El pensador norteamericano habla de una crisis climática, económica y humanitaria
Noam Chomsky: “Tenemos poco tiempo para decidir si la vida humana sobrevivirá"
PÁGINA 12 - 31 de agosto de 2020
No
ha habido otro momento de estas características en la historia de la
Humanidad. Así lo asegura el prestigioso intelectual y activista
estadounidense Noam Chomsky, quien dijo que la pandemia del coronavirus ha hecho de estos tiempos los más oscuros de los que se tenga memoria.
Chomsky explicó que el presente representa un "punto de confluencia de
distintas crisis muy graves", entre las que se incluyen una amenaza de guerra nuclear, cambio climático, la pandemia del coronavirus, una gran depresión económica y una contraofensiva racista que tiene como epicentro a los Estados Unidos.
“Este es un momento único en la historia de la humanidad, no solo en mi vida. Nunca ha habido un momento en el que haya surgido tal confluencia de crisis y las decisiones al respecto que deban tomarse muy pronto, no se pueden retrasar", afirmó el pensador que tal vez sea el lingüista vivo más importante del mundo.
Chomsky, activista pacifista desde hace mucho tiempo, criticó al presidente Donald Trump por "desmantelar sistemáticamente las protecciones que ofrecían algún tipo de defensa contra la guerra nuclear".
“Los principales expertos como William Perry, exsecretario de Defensa, una persona que no puede ser considerado un exagerado y que muy conservador y a la vez está muy bien informada sobre estos temas, argumenta que la amenaza nuclear hoy es todavía mayor que durante la Guerra Fría”, dijo Chomsky.
Chomsky dijo además que las iniciativas que los gobiernos lleven adelante para hacer frente a la pandemia de coronavirus serán importantes a corto plazo, pero que sus decisiones sobre el cambio climático serán aún más duraderas.
“Saldremos de alguna manera de la pandemia pero a un costo terrible, que tiene en su mayoría causas evitables”, dijo el autor de Hegemonía o supervivencia y Estados fallidos, entre muchos otros títulos, en una entrevista concedida al sitio The Hill. "No saldremos del derretimiento de las capas de hielo polar, eso es permanente".
“Tenemos tiempo por delante para decidir si la vida humana organizada sobrevivirá en la Tierra o sucumbirá a la amenaza de un desastre ambiental”, agregó Chomsky.
No es la primera vez que el intelectual norteamericano se refiere públicamente al tema en estos términos. En abril de este año advirtió que los gobiernos están siendo “el problema y no la solución” y sobre la situación puntual de Estados Unidos sostuvo que se ve agravada por la condición de “bufones sociópatas” que manejan la administración de ese país con Donald Trump a la cabeza. Sobre los cambios que pueden llegar a producirse alerta que “esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expandan el manual neoliberal incluso más que ahora”, aunque aclara que “eso depende de la gente joven” y “de cómo la población mundial reaccione”.
Recientemente, en junio, se refirió al bochornoso rol adoptado por Trump en la gestión de la pandemia y no dudó en calificarlo como "el peor criminal de la historia, sin lugar a dudas”. “Nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado tan apasionadamente a destruir los proyectos para la vida humana organizada en la tierra en el futuro cercano”, sentenció el reconocido catedrático.
“Este es un momento único en la historia de la humanidad, no solo en mi vida. Nunca ha habido un momento en el que haya surgido tal confluencia de crisis y las decisiones al respecto que deban tomarse muy pronto, no se pueden retrasar", afirmó el pensador que tal vez sea el lingüista vivo más importante del mundo.
Chomsky, activista pacifista desde hace mucho tiempo, criticó al presidente Donald Trump por "desmantelar sistemáticamente las protecciones que ofrecían algún tipo de defensa contra la guerra nuclear".
“Los principales expertos como William Perry, exsecretario de Defensa, una persona que no puede ser considerado un exagerado y que muy conservador y a la vez está muy bien informada sobre estos temas, argumenta que la amenaza nuclear hoy es todavía mayor que durante la Guerra Fría”, dijo Chomsky.
Chomsky dijo además que las iniciativas que los gobiernos lleven adelante para hacer frente a la pandemia de coronavirus serán importantes a corto plazo, pero que sus decisiones sobre el cambio climático serán aún más duraderas.
“Saldremos de alguna manera de la pandemia pero a un costo terrible, que tiene en su mayoría causas evitables”, dijo el autor de Hegemonía o supervivencia y Estados fallidos, entre muchos otros títulos, en una entrevista concedida al sitio The Hill. "No saldremos del derretimiento de las capas de hielo polar, eso es permanente".
“Tenemos tiempo por delante para decidir si la vida humana organizada sobrevivirá en la Tierra o sucumbirá a la amenaza de un desastre ambiental”, agregó Chomsky.
No es la primera vez que el intelectual norteamericano se refiere públicamente al tema en estos términos. En abril de este año advirtió que los gobiernos están siendo “el problema y no la solución” y sobre la situación puntual de Estados Unidos sostuvo que se ve agravada por la condición de “bufones sociópatas” que manejan la administración de ese país con Donald Trump a la cabeza. Sobre los cambios que pueden llegar a producirse alerta que “esto nos podría llevar a estados altamente autoritarios y represivos que expandan el manual neoliberal incluso más que ahora”, aunque aclara que “eso depende de la gente joven” y “de cómo la población mundial reaccione”.
Recientemente, en junio, se refirió al bochornoso rol adoptado por Trump en la gestión de la pandemia y no dudó en calificarlo como "el peor criminal de la historia, sin lugar a dudas”. “Nunca ha habido una figura en la historia política que se haya dedicado tan apasionadamente a destruir los proyectos para la vida humana organizada en la tierra en el futuro cercano”, sentenció el reconocido catedrático.
Convocatoria a elecciones primarias en Honduras vaticina nueva crisis política
septiembre 14, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La
convocatoria a elecciones primarias por parte del Consejo Nacional
Electoral (CNE), este domingo en Honduras, ha vuelto a poner en
escenario una nueva crisis política por la no aprobación de una nueva
Ley Electoral que establezca las reglas del juego de los comicios de
2021.
El ente electoral, constituido por las tres principales fuerzas políticas (Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación y Partido Nacional), convocó la noche de este domingo a elecciones primarias a desarrollarse el domingo 14 de marzo de 2021 para que los partidos elijan a los candidatos de elección popular en cuatro niveles electivos: presidencial, alcaldías municipales, diputaciones al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano.
En medio de la crisis sanitaria por Covid-19, la convocatoria ha generado rechazo en varios sectores de la oposición política en virtud que el Congreso Nacional no aprobó la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pese a que la normativa era la garantía para una convocatoria transparente que evite fraudes electorales como los registrados en el pasado.
Ante la incertidumbre por la no aprobación de la nueva Ley Electoral, el líder del recién creado Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, pidió que la convocatoria se atrasara por dos semanas hasta lograr que el Congreso Nacional, controlado por el oficialista Partido Nacional, aprobara la normativa con base a acuerdos políticos.
La misma petición de Nasralla, fue planteada por el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), aunque sin plantear términos de tiempo, pues su planteamiento era que la convocatoria se hiciera hasta que se aprobara la nueva ley.
Por su parte el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, convocó a elecciones primarias a los movimientos internos de esa institución política acatando la convocatoria del CNE, sin embargo, el diputado Mario Segura presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, advirtió la semana pasada que esa institución partidaria se retiraría de la discusión de la ley en el Congreso Nacional si no se aprueba la segunda vuelta electoral.
Para la concejal del CNE, Rixi Moncada, quien presidió ese órgano hasta el 10 de septiembre, la convocatoria de esta noche es inconstitucional e ilegal y debe anularse porque se basa en el censo del fraude de 2017, que está lleno de fallecidos y migrantes y que se ha reportado miles de inconsistencias
Moncada no acompañó la convocatoria a elecciones, “porque convocar con el censo 2017 equivale al primer acto del fraude electoral que se prepara el año 2021 y por lo tanto no acompañaré ninguna convocatoria ilegal e inconstitucional este día”, dijo la funcionaria electoral en horas de la mañana a la radioemisora HRN.
Publicación en La Gaceta
La convocatoria a elecciones ya es ley pues fue publicada en el diario oficial La Gaceta el sábado 12 de septiembre, con base a una resolución aprobada en sesión extraordinaria el 2 de septiembre por unanimidad por los tres concejales del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, en su condición de presidenta y los concejales, Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre.
Moncada, quien entregó la presidencia del CNE a Ana Paola Hall, firmó la resolución de la convocatoria mientras en el Congreso Nacional se suponía se iba a aprobar una nueva Ley Electoral. Según los acuerdos, la aprobación se esperaba para el 10 de septiembre y su publicación en La Gaceta el 11 de septiembre para hacer la convocatoria el 13 de septiembre, confesó Moncada.
Sin embargo—dijo Moncada—“el Partido Nacional se retiró de los concesos y hubo una trampa y un engaño. Pese a que firmó el dictamen de la nueva ley, después anunció que la aprobación se haría artículo por artículo”, cuando inicialmente se había acordado de que se haría en una sola discusión.
Para la funcionaria electoral, el centro de la convocatoria era el artículo 324 que establece la entrega del censo provisional por parte del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas al CNE el 30 de noviembre y la entrega el 5 de diciembre por parte del CNE a los partidos políticos.
Nulidad
El 3 de septiembre pasado el abogado, René Adán Tomé, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, para exigirle a ese poder del Estado que resuelva el amparo presentado contra la declaratoria de elecciones de 2018. Tomé señaló que, si no se resuelve el amparo, la convocatoria a elecciones de este domingo será nula.
Lo anterior refleja que alrededor del proceso electoral de 2021 hay una barrera legal que aún no se ha superado.
Investigación
Salvador Nasralla y el diputado, Luis Redondo, han pedido se investigue a los concejales del CNE por haber publicado la resolución de la convocatoria de las elecciones el sábado 12 de septiembre, un día antes de lo que establece la ley para la convocatoria.
Al respecto el abogado, Rodil Rivera Rodil, dijo a CRITERIO.HN dijo que no existe nulidad alguna porque lo que han hecho los funcionarios del CNE es publicar en el diario oficial La Gaceta una resolución que establece una fecha para la convocatoria a elecciones que ya está establecido en ese mismo documento.
Más allá de la legalidad de la convocatoria, Rivera Rodil, presagió que en Honduras se avecina una nueva crisis política que se podría complicar aún más por las circunstancias actuales derivadas de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.
A juicio del profesional de derecho, la génesis de la crisis estriba en la falta de aprobación de las reformas electorales y porque las que se están discutiendo no contienen la reforma fundamental que representa la segunda vuelta electoral, algo que a su juicio es fundamental desde que en el 2013 se rompió el bipartidismo, conformado por los partidos Liberal y Nacional, con el surgimiento del Partido Libertad y Refundación.
La crisis política podría desembocar en protestas populares iguales o superiores a las de 2017. Nadie sabe y no hay mayor riesgo que el provocar a un pueblo, sobre todo como está de crispado no solo por la situación política sino también por la pandemia, apuntó.
Rodil Rivera Rodil no descarta que exista una crisis provocada por el gobierno e incluso que Juan Hernández podría utilizar las protestas como excusa o pretexto para suspender las elecciones. “Ya sabemos que el gobierno se quiere quedar, que el gobierno de Juan Orlando Hernández no quiere dejar el poder. Tiene su seguridad personal, su libertad en riesgo, sabemos que está dispuesto, como ya lo ha demostrado, a hacer cualquier cosa para quedarse”.
El ente electoral, constituido por las tres principales fuerzas políticas (Partido Liberal, Partido Libertad y Refundación y Partido Nacional), convocó la noche de este domingo a elecciones primarias a desarrollarse el domingo 14 de marzo de 2021 para que los partidos elijan a los candidatos de elección popular en cuatro niveles electivos: presidencial, alcaldías municipales, diputaciones al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano.
Nota relacionada Honduras a elecciones primarias en medio de polémica e incertidumbre
Los candidatos o candidatas que resulten electos en las elecciones primarias representarán a sus partidos políticos en las elecciones generales del domingo 27 de noviembre de 2021.En medio de la crisis sanitaria por Covid-19, la convocatoria ha generado rechazo en varios sectores de la oposición política en virtud que el Congreso Nacional no aprobó la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pese a que la normativa era la garantía para una convocatoria transparente que evite fraudes electorales como los registrados en el pasado.
También lea: Honduras va a elecciones con 14 partidos, pero nueva Ley electoral hará que muchos desaparezcan
A raíz del fraude electoral de 2017 mediante el cual el actual jefe de gobierno, Juan Hernández, violentó los artículos pétreos de la Constitución que impiden la reelección presidencial, Honduras vivió una crisis política que superó la del golpe de Estado de 2009. Ante esta situación la comunidad internacional, urgió la aprobación de una nueva Ley Electoral. Asimismo, un nuevo Censo Nacional Electoral y la emisión de una nueva tarjeta de identidad para evitar que personas fallecidas y migrantes estén habilitados para ejercer el sufragio como ha ocurrido en el pasado.Ante la incertidumbre por la no aprobación de la nueva Ley Electoral, el líder del recién creado Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, pidió que la convocatoria se atrasara por dos semanas hasta lograr que el Congreso Nacional, controlado por el oficialista Partido Nacional, aprobara la normativa con base a acuerdos políticos.
La misma petición de Nasralla, fue planteada por el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), aunque sin plantear términos de tiempo, pues su planteamiento era que la convocatoria se hiciera hasta que se aprobara la nueva ley.
Por su parte el presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya, convocó a elecciones primarias a los movimientos internos de esa institución política acatando la convocatoria del CNE, sin embargo, el diputado Mario Segura presidente de la Comisión de Dictamen de la nueva Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, advirtió la semana pasada que esa institución partidaria se retiraría de la discusión de la ley en el Congreso Nacional si no se aprueba la segunda vuelta electoral.
Para la concejal del CNE, Rixi Moncada, quien presidió ese órgano hasta el 10 de septiembre, la convocatoria de esta noche es inconstitucional e ilegal y debe anularse porque se basa en el censo del fraude de 2017, que está lleno de fallecidos y migrantes y que se ha reportado miles de inconsistencias
Moncada no acompañó la convocatoria a elecciones, “porque convocar con el censo 2017 equivale al primer acto del fraude electoral que se prepara el año 2021 y por lo tanto no acompañaré ninguna convocatoria ilegal e inconstitucional este día”, dijo la funcionaria electoral en horas de la mañana a la radioemisora HRN.
Publicación en La Gaceta
La convocatoria a elecciones ya es ley pues fue publicada en el diario oficial La Gaceta el sábado 12 de septiembre, con base a una resolución aprobada en sesión extraordinaria el 2 de septiembre por unanimidad por los tres concejales del Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, en su condición de presidenta y los concejales, Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre.
Moncada, quien entregó la presidencia del CNE a Ana Paola Hall, firmó la resolución de la convocatoria mientras en el Congreso Nacional se suponía se iba a aprobar una nueva Ley Electoral. Según los acuerdos, la aprobación se esperaba para el 10 de septiembre y su publicación en La Gaceta el 11 de septiembre para hacer la convocatoria el 13 de septiembre, confesó Moncada.
Sin embargo—dijo Moncada—“el Partido Nacional se retiró de los concesos y hubo una trampa y un engaño. Pese a que firmó el dictamen de la nueva ley, después anunció que la aprobación se haría artículo por artículo”, cuando inicialmente se había acordado de que se haría en una sola discusión.
Para la funcionaria electoral, el centro de la convocatoria era el artículo 324 que establece la entrega del censo provisional por parte del proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas al CNE el 30 de noviembre y la entrega el 5 de diciembre por parte del CNE a los partidos políticos.
Nulidad
El 3 de septiembre pasado el abogado, René Adán Tomé, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, para exigirle a ese poder del Estado que resuelva el amparo presentado contra la declaratoria de elecciones de 2018. Tomé señaló que, si no se resuelve el amparo, la convocatoria a elecciones de este domingo será nula.
Lo anterior refleja que alrededor del proceso electoral de 2021 hay una barrera legal que aún no se ha superado.
Investigación
Salvador Nasralla y el diputado, Luis Redondo, han pedido se investigue a los concejales del CNE por haber publicado la resolución de la convocatoria de las elecciones el sábado 12 de septiembre, un día antes de lo que establece la ley para la convocatoria.
Al respecto el abogado, Rodil Rivera Rodil, dijo a CRITERIO.HN dijo que no existe nulidad alguna porque lo que han hecho los funcionarios del CNE es publicar en el diario oficial La Gaceta una resolución que establece una fecha para la convocatoria a elecciones que ya está establecido en ese mismo documento.
Además lea: ¡Injerencia! EE. UU. da visto bueno a reformas electorales de Honduras
Nueva crisis políticaMás allá de la legalidad de la convocatoria, Rivera Rodil, presagió que en Honduras se avecina una nueva crisis política que se podría complicar aún más por las circunstancias actuales derivadas de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.
A juicio del profesional de derecho, la génesis de la crisis estriba en la falta de aprobación de las reformas electorales y porque las que se están discutiendo no contienen la reforma fundamental que representa la segunda vuelta electoral, algo que a su juicio es fundamental desde que en el 2013 se rompió el bipartidismo, conformado por los partidos Liberal y Nacional, con el surgimiento del Partido Libertad y Refundación.
La crisis política podría desembocar en protestas populares iguales o superiores a las de 2017. Nadie sabe y no hay mayor riesgo que el provocar a un pueblo, sobre todo como está de crispado no solo por la situación política sino también por la pandemia, apuntó.
Rodil Rivera Rodil no descarta que exista una crisis provocada por el gobierno e incluso que Juan Hernández podría utilizar las protestas como excusa o pretexto para suspender las elecciones. “Ya sabemos que el gobierno se quiere quedar, que el gobierno de Juan Orlando Hernández no quiere dejar el poder. Tiene su seguridad personal, su libertad en riesgo, sabemos que está dispuesto, como ya lo ha demostrado, a hacer cualquier cosa para quedarse”.
¡Injerencia! EE. UU. da visto bueno a reformas electorales de Honduras
septiembre 8, 2020
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La
embajada de los Estados Unidos ha manifestado su complacencia por la
aprobación de la nueva Ley Electoral de Honduras de cara a las
elecciones de 2021.
“La aprobación de la Ley Electoral será un paso importante para restaurar la credibilidad en el proceso electoral y las elecciones del 2021”, opinó la representación diplomática a través de un Twitter.
Para el analista, Gustavo Zelaya, el
mensaje de la embajada estadounidense es una orden enviada a la bancada
del oficialista Partido Nacional para que en el Congreso Nacional se
aprueben las reformas tal cual fueron introducidas a ese poder del
Estado, sin que se haya incluido cambios de fondo como la segunda vuelta
y la reelección.
“Creo que no hay que sorprenderse de eso, ha sido la política normal de los Estados Unidos hacia el país, de injerencia, de control, de dominio de los actores políticos más importantes que hay en el país”, dijo Zelaya.
La injerencia a la que hace alusión el analista fue evidente durante las elecciones de 2017, cuando la entonces encargada de negocios de Estados Unidos, Heide Fulton, llegó al centro de cómputo del Tribunal Nacional de Elecciones (TSE) a validar el fraude electoral para imponer y respaldar la reelección de Juan Hernández.
En
enero de 2018 la entonces representante de la embajada de los Estados
Unidos en Honduras, Heide Fulton, válido y urgió el conteo de actas para
validar el fraude electoral. En la imagen junto al presidente del
desaparecido Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson.
Gustavo Zelaya manifestó además que
las imposiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos
siempre han estado presentes en Honduras, como en el 2009 cuando se
produjo el golpe contra el presidente, Manuel Zelaya Rosales.
Para comprender la injerencia norteamericana el analista reflexionó sobre el dominio territorial que Estados Unidos tiene en Honduras y que se refleja en los radares instalados en varias partes del país, para el supuesto control del narcotráfico y en la base militar asentada en Palmerola, Comayagua y que se supone es la más grande de América Latina.
“Creo que ese control que hay de nuestro país por parte de Estados Unidos, esa subordinación, parece que fuera más marcada en Honduras que en el resto de otros países de América Latina”, expresó.
Zelaya aclaró que el dominio estadounidense no solo es una base militar sino el control sobre el Estado, el gobierno, la propiedad y sobre las decisiones políticas más importantes.
“La aprobación de la Ley Electoral será un paso importante para restaurar la credibilidad en el proceso electoral y las elecciones del 2021”, opinó la representación diplomática a través de un Twitter.
“Creo que no hay que sorprenderse de eso, ha sido la política normal de los Estados Unidos hacia el país, de injerencia, de control, de dominio de los actores políticos más importantes que hay en el país”, dijo Zelaya.
La injerencia a la que hace alusión el analista fue evidente durante las elecciones de 2017, cuando la entonces encargada de negocios de Estados Unidos, Heide Fulton, llegó al centro de cómputo del Tribunal Nacional de Elecciones (TSE) a validar el fraude electoral para imponer y respaldar la reelección de Juan Hernández.
En
enero de 2018 la entonces representante de la embajada de los Estados
Unidos en Honduras, Heide Fulton, válido y urgió el conteo de actas para
validar el fraude electoral. En la imagen junto al presidente del
desaparecido Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson.
Gustavo Zelaya manifestó además que
las imposiciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos
siempre han estado presentes en Honduras, como en el 2009 cuando se
produjo el golpe contra el presidente, Manuel Zelaya Rosales.Para comprender la injerencia norteamericana el analista reflexionó sobre el dominio territorial que Estados Unidos tiene en Honduras y que se refleja en los radares instalados en varias partes del país, para el supuesto control del narcotráfico y en la base militar asentada en Palmerola, Comayagua y que se supone es la más grande de América Latina.
“Creo que ese control que hay de nuestro país por parte de Estados Unidos, esa subordinación, parece que fuera más marcada en Honduras que en el resto de otros países de América Latina”, expresó.
Zelaya aclaró que el dominio estadounidense no solo es una base militar sino el control sobre el Estado, el gobierno, la propiedad y sobre las decisiones políticas más importantes.
Ambiente tenso: magistrada del CNE anuncia que no participará en convocatoria a primarias, porque es ilegal y falsa
septiembre 13, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La convocatoria a elecciones primarias ya está lista e incluso publicada en el Diario Oficial La Gaceta, solo falta que los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), difundan el video donde hacen el llamado al proceso electoral del 2021.
En ese contexto, la magistrada del CNE, Rixi Moncada, dejó claro que ella no participará en la convocatoria porque desde su perspectiva es falsa, ilegal, inconstitucional e inaceptable.
Para Moncada convocar a elecciones con la vieja tarjeta de identidad, con el viejo censo y la vieja Ley Electoral, sería concretar la primera fase de un nuevo fraude en miras al 2021.
“Es una convocatoria falsa, que debe anularse, es una convocatoria que está alterada, es inaceptable”, dijo la consejera las primeras horas del domingo a una emisora radial capitalina.
“Se debe anular porque se basa en el censo electoral del 2017, que está lleno de fallecidos, corrupción e inconsistencias”, enfatizó Moncada.
Las declaraciones de Moncada llegan en el marco de un ambiente de tensión e incertidumbre que se desprende desde el Congreso Nacional, donde en las últimas horas la falta de acuerdos sobre la aprobación de la nueva Ley Electoral, ha conducido al país a la primera crisis del próximo proceso electoral de 2021.
“Denunció ante el pueblo hondureño esa ilegalidad, por eso no acompañaré esta convocatoria, no acompañare una convocatoria para un nuevo fraude electoral. Convocar con el censo electoral del 2017 es empezar a legalizar el fraude del 2021”, denunció la funcionaria.
Moncada dio a conocer esta semana los puntos clave que determinaron y permitieron el fraude electoral de 2013 y 2017, en el que recalcó la falsificación de tarjetas de identidad, la alteración de actas, votantes y la manipulación del sistema digital electoral.
Para la funcionaria en la negativa del Partido Nacional de aprobar la nueva Ley Electoral hay engaño, pues se había hecho público que la iniciativa se aprobaría por capítulos y en tres días, por lo que antes del 13 de septiembre debería estar publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
“La comunidad internacional estaba lista para que esta Ley fuera aprobada desde febrero o marzo y así socializarla antes de la convocatoria, pero esto no se hizo, se dilato un proceso con el propósito de no aprobar este tipo de temas. Hay posibilidades de enmendar, rectificar y el Partido Nacional si tiene voluntad puede aprobar estas reformas profundas”, enfatizó Rixi Moncada.
“Para desmontar el fraude es fundamental una nueva tarjeta de identidad, un nuevo censo depurado sin fallecidos ni migrantes. El año electoral se arranca con la convocatoria y de las primarias va a salir el nuevo presidente, nuestro deber y obligación es cumplir con la esencia del proceso, tener elecciones libres, democráticas y que respeten la soberanía popular”, demandó.
Por ahora la incertidumbre se impone ante un ambiente que empieza a ponerse tenso a un año de las elecciones generales del 2021.
Tegucigalpa, Honduras.- La convocatoria a elecciones primarias ya está lista e incluso publicada en el Diario Oficial La Gaceta, solo falta que los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), difundan el video donde hacen el llamado al proceso electoral del 2021.
En ese contexto, la magistrada del CNE, Rixi Moncada, dejó claro que ella no participará en la convocatoria porque desde su perspectiva es falsa, ilegal, inconstitucional e inaceptable.
Para Moncada convocar a elecciones con la vieja tarjeta de identidad, con el viejo censo y la vieja Ley Electoral, sería concretar la primera fase de un nuevo fraude en miras al 2021.
“Es una convocatoria falsa, que debe anularse, es una convocatoria que está alterada, es inaceptable”, dijo la consejera las primeras horas del domingo a una emisora radial capitalina.
“Se debe anular porque se basa en el censo electoral del 2017, que está lleno de fallecidos, corrupción e inconsistencias”, enfatizó Moncada.
Las declaraciones de Moncada llegan en el marco de un ambiente de tensión e incertidumbre que se desprende desde el Congreso Nacional, donde en las últimas horas la falta de acuerdos sobre la aprobación de la nueva Ley Electoral, ha conducido al país a la primera crisis del próximo proceso electoral de 2021.
“Denunció ante el pueblo hondureño esa ilegalidad, por eso no acompañaré esta convocatoria, no acompañare una convocatoria para un nuevo fraude electoral. Convocar con el censo electoral del 2017 es empezar a legalizar el fraude del 2021”, denunció la funcionaria.
Moncada dio a conocer esta semana los puntos clave que determinaron y permitieron el fraude electoral de 2013 y 2017, en el que recalcó la falsificación de tarjetas de identidad, la alteración de actas, votantes y la manipulación del sistema digital electoral.
Nota relacionada Magistrada del CNE revela cómo se impuso el fraude electoral de 2013 y 2017
“No hay norma legal que permita que se vaya a procesos electorales con documentos falsos y eso es lo que busca la falta de consensos sobre la nueva Ley Electoral, la cual dejaba claro que esos factores relacionados al censo y nueva tarjeta no se repetirían nuevamente”, siguió comentando Moncada.Para la funcionaria en la negativa del Partido Nacional de aprobar la nueva Ley Electoral hay engaño, pues se había hecho público que la iniciativa se aprobaría por capítulos y en tres días, por lo que antes del 13 de septiembre debería estar publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
“La comunidad internacional estaba lista para que esta Ley fuera aprobada desde febrero o marzo y así socializarla antes de la convocatoria, pero esto no se hizo, se dilato un proceso con el propósito de no aprobar este tipo de temas. Hay posibilidades de enmendar, rectificar y el Partido Nacional si tiene voluntad puede aprobar estas reformas profundas”, enfatizó Rixi Moncada.
“Para desmontar el fraude es fundamental una nueva tarjeta de identidad, un nuevo censo depurado sin fallecidos ni migrantes. El año electoral se arranca con la convocatoria y de las primarias va a salir el nuevo presidente, nuestro deber y obligación es cumplir con la esencia del proceso, tener elecciones libres, democráticas y que respeten la soberanía popular”, demandó.
Por ahora la incertidumbre se impone ante un ambiente que empieza a ponerse tenso a un año de las elecciones generales del 2021.
Magistrada del CNE revela cómo se impuso el fraude electoral de 2013 y 2017
septiembre 12, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Rixi Moncada, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), dio a conocer un informe sobre la auditoría realizada a los procesos electorales del 2013 y 2017, en los que fue declarado Juan Hernández como titular del Poder Ejecutivo.
El documento se denominó: “Derecho a conocer la verdad sobre lo que ocurrió durante las elecciones generales realizadas en 2009, 2013 y 2017”, el informe muestra documentación oficial del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), en lo que respecta a irregularidades particularmente de los últimos dos procesos democráticos en el país.
Con respecto a las elecciones generales del 2013, el informe expresa: “el proceso electoral de 2013 estuvo cargado a lo largo de su preparación y ejecución de las mismas anomalías y arbitrariedades que en el 2017. La parte culminante del fraude electoral contra la candidata del Partido de la Resistencia (Xiomara Castro), se produjo en 3,600 actas, en las cuales se torció la tendencia, caracterizada por su elevada improbabilidad estadística”.
Según el material adjunto en el reporte documental, la magistrada explica que la tendencia ganadora hasta las primeras horas de la noche era Xiomara Castro, pero que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de ese momento dieron a conocer otra tendencia.
“Cuando la tendencia ganadora se hizo irreversible y la candidata se declaró ganadora a las 7:45 pm del domingo 24 de noviembre de aquél año, quince minutos más tarde el Tribunal en cadena nacional, anunció una tendencia diferente”, cita el informe.
Sobre el tema el documento abona: “en los días subsiguientes, se mostraron abundantes pruebas y análisis sobre la alteración y manipulación de los resultados de aquéllas 3,600 actas, pero el Pleno de Magistrados actuó como representante de los ganadores, no como árbitro electoral garante del respeto de la soberanía popular”.
Fue así como Juan Orlando Hernández consolidó su primer fraude, valora Rixi Moncada, magistrada del CNE.
Heidee Fulton fue al TSE a validar el «triunfo» de Juan Hernández Otro punto detallado en el documento es la injerencia de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la cual ante las denuncias de fraude en 2013, hizo un paso al costado y decidió respaldar a Juan Hernández.
El fraude tecnológico del 2017
Los factores tecnológicos jugaron un papel determinante para consolidar la reelección de Juan Hernández en el poder, según el informe presentado en las últimas horas. El Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación (SIEDE), fue una de las áreas más manipuladas para crear el fraude.
“El día miércoles 29 de noviembre de 2017, el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE), presentó fallas durante 13 horas, de las cuales durante seis horas no estuvo disponible”, enfatiza Moncada.
Este sistema fue el encargado del registro de toda la actividad electoral y era pieza toral para la administración del sistema de votaciones de cara al proceso del 2017.
“El TSE declaró en emergencia la transmisión/comunicación de 5,174 actas en el nivel presidencial, liberando a las empresas CLARO Y TIGO de responsabilidad y declarando falla en el servidor de base de datos, instaurando en el INFOP, un nuevo proceso o flujo con accesos remotos no estipulados, un nuevo SIEDE para transmitir y procesar las 5,174 actas faltantes a través del escrutinio especial”, cuenta la documentación.
En la auditoría se explica: “cabe destacar que se otorgó el Contrato No. 2 de fecha 4 de diciembre del 2017 para la continuidad del sistema de auditoría para los procesos de elecciones, y se amplía el contrato con el Consultor Internacional Theodoro Dale Vukanovich (QEPD), para el recuento de votos de todas las urnas que después de interrumpir el sistema no fueron transmitidas la noche de las elecciones”.
La auditoría concluyó que la manipulación de este sistema fue un factor fundamental para revertir una tendencia que matemáticamente era inmodificable.
“La Auditoría Acotada realizada por la Misión Técnica de la OEA, reporta en resumen: que se borró la información del servidor y se volvió a instalar todos los programas desde cero; restauraron una copia de respaldo de la base de datos que hicieron el mismo día, cuando el sistema fallaba”.
“Tercero, no hubo controles de revisión (auditoría) al software de transcripción de los resultados y que la misma empresa que desarrolló, fue quien hizo las inspecciones, convirtiéndose en juez y parte”.
“Cuarto, el equipo técnico cuestiona la integridad y seguridad de los datos “la presencia de material sensible en un espacio impropio, indica que habían archivos de actas en una carpeta de un servidor que no pertenecía a los servidores de recepción de actas, este servidor incluso era controlado de manera externa por terceros (Una Empresa), estos técnicos utilizaban usuarios y contraseñas Administrativas (Maestras) que podrían permitir acceso a otros servidores dentro del sistema”.
“Quinto, en las bitácoras entregadas a la misión técnica, sobre los servidores que utilizaron en el INFOP para el escaneo, las actas estaban incompletas, sin fechas ni horas, es decir eran inservibles para hacer una auditoría”.
“Sexto, la imagen contenida en el Informe de la Auditoría Acotada, muestra el registro de un servidor de Base de datos en el INFOP, guardando las actas recibidas”, cita la auditoría publicada por Moncada a través del CNE.
Tres etapas de fraude
El examen de auditoría concluyó que ante la alteración de la evidencia digital citada, muestra que en el 2017 hubo tres momentos de fraude. El primero consiste en el uso de información adulterada de los votantes para aumentar el volumen de votación de la parte ejecutora.
“La segunda etapa consiste y se inicia en el conteo en las mesas, pasa por la transmisión de resultados, por donde entra a una etapa de manipulación informática y llega hasta el apagón electoral caracterizado por la caída del sistema 640 veces, culminando con la elaboración de más de 5,000 actas nuevas, que esencialmente elimina los resultados de las actas originales y las reemplaza por nuevos datos”.
“La tercera parte consiste en el borrado sistemático de todos los rastros físicos e informáticos en los software, servidores y bases de datos que concluyen con la ausencia absoluta de información que sirva para confirmar o descartar el crimen de adulteración de la voluntad popular, el fraude”, explica la auditoría.
Otra de las conclusiones es que los fraudes electorales del 2013 y 2017 han sido el producto de conspiraciones entre grupos de poder en Honduras. “Son crímenes cometidos por un grupo político, que dispone de las ventajas propias del poder, y que cuenta con la complicidad de actores claves, internos y externos, cuyo móvil es evitar cambios sensibles que las mayorías votantes escogen por su claro desacuerdo con el orden establecido, no son el resultado de un cúmulo de errores o de hechos anómalos si no una conspiración para la comisión de un crimen de lesa Patria”.
Finalmente se enfatizó en el papel de la SIEDE. “No existe a la fecha una investigación sobre el SIEDE compuesto de sesenta y un servidores, y el cual no fue objeto de auditoría forense. La única auditoría practicada durante el proceso electoral, fue hecha por los mismos consultores responsables del SIEDE que se convirtieron en Juez y Parte. Tampoco los servidores de las empresas TIGO y CLARO donde deben constar hasta su finalización, los log o bitácoras del APN privado del día de las elecciones; y los servidores de los partidos políticos donde se registra la transmisión por su enlace directo al TSE”.
Durante el proceso electoral general realizado el 26 de noviembre de 2017, en el cual el Tribunal Supremo Electoral declaró como ganador en la fórmula presidencial al Candidato Juan Orlando Hernández Alvarado del Partido Nacional (1.410.220 votos), para el período 36 2018-2022, con una diferencia de 51,070 votos sobre el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura (1.359.150 votos), el SIEDE, escaneó, consolidó, validó e integró los datos contenidos en las imágenes de las actas de cierre de cada mesa electoral receptora, para después divulgar los resultados electorales y validarlas como un escrutinio general definitivo.
Según los informes de la Misión Técnica de la OEA, el sistema electoral fue objeto de intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas.
Una historia que tiende a repetirse
El ambiente electoral está tenso en Honduras, la previa de las elecciones primarias y generales ha dejado denuncias de partidos de oposición sobre intenciones del oficialismo de implementar un nuevo fraude electoral.
Las denuncias se sustentan en la negativa del oficialismo por aprobar reformas electorales profundas como la segunda vuelta y la aplicación de transformaciones al sistema tecnológico que manejan las elecciones.
Salvador Nasralla ex presidenciable por la Alianza de Oposición y ahora candidato por el Partido Salvador de Honduras, denunció en conferencia de prensa que en este momento se está construyendo el fraude electoral para las próximas elecciones.
La denuncia de Nasralla se da en el marco de la discusión de reformas electorales en el Congreso Nacional y también en la elaboración del censo que dará vida a una nueva tarjeta de identidad.
Para Nasralla es urgente que se tomen medidas y parar de inmediato el enrolamiento, pues ellos han detectado irregularidades que pueden pasar factura en los comicios del próximo año.
En tal sentido, el dirigente político cuestionó a las autoridades del Ministerio Público, quienes no han sido capaces de investigar los hechos del 2017 y 2013 y proceder judicialmente contra los responsables del fraude.
Por ahora en Honduras no hay procesos judiciales abiertos contra los responsables de montar el fraude electoral del 2017 y que dio paso a la continuidad de Juan Hernández al frente del Poder Ejecutivo.
Tegucigalpa.- Rixi Moncada, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), dio a conocer un informe sobre la auditoría realizada a los procesos electorales del 2013 y 2017, en los que fue declarado Juan Hernández como titular del Poder Ejecutivo.
El documento se denominó: “Derecho a conocer la verdad sobre lo que ocurrió durante las elecciones generales realizadas en 2009, 2013 y 2017”, el informe muestra documentación oficial del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), en lo que respecta a irregularidades particularmente de los últimos dos procesos democráticos en el país.
Con respecto a las elecciones generales del 2013, el informe expresa: “el proceso electoral de 2013 estuvo cargado a lo largo de su preparación y ejecución de las mismas anomalías y arbitrariedades que en el 2017. La parte culminante del fraude electoral contra la candidata del Partido de la Resistencia (Xiomara Castro), se produjo en 3,600 actas, en las cuales se torció la tendencia, caracterizada por su elevada improbabilidad estadística”.
Según el material adjunto en el reporte documental, la magistrada explica que la tendencia ganadora hasta las primeras horas de la noche era Xiomara Castro, pero que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de ese momento dieron a conocer otra tendencia.
“Cuando la tendencia ganadora se hizo irreversible y la candidata se declaró ganadora a las 7:45 pm del domingo 24 de noviembre de aquél año, quince minutos más tarde el Tribunal en cadena nacional, anunció una tendencia diferente”, cita el informe.
Sobre el tema el documento abona: “en los días subsiguientes, se mostraron abundantes pruebas y análisis sobre la alteración y manipulación de los resultados de aquéllas 3,600 actas, pero el Pleno de Magistrados actuó como representante de los ganadores, no como árbitro electoral garante del respeto de la soberanía popular”.
Fue así como Juan Orlando Hernández consolidó su primer fraude, valora Rixi Moncada, magistrada del CNE.
Heidee Fulton fue al TSE a validar el «triunfo» de Juan Hernández Otro punto detallado en el documento es la injerencia de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, la cual ante las denuncias de fraude en 2013, hizo un paso al costado y decidió respaldar a Juan Hernández.
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“Varios recursos fueron presentados en todas las instancias posibles sin obtener resolución. Fue decisiva la intervención abierta de Lisa Kubiske, encargada de negocios de la Embajada Americana, quien se dio a la tarea de hacer ver los resultados como legítimos y se impuso a Juan Orlando Hernández como Jefe de Estado con un 36% de los votos, que no había ganado”, revela el documento.El fraude tecnológico del 2017
Los factores tecnológicos jugaron un papel determinante para consolidar la reelección de Juan Hernández en el poder, según el informe presentado en las últimas horas. El Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación (SIEDE), fue una de las áreas más manipuladas para crear el fraude.
“El día miércoles 29 de noviembre de 2017, el Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral (SIEDE), presentó fallas durante 13 horas, de las cuales durante seis horas no estuvo disponible”, enfatiza Moncada.
Este sistema fue el encargado del registro de toda la actividad electoral y era pieza toral para la administración del sistema de votaciones de cara al proceso del 2017.
“El TSE declaró en emergencia la transmisión/comunicación de 5,174 actas en el nivel presidencial, liberando a las empresas CLARO Y TIGO de responsabilidad y declarando falla en el servidor de base de datos, instaurando en el INFOP, un nuevo proceso o flujo con accesos remotos no estipulados, un nuevo SIEDE para transmitir y procesar las 5,174 actas faltantes a través del escrutinio especial”, cuenta la documentación.
En la auditoría se explica: “cabe destacar que se otorgó el Contrato No. 2 de fecha 4 de diciembre del 2017 para la continuidad del sistema de auditoría para los procesos de elecciones, y se amplía el contrato con el Consultor Internacional Theodoro Dale Vukanovich (QEPD), para el recuento de votos de todas las urnas que después de interrumpir el sistema no fueron transmitidas la noche de las elecciones”.
La auditoría concluyó que la manipulación de este sistema fue un factor fundamental para revertir una tendencia que matemáticamente era inmodificable.
“La Auditoría Acotada realizada por la Misión Técnica de la OEA, reporta en resumen: que se borró la información del servidor y se volvió a instalar todos los programas desde cero; restauraron una copia de respaldo de la base de datos que hicieron el mismo día, cuando el sistema fallaba”.
Nota relacionada Vea el vídeo donde un experto hondureño revela como se hizo el fraude electoral
“Segundo, los técnicos tenían Imágenes de unas Actas desconocidas en una carpeta fuera del sistema general y a los servidores ingresaba personal externo de forma remota. No utilizaron las medidas de seguridad generalmente aceptadas cuando el sistema se calló 640 veces; y movían servidores de un lugar a otro sin dar cuentas de la información que había almacenada”.“Tercero, no hubo controles de revisión (auditoría) al software de transcripción de los resultados y que la misma empresa que desarrolló, fue quien hizo las inspecciones, convirtiéndose en juez y parte”.
“Cuarto, el equipo técnico cuestiona la integridad y seguridad de los datos “la presencia de material sensible en un espacio impropio, indica que habían archivos de actas en una carpeta de un servidor que no pertenecía a los servidores de recepción de actas, este servidor incluso era controlado de manera externa por terceros (Una Empresa), estos técnicos utilizaban usuarios y contraseñas Administrativas (Maestras) que podrían permitir acceso a otros servidores dentro del sistema”.
“Quinto, en las bitácoras entregadas a la misión técnica, sobre los servidores que utilizaron en el INFOP para el escaneo, las actas estaban incompletas, sin fechas ni horas, es decir eran inservibles para hacer una auditoría”.
“Sexto, la imagen contenida en el Informe de la Auditoría Acotada, muestra el registro de un servidor de Base de datos en el INFOP, guardando las actas recibidas”, cita la auditoría publicada por Moncada a través del CNE.
Tres etapas de fraude
El examen de auditoría concluyó que ante la alteración de la evidencia digital citada, muestra que en el 2017 hubo tres momentos de fraude. El primero consiste en el uso de información adulterada de los votantes para aumentar el volumen de votación de la parte ejecutora.
“La segunda etapa consiste y se inicia en el conteo en las mesas, pasa por la transmisión de resultados, por donde entra a una etapa de manipulación informática y llega hasta el apagón electoral caracterizado por la caída del sistema 640 veces, culminando con la elaboración de más de 5,000 actas nuevas, que esencialmente elimina los resultados de las actas originales y las reemplaza por nuevos datos”.
“La tercera parte consiste en el borrado sistemático de todos los rastros físicos e informáticos en los software, servidores y bases de datos que concluyen con la ausencia absoluta de información que sirva para confirmar o descartar el crimen de adulteración de la voluntad popular, el fraude”, explica la auditoría.
Otra de las conclusiones es que los fraudes electorales del 2013 y 2017 han sido el producto de conspiraciones entre grupos de poder en Honduras. “Son crímenes cometidos por un grupo político, que dispone de las ventajas propias del poder, y que cuenta con la complicidad de actores claves, internos y externos, cuyo móvil es evitar cambios sensibles que las mayorías votantes escogen por su claro desacuerdo con el orden establecido, no son el resultado de un cúmulo de errores o de hechos anómalos si no una conspiración para la comisión de un crimen de lesa Patria”.
Finalmente se enfatizó en el papel de la SIEDE. “No existe a la fecha una investigación sobre el SIEDE compuesto de sesenta y un servidores, y el cual no fue objeto de auditoría forense. La única auditoría practicada durante el proceso electoral, fue hecha por los mismos consultores responsables del SIEDE que se convirtieron en Juez y Parte. Tampoco los servidores de las empresas TIGO y CLARO donde deben constar hasta su finalización, los log o bitácoras del APN privado del día de las elecciones; y los servidores de los partidos políticos donde se registra la transmisión por su enlace directo al TSE”.
Durante el proceso electoral general realizado el 26 de noviembre de 2017, en el cual el Tribunal Supremo Electoral declaró como ganador en la fórmula presidencial al Candidato Juan Orlando Hernández Alvarado del Partido Nacional (1.410.220 votos), para el período 36 2018-2022, con una diferencia de 51,070 votos sobre el candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura (1.359.150 votos), el SIEDE, escaneó, consolidó, validó e integró los datos contenidos en las imágenes de las actas de cierre de cada mesa electoral receptora, para después divulgar los resultados electorales y validarlas como un escrutinio general definitivo.
Según los informes de la Misión Técnica de la OEA, el sistema electoral fue objeto de intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas.
El fraude de 2017 provocó que los hondureños se lanzaran a las calles a exigir el triunfo de la Alianza de Oposición contra la Dictadura
El ambiente electoral está tenso en Honduras, la previa de las elecciones primarias y generales ha dejado denuncias de partidos de oposición sobre intenciones del oficialismo de implementar un nuevo fraude electoral.
Las denuncias se sustentan en la negativa del oficialismo por aprobar reformas electorales profundas como la segunda vuelta y la aplicación de transformaciones al sistema tecnológico que manejan las elecciones.
Salvador Nasralla ex presidenciable por la Alianza de Oposición y ahora candidato por el Partido Salvador de Honduras, denunció en conferencia de prensa que en este momento se está construyendo el fraude electoral para las próximas elecciones.
La denuncia de Nasralla se da en el marco de la discusión de reformas electorales en el Congreso Nacional y también en la elaboración del censo que dará vida a una nueva tarjeta de identidad.
Para Nasralla es urgente que se tomen medidas y parar de inmediato el enrolamiento, pues ellos han detectado irregularidades que pueden pasar factura en los comicios del próximo año.
En tal sentido, el dirigente político cuestionó a las autoridades del Ministerio Público, quienes no han sido capaces de investigar los hechos del 2017 y 2013 y proceder judicialmente contra los responsables del fraude.
Por ahora en Honduras no hay procesos judiciales abiertos contra los responsables de montar el fraude electoral del 2017 y que dio paso a la continuidad de Juan Hernández al frente del Poder Ejecutivo.
Convocatoria a elecciones es falsa y está viciada de nulidad: Mel Zelaya
septiembre 13, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras . – El expresidente de Honduras José Manuel «Mel» Zelaya Rosales (2006-2009), víctima de un Golpe de Estado faltando seis meses para terminar su mandato, habló con Criterio.hn sobre la convocatoria a elecciones sin haberse aprobado la nueva Ley Electoral, ir a elecciones sin un nuevo documento de identidad ni un nuevo censo electoral , la ausencia de una segunda vuelta, los pactos con Mauricio Oliva del Partido Nacional y Mario Segura del Partido Liberal, el papel de los Estados Unidos en la construcción de este proceso electoral, el sistema de transmisión de resultados, las posibles alianzas con Salvador Nasralla y el Partido Liberal de cara a los comicios generales de 2021 y los cuestionamientos por supuestos intereses de Libre en asunto de elecciones primarias e internas.
Las declaraciones del expresidente se dan previo a la declaratoria a elecciones que este domingo debe hacer la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, quien abrirá hoy el próximo proceso electoral de 2021.
Criterio.hn (C): ¿qué opina sobre convocar a elecciones sin haber aprobado la nueva Ley Electoral?
Manuel Zelaya Rosales (MZR): La convocatoria que se hace para elecciones debe tener transparencia, seguridad y garantizar el respeto a la voluntad popular, esas condiciones no están dadas para esta convocatoria. Desde luego que está en proceso la elaboración de un censo electoral, pero no está terminado, está en proceso la discusión de una nueva Ley Electoral -que cambia las reglas del juego en varios aspectos. El objetivo de todo esto es que el censo sea abierto, libre y transparente, que no haya muertos ni duplicaciones de tarjetas de identidad de migrantes que duplican las tarjetas y que el censo refleje realmente quiénes están facultados para elegir a un gobierno que nazca la voluntad popular.
(C): Se considera que convocar a elecciones con la Ley Electoral vigente es peligroso ya que no existe la retroactividad, ¿qué sabe de cómo puede ser esta convocatoria?
(MZR) Esa convocatoria es falsa y está viciada de toda nulidad. Entiendo que es una violación total a los derechos del pueblo que quiere tener unas elecciones limpias y transparentes.
(C): ¿Cuál es la posición de Libre de ante las acusaciones sobre intereses de Libre en relación con elecciones primarias e internas?
(MZR) Bueno, nosotros tenemos una sola posición. Elecciones limpias, transparentes y donde se reflejen que la soberanía corresponde al pueblo y no a la sumatoria de actas fraudulentas o a las imposiciones que se hacen a través de los mecanismos falsos que ya le mencioné. Esa es la única posición de que estamos tratando de posicionar.
(MZR): La segunda vuelta electoral la está apoyando el Partido Liberal y Libre, pero nosotros lógicamente, los únicos consensos que logramos alcanzar es cuando la dictadura está anuente a alcanzarlos. Porque todos están de acuerdo en algunos puntos específicos. Consenso quiere decir que usted no está de acuerdo en todo pero que aceptó llegar a algún acuerdo. La segunda vuelta el Partido Nacional no la quiere, por tanto, no se aprueba. Si la segunda vuelta el Partido Nacional dijera: mañana se aprueba, mañana se aprueba, porque están listos los votos liberales y los votos de Libre.
(C): ¿Usted cree que Juan Hernández tiene posibilidades reales de reelegirse?
(MZR): Creo que Juan Orlando no pueda participar por varias razones, primero el Partido Nacional tomó una resolución y está escrita en la convención que no lo apoyan para una reelección. Después el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido con Rixi Moncada y con el voto de Ana Paola Hall, se tomó una decisión de que no lo van a inscribir si manda él su inscripción. Así que él no podría participar bajo ningún mecanismo.
(C): ¿Qué piensa usted de que se siga contratando afuera un sistema de transmisión de resultados, que se cayó innumerables veces las elecciones pasadas?
(MZR): Las áreas en donde se usurpa la voluntad son varias. Primero en la campaña política, porque aquí hacen campaña política el que tiene más recursos y más poder, y en eso, el Estado tiene Gobierno, recursos públicos saqueados como el caso Pandora, IHSS, Vida Mejor, desde ahí ya comienza la concepción del fraude. La segunda área es el censo, del que ya hablamos. La tercera son las mesas electorales, la composición de estas con partidos fantasmas. La cuarta, es la elaboración del acta electoral. Y el quinto es la transmisión del acta electoral, que le usted transmisión de resultados. Y, sexto lugar, son las sumatorias de todas esas actas, sumatorias tanto municipales como departamentales y por último las sumatorias nacionales. Si usted quiere que hablemos de fraude, tenemos que hablar de todo esto qué consiste un fraude electoral no solo de un pedacito del fraude.
(C): Mario Segura, presidente de la comisión de Dictamen, habló acerca de los consensos y pactos entre él, usted y Mauricio Oliva, ¿qué opina usted de la decisión de Mario Segura de hacer públicas estas negociaciones políticas que se hacen fuera del Congreso Nacional o en las altas esferas?
(MZR) No hay ninguna manera de llegar a acuerdos si no es a través de un consenso. Nosotros no reconocemos al Poder Ejecutivo, porque Juan Orlando engaña, miente, dice una cosa y hace otra. Pero sí reconocemos al Congreso Nacional y a las alcaldías municipales. O sea, Libre no tiene tratos con el Poder Ejecutivo y no tendrá tratos nunca con él, porque es ilegítimo. En el Poder Legislativo tenemos 30 diputados titulares y 30 suplentes, al igual que en las alcaldías donde tenemos 500 regidores en todo el país. Ahí hacemos acuerdos por consensos y todos son acuerdos públicos. Sí hicimos un acuerdo. Mario Segura ha sido uno de los principales garantes de ese acuerdo porque él participó en todos los debates y discusiones en representación del Partido Liberal de Honduras y de la bancada del Partido Liberal. Mario ha jugado un gran papel en nombre del Partido Liberal. Se lograron los acuerdos y se firmó el dictamen después de un año de trabajo. Son miles y miles de horas de trabajo que se han consumido. Comisiones técnicas y trabajos internacionales, trabajo en equipo. Se firmaron los acuerdos y en qué consistían. Lo firmó el Partido Nacional, partido Libre y los demás partidos. El acuerdo era que la convocatoria se haría con la nueva Ley, nueva tarjeta de identidad y nuevo censo. Y que la convocatoria llevaba ya otra dinámica para las elecciones. Pero el Partido Nacional rompió esos acuerdos, de toda la palabra, no cumplió y se declaró nulo todo lo que se ha estado haciendo. Cuando convoca sin respetar los acuerdos y con la vieja Ley, con el censo podrido de la corrupción de las elecciones de 2017, lo que están haciendo es rompiendo acuerdos y engañando al pueblo. En ese sentido nosotros hemos denunciado porque no estamos dispuestos a avalar eso y queremos que se respete la intención del pueblo hondureño para elegir el gobierno que el pueblo quiere, no el que quieren los militares ni un grupo aquí.
(C): ¿Bajo qué mecanismo ustedes pretenden que se respete la voluntad popular?
(MZR): Por todos los mecanismos, nosotros somos un partido democrático y escogimos las urnas y no las armas. Hemos participado aún después del Golpe de Estado de 2009, aún en los momentos más difíciles. Una mujer ya le ganó al bipartidismo de más de 100 años: Xiomara Castro en 2013. Luego con Salvador Nasralla ganamos cuando nos unimos en alianza el Pinu, el Pac y Libre y ahora estamos convencidos de que ganaremos las elecciones de 2021. Esta vez estamos preparados para la toma del poder. Así que no se engañen, que es para fuera que van.
(C): Luis Zelaya y Salvador Nasralla están coqueteando con una posible alianza, ¿estaría dispuesto a que el partido Libre se sume en una alianza de cara al próximo proceso electoral?
(MZR): Libre es el partido de alianzas en el país. Aquí el único partido que ha hecho alianzas victoriosas, con éxito, es Libre. Hicimos alianzas en el 2013 con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Las ganamos, pero se las robó Juan Orlando en 3 mil urnas que nunca las quiso abrir, ni el Tribunal de Elecciones ni la Corte de Justicia. Hicimos alianzas en el 2017, las ganamos y se robaron las elecciones haciendo 5 mil actas nuevas apoyadas por la Embajada de los Estados Unidos (EE. UU). Somos el partido de las alianzas. El que no quiso hacer alianzas el periodo pasado fue el Central Ejecutivo del Partido Liberal (CEPL), con Luis Zelaya. Se quedaron afuera. Si hubieran hecho la alianza hubiéramos llegado a un millón 850 mil votos. Y ningún fraude hubiera sido capaz de vencer esa alianza. Pero ahora, creo que no estamos en el momento este año de las alianzas, porque sus partidos no han definido a sus líderes. Después del 14 de marzo de 2021 vamos a las alianzas en el mes de mayo. Así que estén listos para las alianzas que serán con todo el que comulgue con el propósito de quitar del poder a la dictadura.
(C): Algunos analistas han dicho que EE. UU no tiene ningún interés en interferir en las elecciones de Honduras, pero en la memoria todavía persiste cuando Heidee B. Fulton, la entonces encargada de Negocios de la Embajada de EE. UU entró al TSE en 2017 y prácticamente nombró a Juan Hernández ganador del proceso electoral, ¿usted que conoce muy bien a los Estados Unidos, cómo ha visto a este país en cuanto a su participación a través de sus organismos afines como la OEA en esta estructuración de este próximo electoral?
(MZR): Mire, las potencias ahí están y ahí han estado históricamente. Los imperios. Las grandes naciones llenas de armas y de dinero. El problema es que hay hondureños que doblan la cabeza, que doblan su espina dorsal y les limpian con la lengua los zapatos y las botas. Ese es el problema de este gobierno nacionalista. Honduras necesita dignidad e independencia y eso es lo que les falta a ellos, un poco de coraje y amor a la patria para pararse enfrente y hacerse respetar con reciprocidad y respeto ante todas las naciones del mundo.
Honduras a elecciones primarias en medio de polémica e incertidumbre
Tegucigalpa, Honduras . – El expresidente de Honduras José Manuel «Mel» Zelaya Rosales (2006-2009), víctima de un Golpe de Estado faltando seis meses para terminar su mandato, habló con Criterio.hn sobre la convocatoria a elecciones sin haberse aprobado la nueva Ley Electoral, ir a elecciones sin un nuevo documento de identidad ni un nuevo censo electoral , la ausencia de una segunda vuelta, los pactos con Mauricio Oliva del Partido Nacional y Mario Segura del Partido Liberal, el papel de los Estados Unidos en la construcción de este proceso electoral, el sistema de transmisión de resultados, las posibles alianzas con Salvador Nasralla y el Partido Liberal de cara a los comicios generales de 2021 y los cuestionamientos por supuestos intereses de Libre en asunto de elecciones primarias e internas.
Las declaraciones del expresidente se dan previo a la declaratoria a elecciones que este domingo debe hacer la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, quien abrirá hoy el próximo proceso electoral de 2021.
Criterio.hn (C): ¿qué opina sobre convocar a elecciones sin haber aprobado la nueva Ley Electoral?
Manuel Zelaya Rosales (MZR): La convocatoria que se hace para elecciones debe tener transparencia, seguridad y garantizar el respeto a la voluntad popular, esas condiciones no están dadas para esta convocatoria. Desde luego que está en proceso la elaboración de un censo electoral, pero no está terminado, está en proceso la discusión de una nueva Ley Electoral -que cambia las reglas del juego en varios aspectos. El objetivo de todo esto es que el censo sea abierto, libre y transparente, que no haya muertos ni duplicaciones de tarjetas de identidad de migrantes que duplican las tarjetas y que el censo refleje realmente quiénes están facultados para elegir a un gobierno que nazca la voluntad popular.
(C): Se considera que convocar a elecciones con la Ley Electoral vigente es peligroso ya que no existe la retroactividad, ¿qué sabe de cómo puede ser esta convocatoria?
(MZR) Esa convocatoria es falsa y está viciada de toda nulidad. Entiendo que es una violación total a los derechos del pueblo que quiere tener unas elecciones limpias y transparentes.
(C): ¿Cuál es la posición de Libre de ante las acusaciones sobre intereses de Libre en relación con elecciones primarias e internas?
(MZR) Bueno, nosotros tenemos una sola posición. Elecciones limpias, transparentes y donde se reflejen que la soberanía corresponde al pueblo y no a la sumatoria de actas fraudulentas o a las imposiciones que se hacen a través de los mecanismos falsos que ya le mencioné. Esa es la única posición de que estamos tratando de posicionar.
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(C): ¿Cómo se posiciona usted ante la falta de debate en el Congreso Nacional para exigir una segunda vuelta electoral?(MZR): La segunda vuelta electoral la está apoyando el Partido Liberal y Libre, pero nosotros lógicamente, los únicos consensos que logramos alcanzar es cuando la dictadura está anuente a alcanzarlos. Porque todos están de acuerdo en algunos puntos específicos. Consenso quiere decir que usted no está de acuerdo en todo pero que aceptó llegar a algún acuerdo. La segunda vuelta el Partido Nacional no la quiere, por tanto, no se aprueba. Si la segunda vuelta el Partido Nacional dijera: mañana se aprueba, mañana se aprueba, porque están listos los votos liberales y los votos de Libre.
(C): ¿Usted cree que Juan Hernández tiene posibilidades reales de reelegirse?
(MZR): Creo que Juan Orlando no pueda participar por varias razones, primero el Partido Nacional tomó una resolución y está escrita en la convención que no lo apoyan para una reelección. Después el Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido con Rixi Moncada y con el voto de Ana Paola Hall, se tomó una decisión de que no lo van a inscribir si manda él su inscripción. Así que él no podría participar bajo ningún mecanismo.
(C): ¿Qué piensa usted de que se siga contratando afuera un sistema de transmisión de resultados, que se cayó innumerables veces las elecciones pasadas?
(MZR): Las áreas en donde se usurpa la voluntad son varias. Primero en la campaña política, porque aquí hacen campaña política el que tiene más recursos y más poder, y en eso, el Estado tiene Gobierno, recursos públicos saqueados como el caso Pandora, IHSS, Vida Mejor, desde ahí ya comienza la concepción del fraude. La segunda área es el censo, del que ya hablamos. La tercera son las mesas electorales, la composición de estas con partidos fantasmas. La cuarta, es la elaboración del acta electoral. Y el quinto es la transmisión del acta electoral, que le usted transmisión de resultados. Y, sexto lugar, son las sumatorias de todas esas actas, sumatorias tanto municipales como departamentales y por último las sumatorias nacionales. Si usted quiere que hablemos de fraude, tenemos que hablar de todo esto qué consiste un fraude electoral no solo de un pedacito del fraude.
(C): Mario Segura, presidente de la comisión de Dictamen, habló acerca de los consensos y pactos entre él, usted y Mauricio Oliva, ¿qué opina usted de la decisión de Mario Segura de hacer públicas estas negociaciones políticas que se hacen fuera del Congreso Nacional o en las altas esferas?
(MZR) No hay ninguna manera de llegar a acuerdos si no es a través de un consenso. Nosotros no reconocemos al Poder Ejecutivo, porque Juan Orlando engaña, miente, dice una cosa y hace otra. Pero sí reconocemos al Congreso Nacional y a las alcaldías municipales. O sea, Libre no tiene tratos con el Poder Ejecutivo y no tendrá tratos nunca con él, porque es ilegítimo. En el Poder Legislativo tenemos 30 diputados titulares y 30 suplentes, al igual que en las alcaldías donde tenemos 500 regidores en todo el país. Ahí hacemos acuerdos por consensos y todos son acuerdos públicos. Sí hicimos un acuerdo. Mario Segura ha sido uno de los principales garantes de ese acuerdo porque él participó en todos los debates y discusiones en representación del Partido Liberal de Honduras y de la bancada del Partido Liberal. Mario ha jugado un gran papel en nombre del Partido Liberal. Se lograron los acuerdos y se firmó el dictamen después de un año de trabajo. Son miles y miles de horas de trabajo que se han consumido. Comisiones técnicas y trabajos internacionales, trabajo en equipo. Se firmaron los acuerdos y en qué consistían. Lo firmó el Partido Nacional, partido Libre y los demás partidos. El acuerdo era que la convocatoria se haría con la nueva Ley, nueva tarjeta de identidad y nuevo censo. Y que la convocatoria llevaba ya otra dinámica para las elecciones. Pero el Partido Nacional rompió esos acuerdos, de toda la palabra, no cumplió y se declaró nulo todo lo que se ha estado haciendo. Cuando convoca sin respetar los acuerdos y con la vieja Ley, con el censo podrido de la corrupción de las elecciones de 2017, lo que están haciendo es rompiendo acuerdos y engañando al pueblo. En ese sentido nosotros hemos denunciado porque no estamos dispuestos a avalar eso y queremos que se respete la intención del pueblo hondureño para elegir el gobierno que el pueblo quiere, no el que quieren los militares ni un grupo aquí.
(C): ¿Bajo qué mecanismo ustedes pretenden que se respete la voluntad popular?
(MZR): Por todos los mecanismos, nosotros somos un partido democrático y escogimos las urnas y no las armas. Hemos participado aún después del Golpe de Estado de 2009, aún en los momentos más difíciles. Una mujer ya le ganó al bipartidismo de más de 100 años: Xiomara Castro en 2013. Luego con Salvador Nasralla ganamos cuando nos unimos en alianza el Pinu, el Pac y Libre y ahora estamos convencidos de que ganaremos las elecciones de 2021. Esta vez estamos preparados para la toma del poder. Así que no se engañen, que es para fuera que van.
(C): Luis Zelaya y Salvador Nasralla están coqueteando con una posible alianza, ¿estaría dispuesto a que el partido Libre se sume en una alianza de cara al próximo proceso electoral?
(MZR): Libre es el partido de alianzas en el país. Aquí el único partido que ha hecho alianzas victoriosas, con éxito, es Libre. Hicimos alianzas en el 2013 con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Las ganamos, pero se las robó Juan Orlando en 3 mil urnas que nunca las quiso abrir, ni el Tribunal de Elecciones ni la Corte de Justicia. Hicimos alianzas en el 2017, las ganamos y se robaron las elecciones haciendo 5 mil actas nuevas apoyadas por la Embajada de los Estados Unidos (EE. UU). Somos el partido de las alianzas. El que no quiso hacer alianzas el periodo pasado fue el Central Ejecutivo del Partido Liberal (CEPL), con Luis Zelaya. Se quedaron afuera. Si hubieran hecho la alianza hubiéramos llegado a un millón 850 mil votos. Y ningún fraude hubiera sido capaz de vencer esa alianza. Pero ahora, creo que no estamos en el momento este año de las alianzas, porque sus partidos no han definido a sus líderes. Después del 14 de marzo de 2021 vamos a las alianzas en el mes de mayo. Así que estén listos para las alianzas que serán con todo el que comulgue con el propósito de quitar del poder a la dictadura.
(C): Algunos analistas han dicho que EE. UU no tiene ningún interés en interferir en las elecciones de Honduras, pero en la memoria todavía persiste cuando Heidee B. Fulton, la entonces encargada de Negocios de la Embajada de EE. UU entró al TSE en 2017 y prácticamente nombró a Juan Hernández ganador del proceso electoral, ¿usted que conoce muy bien a los Estados Unidos, cómo ha visto a este país en cuanto a su participación a través de sus organismos afines como la OEA en esta estructuración de este próximo electoral?
(MZR): Mire, las potencias ahí están y ahí han estado históricamente. Los imperios. Las grandes naciones llenas de armas y de dinero. El problema es que hay hondureños que doblan la cabeza, que doblan su espina dorsal y les limpian con la lengua los zapatos y las botas. Ese es el problema de este gobierno nacionalista. Honduras necesita dignidad e independencia y eso es lo que les falta a ellos, un poco de coraje y amor a la patria para pararse enfrente y hacerse respetar con reciprocidad y respeto ante todas las naciones del mundo.
Por: Redacción CRITERIO.HN recaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo
Nacional Electoral (CNE) ha convocado a elecciones primarias para el
2021 en un ambiente de polémica, incertidumbre y acusaciones de
intenciones de fraude.
El fuego cruzado entre las fuerzas políticas se ha evidenciado en las acusaciones de la oposición contra el Partido Nacional de construir un nuevo fraude para continuar en el poder, mientras tanto, el oficialismo ha acusado a los opositores de ser radicales que se oponen a la democracia.
El CNE procedió a dar lectura al documento oficial de la convocatoria sin la participación de la consejera Rixi Moncada, quien previamente anunció que no participaría del evento porque calificaba la convocatoria como un acto ilegal e inconstitucional.
Para el analista Raúl Pineda la situación de cara a los procesos electorales del próximo año es preocupante, pues considera que la falta de acuerdos entre los partidos políticos sobre reformas electorales importantes puede desembocar en violencia y crisis política como en 2017.
“Parece que los políticos no quieren ni aprenden a vivir en democracia, no les importa llevar al país a la violencia con tal de satisfacer sus necesidades e intereses. No podemos seguirle haciendo juego al Gobierno y a sus aliados coyunturales en la misma oposición que pretenden llevar al país a una crisis sin pensar que esto tiene un precio de sangre en el pueblo”, advirtió Pineda.
Pineda enfatizó en el tema de la nueva Ley Electoral como otro punto generador de crisis, pero también dejó claro que desde su óptica la convocatoria realizada por el CNE a primarias no afecta el curso de las generales, por lo que todavía hay tiempo para aprobar la nueva normativa.
“Se puede convocar perfectamente a primarias sin que haya algún problema o impacto en el proceso electoral. La nueva Ley Electoral es una necesidad para garantizar transparencia, pero parece que no habrá una nueva Ley y si no hay acuerdos se amenaza a que vayamos a un nuevo proceso electoral bajo las reglas antiguas”, explicó Pineda.
Para el analista político hay una alternativa que los políticos pueden considerar si las conversaciones no concluyen en acuerdos generales. “Si en realidad no existe voluntad o consenso de aprobar esta nueva Ley, se pueden reformar los tres puntos que son motivo del debate: juntas electorales, financiamiento y que nos concentremos en una reforma a la Ley que está vigente”.
Pineda hizo el llamado a los políticos para que por el bien del país den el paso a la aprobación de la nueva Ley Electoral y la segunda vuelta, mismas que fortalecerían el proceso electoral del 2021.
“Estamos claros que sin reformas electorales no habrá transparencia y eso es lo que les interesa a los nacionalistas para continuar en el poder, quieren evitar las reformas porque le tienen miedo a la voluntad popular”, manifestó sobre el tema el diputado de Libre, Sergio Castellanos.
Para Castellanos el Partido Nacional ha obstaculizado estas reformas por órdenes de Juan Orlando Hernández y por eso Libre mantiene su postura de denuncia ante las nuevas intenciones que ellos califican como construcción de un nuevo fraude electoral.
“El pueblo debe exigir transparencia y reformas profundas por el bien del país, para no continuar con estos corruptos en los próximos cuatro años”, recalcó Castellanos.
Entre tanto el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía se refirió a las acusaciones realizadas por la abogada Rixi Moncada, consejera del CNE, en la cual dejó claro que la convocatoria es ilegal.
Según Mejía, la abogada Moncada está equivocada con su interpretación, pues la convocatoria se hizo amparada en la Ley. “Ilegal e inconstitucional sería no ir a elecciones primarias bajo cualquier pretexto, ilegal sería que ellos no estuvieran al frente de esos cargos o que no se haga la convocatoria como lo dice la Ley”, enfatizó Mejía.
Mejía, ahora dirigente político del Partido Liberal aprovechó para culpar al Partido Nacional de ser el responsable de obstaculizar todos los intentos de la oposición para aprobar reformas como la segunda vuelta y la nueva Ley Electoral.
Asimismo, el exmagistrado advirtió que el panorama se puede volver peligroso para el país, si producto de esta falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, se genera una crisis que lleve a Honduras a intentos por instalar una asamblea constituyente controlada desde el oficialismo y así facilitar la continuidad de quienes por ahora dirigen la nación.
“La única salida que tenemos son las elecciones, los que no llaman a las elecciones quieren el continuismo”, recalcó Arístides Mejía.
Por su parte la magistrada presidenta del CNA, Ana Hall durante la convocatoria dijo que el llamado a elecciones se hace en tiempo y forma y que si este organismo postergaba la misma podía poner en riesgo las elecciones del 2021.
Hall dijo que, como CNE desearían haber convocado a elecciones con una nueva Ley Electoral, pero espera que en este periodo que se abre a partir de la convocatoria, las instituciones del caso den el paso a aprobar la nueva Ley.
Además, se refirió al censo y nueva tarjeta de identidad, de la cual instó a que el proceso primario se realice con el censo depurado y limpio para evitar irregularidades en el ejercicio democrático.
El CNE dio luz verde a las primarias del 2021, las instituciones políticas mayoritarias tienen hasta mediados de noviembre para inscribir las precandidaturas y movimientos que buscarán representar a su partido en las elecciones generales de noviembre del próximo año.
El fuego cruzado entre las fuerzas políticas se ha evidenciado en las acusaciones de la oposición contra el Partido Nacional de construir un nuevo fraude para continuar en el poder, mientras tanto, el oficialismo ha acusado a los opositores de ser radicales que se oponen a la democracia.
El CNE procedió a dar lectura al documento oficial de la convocatoria sin la participación de la consejera Rixi Moncada, quien previamente anunció que no participaría del evento porque calificaba la convocatoria como un acto ilegal e inconstitucional.
Para el analista Raúl Pineda la situación de cara a los procesos electorales del próximo año es preocupante, pues considera que la falta de acuerdos entre los partidos políticos sobre reformas electorales importantes puede desembocar en violencia y crisis política como en 2017.
“Parece que los políticos no quieren ni aprenden a vivir en democracia, no les importa llevar al país a la violencia con tal de satisfacer sus necesidades e intereses. No podemos seguirle haciendo juego al Gobierno y a sus aliados coyunturales en la misma oposición que pretenden llevar al país a una crisis sin pensar que esto tiene un precio de sangre en el pueblo”, advirtió Pineda.
Pineda enfatizó en el tema de la nueva Ley Electoral como otro punto generador de crisis, pero también dejó claro que desde su óptica la convocatoria realizada por el CNE a primarias no afecta el curso de las generales, por lo que todavía hay tiempo para aprobar la nueva normativa.
“Se puede convocar perfectamente a primarias sin que haya algún problema o impacto en el proceso electoral. La nueva Ley Electoral es una necesidad para garantizar transparencia, pero parece que no habrá una nueva Ley y si no hay acuerdos se amenaza a que vayamos a un nuevo proceso electoral bajo las reglas antiguas”, explicó Pineda.
Para el analista político hay una alternativa que los políticos pueden considerar si las conversaciones no concluyen en acuerdos generales. “Si en realidad no existe voluntad o consenso de aprobar esta nueva Ley, se pueden reformar los tres puntos que son motivo del debate: juntas electorales, financiamiento y que nos concentremos en una reforma a la Ley que está vigente”.
Pineda hizo el llamado a los políticos para que por el bien del país den el paso a la aprobación de la nueva Ley Electoral y la segunda vuelta, mismas que fortalecerían el proceso electoral del 2021.
“Estamos claros que sin reformas electorales no habrá transparencia y eso es lo que les interesa a los nacionalistas para continuar en el poder, quieren evitar las reformas porque le tienen miedo a la voluntad popular”, manifestó sobre el tema el diputado de Libre, Sergio Castellanos.
Para Castellanos el Partido Nacional ha obstaculizado estas reformas por órdenes de Juan Orlando Hernández y por eso Libre mantiene su postura de denuncia ante las nuevas intenciones que ellos califican como construcción de un nuevo fraude electoral.
“El pueblo debe exigir transparencia y reformas profundas por el bien del país, para no continuar con estos corruptos en los próximos cuatro años”, recalcó Castellanos.
Entre tanto el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arístides Mejía se refirió a las acusaciones realizadas por la abogada Rixi Moncada, consejera del CNE, en la cual dejó claro que la convocatoria es ilegal.
Según Mejía, la abogada Moncada está equivocada con su interpretación, pues la convocatoria se hizo amparada en la Ley. “Ilegal e inconstitucional sería no ir a elecciones primarias bajo cualquier pretexto, ilegal sería que ellos no estuvieran al frente de esos cargos o que no se haga la convocatoria como lo dice la Ley”, enfatizó Mejía.
Mejía, ahora dirigente político del Partido Liberal aprovechó para culpar al Partido Nacional de ser el responsable de obstaculizar todos los intentos de la oposición para aprobar reformas como la segunda vuelta y la nueva Ley Electoral.
Asimismo, el exmagistrado advirtió que el panorama se puede volver peligroso para el país, si producto de esta falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, se genera una crisis que lleve a Honduras a intentos por instalar una asamblea constituyente controlada desde el oficialismo y así facilitar la continuidad de quienes por ahora dirigen la nación.
“La única salida que tenemos son las elecciones, los que no llaman a las elecciones quieren el continuismo”, recalcó Arístides Mejía.
Por su parte la magistrada presidenta del CNA, Ana Hall durante la convocatoria dijo que el llamado a elecciones se hace en tiempo y forma y que si este organismo postergaba la misma podía poner en riesgo las elecciones del 2021.
Hall dijo que, como CNE desearían haber convocado a elecciones con una nueva Ley Electoral, pero espera que en este periodo que se abre a partir de la convocatoria, las instituciones del caso den el paso a aprobar la nueva Ley.
Además, se refirió al censo y nueva tarjeta de identidad, de la cual instó a que el proceso primario se realice con el censo depurado y limpio para evitar irregularidades en el ejercicio democrático.
El CNE dio luz verde a las primarias del 2021, las instituciones políticas mayoritarias tienen hasta mediados de noviembre para inscribir las precandidaturas y movimientos que buscarán representar a su partido en las elecciones generales de noviembre del próximo año.
MP debe investigar convocatoria a elecciones primarias en Diario La Gaceta fuera del periodo que establece la Ley
septiembre 13, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Sin cumplir con el procedimiento del caso, el Diario Oficial La Gaceta publicó la convocatoria a elecciones primarias desde un día antes de la fecha que la actual Ley Electoral estipula, la cual debe ser el 13 de septiembre de 2020.
Esto ha generado reacciones de diversos sectores, quienes han calificado el procedimiento como viciado, ilegal y preocupante de cara al proceso primario y general del 2021. El diputado del PINU, Luis Redondo fue de los primeros en salir al paso a denunciar la irregularidad.
“Varios aquí se ríen de nosotros, pero quien ríe al último ríe mejor”, fue la reacción del diputado Redondo al conocer la publicación en La Gaceta del documento de la convocatoria.
Se espera que para las próximas horas, los concejales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre, hagan oficial la convocatoria a primarias. El llamado será sin la presencia de la magistrada Rixi Moncada quien advirtió que la convocatoria es ilegal y debe ser revertida a la brevedad y con la urgencia del caso.
Para el congresista esto deja al
descubierto el plan del fraude que el oficialismo está construyendo con
antelación. El PINU exigió a través de un posicionamiento público que se
suspenda la convocatoria a primarias para que se apruebe la nueva Ley
Electoral.
En la medida que el proceso electoral se acerca, crece la incertidumbre y sospechas de que en Honduras se sigue manipulando el sistema electoral. “No voy a permitir que se juegue con el pueblo, hay mucha sangre de por medio ya derramada”, concluyó el legislador del PINU, Luis Redondo.
Tegucigalpa.-Sin cumplir con el procedimiento del caso, el Diario Oficial La Gaceta publicó la convocatoria a elecciones primarias desde un día antes de la fecha que la actual Ley Electoral estipula, la cual debe ser el 13 de septiembre de 2020.
Esto ha generado reacciones de diversos sectores, quienes han calificado el procedimiento como viciado, ilegal y preocupante de cara al proceso primario y general del 2021. El diputado del PINU, Luis Redondo fue de los primeros en salir al paso a denunciar la irregularidad.
“Varios aquí se ríen de nosotros, pero quien ríe al último ríe mejor”, fue la reacción del diputado Redondo al conocer la publicación en La Gaceta del documento de la convocatoria.
Se espera que para las próximas horas, los concejales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Kelvin Aguirre, hagan oficial la convocatoria a primarias. El llamado será sin la presencia de la magistrada Rixi Moncada quien advirtió que la convocatoria es ilegal y debe ser revertida a la brevedad y con la urgencia del caso.
Nota relacionada Ambiente tenso: magistrada del CNE anuncia que no participará en convocatoria a primarias, porque es ilegal y falsa
A las reacciones de preocupación se sumó el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, quien consideró que el proceso que será convocado y ya vigente por su publicación en La Gaceta, está lleno de vicios y busca consolidar el fraude del 2021.Leer más Convocatoria a elecciones es falsa y está viciada de nulidad: Mel Zelaya
El diputado Redondo dijo en su cuenta de Twitter: “se debe investigar de oficio al gerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) y al secretario del CNE por parte del Ministerio Público, por publicación falsa de convocatoria a elecciones, que ha sido denunciada públicamente por la presidenta del CNE”.Leer más PINU sugiere postergar convocatoria a elecciones primarias, hasta que se apruebe nueva Ley Electoral
“He solicitado a través del Instituto de Acceso a la Información Pública, información Pública exigiendo documentación sobre en qué se basó la ENAG y el CNE para publicar en la Gaceta 35,370 del sábado 12/09 Convocatoria a elecciones 2021”, siguió denunciando el diputado Redondo.En la medida que el proceso electoral se acerca, crece la incertidumbre y sospechas de que en Honduras se sigue manipulando el sistema electoral. “No voy a permitir que se juegue con el pueblo, hay mucha sangre de por medio ya derramada”, concluyó el legislador del PINU, Luis Redondo.
PINU sugiere postergar convocatoria a elecciones primarias, hasta que se apruebe nueva Ley Electoral
septiembre 12, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- En una conferencia de prensa, el PINU dejó clara su postura sobre la polémica que rodea la discusión y aprobación de la nueva Ley Electoral en el Congreso Nacional. En tal sentido, el PINU que tiene 4 diputados en el Poder Legislativo urgió a las demás fuerzas políticas a buscar una solución a la brevedad posible.
Los posicionamientos están sobre la mesa: el Partido Nacional no está de acuerdo a qué se apruebe la nueva Ley antes de la convocatoria a primarias el domingo 13 de septiembre, por su parte Libre presiona para que la normativa sea aprobada este fin de semana y que la convocatoria a elecciones sea con una nueva norma jurídica.
Entre tanto los partidos minoritarios aseguran que si la Ley Electoral entra en vigencia tal y como está propuesta, ellos acudirán a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
Mientras que fuerzas políticas como el PINU y el Partido emergente Salvador de Honduras, plantean una prórroga de la convocatoria a elecciones, para dar tiempo al Congreso a discutir y aprobar la nueva Ley Electoral. Tanto el PINU como Salvador de Honduras han dejado claro que la prórroga no debe alterar el calendario de celebración de las elecciones primarias y generales del 2021.
El ambiente está tenso y lleno de posiciones encontradas, por ahora quien está alcanzando su propósito es el oficialismo, pues han dejado claro que la nueva Ley solo debe aprobarse bajo un proceso lento de discusión con todos los sectores de la sociedad hondureña.
“Exigimos que se convoque de urgencia a los jefes de bancada y Junta Directiva y cumplir con el deber de encontrar una salida a la actual crisis legislativa para el tema electoral. El Congreso debe aprobar un artículo transitorio para que se postergue el tiempo para las primarias y así poder aprobar la nueva Ley Electoral”, expresó el congresista del PINU Luis Redondo.
Para que la decisión no ponga en riesgo el desarrollo de las elecciones, el PINU plantea que el Consejo Nacional Electoral (CNE), debe tomar las previsiones del caso para que no sea alterado el calendario electoral establecido en la vigente Ley Electoral.
Exigen segunda vuelta electoral
En la conferencia de prensa el PINU, aprovechó para exigir la discusión y aprobación de reformas profundas como la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas electorales.
“Estamos proponiendo ante la actual crisis, que atendiendo la demanda popular, se discuta en el pleno la segunda vuelta y se publique el resultado de la votación”, instó Redondo.
Por su parte la diputada Doris Gutiérrez, jefa de bancada del PINU en el Poder Legislativo expresó: “la ciudadanización de las mesas es posible pero hay que despojarse de la desconfianza, de querer controlar lo que sucede en las mesas, y vemos que los partidos están cerrados para ver si con este asunto siguen en el poder”.
El PINU a través del diputado Tomás Ramírez integrante de la comisión de dictamen de la nueva Ley Electoral, exigió a través de un voto particular, que el pleno someta a discusión la reforma constitucional que da vida a la segunda vuelta electoral.
Por ahora solo el partido de gobierno se opone a la reforma, argumentando que la misma solo puede ser aprobada si el pueblo la suscribe a través de una consulta ciudadana.
Entre tanto el Partido Libre afirma que ellos están a favor de la segunda vuelta pero que el Partido Nacional es el único que está obstaculizándola. Manuel Zelaya en una entrevista a TSI dijo: “están convocando con la vieja ley, viejo censo y vieja tarjeta de identidad, convocar bajo esas circunstancias es peligroso”.
Zelaya dejó claro que la segunda vuelta ha sido una propuesta de Libre, pero el Partido Nacional no la quiere y ante eso es difícil poder hacer algo.
El suspenso continuará hasta que las fuerzas mayoritarias acuerden la salida a este enredo electoral que vive el país, en las vísperas de la convocatoria al proceso primario del 2021.
Tegucigalpa, Honduras.- En una conferencia de prensa, el PINU dejó clara su postura sobre la polémica que rodea la discusión y aprobación de la nueva Ley Electoral en el Congreso Nacional. En tal sentido, el PINU que tiene 4 diputados en el Poder Legislativo urgió a las demás fuerzas políticas a buscar una solución a la brevedad posible.
Los posicionamientos están sobre la mesa: el Partido Nacional no está de acuerdo a qué se apruebe la nueva Ley antes de la convocatoria a primarias el domingo 13 de septiembre, por su parte Libre presiona para que la normativa sea aprobada este fin de semana y que la convocatoria a elecciones sea con una nueva norma jurídica.
Entre tanto los partidos minoritarios aseguran que si la Ley Electoral entra en vigencia tal y como está propuesta, ellos acudirán a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
Mientras que fuerzas políticas como el PINU y el Partido emergente Salvador de Honduras, plantean una prórroga de la convocatoria a elecciones, para dar tiempo al Congreso a discutir y aprobar la nueva Ley Electoral. Tanto el PINU como Salvador de Honduras han dejado claro que la prórroga no debe alterar el calendario de celebración de las elecciones primarias y generales del 2021.
El ambiente está tenso y lleno de posiciones encontradas, por ahora quien está alcanzando su propósito es el oficialismo, pues han dejado claro que la nueva Ley solo debe aprobarse bajo un proceso lento de discusión con todos los sectores de la sociedad hondureña.
“Exigimos que se convoque de urgencia a los jefes de bancada y Junta Directiva y cumplir con el deber de encontrar una salida a la actual crisis legislativa para el tema electoral. El Congreso debe aprobar un artículo transitorio para que se postergue el tiempo para las primarias y así poder aprobar la nueva Ley Electoral”, expresó el congresista del PINU Luis Redondo.
Para que la decisión no ponga en riesgo el desarrollo de las elecciones, el PINU plantea que el Consejo Nacional Electoral (CNE), debe tomar las previsiones del caso para que no sea alterado el calendario electoral establecido en la vigente Ley Electoral.
Exigen segunda vuelta electoral
En la conferencia de prensa el PINU, aprovechó para exigir la discusión y aprobación de reformas profundas como la segunda vuelta electoral y la ciudadanización de las mesas electorales.
“Estamos proponiendo ante la actual crisis, que atendiendo la demanda popular, se discuta en el pleno la segunda vuelta y se publique el resultado de la votación”, instó Redondo.
Por su parte la diputada Doris Gutiérrez, jefa de bancada del PINU en el Poder Legislativo expresó: “la ciudadanización de las mesas es posible pero hay que despojarse de la desconfianza, de querer controlar lo que sucede en las mesas, y vemos que los partidos están cerrados para ver si con este asunto siguen en el poder”.
El PINU a través del diputado Tomás Ramírez integrante de la comisión de dictamen de la nueva Ley Electoral, exigió a través de un voto particular, que el pleno someta a discusión la reforma constitucional que da vida a la segunda vuelta electoral.
Por ahora solo el partido de gobierno se opone a la reforma, argumentando que la misma solo puede ser aprobada si el pueblo la suscribe a través de una consulta ciudadana.
Entre tanto el Partido Libre afirma que ellos están a favor de la segunda vuelta pero que el Partido Nacional es el único que está obstaculizándola. Manuel Zelaya en una entrevista a TSI dijo: “están convocando con la vieja ley, viejo censo y vieja tarjeta de identidad, convocar bajo esas circunstancias es peligroso”.
Zelaya dejó claro que la segunda vuelta ha sido una propuesta de Libre, pero el Partido Nacional no la quiere y ante eso es difícil poder hacer algo.
El suspenso continuará hasta que las fuerzas mayoritarias acuerden la salida a este enredo electoral que vive el país, en las vísperas de la convocatoria al proceso primario del 2021.
Sin incluir segunda vuelta, Congreso Nacional inicia discusión de nueva Ley Electoral
- 09/09/2020
Diputados y diputadas en sesión este día en discusión de la nueva Ley Electoral.
El pleno del Congreso Nacional inició el primer debate la nueva Ley
Electoral, la cual regirá el proceso primario y general del 2021.
Durante la discusión de la normativa, el tema de la segunda vuelta
siguió ausente y según declaraciones de autoridades de este poder del
Estado, la ciudadanía debe hacerse la idea de que no existirá tal
reforma para el próximo año.
“La segunda vuelta requiere de una reforma constitucional, por lo que el nivel de discusión y espacio no es este”, dejó claro el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
Para aprobar la segunda vuelta se necesita una reforma constitucional, la cual debe tener el apoyo de 86 diputados en el Congreso, bajo este parámetro, es matemáticamente imposible que la oposición logre aprobar la iniciativa sin apoyo del partido de gobierno.
Para Oliva por ahora la prioridad es poner las reglas claras de cara a las próximas elecciones, y eso solo se logrará a través de la nueva Ley Electoral. “Luego habrá tiempo para discutir sobre la segunda vuelta, en la que el pueblo debe jugar un papel determinante”, ha dicho Oliva en reiteradas ocasiones.
Los nacionalistas han cerrado filas sobre la segunda vuelta, y la postura es que solo pueda darse a través de una consulta popular y que luego de ello se analice si es viable aprobarla de cara a las elecciones generales de 2025.
“La segunda vuelta es una reforma constitucional, por lo que tiene que ser el pueblo en una urna que decida si la aprueba”, dijo a medios de comunicación el dirigente nacionalista Ricardo Álvarez.
En ese contexto el Poder Legislativo arrancó con la discusión en primer debate de la nueva Ley Electoral, normativa que plantea una serie de artículos distintos a la Ley que condujo las elecciones del 2017.
Algunos de los puntos que marcan la diferencia se encuentran en los relacionados a la paridad y representación del 50% de hombres y 50% mujeres en las planillas a cargos de elección popular.
Asimismo en el condicionamiento que el Consejo Nacional Electoral, debe hacer a los partidos que no obtengan al menos un 2% de los votos a nivel presidencial, de no cumplir con ese requisito, el máximo órgano electoral puede cancelar su inscripción.
Por otra parte la cantidad de pago por votos se reduce a menos de 50 lempiras para cada entidad política, y la representación partidaria en las mesas electorales, estará a cargo de los partidos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal).
En conferencia de prensa la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se pronunció sobre la discusión, solicitando a los legisladores que desarrollen durante los tres debates de discusión, un debate amplio del contenido de la nueva Ley.
“Diputados, por favor, sean responsables con este país y no solo levanten la mano por levantarla”, instó Carlos Hernández, director Ejecutivo de ASJ al pleno del Congreso Nacional.
De acuerdo a lo manifestado públicamente, el Partido Nacional, Liberal y Libre están conformes con las reformas alcanzadas hasta el momento, mientras que partidos como el PINU, Salvador de Honduras y un sector del Partido Liberal creen que las modificaciones aprobadas hasta ahora no garantizan transparencia de cara a las elecciones del 2021.
Salvador Nasralla dijo que las verdaderas reformas son el voto en el extranjero, la segunda vuelta, 5 personas en mesa electoral y el acta electrónica. Por su parte el PINU hizo observaciones ante la negativa de la junta directiva del Congreso para debatir y aprobar la segunda vuelta.
Para Nasralla es urgente que se dé el paso a nuevas reformas, de lo contrario no existirán garantías de transparencia que eviten un nuevo fraude como el del 2017.
La nueva Ley Electoral debe superar 3 debates en el pleno de Congreso para que sea aprobada antes del domingo 13 de septiembre, día en que el CNE hará la convocatoria oficial a elecciones primarias.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La propuesta de una nueva Ley Electoral, ha provocado reacciones virulentas por representantes de los partidos minoritarios o bonsáis (enanos viejos). Al respecto, el presidente del partido Alianza Patriótica, el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, ha aseguro que ese legislación que se discute bajo polémica en el Congreso Nacional (CN), “está manipulada” y es un negocio de los partidos tradicionales que les dejará fuera de la distribución de la deuda política a los minoritarios.
“[Es una] Ley manipulada al capricho de tres sectores nada más; nuestra posición como partido va a ser en contra de ciertos artículos que miramos son violatorios de los derechos humanos, que son excluyentes, que conllevan únicamente a beneficiar a tres sectores políticos y sobretodo en las elecciones internas”, ha dicho Vásquez Velásquez, recordado en el país por ser junto al transportista Roberto Micheletti Baín, las caras visibles del golpe de Estado de 2009, que dejó más de 200 asesinatos y miles de violaciones a los derechos humanos de los hondureños.
El general metido en política desde 2012, ha considerado que en las próximas elecciones los partidos mayoritarios, dispondrán de “1,500 millones de lempiras o sea 500 para cada partido tradicional, y eso es injusto para un pueblo que está sufriendo sobre todo por esta pandemia”.
BONSÁIS QUIEREN DINERO
Sin embargo, el vicepresidente del CN, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, ha dicho que el malestar de los partidos minoritarios es la modificación a la ley en la repartición de la deuda política. “Todos los partidos minoritarios recibían el 15 por ciento de deuda política de lo que obtuviera el partido que más votos obtuviera, eso se cambió y se estableció que cada voto es igualitario y si saca mil votos se le va a pagar en base a eso, por eso los partidos minoritarios consideran que eso es injusto y por consiguiente emiten votos particulares a que se mantenga como está actualmente”, sostuvo.
Esta opinión la comparte el presidente del CN, Mauricio Oliva, quien ha dicho que por la crisis económica y social que afecta Honduras, no se puede aumentar la deuda que dejarán los próximos comicios con la ley actual. “El proceso democrático no puede, ni debe sufrir interrupciones. Sin embargo, no podemos en tiempos de crisis, aumentar el valor de la deuda política bajo ningún punto. ¡Cualquier aumento debe redestinarse a atender la crisis sanitaria y económica!”, sentenció el también diputado por el partido oficialista.
Es de recordar que las elecciones generales de 2017, no sólo fueron las más polémicas por el fraude que cometió el oficialismo en contubernio con los partidos bonsáis, para reelegir a Juan Hernández en el poder, sino las más caras en materia de deuda política al oficializar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que hizo una erogación de 197 millones de lempiras para los diez partidos y dos candidaturas independientes que participaron en el proceso.
ALTÍSIMA DEUDA
De acuerdo con el entonces presidente del TSE, el nacionalista David Matamoros Batson, la deuda fue calculada en base a 39.20 lempiras por voto obtenido por cada uno de los institutos políticos.- El Partido Nacional y el Liberal pidieron que su deuda fuera estimada con base en los resultados de los niveles municipal, porque sacaron la mayoría de votos.
Bajo ese contexto, el Nacional se llevó la mayor cantidad de la partida con 61 millones, seguido del Partido Libertad y Refundación (Libre) con 45 millones y el Liberal, 36 millones. El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), que participó en alianza con Libre mediante la Alianza de Oposición, recibió 8.7 millones, un poco menos de los 9.1 millones que les tocó a los partidos Democracia Cristiana (DC), Unificación Democrática (UD), Va Movimiento Solidario (Vamos), Partido Anticorrupción (Pac) y Alianza Patriótica.
El Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper), recibió 143 mil lempiras porque no reunió los diez mil votos requeridos en cualquiera de los niveles electivos, sino tan sólo 3 mil marcas. Al resto de bonsáis sí se les aplicó el 15 por ciento del nivel electivo más alto pagado, que en este caso fue al Partido Nacional.
Y la Ley Electoral vigente también favoreció a dos candidaturas independientes que ganaron las alcaldías en Comayagua, una en Esquías que recibió 126 mil lempiras y otra en La Villa de San Antonio, con 207 mil lempiras.
NO SON TRANSPARENTES
Para los comicios de 2021 están legalmente inscritos los tradicionales partidos Nacional y Liberal, así como Libre, principal fuerza de oposición. Les siguen los minoritarios DC, Pinu, UD, Pac, Alianza Patriótica, Faper, Vamos y Partido Nueva Ruta de Honduras (PNRH).- Y en fecha reciente fueron admitidos Liberación Democrática de Honduras (Lidehr), Salvador de Honduras y Todos Somos Honduras.
Así, si las elecciones de 2017 fueron onerosas, las del próximo año rondarán los 300 millones de lempiras en deuda electoral si no se modifica la reglamentación vigente, ha dicho el economista Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
“Se ha fijado que el costo por voto para 2021 será de 60 lempiras, por lo que es inviable que se siga pagando la deuda política en base al 15 por ciento del partido que obtuvo más votos, si se sigue aplicando esta medida y considerando que participarán 14 partidos, los hondureños pagaremos entre 270 y 300 millones de lempiras”, dijo Zepeda.
Asimismo, el economista ha señalado que “los partidos políticos entre sus consensos y negociaciones, lo que siempre buscan es concretar sus intereses particulares y no así el bienestar de la población, y la mayoría de partidos ni siquiera explican cómo gastaron ese dinero en sus portales de transparencia y peor, tampoco explican el origen del dinero que financia y sostiene sus campañas”. YA NO SON ÚTILES
Por su parte, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, ha cuestionado que se sigan cometiendo los vicios de nulidad que ocurrieron en las elecciones anteriores. “Lo que queríamos era entrarle a una reforma profunda, pero hoy estamos viendo algo contrario a la aspiración del pueblo hondureño, con un proyecto de ley que no introduce un tan significativo tema como el control de las credenciales para los partidos alternativos”, ha enfatizado.
Y Hernández, explicó que los partidos minoritarios están pagando el precio de haber servido al poder: “Los partidos emergentes nunca han sido alternativos en el país, porque algunos han servido de bisagra y le han hecho los mandados a otros, por tanto, hoy les están pasando la factura y dándose cuenta de que ya no los necesitan, porque en el ruedo político ahora un tripartidismo, quienes argumentan que se ganaron las negociaciones tradicionales”.
“Lo que nosotros queremos, es que haya una discusión profunda de una Ley que tiene al menos 300 artículos, pero sería una barbaridad que en una noche se logre aprobar, ya que la gran mayoría de los diputados no han leído el proyecto, porque quienes lo tienen, son las comisiones y los tres partidos políticos que han estado con una negociación al más alto nivel”, dijo el director de ASJ.
El Foro de Mujeres por la Vida, el Equipo de Reflexión, Investigación
y Comunicación, Eric-sj, y la Clínica de Derechos Humanos en Acción de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles,
UCLA, presentaran el jueves 27 de agosto ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, CIDH, una petición de apertura de caso contra el
Estado de Honduras, por el asesinato de la líder campesina y social
Margarita Murillo.
El asesinato de Margarita Murillo hace 6 años, es uno de los tantos casos como lo ha manifestado la CIDH, que demuestra que en Honduras existe un patrón de violencia sistemática contra las mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos, traduciéndose en hostigamientos, persecución, amenazas y privación de la vida. Solo, entre 2010 y 2017 más de 120 personas defensoras de la tierra han sido asesinadas en el país.
Karol Bobadilla del Foro de Mujeres por la Vida dijo en Radio Progreso que la acción tiene como objetivo denunciar las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de verdad, reparación y justicia para la lideresa y defensora Margarita Murillo y su familia; por su asesinato y la impunidad en que se encuentra tras 6 años de ocurrido.
Por Marc Allas
S.E. Sr. Mauricio Oliva Herrera
Presidente del Congreso Nacional de Honduras
Correo electrónico: secretariacnhn@gmail.com
Asunto: Profunda preocupación por anunciada elección de candidato que pondría en peligro la labor independiente del MNP-CONAPREV
10 de septiembre de 2020
Distinguido Presidente del Congreso Nacional,
Reciba un atento saludo de las organizaciones de derechos humanos de América Latina que suscribimos esta carta, junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que trabaja con las más de 200 organizaciones que conforman la Red SOS-Tortura para acabar con la tortura, luchar contra la impunidad y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo.
Por medio de la presente, las organizaciones firmantes nos permitimos dirigirnos a Usted para sumarnos a las voces que ya se han pronunciado (entre ellas el mismo MNP-CONAPREV, el CPTRT y las organizaciones de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la CorteIDH) para expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo frente a la posibilidad de que se designe al Sr. German Allan McNeil Rueda como Comisionado del MNP-CONAPREV en representación del Poder Legislativo.
Desde el inicio de su labor en 2010, el CONAPREV ha tenido un rol importante en la prevención, protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, con el trabajo de monitoreo y denuncia llevados a cabo, junto con una labor crucial de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente en momentos críticos como la crisis post electoral de 2017-2018.
Para poder desempeñar su mandato de forma efectiva, independiente e imparcial, los/as Comisionados/as del MNP-CONAPREV deben ser personas con una trayectoria reconocida en la promoción y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, no ostentar cargos políticos ni tener conflictos de intereses o ser vistos como personas sin la independencia y la imparcialidad necesarias y, tal y como establece la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Decreto No. 136-2009), ser de “reconocida honradez y notoria buena conducta” (requisitos recogidos en artículos 11 y 12).
Destacamos asimismo que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su última revisión de Honduras (2º examen periódico, CAT/C/HND/CO/2, 2016) mostró preocupación y destacó la importancia de que el MPN-CONAPREV contara con procedimientos de selección y nombramiento que garantizaran la independencia funcional y ausencia de conflictos de intereses de los candidatos. En la misma línea se ha pronunciado el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (SPT) y recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.
El Sr. German Allan McNeil Rueda, quien fue subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hasta fines de 2019, cuando fue destituido, ha sido objeto de críticas y denuncias, realizadas desde el mismo MNP-CONAPREV, las cuales están en proceso de investigación, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los centros penitenciarios hondureños, incluyendo muertes (entre ellas, la muerte de cinco reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como “La Tolva”) y casos de tortura y malos tratos, así como por haber obstaculizado, de forma directa y expresa, la entrada del MNP al Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Francisco Morazán.
Esta persona, en consecuencia, no reúne los requisitos previstos por la ley hondureña y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y su elección pondría gravemente en peligro el mandato y objetivos de la institución, al tener en su seno a personas que no reúnen la independencia, imparcialidad y méritos indispensables para el ejercicio del cargo.
Las organizaciones firmantes instamos de forma encarecida a la designación del/la tercer/a Comisionado/a del MNP-CONAPREV en cumplimiento con los requisitos mencionados, garantizando un procedimiento de selección transparente y meritocrático, para garantizar que el MNP-CONAPREV pueda seguir desempeñando su labor de salvaguarda de los derechos de las personas privadas de libertad, particularmente en momentos tan difíciles como los actuales.
Sin otro particular por el momento, agradecemos la atención otorgada a la presente comunicación.
Atentamente,
LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES SUSCRIBEN LA PRESENTE CARTA:
Organizaciones del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina *
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Suiza
• Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, México
• Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC, México
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
• Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras
• Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colombia
• Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Perú
• Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Honduras
• Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
• Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP), Colombia
• Observatorio Ciudadano, Chile
• “ Xumek” Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos, Argentina
Las siguientes organizaciones también suscriben la presente carta:
• Caritas Alemania, Alemania
• APUVIMEH, Asociación Para una Vida Mejor de personas infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA, Honduras
• ACI-Participa, Honduras
• Asociación Colectiva Lésbica Bisexual ANAT, Honduras
• Asociación de Derechos Humanos COZUMEL, Honduras
• ASOPAZ, Asociación Paz de Superación Por Honduras. Derechos Humanos Sin Fronteras, Honduras
• Caritas Diócesis de San Pedro Sula, Honduras
• CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Costa Rica
• CEM-H, Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
• ERIC-SJ, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
• Pastoral Penitenciaria Arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras
• Pastoral Penitenciaria Diócesis de San Pedro Sula, Honduras
• A título individual: Enrique Andrés Font, experto independiente, ex vicepresidente del SPT
* El Grupo de Litigantes Contra la Tortura de América Latina es una plataforma, establecida en abril de 2019, conformada por abogados/as de 17 organizaciones de la sociedad civil de 10 países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), dirigida a luchar de forma colectiva contra la tortura y la impunidad en la región mediante una perspectiva integral del litigio.
Para obtener información adicional, por favor contacte a:
Iolanda Jaquemet ij@omct.org
+41 79 539 41 06
(Encargada de Comunicaciones)
“La segunda vuelta requiere de una reforma constitucional, por lo que el nivel de discusión y espacio no es este”, dejó claro el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva.
Para aprobar la segunda vuelta se necesita una reforma constitucional, la cual debe tener el apoyo de 86 diputados en el Congreso, bajo este parámetro, es matemáticamente imposible que la oposición logre aprobar la iniciativa sin apoyo del partido de gobierno.
Para Oliva por ahora la prioridad es poner las reglas claras de cara a las próximas elecciones, y eso solo se logrará a través de la nueva Ley Electoral. “Luego habrá tiempo para discutir sobre la segunda vuelta, en la que el pueblo debe jugar un papel determinante”, ha dicho Oliva en reiteradas ocasiones.
Los nacionalistas han cerrado filas sobre la segunda vuelta, y la postura es que solo pueda darse a través de una consulta popular y que luego de ello se analice si es viable aprobarla de cara a las elecciones generales de 2025.
“La segunda vuelta es una reforma constitucional, por lo que tiene que ser el pueblo en una urna que decida si la aprueba”, dijo a medios de comunicación el dirigente nacionalista Ricardo Álvarez.
En ese contexto el Poder Legislativo arrancó con la discusión en primer debate de la nueva Ley Electoral, normativa que plantea una serie de artículos distintos a la Ley que condujo las elecciones del 2017.
Algunos de los puntos que marcan la diferencia se encuentran en los relacionados a la paridad y representación del 50% de hombres y 50% mujeres en las planillas a cargos de elección popular.
Asimismo en el condicionamiento que el Consejo Nacional Electoral, debe hacer a los partidos que no obtengan al menos un 2% de los votos a nivel presidencial, de no cumplir con ese requisito, el máximo órgano electoral puede cancelar su inscripción.
Por otra parte la cantidad de pago por votos se reduce a menos de 50 lempiras para cada entidad política, y la representación partidaria en las mesas electorales, estará a cargo de los partidos mayoritarios (Libre, Nacional y Liberal).
En conferencia de prensa la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se pronunció sobre la discusión, solicitando a los legisladores que desarrollen durante los tres debates de discusión, un debate amplio del contenido de la nueva Ley.
“Diputados, por favor, sean responsables con este país y no solo levanten la mano por levantarla”, instó Carlos Hernández, director Ejecutivo de ASJ al pleno del Congreso Nacional.
De acuerdo a lo manifestado públicamente, el Partido Nacional, Liberal y Libre están conformes con las reformas alcanzadas hasta el momento, mientras que partidos como el PINU, Salvador de Honduras y un sector del Partido Liberal creen que las modificaciones aprobadas hasta ahora no garantizan transparencia de cara a las elecciones del 2021.
Salvador Nasralla dijo que las verdaderas reformas son el voto en el extranjero, la segunda vuelta, 5 personas en mesa electoral y el acta electrónica. Por su parte el PINU hizo observaciones ante la negativa de la junta directiva del Congreso para debatir y aprobar la segunda vuelta.
Para Nasralla es urgente que se dé el paso a nuevas reformas, de lo contrario no existirán garantías de transparencia que eviten un nuevo fraude como el del 2017.
La nueva Ley Electoral debe superar 3 debates en el pleno de Congreso para que sea aprobada antes del domingo 13 de septiembre, día en que el CNE hará la convocatoria oficial a elecciones primarias.
Partidos minoritarios amenazan con acudir a Corte Suprema de Justicia si nueva Ley Electoral no se reforma
septiembre 12, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- La preocupación y el miedo invaden a los partidos minoritarios ante la inminente aprobación de la nueva Ley Electoral. Temas como la disminución del financiamiento por concepto de deuda política o la posibilidad de desaparecer por no obtener los votos mínimos en el proceso general, ponen en jaque a partidos de poco caudal electoral.
La Democracia Cristiana (DC), la Unificación Democrática (UD) y la Alianza Patriótica no descartan una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si la Ley Electoral se aprueba tal y como ha sido propuesta ante el pleno del Congreso Nacional.
“Esta Ley tiene dos finalidades, una que los partidos pequeños pueden morir en la entrada o en la salida, me parece que no es justo, porque partidos como la DC, el PINU, la UD y otros, le hemos dado a este país la estabilidad que se ha requerido”, comentó el diputado de la DC, Felícito Ávila.
Para Ávila hay tres partidos que han decidido por las mayorías y eso es interpretado desde la DC como una humillación. “No es justo y quisiéramos que nuestros amigos y compañeros diputados reflexionen y permitan hacer reformas a la nueva Ley”, finalizó el congresista.
Por su parte el diputado de la Alianza Patriótica manifestó: “hay un sectarismo permanente sobre esta nueva Ley, la paz de Honduras descansa en una democracia y si este país no tiene democracia no tendrá paz social nunca”.
“Un sistema democrático debe ser incluyente no excluyente. El país debe ser incluyente, pero si en la Ley que debe crear la paz social en Honduras, viene con el oscurantismo tradicional de Honduras, no le vemos una paz al país en los próximos años”, recalcó Castro Bobadilla.
Para el diputado Enrique Yllescas los partidos minoritarios cayeron en una trampa de los tres partidos más grandes. “Se nos jugó la vuelta, porque hoy por hoy conformaron un tripartidismo, al que solo les interesa su bienestar, el que daña la institucionalidad y también a los partidos pequeños y emergentes”.
Entre tanto el diputado del PAC, Osman Chávez manifestó: “quiero hacer un llamado al entendimiento, a la sensatez, decían que Honduras es libre, soberana e independiente, pero con todo el respeto nunca me mencionaron que Honduras pertenecía al Partido Nacional, Liberal o Libre”.
Chávez recalcó: “he estado atento en la comisión y he mantenido una postura conforme a mis creencias y a lo que considero que es justo, y por eso yo no estoy de acuerdo con lo discutido, y especialmente en que sus partidos no tengan representantes en las mesas”.
Amenazan con presentar un recurso de amparo con suspensión de elecciones primarias y generales
El dirigente de la UD y asesor presidencial, Marvin Ponce, amenazó que si se aprueba la nueva Ley Electoral tal y como está, no tendrán otra alternativa que acudir ante la CSJ e interponer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
Eso significaría que si la CSJ da visto bueno a ese recurso, las elecciones tanto primarias como generales serían suspendidas hasta nuevo aviso. Ponce recalcó que las fuerzas políticas deben reflexionar y no ser excluyentes.
Entre tanto el analista Efraín Díaz Arrivillaga, consideró que esto puede convertirse en una situación peligrosa.
Y es que si se combinan los factores del recurso de los partidos minoritarios y una resolución favorable de la CSJ, el próximo proceso electoral primario y general correría peligro.
Marvin Ponce finalizó haciendo un llamado para que se tome en cuenta a los partidos minoritarios en las conversaciones para definir la solución que se planteará ante la polémica de aprobación de la nueva Ley Electoral.
Tegucigalpa, Honduras.- La preocupación y el miedo invaden a los partidos minoritarios ante la inminente aprobación de la nueva Ley Electoral. Temas como la disminución del financiamiento por concepto de deuda política o la posibilidad de desaparecer por no obtener los votos mínimos en el proceso general, ponen en jaque a partidos de poco caudal electoral.
La Democracia Cristiana (DC), la Unificación Democrática (UD) y la Alianza Patriótica no descartan una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si la Ley Electoral se aprueba tal y como ha sido propuesta ante el pleno del Congreso Nacional.
“Esta Ley tiene dos finalidades, una que los partidos pequeños pueden morir en la entrada o en la salida, me parece que no es justo, porque partidos como la DC, el PINU, la UD y otros, le hemos dado a este país la estabilidad que se ha requerido”, comentó el diputado de la DC, Felícito Ávila.
Nota relacionada Partidos minoritarios crean alianza electoral de cara a próximas elecciones
Ávila explicó: “nos preocupa no el tema de las credenciales, sino el asunto de la representatividad y en esta Ley no es coherente. Otro tema que preocupa es la suspensión del financiamiento, no es posible que aquellos partidos que tienen la posibilidad de elecciones internas, se financie por el Estado y a nosotros no”.Para Ávila hay tres partidos que han decidido por las mayorías y eso es interpretado desde la DC como una humillación. “No es justo y quisiéramos que nuestros amigos y compañeros diputados reflexionen y permitan hacer reformas a la nueva Ley”, finalizó el congresista.
Por su parte el diputado de la Alianza Patriótica manifestó: “hay un sectarismo permanente sobre esta nueva Ley, la paz de Honduras descansa en una democracia y si este país no tiene democracia no tendrá paz social nunca”.
“Un sistema democrático debe ser incluyente no excluyente. El país debe ser incluyente, pero si en la Ley que debe crear la paz social en Honduras, viene con el oscurantismo tradicional de Honduras, no le vemos una paz al país en los próximos años”, recalcó Castro Bobadilla.
Para el diputado Enrique Yllescas los partidos minoritarios cayeron en una trampa de los tres partidos más grandes. “Se nos jugó la vuelta, porque hoy por hoy conformaron un tripartidismo, al que solo les interesa su bienestar, el que daña la institucionalidad y también a los partidos pequeños y emergentes”.
Entre tanto el diputado del PAC, Osman Chávez manifestó: “quiero hacer un llamado al entendimiento, a la sensatez, decían que Honduras es libre, soberana e independiente, pero con todo el respeto nunca me mencionaron que Honduras pertenecía al Partido Nacional, Liberal o Libre”.
Chávez recalcó: “he estado atento en la comisión y he mantenido una postura conforme a mis creencias y a lo que considero que es justo, y por eso yo no estoy de acuerdo con lo discutido, y especialmente en que sus partidos no tengan representantes en las mesas”.
Amenazan con presentar un recurso de amparo con suspensión de elecciones primarias y generales
El dirigente de la UD y asesor presidencial, Marvin Ponce, amenazó que si se aprueba la nueva Ley Electoral tal y como está, no tendrán otra alternativa que acudir ante la CSJ e interponer un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado.
Eso significaría que si la CSJ da visto bueno a ese recurso, las elecciones tanto primarias como generales serían suspendidas hasta nuevo aviso. Ponce recalcó que las fuerzas políticas deben reflexionar y no ser excluyentes.
Entre tanto el analista Efraín Díaz Arrivillaga, consideró que esto puede convertirse en una situación peligrosa.
Y es que si se combinan los factores del recurso de los partidos minoritarios y una resolución favorable de la CSJ, el próximo proceso electoral primario y general correría peligro.
Marvin Ponce finalizó haciendo un llamado para que se tome en cuenta a los partidos minoritarios en las conversaciones para definir la solución que se planteará ante la polémica de aprobación de la nueva Ley Electoral.
HONDURAS / NUEVA LEY DEJA “VESTIDOS Y ALBOROTADOS” A PARTIDOS BONSÁIS
- Publicado: 11 Septiembre 2020
Para
2021, el hondureño regalará 60 lempiras con su voto al partido de
elección, “por lo que es inviable que se siga pagando la deuda política
en base al 15 por ciento del partido que obtuvo más votos, si se sigue
aplicando esta medida y considerando que participarán 14 partidos, los
hondureños pagaremos entre 270 y 300 millones de lempiras”, sostiene el
economista Ismael Zepeda.
“Los
partidos emergentes nunca han sido alternativos en el país, porque
algunos han servido de bisagra y le han hecho los mandados a otros, por
tanto, hoy les están pasando la factura y dándose cuenta de que ya no
los necesitan, porque en el ruedo político ahora hay un tripartidismo”:
Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa
(ASJ).Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La propuesta de una nueva Ley Electoral, ha provocado reacciones virulentas por representantes de los partidos minoritarios o bonsáis (enanos viejos). Al respecto, el presidente del partido Alianza Patriótica, el general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, ha aseguro que ese legislación que se discute bajo polémica en el Congreso Nacional (CN), “está manipulada” y es un negocio de los partidos tradicionales que les dejará fuera de la distribución de la deuda política a los minoritarios.
“[Es una] Ley manipulada al capricho de tres sectores nada más; nuestra posición como partido va a ser en contra de ciertos artículos que miramos son violatorios de los derechos humanos, que son excluyentes, que conllevan únicamente a beneficiar a tres sectores políticos y sobretodo en las elecciones internas”, ha dicho Vásquez Velásquez, recordado en el país por ser junto al transportista Roberto Micheletti Baín, las caras visibles del golpe de Estado de 2009, que dejó más de 200 asesinatos y miles de violaciones a los derechos humanos de los hondureños.
El general metido en política desde 2012, ha considerado que en las próximas elecciones los partidos mayoritarios, dispondrán de “1,500 millones de lempiras o sea 500 para cada partido tradicional, y eso es injusto para un pueblo que está sufriendo sobre todo por esta pandemia”.
BONSÁIS QUIEREN DINERO
Sin embargo, el vicepresidente del CN, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, ha dicho que el malestar de los partidos minoritarios es la modificación a la ley en la repartición de la deuda política. “Todos los partidos minoritarios recibían el 15 por ciento de deuda política de lo que obtuviera el partido que más votos obtuviera, eso se cambió y se estableció que cada voto es igualitario y si saca mil votos se le va a pagar en base a eso, por eso los partidos minoritarios consideran que eso es injusto y por consiguiente emiten votos particulares a que se mantenga como está actualmente”, sostuvo.
Esta opinión la comparte el presidente del CN, Mauricio Oliva, quien ha dicho que por la crisis económica y social que afecta Honduras, no se puede aumentar la deuda que dejarán los próximos comicios con la ley actual. “El proceso democrático no puede, ni debe sufrir interrupciones. Sin embargo, no podemos en tiempos de crisis, aumentar el valor de la deuda política bajo ningún punto. ¡Cualquier aumento debe redestinarse a atender la crisis sanitaria y económica!”, sentenció el también diputado por el partido oficialista.
Es de recordar que las elecciones generales de 2017, no sólo fueron las más polémicas por el fraude que cometió el oficialismo en contubernio con los partidos bonsáis, para reelegir a Juan Hernández en el poder, sino las más caras en materia de deuda política al oficializar el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que hizo una erogación de 197 millones de lempiras para los diez partidos y dos candidaturas independientes que participaron en el proceso.
ALTÍSIMA DEUDA
De acuerdo con el entonces presidente del TSE, el nacionalista David Matamoros Batson, la deuda fue calculada en base a 39.20 lempiras por voto obtenido por cada uno de los institutos políticos.- El Partido Nacional y el Liberal pidieron que su deuda fuera estimada con base en los resultados de los niveles municipal, porque sacaron la mayoría de votos.
Bajo ese contexto, el Nacional se llevó la mayor cantidad de la partida con 61 millones, seguido del Partido Libertad y Refundación (Libre) con 45 millones y el Liberal, 36 millones. El Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), que participó en alianza con Libre mediante la Alianza de Oposición, recibió 8.7 millones, un poco menos de los 9.1 millones que les tocó a los partidos Democracia Cristiana (DC), Unificación Democrática (UD), Va Movimiento Solidario (Vamos), Partido Anticorrupción (Pac) y Alianza Patriótica.
El Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper), recibió 143 mil lempiras porque no reunió los diez mil votos requeridos en cualquiera de los niveles electivos, sino tan sólo 3 mil marcas. Al resto de bonsáis sí se les aplicó el 15 por ciento del nivel electivo más alto pagado, que en este caso fue al Partido Nacional.
Y la Ley Electoral vigente también favoreció a dos candidaturas independientes que ganaron las alcaldías en Comayagua, una en Esquías que recibió 126 mil lempiras y otra en La Villa de San Antonio, con 207 mil lempiras.
NO SON TRANSPARENTES
Para los comicios de 2021 están legalmente inscritos los tradicionales partidos Nacional y Liberal, así como Libre, principal fuerza de oposición. Les siguen los minoritarios DC, Pinu, UD, Pac, Alianza Patriótica, Faper, Vamos y Partido Nueva Ruta de Honduras (PNRH).- Y en fecha reciente fueron admitidos Liberación Democrática de Honduras (Lidehr), Salvador de Honduras y Todos Somos Honduras.
Así, si las elecciones de 2017 fueron onerosas, las del próximo año rondarán los 300 millones de lempiras en deuda electoral si no se modifica la reglamentación vigente, ha dicho el economista Ismael Zepeda, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh).
“Se ha fijado que el costo por voto para 2021 será de 60 lempiras, por lo que es inviable que se siga pagando la deuda política en base al 15 por ciento del partido que obtuvo más votos, si se sigue aplicando esta medida y considerando que participarán 14 partidos, los hondureños pagaremos entre 270 y 300 millones de lempiras”, dijo Zepeda.
Asimismo, el economista ha señalado que “los partidos políticos entre sus consensos y negociaciones, lo que siempre buscan es concretar sus intereses particulares y no así el bienestar de la población, y la mayoría de partidos ni siquiera explican cómo gastaron ese dinero en sus portales de transparencia y peor, tampoco explican el origen del dinero que financia y sostiene sus campañas”. YA NO SON ÚTILES
Por su parte, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, ha cuestionado que se sigan cometiendo los vicios de nulidad que ocurrieron en las elecciones anteriores. “Lo que queríamos era entrarle a una reforma profunda, pero hoy estamos viendo algo contrario a la aspiración del pueblo hondureño, con un proyecto de ley que no introduce un tan significativo tema como el control de las credenciales para los partidos alternativos”, ha enfatizado.
Y Hernández, explicó que los partidos minoritarios están pagando el precio de haber servido al poder: “Los partidos emergentes nunca han sido alternativos en el país, porque algunos han servido de bisagra y le han hecho los mandados a otros, por tanto, hoy les están pasando la factura y dándose cuenta de que ya no los necesitan, porque en el ruedo político ahora un tripartidismo, quienes argumentan que se ganaron las negociaciones tradicionales”.
“Lo que nosotros queremos, es que haya una discusión profunda de una Ley que tiene al menos 300 artículos, pero sería una barbaridad que en una noche se logre aprobar, ya que la gran mayoría de los diputados no han leído el proyecto, porque quienes lo tienen, son las comisiones y los tres partidos políticos que han estado con una negociación al más alto nivel”, dijo el director de ASJ.
Buscarán justicia internacional en caso Margarita Murillo
- 24/08/2020
El Foro de Mujeres por la Vida, el Equipo de Reflexión, Investigación
y Comunicación, Eric-sj, y la Clínica de Derechos Humanos en Acción de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Los Ángeles,
UCLA, presentaran el jueves 27 de agosto ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, CIDH, una petición de apertura de caso contra el
Estado de Honduras, por el asesinato de la líder campesina y social
Margarita Murillo.El asesinato de Margarita Murillo hace 6 años, es uno de los tantos casos como lo ha manifestado la CIDH, que demuestra que en Honduras existe un patrón de violencia sistemática contra las mujeres, defensoras y defensores de derechos humanos, traduciéndose en hostigamientos, persecución, amenazas y privación de la vida. Solo, entre 2010 y 2017 más de 120 personas defensoras de la tierra han sido asesinadas en el país.
Karol Bobadilla del Foro de Mujeres por la Vida dijo en Radio Progreso que la acción tiene como objetivo denunciar las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de verdad, reparación y justicia para la lideresa y defensora Margarita Murillo y su familia; por su asesinato y la impunidad en que se encuentra tras 6 años de ocurrido.
Impunidad en asesinato de Margarita Murillo será conocida por CIDH
- 28/08/2020
Margarita Murillo en una acción de protesta en contra del golpe de Estado de 2009.
“Presentar una solicitud para que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, CIDH, de seguimiento al crimen de la dirigente
Margarita Murillo, se dan en el marco de acabar con la decisión oficial
de quienes conducen el Estado de impedir que se den pasos para la
justicia, especialmente con esta lideresa que luchó por la vida, la
tierra y las mujeres”.
Así explicó en conferencia de prensa el padre Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, la razón por la cual se presentó una denuncia ante la CIDH en el caso de Murillo, asesinada un 27 de agosto de 2014, cuando cultivaba la tierra en el municipio de Villanueva, Cortés.
En el marco de los seis años desde que ocurrió el crimen, el Foro de Mujeres por la Vida, el ERIC-SJ y la Clínica de derechos humanos en Acción del Instituto de la Promesa de los derechos humanos en la Facultad de derecho de la Universidad de California, Los Ángeles, UCA, presentaron esta petición de apertura del caso contra el Estado de Honduras, denunciado las violaciones a los derechos humanos de la lideresa campesina y defensora Margarita Murillo, con el objetivo de obtener verdad, justicia y reparación por su asesinato y la impunidad que lo ha rodeado durante este tiempo.
“Es importante recordar la memoria a una persona que vivió para sus ideales: la construcción de una Honduras más democrática, una Honduras donde los bienes fueran compartidos por toda la sociedad”, dijo Moreno.
Margarita Murillo fue asesinada por la espalda un 27 de agosto del 2014. Al momento del crimen las autoridades policiales encontraron una carta con una invitación a un encuentro de organizaciones campesinas, que también tenía una amenaza para que dejara de luchar por la tierra o tendría un derramamiento de sangre.
Seis años después, sus familiares, amigos, organizaciones cercanas siguen demandando justicia para Murillo, castigo para los responsables y que la verdad salga a la luz y junto a ella la identidad de quienes persiguen y asesinan a los líderes campesinos.
“Han sido seis años devastadores. Desde el 2014 hemos trabajado arduamente para exigir justicia ante la fiscalía. Los primeros 3 años fueron de acciones permanentes pidiendo respuestas, nada pasó, su caso quedó archivado entre la pila de expedientes del Ministerio Público”, dijo Kenia Murillo, hija de Margarita.
Margarita pertenecía a la Empresa Asociativa Campesina “Las Ventanas de la Producción”, en la que desde hace nueve años se organizaron para recuperar terrenos en el departamento de Cortés, y de esa forma ponerlo en manos de los campesinos tanto para cultivarla como habitarla.
Para Joseph Berra de la UCLA el caso del Murillo es emblemático porque el Estado está obligado por mandato a investigar los crímenes que se dan contra todos aquellos defensores y defensoras, quienes desde ante de sus asesinatos había denunciado amenazas. “Desde el inicio el Estado tenía obligación de proteger los derechos de Margarita como defensora de derechos humanos, como mujer y por la lucha en defensa de la tierra. El Estado sabía que estaba amenaza, la misma CIDH lo había advertido, y allí el Estado debió implementar un mecanismo de protección para cuidar su vida. El Estado falló y sigue fallando ahora al mantener el caso en impunidad”.
Para Berra, las autoridades han sido negligentes en la investigación, ya que se perdió información del expediente, además no se recuperó la línea de investigación que tenía la fiscal Marlene Banegas, asesinada de forma sospechosa en el tiempo que llevaba el caso de Margarita. “Hasta ahora no hay orden de captura ni requerimiento fiscal para nadie”, lamentó el catedrático de la UCLA.
“Las organizaciones de mujeres y en general las organizaciones populares de este país estamos obligadas a sostener la memoria histórica de todos los procesos de lucha que emprendió y lideró Margarita Murillo, así como los grandes aportes para la defensa de los derechos humanos y la defensa de la tierra”, dice el comunicado entregado a la prensa.
Desde 1975, cuando apenas tenía 13 años, realizó su primera participación en la lucha por el acceso a la tierra uniéndose a la “Marcha de la desesperanza y del hambre”, impulsada por la Unión Nacional de Campesinos-UNC-, con el apoyo de la Central General de Trabajadores-CGT-, que terminó con una feroz represión que dejó 12 campesinas y campesinos muertos.
Una década después, en 1985, Margarita se convirtió en una de las fundadoras de la Central Nacional de Trabajadores del Campo-CNTC. La lucha por una verdadera reforma agraria fue el motivo para que los escuadrones de la muerte la secuestraran y torturaran. En ese momento ya era una reconocida líder, ligada al movimiento campesino.
En 1987 Margarita fue desaparecida por el Ejército durante tres semanas; fue torturada física y psicológicamente, causándole severos daños en su columna, estuvo exiliada y, en 1990, regresó a Honduras en la clandestinidad.
A lo largo de su vida luchó sin descanso. Fue parte de la coordinación del Foro Social del Valle de Sula y también una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular-FNRP-, que surgió para resistir al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En fechas posteriores al golpe Margarita también fue víctima del secuestro y tortura de su hijo, quien luego fue encontrado muy cerca de Ocotepeque con vida, sin rastro de los responsables.
Luego de 6 años el asesinato de Margarita Murillo está en la impunidad. Son muchas las acciones que desde su familia y organizaciones se han realizado en búsqueda de justicia. Se acudió a diversas instituciones responsables de seguir el procedimiento y dar respuesta al caso, y también a organismo como el CONADEH, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la CIDH y otras instancias internacionales con la finalidad de estar vigilantes en el proceso. Ante esa inoperancia ahora te tocan las puertas de la Comisión Interamericana de derechos humanos.
Así explicó en conferencia de prensa el padre Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, la razón por la cual se presentó una denuncia ante la CIDH en el caso de Murillo, asesinada un 27 de agosto de 2014, cuando cultivaba la tierra en el municipio de Villanueva, Cortés.
En el marco de los seis años desde que ocurrió el crimen, el Foro de Mujeres por la Vida, el ERIC-SJ y la Clínica de derechos humanos en Acción del Instituto de la Promesa de los derechos humanos en la Facultad de derecho de la Universidad de California, Los Ángeles, UCA, presentaron esta petición de apertura del caso contra el Estado de Honduras, denunciado las violaciones a los derechos humanos de la lideresa campesina y defensora Margarita Murillo, con el objetivo de obtener verdad, justicia y reparación por su asesinato y la impunidad que lo ha rodeado durante este tiempo.
“Es importante recordar la memoria a una persona que vivió para sus ideales: la construcción de una Honduras más democrática, una Honduras donde los bienes fueran compartidos por toda la sociedad”, dijo Moreno.
Su asesinato
El asesinato de Margarita Murillo está inserto en la realidad de violencia cotidiana que las mujeres enfrentan en Honduras. Además, en el abandono del Estado a los hombres y mujeres que luchan por el acceso a la tierra.Margarita Murillo fue asesinada por la espalda un 27 de agosto del 2014. Al momento del crimen las autoridades policiales encontraron una carta con una invitación a un encuentro de organizaciones campesinas, que también tenía una amenaza para que dejara de luchar por la tierra o tendría un derramamiento de sangre.
Seis años después, sus familiares, amigos, organizaciones cercanas siguen demandando justicia para Murillo, castigo para los responsables y que la verdad salga a la luz y junto a ella la identidad de quienes persiguen y asesinan a los líderes campesinos.
“Han sido seis años devastadores. Desde el 2014 hemos trabajado arduamente para exigir justicia ante la fiscalía. Los primeros 3 años fueron de acciones permanentes pidiendo respuestas, nada pasó, su caso quedó archivado entre la pila de expedientes del Ministerio Público”, dijo Kenia Murillo, hija de Margarita.
Margarita pertenecía a la Empresa Asociativa Campesina “Las Ventanas de la Producción”, en la que desde hace nueve años se organizaron para recuperar terrenos en el departamento de Cortés, y de esa forma ponerlo en manos de los campesinos tanto para cultivarla como habitarla.
Para Joseph Berra de la UCLA el caso del Murillo es emblemático porque el Estado está obligado por mandato a investigar los crímenes que se dan contra todos aquellos defensores y defensoras, quienes desde ante de sus asesinatos había denunciado amenazas. “Desde el inicio el Estado tenía obligación de proteger los derechos de Margarita como defensora de derechos humanos, como mujer y por la lucha en defensa de la tierra. El Estado sabía que estaba amenaza, la misma CIDH lo había advertido, y allí el Estado debió implementar un mecanismo de protección para cuidar su vida. El Estado falló y sigue fallando ahora al mantener el caso en impunidad”.
Para Berra, las autoridades han sido negligentes en la investigación, ya que se perdió información del expediente, además no se recuperó la línea de investigación que tenía la fiscal Marlene Banegas, asesinada de forma sospechosa en el tiempo que llevaba el caso de Margarita. “Hasta ahora no hay orden de captura ni requerimiento fiscal para nadie”, lamentó el catedrático de la UCLA.
El país más peligroso para los defensores
El asesinato de Margarita Murillo representa uno de los tantos casos que demuestra que, en Honduras, como lo señala la CIDH, existe un patrón de violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos y que, según Global Witness, la convierte en el país más peligroso del mundo para las personas defensores de la tierra y del medio ambiente.“Las organizaciones de mujeres y en general las organizaciones populares de este país estamos obligadas a sostener la memoria histórica de todos los procesos de lucha que emprendió y lideró Margarita Murillo, así como los grandes aportes para la defensa de los derechos humanos y la defensa de la tierra”, dice el comunicado entregado a la prensa.
¿Quién era Margarita Murillo?
Margarita nació el 13 de noviembre de 1958, en Chalmeca, Copán, Honduras. Según testimonio recogido por el Foro de Mujeres por la Vida, fue una niña soñadora y convencida de que un mundo más justo y digno era posible, es por ello que, a muy temprana edad se vio involucrada en las luchas campesinas.Desde 1975, cuando apenas tenía 13 años, realizó su primera participación en la lucha por el acceso a la tierra uniéndose a la “Marcha de la desesperanza y del hambre”, impulsada por la Unión Nacional de Campesinos-UNC-, con el apoyo de la Central General de Trabajadores-CGT-, que terminó con una feroz represión que dejó 12 campesinas y campesinos muertos.
Una década después, en 1985, Margarita se convirtió en una de las fundadoras de la Central Nacional de Trabajadores del Campo-CNTC. La lucha por una verdadera reforma agraria fue el motivo para que los escuadrones de la muerte la secuestraran y torturaran. En ese momento ya era una reconocida líder, ligada al movimiento campesino.
En 1987 Margarita fue desaparecida por el Ejército durante tres semanas; fue torturada física y psicológicamente, causándole severos daños en su columna, estuvo exiliada y, en 1990, regresó a Honduras en la clandestinidad.
A lo largo de su vida luchó sin descanso. Fue parte de la coordinación del Foro Social del Valle de Sula y también una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular-FNRP-, que surgió para resistir al golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En fechas posteriores al golpe Margarita también fue víctima del secuestro y tortura de su hijo, quien luego fue encontrado muy cerca de Ocotepeque con vida, sin rastro de los responsables.
Luego de 6 años el asesinato de Margarita Murillo está en la impunidad. Son muchas las acciones que desde su familia y organizaciones se han realizado en búsqueda de justicia. Se acudió a diversas instituciones responsables de seguir el procedimiento y dar respuesta al caso, y también a organismo como el CONADEH, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la CIDH y otras instancias internacionales con la finalidad de estar vigilantes en el proceso. Ante esa inoperancia ahora te tocan las puertas de la Comisión Interamericana de derechos humanos.
El Profreso,Yoro.- El
Foro de Mujeres por la Vida, La Universidad de California (Estados
Unidos) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de
la Compañía de Jesús, anunciaron hoy que se ha presentado una petición
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que
admita el caso de la lideresa campesina Margarita Murillo.
Murillo fue asesinada por sicarios el
27 de agosto de 2014 y al cumplirse 6 años de su crimen con claros
“tintes politicos”, las organizaciones antes apuntadas, han acudido con
una petición ante el organismo continental, en demanda de verdad,
justicia y reparación.
En la conferencia de prensa,
transmitida por Radio Progreso y su página de Facebook, se dirigió a la
audiencia el sacerdote jesuita y director del ERIC, Ismael Moreno; quien
expresó que Margarita Murillo vivió su vida entera en entrega total a
sus ideales colectivos, feministas, políticos y populares, por la
construcción de una Honduras más democrática y una Honduras donde los
bienes comunes fueran justamente compartidos por toda la sociedad.
Moreno destacó que la conferencia de
prensa se ofrece bajo un contexto donde existe un pacto de impunidad,
que se fue desarrollando a partir de año 2014, cuando se inició el
período político más cruento del país, liderado por la “camarilla de
Juan Orlando Hernández”.
El 27 de agosto de ese año, fue
asesinada Margarita Murillo, por lo tanto “estamos demandando justicia,
estamos demandando aplicación del sistema de justicia en el marco de una
decisión oficial por parte de quienes conducen los órganos del estado;
de impedir que se abra paso a la justicia”.
Entre
los planteamientos sobre los cuales se configura la responsabilidad del
estado en el crimen de Margarita Murillo, Joseph Berra de la
Universidad de California; señaló que desde el inicio, el estado de
Honduras tenía el deber de proteger y prevenir violación de sus derechos
humanos, porque ella era miembro de un grupo vulnerable, como lideresa
del movimiento social, como defensora de derechos humanos, defensora de
derechos de la mujer y defensora del derecho de la tierra.
“Bien sabia el estado que ella estaba
siendo amenazada, de hecho salió en un informe de la CIDH, de que había
recibido amenazas y había sufrido persecución en el pasado también desde
los años ochenta por las estructuras de violación a derechos humanos en
aquel tiempo”, sostuvo Berra.
En la conferencia virtual participó,
Kenya Murillo desde el exilio en el que se encuentra, porque también
recibió amenazas por denunciar el asesinato de su madre.
Kenya resaltó que el impacto por el crimen perpetrado contra su madre, fue devastador para su familia.
“Es insólito que a 6 años, un
investigador me diga a mí que tiene que comenzar de nuevo a investigar
el caso de Margarita y que tiene que revisar de nuevo, vaciados
telefónicos, que ya la abogada Marlene ya tenía respuestas. Y que
supuestamente fueron trastocados y extraviados”.
Es devastador estar luchando contra un sistema que no te da respuestas, recalcó Kenya Murillo.
Finalmente Karol Bobadilla del Foro de
Mujeres por La Vida, dijo que el temade Margarita Murillo representa un
caso de las violencias que se presentan contra las mujeres defensoras
de derechos humanos.
Bodadilla indicó que aparte de que
Margarita fue desaparecida temporalmente en la década de los ochentas,
también sufrió agresiones sexuales.
“Creo que las defensoras que están más
vulnerabilizadas son esas defensoras relacionadas a la lucha por la
tierra y por la defensa de los derechos de la naturaleza”, aseguró la
representante del Foro de Mujeres por la Vida.
Margarita Murillo nació en Chalmeca,
Copán en 1958. Desde muy joven participó en espacios políticos y
movimientos sociales en defensa de la tierra y los derechos humanos.
Margarita Murillo, lideresa campesina y política, asesinada cuando cosechaba la tierra.
Fue secuestrada y torturada durante una semana en 1987 por efectivos
militares de Honduras, mientras trabajaba para la Central Nacional de
Trabajadores del Campo (CNTC).
Estuvo exiliada por años pero su lucha fue reconocida en la región por su apoyo a los procesos sociales y revolucionarios de Centroamérica.
Murillo tuvo una destaca participación cuando se unió al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en junio de 2009 y lideró dicho movimiento en el departamento de Cortés.
Por todo este accionar fue perseguida amenazada, y hasta finalmente ser asesinada el 27 de agosto de 2014, mientras cultivaba su parcela de tierra en la comunidad de El Planón, municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
Estuvo exiliada por años pero su lucha fue reconocida en la región por su apoyo a los procesos sociales y revolucionarios de Centroamérica.
Murillo tuvo una destaca participación cuando se unió al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en junio de 2009 y lideró dicho movimiento en el departamento de Cortés.
Por todo este accionar fue perseguida amenazada, y hasta finalmente ser asesinada el 27 de agosto de 2014, mientras cultivaba su parcela de tierra en la comunidad de El Planón, municipio de Villanueva, departamento de Cortés.
Su asesinato confirma que en Honduras
existe un patrón de violencia sistemática, contra las personas
defensoras de los derechos humanos, así como una estructura de impunidad
que protege a los victimarios, aseguró el Foro de Mujeres por la Vida.
Mientras la narco dictadura ha
rebasado los límites de la impunidad y corrupción, y mientras el
empresariado neoliberal y transnacionales, se ceban sobre los derechos
de las trabajadoras y trabajadores y encarcelan a defensores del agua y
los bienes naturales, hay un pueblo que está convirtiendo su rabia e
indignación en lucha organizada, y se prepara para recuperar la patria
de los criminales que hoy nos avergüenzan, como lo destacamos en este
Vigésimo sexto manifiesto público:
1.- Condenamos
enérgicamente el “Nuevo Código Penal” porque no es más que la lógica
corrupta y asesina escrita en clave penal y que nada tiene que ver con
las necesidades del pueblo. Esta misma lógica ha desaparecido a los
compañeros garífunas y ha llevado a un estado dilatorio el proceso
contra David Castillo, co-autor intelectual del crimen contra la
compañera Berta Cáceres.
2.- Alertamos sobre la
falta de justicia y la persecución jurídica en contra de los compañeros
de Guapinol, quienes han sido criminalizados por la defensa de los
bienes comunes de la naturaleza. Su libertad es negada a los que ya
están guardando prisión, y cinco más están severamente amenazados de ir a
prisión, por el delito de defender el agua y bienes comunes. Cualquier
silencio o indiferencia se convierte en complicidad, por ello, llamamos a
hacer nuestra la bandera de lucha en defensa de Guapinol y de todos los
presos políticos.
3.- Condenamos la firma
de contratos leoninos con los generadores de energía térmica aprobados
en ese simulacro de Congreso Nacional, en donde se legislan los negocios
de criminales y se burlan de las comunidades y organizaciones que desde
hace varias semanas venimos demandando la aprobación del acuerdo de
Escazú como herramienta que fortalecerá la defensa de los territorios y
los bienes naturales.
4.- Una vez más, en
plena amenaza a la salud y la vida de miles de compatriotas, rechazamos
la apertura del transporte así como se ha establecido. La clara
improvisación y la influencia de intereses económicos pone en riesgo la
vida de miles de hondureños y hondureñas, y a su vez generan un efecto
dominó, facilitando la apertura de otros sectores a partir de la mayor
movilidad social.
5.- Advertimos que esta
semana los cuerpos armados del Estado aparecerán con sus uniformes y
pertrechos de guerra como los grandes defensores de la soberanía. Son
los mismos que lavan fondos públicos, que acompañan y protegen a
narcotraficantes, y los que defienden los negocios de empresarios
extractivistas. Ellos son la principal amenaza para la patria.
6.- Saludamos con
entusiasmo a todas las acciones de protesta colectiva que se han
realizado en los últimos meses y las nuevas acciones que se están
convocando desde diversas instancias articuladoras de pueblo. Así mismo,
damos la bienvenida a las organizaciones que se suman a lucha contra la
dictadura, y a las que cada semana se integran a este espacio. Tenemos
la seguridad de que el camino para la libertad está en la organización, y
en la diversidad misma de la resistencia, radica su brillante fuerza.
Honduras, septiembre de 2020
Presidente del Congreso Nacional de Honduras
Correo electrónico: secretariacnhn@gmail.com
Asunto: Profunda preocupación por anunciada elección de candidato que pondría en peligro la labor independiente del MNP-CONAPREV
10 de septiembre de 2020
Distinguido Presidente del Congreso Nacional,
Reciba un atento saludo de las organizaciones de derechos humanos de América Latina que suscribimos esta carta, junto con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que trabaja con las más de 200 organizaciones que conforman la Red SOS-Tortura para acabar con la tortura, luchar contra la impunidad y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo.
Por medio de la presente, las organizaciones firmantes nos permitimos dirigirnos a Usted para sumarnos a las voces que ya se han pronunciado (entre ellas el mismo MNP-CONAPREV, el CPTRT y las organizaciones de la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la CorteIDH) para expresar nuestra más profunda preocupación y rechazo frente a la posibilidad de que se designe al Sr. German Allan McNeil Rueda como Comisionado del MNP-CONAPREV en representación del Poder Legislativo.
Desde el inicio de su labor en 2010, el CONAPREV ha tenido un rol importante en la prevención, protección y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, con el trabajo de monitoreo y denuncia llevados a cabo, junto con una labor crucial de documentación de casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente en momentos críticos como la crisis post electoral de 2017-2018.
Para poder desempeñar su mandato de forma efectiva, independiente e imparcial, los/as Comisionados/as del MNP-CONAPREV deben ser personas con una trayectoria reconocida en la promoción y defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, no ostentar cargos políticos ni tener conflictos de intereses o ser vistos como personas sin la independencia y la imparcialidad necesarias y, tal y como establece la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Decreto No. 136-2009), ser de “reconocida honradez y notoria buena conducta” (requisitos recogidos en artículos 11 y 12).
Destacamos asimismo que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en su última revisión de Honduras (2º examen periódico, CAT/C/HND/CO/2, 2016) mostró preocupación y destacó la importancia de que el MPN-CONAPREV contara con procedimientos de selección y nombramiento que garantizaran la independencia funcional y ausencia de conflictos de intereses de los candidatos. En la misma línea se ha pronunciado el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (SPT) y recientemente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.
El Sr. German Allan McNeil Rueda, quien fue subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hasta fines de 2019, cuando fue destituido, ha sido objeto de críticas y denuncias, realizadas desde el mismo MNP-CONAPREV, las cuales están en proceso de investigación, por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los centros penitenciarios hondureños, incluyendo muertes (entre ellas, la muerte de cinco reclusos en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso, conocida como “La Tolva”) y casos de tortura y malos tratos, así como por haber obstaculizado, de forma directa y expresa, la entrada del MNP al Centro Penitenciario Nacional de Tamara, Francisco Morazán.
Esta persona, en consecuencia, no reúne los requisitos previstos por la ley hondureña y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y su elección pondría gravemente en peligro el mandato y objetivos de la institución, al tener en su seno a personas que no reúnen la independencia, imparcialidad y méritos indispensables para el ejercicio del cargo.
Las organizaciones firmantes instamos de forma encarecida a la designación del/la tercer/a Comisionado/a del MNP-CONAPREV en cumplimiento con los requisitos mencionados, garantizando un procedimiento de selección transparente y meritocrático, para garantizar que el MNP-CONAPREV pueda seguir desempeñando su labor de salvaguarda de los derechos de las personas privadas de libertad, particularmente en momentos tan difíciles como los actuales.
Sin otro particular por el momento, agradecemos la atención otorgada a la presente comunicación.
Atentamente,
LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES SUSCRIBEN LA PRESENTE CARTA:
Organizaciones del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina *
• Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Suiza
• Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC, México
• Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC, México
• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
• Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras
• Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Colombia
• Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), Perú
• Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Honduras
• Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
• Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP), Colombia
• Observatorio Ciudadano, Chile
• “ Xumek” Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos, Argentina
Las siguientes organizaciones también suscriben la presente carta:
• Caritas Alemania, Alemania
• APUVIMEH, Asociación Para una Vida Mejor de personas infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA, Honduras
• ACI-Participa, Honduras
• Asociación Colectiva Lésbica Bisexual ANAT, Honduras
• Asociación de Derechos Humanos COZUMEL, Honduras
• ASOPAZ, Asociación Paz de Superación Por Honduras. Derechos Humanos Sin Fronteras, Honduras
• Caritas Diócesis de San Pedro Sula, Honduras
• CEJIL, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Costa Rica
• CEM-H, Centro de Estudios de la Mujer, Honduras
• ERIC-SJ, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación
• Pastoral Penitenciaria Arquidiócesis de Tegucigalpa, Honduras
• Pastoral Penitenciaria Diócesis de San Pedro Sula, Honduras
• A título individual: Enrique Andrés Font, experto independiente, ex vicepresidente del SPT
* El Grupo de Litigantes Contra la Tortura de América Latina es una plataforma, establecida en abril de 2019, conformada por abogados/as de 17 organizaciones de la sociedad civil de 10 países de América Latina y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), dirigida a luchar de forma colectiva contra la tortura y la impunidad en la región mediante una perspectiva integral del litigio.
Para obtener información adicional, por favor contacte a:
Iolanda Jaquemet ij@omct.org
+41 79 539 41 06
(Encargada de Comunicaciones)
La mentira ayer y hoy
septiembre 13, 2020
Redacción
Por: Víctor Meza
Eran los primeros años ochenta del siglo pasado, una década siniestra y todavía desconocida en su laberinto sangriento y sus interioridades macabras en la historia contemporánea de nuestro país. Había recibido una invitación de Joe Eldridge, un reconocido abogado de Washington dedicado a la defensa de los derechos humanos, para reunirnos en Tegucigalpa con un destacado actor de Hollywood, quien debía representar al personaje principal en una película sobre la guerra civil en El Salvador. El guión de la película se basaba en un libro (“Guazapa: testimonios de guerra de un médico norteamericano”), escrito por un joven idealista, médico de profesión, llamado Charles Clements, que había pasado algunos años al lado de la guerrilla salvadoreña en las montañas de Guazapa en ese país. Mi función sería la de supervisar la ejecución del guión, ya que el filme sería rodado en ambientes montañosos y paisajes de Honduras.
Nos dimos cita para cenar en el entonces restaurante Kloster, una instalación de dos plantas, con un amplio bar en la segunda. Mi sorpresa fue que, al llegar a la cena, me encontré de pronto con el actor invitado, nada menos que el conocido Richard Gere, a quien lo acompañaba una bella joven, hija de un millonario de Tejas que facilitaría el financiamiento para la película. Mi papel sería el de supervisar el fiel cumplimiento del guión y los detalles de la historia real. La cena era para intercambiar ideas sobre las posibilidades reales de filmar la película en Honduras. El invitado principal había pedido absoluta discreción sobre su presencia en Tegucigalpa, aunque estaba hospedado en el hotel Maya, un sitio poco propicio para la clandestinidad.
La cena había sido amena y la conversación agradable. Ya casi concluíamos, cuando una pareja que descendía del segundo piso reconoció fácilmente a Gere. Ella, la joven de la pareja intrusa, bajaba acompañada de un piloto local, muy conocido en los círculos sociales y políticos del país. Ella, norteamericana, era piloto adscrita a la Base norteamericana de Palmerola. Sorprendida por la presencia de Gere en el restaurante capitalino, se lanzó virtualmente a saludarle y, en su atropellada conversación, al saber el objetivo de la visita del reconocido actor, le ofreció sus buenos oficios para organizarle un vuelo especial y conocer, desde el aire, los campamentos de la contrarrevolución nicaragüense que entonces funcionaban, dizque clandestinamente, en la frontera con el vecino país. A Gere le pareció una excelente oportunidad, en función de la película en ciernes y en razón de que el gobierno hondureño negaba públicamente la existencia de tales campamentos.
El piloto local, acompañante de la parlanchina piloto norteamericana, advirtió de inmediato mi presencia y hacía esfuerzos por moderar el torrente lingüístico de su amiga. Todos los comensales, de alguna manera, disfrutábamos la escena y nos reíamos de los inútiles esfuerzos del “patriota criollo” por mantener en secreto la verdad de los hechos. El estaba tan sorprendido como nosotros divertidos.
Regresamos al hotel y nos llevamos otra sorpresa, de que un grupo de jovencitas esperaban a Gere con rótulos de bienvenida y amor adolescente. El actor se sintió molesto y la visita perdió poco a poco su glamour. La película, al final, se quedó en proyecto, cuando la hija del millonario perdió el interés en su galán ocasional.
Cuento esta historia tan solo para demostrar que la mentira, como dice la sabiduría de la gente, tiene piernas cortas, y que más rápido cae un mentiroso que un cojo. El gobierno hondureño de entonces mentía al negar la presencia de los “Contras” en suelo hondureño, mientras que el gobierno de hoy, miente al ofrecer una reforma electoral profunda para democratizar el sistema político-electoral de nuestro país. La élite política nos mentía ayer…y nos sigue mintiendo hoy. Estamos gobernados por mentirosos.
Eran los primeros años ochenta del siglo pasado, una década siniestra y todavía desconocida en su laberinto sangriento y sus interioridades macabras en la historia contemporánea de nuestro país. Había recibido una invitación de Joe Eldridge, un reconocido abogado de Washington dedicado a la defensa de los derechos humanos, para reunirnos en Tegucigalpa con un destacado actor de Hollywood, quien debía representar al personaje principal en una película sobre la guerra civil en El Salvador. El guión de la película se basaba en un libro (“Guazapa: testimonios de guerra de un médico norteamericano”), escrito por un joven idealista, médico de profesión, llamado Charles Clements, que había pasado algunos años al lado de la guerrilla salvadoreña en las montañas de Guazapa en ese país. Mi función sería la de supervisar la ejecución del guión, ya que el filme sería rodado en ambientes montañosos y paisajes de Honduras.
Nos dimos cita para cenar en el entonces restaurante Kloster, una instalación de dos plantas, con un amplio bar en la segunda. Mi sorpresa fue que, al llegar a la cena, me encontré de pronto con el actor invitado, nada menos que el conocido Richard Gere, a quien lo acompañaba una bella joven, hija de un millonario de Tejas que facilitaría el financiamiento para la película. Mi papel sería el de supervisar el fiel cumplimiento del guión y los detalles de la historia real. La cena era para intercambiar ideas sobre las posibilidades reales de filmar la película en Honduras. El invitado principal había pedido absoluta discreción sobre su presencia en Tegucigalpa, aunque estaba hospedado en el hotel Maya, un sitio poco propicio para la clandestinidad.
La cena había sido amena y la conversación agradable. Ya casi concluíamos, cuando una pareja que descendía del segundo piso reconoció fácilmente a Gere. Ella, la joven de la pareja intrusa, bajaba acompañada de un piloto local, muy conocido en los círculos sociales y políticos del país. Ella, norteamericana, era piloto adscrita a la Base norteamericana de Palmerola. Sorprendida por la presencia de Gere en el restaurante capitalino, se lanzó virtualmente a saludarle y, en su atropellada conversación, al saber el objetivo de la visita del reconocido actor, le ofreció sus buenos oficios para organizarle un vuelo especial y conocer, desde el aire, los campamentos de la contrarrevolución nicaragüense que entonces funcionaban, dizque clandestinamente, en la frontera con el vecino país. A Gere le pareció una excelente oportunidad, en función de la película en ciernes y en razón de que el gobierno hondureño negaba públicamente la existencia de tales campamentos.
El piloto local, acompañante de la parlanchina piloto norteamericana, advirtió de inmediato mi presencia y hacía esfuerzos por moderar el torrente lingüístico de su amiga. Todos los comensales, de alguna manera, disfrutábamos la escena y nos reíamos de los inútiles esfuerzos del “patriota criollo” por mantener en secreto la verdad de los hechos. El estaba tan sorprendido como nosotros divertidos.
Regresamos al hotel y nos llevamos otra sorpresa, de que un grupo de jovencitas esperaban a Gere con rótulos de bienvenida y amor adolescente. El actor se sintió molesto y la visita perdió poco a poco su glamour. La película, al final, se quedó en proyecto, cuando la hija del millonario perdió el interés en su galán ocasional.
Cuento esta historia tan solo para demostrar que la mentira, como dice la sabiduría de la gente, tiene piernas cortas, y que más rápido cae un mentiroso que un cojo. El gobierno hondureño de entonces mentía al negar la presencia de los “Contras” en suelo hondureño, mientras que el gobierno de hoy, miente al ofrecer una reforma electoral profunda para democratizar el sistema político-electoral de nuestro país. La élite política nos mentía ayer…y nos sigue mintiendo hoy. Estamos gobernados por mentirosos.
