Más de 470 manifestaciones en 190 días de confinamiento, reflejan descontento de los hondureños
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Humanos en Honduras (OACNUDH) reporta a la fecha 477 manifestaciones realizadas en 76 municipios del país a lo largo de 190 días de confinamiento.
A mediados de junio, la OACNUDH compartió desde su perfil en Twitter su herramienta de monitoreo de manifestaciones realizadas en el contexto de la crisis por Covid-19 en Honduras, observando que las manifestaciones y la protesta social se incrementaron.
De acuerdo a la herramienta de monitoreo, las principales expresiones de descontento ciudadano se han realizado en los municipios del Distrito Central con 145 y San Pedro Sula con 43. Seguido por El Progreso con 24, Choloma con 22, en Villanueva 14, Choluteca 11 y Comayagua 9, entre otros municipios.
Entre las principales motivaciones de las manifestaciones se encuentran: el acceso a la alimentación, el incumplimiento en el pago de bonos estatales, el retorno al trabajo y el temor al contagio por Covid-19, entre otros.
Criterio.hn entrevistó al director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Leiva, para hablar sobre el incrementó en las expresiones de descontento a lo largo de estos seis meses.
Dónde está el dinero es la manifestación que se ha replicado por todo Honduras, preguntando donde
están los más de 90 mil millones de lempiras que se aprobaron para la pandemia
Leiva señala que incluso en un estado de sitio, pese a las restricciones y al miedo, hay un claro incremento de manifestaciones, lo que indica que las condiciones en las que se encuentran las y los hondureños es frágil y pese a esto, no están siendo escuchados y atendidos. En cambio, se están “distribuyendo fondos del erario público en empréstitos a una camarilla que le está dando un mal uso y un mal servicio”.
Lea también: Estado de sitio en Honduras es un reflejo de la ilegalidad y el autoritarismo
El director de Ciprodeh indica que “mientras las cosas sigan así, donde la balanza se inclina más a la injusticia pues la gente […] se va movilizar porque llega un momento en que el miedo deja de ser esencial para evitar que la gente se mueva” en busca de mejorar su condición de vida.
Igualmente, indica que estas movilizaciones están ligadas a una lucha de clases y que el descontento continuará y no se detendrá mientras derechos básicos como el acceso a salud, educación, alimentación y trabajo digno, no sean solventados.
Leiva explica que el modelo neoliberal se basa en la explotación de las y los trabajadores. Sus salarios disminuyen cada vez que el precio del dólar se incrementa en relación al lempira. Esto ejerce presión sobre los trabajadores y esto les impulsa a reaccionar. Históricamente, esta es la forma en que los pueblos avanzan.
“Desde el 2009, la gente se ha estado movilizando y no ha dejado de movilizarse porque la reconciliación no se ha dado. El régimen para poder mantener el control lo hace a través del miedo, del temor y las armas”. Mientras existe un grupo minoritario que tiene todos los privilegios, se violentan los derechos de niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores, expresa.
Falta de pago al personal de salud en diferentes departamentos de Honduras y la
exigencia de equipo de bioseguridad es de las protestas más constantes
En el ínterin, pese a que se exigen reformas, desde el poder se reacciona en detrimento de derechos como la libertad de expresión, como se hizo con el nuevo Código Penal. “No hacen, ni atienden el llamado de la población”, por lo que la gente sale a las calles a exigir sus derechos y está bien porque “derecho que no se reclama, derecho que no se exige, derecho que no se vive, deja de ser un derecho”, reflexiona.
“Estamos en un estado de excepción que prácticamente, el régimen lo ha utilizado para reprimir al pueblo. No para asegurar su alimento, no para asegurar su trabajo, no para asegurar su salud, no para escuchar su voz o cuestiones culturales”, declara.
GOBIERNO PIDE PACIENCIA, HOSPITALES SE PUDREN Y HONDUREÑOS INSISTEN “¿Y EL DINERO?”
- Publicado: 19 Septiembre 2020
En
conferencia de prensa, la docente y secretaria de Salud, Alba Consuelo
Flores, acompañada por la Junta Interventora de Invest-H, han pedido
paciencia al pueblo hondureño ante la queja de la inoperatividad de los
“cascarones” que Marco Bográn ordenó para quintuplicar la capacidad
hospitalaria del Sistema de Salud.
Los dos primeros hospitales en llegar al país, de acuerdo a señalamientos del CNA, son de baja calidad, llegaron en pésimo estado y los insumos, a palabras de la doctora Suyapa Figueroa “son basura”; en tanto, el juicio contra Bográn no está ni cerca de comenzar.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cada día los hondureños se preguntan dos cosas: ¿Dónde está el dinero?, y ¿cuándo inicia el juicio de Marco Bográn?- Las interrogantes seguirán sin respuesta, mientras la indignación crece y la convulsión social ha llegado a reactivar la protesta diaria en las calles.
La presión social tiene en aprietos al Gobierno de Honduras, los reclamos y el repudio por los “cascarones” de Hospitales Móviles van en aumento, inicialmente el cónsul de Turquía en Honduras, Adolfo Facussé alertó de que el cargamento no traía los modernos centros de atención y Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), lo confirmó en una inspección.
Los insumos traídos eran de baja calidad, usados y otros inservibles, la condición de las cabinas donde se prevé salvar la vida a los infectados por Covid-19, están en condiciones precarias y llenas de goteras. “Son basura y han traído basura”, dijo en su momento la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa.
NOTA DE INTERÉS: ¡INVESTIGACIÓN! HONDURAS COMPRÓ HOSPITALES EN UNA TIENDA DE UPS
Los supuestos hospitales llegaron hace más de dos meses y a la fecha no han atendido a ningún hondureño porque el equipo es inservible, el pueblo lo reclama y la presión llegó al punto que hoy, en conferencia de prensa, se ha pedido paciencia.
La profesional docente y secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, acompañada de la Junta Interventora de inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), informaron hoy al pueblo que no tienen la más mínima idea de cuándo funcionaran los hospitales.
Alegando
que en estos “hospitales” se va a salvar vidas, Flores dijo que el
personal que estaría asignado a estos centros, ubicados en Tegucigalpa y
San Pedro Sula, se estaba especializando en atención. Y sostuvo que “el
hospital no funcionará hasta que no se hagan las pruebas
correspondientes del equipo”.
En tanto, el miembro interventor de Invest-H, Gustavo Boquín, explicó que “hay situaciones que se han presentado de último momento, por ejemplo, nos dimos cuenta que necesitamos unidades de diálisis y que no estaban contempladas en la compra”, confirmando que no se sabe cuándo funcionarán.
De acuerdo con las declaraciones de Boquín, quedó confirmado también que fue un acto de incapacidad de razonar no haber delegado las tareas de compra de insumos a los especialistas de la medicina, ya que el gobernante Juan Hernández dio la orden que el encargado fuera Bográn, quien se entendería con la profesora Flores.
Y Mientras el régimen da largas a la atención del pueblo, siguen los señalamientos por la sobrevaloración en las compras; los otros cuatro hospitales siguen en Turquía y llegarían a finales de septiembre. Por otro lado, más de 2,000 hondureños han muerto por Covid-19, según la Asociación de Funerarias van más de 5,000 vidas perdidas por el virus.
¿Cuál independencia? y ¿Dónde está el dinero? serán las consignas populares de este 15 de septiembre
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Para reclamar una verdadera independencia política y transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Covid 19, pobladores de la costa norte se movilizarán en San Pedro Sula, este martes 15 de septiembre, según informó, el luchador social y catedrático universitario, Faustino Martínez.
Según Martínez, Honduras nunca ha tenido independencia porque la que verdaderamente buscaba construir Francisco Morazán fue frenada por los conservadores que rompieron con la Federación Centroamericana. Y ante tal situación, sostuvo que este 15 de septiembre, esperan movilizar a pobladores de Villanueva, La Lima, Potrerillos, San Manuel, Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula.
El inicio de la manifestación está programado para las ocho de la mañana en las inmediaciones del Mall Megaplaza, en el bulevar del este, salida a la Lima y finalizará en el parque central, frente a la catedral, San Pedro Apóstol. Se informó, que los pobladores de El Progreso, Yoro no estarán en la movilización San Pedro Sula, porque en esa ciudad, también habrá manifestaciones.
“Hay entusiasmo”, dijo Martínez, reiterando que las demandas para este 15 de septiembre son, ¿Cuál independencia? y ¿dónde está el dinero?, refirió, que la convocatoria surgió el sábado anterior en una reunión de la Plataforma de la Salud y la Educación.
Sostuvo, que además de los maestros y los médicos, en la manifestación habrá militantes del Partido Libertad y Refundación; de la Escuela de Formación Popular, Roger Vados, pobladores independientes y miembros de diversas organizaciones sociales y populares de la zona norte.
Para el licenciado Martínez, estos dos temas son importantes porque la independencia del país ha sido cuestionada desde sus orígenes en 1821, cuando los criollos que controlaban el poder se adelantaron a los hechos y para evitar las revueltas independizaron a Centroamérica dejándola en manos de los herederos de la corona española.
Y “de allí para acá todo sido una total dependencia de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón, de Canadá y de las demás grandes potencias”, indicó Martínez.
Nota relacionada La “independencia de 1821”: un debate necesario
Agregó, que tampoco se puede celebrar una independencia a sabiendas de que en la actualidad todo ha sido entregado a las empresas transnacionales, el agua, la luz, teléfono, espectro radiofónico, las montañas, las carreteras, “todo ha sido privatizado y solo falta que estos jodidos regalen el aire”, continuó, Martínez.
Sobre el tema del dinero, Martínez mencionó, que los funcionarios del gobierno han hecho fiesta con los recursos públicos destinados para el combate de la pandemia del Covid 19 y han provocado más precariedad en el sistema sanitario y la sociedad en general.
Y es que en los últimos seis meses el gobierno aprobó millonarios recursos públicos del Presupuesto Nacional y de préstamos suscritos con organismos internacionales para una pandemia que por la forma en que ha sido manejada provocará más endeudamiento y miseria para la población hondureña.
Informes de distintas organizaciones sociales revelan que esos fondos han sido manejados con absoluta discrecionalidad y que las contrataciones de recursos humanos, compras de equipos, de materiales de bioseguridad y de alimentos, presentan irregularidades que van desde la negligencia para la elaboración de un contrato hasta la sobrevaloración de precios de los productos.
Investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción y de la Asociación para una Sociedad más Justa indican que durante la pandemia del Covid 19 los funcionarios del gobierno compraron equipos e insumos en mal estado y con precios superiores del costo real, entre otras irregularidades.
HONDURAS / PUEBLO VUELVE A LA CALLE CON LA PLATAFORMA POR SALUD Y EDUCACIÓN
- Publicado: 12 Septiembre 2020
“Vamos a mantener vivo el grito de indignación de la ciudadanía hondureña, por el robo descarado de los fondos aprobados durante la emergencia sanitaria, no vamos a permitir que digan que el dinero está en los rostros de personas humildes o en personal de salud que murió por la negligencia de este gobierno”, ha dicho la doctora Suyapa Figueroa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este 11 de septiembre, la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación en Honduras, ha hecho sentir su voz, reunificando al pueblo hondureño para hacer frente al régimen de Juan Hernández, que ha cometido negligencia criminal en el pésimo manejo de la pandemia por el virus Covid-19.
La movilización partió de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y culminó en el Hospital Escuela Universitario (HEU), donde hondureños de todos los estratos acompañaron la marcha, y la pregunta #DóndeEstáElDinero sigue sin respuestas por parte del gobierno y sin ser borrada de calles y muros en todo el país.
Entre los objetivos de la Plataforma, destaca el reorganizar el movimiento popular, que en la última década se ha ido reduciendo por intereses grupales. De acuerdo con el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Edwin Hernández, “la Plataforma tiene como objetivo organizar el movimiento popular y hacer una lucha en conjunto, sobre toda la problemática que se está dando en el país, especialmente la explotación y precariedad del sector obrero”.
Por su parte, la presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), la doctora Suyapa Figueroa, ha comentado que la reactivación de ese espacio gremial busca la unión de toda la sociedad hondureña. “En este momento toca articularnos con todos los sectores de sociedad civil, para que juntos podamos buscar los caminos de respeto a nuestros derechos”.
Asimismo, ha condenado el despilfarro en el manejo de los 92 mil millones que el Congreso Nacional aprobó al gabinete de Juan Hernández para el manejo de la pandemia. “Vamos a mantener vivo el grito de indignación de la ciudadanía hondureña, por el robo descarado de los fondos aprobados durante la emergencia sanitaria, no vamos a permitir que digan que el dinero está en los rostros de personas humildes o en personal de salud que murió por la negligencia de este gobierno”, enfatizó la doctora Figueroa.
SE RECRUDECE INSATISFACCIÓN SOCIAL EN HONDURAS
- Publicado: 08 Septiembre 2020
En
las zonas centro, norte y caribe del país, los transportistas han
bloqueado la circulación del tráfico, en vista que el gobierno de Juan
Hernández no ha resuelto sus demandas, además, los maestros se
manifestaron en contra de una ley que pone en riesgo sus fondos y
jubilaciones.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A 177 días de confinamiento por la llegada del nuevo coronavirus al país, las protestas se han extendido por el territorio nacional. Así, centenares de conductores de taxis y autobuses del transporte público iniciaron un paro en las principales ciudades, para exigir que el gobierno de Juan Hernández les permita trabajar o entregue un subsidio ante la falta de trabajo.
Los transportistas iniciaron la huelga antes de las 7:00 de la mañana, sin aclarar por cuánto tiempo y deteniendo el tráfico en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida, Cortés y Colón, en el centro, norte y caribe del país. En la capital hondureña, los conductores bloquearon con las unidades el paso a la altura del kilómetro 16 en la salida al sur, que conduce hacia las fronteras con Nicaragua y El Salvador.
Los transportistas exigen un subsidio, cuyo monto aún no se ha y que este año no les cobren el pago de matrícula que asciende a 8 mil lempiras, ha informado el portavoz del Consejo Nacional de Transporte, Jorge Lanza. “La mayoría de nuestros compañeros tiene seis meses de no trabajar por la cuarentena”, vigente desde el 12 de marzo y que en fecha reciente fue extendida hasta el 13 de septiembre, como anunció en cadena nacional el Sistema Nacional de Riesgo (Sinager).
La comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, dijo que ha invitado a los transportistas a una reunión virtual para socializar una serie de medidas de alivio, pero los dirigentes exigen que el encuentro sea presencial; además, dirigentes del transporte de carga no han descartado sumarse a corto plazo a las exigencias del rubro.
Por otra parte, en la capital de la República los maestros han vuelto a las calles a protestar contra la nueva ley que aprobó el Congreso Nacional (CN), y que exonera a las instituciones educativas privadas de sus deudas con el Institución de Previsión Social del Magisterio Nacional (Inprema), dejando millonarias pérdidas millonarias y poniendo en riesgo los fondos y jubilaciones de los docentes.
En Honduras la moral es utilizada como sinónimo de actitud, de coraje y determinación. Tener la moral alta es una cualidad de la gente que lucha, que triunfa y que a pesar de las dificultades mantiene la cabeza en alto. Y va de frente.
Es muy interesante esta concepción de la moral, porque las iglesias usaron históricamente ese conjunto de normas no escritas basadas en dogmas religiosos precisamente para controlar el comportamiento y dominar las conciencias de los individuos. Para moldear la obediencia, no para liberarla del colonizador-explotador.
En el caso del magisterio, que siempre ha sido la masa crítica de la sociedad, la conciencia despierta de la nación y la voz en alto contra las injusticias, su moral de resistencia ha sido siempre ejemplar.
En distintos períodos de la historia despótica de Honduras hubo sátrapas que intentaron deshacerse de las y los profesores por distintas vías, pero no lo consiguieron.
Las luchas de 1954, para citar las más recientes y las sucesivas contra los golpistas del 63, del 76 hasta llegar a los actuales usurpadores del poder, los profes entregaron sus ideas, sus talentos y hasta sus vidas por encausar el país hacia los caminos de la civilización. Y por mantener la educación como un servicio público, un derecho social bajo la responsabilidad total del Estado.
El sistema utilizó desde entonces y desde antes, dos expresiones tramposas para controlar la moral de lucha del magisterio. Apóstoles y revoltosos privilegiados, como convenga. Las dictaduras militares y las dictaduras civiles empresariales, por ejemplo, los llaman apóstoles para explotar su trabajo. Los llaman grupo privilegiado que no paga impuestos para destruir su moral.
Todos esos argumentos son falsos. Ni son apóstoles de nada ni son privilegiados del mercado voraz. Son trabajadores con derechos y responsabilidades. Son enseñantes del aprender a leer, escribir, pensar, socializar y convivir, y por ello deben recibir un salario justo.
El trabajo del magisterio en las calles ha sido monumental en los últimos 11 años. Convirtieron cada movilización popular en toda Honduras en un aula abierta para enseñar y aprender la economía solidaria, el respeto y la tolerancia a las diversidades, la lógica del poder y la alegría de la esperanza.
Por esa pedagogía callejera que convertía a los oprimidos en alumnos aventajados de la democracia participativa y representada, el magisterio fue flechado como un enemigo peligroso al que había que quebrarle la moral.
Los regímenes de micheleti y juan orlando desde 2009 hasta nuestros días utilizaron primero las lealtades de dirigentes cachurecos y liberales corruptos para traicionar las bases del magisterio, también usaron la represión militar directa contra sus líderes visibles y recurrieron finalmente al vil asalto de las finanzas del sacrificado magisterio.
En nombre del porcentaje que el Estado paga al instituto de previsión, en nombre de los sagrados bancos agiotistas y de las santas religiones que hacen negocios con la educación privada, una banda de delincuentes tomó control de los libros del magisterio nacional. Y los pusieron en rojo.
Con una campaña brutal diseñada por el banco Mundial, el Fondo Monetario, la embajada de Estados Unidos y los grupos de imagen neoliberal salvajes del régimen, con una sarta de ataques feroces contra las y los profesores, abrieron a patadas sus fondos de pensiones y los convirtieron en oxígeno para los especuladores del sistema financiero.
Además de ese golpe, el régimen destartaló el Estatuto del Docente, que era la ley por la cual había avanzado el consenso social entre educadores y Estado, eliminó las escuelas de formación de maestros y llenó de activistas huecos las plazas del sistema educativo a nivel nacional.
Durante la actual pandemia, que juntó los virus del Covid19, la corrupción y del crimen organizado, los y las profesoras no abandonaron su deber de impartir clases. Aunque las estadísticas dicen que más de 400 mil alumnos en todos los niveles quedaron sin acceso a la educación por falta de conexión a internet y acceso a computadoras, el magisterio soportó con sus salarios el pago de la electricidad, el teléfono y el internet para enseñar.
Las demandas extras de este proceso particular de emergencia desde marzo hasta nuestros días provocaron que el profesorado sufra retrasos en el pago de sus préstamos e intereses, producto de los retrasos del régimen en la acreditación de sus transferencias salariales.
Hoy hace más de un mes que no les pagan y ninguna institución financiera les perdona sus moras por muy virulenta que continúe la pandemia y las medidas restrictivas del Sinager.
Estas mujeres y hombres que gobiernan las aulas conocen bien a cada familia a través de cada estudiante. Y a través de cada acción represiva del régimen conocen mejor a sus enemigos que en el Congreso Nacional condonaron deudas y sobrecargos a los centros educativos privados controlados por las mafias religiosas. Pero ese mismo Congreso fue incapaz de poner en pausa el pago de las cuotas mensuales del magisterio por tres meses como lo solicitaron. Los píos negaron esa compensación bajo el argumento del “déficit actuarial del Inprema”.
Todas estas son formas perversas de bajar la moral a nuestras queridas profesoras y profesores. Por eso de nuevo están en lucha. Porque la moral no es un patrimonio privado de los templos, es un comportamiento, una actitud, una decisión corajuda que pertenece también a las calles. Buenas noches.
Maestros a las calles a exigir pago de salarios
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Por tercera semana consecutiva, los maestros han convocado a asamblea virtual para definir acciones de cara al incumplimiento salarial por parte del Gobierno. La Secretaría de Finanzas no ha pagado el salario a docentes de más de diez departamentos.
“Hacemos un llamado al Gobierno y a la Secretaría de Educación para que le paguen a los docentes a nivel nacional. No es posible que nos tengan sin salario dos meses, hemos sido responsables y ellos no”, comenzó manifestando el profesor Joel Almendàrez a una cadena radial capitalina.
El dirigente magisterial dijo que obedeciendo a los acuerdos de la asamblea de docentes, ellos han decidido no entregar informes a las autoridades de educación hasta que el Gobierno cumpla con su responsabilidad y pague los salarios a nivel nacional.
“El Gobierno no reconoce nuestra labor de educar y de servicio que tenemos, ellos no están administrando bien los recursos y que nos tengan aguantando hambre no es justo. No le estamos pidiendo nada fuera de serie, solo reclamamos nuestros derechos”, recordó Almendàrez.
El profesor también es dirigente de las centrales obreras en la zona norte del país, dijo que en El Progreso, Yoro, los docentes han determinado dar clases a sus alumnos pero suspender por completo la entrega de informes o asistir a reuniones convocadas por las autoridades de los centros educativos, como de las direcciones Distritales y Departamentales de Educación.
En ese sentido, la base magisterial ha convocado a una nueva asamblea de docentes para este miércoles, en la cual van a plantear las acciones a desarrollar en el marco de la demanda salarial.
El profesor Edwin Hernández, manifestó que un grupo de docentes se ha convocado a los bajos del Congreso Nacional, este miércoles 9 de agosto, en la cual van a exponer sus reclamos.
Hernández cree que hay un plan del oficialismo para no cumplir con su obligación con los docentes a nivel nacional, situación que tendrá que ser resuelta en las calles.
El profesor también expuso su preocupación hacia la propuesta de promoción automática planteada por el diputado Renán Inestroza, de la que calificó es una intensión de darle el golpe final al magisterio.
Para la dirigencia magisterial si el Congreso aprueba esta propuesta, estaría cometiendo un grave error, pues el contexto que vive el país demanda a que las autoridades aprueben otro tipo de medidas, como implementar Internet gratis para alumnos y docentes.
“A nosotros nos toca pagar el Internet para dar clases y el Gobierno nos tiene sin salario, es una enorme injusticia la que cometen contra una noble profesión como lo es la carrera docente”, reclamó Hernández.
La base magisterial ha jugado un papel importante en esta nueva etapa de protestas, presionando a la dirigencia para que convoque a acciones de presión por el pago de salarios atrasados.
Vigésimo Tercer Manifiesto Público
Ratificamos que la principal crisis no es el Coronavirus. La crisis fundamental es la que provoca el pacto de corrupción e impunidad construido en torno a la narco dictadura que lidera Juan Orlando Hernández. Y con mayor firmeza inquebrantable, alzamos la voz para llamar al encuentro, a la búsqueda de vinculación y de la unidad entre todos los sectores y expresiones populares y sociales, como el camino y la opción para sacar a los criminales que conducen el Estado, y así abrir caminos de salida. Necesitamos seguir juntando más voces en un solo grito, así como ahora elevamos este Vigésimo Tercer manifiesto público:
1.- Alertamos y denunciamos que se está aprovechando la pandemia para profundizar los proyectos extractivos, al tiempo exigimos que el Acuerdo de Escazú, sea firmado, ratificado y adoptado por el Estado de Honduras, como instrumento que facilitará el acceso de información y participación de las comunidades en la defensa de los bienes naturales y su lucha en contra de las transnacionales.
2.- Denunciamos ante el mundo que la vida de los defensores del río Guapinol es amenazada por el Estado, en una clara violación al procedimiento jurídico que no solo mantiene en la cárcel a ocho defensores, sino que ha anulado el sobreseimiento a otros cinco miembros del Comité Municipal con el propósito de volver a privarles de su libertad. Condenamos que la Corte Suprema de Justicia se organice internamente con el propósito de conducir todo el proceso para proteger a David Castillo, el autor más alto señalado hasta ahora por la justicia en el asesinato de Berta Cáceres.
3.- Reafirmamos que los militares junto con Juan Orlando Hernández, son el principal obstáculo para construcción de democracia y Estado de derecho; condenamos por eso mismo la militarización de la sociedad que se materializa en todos los campos, como ocurre con la nueva ola de desaparecidos en Santa Bárbara y los garífunas desaparecidos del El Triunfo de la Cruz.
4.- Condenamos la masacre laboral que están viviendo los obreros y obreras de la maquila, así como la falta de pago de salario de los maestros, así mismo rechazamos el intento del gobierno por cerrar el año escolar con el único propósito de ahorrar dinero para seguir robando.
5.- Advertimos que a la incertidumbre actual se sumará la tempestad de la campaña electoral, que se hará mucho más agresiva cuanta más ilegitimidad adquiere. Llamamos a todo nuestro pueblo a mantener la mente y los ojos abiertos para evitar caer en trampas que nos desvíen o confundan en la tarea primordial de socavar y arrasar con las bases que sostienen la dictadura.
6.- Celebramos el éxito de la Cadena Nacional Popular “¿Dónde está el dinero?” A la que hoy se suma “JOH se lo robó”, al tiempo que exhortamos a seguir sumándonos a todas las caravanas y cacerolazos semanales convocadores de pueblo en todas las regiones del país.
Honduras, agosto de 2020
Mesa de Derechos Humanos: Estado de Honduras sabe qué pasó con los garífunas desaparecidos
Saturday, 29 August 2020 21:37 Written by Dina Meza Published in Denuncia - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Que las estructuras represivas del Estado se escudan en la protección de la información para no dar cuenta del paradero de los cuatro garífunas desaparecidos forzadamente desde el 18 de julio, y es una estrategia para pretender ablandar la lucha por la defensa de la tierra y favorecer a los consorcios empresariales para despojarles de la misma, destaca la Mesa de Derechos Humanos en un comunicado público, difundido este sábado 29 de agosto de 2020 por la noche, en relación a la impunidad en que se mantiene la desaparición forzada de cuatro garífunas, ocurrida el pasado 18 de julio, además demanda una comisión internacional para llegar a la verdad.
Alberth Sneider Centeno, había ingresado al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, quienes realizaron un análisis de riesgo, mismo que resultó muy grave. Los retrasos en su actuación por parte del Estado de Honduras para otorgar la protección inmediata, trae como consecuencia que los responsables del secuestro y posterior desaparición, actuaran con total impunidad y la certeza de no ser castigados. Su accionar estaba protegido por las restricciones y confinamiento social impuesto por el gobierno en el marco de la pandemia por la COVID-19, donde los perpetradores sabían que las víctimas estarían en sus casas y que los únicos que podían circular con total libertad eran ellos, agrega en otra parte el documento de la Mesa de Derechos Humanos.
Lea completo el pronunciamiento:
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Amnistía Internacional externó su preocupación por la desaparición forzada de cuatro liderazgos de la comunidad de Triunfo de la Cruz desde el pasado 18 de julio, en una carta dirigida a Juan Orlando Hernández y difundida este viernes 24 de julio.
En la carta dirigida a Hernández, la organización por medio de su directora para las américas, Erika Guevara Rosas, expresó tener conocimiento que personas armadas y uniformadas con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) irrumpieron en territorio de la comunidad, llevándose a las cinco personas sin presentar una orden de captura.
“Amnistía Internacional reitera su preocupación de que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y medio ambiente permanecen impunes en Honduras”, puntualizó Guevara Rosas en la misiva.
El pasado 18 de julio, se denunció la desaparición de Alberth Snider Centeno Tomas (presidente del patronato de la comunidad), Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez, líderes de la comunidad de Triunfo de la Cruz e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La organización, instó a las autoridades hondureñas a realizar una investigación para determinar el paradero de las cinco personas del pueblo garífuna, así como una investigación que identifique a los autores materiales e intelectuales y sean presentados ante la justicia.
Amnistía Internacional puntualizó en la misiva que se tenga en dicha investigación “la posibilidad de que la desaparición esté relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos”.
Además, la organización humanitaria solicitó “de forma urgente” la adopción de un Plan de Protección colectiva para la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, con una perspectiva que abarque temas de género y étnica sobre la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Siguen acciones de violencia contra pueblo garífuna
Durante la semana recién pasada, las acciones de protesta del pueblo garífuna, exigiendo la aparición con vida de los líderes y la lideresa del pueblo garífuna, han sido reprimidas por fuerzas policiales.
La coordinadora de la OFRANEH, Miriam Miranda, denunció el pasado 20 de julio, la entrada, en horas de la noche, de vehículos con gente armada a la comunidad de Triunfo de la Cruz.
Cerca de 24 horas después, denunció las acciones represivas a las protestas, tanto en Triunfo de la Cruz como en Sambo Creck, las que demandan el retorno con vida, bajo la consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Textualmente, sobre la represión policial en Sambo Creeck, Miranda escribió en su cuenta de twitter: “En esto si gasta el gobierno dictatorial, para comprar bombas lacrimógenas y reprimir nuestro pueblo, pero no invierte en equipamiento para combatir el Covid-19, los centros hospitalarios no tienen nada y la policía está equipada”.
Cabe señalar que, el martes anterior, se interpuso en los juzgados de letras seccional del municipio de Tela, departamento de Atlántida, un recurso de Habeas Corpus (Exhibición Personal) con carácter de urgencia, en favor de Snider Centeno, Suami Mejía, Gerardo Rochez y Milton Martínez.
Este sábado, en la colonia “Lomas del Carmen”, en San Pedro Sula, al norte del país, autoridades policiales reportaron el hallazgo de documentación de dos de los cuatro liderazgos del pueblo garífuna.
Persistente incumplimiento a sentencia de Corte IDH en caso Triunfo de la Cruz
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida en octubre de 2018, manda al Estado de Honduras el cumplimiento de una serie de medidas de reparación hacia la comunidad de Triunfo de la Cruz, las cuales aguardan la displicencia estatal para su cumplimiento.
Una de ellas, es el otorgamiento de un título de propiedad colectiva “debidamente delimitado y demarcado” y tomando en consideración el derecho consuetudinario, usos y costumbres, de la Comunidad.
Dicha medida, ordenaba un plazo de dos años, a partir de la publicación de la sentencia, pero hasta la fecha no se ha cumplido.
En ese sentido, Amnistía Internacional, cuestionó en la carta que otras medidas como tales como la garantía del libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio, la creación de mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y la creación de un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz aún están pendiente de cumplimiento.
Como punto final, Amnistía Internacional enfatizó que el Estado hondureño debe dar “pleno cumplimiento” a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aborda temas claves para la mitigación de la violencia en la comunidad.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras 72 horas del secuestro de cuatro líderes de la comunidad El Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, hondureños inician actividades de movilización física y virtual para exigir el regreso con vida de los jóvenes.
De acuerdo con información brindada por la coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Miriam Miranda, el sábado 18 de julio de 2020 a eso de las seis de la mañana, fueron secuestrados por hombres con vestimentas de la Dirección Policial de Investigación (DPI), los jóvenes: Alberth Snaider Centeno, Milton Martínez, Suami Mejia y Albert Sentana.
Hasta el momento las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto, desconociéndose las pesquisas que realizan para proteger sus vidas, pese a los reclamos hechos por una comunidad que cuenta desde el año 2015 con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en consecuencia, de varias violaciones a derechos humanos.
La CIDH ordenó a Honduras ejecutar reparaciones a favor de la comunidad garífuna que incluía entre otros, la devolución de terrenos ocupados por personas ajenas a ellos, sin embargo, a la fecha el Estado hondureño no ha cumplido con la sentencia.
Así lo denunció Miranda quien aseguró que solo en este país lleguen personas a la comunidad vestidos con indumentaria policial y militar, “no hemos dormido nuestra gente ha hecho una peinada a todo Tela buscando a los jóvenes…es increíble que hayan secuestrado a nuestros líderes un día sábado donde se supone que nadie circula ese día”.
Los cuatro jóvenes es garífunas son reconocidos lideres en la comunidad de El Triunfo de la Cruz, Alberth Snaider Centeno es el actual presidente del patronato de dicha comunidad. “Se trata de personas claves dentro de las comunidades, son jóvenes que han hecho mucho trabajo en pro de los derechos humanos, nos llama poderosamente la atención los señalamientos externos que dicen que en algo andaban…andaban trabajando por sus comunidades”, dijo Miranda.
“Eso es normalizar la muerte, nosotros deberíamos trabajar por mejor futuros para nuestro país, condenamos el secuestro de estos jóvenes, recordemos el caso de Bertha Cáceres agarran a los que ejecutan las ordenes y no a los que pagan, por eso hacemos lectura de un plan maquiavélico para hacernos desaparecer como pueblo garífuna”, denunció Miranda.
Todo el pueblo esta en vilo, aseveró indignada Miranda, “para nosotros la vida tiene mucho significado y perder a alguien de nuestra comunidades es costoso porque somos una población muy pequeña y vulnerable”.
A movilizarse a las calles y en las redes, para exigir el regreso de los jóvenes garífunas
El clamor de la comunidad garífuna venció la desmovilización ciudadana impuesta por medio de Decreto Ejecutivo PCM021-2020 desde el pasado 15 de marzo del presente año, donde el Estado de Honduras suspendió otros el derecho a la circulación, manifestación y expresión.
La reacción no se hizo esperar por parte de los garífunas que, en menos de 48 horas del secuestro de los jóvenes, salieron a las calles como mecanismo de protesta para exigir el retorno con vida de los cuatro ciudadanos.
A primeras horas del lunes 20 de julio, pobladores de la comunidad garífuna de Sambo Creek de La Ceiba bloquean la carretera CA-13 en exigencia a una respuesta de las autoridades por el rapto de los líderes comunales. La manifestación se mantuvo hasta el martes 21 de julio por horas de la tarde cuando fueron disuadidos por la Policía Militar y Antimotines a punta de gas lagrimogeno.
Lo mismo ocurrió con los pobladores de El Triunfo de la Cruz, que se plantaron en la misma carretera CA-13 a la altura del municipio de Tela, impidiendo con ello el paso de vehículos hacia el municipio de La Ceiba.
Por horas de la tarde la comunidad hondureña garífuna en Manhattan New York, exigiendo mediante una caminata pacifica, la liberación de los cuatro garífunas secuestrados en Triunfo de la Cruz.
Para el día martes 21 de julio, las movilizaciones se han intensificado en el territorio nacional, en horas muy tempranas de la mañana, frente a la DPI de la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortes en la zona norte, la comunidad garífuna residente en ese sector realizo un plantón pacifico exigiendo la liberación de os jóvenes.
Lo mismo ocurrió en la capital política de Honduras, en la entrada principal a la Corte Suprema de Justicia, donde la comunidad garífunas y representantes de la sociedad civil se sumaron a la exigencia del retorno de los jovenes.
El clamor por el respeto de las vidas de los cuatro jóvenes ha iniciado un también movimiento en las redes sociales en donde la ciudadanía nacional e internacional han impulsado una serie de campañas solidarias en apoyo a las exigencias para el regreso con vida de los cuatro jóvenes garífunas.
#
LasVidasGarifunasTambienImport an #VivosLosQueremos
#TuLuchaEsMiLucha
#TodosSomosGarifunas
#CuidemosNuestrasCulturas
“No están desaparecidos cuatro simples hombres, están desaparecidos cuatro hombres garífunas que son líderes, que defienden, que luchan y cuidan el patrimonio cultural qué hay en Honduras, protegiendo las playas, los territorios y el medio ambiente de toda la costa qué hay en nuestro país”, detallan los mensajes solidarios en las redes sociales.
Pueblo garífuna bajo ataque
Junto a Centeno fueron secuestrados Milton Martínez Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix, todos miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras.
También fue secuestrado Junior Rafael Juárez Mejía, un allegado de la comunidad.
Las autoridades policiales han negado cualquier tipo de responsabilidad en el crimen, sin embargo tanto las comunidades garífunas como la Ofraneh responsabilizan al Estado de Honduras por los ataques sistemáticos sufridos en estos años.
Son 20 los miembros de las comunidades garífunas hondureñas asesinados el año pasado, en su mayoría comprometidos con la defensa de los territorios ancestrales y los bienes comunes.
El 20 de mayo de este año fue asesinado Edwin Fernández, miembro de la Ofraneh y encargado de la vigilancia del portón de entrada a la comunidad de Río Tinto.
Un mes después, desconocidos segaron la vida del líder comunitario Antonio Bernárdez, oriundo de la comunidad de Punta Piedra.
Según la Ofraneh, tanto la desaparición forzada de los jóvenes como la ola de asesinatos están relacionados con el expolio de territorios ancestrales garífunas a manos del gran capital nacional y transnacional, y con la lucha comunitaria de resistencia al extractivismo.
El derecho del pueblo garífuna sobre estas tierras ha sido objeto de un largo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que en 2015 falló a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
En el fallo, los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de poder con el objetivo de desarrollar megaproyectos turísticos, expandir el cultivo de palma africana y para la construcción de viviendas privadas o con fines turísticos.
Cinco años después, el Estado no sólo sigue negándose a cumplir la sentencia, sino que “ha activado su alianza con la estructura criminal para mapear, perseguir, secuestrar, desaparecer y asesinar a los líderes y lideresas de las comunidades garífunas”, denuncia la Ofraneh en un comunicado1.
“La respuesta del Estado a la sentencia ha sido una escalada de violencia contra el pueblo garífuna. Nos atacan, nos asesinan, quieren infundir terror en nuestra gente. Pero el pueblo garífuna está en pie de lucha y se moviliza dentro y fuera de Honduras”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.
“La juventud se ha puesto a la cabeza de la lucha, articulando espacios, exigiendo la aparición con vida de nuestros compañeros y el cumplimiento de la sentencia internacional”, agregó la lideresa garífuna.
Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), el acto de violencia contra la comunidad de Triunfo de la Cruz se enmarca en un proyecto racista de desplazamiento forzoso del pueblo garífuna.
“No podemos hablar de rapto, ni de secuestro de los cinco jóvenes garífunas, sino de desaparición forzada a manos de quienes pretenden apoderarse del territorio y saquear los bienes comunes.
Hay una intención muy clara de querer exterminar todos aquellos que se oponen a este modelo explotador, y hay un patrón sistemático de violencia contra el pueblo garífuna y los liderazgos comunitarios”, advirtió Oliva.
Miriam Miranda agradeció las múltiples expresiones de solidaridad con el pueblo garífuna, y pidió más apoyo para seguir exigiendo la aparición con vida de los jóvenes, el cumplimiento de la sentencia y respeto para los derechos ancestrales.
“Todos estos jóvenes merecen otro futuro, pero para lograrlo debemos arrancar de raíz a este sistema podrido que nos ha hundido en la miseria, violencia e inseguridad”, concluyó Miranda.
En Managua, Giorgio Trucchi | Rel UITA
Boletín No. 8 – año 2020
Causa Berta Cáceres – 11 de septiembre de 2020. (HERE in English)
La defensa legal de David Castillo está convencida de su culpabilidad.
Las actuaciones desesperadas de la representación legal del imputado David Castillo demuestran su claro convencimiento de la culpabilidad de su cliente. En ese sentido se entiende la campaña de desinformación que realizan sobre el caso y los ataques inescrupulosos a las víctimas, organizaciones sociales e incluso a la comunidad internacional, así como las maniobras dilatorias. De esta forma buscan mantener la impunidad a la que están acostumbrados.
La estrategia consiste en realizar maniobras que eviten a toda costa llevar el proceso a un juicio en el que públicamente se demostrará la vinculación de su representado con el asesinato de Berta Cáceres, así como con los demás miembros de la estructura criminal.
Las prácticas de mala fe y dilatorios de los abogados Juan Sánchez y Ritza Antúnez han tenido recientes episodios en la primera audiencia de la etapa de juicio oral. En esta ocasión han recusado a las dos juezas y juez del tribunal de sentencia que conoce el caso bajo argumentos que tienen un carácter más político que jurídico. La resolución definitiva de dicho recurso debe darse antes de finalizar el día de hoy.
Esta maniobra de dilatación y obstaculización de la justicia, se suma a las previas por las cuales la audiencia preliminar se retrasó más de un año y cuatro meses en culminar.
Promueven el odio y la calumnia.
La abogada Ritza Antúnez, defensora además del militar condenado Mariano Díaz, aseguró de manera calumniosa y mentirosa en medios de comunicación en días recientes que el COPINH sustrajo el expediente judicial del proceso contra Castillo, alimentando un discurso de odio contra Berta Cáceres y el COPINH.
El equipo legal de las víctimas aclaró que la solicitud de fotocopia del expediente es un derecho básico de las partes y que la misma fue realizada y otorgada por el tribunal previo a la maniobra dilatoria de la recusación.
El COPINH ante esto, ha solicitado que se garanticen los principios de debido proceso, la transparencia y la publicidad para evitar que se siga desinformando en búsqueda de impunidad.
En sus ataques y señalamientos, la defensa de Castillo olvida que los únicos procesados y condenados por crímenes e irregularidades son personas vinculadas a la familia Atala Zablah y sus empresas.
Call centers contra la verdad.
En meses recientes se han evidenciado ataques en redes sociales en contra del COPINH, las hijas de Berta Cáceres y a las organizaciones sociales y de Derechos Humanos que dan seguimiento al caso.
Los ataques realizados por perfiles falsos plasman mensajes de odio contra las hijas de Berta Cáceres y el COPINH, e intentan mostrar a David Castillo como una víctima, haciendo eco del discurso de su defensa. Buscan crear una falsa impresión de apoyo para David Castillo.
Estas campañas en redes sociales, son ataques sistemáticos que se han venido realizando desde hace años y que se ejecutaron en contra de Berta Cáceres antes de su asesinato.
Señalamientos contra organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional
Los esfuerzos de observación internacional para la transparencia del proceso y la visibilización de la ausencia de persecución de los autores intelectuales por parte del Ministerio Público han sido tergiversados por los representantes de David Castillo atacando a organizaciones de Derechos Humanos e incluso a miembros de la comunidad internacional, insistiendo que existe un acoso al sistema de justicia. Esto, negando la demanda internacional de justicia para Berta Cáceres.
“Nos preocupan estos señalamientos groseros de esta estructura criminal contra miembros de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. Muestran su desesperación por mantener la impunidad y su desprecio por los esfuerzos realizados para obtener un poco de justicia para Honduras” expresó Bertha Zúniga, coordinadora del COPINH.
Guapinol Resiste: Orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguán, Honduras
La alianza Centroamericana
Frente a la Minería presentará este sábado 12 de septiembre, a las
10 am, el reporte Guapinol Resiste: Orígenes del Conflicto Minero en el
Bajo Aguán, por modalidad virtual a través de la página de Facebook de
Radio Progreso en Honduras
(https://www.facebook.com/
El reporte publicado hoy y respaldado por tres universidades internacionales (Western University de Canadá, Ferris State University de los Estados Unidos y la Universidad de Londres, Inglaterra) hace 20 recomendaciones que instan principalmente al estado hondureño y la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y a protección de derechos humanos en Honduras.
Estas recomendaciones se vuelven clave en el contexto actual de la crisis sanitaria COVID 19, ya que diferentes organizaciones pertenecientes a la Alianza han denunciado que “los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que intensifican el andamiaje institucional que facilita el despojo de los bienes comunes y consolida el modelo económico extractivista.”
El equipo de investigación, compuesto por el Dr. Bernie Hammond y Dra. Amanda Grzyb – Western University de Canada, Dr. Michael Berghoef – Ferris State University de EE UU, Dra. Ainhoa Montoya – Universidad de Londres, Inglaterra y el periodista y abogado de Derechos Humanos, Dimitri Lascaris, realizó una visita de siete días de duración a Honduras, en junio de 2019, con la misión de verificar informes de violaciones de derechos humanos contra defensores ambientales que se oponen al proyecto minero en el municipio de Tocoa, Colón propiedad del empresario Lenir Pérez, vinculado a la familia Facusse.
Los autores sitúan la investigación en el contexto de eventos históricos y políticos a partir del golpe de estado del 2009, las raíces del conflicto por la tierra en el Bajo Aguán y la oligarquía local que ha controlado a los gobiernos posteriores al golpe.
Según el informe, gobiernos sucesivos han profundizado políticas neoliberales, establecidas en la década de los 1990s, para garantizar la inversión de las élites nacionales y empresas transnacionales en las industrias extractivas. Estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad. Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
En la ciudad de Tocoa, el estado hondureño se ha enfrentado a comunidades organizadas que se oponen a las actividades extractivas de la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas. Las víctimas y los testigos entrevistados identificaron a los cuerpos militares, la policía y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones. Estas violaciones de derechos humanos son un ejemplo claro de la violencia generalizada que sufren los defensores de derechos, líderes indígenas y sociales, y pequeños agricultores en Honduras cuando resisten la legalidad de megaproyectos corporativos y las industrias extractivas.
Específicamente el reporte encuentra que en el caso de las licencias otorgadas a la empresa Inversiones los Pinares.
- Hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
- Hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que resultó en violaciones tanto a regulaciones municipales como a normas internacionales.
- El estado ha empleado a sus instituciones legales y represivas, como el Ministerio Público, la Policía y el Ejército, con el propósito de proteger los intereses de la empresa Inversiones los Pinares.
- Derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la protesta pacífica, derecho de organización y el derecho a defender derechos, han sido negados a los defensores del río Guapinol y en su lugar han sido criminalizados por el estado en beneficio de los derechos empresariales.
Recientemente una corte de apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revocó el sobreseimiento definitivo a favor de 5 defensores ambientales y ordenó el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
Estos hechos ratifican observaciones hechas en el reporte sobre la supuesta institucionalidad, creada por el gobierno hondureño para controlar la violencia contra los defensores de derechos humanos, los abogados que los defienden y los periodistas que informan acerca de ellos, que al final se traduce en gestos vacíos destinados a crear una fachada de legitimidad.
Como en otras regiones de Honduras, las vidas de los defensores ambientales en Tocoa que se oponen públicamente al gobierno siguen en riesgo. Los que sobreviven se ven obligados a soportar la ansiedad diaria de persecución estatal, y el acoso de sus amigos, vecinos y familiares. A pesar de la represión, el equipo de investigación encuentra que en Tocoa existe una comunidad fuerte y firme en su oposición a la mina, determinada a defender las fuentes de agua de su río Guapinol, su forma de vida y sus familias, con todos los medios a su alcance. DESCARGAR INFORME
La alianza Centroamericana Frente a la
Minería presentará este sábado 12 de septiembre, a las 10 am, el
reporte Guapinol Resiste: Orígenes del Conflicto Minero en el Bajo
Aguan, por modalidad virtual a través de la página de Facebook de Radio
Progreso en Honduras
(https://www.facebook.com/
El evento de presentación estará acompañado por los/las ponentes:
JUANA ESQUIVEL – Directora – Fundación San Alonso Rodríguez y miembro del Comité para Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.
AINHOA MONTOYA – Investigadora – Shool of Advanced Studies, Universidad de Londres, Reino Unido.
EDY TABORA – Director, Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos y Abogado Defensor de los defensores del río guapinol actualmente encarcelados por el gobierno hondureño.
LOUISE CASSELMAN – Common Frontiers, Fondo de Justicia Social, Public Service Alliance of Canada
MANUEL PEREZ ROCHA – Director, proyecto Comercio y Minería, Instituto de Estudios Políticos – IPS, Washington, DC.
Fuerte llamado para la liberación inmediata de los presos políticos en Honduras
“¡Libérenlos ya de este infierno de injusticia!”
Este 30 de julio, el Comité para la liberación de los presos políticos en Honduras, organizaciones de derechos humanos y familiares de privados de libertad exigieron nuevamente la liberación inmediata de diez presos políticos que sufren la embestida de un sistema político y económico corrupto y violento.
“Honduras está sumida en una profunda crisis política, cuya solución debe pasar por la superación de la violencia estructural del modelo de sociedad que se nos impone.
En este sentido, la criminalización de la pobreza y el descontento social convierten la privación de la libertad en una maniobra permanente de represión y violación de los derechos humanos”, advierten las organizaciones en un comunicado[1].
Actualmente en Honduras hay alrededor de 22 mil personas privadas de libertad en 28 establecimientos, a cargo de un sistema penitenciario “totalmente militarizado, sobrepoblado, hacinado, y carente de una política pública penitenciaria integral”.
Un sistema donde la cotidianidad está hecha de violencia, insalubridad, malos tratos, torturas y severas carencias materiales. Algo que se ha vuelto aún más dramático con la llegada de la pandemia y la suspensión de garantías constitucionales.
De acuerdo con declaraciones del personal médico del Instituto Nacional Penitenciario habría casi 2 mil personas contagiadas en 20 establecimientos penitenciarios. Un monitoreo independiente calcula en al menos 25 las personas fallecidas por o con sospecha de Covid-19.
Pese al habeas corpus humanitario interpuesto a finales de marzo por el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura (MNP-CONAPREV) a favor de más de 2.400 presos con problemas crónicos de salud y mayores de 60 años, la Sala de lo Constitucional declaró sin lugar la garantía constitucional.
En medio de esta situación dramática hay al menos diez presos políticos que denuncian ensañamiento del régimen y reclaman el derecho de poder defenderse en libertad, entre ellos el joven maestro Rommel Herrera Portillo[2], los ocho defensores del agua de Guapinol y Víctor Joseph Castillo.
Prácticamente todos manifiestan diferentes afectaciones de salud que los hacen vulnerables al coronavirus.
Ante esta situación, tanto el Comité para la liberación de los presos políticos como las demás organizaciones firmantes del comunicado instaron a las autoridades a acatar la solicitud del Sub Comité de las Nacionales Unidas para la Prevención de la Tortura a reducir la población penitenciaria.
Asimismo, exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos.
“Las cárceles son un infierno de injusticia y la forma como son manejadas por militares y policías son inhumanas.
Además nos enfrentamos a un sistema de justicia aberrante que encarcela por motivos políticos, y a un gobierno represor y violador de derechos humanos. ¡Los presos políticos debe ser puestos en libertad ya!”, dijo Juan Almendárez, director del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT).
Pandemia y mayor represión
Para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y miembro de la Convergencia Contra el Continuismo (CCC), presos políticos y desaparecidos son temas que nadie debe olvidar.
“Durante la suspensión de garantías por la pandemia hemos contabilizado al menos 9 personas víctimas de desaparición forzada, entre ellas los cinco compatriotas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz[3].
También tenemos a presos políticos que están privados de libertad por defender el agua, la vida, la educación y salud pública. Nadie los va a olvidar.
El Estado es responsable de estos crímenes, de esta crisis de derechos humanos y del violento retroceso a los años 80.
Nos unimos al grito unánime que se levanta a nivel nacional e internacional: ¡Libertad Ya para los presos políticos! ¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos”, concluyó Oliva.
Notas:
[2] http://www.rel-uita.org/
[3] http://www.rel-uita.org/
Fuente: Rel UITA
Honduras registra 31 masacres pese a confinamiento y millonario presupuesto en seguridad y defensa
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –La noche del domingo tres hombres y dos mujeres fueron asesinados en el interior de una vivienda ubicada en la colonia Nueva Suyapa del sector Las Hamacas de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, zona central de Honduras. Los hechores, que portaban pasamontañas y armas de grueso calibre, ingresaron a la casa y comenzaron a disparar.
Entre las víctimas, identificaron a los obreros Génaro Sierra y Luis Género Hernández, padre e hijo quienes, según versiones de los familiares, habían salido a departir. El gobierno fue incapaz de salvarles la vida.
En los últimos 10 años en los que Juan Hernández ha alternado su función como presidente del Ejecutivo y Legislativo, en Honduras aumentó excesivamente el gasto en defensa y seguridad. Sin embargo, ese gasto no ha evitado la violencia en las calles, al contrario, pese a que además hay un confinamiento por Covid-19 -que debería evitar más muertes- la sangre continúa manchando las calles y avenidas con un promedio de 8 hondureños asesinados al día.
En lo que va del año Honduras contabiliza 31 masacres u homicidios múltiples (25 de estas registradas durante la cuarentena), incluyendo la más reciente registrada el domingo en el Distrito Central. Según datos oficiales, en los 31 homicidios múltiples han perdido la vida 116 hondureños.
La violencia continúa a pesar del enorme gasto en policías y militares. En 2009 el gasto en defensa y seguridad era de L. 2,101.3 millones, pero este año pasó a L. 8,530.3 millones.
Esta violencia debe analizarse desde la salud pública, por la gran cantidad de muertos y por la falta de respeto que existe hacia el imperio de la ley, las autoridades y los funcionarios públicos, dice Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
“La violencia sigue siendo una preocupación en el país, mantener a la población en cuarentena, encerrada en sus hogares, no ha implicado que haya menos violencia, sigue desarrollándose y quitándole la vida a miles de hondureños”, manifestó Ayestas.
Las ciudades más violentas de Honduras, aún en periodo de pandemia, son Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma y El Progreso.
En declaraciones proporcionadas a Radio América, el experto en temas de seguridad y defensor de derechos humanos Carlos Sierra, dijo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, están involucradas en los crímenes múltiples
Sierra apuntó que las muertes múltiples se asocian a peleas entre maras y pandillas. “Pero también están ligadas estas muertes a la colusión de la Policía y Fuerzas Armadas, porque muchas veces estos delitos son presenciados por ciudadanos y los mimos mencionan que las personas que comenten estos hechos andan indumentaria militar”, dijo.
Lea además: Por falta de equidad y excesivo gasto en defensa y seguridad, Libre no aprueba presupuesto para el año 2020
Frente a base policial atentan contra el abogado Benedicto Santos
Tegucigalpa.- El apoderado legal del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Benedicto Santos, fue objeto de un atentado este domingo, cuando se trasladaba de la comunidad La Guadalupe en Reitoca hacia Tegucigalpa.
Los hechos ocurrieron a eso de las 12:52 del mediodía frente a la base donde antes se encontraba el Batallón de los hoy desaparecidos Centauros, ahora conocida como base policial, que está ubicada a un kilómetro y medio del centro Lepaterique.
Santos recibió un rozón de bala en el glúteo derecho al impactarle dos disparos en su vehículo del lado del conductor, por lo que él lo calificó como un atentado por parte del estado.
“Esto es un atentado criminal de parte de los órganos del estado, porque no es posible que usted vaya pasando frente a una base policial o militar y allí le disparen, si hubiera salido de otro lugar común yo diría que sería delincuencia común, pero que le disparen a usted con armas de grueso calibre en una base, ya sea militar o policial, uno puede decir que es un atentado criminal por parte del estado”.
Agregó que “recuerde que yo sigo siendo el abogado del partido LIBRE y de alguna manera soy una figura púbica. El día viernes yo viajé para allá, iba contento porque iba para donde mi hermano, llevaba los vidrios abiertos e iba relajado, y es extraño porque de repente me vigiaron, porque cuando alguien esté emboscando a una persona y esperándolo, es que lo tiene de encargo, porque había un gran aguacero que nadie se quiere estar mojando”.
“Mi carro solo tiene dos impactos de bala, pero como estaba lloviendo y tronando yo no sé si eran más; uno de ellos me rozó un tanto el glúteo derecho, el otro impacto pegó exactamente en el lado donde va el motorista, en la parte de la perilla para abrir la puerta el vehículo y me destrozó el control donde sube y bajan los vidrios”, añadió el abogado de Libre a defensoresenlinea.com.
Así mismo recalcó que los hechos fueron a las 12:52 minutos y que tiene tan precisa la hora porque en ese momento del atentado el abogado recibió una llamada.
“Tengo esa hora tan precisa porque en ese instante me entró una llamada, porque yo había estado desconectado desde el viernes y cuando yo subí a Lepaterique empezaron a caerme llamadas tras llamadas, y como yo venía manejando no las contestaba, pero decidí contestar esa porque era de una clienta que tenía un familiar en España y necesitaba comunicarse conmigo”, sostuvo.
A renglón seguido añadió que “cuando yo hago a contestarle tire el teléfono, porque fue el primer impacto, pero según yo era como un corto circuito que había hecho el carro, por la tormenta y los rayos que estaban cayendo, y luego sentí algo que me quemaba el glúteo y me imagino que allí ha de estar, si me da una pulgadas más arriba me da en la columna”.
El abogado, quien es uno de los principales críticos del estado y que acompaña al pueblo, viajó el viernes para Lepaterique y Reitoca para participar en reuniones de carácter político y aprovechar a visitar a su familia.
Cabe mencionar que en este momento se encuentra en la Dirección Policial de Investigación(DPI) esperando que le recepcionen la denuncia, lo que calificó como una tortura, al expresar que “aparte de que casi pierdo la vida, tengo que esperar hasta la media noche que Medicina Forense me atienda y que le haga el evaluó al carro, tenemos que someternos a esta tortura, porque no nos queda de otra, después de que le quieren quitar la vida a uno tiene que venir aquí a pasar esta penuria”.
Red Hondureña por Escazú pide que se ratifica Acuerdo ambiental
- 21/09/2020
Organizaciones que integran la Red Hondureña por Escazú reiteran su llamado al Estado de Honduras para la ratificación y firma del pacto regional para asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú es considerado el pacto regional más importante sobre el acceso a la información pública, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe.
Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó que el 26 de septiembre del 2020 vence el plazo para que los países firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. Para que entre en vigencia se necesita que al menos 11 país sean signatarios, pero solo 9 lo han firmado hasta la fecha.
Honduras está dentro de los países que aprobaron el Acuerdo de Escazú, pero hace falta que el titular del Poder Ejecutivo Juan Orlando Hernández, lo firme y envíe al Congreso Nacional para aprobarlo y ratificarlo.
Lucía Vijil, investigadora del Centro de Estudio Para la Democracia (CESPAD), organización que forma parte de la Red Hondureña por Escazú, dijo que este urgente que la ciudadanía demande a las autoridades la firma del acuerdo, porque con él se garantizará el respeto a sus derechos humanos y ambientales, ante la instalación de proyectos extractivos como hidroeléctricas y mineras en las comunidades.
Escazú permite la sistematización, recopilación, actualización periódica y accesibilidad pública de información ambiental, además de ser el primer pacto que reconoce la labor de los defensores y defensoras del territorio.
Trabajadores de maquila de Choloma suspendidos por nueve meses continuos
Por: Redacción CRITERIO.HN redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Después de cinco meses de estar suspendidos de sus puestos de trabajo, 250 operarios de la fábrica maquiladora Finessa Protexa del parque industrial Inhdelva en Choloma Cortés, se presentaron a trabajar la mañana de este lunes, pero fueron sorprendidos por sus patronos con una nueva suspensión de cuatro meses más.
La decisión de esta empresa obliga a los trabajadores a permanecer sin percibir salarios durante nueve meses, una situación que se vuelve injusta y que se replica en miles de hondureños que han sido suspendidos de sus puestos de trabajo por los efectos de la pandemia del Covid-19. Muchos de ellos se mantienen en las calles mendingando ayuda para alimentar a sus familias.
Los trabajadores de Finessa se tomaron los portones del parque industrial Indelva, exigiendo al gobierno y a la empresa, que les cumplan los acuerdos, porque llevan cinco meses sin recibir salarios.
Esta empresa tiene 500 trabajadores y suspendió operaciones el 16 de marzo pasado bajo el amparo del estado de excepción que obliga a los hondureños a permanecer confinados y a un decreto Ejecutivo que autorizó a las empresas a firmar acuerdos de suspensión laboral. Sin embargo, los 120 días de suspensión vencieron el pasado 16 de julio, pero un 50 % de los obreros no ha sido reintegrado a sus labores y les anuncian que seguirán así, cuatro meses más.
En marzo pasado, el gobierno autorizó a las empresas maquiladoras a dejar sin empleo a sus trabajadores, mediante la suspensión de los contratos de trabajo a miles de obreros y el 15 de julio pasado, el secretario del Trabajo, Carlos Madero, anunció la decisión de seguir favoreciendo a los empresarios y les amplió el plazo de suspensiones en perjuicio de los trabajadores.
Noticia Relacionada: Anuncian 60 días más de suspensión laboral para más de 200 mil trabajadores
De acuerdo con la ley todos los obreros de la empresa Finessa, de Choloma, Cortés debieron ser reintegrados el 16 de julio cuando finalizó el plazo de los 120 días de suspensión, pero según han denunciado los afectados, ya llevan cinco meses (150 días) sin trabajar y nadie responde por ellos.
Para el dirigente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), José Luis Baquedano, durante la emergencia del Covid-19 los grandes perdedores son los obreros suspendidos y despedidos, que por falta de empleo se mantienen en las calles pidiendo ayuda para alimentarse con sus familias.
Estimó que antes de la pandemia Honduras ya registraba 1 millón 600 mil personas desempleadas, pero que en los últimos cinco meses esa cifra se incrementó con 400 mil personas más que fueron despedidas y suspendidas de sus puestos de trabajo.
“Hay dos millones con los despidos que se han dado con la masacre laboral porque los empresarios no se tocaron la conciencia para despedir y suspender a los trabajadores”, apuntó el dirigente obrero.
Cuestionó que a los empresarios y al gobierno no les importa el bienestar de los trabajadores que hoy están en las calles en calamidad doméstica porque no tienen dinero para mantener a sus hijos.
Protestan trabajadores despedidos de Megapaca en El Progreso
- 26/08/2020
Un grupo de trabajadores de la empresa Megapaca en El Progreso, Yoro se tomaron los portones de acceso al área administrativa de dicha empresa en reclamo de sus derechos laborales luego que fueran despedidos.
“Estamos pidiendo nuestros derechos laborales porque fuimos despedidos desde el 10 de agosto, y cuando tratamos de comunicarnos con alguien nos omiten y queremos una respuesta. Antes de ser despedidos fuimos suspendidos 120 días”, contó en Radio Progreso Santos Sarmientos, obrero despedido.
Se trataría de unos 50 trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos luego que la empresa los convocara, bajo el argumento de integrarse a trabajar el lunes 10 de agosto, pero la cita era para darle la noticia.
“Todos creíamos que veníamos a trabajar pero cuando venimos aquí nos dimos cuenta que nos estaban llamando para renunciar y que nos despedían por mutuo consentimiento y que teníamos que firmar el documento”, contó Sarmientos.
La empresa Megapaca les prometió honrar con todos los pagos de sus derechos laborales pero cuando los obreros buscan a los responsables, éstos se esconden y no los atienden.
Los trabajadores describieron en Radio Progreso lo difícil que han sido estos cinco meses sin trabajo y salario, haciéndole frente a una pandemia que los tienen en calamidad doméstica.
El abogado Marvin Panting es el apoderado legal del grupo de empleados despedidos, señaló en Radio Progreso que el personal de Recursos Humanos de Megapaca se niega a recibirlos.
“No nos han querido recibir. Ya la gente de la Secretaría del Trabajo está enterado. Lo que se está exigiendo es un derecho inviolable para ellos como trabajadores”, contó Panting
Radio Progreso consultó con el jefe regional de la Secretaría del Trabajo, José Zúniga, sobre esta situación. Zúniga dijo que ya están al tanto de la problemática y que ya recibieron las instrucciones de la Inspección General del Trabajo en Tegucigalpa para constatar lo que está pasando.
“Buscamos tratar de hablar con los ejecutivos de la empresa. Ésta es la primera acción de protesta de trabajadores en El Progreso, sabemos lo difícil que está la situación y estamos aquí para hacer que se respeten los derechos constitucionales y laborales a los trabajadores”, dijo Zúniga.
“Es hora de que lxs progresistas del mundo nos unamos.”
Quiénes somos
“Es hora de que lxs progresistas del mundo nos unamos.”
Internacional Progresista atiende a ese llamado. Conectamos, organizamos y movilizamos a fuerzas progresistas detrás de una visión común de un mundo diferente.
Nuestra visión
Aspiramos a un mundo que es:
- Democrático, donde el pueblo tenga el poder de dar forma a sus instituciones y sociedades.
- Descolonizado, donde todas las naciones determinen su destino colectivo libres de opresión.
- Justo, que repare la desigualdad en nuestras sociedades y los legados de nuestra historia.
- Igualitario, que sirva los intereses de muchas y no sólo de pocas personas.
- Liberado, donde todas las identidades disfruten de los mismos derechos, reconocimiento y poder.
- Solidario, donde la lucha de cada unx sea la lucha de todxs.
- Sostenible, que respete los límites planetarios y proteja a las comunidades en primera línea.
- Ecológico, que ponga a los seres humanos en armonía con su hábitat.
- Pacífico, donde la violencia de la guerra sea sustituida con la diplomacia de los pueblos.
- Postcapitalista, que recompense todas formas laborales mientras se elimina el culto de trabajo.
- Próspero, que invierta en un futuro dichoso de abundancia compartida.
- Pluralista, donde la diferencia sea celebrada como una fortaleza.
Visita nuestro Directorio aquí.
Contacto
Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor escríbenos a info@progressive.international y unx integrante de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo.
FUTURO COMPARTIDO
Internacionalismo o extinción
La Internacional progresista, que agrupa a partidos, sindicatos y movimientos sociales de todo el mundo, celebra su primera cumbre para cartografiar la crisis, reclamar un futuro compartido y fortalecer un frente planetario
David Adler 17/09/2020
Ilustración de Gabriel Silveira para la Internacional progresista.
@silveiraworksSe acerca noviembre y los ojos del mundo se dirigen a Estados Unidos. Con los incendios arrasando California, las crecientes protestas en Wisconsin y un presidente que incita a la violencia en Washington, las próximas elecciones han sido calificadas por los partidos Demócrata y Republicano como las más importantes en la historia estadounidense. “El carácter del país está en el voto” les gusta decir, pidiendo a sus partidarixs salir a votar.
Pero en estas elecciones está en juego mucho más que el carácter nacional. Desde el clima hasta la covid-19, los resultados de esta contienda determinarán el destino para las generaciones venideras más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y es este asombroso poder, no el propio Donald Trump, el que define nuestra crisis actual.
Hay una paradoja en el corazón del sistema internacional. Por un lado, hay un amplio reconocimiento de que los desafíos de nuestro siglo –el clima, el capital y la pandemia viral– son de escala planetaria. Por el otro, hay un conjunto cada vez menor de actores preparados para abordarlos.. Nacionalistas autoritarios como Trump, Modi y Bolsonaro son algunos. Pero también lo es el CEO de Amazon, Jeff Bezos, que expande su imperio extractivo por el mundo. Y también lo es Bill Gates, que da forma a la salud pública desde su cuenta bancaria personal.
Lo que está en juego en las elecciones no solo refleja las diferencias entre Donald Trump y Joe Biden. También refleja la fragilidad de un sistema internacional en el que unxs pocxs pueden arruinar el mundo por capricho. Y, si no abordamos este desequilibrio de poder subyacente –entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y sus vecinos, lxs ultra ricxs y el resto– estaremos siempre al borde del precipicio.
En mayo, se lanzó la Internacional Progresista con el objetivo de construir un frente común, y hacer un llamamiento a las fuerzas progresistas de todo el mundo para que se unan a esta lucha.
Desde entonces, este frente ha crecido y ya incluye a sindicatos, partidos y movimientos que representan a millones de personas de todo el mundo, desde la Alianza Nacional de Movimientos Populares en la India y el Congreso de los Pueblos en Colombia, hasta el Movimiento de los Pueblos sin Tierra en Namibia.
Juntxs, lxs miembros de la IP han lanzado campañas internacionales para la cancelación de la deuda en el Sur Global, han desarrollado una visión política para el mundo después de la covid-19 y han construido una agencia de noticias para la traducción y difusión de perspectivas críticas excluidas por los principales medios de comunicación de todo el mundo.
La pandemia de covid-19 ha pospuesto los planes para una reunión del Consejo en Reikiavik, Islandia. Pero la pandemia también ha acelerado las crisis de la democracia, la desigualdad y el colapso ambiental, lo que obliga a las fuerzas progresistas en todas partes a actuar con rapidez y decisión.
Por eso, la Internacional Progresista convoca su Cumbre inaugural este fin de semana (19-20 de septiembre): para delinear nuestra actual crisis, reclamar nuestro futuro compartido y fortalecer nuestro frente planetario.
La Cumbre reunirá a miembros del Consejo para ayudar a establecer una dirección estratégica para el próximo año. Incluye a miembros como Aruna Roy y Vanessa Nakate, que participaron en los eventos de lanzamiento en mayo, y nuevxs miembros como el Dr. Cornel West y Natália Bonavides, que se han incorporado desde entonces.
La Cumbre convocará movimientos de todxs los miembros para compartir sus luchas y dar forma al futuro de su iniciativa. Los temas bajo revisión van desde “Construir una nueva internacional” hasta “Construir poder durante la covid-19”.
Y la Cumbre invitará al público a unirse a la conversación. Las sesiones de mañana incluyen conferencias magistrales de Noam Chomsky, Yanis Varoufakis y Naomi Klein, e incluyen mesas redondas sobre temas como el futuro de la democracia en América Latina y las perspectivas del postcapitalismo en el mundo.
La Internacional Progresista todavía está en formación. El viaje hacia un nuevo internacionalismo –uno que sea lo suficientemente poderoso para evitar la extinción– acaba de comenzar. Pero la Cumbre marca un paso importante en ese viaje –no solo para vencer a Donald Trump, sino para construir un nuevo mundo que sea libre de la necesidad de temerle.
Noam Chomsky: "Hay riesgos inminentes de una guerra civil en Estados Unidos"
El actual es un momento "notable, único, importante", describió Noam Chomsky. "Difícil" pero a la vez "lleno de esperanza para un mejor futuro". Es un momento de "confluencia de distintas crisis muy fuertes" y sin fronteras:
"catástrofes ambientales, amenaza de una guerra nuclear, la pandemia,
destrucción de la democracia". El lingüista advirtió, además, sobre un "riesgo inminente" de guerra civil en Estados Unidos.
Chomsky brindó la conferencia magistral "Internacionalismo o extinción" en el marco de la primera cumbre (virtual) de la Internacional Progresista, que emergió en mayo para unir, organizar y movilizar a las fuerzas progresistas en un frente común y así frenar el avance de la derecha en el mundo.
"La Internacional
Progresista (IP) tiene un papel crucial para determinar qué curso va a
seguir la historia. La vida humana está en peligro directo y los grandes
poderes imperialistas del momento están enfrentándose. El poder
británico se está saliendo de Europa, volviéndose más un satélite de
Estados Unidos de lo que ya era. Para la significación del futuro es
importante ver qué pasa en la hegemonía global, disminuida por
los delirios de Trump, pero con el poder y las ventajas militares de
Estados Unidos", reflexionó el pensador de 91 años.
Cerca de la medianoche
"Una posible reelección de Trump sería una crisis final, terminal, que puede tener consecuencias muy serias. Hay otras crisis también: son las que hacen que le falten cinco a la medianoche. A la extinción. Hace 75 años vivimos debajo de este reloj que hace tic-tac", deslizó Chomsky. Al momento del lanzamiento de la bomba atómica se creía que la inteligencia humana había llegado al punto de "tener la capacidad de destrucción total de su especie". Todavía no se sabía que, más tarde, "iba a destruir el medio ambiente de esta manera, que ahora nos acerca a un punto final". A su vez, cada año de Trump en el poder también significa estar más cerca de la medianoche.
En tiempos de Covid-19 confluyen "las mismas crisis de siempre", a las que la pandemia se suma: la amenaza de una guerra nuclear, la catástrofe ecológica, la destrucción de la democracia. "Podría parecer fuera de lugar el tema de la democracia. No lo es. Es ese desmoronamiento el que permite las otras dos amenazas de exterminación. Los ciudadanos informados, comprometidos en un proceso democrático real, no dejarían que pasen estas otras dos amenazas", explicó.
"Estas tres amenazas han ido en aumento gracias a las políticas de Trump.
Ha ido desmoronando las políticas de control de las armas y
desarrollado armas más peligrosas; ha disminuido las protecciones contra
las amenazas de una guerra nuclear. Se ha dedicado a destruir el medio
ambiente y cualquier sustento de la vida. Ha abierto los últimos lugares
protegidos contra la explotación petrolera, por ejemplo." En síntesis,
el presidente de Estados Unidos lleva adelante "políticas sistemáticas
de desmantelamiento de las políticas de regulación para proteger al
medio ambiente y a las poblaciones de las contaminaciones tóxicas ante
la explotación petrolera de la energía fósil".
En la charla, Chomsky definió desde un principio el rol de la Internacional Progresista en este complejo panorama mundial: "No entremos en pánico ahora y actuemos en función de esto. Las crisis que estamos enfrentando en este momento único son internacionales. Las catástrofes ambientales, la guerra nuclear, la pandemia... no tienen frontera ninguno de estos peligros. Puede haber diferencias entre países, pero hay troncos comunes".
Riesgos de una guerra civil en Estados Unidos
En
otro pasaje, cuestionó el hecho de que Trump otorgue cargos en el
gobierno sin aprobación del Senado, a los que "va cambiando para que
estén dispuestos" a seguir su voluntad. "No hay voces independientes. El
Congreso había establecido hace mucho tiempo que un inspector general
monitoree el trabajo de la rama ejecutiva, pero viendo la corrupción que
ha dejado Trump en Washington podemos ver claramente que no está
funcionando", criticó. "Trump empezó a decir que si no le gusta el resultado de las elecciones no va a dejar su puesto. Es una amenaza directa", alertó.
Si
bien "la jefatura militar publicó una carta en la que recordó su deber
constitucional de sacar del poder a un presidente que no quisiera
dejarlo", hay que tener en cuenta a las unidades paramilitares que "se han ido repartiendo en el país para asustar a la población". "En ausencia de una victoria de Trump muy clara hay riesgos inminentes de guerra civil.
Son palabras fuertes, que no habíamos escuchado nunca en voces
públicas. No lo digo yo; lo dicen otras personas. Mucha gente tiene ese
miedo. Nada de este estilo había pasado en la compleja historia de la
democracia parlamentaria. La megalomanía que domina el mundo, la
de Trump, para él ya no es suficiente. Podría no respetar la
Constitución y hacer lo que él llama 'negociar' para un tercer mandato."
El filósofo señaló que "la agenda de Trump para los ricos va más allá del neoliberalismo". Los expertos en políticas fiscales han detectado que por primera vez en los últimos siglos los billonarios pagan menos impuestos que los trabajadores, lo cual les implica "una gran victoria dentro de la guerra de clase". "Eso se llama tener la hegemonía", sentenció.
Las dos internacionales
El neoliberalismo trajo concentración de la riqueza, estancamiento para la mayoría de la población y riesgos para la democracia, aparte de otras consecuencias mundiales "no sorpresivas", como "el resentimiento y el descontento" hacia las instituciones políticas y económicas.
"Todo esto ha abierto un espacio para los demagogos, que pretenden ser
los salvadores, mientras le echan la culpa a chivos expiatorios como
China. Es el mundo en que estamos viviendo. Por eso estamos en estas
crisis", analizó, luego de un repaso histórico en torno a los orígenes
de la ideología neoliberal y su parentesco con el fascismo.
En este contexto, la Internacional Progresista apareció para oponerse a la "otra internacional", la reaccionaria,
encabezada por Trump, y de la que también forman parte Jair Bolsonaro,
en Brasil; "los dictadores del Golfo"; Abdel Fatah al Sisie en Egipto y
Benjamin Netanyahu en Israel en Medio Oriente; Narendra Modi en India y
Viktor Orban en Europa.
Dos internacionales dividen al mundo. Una es de los Estados. La otra, de los movimientos populares. "Cada una es una representación de la fuerzas sociales en juego. Son una imagen de los mundos que podrían emerger despues de la pandemia. Una quiere construir una versión aún más dura del neoliberalismo, aumentar la vigilancia y el control; la otra está buscando cómo construir un mundo en paz y justo, con un buen manejo de los recursos dedicados a servir a los intereses de los seres humanos, en vez de a los de una minoría. A nivel global podemos ver estas interacciones: no es una exageración decir que el futuro de la experiencia humana depende del resultado de esta batalla que se está dando en este momento."
El optimismo de la voluntad
La conferencia continuó con una mesa redonda con participación de la escritora y activista keniana Nanjala Nyabola, el activista y filósofo afroestadounidense Cornel West y el diputado laborista John McDonnell.
La de West --también actor de films como Matrix recargado-- fue una intervención bella, poética. Sumó un factor más a la confluencia de crisis. Una crisis "de la imaginación". Hay que dar, entonces, una lucha "intelectual e ideológica". "Puede haber una crisis nuclear mañana, o una catástrofe económica y ecológica, pero hay también una catástrofe cívica: la gente no puede ni imaginar lo que se parecería a una vida pública vibrante y viva", expresó el filósofo, e instó a recuperar valores perdidos: integridad intelectual, decencia, honestidad. "Lo mejor de la especie humana es el amor, la felicidad, el juego, la comunidad. Hay que alimentar una rebeldía colectiva para abrir mundos posibles."
Haciéndose eco de lo planteado por los integrantes de la mesa, Chomsky se refirió a las "cualidades humanas" que emergieron en la pandemia, como la "ayuda mutua". Se hace más fuerte allí donde las personas están más oprimidas y son más pobres. "Se juntan para ayudarse y conseguir comida, mucho más que la gente estancada en sus departamentos. Por ejemplo en Brasil, en las favelas. No tienen acceso a nada. El gobierno no ha hecho nada. Pero se están organizando y tienen sistemas de apoyo mutuo. ¿Quién lo empezó? Las bandas criminales de estos barrios. Transformaron su misión para organizar la ayuda mutua", destacó.
Gramsci apareció varias veces en la conversación: "Estamos viviendo en la edad de los monstruos cuando el nuevo mundo todavía no ha emergido", propuso el pensador, quien instó a mantener el pesimismo intelectual pero, también, el optimismo de la voluntad. "El movimiento de Black Lives Matter no salió de la nada. Ha sido un proceso de conciencia creciente durante muchos años. A la fecha es el movimiento social más grande de la historia de Estados Unidos, más que el de Luther King. Además es internacional. Los blancos y los negros juntos, luchando con ideas muy importantes. No sólo contra el asesinato de la Policía a los afroamericanos sino con ideas de cómo luchar contra el racismo y la opresión de clase. La IP se enfoca en estos temas para sacarnos de la edad de los monstruos y dejarnos entrar en un mundo de justicia", dijo.
Finalmente, llamó a la sociedad a deshacerse de la industria de la energía fósil: "No la necesitamos". Para él debería quedar en manos de la clase trabajadora y funcionar en base a "programas sostenibles". "El banco mundial debería ser un banco público. Estamos cerca de esto a medida que la conciencia va cambiando. Hace diez años, después de la crisis de 2008 de las viviendas, Obama básicamente ha nacionalizado la industria automotriz. Si les devolvemos esa industria a los poderes van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Podríamos entregarla a las comunidades y a la fuerza trabajadora", sugirió. Y concluyó: "Hace menos de 100 años la gente tenía en claro que las relaciones laborales de las fábricas eran intolerables. El Nuevo Acuerdo Verde tiene que tener eso en su centro".
