiscales sostienen que traficó 20 mil kilogramos de cocaína, es decir 20 toneladas, y “ganó al menos $39 millones en dinero de sangre a través de este atroz curso de conducta”.
El documento en poder de EL LIBERTADOR, en el apartado “Corrupción pública adicional”, la Fiscalía de EEUU afirma que Nájera también participó en una amplia corrupción pública como parte de sus actividades delictivas.
“En
2012, el acusado pidió a los miembros del Cartel de Sinaloa
aproximadamente $1 millón para el ex congresista Yani Rosenthal, que el
acusado afirma se utilizaría para la campaña (infructuosa) de Yani
Rosenthal para convertirse en presidente de Honduras. Posteriormente, el
Cártel de Sinaloa pagó al acusado aproximadamente $1 millón en pagos a
plazos, y el acusado confirmó a los traficantes que se lo entregó a
Rosenthal. Rosenthal luego se declaró culpable de un cargo de lavado de
dinero en este Distrito”, dice el texto en la página 16.
Y agrega después que ese mismo año la Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de hondureños, que sean solicitados por EEUU por sus nexos con el narcotráfico, Nájera “y otros narcotraficantes” buscaron crear alianzas para evitar que la justicia estadounidense les solicite para pagar por sus delitos.
“AQUÍ ESTÁ EL PODER”
“Durante una reunión grabada en enero de 2014 entre el acusado, el congresista [Midence Oquelí] Martínez Turcios y otros narcotraficantes, el grupo discutió la búsqueda de un trato favorable y protección del presidente hondureño recientemente electo (“Oficial-1”), incluso mediante la coordinación con Yani Rosenthal y tratando de instalar al asociado de Los Cachiros Oscar Nájera como presidente del Congreso hondureño”, se lee en la página 17 del documento.- Es claro que en la declaración de Nájera, la Fiscalía se refiere al mandatario Juan Hernández como el “Oficial-1”.
En la página 18 del “memorándum de sentencia”, el imputado contó a los fiscales cómo Yani y Hernández tenían una estrecha relación con Nájera y su círculo de corrupción. “El acusado explicó al grupo que «habíamos ideado una estrategia con Yani [Rosenthal]» que involucraba buscar un puesto de liderazgo para Oscar Nájera, pero que el Oficial-1 había expresado preocupación por su propuesta. El acusado aseguró al grupo que Oficial-1 tenía una relación cercana con Rosenthal y que Oficial-1 aún así, está en alianza. . . con nosotros. Porque no ha dejado de ayudarnos»”.
Más grave aún es la revelación a renglón seguido del texto: “El imputado explicó que el Oficial-1 indicó «que nos va a pagar sesenta millones [de lempiras], veinte cada uno, porque aquí es donde está el poder». El acusado dijo, sin embargo, que «no estuvimos de acuerdo en nada» y «luego con Yani [Rosenthal], simplemente nos levantamos y salimos» de la reunión”.
Metástasis: venta del territorio hondureño también incluye a La Ceiba
Ofraneh denuncia instalación de ZEDE en La Ceiba
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-La Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) denunció la instalación de una nueva Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en La Ceiba, litoral atlántico de Honduras y reclamó el silencio que guarda el alcalde de dicho municipio, Jerry Sabio.
También lea: Proyectos ZEDE se expandirán como el cáncer en Honduras
La información trasciende luego que el pasado sábado 31 de octubre, Financial Times publicó una entrevista en la que Erick Brimen confirmó que planea una expansión de la ZEDE Próspera en La Ceiba a inicios de 2021. De acuerdo con la publicación, este centro estará enfocado en un parque industrial dedicado al café, bananas y posiblemente autopartes.
Anteriormente, el sitio de la empresa de responsabilidad limitada TUM International, ligada a la Universidad Técnica de Munich, publicó que InSITE BAVARIA está a cargo del desarrollo de las actividades económicas de la ZEDE Próspera y manejará el sitio industrial en La Ceiba.
La ZEDE, que se instalaría en La Ceiba, estaría ligada al Proyecto de Honduras Próspera en el municipio insular de Roatán, cuya figura pública y director ejecutivo es Erick Brimen. Ligado al proyecto también destaca el ciudadano alemán Titus Gebel, escritor del libro Ciudades Privadas Libres publicado en el año 2018 y cuya ideología es libertaria o capitalista radical.
En la denuncia realizada por Ofraneh desde su perfil en Twitter, la organización destaca un párrafo de la conversación que sostuvo Gebel en el podcast de Stephan Livera en marzo de 2020.
En esta intervención, Gebel inicia hablando sobre los marcos legales y jueces en países como Dubai. Comenta a Livera que Honduras realizó cambios a su Constitución para hacer posible el proyecto de las “zonas de prosperidad” que les permite crear sus propias reglas. También señala que hay dos proyectos, y que él estuvo ligado a uno de ellos durante varios años, creando el marco legal.
Posteriormente, se refiere a que esperan salir a la bolsa a mediados del año pero que no puede dar más información al respecto; para después referirse a ejércitos. Seguido de «La secesión [separación] siempre es difícil y viene con violencia y tal vez a veces es necesaria, pero creo que el camino evolutivo, que podemos seguir ahora, se está infiltrando en esas zonas económicas especiales o convirtiéndola en una zona administrativa especial y luego al siguiente nivel y luego hay más competencia, luego tal vez un país se desmorona y de repente tienes tu soberanía. Entonces ese es mi plan si quieres».
El podcast tiene una duración de 72 minutos y en él, Gebel expresa sus diferentes puntos de vista sobre las ciudades libres privadas y sus expectativas sobre el proyecto en Honduras. Stephan Livera es un presentador de podcast que promueve la idea de ciudadelas de Bitcoin.
METÁSTASIS
Pesquisas de Criterio.hn en internet confirman varios que ofrecen predios en venta y de distintas dimensiones al este de La Ceiba, Balfate y Trujillo, entre otros puntos de la costa atlántica, en montos de millones o miles de dólares “islas privadas a 30 kilómetros de La Ceiba”. En las ventas se ofrecen también propiedades en 6.5 acres en Cayos Cochinos y Cay Islands a 2.7 millones de dólares, según la publicación.
“Este es un Premium Caribbean Islands a la venta, no se podría pedir nada mejor, su propia isla privada frente al continente de Honduras que ahora estamos incluyendo en el nuevo listado de Cayos Cochinos Real Estate”, señala el sitio de la empresa hondurasrealestatepro.com, dedicada a bienes raíces en internet.
Proyectos ZEDE se expandirán como el cáncer en Honduras
Advierten que además de Choloma y Crawfish Rock, ya hay varias zonas identificadas
Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Varias regiones de Honduras se mantienen en alerta ante la acelerada construcción de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que implican la existencia de pequeños estados dentro de los 112,492 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, ya son un hecho de este proyecto extractivista que despoja poco a poco a los pobladores de sus territorios y riquezas naturales.
Aunque no solo Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía, están en los planes, pues el proyecto podría extenderse a otros departamentos como Choluteca, Valle, Colón y Gracias a Dios, advierten defensores comunitarios.
Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH) y férrea opositora a las ZEDE o ciudades modelo, dijo a Criterio.hn que otra zona que está en los planes de este ambicioso proyecto del capital transnacional, es “Puerto Castilla (Trujillo), que pretenden terratenientes, inversionistas y desconocidos con títulos de propiedad falsos”. Esta región concentra 24 comunidades ancestrales que corren peligro de continuar esta iniciativa, alertó.
Solo en «crisis institucional permanente y desesperación que caracteriza la política hondureña desde el golpe de Estado, a alguien se le ocurriría una cesión de soberanía como esta que también ha costado la vida de líderes y habitantes como Antonio Bermúdez, líder del poblado Punta Piedra, encontrado sin vida el 21 de junio, tras seis días desaparecido”, siguió comentando la líder de los pueblos negros de Honduras.
La situación en la península Zacate Grande, en el Golfo de Fonseca, también podría empeorar con la instalación de la primera ZEDE en la zona sur del país, manifestó Alan Torres, coordinador de la Asociación de Defensa de la Península de Zacate Grande.
Hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo megaproyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. Algo que se puede identificar claramente, pero no es así.
REALIDAD
La ZEDE ya comenzó a operar y los primeros impactos sobre territorios, bienes comunes y las poblaciones de varios municipios y 37 comunidades del departamento de Choluteca ya albergan zonas especiales de minería, energía solar y eólica de empresas de Noruega, Canadá y Estados Unidos, ha denunciado en las últimas semanas el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida).
En el proyecto de energía solar Los Prados, en el municipio de Namasigüe, Choluteca, desarrollado con capital del Fondo Noruego para Países en Desarrollo (Nordfound) a través de la empresa noruega Scatec Solar, las comunidades levantaron campamentos de resistencia por lo que 17 pobladores están acusados y esperan juicio por coacción a empleados de los inversionistas.
También lea: 97 % de la población de Namasigüe dice NO a la minería y fotovoltaicas
En El Triunfo, siempre en Choluteca, la minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas para extraer oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la costa, según han denunciado ambientalistas agrupados en MASS-Vida.
Y en el Corpus, la minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15 mil metros cuadrados de terreno para dar paso a sus operaciones extractivistas.
La amenaza que están viviendo en los últimos años los pobladores de la zona sur, se extiende ahora por toda la costa norte, Islas de la Bahía e Islas de El Cisne, incluyendo a los departamentos de Atlántida y Gracias a Dios. En La Ceiba, Atlántida, se instalaría un parque industrial con asesoría de la firma InSite Bavaria y una consultora alemana encargada de localizar negocios, asociada con la Universidad Técnica de Munich, confesó recientemente, Erick Brieman, propietario y promotor de la ZEDE Próspera
Entre tanto, en Gracias a Dios se daría una concesión para la exploración de petróleo. Para este propósito el 9 de abril de 2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se aprobó el Decreto Ejecutivo PCM 017-2013. Este decreto fue aprobado posteriormente el 23 de mayo de ese mismo año en el Congreso Nacional, presidido por Juan Hernández.
Según investigaciones sísmicas en aguas del Caribe y tierra firme hay presencia de gas y petróleo, pero en la Ley ZEDE estos territorios figuran como zonas exclusivas de pesca.
Honduras Próspera, propiedad de Erick Brimen, registrada como Economic Development Platform y autor de la amenaza de desalojo a los habitantes de Carwfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía; la ZEDE Morazán, en Choloma, propiedad de Centroamerican Consulting and Capital, funcionarán con estatutos diferenciados, según una publicación en inglés que destacó Criterio.hn el 29 de septiembre pasado.
Uno de los argumentos del gobierno para ceder el territorio hondureño a los inversionistas extranjeros es la generación de empleo, pero Vanessa Cárdenas, líder comunitaria de Crawfish Rock, dice lo contrario. Ella denunció ante Criterio.hn que la construcción de la ZEDE de la compañía Próspera sigue adelante, pero únicamente emplea a dos habitantes de esta localidad.
“Cuando no sabíamos qué era esto la gente protestó por empleo y salario digno, porque ni siquiera el salario mínimo estaban ofreciendo”, continuó relatando.
“Ahora estamos en lucha porque no queremos una “ciudad modelo” en este lugar, pero no podemos acceder a un juzgado a plantear nuestro reclamo porque todo se va a resolver en la ZEDE. No hay acceso al proyecto, han puesto seguridad privada y no sabemos cuál es el impacto ambiental de las obras que se construyen en el lugar”, concluyó.
Oscar Hendrix, defensor de derechos humano en la zona insular advierte que “esto se quiere resolver en un juzgado extranjero y de ahí pasaría a una instancia de arbitraje en Arizona y eso no es gratuito, son pagados por alguien”.
Antonio Trejo Cabrera, el abogado que presentó el primer recurso de inconstitucionalidad contra las ZEDE, además de ganar un juicio de conflicto de tierras a favor de grupos campesinos en el Valle del Aguán, murió acribillado en septiembre de 2014, después de recibir una llamada a su móvil que lo sacó de una iglesia evangélica donde oficiaba una boda.
La desaparición de cuatro garífunas en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela y un mes antes el hallazgo del cadáver de Antonio Bernárdez, presidente de la comunidad garífuna de Punta Piedra, tras varios días de desaparición, junto al incidente en Crawfish Rock, configuran una esfera de amenazas de rastro y sangre que fluyen de las ZEDE.
Este arquetipo económico extractivista nada tiene que ver con el enclave financiero construido por Inglaterra en Hong Kong, o con la ultramoderna Shenzhen, provincia de Cantón, China, sede del gigante tecnológico Huawei, entre otros, aquí se instaló una cepa del modelo neoliberal conocido como los “libertarios o Anarcoestado”, que data de la mitad del siglo pasado y que después describiremos.
INCONSTITUCIONALIDAD
La Ley de las ZEDE “es inconstitucional porque otorga facultades a 21 particulares que deben integrar el comité para la organización de buenas prácticas para que regulen materias, cuya competencia conforme a la Constitución de la República corresponde al Poder Legislativo, igualmente por la vulneración de diversos principios constitucionales, libertades y derechos fundamentales y un tratado internacional vigente”, advirtió recientemente el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Fredis Cerrato.
El ex Fiscal General de Honduras, Edmundo Orellana Mercado, señala que las “ciudades modelo” estilo Honduras «no es cierto que sea una panacea, no es cierto que va a ser un paraíso. En las ciudades modelo se pierde la soberanía nacional, la jurisdicción y el imperio del Estado hondureño», destaca.
“Honduras no es un corral en el que van a hacer y deshacer con la ciudadanía, el territorio y las finanzas del Estado, lo que están haciendo estos señores es ilegal y deben responder ante la justicia hondureña”, apuntó el abogado Antonio Trejo, mediante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en febrero de 2012.
Por mayoría de votos el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 283-2010 que creó los Regiones Especiales de Desarrolló, más conocidas como “ciudades modelo”, por considerar que violaba la soberanía, el territorio y la forma de Gobierno.
Los 15 magistrados que integraban el pleno resolvieron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en octubre de 2011, un año antes, por varias organizaciones entre ellas Ofraneh, y la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho.
Trece magistrados votaron para que se declarara con lugar el recurso de inconstitucional y solo uno votó en contra: Óscar Chinchilla, quien fue ratificado de forma irregular a un segundo período en el Ministerio Público, y el presidente de la Corte, Jorge Rivera Avilés, que emitió un voto particular, ni a favor ni en contra, por lo que la votación resultó 13 a 1, más el voto particular de Rivera Avilés.
Pero la historia no terminó ahí. En enero del 2013 revivió el proyecto, reformando el artículo 294 de la Constitución de la República y se conoció como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Para algunos abogados como Fredín Fúnez, el nombre es el único que cambió, porque las violaciones a la soberanía, al territorio y a las formas de gobierno se mantienen.
Ese mismo año, tras un desequilibrio de poder en el Congreso, se aprobó la Ley orgánica de las ZEDE con 102 votos a favor y 26 en contra dando así viabilidad.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico son consideradas como un pequeño Estado dentro de otro Estado, ya que estas porciones geográficas se asentarán en territorio hondureño, pero contarán con sus propios ribunales de justicia, policía, sistema financiero, tributario y moneda.
MÁS ENTREGUISMO
Los casos judiciales de la ZEDE serían resueltos en un tribunal británico en las Islas Mauricio, en el centro del Océano Pacífico, a unos 10 mil kilómetros de Honduras; y en una comisión judicial de un Consejo Privado en Londres, como última instancia de apelación. »Se entiende que el presidente de la Corte Suprema de Mauricio, YKJ Yeung Sik Yuen, admitió el trámite de los recursos de casación que se derivan de las ciudades modelo», dijo en su momento la prensa internacional.
Una declaración reciente del dueño de Honduras Próspera, la ZEDE en Crawfish Rock, afirma que los juicios con las comunidades afectadas en ese sector de Roatán los ventilará una sala de Arbitraje en el Estado de Arizona, EE. UU.
Sin consultar a las comunidades que serán perjudicadas un grupo internacional de inversores y funcionarios del gobierno firmaron un Memorándum de Entendimiento en el Congreso Nacional.
Mientras tanto, en las redes sociales, prensa digital y enlaces financieros, inversionistas como Erick Brimen promovían la venta de escenarios idílicos en la ZEDE Próspera, vista como «catástrofe para Honduras”, por el expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino.
ANARCOESTADO O LIBERTARIOS
Es “el grupo de choque más agresivo y reaccionario del neoliberalismo. Militan por la dictadura del empresariado y tienen como enemigo principal al Estado. Han proliferado en los últimos años gracias al internet y las redes sociales”, asegura el economista argentino Julio Zicari.
Se destacan “con inversionistas de aparentes ideas vanguardistas, críticos al orden de cosas vigente y posturas apolíticas que vociferan para reivindicar el anarcocapitalismo: un mercado total, que nadie lo pueda regir y en el que el Estado se desvanezca. Pero que en los hechos terminan por representar la doctrina del liberalismo autoritario”, apunta el docente bonaerense.
El discurso económico además de violento es simplista, ya que nunca aparecen problemas como el subdesarrollo, restricción externa, mejoras sociales, desequilibrios productivos típicos con respecto a la deuda externa. Suponen que mágicamente estas cuestiones se resuelven achicando el Estado o dejando de emitir.
Sus expresiones discursivas no observan al viejo sujeto liberal progresista, sino un individuo reaccionario, en el cual el micro-fascismo, la prepotencia y el narcisismo devienen centrales y toda desviación a sus premisas la identifican como estatismo, una dictadura y “un camino a ser Venezuela”.
Su propio lema “no me pises” (dont treat on me) y su símbolo (una víbora atacando) lo dice todo: se sienten oprimidos por el Estado (que supuestamente los pisotea) y por eso sienten que deban atacar, justificando su agresividad.
¿OPCIONES?
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, advierte que los territorios de las Islas de la Bahía y el Caribe pertenecen al pueblo garífuna y no pueden ser entregados al capital extranjero en una acción de puro colonialismo, como la que Honduras ya vivió en la época en que sus tierras se convirtieron en enclave bananero.
Neocolonialismo como anexo de la “Carta Rolston”, la misiva con las instrucciones que Hiller Rolston, ejecutivo del enclave bananero de la United Fruit Company, redactó en julio de 1920 con las claves, duras y precisas para lograr los fines de las compañías bananeras estadounidenses a inicios del siglo pasado en Honduras.
Una hoja de ruta para ejercer el control férreo y casi total sobre la tierra, sus recursos, la gente, los gobiernos incluso las esperanzas en naciones poco desarrolladas con gobiernos volubles, serviles, autoritarios, corruptos, maleables y dispuestos a ceder a los intereses de corporaciones transnacionales.
La coyuntura ocasionada por las ZEDE deja cuatro posibles escenarios: la no derogación de la ley, la no suspensión de estos proyectos, la generación de impactos ambientales y la expropiación de tierras de los habitantes, condiciones propias para una mayor conflictividad y futuro incierto para el país.
LA REACCIÓN DE RECHAZO
El pasado 20 de octubre Criterio.hn publicó el repudio de todos alcaldes de Islas de la Bahía, los gremios empresarial-turístico y de un diputado local que demandan al Congreso Nacional un referéndum revocatorio a la instalación de ZEDE, que amenazan la conservación del arrecife Mesoamericano, la segunda barrera de coral del mundo y que exponen como una de las joyas apetecidas por el turismo internacional.
Johan Johnsson y Paula Bonilla, representantes de la Mesa para la Defensa del Territorio de Islas de la Bahía, condenaron el “flagrante irrespeto hacia los isleños al violar sus derechos humanos, constitucionales y hereditarios”, perpetrado por las autoridades hondureñas.
El 18 de octubre los alcaldes de Roatán, Santos Guardiola, Útila y Guanaja, las Cámaras de Turismo como la de Comercio e industrias de Islas de la Bahía y el diputado al Congreso Nacional, Ron McNab, ratifican su rechazo a la ZEDE Próspera y a la postura del gobierno de impulsar dicha iniciativa sin previa consulta a las comunidades locales.
A más de un mes del desalojo de Eric Bremen y sus guardias de seguridad de Crawfish Rock, la construcción de la ZEDE Próspera en Roatán, continúa adelante a pesar de los reclamos de las autoridades y comunidad local.
Días después McNab y varios diputados presentaron ante el Congreso Nacional, una iniciativa de ley para la derogación de la Ley ZEDE y revertir esa nefasta normativa aprobada por ese poder del Estado en el 2013.
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A finales de septiembre pasado los pobladores del municipio de Choloma, departamento de Cortés, levantaron su voz de alerta y comenzaron a organizarse después que una publicación internacional anunciara que en esa zona se instalaría un enclave en el que el capital extranjero sacaría ventaja de la mano de obra barata y de arrebatar la soberanía al pueblo cholomeño.
La revista Free Private Cities reveló información de una nueva concesión del territorio hondureño para beneficiar al capital extranjero, a través del proyecto Ciudad Morazán en Choloma, Cortés.
“Tras el exitoso inicio de la primera ZEDE Próspera de Honduras (ubicada en Roatán), el gobierno ha aprobado ahora una segunda. Se llama Ciudad Morazán y está situada cerca de la ciudad de Choloma en tierra firme”, señala el escrito.
A diferencia de Próspera, el objetivo de la Zona es la manufactura de mano de obra ligera intensiva, centrándose en las familias de trabajadores de salario mínimo. Los organizadores de la ZEDE creen que son los que más se beneficiarán de un entorno más libre”.
FLUJO HUMANO
El detonante de la migración al norte del continente repunta en 2018 con la crisis económica y social, derivada del fraude electoral de noviembre de 2017 y no cesa pese al Covid-19 y a las duras leyes anti migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.
Las ZEDE avanzan en su construcción, pero su oferta de ser una solución al desempleo y pobreza sigue siendo una quimera, ya que la población sigue emigrando motivada por la inseguridad, el desempleo, falta de oportunidades y ahora las secuelas sanitarias, humanas y económicas ocasionadas por el pésimo manejo de la gestión pública.
Ante las mareas humanas que buscan cruzar las fronteras e ingresar a los Estados Unidos, el gobierno de Trump responde con amenazas de sanciones económicas y condicionamientos políticos, obteniendo con ello una actitud cada vez más servil del gobierno hondureño.
“¡Estados Unidos ha informado firmemente al presidente de Honduras que, si la gran caravana de personas que se dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras, con efecto inmediato!”, twitteó Trump en octubre de 2018.
Hoy Honduras es una olla de presión con un gobierno cuestionado en su legitimidad, descalificado internacionalmente por sus vínculos con el narcotráfico, la corrupción y la violación de derechos humanos.
Presentes están los crímenes de líderes ambientalistas y comunales, desde Blanca Jeannette Kawas, Carlos Escaleras, Berta Cáceres a Orlando Morazán, en Guapinol, entre otros que ofrendaron sus vidas por defender la naturaleza, sus territorios y el patrimonio natural.
La lucha de las comunidades donde se levantan los nuevos enclaves neoliberales se mantiene, mientras los tribunales le dan seguimiento a la judicialización de casos de defensores del ambiente por oponerse a proyectos mineros, hidroeléctricos, fotovoltaicos y seguramente pronto se abrirán expedientes contra los opositores de las ZEDE.
Crawfish Rock: entre el abandono del gobierno y la amenaza de expropiación por instalación de ZEDE
Por: Marcia Perdomo
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Fotografías: Fernando Destephen
Tegucigalpa.-Abrazada por el mar Caribe, una playa de arena blanca, un tupido bosque y a 26 minutos del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez, encontramos a Crawfish Rock, en la costa norte de Roatán, Islas de la Bahía, una comunidad habitada por negros de habla inglesa, quienes aseguran estar bajo amenaza por la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), llamada Honduras Próspera.
Ignorada durante décadas por el gobierno central, la población se alzó contra la controvertida Ley Orgánica de las ZEDE, exigiendo la derogación de esta y el respeto a su territorio, patrimonio y cultura. Al frente de la resistencia están Luisa Connor y Vanessa Cárdenas Woods, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del patronato de esta comunidad.
A lo largo de cinco generaciones, las familias de ambas han llamado hogar a Crawfish Rock. Connor contó a Criterio.hn que la comunidad se sostiene por el entretejido social producto de décadas de convivencia y que del gobierno lo único que conocen es su abandono y el interés mezquino de instalarles en su territorio una ZEDE.
Crawfish Rock “representa toda mi vida, la de mis hermanos y las de mis padres, aquí nacimos y las ZEDE, sí nos causa preocupación porque nosotros vivimos aquí […] y en la ley de ellos habla de la expropiación. Nosotros seríamos la primera comunidad en despojarnos de nuestros terrenos y eso no lo podemos permitir”, compartió Connor.
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Al preguntarle si estaría dispuesta a vender a los inversionistas respondió: “No hay precio que nos pueda ofrecer por lo que tenemos. Es nuestro patrimonio, nuestra cultura y nosotros lo amamos tal y como está”. Con relación a si siente temor por el posicionamiento que tienen frente a los inversionistas de Honduras Próspera, contesta: “Sí, lo tenemos porque en el mundo en que estamos ahorita no podemos confiar en nadie, pero tampoco eso nos va a parar. Si nosotros morimos en esta lucha, los que siguen continuarán”.
Por su parte, Cárdenas Woods señala que la Ley Orgánica de las ZEDE es injusta. “Para nosotros es una barbaridad y una pena que en Honduras siempre pasa este tipo de cosas. ¿Quién más vendería su territorio? Solo en Honduras. Para nosotros por ser una ley que expropia terreno a otras personas, no tiene sentido. Me van a decir que, a mí, (…) legalmente yo tengo mi terreno y porque ellos lo necesitan lo van a expropiar”, cuestionó la vicepresidenta del patronato de la comunidad, quien agregó “estamos dando tanto privilegio a extranjeros, cuando los hondureños en un país extranjero no tenemos ese apoyo. Ningún otro país va a dar esa oportunidad a un extranjero”.
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AUSENCIA Y ABANDONO DEL GOBIERNO CENTRAL
En Crawfish Rock residen 797 personas (329 menores de 14 años y 468 entre adolescentes y adultos), según recoge el XVII Censo de Población y VI de Vivienda 2013 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que también contabiliza el número de viviendas habitadas en 189. El documento del INE no lo dice, pero sus habitantes, en su mayoría, son afrodescendientes de habla inglesa quienes descienden de esclavos negros traídos por los ingleses a las Islas de la Bahía y otras islas del Caribe, entre el siglo XVIII y XIX.
Su etnicidad cobra especial importancia cuando recordamos que Honduras firmó con Gran Bretaña el tratado de Wyke-Cruz en 1859 y que fue ratificado en 1860, en el cual se reconoció la soberanía de Honduras sobre las Islas de la Bahía y el territorio Mosquito. Mientras que Honduras se comprometió en el primer artículo a respetar la propiedad adquirida por los habitantes de Islas de Bahía. Asimismo, Honduras se obligó a no ceder dichas islas o cualquiera de ellas, o «ninguna parte de dicha soberanía a ninguna Nación o Estado cualquiera».
Este tratado generó interés luego de que salió a la luz pública la instalación de la primera ZEDE en Roatán a mediados de junio. El cónsul honorario de Gran Bretaña en Honduras, Matthew Harper, se refirió sobre el tema e indicó que Honduras mantenía un compromiso mediante tratado de no ceder el territorio y proteger a los residentes. Nueve días después de esa entrevista, Harper renunció como cónsul honorario ante el embajador de Gran Bretaña, Nicholas Whittingham, quien reside en Guatemala.
Pese a que el tratado sostiene el compromiso por parte de Honduras de brindar a los habitantes tanto de Islas de la Bahía como de la Mosquitia toda la protección necesaria con relación a sus propiedades y el desarrollo de la zona, el descuido del gobierno central está a la vista; el sistema de agua potable y la energía eléctrica están privatizados y el costo de ambos es oneroso, el hospital público sufre abandono, y solo hay cuatro supermercados. Ni siquiera la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) tiene presencia en la isla.
Para el economista y expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), Hugo Noé Pino, las ZEDE son el reconocimiento a la inexistencia de una estrategia de desarrollo. “Cuando usted no tiene claramente hacia dónde quiere llevar el país, puede tomar cualquier cosa que le ofrezcan”, incluso cuando se está “regalando una parte del territorio nacional”, señala.
Asimismo, aclara que contrario a la retórica gubernamental, las ZEDE no son una fuente de desarrollo y agregó que “son una forma de enclaves de la inversión extranjera que no quiere pagar impuestos, que no quiere sujetarse a reglas y de una burocracia gubernamental que no tiene ninguna visión, ni voluntad política de desarrollo”.
Fernán González, residente de Islas de la Bahía y profesor de educación media, afirma que históricamente las Islas de la Bahía y Gracias a Dios, son los departamentos más postergados de Honduras y que si bien en el pasado se podía entender que la distancia era un impedimento, con los avances en medios de transporte aéreos y marítimos, la excusa perdió peso.
En el tema educativo, González apunta que los centros educativos de Islas de la Bahía reflejan el abandono, los textos educativos son escasos, y los laboratorios e implementos deportivos inexistentes. Todo esto contrastando con el incremento de la población y la renuencia del Estado a cumplir con las demandas en temas de vivienda, salud, educación y otros servicios que han ido en incremento debido al alza del turismo en la zona.
Con respecto a las ZEDE, González las calificó “como una bofetada a la dignidad del pueblo hondureño”. Además, cuestionó la necesidad de crear la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico cuando en ese departamento se han creado emporios hoteleros mediante la Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía, donde si bien reciben grandes beneficios obedecen a las leyes hondureñas. Caso contrario a las ZEDE que actuarán bajo su propia ley.
Al igual que el economista Hugo Noé Pino, González duda de los beneficios económicos que traerán las ZEDE a Honduras, y admitió que, si bien generan un grado de empleo, los niveles de atropello son enormes. “La panacea es decir ‘¡hay empleo!’, sí, pero en condiciones terribles”. Además, añadió que en Honduras hay todo un marco de no apego a la ley, “¿qué nos espera en un nuevo ambiente en unas ciudades modelo que pueden hacer prácticamente lo que quieran?”
A LA SOMBRA DE HONDURAS PRÓSPERA Y LA EXPROPIACIÓN
Para el coordinador de la Federación de Patronatos del Departamento de Islas de la Bahía, Roger Lobo, es inconcebible que cuando se trata de una necesidad pública por parte del pueblo hondureño el gobierno se niegue a expropiar, pero cuando se trata de extranjeros famosos no tiene ningún impedimento para despojar a las comunidades que durante años han vivido en la región.
“No creo que lo veamos justo nosotros como pueblo hondureño que a un extranjero vengan a regalarle la tierra que por ley le pertenece a comunidades nacionales y vengan a querérsela dar a personas extranjeras. […] ¿Por qué no aplican una ley para favorecer al pueblo? y no que las leyes las aplican para bienestar de los extranjeros y no para las necesidades públicas de las comunidades de nuestro pueblo hondureño”, reclamó el dirigente comunitario.
Lobo considera que no hay nada que dialogar, que lo único que queda como pueblo es pelear por los derechos que por ley le corresponde y exigir la derogación de la Ley Orgánica de las ZEDE. Poco o nada cree en que el diputado de Islas de la Bahía y el alcalde de Roatán labren el camino en beneficio del pueblo: “no hicieron nada, en estos ocho años ¿qué pueden hacer ahora? Ellos están involucrados en todo este despilfarro y toda esta injusticia que se está dando en esta tierra, ellos estaban a favor desde el momento en que no quisieron derogar esa ley, entonces ellos estaban favoreciendo a extranjeros para que esta gente fuera expropiada de su propio territorio y no podemos permitirlo”.
El diputado por Islas de la Bahía en el Congreso Nacional es Ron ‘Ronnie’ McNab del Partido Liberal, primo en segundo grado de Duane McNab, quien es miembro del consejo de Honduras Próspera y uno de dos isleños relacionados al proyecto. El otro residente es Tristán Monterroso, pastor, agente inmobiliario y amigo de adolescencia de Erick Brimen, con quien comparte la idea de que el potencial de la isla está siendo frenado por no contar con una infraestructura legal como la de Islas Caimán.
Criterio.hn consultó a la exministra de Justicia y Derechos Humanos y abogada constitucionalista, Ana Pineda, sobre las implicaciones constitucionales y comunitarias de la Ley Orgánica de las ZEDE. Pineda inició indicando que “la reforma a la Constitución de la República para adicionar las ZEDE y su organización es otra conculcación a la propia Constitución, que si estuviéramos en un auténtico Estado de Derecho nunca se hubiera hecho o en su defecto se hubiese declarado inconstitucional y consecuentemente derogada”.
Esto debido a que las ZEDE “violentan abiertamente varios preceptos constitucionales inclusive de naturaleza pétrea y establecen una excepción al deber constitucional de hondureños y extranjeros de someterse a la Constitución y las leyes, además de violentar derechos y libertades fundamentales tutelados en Tratados Internacionales”.
En relación con la instalación de las ZEDE en comunidades de los pueblos indígenas o negros o en las proximidades de estas poblaciones, Pineda expresó que representan “un serio problema para el Estado de Honduras, en virtud de que estos pueblos tienen derecho sobre las tierras, territorios, y los recursos naturales, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo]”.
Sumado a esto, Pineda señala como un hecho grave que se faculte a las ZEDE para expropiar todas aquellas tierras de propiedad privada que considere necesarias para el desarrollo o expansión de estos proyectos, bajo la justificación de un justiprecio a su propietario, pero esto se puede convertir en la regla general, en detrimento de los derechos a la tierra y territorios de pobladores de las comunidades en que se asienten las ZEDE.
“Bajo esta atribución, todos aquellos bienes que se consideren necesarios para el desarrollo y expansión de estas zonas serán expropiados y aunque se requiere la aprobación previa del Comité de Adopción de Mejores Prácticas este puede no tener las condiciones de objetividad e imparcialidad que se requieren, por lo tanto, quien se encuentra en desprotección de su derecho es el poblador que es propietario de la tierra”, pormenorizó la exministra en Derechos Humanos.
LOS PLANES DE EXPANSIÓN DE HONDURAS PRÓSPERA
Esta postura es compartida por el investigador, defensor de derechos humanos y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-Radio Progreso), Pedro Landa, quien opina que la amenaza de la instalación de la ZEDE no solo se cierne sobre la comunidad afrodescendiente de Crawfish Rock sino sobre todo Roatán.
Landa explica que la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico está diseñada para permitir la expansión del territorio cedido, como lo hacen también con las concesiones mineras. “Es como un cáncer que está iniciando por ahí, pero la misma ley le permite ir ampliándose poco a poco”, señaló.
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Esta interpretación podría parecer extremista a muchos, sin embargo, durante una entrevista con una revista local, Erick Brimen, afirmó que ve el proyecto expandiéndose no solo alrededor de Crawfish Rock, Roatán y más allá. “La idea es tener múltiples hubs (centros) pensados en la isla que se anexen voluntariamente”, dijo Brimen a la publicación digital. Actualmente, Próspera cuenta con 58 acres, que incluyen 300 pies de playa, al este de Crawfish Rock. Pero su plan maestro, de acuerdo con Brimen de 750 acres, exige 1,2 kilómetros de playa.
El defensor de Derechos Humanos apuntó que a los pobladores que se encuentren dentro de las zonas concesionadas y bajo el marco legal de las ZEDE’ solo tendrán dos alternativas: “Una es aceptar vivir en esa nueva Zona de Empleo y de Desarrollo bajo las normas que establezca el Consejo de Buenas Prácticas que sería como el Poder Ejecutivo de esa zona; y dos, en caso de que no estén dispuestos a aceptar esas normas entonces se procederá a la expropiación forzosa […] dándoles una indemnización que es lo que decidirán los tribunales que en este caso deberían ser o van a ser los tribunales creados por los mismos inversionistas de esta ciudad modelo en Roatán”.
Esto tiene implicaciones para el Estado de Honduras, la población insular consta de negros de habla inglesa y garífunas, quienes están amparados bajo el Convenio 169 de la OIT de los Pueblos indígenas y la Declaración Americana de los Pueblos indígenas de las Naciones Unidas. Landa señala que Honduras “se vuelve una vez más violador de las convenciones internacionales y de los derechos de la población que está obligado a garantizar y defender”. Esta agresión al principio de convencionalidad no inicia con la imposición de la primera ZEDE en Honduras, sino también por la creación y vigencia de la Ley Orgánica de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico.
UN ESTADO DENTRO DE OTRO ESTADO
Mediante el artículo 19 de la Ley Orgánica de las ZEDE se entrega independencia a los órganos jurisdiccionales (Tribunales), así como inmunidad a quienes realicen dicha labor. Al respecto, la abogada Ana Pineda expone que quienes plantean que las ZEDE son un Estado dentro del Estado de Honduras no exageran pues se están creando fueros especiales.
La abogada indicó que ese artículo refiere que quienes realicen la labor como jueces o magistrados gozarán de la prerrogativa de inmunidad, consecuentemente, gozarán del privilegio de que no se les podrá deducir responsabilidad alguna mientras estén en funciones. Esto se relaciona, con la capacidad de establecer su propio sistema de justicia, donde no solo se nombrarán a las y los jueces y magistrados, sino también a la policía de investigación criminal, de inteligencia, de persecución penal, y sistema penitenciario.
Profundizó en el tema y señaló que “en otras palabras, las funciones que hoy tienen encomendadas, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigación y el Instituto Nacional Penitenciario serán asumidas por los nuevos entes de administración de justicia, así que las estructuras de impunidad que hoy prevalecen en el país podrían verse fortalecidas con las ZEDE, principalmente las del crimen organizado y narcoactividad, sobre todo considerando que el artículo 31 de la Ley, garantiza la libre entrada de naves aéreas o marítimas a las ZEDE y que la regulación y control de puertos y aeropuertos estará bajo responsabilidad de las mismas ZEDE”.
¿CÓMO SE ESTABLECIERON LAS ZEDE?
El camino para el establecimiento de lo que hoy conocemos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) inició en 2010 con la promoción de las “Ciudades Modelos” por parte del gobierno de Porfirio Lobo, como lo apunta el Análisis Político-Jurídico de la Legislación de las ZEDE del abogado Fernando García Rodríguez.
Para el 2011, Porfirio Lobo desde el Poder Ejecutivo y Juan Hernández desde el Poder Legislativo, iniciaron un juego de ajedrez para intentar desviar el velo de inconstitucionalidad que persigue al proyecto desde que se llamaba Redes Especiales de Desarrollo (RED). Llegando incluso a reformar artículos de la Constitución de la República para obtener la aprobación de la ley que regularía las RED. Sin embargo, miembros de la sociedad civil presentaron demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para el 2 de octubre de 2012, la Sala de lo Constitucional de la CSJ determinó por mayoría de votos declarar inconstitucional el proyecto de las RED. Los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Edith María López y Gustavo Enrique Bustillo Palma, votaron a favor del recurso de inconstitucionalidad, no así Óscar Fernando Chinchilla, actual Fiscal General de la República, quien votó en contra.
Debido a que no se logró la unanimidad de votos en la Sala de lo Constitucional, el caso pasó al pleno de la CSJ donde el fallo de inconstitucionalidad de las RED fue ratificado el 12 de octubre de 2012. Nuevamente Chinchilla fue el voto contrario. Exactamente dos meses después, el 12 de diciembre de 2012, luego de una estira y encoge entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Poder Legislativo, liderado por Juan Hernández, defenestró a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Edith María López y Gustavo Enrique Bustillo Palma. Sobreviviendo al remezón únicamente Óscar Fernando Chinchilla, quien se mostró a favor no solamente de las RED sino también de otros proyectos que la CSJ consideraba inconstitucionales.
Es importante resaltar que Chinchilla acompañó a Porfirio Lobo, Juan Hernández, Mario Canahuati, Ricardo Álvarez y Rigoberto Chang Castillo, entre otros, al viaje de promoción de las ciudades modelo organizado desde el Poder Ejecutivo a Corea del Sur, Singapur y Kuwait en febrero de 2011. Tras finalizar su paso como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Chinchilla se ha desempeñado como fiscal general del Ministerio Público por dos términos, una acción que es señalada como ilegal por estudiosos del derecho.
Del 12 de diciembre de 2012 al 23 de enero de 2013, el Congreso Nacional hizo gala de velocidad para legislar y aprobó nuevas reformas constitucionales que “viabilizaron” la promoción y la instalación de las ZEDE, abrogándose facultades constituyentes y dispensado dos de los tres debates obligatorios de ley. Para el 6 de septiembre de ese mismo año, se publicó en el diario oficial La Gaceta la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
El proyecto quedó en suspenso en parte por el rechazo que generó en la población, sin embargo, las piezas nunca dejaron de moverse y para agosto del 2018, días después de la visita del presidente Juan Hernández a Crawfish Rock, se inscribió en Delaware la Sociedad para el Desarrollo Socioeconómico de Honduras, LLC, ahora conocido como Honduras Próspera. En el camino, el gobierno perdió al principal promotor de las ciudades modelos y la RED: el profesor de Economía de la Universidad de Nueva York, Paul Romer, quien en 2015 se refirió al tema y criticó el autoritarismo de la reducida élite que controla Honduras.
¿QUÉ SIGUE PARA CRAWFISH ROCK?
La abogada Ana Pineda apuntó en su entrevista que este tipo de proyectos ejecutados en un pueblo originario o sus cercanías produce un daño significativo en la vida de sus pobladores y la transformación de su propio hábitat con la “agravante de que luego sus recursos son explotados mercantilmente en detrimento de sus propios derechos”.
Es importante anotar que Honduras Próspera ya explota mercantilmente parte de los recursos naturales. Para el caso, desde septiembre del año pasado está vendiendo el agua a la población de Crawfish Rock a un costo de 300 lempiras mensuales y 800 lempiras por la conexión. Desde el inicio de la pandemia en marzo, la compañía suspendió el cobro, pero en octubre los pobladores fueron informados que nuevamente se retomaría.
Inicialmente la población se abastecía por medio de un pozo comunitario que fue construido con el apoyo de una lideresa descendiente de Crawfish Rock, pagando 200 lempiras mensuales por la distribución. Sin embargo, problemas económicos provocaron que el servicio fuese suspendido a toda la población y que tuviesen que recurrir al servicio brindado por Honduras Próspera.
Erick Brimen durante su entrevista con la publicación Econ Américas admitió que estaba en marcha una “iniciativa comunitaria” con el financiamiento de Próspera para la distribución de agua, pero vendió la idea como si se tratase de un proyecto dirigido desde la comunidad, cuando su propio rótulo a la entrada del perímetro de la ZEDE promociona que el proyecto es de Honduras Próspera.
Contra viento y marea, Luisa Connor y Vanessa Cárdenas Wood prometen seguir luchando por su comunidad y afirman que ya hicieron gestiones para la reconexión del servicio de agua desde el pozo comunitario. “Nosotras estamos luchando por mantener este pedacito de comunidad donde vivimos. Nuestro grupo étnico [negros de habla inglesa], los nativos de aquí lo queremos mantener”, aseguró Cárdenas Woods a Criterio.hn.
“Aquí vivimos una vida bien humilde, tranquila, relajada. Ustedes pueden ver, la comunidad es bien tranquila. Tenemos una infraestructura educativa de kinder hasta sexto grado. Es una escuela bidocente y multigrado”, nos relató Vanessa, quien además refirió que la comunidad vive de la pesca, la carpintería y quienes cuentan con profesiones trabajan en los alrededores.
Criterio.hn solicitó entrevistar en varias ocasiones al director ejecutivo de Honduras Próspera, Erick Brimen, pero no accedió. Por su parte, la vicepresidenta del patronato compartió que las explicaciones de Brimen, no le convencen. “Yo le dije a él: yo entiendo su posición como inversionista, ahora entiéndame mi posición como hondureña, como nativa. […] Ya he mirado todas las acciones que ha llevado hasta ahorita y no me convence que nos va a servir”, concluyó.
Mientras los pobladores de Crawfish Rock y Roatán luchan por resistir la amenaza que implica Honduras Próspera y su expansión a lo largo de la isla, Erick Brimen ya sueña con la ampliación en un máximo de tres años del proyecto ZEDE Próspera al territorio continental de Honduras. Durante una entrevista para el podcast del Charter Cities Institute, dijo que: “Si bien nos enfocamos principalmente en Roatán, también tenemos un centro que está en proceso, justo al otro lado del agua en una ciudad llamada La Ceiba, al este de ella” y los planes no terminan ahí, proyecta desde ya la apertura de dos centros más en poblaciones aún no reveladas.
Honduras: Muerte, represión y desaparecidos deja confinamiento en pueblos indígenas y negros
Por: Signy Fiallos
Edición: Emy Padilla
Ilustración: Reynaldo Raudales
Gráficos: Guillermo Burgos
Tegucigalpa. –Desapariciones forzadas, destrucción ambiental, mayor represión policial y militar y aumento de la desnutrición por falta de alimentos, son algunos de los muchos problemas que enfrentan las comunidades indígenas y negras en Honduras y que empeoraran producto de los efectos de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota.
Para este grupo poblacional, que se estima representa el 10 % de la población hondureña (unas 934,000 personas), distribuida en nueve grupos étnicos, la decisión que tomó el gobierno de confinamiento sólo agravó la ya difícil situación que enfrentaban en sus comunidades.
PARA GRÁFICO
El estudio del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), “El abandono tiene rostro y consecuencias”, señala que las acciones tomadas por el Ejecutivo a lo único a que conllevó fue a “decisiones descontextualizadas de la agudización de conflictos socio-ambientales, violaciones de los derechos humanos, violencia de género contra las mujeres, concesionamiento de los recursos, secuestros y asesinatos de defensores».
El estudio toma fuerza en la voz de Susana Vásquez Martínez, dirigente indígena lenca de San José, Llano Grande, en el departamento La Paz, quien señala que además de la militarización y del hostigamiento policial, su comunidad ha sido afectada en varias vías porque a raíz de la suspensión de las garantías constitucionales se les cercenó la libre circulación y con ello se les impidió la siembra y recolección de los productos agrícolas.
La historia refiere que los indígenas y negros hondureños por siglos se han visto sometidos a diferentes tipos de fenómenos, sean estos naturales, endémicos, exclusión social o esclavitud y siempre han logrado salir adelante, sin embargo, el Fosdeh advierte en su documento, tomando como base los señalamientos de expertos de las Naciones Unidas, que la pandemia profundizará y agravará la crisis de desigualdad y discriminación de los pueblos indígenas y negros, “no sólo por la pandemia, sino por los conflictos y la violencia vinculada a la escasez de recursos y en particular de agua potable y alimentos”.
Susana vaticina que la canasta básica subirá ostensiblemente de precio, especialmente los granos básicos (maíz y frijol) y a la vez advierte a la población a no consumir el maíz amarillo que se importa, “pues no se sabe que usan para estabilizarlo”, dijo la campesina en una clara oposición a las semillas transgénicas a las que las comunidades indígenas se oponen en defensa de sus semillas ancestrales.
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En su quinta y última entrega de la serie especial de reportajes de profundidad “Los marginados de siempre viviendo en pandemia”, Criterio.hn muestra el rostro de los indígenas y negros, quienes toda su vida han sido marginados y excluidos por los gobiernos, pero con mayor énfasis a raíz del golpe de Estado y de la profundización de la industria extractiva que ha secuestrado sus territorios para la explotación de los ríos para la construcción de represas hidroeléctricas, del bosque para la exportación de madera y la explotación de minerales a través de la minería a cielo abierto.
La problemática de los pueblos originarios también conlleva el arrebato de lo más preciado: la vida. Durante los diez meses de confinamiento se ha reportado la desaparición y asesinato de al menos 15 pobladores de las comunidades negras e indígenas.
“Yo tengo un problema grande con la desaparición de mi hijo mayor la cual se realizó en el mes de julio y he andado por todos lados, desde Marcala, donde lo detuvo la policía y desapareció. Mi hijo se llama Osman Daniel Vásquez Martínez y es un defensor de derechos humanos”, relató Susana a Criterio.hn.
El hijo de Susana se encuentra desaparecido desde el 28 de julio pasado. A los pocos días de su desaparición ella fue a la posta policial del municipio de Marcala a buscar información, pero cuenta que los policías la corrieron del lugar.
La campesina manifestó que debido a que su hijo no vivía con ella, y sobre todo por el confinamiento y la militarización de la zona, no se dio cuenta de lo que le pasó, hasta que empezó a notar que tenía varios días de no llamarla al teléfono móvil, por lo que comenzó a buscarlo entre los amigos y familiares. Finalmente se dio cuenta de su detención por un vídeo que circulaba en las redes sociales.
“Yo no sé qué pensar de la desaparición de mi hijo, yo sólo tengo un vídeo en el que la policía lo recogió en el parque Central de Marcala, frente a la alcaldía, pero yo no sé para dónde se lo llevaron, no tengo ni idea”, narra la mujer lenca.
Comentó además que de acuerdo con la información que le proporcionó el abogado, que de manera gratuita le lleva el caso, es que la policía ha informado que Osman Daniel fue requerido el 28 de julio a las 4:00 de la tarde y que ese mismo día lo remitieron al municipio de Chinacla, siempre en el departamento de La Paz. Pero para Susana ese relato es ilógico porque nunca la policía remite a los detenidos de Marcala a Chinacla, sino que, al contrario, es decir, de Chinacla a Marcala.
“Yo no se los puedo creer, me pone en duda que los policías tienen que ver con lo que pasó con él, porque ¿por qué la policía se está pasando la pelota entre ellos?”, se preguntó.
Al momento de su desaparición, Osman Daniel Vásquez Martínez, tenía 24 años, es padre de una niña que procreó con una joven en Comayagua, de quien se había separado hacía bastante tiempo, según los relatos de su madre.
La dirigente indígena indicó que interpuso la denuncia ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), porque confía que ellos podrán darle una respuesta a su caso. Susana no confía en la justicia hondureña y dice que su única fe de encontrar a su hijo la tiene puesta en Dios, pero al mismo tiempo duda y no está segura de hallarlo con vida.
GARÍFUNAS ASESINADOS Y DESAPARECIDOS
Honduras es un país con muchas riquezas naturales, pero igualmente con un elevado nivel de desigualdad en la tenencia de la tierra. En los últimos años ha experimentado un notable incremento en la ejecución de proyectos extractivos, los que en su mayoría han sido concesionados por el gobierno al capital transnacional con el lucro de empresarios y políticos nacionales que se han apropiado de tierras, ubicadas en territorios pertenecientes a los pueblos indígenas y negros.
Estos proyectos además de provocar violaciones a los derechos humanos están violentando leyes nacionales y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT, sobre la Consulta Libre, Previa e Informada.
En enero de 2017 la organización Global Witness estableció mediante un informe que Honduras era el país más peligroso para defender el planeta y en el 2016 consideró a Honduras como uno de los países más mortíferos del mundo para las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
Global Witness es una ONG internacional establecida en 1993 que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.
Entre 2015 y 2018 se produjeron al menos 31 asesinatos de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Actualmente, los ataques, desalojos forzosos, hostigamiento y criminalización de los defensores del medio ambiente siguen a la orden del día.
Las comunidades garífunas se encuentran en alerta ya que, en mayo anterior, a menos de dos meses de iniciado el confinamiento por la pandemia de la Covid-19 sufrieron un ataque en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Tela, adonde secuestraron y desaparecieron a cuatro dirigentes, y a partir de ahí, la dirigencia comunitaria estima que se presentaron entre cuatro a seis asesinatos y desaparecidos más, aunque aún no tienen datos concretos.
“En la comunidad de El Triunfo de la Cruz y otras comunidades aledañas a Tela, hubo momentos de zozobra porque varios días después de las desapariciones, empezaron a llegar personas extrañas en motocicletas a altas horas de la noche a amedrentar a las personas y esto generó mucho temor en los moradores, pues la población realizó movimientos al interior de la misma exigiendo la aparición con vida de los compañeros secuestrados y luego desaparecidos”, dijo Nahún Lalín, coordinador de Juventud de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Nahún contó que después de la desaparición de los cuatro dirigentes en Tela, se presentó el asesinato del dirigente de Punta Piedras, Antonio Bernárdez, que también se registró en mayo y simultáneamente fue asesinado otro garífuna de Río Tinto, quien cubría las entradas y salidas de la comunidad, y en San Pedro Sula, se reportaron dos desaparecidos, pero de ellos no se tienen datos y aún se desconocen las interioridades.
AYUDAS POLITIZADAS NO LLEGAN
El estudio de Fosdeh, El abandono tiene rostro y consecuencias, establece que las limitaciones de las personas de los pueblos indígenas y negros es un hecho que resulta de la politización partidaria de servicios, políticas públicas sesgadas en territorios que consideran “primera categoría” y la preexistencia de brechas de comunicación e inclusión de los pueblos al desarrollo.
Agrega que, no obstante, la existencia de liderazgos formados e informados en los pueblos aún se enfrenta al desafío de construir hombres y mujeres indígenas y negros, que actúen como sujetos colectivos y que las comunidades indígenas y negras percibieron como imposición la presencia del ejército como una amenaza y la oportunidad de perfilamiento de liderazgos.
En esa línea de pensamiento la dirigente indígena de San José, Llano Grande, La Paz, Susana Vásquez Martínez, manifestó que la misma situación se presenta en la mayoría de las comunidades indígenas, donde primero se recurre a la militarización y luego a la creación de postas policiales, con el objetivo de realizar desalojos violentos de las tierras recuperadas por los campesinos y hostigar a los líderes indígenas.
Susana expresó que la gente no le tiene confianza a la policía, sino que miedo, “ellos siempre llegan los domingos al campo de futbol y en forma abrupta, agarran a alguien, lo golpean, lo suben a la patrulla y se lo llevan”, describió.
Como parte del clasismo con el que, según ella, actúa la policía, relató que recientemente un muchacho que vendía chicha (maíz fermentado) los domingos en el campo de futbol, fue retenido por la policía y llevado a la posta donde permaneció 24 horas y luego fue liberado después de pagar una multa.
“Con esa gente es que la policía se ensancha”, dice Susana al reprochar el favoritismo de la policía hacia los grupos de poder y el menosprecio y dureza hacia los pobres.
Los líderes garífunas apuntaron que durante el confinamiento los mayores problemas continuaron siendo la invasión del territorio, la criminalización de la lucha y la persecución.
“Mientras nosotros estábamos confinados nuestros territorios fueron invadidos, nuestros hermanos secuestrados y las personas que siempre han estado interesados en los territorios de las comunidades garífunas, seguían con sus artimañas”, dijo Nahún.
Sobre el accionar del gobierno para atender la pandemia, el líder comunitario garífuna, respondió que fue una farsa y una burla hacia el hambre de los más pobres, ya que nunca se les entregó “los sacos de comida” como lo dijo el gobierno, sino que pequeñas raciones a través de las llamadas “bolsas solidarias”.
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Una similar situación expuso la dirigente del pueblo indígena lenca, Susana Vásquez Martínez, quien comentó que las ayudas que brinda el gobierno no cubren a toda la población y excluyen a las poblaciones organizadas a quienes consideran los artífices de los problemas.
“En este sector las ayudas las politizan, como ya inició la política están repartiendo arroz y son los nacionalistas quienes las reparten, pero como nosotros no pertenecemos a ese partido político, a nosotros nos excluyen pues solo les dan a quienes dicen que van a votar por ellos”, manifestó la líder indígena.
Susana considera que el hecho de organizarse y declararse indígena pareciera que constituye un delito frente al actual gobierno. “Vino el proyecto de la luz y ni siquiera eso pudimos obtener porque dijeron que estamos organizados y que nosotros somos los que hacemos las protestas sociales y por eso no llegó la luz al grupo campesino”.
VIVEN TIEMPOS DIFÍCILES
Los líderes negros e indígenas señalaron a Criterio.hn que están viviendo momentos difíciles y que las autoridades no se preocupan por sus necesidades.
Ante la ausencia de respuesta estatal los garífunas han recibido ayudas de fundaciones y organizaciones internacionales a través de sus líderes y la solidaridad de las comunidades que viven en el extranjero. Con los fondos recabados, dice el dirigente de Ofraneh, Nahún Lalín, han logrado contribuir en un 70 % con las necesidades inmediatas de sus 46 comunidades.
La situación de los indígenas es más complicada, porque no cuentan con un apoyo solidario que les ayude a librar la situación de pobreza y pobreza extrema en la que viven. Susana refirió que las ayudas agrícolas en su zona no llegan, mientras la calamidad se va asentando en los hogares donde hay problemas graves de alimentación, especialmente en la niñez que reporta altos niveles de desnutrición.
De acuerdo con un informe de del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el 2017, el 73.3% de la población indígena vivía en condiciones de pobreza y el 95 % de los menores de 14 años sufrían de desnutrición. La situación podría haberse agravado en los últimos meses por la pandemia y los efectos de los fenómenos naturales.
“Hace unos días un comité de mujeres de la comunidad visitamos a una muchacha que tuvo un aborto espontáneo, le llevamos una canasta familiar con todo lo que pudimos obtener; daba pesar ver a esa joven mujer, extremadamente delgada y demacrada, tiene cinco hijos y con el que perdió hubieran sido seis. Mire vive en un cuartito de madera que da un pesar por la miseria que refleja, y creo que esa muchacha perdió el niño debido a la desnutrición y lo peor es que, así como ella hay centenares de casos en las comunidades indígenas”, relató Susana.
Ambos líderes étnicos coincidieron en que la pandemia por Covid-19 ratificó la corrupción que el pueblo sabía que existía por parte del gobierno y que el paso de las tormentas Eta e Iota vinieron a empeorar esa corrupción y las condiciones preexistentes. Finalmente, vaticinaron que para el 2021 habrá más pobreza, violencia, lucha y muerte en sus comunidades por la defensa de la tierra.
HONDURAS / MISQUITOS DEMANDARÁN AL GOBIERNO POR INCUMPLIR CON INDEMNIZACIÓN
- Publicado: 18 Diciembre 2020
Un
grupo de 123 exoficiales de Policía de la etnia misquita, han enviado a
diez representantes a la capital hondureña para reunirse con abogados,
con el fin de concretar una nueva demanda al Estado de Honduras por no
cumplir con el fallo de la CIDH en 2017.
El grupo fue depurado injustamente en 2001, y el organismo de derechos humanos instó al Gobierno a pagar montos de 100 mil, 140 mil y 200 mil dólares, de los cuales los expolicías apenas han recibido 350 mil lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un total de 10 expolicías misquitos, llegaron este viernes al Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), capital de Honduras, para asesorarse con abogados que les ayudarán a interponer una demanda contra el Estado de honduras, por incumplir el pago de una obligación internacional tras un proceso que ganaron en 2013.
El caso compete a la injusta depuración a la que fueron sometidos los exoficiales de la etnia misquita en el oriente del país en el año 2001, según informó el portavoz de los exuniformados, Jerry Yeifmaister, “el gobierno nos engañó”.
El
exoficial agregó que el Gobierno dio un anticipo de 350 mil lempiras a
cada policía pero que ahora no quieren cumplir con la cantidad total del
pago, nosotros vamos a buscar la manera, para interponer una demanda
contra el Estado, demasiado dinero nos quiere robar el Gobierno”.
La demanda internacional que ganaron los 375 ex agentes, entre ellos 123 de la Mosquitia, fue otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el acuerdo de solución amistosa que se llevó a cabo en 2017, en México, apunta a que se debe pagar un monto de 100 mil dólares a la escala básica, 140 mil dólares a los policías clase y a los oficiales 200 mil dólares.
Pero ante la negativa de la cancelación, sostienen que el gobierno de Hernández los engañó. El afectado, contactado por EL LIBERTADOR detalló que de los 123 demandantes siete de ellos ya fallecieron, pero para el reclamo del pago están siendo representados por sus esposas u otros familiares.
Los depurados bajo la administración del exsecretario de Seguridad Gautama Fonseca (fallecido en 2012), ya se habían apersonado a la capital desde 2018 para exigir el pago total, y el año anterior también realizaron una protesta frente a las oficinas temporales de Casa Presidencial a inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde acamparon por más de 15 días.
“Venimos hablar con los abogados que están en un etnia indígena porque la mayoría tiene problemas económicos. Se van reunir el domingo en el Colegio de Abogados”, dijo Yeifmaister.
El Paraíso, Honduras.- Eta llegó de manera directa. Las lluvias empezaron a afectar el municipio de Trojes, frontera con Nicaragua. Y el río Choluteca que rodea el departamento oriental se hizo sentir con el desborde de su caudal.
Aunque el huracán que se degradó a tormenta tropical Eta, dejó su huella a nivel nacional, la región sur-oriente del departamento de El Paraíso es una de las más afectadas, dañando la estabilidad de cientos de familias que se quedaron sin casa, sin cultivos y sin comunicación.
Desde el 4 de noviembre, los pasos viales entre los municipios de Danlí y Trojes quedaron inhabilitados, por que el río se desbordó sobre el puente de la comunidad El Matazano, y las familias que viven en la ribera peligraban, denunció el integrante de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, Alexis Molina.
Las lluvias han continuado en los municipios de Alauca, Jacaleapa y Yuscarán, provocando la pérdida de los cultivos, que pone en riesgo la soberanía alimentaria de los y las campesinas y restos de la población que consume su producción, agregó la defensora de derechos humanos, Nelly Argeñal.
Para el jueves 5, la corriente del río Choluteca creció de manera que se llevó los cultivos de las orillas, mientras que el río Guasure en Alauca, arrancó los cercos de las vegas, informó el integrante de la Red de El Paraíso, José Domínguez.
El viernes 7, el defensor y comunicador social, Eriberto Ramírez, fue a diferentes comunidades con los grupos de ayuda humanitaria, constatando que muchas familias habían sido afectadas en las zonas rurales del municipio, reconocido por su fertilidad agrícola.
Mientras las casas sucumbían a la orilla del río en las comunidades de Danlí, sin dar oportunidad de rescatar alguna pertenencia, la tormenta tropical ETA perdía fuerza en la zona central, pero estaba causando graves daños en los departamentos de del noroccidente: Copán, Cortés, Santa Bárbara y Yoro, donde miles de campesinos e indígenas sufrían los daños climatológicos y la irresponsabilidad del régimen de Juan Orlando Hernández, ante una catástrofe que pudo haber mitigado.
Pasados dos días de la tormenta, empezó a fluir la comunicación con defensores que para esta época están en las fincas de café, pues ya dio inicio la época de cosecha. Casi toda la región oriental estaba incomunicada, sin señal telefónica, energía eléctrica y continúan sin acceso vehicular “hay derrumbes por todos lados”, dijo Oliver Valladares, de la Red formada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Con sacrificio los cafetaleros hacemos nuestro propio esfuerzo para reparar las calles y sacar el café, que, con el huracán Eta quedaron destruidas, el aromático ya está madurando pero no tenemos acceso, desde hace tres años no hemos visto un tractor de parte del fondo cafetero”, denunció Valladares mediante un video que muestra la destrucción de la carretera en contraste a la verde finca de café en Villa Elena, montaña El Águila, Danlí.
Este domingo 8 de noviembre, Eriberto Ramírez continuó con las visitas a las zonas de desastre, canalizando ayudas para dar de comer a los damnificados, que cada día son más. “Pero hoy hemos visto un milagro”, compartió con la red de defensores.
Relató que, en medio de la calle, les hicieron una señal de alto, afortunadamente una doctora los acompañaba, por que era una mujer a punto de parir, y por inconvenientes en el camino, no dio tiempo de llegar a una clínica, atendiendo el parto a la orilla de la calle, esta noche.
También relató que la necesidad de llevar comida a los damnificados es bastante. No hay trabajo, no hay como transportarse, por lo que la gente tiene hambre.
En el centro educativo del casco urbano de Trojes hay más de 40 personas damnificadas, los pequeños juegan en las áreas recreativas y las señoras se sientan en las aceras del colegio, con la incertidumbre de lo que sucedió en sus casas y lo que pasará después.
“La casa de mi sobrina se estaba derrumbando y me dio miedo que le pase lo mismo a la mía”, declaró una mujer damnificada, que dialogaba con Ramírez.
La recolección de víveres y ropa es para ayudar a quien requiera, declaró el defensor, pero en las comunidades [zonas montañosas] hay bastante gente que necesita mucho. Se desconoce cuántas casas se han perdido.
Don Juan Colindres, de la comunidad Buena Vista, se vio obligado a dejar su casa por el deslizamiento de dos manzanas de tierras sembradas de café podían caer sobre su vivienda y la de tres vecinos más. “Y falta más gente que venga”, afirmó en el albergue.
Los defensores de derechos humanos también son víctimas del impacto de ETA, han perdido sus cultivos, se han dañado las carreteras sin saber cómo sacarán el café. Ellos y ellas son parte de las estadísticas de más de dos millones de hondureños damnificados sin recibir apoyo estatal, como indica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas, adoptada en 2018.
Según datos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), unas mil viviendas de campesino están dañadas y la pérdida de 4,900 manzanas de tierras cultivadas. Los daños más grandes fueron en la zona norte.
Los poderosos proveedores de la «bolsa solidaria» en Honduras
Un puñado de proveedores de alimentos absorben 12.6 % de todo el dinero gastado para enfrentar la pandemia en Honduras
II ENTREGA/Honduras Solidaria: el asistencialismo de la pandemia
Por: Ariel Torres
Edición: Emy Padilla
Portada: Reynaldo Raudales
Gráficos: Guillermo Burgos
Fotografías: Fernando Destephen
Teguciglapa.-Con la Operación Honduras Solidaria (HS), casi un millón de hogares afectados por las medidas de confinamiento recibieron un par de bolsas con alimentos y productos de higiene. Para las familias fue un alivio efímero, pero para los proveedores fue un negocio redondo que acrecentó sus capitales.
Más allá que la población pobre tiene derecho a recibir ayuda de emergencia durante la pandemia, el asistencialismo (o clientelismo, desde una perspectiva electoral) de la Operación HS resultó en un negocio multimillonario para un puñado de grupos empresariales, dejando en evidencia quiénes son los principales poderes en el sector comercial y cómo se relacionan con el Estado.
El negocio fue lucrativo para las empresas, que, desde marzo hasta noviembre, por cada cien lempiras gastados para enfrentar la pandemia en Honduras, doce lempiras ingresaron a las arcas de estas compañías proveedoras de alimentos y productos de higiene, ratificando aquella expresión que los tiempos de crisis son buenos para los grandes negocios.
En esta segunda entrega de la serie Honduras Solidaria: el asistencialismo de la pandemia, Criterio.hn te detallará cómo un puñado de proveedores de alimentos absorbieron el 12.6 % de todo el dinero gastado para enfrentar la pandemia en Honduras.
También lea: Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialismo
Calificada como «gigantesca» por el presidente Juan Hernández, la Operación HS fue aprobada el 21 de marzo de 2020 y finalizó en septiembre. El programa absorbió 22.8 % del total (hasta noviembre) de los fondos públicos destinados para enfrentar la pandemia en Honduras, gastando 1.3 mil millones de lempiras.
Según el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), al 11 de septiembre, la operación distribuyó 1.7 millones de «bolsas solidarias» en 958 mil viviendas a nivel de todo el país, es decir, cada familia beneficiada recibió en promedio unas dos entregas, que en teoría se consumirían en el lapso de un mes, lo que no ocurrió así en muchos hogares.
El programa gubernamental se dividió en dos modelos, el centralizado, que abarcó los municipios de Choluteca, La Ceiba, el Distrito Central, Choloma, Villanueva y San Pedro Sula; y el descentralizado, que cubrió los 292 municipios restantes del país.
Para el modelo centralizado, las compras las realizó la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO). En el modelo descentralizado, cada alcaldía municipal recibió dos transferencias para comprar directamente los productos con los proveedores locales
En todo caso, el PCM 025-2020, con el cual se creó la Operación HS, instruyó a la SDE definir el contenido de las entregas. Este ministerio, dirigido por María Antonia Rivera -hermana del diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas- determinó que las raciones incluyeran cuatro libras de arroz, una unidad de avena, dos libras de azúcar, una libra de café molido, dos libras de frijoles, tres libras de harina de maíz, una libra de harina de trigo, tres unidades de manteca, tres unidades de espaguetis, diez cubitos de pollo, dos unidades de sardinas, una unidad de pasta de tomate, una unidad de sal, dos unidades de sopa de pollo, un gel antibacterial, un jabón para lavar ropa y uno para lavar platos. Cada bolsa solidaria significaría una inversión pública aproximada de 500 lempiras.
Amparados en la emergencia sanitaria, las entidades iniciaron la gestión de compras de forma directa, antes que el PCM 025-2020 se publicara el 28 de marzo en el diario oficial La Gaceta.
EL AMPARO LEGAL
El 10 de febrero, tras un brote de dengue y a un mes previo de confirmarse los primeros casos por coronavirus en el país, el presidente Juan Hernández emitió el decreto PCM 005-2020, con el que se determinó el «estado de emergencia sanitaria».
Posteriormente, el 21 de marzo se aprobó el decreto PCM 023-2020, que elevó la emergencia sanitaria a un estado humanitario, ordenando a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) disponer de los recursos presupuestarios para hacerle frente a la pandemia.
Ante la magnitud del desafío sanitario, los cálculos monetarios acompañaron rápidamente las previsiones de contagio. Se necesitaba más dinero del oficialmente disponible, así que a inicios de abril el Congreso Nacional de Honduras autorizó al Poder Ejecutivo para que, a través de la SEFIN, adquiriera una deuda de 2,500 millones de dólares con la banca internacional para implementar medidas relativas a la emergencia inmediata del coronavirus (Covid-19).
Al aprobar el régimen de excepción y los recursos disponibles, el Estado se permitió realizar compras directas, amparándose en los Artículos 9 y 63 de la Ley de Contratación del Estado y en el inciso 170 de su reglamento. Bajo estos permisos se creó la Operación HS.
Antes de publicar el 28 de marzo el «Manual de criterios de evaluación y selección de proveedores para la Operación Honduras Solidaria», el Estado gastó 24 millones de lempiras, beneficiando a las primeras 19 empresas privadas, las que fueron seleccionadas por formar parte del catálogo de proveedores de BANASUPRO. Cabe señalar que formar parte de ese catálogo no necesariamente implica que los inscritos ofrezcan los mejores precios o calidad.
Después de las primeras compras, el 28 de marzo, la SDE y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) iniciaron formalmente la primera fase de la operación, invitando a 38 empresas a presentar sus ofertas económicas y técnicas.
La Comisión de Evaluación y Adjudicación de las propuestas fue integrada por el viceministro de la SDE y antiguo gerente de ventas de la Nestlé S.A, Aldo Villafranca, y por la abogada Sarina Murillo. Esta comisión seleccionó las ofertas supuestamente por criterios de precio, calidad, forma de entrega, disponibilidad y tipo de presentación del producto. Debido a los grandes volúmenes requeridos, aprobaron la posibilidad de adjudicar a más de una empresa para un mismo producto.
Según el último informe de contrataciones de BANASUPRO, al 20 de noviembre de 2020 se efectuaron 989 órdenes de compras para el modelo centralizado, sumando un total de 757.5 millones de lempiras. Con este monto, supuestamente se pudo distribuir las 945 mil bolsas solidarias en los seis municipios, a un valor promedio de 800 lempiras por ración (300 lempiras más que en el modelo descentralizado).
Durante la última semana de marzo, el Estado gastó 377.2 millones de lempiras; en abril efectuó compras por 203.3 millones; en mayo emitió adquisiciones por 34.2 millones, elevándose a 99.1 millones en junio, hasta realizar las últimas compras por 43.6 millones en julio.
Con estas compras se contrató directamente a 38 empresas privadas, una pública y a una cooperativa, las que forman parte de la lista de proveedores de BANASUPRO. En total, comprando alimentos a las empresas privadas, el Estado destinó 757.5 millones de lempiras, un monto equivalente al 86 % del presupuesto anual del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), o al 40 % de los fondos de la SAG.
LOS PROVEEDORES SOCIALES
De acuerdo al informe de contrataciones de BANASUPRO, la compra de frijoles fue el gasto más alto con 67.9 millones de lempiras, absorbiendo 9 % de todas las adjudicaciones. Esta compra fue la única que benefició a una entidad pública comercializadora, siendo el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) el proveedor de este grano básico.
El IHMA tiene como como objetivo asegurar la reserva estratégica de granos básicos del Estado, estabilizar los precios en el mercado nacional, y contribuir al pequeño y mediano productor, comprándole los granos a precios competitivos; así que su selección se mostraba como adecuada.
El segundo mayor beneficiado fue la cooperativa agroindustrial Palmas Aceiteras de Honduras (HONDUPALMA), con una venta de 66.8 millones de lempiras. Esta entidad fue el vendedor mayoritario de manteca y de jabón para lavar ropa, siendo el único proveedor con carácter social seleccionado por la Operación HS.
Ubicada en el sector de Guaymas, en el departamento de Yoro, HONDUPALMA es la principal agrupación campesina sobreviviente de la Ley de Reforma Agraria (reformista) aprobada en 1974 y sustituida por la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, una medida del modelo neoliberal, aprobada en 1992 durante el gobierno nacionalista del extinto expresidente, Rafael Leonado Callejas (1990-1992). Fundada en 1982, esta cooperativa se posicionó como una de las principales compañías exportadoras de los derivados de la palma africana. Constituida por 28 empresas campesinas, HONDUPALMA produce productos refinados como la manteca y aceite Clavel, Del Portal, Jabón Jansur y alimentos para ganado. La agrupación cuenta con unas 24 mil manzanas en producción y con una capacidad para refinar 200 toneladas diarias de manteca.
LOS PROVEEDORES PRIVADOS
En la otra cancha, la privada, la Corporación Dinant S.A. de C.V. fue la que firmó mayores ventas a la Operación HS. En total, ingresó 60.6 millones de lempiras, absorbiendo 8 % de todas las compras. Para dimensionar esta transacción, por sus ventas de jabones, manteca y pasta de tomate, uno de cada cien lempiras destinados para enfrentar la pandemia (de marzo a noviembre) paró en la caja registradora de esta empresa.
De acuerdo con diversas investigaciones de organizaciones civiles, la Corporación (empresas) Dinant, fundada en 1960 por Migue Facussé Barjum (1924-2015), siempre ha tenido una estrecha y provechosa relación con el Estado, independientemente del gobierno en turno, como ocurrió cuando obtuvo el apoyo de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), creada en 1974 como parte de la estrategia oficial para consolidar el nuevo Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI).
La buena relación de Facussé Barjum con los gobiernos militares de facto de aquel entonces le facilitó, por ejemplo, conseguir el aval solidario del Estado a través de la CONADI para contratar créditos con bancos internacionales, entre ellos el Bank of América (2.5 millones de lempiras) y con el Lloyds Bank International (11.2 millones), para hacer un capital de 13.7 millones, equivalente en ese tiempo a unos siete millones de dólares.
Con ese monto expandió sus operaciones productivas y comerciales, siendo reconvertida a «Químicas Dinant de Centro América S.A.». También fundó la empresa Comercial e Inversiones Galaxia S.A. de C.V., ambas con garantías hipotecarias de la deuda con CONADI.
En menos de una década, CONADI estaba en quiebra. En ese período avaló 68 empresas que acumulaban deudas multimillonarias y para solucionarles el problema se puso en marcha un ingenioso e irregular mecanismo: el Estado limpiaría las deudas de las empresas con la banca extranjera a cambio de convertirse en dueño mayoritario de sus activos y títulos. Esta operación «limpieza» se concretó a mediados de la década de los ochenta, cuando Químicas Dinant, al igual que el resto de las empresas involucradas, quedó sin deuda externa.
Pero el mecanismo no concluía en ese punto, sino que su objetivo final era devolver el control total de las empresas a sus dueños de origen. Así que el Estado procedió a subastar las empresas para «recuperar» lo perdido, Diversas comisiones investigadoras de aquella operación coincidieron en que la subasta no tenía ninguna posibilidad real de éxito, por lo que los «bienes» del Estado terminaron siendo rematados a precios bajos (subvaluados) y retornaron en condiciones sumamente favorables a manos privadas. El plan, cuyo diseñó se atribuyó a Facussé Barjum, se completó a la perfección: El Estado asumió la deuda de las empresas, les eliminó el problema y luego se las devolvió a un costo prácticamente simbólico. Un negocio redondo para los poderes comerciales.
Miguel Facussé Barjum siempre fue un empresario dominante del país, con mucha presencia mediática y constante influencia en la formulación de las políticas públicas del ámbito económico. Un estudio de 2006 de la Fundación Friedrich Ebert lo nombró como uno de los tres «hombres más poderosos de Honduras». En la década de los ochenta sus empresas representaban 8.2 % del capital financiero de Honduras.
Facussé Barjum fue el principal asesor económico del presidente Roberto Suazo Córdova durante su mandato de 1982 a 1986 y vicepresidente de APROH, una agrupación corporativa de extrema derecha, fundada a inicios de los años ochenta por el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez (1937-1989), integrada por empresarios y miembros de las fuerzas armadas para combatir el comunismo en Honduras y en la región centroamericana.
Facussé Barjum tuvo nueve hijos. Su sobrino, Carlos Roberto Flores Facussé, fue presidente de Honduras de 1998 a 2002. Su yerno, Fredy Nasser, es un empresario muy conocido en el país y su también yerno, Lenir Pérez, es el actual concesionario del aeropuerto de Palmerola e inversionista de la industria extractiva a través de Inversiones Los Pinares, dueña de un conflictivo proyecto minero en la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón. En mayo de 2009, Facussé Barjum recibió la Orden Mérito a la Democracia en el Grado de Gran Caballero por el Senado de Colombia, cuando ese país tenía como presidente a Álvaro Uribe,
Beneficiado por el desmantelamiento de la reforma agraria, el Grupo Dinant ha estado envuelto en diversos conflictos de tierra. En 2010 organizaciones de derechos humanos le vincularon con la masacre de «El Tumbador», donde cinco campesinos fueron asesinados por guardias privados en una de sus propiedades. Por este caso, el banco alemán KFW suspendió un crédito de 20 millones de dólares previamente otorgado a la empresa.
Un cable diplomático de Estados Unidos, divulgado por WikiLeaks, también mencionó una posible conexión suya con el narcotráfico. Sin embargo, la empresa Dinant adujo que sus propiedades fueron víctimas de narcotraficantes, quienes «utilizaron los terrenos sin su consentimiento».
Miguel Facussé Barjum murió en 2015. Un año antes, la Revista Forbes le había colocado como el onceavo empresario más rico de Centroamérica. Su fortuna había crecido considerablemente desde el 2000, con la venta de activos a la empresa multinacional británica-neerlandesa Unilever, por un valor de 8 mil millones de lempiras (323 millones de dólares).
Desde su fallecimiento, la corporación es dirigida por su hijo, Miguel Mauricio Facussé. Esta empresa sigue siendo el rostro más visible del Grupo Facussé, un consorcio asociado a otros núcleos y familias, con presencia en prácticamente todos los sectores financieros de Honduras, operando también en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana.
De acuerdo a Dun & Bradstreet, la principal suministradora de información comercial de empresas en todo el mundo, el consorcio Dinant Holding Corporation S.A., con registro en Panamá, ingresa unos 8,175 millones de lempiras anuales.
Es interesante consignar que en octubre del 2020 la Corporación Dinant informó haber ayudado a 100 mil familias de 71 comunidades, proporcionando de forma gratuita 200 mil libras de alimentos, 40 mil litros de desinfectante y 40 mil unidades de jabón de lavandería.
En la próxima entrega de la serie Honduras Solidaria: la pandemia del asistencialista, te continuaremos detallando sobre las otras empresas y los empresarios ligados a los grupos de poder que fueron beneficiados con millonarias compras por el gobierno para dotar de alimentos a los hondureños en el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Por corrupción del Gobierno, Honduras aplazada otra vez en Cuenta del Milenio
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.- Honduras resultó otra vez reprobada este 2021 para acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio, debido a que no logró superar diez de los veinte indicadores, lo que quedó reflejado en el informe anual, publicado este lunes, en donde Honduras aparece aplazada en los indicadores del control de la corrupción y en la efectividad del Gobierno, por lo que no le tendrá acceso a obtener recursos y beneficios que brinda este organismo internacional.
Honduras en el Control de la Corrupción apenas tiene un 18 por ciento, que no es suficiente para poder aprobar. Mientras que, en ítem de Efectividad de Gobierno, el país también aparece por debajo de lo que pide la Cuenta del Milenio con solamente un 32 por ciento.
Honduras tampoco logró ser bien evaluado en el aspecto relacionado a la Libertad de Información, que por lo menos debería tener un 44.2 por ciento, pero los datos señalan que Honduras cumple apenas con el 29 por ciento. En cuanto a la Sentencia Justa, destaca que en el indicador Imperio de la Ley, salió aplazada con un 7 por ciento. Solamente logró aprobar en Derechos Políticos con 19 puntos y Libertades Civiles con 26, ya que no exigían tanto puntaje.
El economista del Foro Social para la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, dijo que las consecuencias son dos. La primera, el no poder acceder al compacto que ronda por encima de los 200 millones de dólares, y, la segunda, las consecuencias de la imagen del país, porque hay indicadores de mucho peso como el control de la corrupción en donde Honduras continúa aplazada. “Entonces la cuenta del milenio recaba un montón de evaluaciones, no precisamente de ello, pero vinculantes con el Banco Mundial, Unifec, entre otros”.
Noticia relacionada Honduras aplazada nuevamente en la Cuenta del Milenio por la corrupción
Zepeda explicó que la última vez que Honduras logró acceder a los fondos de la Cuenta del Milenio se dio entre el 2006 y 2009. “Estamos hablando de que se pudo aprovechar esos recursos con la CA-5 y proyectos afines de movilidad. Se pudo invertir esos recursos con transparencia porque al final hay varios criterios para evaluación, como transparencia, rendición de cuentas”, dijo.
El economista se cuestionó “por qué no accedemos”, a lo que él mismo respondió: “pues porque los criterios de ellos cada vez son más rigurosos, sobre todo por estándar de país, y hay otros que compiten con las mismas condiciones y logran generar mayor bienestar. Entonces Honduras siempre está atrasado”.
Zepeda asegura que Honduras está necesitada de recursos no solo por la vía de nación, sino también por la vía del crédito por la imagen que estamos dando durante los últimos 11 años y que es bueno recalcar que esta evaluación tiene dos años de retraso, es decir, todo el levantamiento de información y la parte de procesamiento de las acciones, fueron tomadas en los años 2018 y 2019.
“Todavía faltan las repercusiones que va a dejar, por ejemplo, la cancelación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), el manejo de la pandemia, o sea que para los próximos años vamos a seguir aplazados en el control de la corrupción porque saldrá a la luz todo lo que estamos viendo hoy por hoy”, concluyó el economista del Fosdeh.
Más recomendaciones sobre lo que Honduras no cumple
Tegucigalpa, Honduras.- Con discursos pre-elaborados y resultados en papel, el Estado de Honduras compareció de manera virtual en el Examen Periódico Universal (EPU) sobre la situación de derechos humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este jueves 5 de noviembre.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en conferencia de prensa desarrollada el martes 3 de noviembre, expusieron sus preocupaciones frente a la situación de derechos humanos, previo a que el Estado se sometiera al EPU.
Entre la Comisión de alto nivel gubernamental, rindió informe Rolando Argueta, presidente del Poder Ejecutivo, expresando sobre acciones y leyes que han aprobado en los últimos cuatro años, sobre todo lo relacionado a la independencia judicial y acceso a la justicia.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional diputado Marcos Velásquez, habló sobre leyes y aprobación de tratados como erradicación de uso de armas nucleares, ley de policía con enfoque comunitaria, ley para paternidad y maternidad responsable, Ley de Consulta Previa- Libre e Informada, ley contra violencia hacia la mujer, ley de auxilio al sector productivo en el marco de la pandemia por Covid-19, Ley de aceleración económica para la emergencia de Covid-19 y otras pandemias o desastres naturales, etc.
Estas declaraciones se hacen el día en que Honduras amaneció con las consecuencias por el Huracán Eta, sin ningún mecanismo de emergencia, mitigación o atención a medio millón de damnificados, porque el régimen de Juan Orlando Hernández estaba centrado en un periodo de vacaciones, pese a que la pandemia del COVID-19 no se ha controlado y cada día cobra más víctimas.
Continuó la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cuevas, ofreciendo cifras sobre asesoramiento, monitoreo y acompañamiento a víctimas de derechos humanos. Resaltó la creación de dicha Secretaría [que había sido degradada a subsecretaria]. Mencionó la aplicación de la Ley de protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Abogados y Operadores de Justicia. Prevención de discriminación contra la Comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Bisexual e Intersexual (LGTBI), tratamiento a víctimas de contagio por COVID-19 en los centros penitenciaros, atención a migrantes retornados y búsqueda de migrantes desaparecidos, etc.
Las cifras mencionadas por Cuevas muestran los derechos humanos violentados, en el país donde siguen asesinando a ambientalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, periodistas, abogados y lideres políticos. Además, que el pueblo migra en masivos éxodos aun en medio de la pandemia por Coronavirus.
También compareció la ministra del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Ana Aminta Madrid, mencionado que se ha fortalecido capacidades de policías y miliares en tema de género, la reducción de muertes violentas de mujeres y ataques sexuales.
Alejandra Hernández, sub secretaria de Estado en el despacho de prevención en la Secretaria de Seguridad, afirmó que, hay una reducción en la tasa de homicidios y la creación de una escuela policial de investigación, reducción y control de uso de armas. La participación de la policía militar ha colaborado a la reducción de índice de violencia, además la capacitación a empresas de seguridad privada, y 28 mil policías están capacitados en el uso excesivo de la fuerza.
Loany Alvarado, sub directora general de Fiscales, hizo énfasis en el trato a los empleados, y afirmó un mejoramiento en la lucha contra la impunidad y con el catálogo más amplio de delitos se da mejor atención a derechos humanos violentados como la desaparición forzada. Expuso la creación de la Fiscalía Especial de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y la creación de la Unidad especial contra redes de corrupción (UFERCO) con sentencias condenatorias y absolutorias.
En su informe más estadístico, la representante del Ministerio Público se refirió a la cantidad de fiscales empleados, casos y denuncias atendidas, que en la mayoría no han sido investigadas, como la muerte de defensores de derechos humanos y periodistas.
Honduras ha adoptado una agenda de desarrollo 2030, declaró Carlos Madero, secretario de Estado y coordinador general de Gobierno, extendiendo acciones de desarrollo social y económico a futuro. Y afirmó que la se esfuerzan por reducir el índice de pobreza y pobreza extrema. Mientras miles de personas esperaban sobre los techos de sus casas ser recatadas por la inundación al paso de la tormenta tropical Eta, en la zona sur del país, haciendo contraste a lo que planteó el funcionario público.
Mencionó logros del programa gubernamental para generar empleos beneficiando a un millón y medio de personas y creación de proyecto de ley de Trabajo Doméstico. Sin embargo, la pandemia del Coronavirus que mantiene en confinamiento segmentando al país desde marzo pasado, dejó a medio millón de personas desempleadas, sin contra con los sub empleos.
En cuanto al sistema de salud, afirmó la dotación de equipo y el funcionamiento de 1652 unidades de salud a nivel nacional y la ampliación de tres hospitales, triajes y equipo de bioseguridad. Pero, con la pandemia, el régimen se agenció unos cien mil millones de lempiras, supuestamente para construcción de 96 hospitales, la compra de siete hospitales móviles, contratación de personal médico, mostrando pocos resultados, falta de medicamentos, confinamiento de pacientes y muerte de médicos por covid-19, según el Colegio Médico de Honduras (CMH) por falta de equipo de bioseguridad, la población se pregunta ¿Dónde está el dinero?
Zoyla Cruz, ministra de Protección Social, afirmó que los programas que dirige han beneficiado a la asistencia de salud de la población menor de cinco años, y más acceso a la educación para niñez escolar, apoyándose con el programa gubernamental “Bono vida mejor”.
Concluidas las comparecencias, los representantes de los Estados del mundo “felicitaron” al Estado de Honduras por las recomendaciones adoptadas de las 151 anteriores, como la creación de Secretaría de DDHH (misma que Juan Hernández había degradado en su gobierno anterior), apoyo a Mujeres, adoptación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, combatir la explotación sexual y otras que mencionaron en sus discursos ya escritos los empleados del régimen de Juan Orlando Hernández. pero, hicieron recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta para la redacción del informe entre el 9 y 10 de noviembre, y su presentación final el 20 de este mes.
Alemania lamentó tener que repetir algunas recomendaciones que ya se hicieron en 2015, como los relacionados al combate contra la corrupción, protección a defensores de derechos humanos y periodistas, acceso a la salud y derechos de los privados de libertad.
Entre las recomendaciones están las siguientes:
- Llevar a cabo investigaciones por violaciones a Derechos Humanos, ejecutados por las fuerzas de seguridad pública, incluidos actos de tortura y, que exista reparación para las víctimas.
- Intensificar acciones que den respuesta a casos desapariciones forzadas de defensores de ddhh.
- Adoptar medidas concretas para la protección de defensores de ddhh y periodistas, que se aplique la debida justicia a los responsables.
- Que se respete el derecho a los periodistas y su labor informativa, fortalecer la libertad de expresión y reunión.
- Financiar programas para poner fin a la intimidación contra defensores de ddhh, periodistas, indígenas y campesinos.
- Velar por la protección de las manifestaciones pacíficas.
- Reforzar capacidades para evitar que niños y jóvenes sean víctimas de narcotráfico.
- Que se fortalezcan leyes en favor de la comunidad LGTBI.
- Se levante la prohibición de los anticonceptivos de emergencia.
- Que se despenalice el aborto, incluso por violación sexual.
- Que se mejore la educación sexual y acceso a anticonceptivos.
- Adoptar medidas que favorezca la igualdad de género.
- Que exista más espacios para velar por los derechos de las mujeres.
- Que refuercen acciones para prevenir la violencia doméstica.
- Que acabe la violencia contra las mujeres y niñas.
- Que rindan cuenta los responsables de la violencia de género.
- Ratificación del protocolo facultativo de la CEDAW.
- Fortalecer la unidad de investigación de muertes violentas de mujeres.
- Que cese el estereotipo y estigma contra la población indígena y afrodescendiente.
- Que exista mejor respuesta en seguridad alimentaria y nutrición infantil, que sea inclusivo.
- Que continúen acciones en favor de la niñez.
- Fortalecer educación para niños con discapacidad.
- Inclusión en el sistema educativo a personas de pueblos originarios, afrohondureños y con discapacidad.
- Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir el reclutamiento de niños/as y protegerlos de grupos organizados, delictivos y armados.
- Disponibilidad de atención médica gratuita para toda la población.
- Mayor presupuesto para pago de docentes y que la mayoría de niños y niñas tengan acceso a la educación pública y educación multicultural.
- Fomentar la educación intercultural bilingüe.
- Combatir el trabajo forzado y explotación sexual.
- Adoptar protocolo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Convenio C189-OIT sobre trabajadores domésticos.
- Aprobar programas para niños y hombres jóvenes referentes a nuevas masculinidades.
- Aprobar leyes que regulen las compañías de seguridad privada.
- Promover diálogo entre Estado y Sociedad Civil para temas de derechos humanos.
- Revisión de formulaciones ambiguas en el “Nuevo” Código Penal.
- Continúen poniendo en práctica programas de rendición de cuentas de forma transparente.
- Realizar un plan nacional para combatir la pobreza, especialmente de la población rural.
- Continuar esfuerzos para la independencia del Poder Judicial.
- Fortalecer programas de desarrollo humano (emprendeduría), pequeña y micro empresa para grupos vulnerables.
- Tomar medidas contra la corrupción.
- Aprobar políticas de respeto a las creencias religiosas, especialmente con grupos minoritarios.
- Aplicación de políticas públicas para combatir el racismo y explotación sexual.
- Seguir con el registro de nacimiento en todo el país.
- Mayor oportunidad para la juventud.
- Respuesta al impacto inmediato sobre la pandemia por Covid-19.
- Firma del acuerdo de Escazú, con respecto a los defensores del ambiente.
- Justicia para las víctimas del Golpe de Estado de 2009, que castigue a los responsables.
- Justicia para la defensora Berta Cáceres, asesinada en 2016.
- Continúen acciones para el respeto a los derechos de los migrantes retornados.
- Garantizar acceso a agua potable a toda la población.
Finalmente, la designada presidencial María Antonia Rivera, con un discurso leído afirmó que tendrán en cuenta y prestarán atención a las recomendaciones emitidas este 5 de noviembre. Refirió que es necesaria la participación intersectorial, empresa privada, sociedad civil y quienes ejercen la labor de defensa de derechos humanos.
Gloria Cano: “La historia nos muestra el nivel de degradación de la situación de los derechos humanos en Honduras”
Tegucigalpa.- La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en conferencia de prensa desarrollada el martes 3 de noviembre, vía plataforma zoom, expusieron sus preocupaciones frente a la situación de derechos humanos, cuando el estado se someterá en unos días, al Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La comparecencia del estado de Honduras está prevista para este jueves 5 de noviembre, y ahí, el régimen de Juan Orlando Hernández deberá responder a 150 recomendaciones planteadas por el Consejo de Derechos Humanos hace 4 años y medio.
La FIDH y COFADEH expusieron con suma preocupación el incremento de la militarización de la sociedad hondureña, las desapariciones forzadas, la impunidad, la criminalización de la protesta social y el deterioro del estado de derecho, entre otros aspectos.
Al respecto, la Secretaria General de la FIDH, Gloria Cano, señaló que la organización que representa “se encuentra alarmada por la gravedad de la situación en materia de derechos humanos en Honduras”.
Hemos seguido muy de cerca y denunciado en repetidas ocasiones el detrimento de la democracia y el aumento del militarismo, y la pérdida del estado democrático de derecho, dijo Cano.
La FIDH considera que el EPU que se llevará a cabo el 5 de noviembre es una oportunidad para un balance de la situación de derechos humanos, sostuvo la Secretaria General de la FIDH.
Cano expuso que en 2009, la FIDH ya había denunciado y documentado a través de una misión de evaluación, las graves violaciones a los derechos humanos producidas por el golpe de estado, entre ellas detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
“La historia nos muestra el nivel de degradación de la situación de los derechos humanos en Honduras. Hoy 11 años después del golpe de estado y casi 40 años de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, las graves violaciones a los derechos humanos no cesan”, sostuvo.
Cano explicó que “por un lado está la persistente y creciente militarización del país y además el contexto del covid19 ha venido vulnerando los derechos civiles y políticos de muchas de las comunidades”.
La FIDH se encuentra alarmada por la militarización de las zonas geográficas identificadas como “resistentes”. El derecho a la protesta social está siendo opacado, prueba de ello, es el aumento a las vigilancia militar en Guapinol, en donde varias personas han sido criminalizadas por defender el derecho al agua.
La Secretaria General de la FIDH denunció la criminalización y hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos. Honduras sigue siendo el país con la tasa más alta de asesinatos de defensores y defensoras del territorio y del medio ambiente. Catorce ambientalistas fueron asesinados en 2019.
La FIDH también expresó suma preocupación por la impunidad que persiste en las desapariciones ocurridas en los años ochenta, así como las desapariciones forzadas que vienen ocurriendo en el marco de la pandemia del covid19.
“La FIDH considera que los esfuerzos desplegados por el Ministerio Público (MP) en Honduras para esclarecer las desapariciones forzadas han sido insuficientes”, dijo Gloria Cano.
“Que sigan ocurriendo desapariciones forzadas convierte a Honduras en un caso representativo y prende las alarmas de la comunidad internacional por la extrema gravedad de esos delitos”, advirtió la Secretaria General de la FIDH.
La FIDH agrupa a más de 100 organizaciones a nivel mundial y tiene su sede en París, Francia.
Durante la rueda de prensa, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, expresó que los 3 temas que mantienen preocupado al comité, son las desapariciones forzadas, cuya práctica se ha reactivado.
Otro de los temas es la persecución que existe hacia personas que luchan por sus territorios, como es el caso de los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro, de la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón, expuso.
Oliva destacó la situación de 8 defensores ambientalistas que están privados de la libertad por su lucha emprendida en la defensa de la Montaña Carlos Escaleras, que enfrenta la amenaza de la extracción minera en la zona.
La Coordinadora General del COFADEH explicó a los medios de comunicación, que otro tema que se ha colocado en el informe que se presentará por parte de la sociedad civil ante el Examen Periódico Universal (EPU), es el de la desaparición de 17 personas, ocurridas durante la suspensión de las garantías constitucionales, ordenadas por el régimen a causa de la pandemia del coronavirus.
Además hemos colocado el tema de todo lo que ha significado la criminalización de la protesta social y los efectos de la misma, así como los niveles de militarización y la remilitarización en la sociedad hondureña, manifestó Bertha Oliva.
“Honduras se va a someter al Examen Periódico Universal (EPU), que es una oportunidad y creemos que sí podemos hacer reflexionar al régimen para que cambie la práctica de exterminio, que cambie esa práctica de llevarnos cada vez más a una consolidación de una dictadura sanguinaria”, indicó Oliva.
El EPU no puede pasar desapercibido de que Honduras está en crisis, resaltó.
Y agregó que “sabemos que en un país donde no tenemos un estado democrático de derecho, pues todos los derechos de las y los ciudadanos están siendo violentados a diario, aseguró la reconocida defensora de derechos humanos.
A propósito de esto, la conferencia de prensa se produjo un día después que dos reconocidos periodistas fueron víctimas de detención ilegal y uso excesivo de la fuerza ejercida por agentes policiales, en un hecho que se suscitó en la capital de la República, el lunes 2 de noviembre en horas de la noche.
Se trata de los periodistas Cesario Padilla y Miriam Elvir que laboran para el Comité por la Libre Expresión (C-LIBRE), organización que a través de su página digital: Conexhion.hn, registra las violaciones a los derechos humanos que el régimen comete en contra de la prensa independiente, las amenazas contra periodistas, la libertad de expresión y la protesta social, entre otros.
En la conferencia de prensa, los periodistas escucharon el testimonio de Jeannethe Mejía, madre del joven César Roberto Haddid Ortíz Mejía (19), desaparecido el 22 de junio de este año, y del cual las autoridades no han dado respuesta aún.
César Roberto Haddid cursa el último año de la carrera de Informática del Instituto Cibernet School y es miembro de los Scouts de Honduras.
La madre, Jeanneth Mejía narró que su hijo salió de la casa de sus abuelos al mediodía del 22 de junio con el propósito de recogerla en su trabajo. El joven conducía un vehículo particular.
Tras varios minutos de esperarlo, Jeannethe llamó a casa de su padres en donde le dijeron que César Roberto Haddid ya había salido. Transcurrió el tiempo y ya alarmada, pidió ayuda a su hermana y cuñado para que indagaran en postas policiales para averiguar si el joven estaba detenido.
La madre angustiada dijo que visitaron varias postas policiales sin obtener resultados.
“La policía no ha hecho absolutamente nada y siguen bajo el concepto que la desaparición no es un delito, por eso estoy aquí ante ustedes porque ya no sé qué hacer”, declaró.
Por otro lado, el caso que fue conocido por al menos 3 fiscales del Ministerio Público (MP), no ha tenido la debida diligencia. El último de dichos funcionarios que fue consultado sobre los avances de las investigaciones no conoce en detalle las circunstancias y otras pistas que puedan desarrollar una investigación eficaz del caso. Lo que significa que el expediente sobre la desaparición no está en orden.
Mejía también señaló que no se hizo una inspección minuciosa del vehículo que manejaba su hijo al momento de su desaparición, con el propósito de encontrar pistas que son clave para la investigación.
Ellos han sido tan deficientes, no es posible que en 3 meses y medio, no tenía asignado un fiscal. Yo fui a la Fiscalía de turno, pero ahí me dijeron que las denuncias de desaparecidos no son un delito.
“Hay una confabulación, porque cómo es posible que en la posta de La Granja no me aceptaron la denuncia, no me apoyaron”, denunció Jeanneth Mejía.
Finalmente Mejía dijo que varios medios de comunicación han brindado información errónea sobre el caso, por lo que ella se preguntó: ¿De dónde están sacando esta información, quién se las da, y yo sigo esperando; no tengo absolutamente nada.
EL Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso que incluye los expedientes de derechos humanos de los estados miembros de Naciones Unidas y ofrece a cada estado, la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos en su país y para cumplir con sus obligaciones en esta materia.
Son un total de 150 recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le formuló al estado de Honduras en 2015, y de las cuales, muy pocas se han adoptado.
Además de la presencia de periodistas de varios medios de comunicación nacionales y corresponsales internacionales de prensa, se conectaron a la transmisión reconocidas y reconocidos defensores de derechos humanos, entre ellos David Funkhouser (Filadelfia, Estados Unidos), María Adela Antokoletz de las Madres de Plaza de Mayo (Argentina), Pablo Ruíz de SOAWTACH (Chile), Vicky Cervantes de la “Voz de los de Abajo” (Chicago, Estados Unidos), Pablo Cala de la “Fundación Hasta Encontrarlos” (Colombia).
También siguieron la transmisión, el director de Casa Alianza- Honduras, José Guadalupe Ruelas, Ana Ortega de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el periodista Edu Nachman (Chile) y Seidy Irías de Cattrachas, entre otros asistentes a la conferencia de prensa virtual.
“Estoy decidido a enfrentar esta situación” Sacerdote criminalizado en Choluteca
Choluteca, Honduras.- Después de una fracasada audiencia de Conciliación en la que, el sacerdote católico Florentino Hernández no aceptó los cargos que se le imputan por Usurpación sobre bienes inmuebles y Apropiación Indebida, queda pendiente la fecha para que enfrente juicio oral y público ante los Tribunales de Justicia según las leyes nacionales y no eclesiales.
Aunque el 5 de febrero de 2020, Los Tribunales de Justicia de Choluteca y Valle, al sur país, resolvieron que la querella contra el Sacerdote de la parroquia Cristo de Esquipulas, municipio de El Triunfo, frontera con Nicaragua, era INADMISIBLE, porque los hechos imputados no eran constitutivos de delitos y que debían ser tramitados en la sede eclesial, en septiembre se retomó la criminalización. el proceso se reactivó.
Florentino Hernández libra no sólo una lucha judicial, sino ambiental. Enfrentándose al poder político y religioso, pero apoyado por la población, que, en un 97 por ciento, avala la gestión del sacerdote por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, pese a que su vida está en constante peligro.
La abogada Denia Castillo, del equipo de defensa legal del presbítero, informó que una de las peticiones en la audiencia de conciliación del pasado jueves 29, fue que la Diócesis de Choluteca, representada por el Obispo Guido Charboneau, fue que dejara el templo, a lo que no accedió el defensor de los bienes comunes de la naturaleza.
Desde hace 11 años, el Padre Florentino permanece en la parroquia de El Triunfo, de la cual el Obispo pidió que se trasladara a otra parroquia, sin tomar en cuenta el riesgo al que lo somete, después de las amenazas contra su vida, por apoyar al pueblo que se opone a la concesión del suelo y el agua.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha documentado las amenazas de las que es víctima el Presbítero de El Triunfo. El lunes 25 de octubre varias organizaciones defensoras de derechos humanos lo acompañaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa, donde presentaron un Recurso de Amparo, para que cese la persecución.
En el comunicado de prensa afirmaron que “Sabemos que la persecución, judicialización y criminalización de que es víctima, es un producto de una perversa, premeditada y articulada persecución, en contra de todos los defensores del medio ambiente y de derechos humanos en nuestro país, como en el caso de Guapinol, entre otros, y en este caso en particular en contra del Padre Florentino Hernández, quien además ha recibido amenazas, que están documentadas en el COFADEH”.
El Padre Florentino declaró a de Defensores en Línea que fracasó la conciliación, y que seguirá el curso del juicio. Como en cada audiencia, fue revestido con sus ornamentos religioso (alba y estola roja). No ha faltado a ninguna cita, pero el Obispo no llegó.
Afirmó que, el Obispo sí pidió como propuesta de conciliación que desalojara el templo, “pero no aceptamos y por eso fracasó la audiencia. Así es que, iremos a juicio”
Se corrió el rumor que había orden de desalojo de la parroquia en El Triunfo, pero esto fue desvirtuado por el mismo párroco, quien continúa oficiando los correspondientes actos religiosos.
Florentino Hernández agregó que “Estoy decidido a enfrentar esta situación” y en caso de que lo obligaran a abandonar su labor sacerdotal primero consultaría al pueblo.
Se esperaba una propuesta digna y de hermandad para la conciliación, pero el representante del Obispo de Choluteca, Padre Teodoro Gómez, fue que, en un término de 5 días, el sacerdote Florentino Hernández desalojara la parroquia y sus bienes.
Pero el Padre Florentino Hernández explicó todo lo que significa ser el párroco, lo que para él es la Iglesia, un santuario que merece respeto, y según el artículo 77 de la Constitución de la República se vería violentada la libertad de culto, declaró Denia Castillo, al periodista Onorio Cruz.
“Esta es una escuela de la vida, que estoy aprendiendo a vivir, es impactante lo que está enfrentado en el Tribunal, donde cada quien hace su trabajo, la historia y la lucha escoge a los valientes”, concluyó el sacerdote de 18 años de vida consagrada.
De haber aceptado la conciliación, el padre Florentino Hernández no sólo aceptaría los cargos por los que ha sido llevado a los Tribunales de Justicia, en un caso que debería conocer el Derecho Canónico; sino que este fin de semana ya no hubiera estado con su pueblo en las misas campesina, pues los cinco días de plazo para dejar la Parroquia Cristo de Esquipulas se estuvieran venciendo.
Tres años después MP sigue sin dar respuesta a denuncia de aprobación masiva de contratos en el CN
Considerado el “robo parlamentario del siglo”, con todas las pruebas documentales presentadas, aun así, el Fiscal General se mantiene en silencio evidente
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa.- Han pasado seis años desde que diputados del Congreso Nacional aprobaron en una sola sesión, una masiva cantidad de decretos y contratos en su mayoría lesivos a la población.
Esta situación fue publica y ampliamente denunciada ante el Ministerio Publico (MP), por algunos diputados y abogados quienes en 2017 se abocaron ante la Fiscalía con pruebas documentales, pero a tres años de eso, ni siquiera se conoce si a la denuncia le dieron trámite, la verificaron, o al menos hubo asomo de investigación ante la evidencia.
“Los delitos se cometieron en 2014, presentamos la denuncia el 21 de enero de 2017, esto era algo grave y urgente que el Ministerio Público debió haber resuelto de inmediato, sin embargo han corrido tres años y ni siquiera le han dado número a la denuncia, no le han dado trámite y a estas alturas ya debería estar esta gente (involucrada) procesada y condenada a más de diez años de reclusión”, reprochó el abogado René Adán Tomé, quien llegó al MP para saber qué pasó al respecto, sin lograr mayor información y menos en vísperas del periodo de vacaciones de los fiscales.
Fue el 20 de enero de 2014 donde todo un plan de perjuicio a Honduras comenzó a desarrollarse por parte de quien era en aquel entonces el presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, hoy mandatario reelegido ilegalmente, así lo rememoraron en 2017 los denunciantes en una conferencia de prensa: Luis Redondo del Partido Anti Corrupción (PAC), hoy del Pinu, Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el abogado René Adán Tomé.
El abogado René Adán Tomé, frente al MP, lamentó el letargo adrede en una
denuncia que pasará donde están miles engavetadas por la Fiscalía General
En ese sentido, Tomé recordó que la denuncia tiene que ver con decenas de personas que, en su condición de diputados, aprobaron 67 decretos legislativos y cien contratos de energía, lo que es imposible hacer en un solo día y dentro de esos decretos hubo reformas a la Ley Electoral en donde se exige más de 86 diputados para su aprobación.
Quien presidió esas sesiones fue el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva quien hoy pretende ser presidente de la República teniendo cuentas pendientes que resolver con la justicia.
En la misma situación se encuentra el diputado Ángel Darío Banegas, quien aspira también a ser presidente, cuando siendo secretario del Congreso Nacional, era responsable para prevenir la aprobación de estos contratos y decretos, además de conocer las falsificaciones encontradas en estos contratos, amplió el abogado Tomé, quien además explicó que menciona solo a estos dos personajes debido a que aparecen sus firmas en las actas del CN, pero son decenas de diputados más.
FISCAL GENERAL OSCAR CHINCHILLA, CON “CHAMBA” A SU ESPOSA HA SIDO SILENCIADO
“Si ellos (los nombrados en la denuncia) son inscritos en sus precandidaturas, entonces el Fiscal General Oscar Chinchilla tiene que responder ante la justicia porque no pueden participar (en aspiraciones políticas), pero como Chinchilla los protege y no los procesa, entonces ellos andan campantes diciendo que son honorables y que han servido al pueblo, pero ellos más bien se han servido del pueblo. Si son inscritos, Chinchilla va a tener que responder porque es su responsabilidad, esta gente debe saber que por esos delitos cometidos son más de diez años de reclusión”, expresó.
Tomé también reconoció los momentos de impunidad que se viven en el país, además de la permisividad a algunos políticos señalados por actos de corrupción y justicia selectiva del MP, pero destacó que como conocedor del Derecho, si bien sus denuncias han sido ignoradas, se debe cumplir el proceso de agotamiento de las instancias legales nacionales, razón por la cual se avocó al MP e insiste en conocer el avance del caso denunciado.
“Hemos formalizado todas las denuncias criminales, hemos declarado todos los delitos, hemos declarado todos los responsables, nos hemos arriesgado para que estas autoridades mañana cuando los vayamos a procesar no digan que ellos no se enteraron, porque ellos con solo las noticias en los medios de comunicación, debieron accionar y no lo han hecho, por eso hemos presentado las denuncias, no van a tener excusas el día de mañana”, advirtió al tiempo de reiterar que todos los nombres de los involucrados en la denuncia, merecen ser sujeto de investigación.
Lamentó que el Fiscal General, Oscar Chinchilla, tenga conflicto de interés debido a que su esposa, Katherin Chang no solo tiene parentesco con líderes del Partido Nacional; (hija del ex ministro de Gobernación y Justicia Roberto Chang Castillo); sino que también fue nombrada a un cargo público por el mandatario Juan Hernández, quien la colocó como presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
ROBO PARLAMENTARIO DEL SIGLO
En 2017 los denunciantes presentaron un amplio informe de corrupción que calificaron como el «Robo Parlamentario del Siglo» y que supera los 300 mil millones de lempiras además de invalidar la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP).
Tomé manifestó en ese tiempo, que en el informe que presentaron ante los medios de comunicación se detallan los 67 decretos que fueron aprobados el 20 de enero de 2014 cuando la legislatura del Congreso Nacional ya se había clausurado.
Dentro de estos 67 decretos se incluyen 100 contratos de energía y muchos de ellos con concesiones hasta de 50 años y acumulando un aproximado de 300 mil millones de lempiras lo que deja al robo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) como un pequeño delito, evidenciaron.
Por su parte el diputado del PAC, Luis Redondo, señaló que la “Ley de Secretos” en que se ampara el presente gobierno para no dar información, es ilegal porque fue aprobada ese mismo día de lo que se conoce como “la diarrea legislativa”, por lo tanto la MACCIH o cualquier otro entre que requiera información debe pedirla y acompañar la gaceta número 33244 que es donde se manifiesta que la legislatura 2010-2014 finalizó el 19 de enero.
Redondo también dijo en su momento, que el informe que presentaban que acompaño la denuncia más amplia al MP, muestra al pueblo hondureño los decretos que nunca fueron publicados en la Gaceta y que están en vigencia y los nombres de todos los involucrados en todos los actos de corrupción perpetrados por los diputados de la administración 2010-2014.
Los actos reñidos con la ley van desde violaciones a la Constitución de la República, aprobación de proyectos ilegales y decretos aprobados sin publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, todos ellos en la administración de Porfirio Lobo Sosa cuando el actual presidente Juan Hernández Alvarado, era el titular del Congreso Nacional.
La denuncia criminal fue presentada ante el Ministerio Público (MP), La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pero a la fecha la misma, se encuentra engavetada.
Gobierno de Honduras anuncia más endeudamiento externo por Eta
Por: Redacción CRITERIO.HN
Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno nacionalista de Juan Hernández Alvarado anunció esta tarde que recurrirá a mayor endeudamiento externo para enfrentar las terribles y trágicas secuelas del huracán Eta que conmocionan a Honduras.
En breves declaraciones a medios de prensa el titular de la cartera de Finanzas, Marcos Midence, anunció que el gobierno cuenta con 200 millones de lempiras para reparar la enorme cantidad de daños y derrumbes que sufrieron las carreteras, puentes, cajas puentes y accesos a las comunidades en todo el país.
Midence, asimismo, indicó que el gobierno realiza gestiones ante organismos multilaterales para obtener un fondo adicional de mil 200 millones de dólares para seguir enfrentando la crisis, sin indicar si se trata de recursos del Banco Mundial, (BM), Fondo Monetario Internacional, (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID) u otra fuente similar.
Entre tanto, en las redes sociales se hizo viral un tuit que señala que no hay dinero para reparar la red vial primaria, pues un fideicomiso de 1.174 millones de lempiras para infraestructura vial se desvió a la compra de siete hospitales móviles en lo que hoy constituye uno de los fraudes más repudiables atribuidos a la actual administración.
El país ya vivía una crisis por la inestabilidad que se vive desde el golpe de estado de junio de 2009, se agravó con fraudes electorales denunciados en 2013 y 2017 y una polémica reelección presidencial denunciados por la oposición.
Además de una emisión de Bonos Soberanos de 850 millones de dólares, durante la pandemia el gobierno dio luz verde a la adquisición de deuda externa por 2.500 millones de dólares para atender el Covid-19; 600 millones de dólares para pago de deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, con lo que la deuda externa de Honduras, solo este año, supera 82 mil millones de lempiras, alertó Federico Álvarez, ex vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE).
“Honduras va a una deuda impagable para los próximos años; no es malo endeudarse, pero no para pagar deudas si no focaliza recuperar esa inversión, lo que estamos haciendo es caer en una trampa”, señaló Ismael Zepeda, analista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, (FOSDEH).
Exigen que presupuesto 2021 se discuta en tres debates y sea televisado
Tegucigalpa. – Una alianza de organizaciones de la sociedad civil demandó al Congreso Nacional que el dictamen del proyecto de Presupuesto General de la República del 2021 se discuta en sesión presencial, con tres debates y transmitido en tiempo real por las redes sociales para garantizar que cumpla todo el proceso de sanción legislativa.
En un comunicado de la Coalición Anticorrupción, reconoce el contexto crítico por la pandemia de Covid-19 y por los efectos de los fenómenos del clima Eta e Iota, como preámbulo de un año electoral.
Reclaman que en esta etapa de reformulación de Presupuesto General de la República este no se haga con la diligencia, amplia participación y transparencia que demanda el difícil momento histórico que vive el país.
Asimismo, que a la fecha no exista un dictamen para que sea enriquecido con los aportes y observaciones de distintos componentes de la sociedad. “Sin el dictamen, es imposible que los y las diputadas, organizaciones de sociedad civil y ciudadanía, puedan realizar sus aportes y observaciones”.
Previendo recientes acontecimientos políticos en la vecina república de Guatemala, donde la población repudió el endeudamiento externo y un presupuesto sobredimensionado, la Coalición Anticorrupción demanda que la Comisión de Presupuesto emita el dictamen lo comparta para el análisis detallado y las recomendaciones antes de su aprobación por el pleno de Congreso Nacional.
“Por lo tanto y bajo el año atípico que vivimos, el Congreso Nacional debe mantenerse en sesión permanente hasta final del año para asegurar un proceso de aprobación transparente y a la altura del momento histórico”, señala la organización en un comunicado.
“No queremos que el Congreso Nacional, liderado por Mauricio Oliva, imite al Congreso guatemalteco, que pretendió hacerle una emboscada al pueblo aprobando un presupuesto a matacaballos, maniobra que generó la indignación de la ciudadanía y desencadenó una crisis nacional”.
Por lo que el Presupuesto General de la República debe ser aprobado antes del 31 de diciembre, como lo establece la Constitución.
Asimismo, bajo el año atípico que vivimos el Congreso Nacional debe mantenerse en sesión permanente hasta final del período para asegurar un proceso de aprobación transparente y a la altura del momento histórico.
La Coalición Contra la Corrupción agrupa a 20 organizaciones y redes de organizaciones de sociedad civil que combaten la corrupción e impunidad en Honduras, entre estas se encuentran el Frente Parlamentario contra la Corrupción; CESPAD; CIPRODEH; COIPRODEN; Colegio Médico de Honduras y la Asociación de Jueces por la Democracia,
Además de la ASJ; OPADISH; Centro Desarrollo Humano; Unidos Haremos Historia; Organización Ayudamos a Honduras; Asociación de Medios Comunitarios de Honduras; Pro-Honduras Network; CNA; Movimiento Nacional de Juventudes Hondureñas; SETELEC; Save The Children; Red Lésbica Catrachas y Sien Comunicaciones.
Presupuesto General 2021 debe priorizar salud, educación y ambiente: Claudio Salgado
Tegucigalpa. Para el economista Claudio Salgado, el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el Ejercicio Fiscal 2021 en Honduras debe ser reformulado en función de atender a los sectores sociales y ambiente; especialmente luego de la destrucción que dejaron los huracanes Eta e Iota y el impacto que ha tenido el Covid-19 en la población y la economía del país.
Salgado señaló que, la pandemia desnudó el abandono y colapso que sufre el sistema de salud por lo que es necesario priorizar la inversión en los sectores sociales, teniendo claro que sin salud y educación no hay desarrollo económico. De la misma forma, resaltó que los mencionados fenómenos naturales destaparon la ausencia de políticas y obras destinadas a la mitigación de los efectos del cambio climático.
El economista resaltó que, mientras los proyectos de mitigación ambiental fueron engavetados, la creación de comisiones interventoras y secretarías ha estado a la alza. Extremo que ejemplifico con la creación de la controvertida Secretaría de Transparencia, la cual indicó viene a crear “duplicidad de funciones y lo que lleva es a tratar de esconder una realidad”. Esta secretaría es dirigida por María Matamoros, hija del también cuestionado expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson.
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Asimismo, recordó el establecimiento de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que está integrada por el exdiputado del Partido Innovación y Unidad (PINU), German Leitzelar y Roberto Salinas, miembro de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Vilma Cecilia Morales como coordinadora de la misma; la cual a su criterio, después de cinco años solo refleja gasto público. Son “un montón de comisiones interventoras que no han hecho nada”, concluyó.
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), tras realizar la primera revisión del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras para el Ejercicio Fiscal 2021, alertó que mientras el financiamiento del Estado recaerá en mayor proporción sobre quienes tienen menos ingresos, se están realizando recortes en las inversiones sociales que podrían agudizar aún más una de las peores crisis que vive Honduras.
Mientras que economistas hondureños señalan que en la formulación de la propuesta enviada por la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional, se identifica una planificación concebida con “cifras erróneas carentes de una realidad nacional” que además tiene poco énfasis en la inversión presupuestaria para la reactivación económica. Es así que el Frente Parlamentario Contra la Corrupción pidió transparencia en la discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto General 2021.
Colegio Electoral formaliza victoria de Biden con 55 votos de California
Tomado de: laopinión.com
Los 55 votos del estado dorado, el más grande del país, permitieron oficializar el resultado electoral que Trump ha impugnado sin éxito
Los 55 votos del estado de California oficializaron este lunes la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El presidente electo alcanzó ya los 270 votos de Colegio Electoral que necesita para ganar los comicios.
Biden ganó en el estado dorado, el más grande y poblado del país, con cinco millones de votos que hacen indudable su triunfo. Los seis estados en los que el presidente Donald Trump impugnó los resultados también confirmaron que el demócrata había ganado las elecciones, a pesar de las presiones y la intervención directa del presidente saliente.
En muchos de ellos las autoridades policiales tuvieron que aumentar la seguridad mientras los electores se reunían presencialmente tal y como recoge la legislación federal. Los electores depositaron sus papeletas de papel en los 50 estados y en el Distrito de Columbia respetando las medidas sanitarias como el uso de mascarillas o el distanciamiento social.
Los procedimientos para confirmar la victoria del ticket electoral Biden-Harris se llevó a cabo sin incidentes y de manera ordinaria. Los electores de Nevada se reunieron a través de Zoom debido a la pandemia del coronavirus.
Trump sigue resistiéndose a reconocer su derrita y este mismo lunes ha dicho que el fiscal general William Barr, que había perdido la confianza del presidente, dejará de estar al frente del Departamento de Justicia este martes. Esto evita que Barr tenga que oponerse a las insistencias de Trump por reescribir las elecciones de noviembre.
Los resultados de esta votación se enviarán a Washington. Allí se contarán el 6 de enero en una sesión conjunta del Congreso, que presidirá el vicepresidente Mike Pence. Se espera que, al finalizar el conteo de votos electorales, Biden haya conseguido 306 y Trump 232. Respecto al voto popular, Biden supera al republicano por más de siete millones de boletas en todo el país.
El regreso de Estados Unidos a la normalidad es una ilusión
Jorge G. Castañeda
CIUDAD DE MÉXICO – El presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden hizo del «regreso a la normalidad» uno de los temas de su campaña electoral. Fue sin duda una promesa atractiva tras cuatro años de mentiras descaradas, matonería adolescente, crueldad gratuita y peligrosa volatilidad del presidente Donald Trump. Pero como el mismo Biden admitió, el mundo no es lo que era en enero de 2017, cuando finalizó el gobierno de Barack Obama (del que Biden era vicepresidente). Entonces ¿a qué piensa regresar exactamente?
No hay duda de que Biden puede devolverle a la presidencia de los Estados Unidos un sentido de decoro y decencia. Pero en cuestiones concretas de política (en particular, en política exterior) revivir el statu quo ante será mucho más difícil, o acaso imposible.
Biden prometió renovar el compromiso con algunos de los acuerdos internacionales de la era Obama que Trump abandonó, comenzando por el Acuerdo de París sobre el clima y el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC, comúnmente denominado «acuerdo nuclear con Irán»). Además, tiene intención de extender el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 2010 (New START) con Rusia, volver a la Organización Mundial de la Salud y reiniciar la relación con Cuba. También es posible que sume a Estados Unidos al sucesor del Acuerdo Transpacífico (TPP), el tratado comercial mega regional que Obama negoció y Trump repudió.
La vuelta al Acuerdo de París debería ser la más sencilla de estas acciones. El acuerdo nunca alcanzó la condición de tratado, en gran medida porque Obama sabía que el Senado bajo control republicano nunca lo aprobaría. Por eso Trump pudo retirarse del acuerdo sin pasar por el Congreso; sólo tuvo que respetar el período de un año de espera estipulado en el texto. Del mismo modo, Biden puede volver al acuerdo sin la aprobación del Congreso, tras un período de espera de sólo 30 días.
Pero los otros intentos serán más difíciles. Un buen ejemplo es el PAIC. Si bien tampoco lo ratificó el Senado, un levantamiento unilateral de las sanciones económicas contra Irán (sobre todo a la venta de petróleo) generará rechazo de los congresistas republicanos (a los que Biden necesita para cumplir otras promesas), enfurecerá a Israel y puede generar inquietud en Europa.
Los críticos sostienen que el PAIC no impone límites suficientes a la capacidad iraní de enriquecimiento de uranio, y que deja fuera cuestiones fundamentales, en concreto, los misiles balísticos y, sobre todo, el apoyo de Irán a fuerzas (como Hezbollah) o regímenes (como en Siria) antiisraelíes y antiestadounidenses en la región. Si no se le introducen algunos cambios, lo más probable es que el acuerdo siga moribundo.
Similares obstáculos enfrentará cualquier intento de reiniciar la política de normalización con Cuba de tiempos de Obama. Esto supone una embajada plena en La Habana, eliminación de restricciones a viajes y remesas, y la reanudación de escalas de cruceros y conexiones aéreas con la isla. También implica el mayor nivel de inversión y comercio que sea posible dentro del embargo estadounidense vigente desde 1961 (que el gobierno de Biden no levantará).
Es de suponer que Biden no pedirá a Cuba nada a cambio. Al fin y al cabo, el acuerdo alcanzado por Obama con el régimen castrista en 2015 sólo fue posible porque no incluyó condiciones concretas en relación con los derechos humanos, la democracia, la reforma económica o una cooperación significativa de Cuba en América Latina.
Pero como han mostrado los últimos cinco años, Cuba no resolverá estas cuestiones por iniciativa propia. En una entrevista reciente, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry confesó (hablando en representación de Biden) que el progreso de Cuba en lo referido a derechos humanos y reforma económica desde 2015 fue «decepcionante». De hecho, la situación en materia de derechos humanos empeoró, y aumentó la cantidad de presos políticos. En tanto, la crisis humanitaria en Venezuela (donde Cuba ejerce una influencia enorme) ha sufrido un gran empeoramiento, y no hay solución a la vista.
En este contexto, tratar de normalizar las relaciones con Cuba supone un riesgo político. El resultado de la elección para Biden dentro de la comunidad cubana en Miami (que constituye más del 10% del padrón electoral en Florida) fue considerablemente peor al que obtuvo Hillary Clinton en 2016. Y puede que Biden necesite el apoyo de republicanos de Florida (por ejemplo el senador Marco Rubio) para cumplir la promesa de facilitar la obtención de la ciudadanía a unos 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados.
Además, si bien Biden no hizo promesas en relación con Venezuela, apenas haya asumido el cargo tendrá que tomar varias decisiones cruciales en este frente. ¿Mantendrá las sanciones económicas contra el país y contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A.? ¿Reconocerá a Juan Guaidó, el dirigente opositor autodesignado presidente interino en 2019, como legítimo jefe de Estado del país? ¿Ignorará los resultados de la farsa de elección para la Asamblea Nacional celebrada el 6 de diciembre?
Es decir, ¿mantendrá en general Biden la política de Trump para Venezuela (sacando los planes absurdos de golpe de Estado pergeñados por kamikazes de Venezuela y Estados Unidos)? ¿O buscará otro modo de encarar la grave crisis humanitaria del país? Regresar a la política de «negligencia benévola» de Obama (que era una postura razonable en aquel momento) sería problemático ahora.
Finalmente, está la cuestión del comercio en la región de Asia y el Pacífico. Biden no se comprometió a suscribir el sucesor del TPP, el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), creado tras la retirada de Trump por los once países que habían negociado el acuerdo original con Obama. Tampoco anunció planes de renegociarlo.
Pero sí dijo que en su opinión el TPP no era un mal acuerdo para Estados Unidos, aunque tal vez pediría cláusulas adicionales en temas laborales y ambientales. Si quiere revivir el «giro a Asia» de Obama, y cooperar con los aliados de Estados Unidos en la contención regional de China, unirse al CPTPP sería un buen punto de partida. Pero hay que encararlo no tanto como un regreso al pasado sino más bien como un paso hacia el futuro.
He aquí el desafío fundamental para Biden: cómo revivir acuerdos multilaterales o políticas exteriores útiles y al mismo tiempo reconocer la infinidad de cambios que ha tenido el mundo (y la reputación de Estados Unidos) en los últimos cuatro años. No puede haber un «regreso» al pasado, sólo una adaptación de los objetivos y estrategias de Estados Unidos a las condiciones actuales. Cuanto antes lo comprenda el equipo de política exterior de Biden, mejor.
Jorge G. Castañeda, ex ministro de asuntos exteriores de México, es profesor en la Universidad de Nueva York.
