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Una Tumba Neoliberal

• 19/05/2020

En el cementerio de la historia cavan ya una fosa para sepultar a la doctrina económica moribunda del neoliberalismo. Moribunda, aunque tarde en morir, porque su promesa de prosperidad, sustentada en la idolatría del dinero y del mercado, se estrelló violentamente contra la realidad de un mundo social y ecológicamente insostenible. Una pandemia, originada por un microorganismo insignificante, ha servido para desnudar esa insostenibilidad. Lo profundo de la desigualdad social y los muchos daños provocados al ecosistema han facilitado el trabajo del COVID-19. La moraleja de esta historia es que la supervivencia humana yace al borde del precipicio, reclamando la urgencia de cambios sociales que ayuden a construir armonía social y ecológica a niveles planetarios.
Los rápidos avances de la ciencia y la tecnología, más la exacerbada ambición por la riqueza y el poder, han hecho de la prepotencia una característica humana que nos ha impulsado a romper dos equilibrios que, como especie, debíamos respetar para ganarnos el derecho a ser huéspedes de la nave planetaria. Una es la armonía con la naturaleza, a la que hemos pretendido subyugar, olvidando que su existencia, como madre proveedora, precede a la humanidad y habrá de contemplar su ocaso. La otra es la armonía entre los propios humanos ––separados por fronteras, clases sociales, etnias, género y diversos prejuicios etnoculturales–– de la que nos aleja un creciente individualismo que menosprecia la solidaridad y que hace rito de culto al mercado y al dinero.
La doctrina neo-liberal ha servido de alimento vitaminado para la religión individualista de los últimos tiempos, pues su recetario de políticas entroniza al mercado en el altar principal de las naciones. Desplazó al bienestar humano en cuanto objeto de dedicación estatal y lo sustituyó en el nicho prominente por la santísima Trinidad del mercado, el lucro y el consumo. Un dogma de fe disfrazado como ciencia.
Según los ortodoxos de la doctrina neoliberal, el Estado ––cuya existencia preferirían desconocer–– debería limitarse a crear condiciones favorables al mercado, tales como reducir los impuestos a las empresas y a la vez construir facilidades para la circulación de mercancías e información financiera; contener la ambición de los sindicatos y los luchadores sociales, cuyas demandas ponen en riesgo la ganancia, y luego, con el sobrante, sostener sistemas de salud y educación limitados al fin simple de garantizar la reproducción de la fuerza laboral. Su tesis del “derrame” hace creer que la riqueza por ellos acumulada bañará la tierra con abundantes leche y miel, como en el antiguo mito de Jauja, y saciará el hambre de los menesterosos.
Cuando se les deja a sus anchas, la competencia y la búsqueda del lucro máximo arrastran al mercado hacia la concentración de la riqueza en pocas manos, lo que convierte a la expectativa del derrame más en una falacia que en contundente evidencia, Las imperfecciones del Estado de Bienestar y la crisis que causó el incremento del precio del petróleo, al ocaso de la década 70, dieron paso a una reforma de la biblia económica y los pensadores de la Escuela de Chicago escribieron nuevos preceptos de lo que la crítica bautizó posteriormente como doctrina neoliberal. En esa biblia revisada el Estado es un mal contemporáneo pues sus políticas impositivas y redistributivas ahogan al mercado. Pero en Honduras el Estado de Bienestar nunca pasó de ser caricatura: la de la república bananera. El neoliberalismo se encargaría, en cambio, de trazar otra figura para el escarnio: el paraje de maquilas y ciudades modelo, abierto a todo negocio (open for business) incluyendo sin escrúpulos el alquiler de la patria y la venta de la soberanía.
Como extremo de esa práctica doctrinaria llevamos dos décadas sin construir un hospital importante, clínicas o laboratorios, y lo que nos heredan los gobernantes neoliberales son instalaciones sanitarias desabastecidas, desprovistas de insumos básicos, faltos del personal adiestrado, sin disponibilidad de plazas nuevas mientras seis mil médicos sin empleo y miles de técnicos y enfermeros se desgastan buscando quien los apadrine para conseguir un puesto o un contrato. Honduras ha dejado de ser país para degradarse en una guarida de Ali Babá y los cuatrocientos ladrones del cachurequismo, que es la expresión más grotesca del pensamiento depredador, si merece llamarse pensamiento.

La casa robada

La pandemia ha puesto a la vista las enormes carencias del Estado hondureño en los campos médicos y sanitarios, así como dejado al desnudo la forma en que el modelo neoliberal asaltó a la casa común —la patria misma—, revelando la estructura desigual de nuestra sociedad violenta, una donde sólo 30% dispone de empleo digno, con 4.6 millones de personas sin acceso al agua potable y con la tierra agrícola volcada a la producción de artículos exportables en vez de dedicados a la alimentación local.

Reacción y acción

Si sabemos que tenemos capacidad para construir otra Honduras justa y equitativa, ¿qué esperamos entonces para actuar y edificar una nación que potencie su patrimonio humano y productivo? Ya nadie duda que ocupamos un cambio profundo, que tampoco es gratis ya que demanda transformaciones políticas, éticas, culturales y jurídicas, o sea un nuevo contrato social que reinstale todo: los eventos, las estructuras, los sistemas, los modos político-económicos y culturales, así como lo que concierne —en derechos y deberes— a cada quien dentro del entorno de esa futura nación, cuya meta fundamental es ser feliz siendo justa.
El verdadero cambio sólo ocurre tras que lo acepta y organiza en su mente un pueblo consciente de sus aspiraciones y potencialidades, por lo que ante un Estado saqueado la sociedad diseña otra agenda innovadora y transformadora. Si el virus ayudó a exhibir la decadencia de la doctrina neoliberal, remendar la vieja agenda sería un contrasentido, y lo que debe hacerse es sustituirla por un modelo político y económico humanista, no importa cómo lo titulen, pero sí funcionalmente articulado entre las fuerzas que activan a la nación: campesinos, obreros y artesanos, empresa privada, organizaciones emprendedoras y defensoras de derechos, académicos e intelectuales. Esta ya no es una urgencia meramente política, es ética. Deviene imperativo construir un Estado garante de la armonía jurídica y del bienestar común pues, o le recomponemos la moral íntima a este país o seremos todos cómplices de su colapso.
Apresuremos, entonces, a la historia. Aprovechemos el desorden activado por el virus para revolucionar la vida hondureña desde dentro y hacer que emerja tras este cataclismo natural una nación fuerte, humana y solidaria, honesta y sobre todo plenamente dotada con justicia e igualdad.

Coronavirus: La danza de millones y los cuestionamientos de la sociedad civil

Por Marc Allas -

18 mayo, 2020

Tegucigalpa.- La conducción en el manejo de la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica, provocada por la pandemia del coronavirus o covid19, ha generado fuertes cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad hondureña, que plantean denuncias de corrupción, negligencia y dolo con incapacidades manifiestas para enfrentar la crisis.
Investigaciones realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y plasmadas en sus 2 informes bajo el título:  “La Corrupción en Tiempos del Covid19” han comenzado la revelar la otra pandemia que afecta a Honduras desde hace 10 años, la corrupción.
Los informes del CNA implican a la unidad de gestión conocida como Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) y a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).

Gabriela Castellanos y Odir Fernández INVEST-H, que opera desde 2005 ha estado dedicada a la planeación, administración e implementación de proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del país, y ha estado adscrita a la Coordinación General del Gobierno.
Los proyectos y programas de INVEST-Honduras son ejecutados con financiamiento de organismos internacionales y del Gobierno de Honduras.
La dependencia en mención, ha estado presente en la generación de proyectos de infraestructura, pero a partir de la pandemia, el régimen le autorizó hacer compras directas de insumos, equipos y hospitales móviles y más recientemente se conoció que manejará un fondo de 55 millones de dólares para la reactivación del agro, a través de un préstamo otorgado a Honduras,  por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para el CNA resulta evidente que los decretos ejecutivos que se han publicado hasta la fecha, como es el caso del PCM-033-2020, permiten a instituciones como INVEST-H, que tengan vía libre para adquirir cualquier insumo relacionado para hacer frente a la pandemia COVID-19 mediante contrataciones directas, es decir, que pueden comprar sin necesidad de respetar los lineamientos que conllevan  una licitación pública.
“Pero no debemos olvidar, que si bien es cierto, se omiten ciertos parámetros que establece la Ley de Contratación del Estado, eso no exime que se cumplan los principios generales de la ley antes mencionada y la Ley General de Administración Pública, debido a que se están comprando insumos con fondos públicos”, advirtió el CNA.
Se conoció que distintos empresarios del municipio de San Pedro Sula manifestaron su malestar debido a que no fueron invitados a presentar ofertas, aun contando con los insumos requeridos por un valor unitario mucho más bajo, destaca el informe del organismo veedor.
La investigación señala además, el mal desempeño mostrado hasta el momento tanto de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) como de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). La primera por la sobrevaloración en la compra de mascarillas y la segunda por la contratación de obras de mala calidad ejecutadas en el Hospital del Tórax en Tegucigalpa.

“…las autorizaciones para las compras poseen precios superiores, mismos que generaron un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por más de 57 millones de lempiras…”: CNA

Otras irregularidades se han mostrado en la compra de equipo como ventiladores y la ciudadanía cuestiona la compra de los llamados “hospitales móviles”, que más parecen tiendas de campaña, a las que fue necesario instalar todo tipo de acondicionamientos.
“En relación a lo antes expuesto, estas omisiones de las autoridades de INVEST-H, han provocado que el Estado de Honduras adquiera mascarillas N95 y descartables de forma sobrevalorada. En ese sentido el CNA logró constatar que se pudieron haber adquirido a un menor precio, evitando así un perjuicio millonario a las finanzas públicas”.
Como resultado del análisis comparativo de precios de compra de las mascarillas tipo N95 y descartables por parte de INVEST-H versus los precios de mercado tomados de las compras realizadas por la Secretaría de Salud (Sesal) mediante su fideicomiso, se logró identificar que existe una diferencia considerable entre ambos montos, revelaron los informes.
Concluyendo, que las autorizaciones para las compras poseen precios superiores, mismos que generaron un perjuicio en contra de las finanzas del Estado de Honduras por más de 57 millones de lempiras.
Otra línea de investigación  se centró en la adquisición inapropiada de ventiladores Breas Vivo 65 por parte de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), además de la larga lista de irregularidades en la construcción y remodelación de un espacio para la atención para pacientes contagiados por el coronavirus en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), más conocido como Hospital del Tórax.
Entre ambos hallazgos se identificó un perjuicio de casi 20 millones de lempiras al estado de Honduras.
Los ventiladores fueron traídos en  avión presidencial el 17 de marzo al país, con la promesa del régimen que se mejoraría las capacidades para atender a la población afectada por coronavirus.

Coordinación Nacional de la CCC durante una conferencia de prensa Sin embargo, expertos en temas cardio-pulmonares e ingeniería biomédica, manifestaron que el equipo no es apto para atender pacientes con covid19. Además de comprobar que su función era otra, se comprobó que el equipo llegó incompleto, faltando insumos como cables y sensores que facilitan el monitoreo de los pacientes, por lo tanto son inutilizables y se encuentran en las bodegas del Hospital del Tórax.
Por otra parte, la organización no gubernamental señaló que el 10 de febrero, COPECO suscribió un contrato con una empresa constructora con el fin de acondicionar establecimientos para garantizar la atención médica para las personas que fuesen víctimas de contagio.
El contrato establecía la construcción de una sala de triaje, remodelación de 2 salas de observación, además de la readecuación del entorno para la recepción de pacientes infectados.
El CNA constató una serie de incumplimientos contractuales, detectando que no se finalizaron las obras, además de la mala calidad de las mismas, en las que COPECO invirtió cerca de 5 millones de lempiras.
Por la mala gestión, el Hospital del Tórax no cuenta con las condiciones necesarias para la atención y manejo de pacientes contagiados por el covid19, peor aún, este centro puede convertirse en un foco de contagio masivo, ya que los que portan el virus deben ser atendidos en espacios improvisados, poniendo en riesgo a todos los que circulan dentro de las instalaciones, se advirtió.

Hospital de campaña Villanueva “Ya sea por imprudencia, impericia, negligencia o intencionalidad la mala praxis de COPECO no solo le está costando al estado una pérdida de casi 20 millones de lempiras, sino también incontables vidas”, señaló la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos en un video colgado en el portal de la organización.
Por otro lado, un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) reportó irregularidades y deficiencias de COPECO en la compra de equipos, por lo que en abril, su director Gabriel Rubí, fue separado de su cargo junto a personal administrativo.
En respuesta a los señalamientos, el director ejecutivo de INVEST-H, Marco Bográn dijo a un medio televisivo el 27 de abril, que había leído minuciosamente el informe del CNA y que había he encontrado falencias tremendas e imperfecciones, “que me demuestran que hay claramente una campaña política en contra no del gobierno, sino que en contra de todo el estado, para ver a todo el gobierno de Honduras de rodillas frente a la pandemia del covid19. Ese es el objetivo”.
“Si esta es la estrategia de Gabriela castellanos y de Odir Fernández creo que da una enorme tristeza en el momento que estamos viviendo, cuando lo que estamos haciendo en salvar vidas”, se lamentó.
“Niego rotundamente ese informe donde se da a entender que hay sobrevaloración de equipo médico. Cada una de las instituciones del gobierno que han sido autorizadas por el Congreso Nacional para salir a adquirir insumos médicos, lo hemos hecho de manera responsable”.
“No aceptamos que se nos señale de corruptos, el informe del CNA es difamatorio y tiene calumnias abiertas, queriendo dar a entender que todo mi equipo de trabajo, nos están señalando de corruptos. Los reto a que nos veamos en los tribunales para ver quién tiene la razón y por otro lado los reto a que si quieren hacer una veeduría se unan a la Asociación para Una Sociedad Más Justa (ASJ), al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), sostuvo Bográn.
Bográn se escudó en que en medio de la emergencia hay que salir a adquirir insumos y equipos que estén disponibles en el mercado internacional.

La CCC llamó a sumar todas las voces de dignidad para demandar la conformación de un sistema transparente de rendición de cuentas, conducido por personas e instituciones independientes.

Al respecto la Convergencia contra el Continuismo (CCC), instancia que aglutina a más de 20 organizaciones del movimiento social hondureño, en un manifiesto público y divulgado el 9 de abril, llamó a sumar todas las voces de dignidad para demandar la conformación de un sistema transparente de rendición de cuentas, conducido por personas e instituciones independientes.
“Repudiamos al Foro Nacional de Convergencia (FONAC) en asuntos de auditoría, porque no representa a la sociedad civil, y porque no pasa de ser una espuria mano que barniza el rostro de corrupción y criminalidad del actual régimen dictatorial”, sostuvo la CCC.
Más tarde, el 29 de abril, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, expresó que era inconcebible que en medio de la pandemia se estén haciendo esos actos de corrupción, por lo que anunció la salida de la organización empresarial de las mesas técnicas conformadas por el régimen de Juan Orlando Hernández para enfrentar la pandemia de coronavirus o covid19.
“No se ven acciones para castigar a quienes están sacando provecho de esta emergencia. Los avances en las mesas son muy pocos y no se están tomando en cuenta muchas recomendaciones que nosotros hacemos”, dijo el ejecutivo empresarial de Cortés, un departamento que reporta la mayor cantidad de contagios de acuerdo con el Sistema Nacional de Riesgos (Sinager).

Bertha Oliva Coordinadora General del COFADEH En esa misma fecha (29 de abril), el presidente de Banco de Occidente, Jorge Bueso Arias cuestionó la compra sobrevalorada de mascarillas practicada por INVEST-H, e indicó que dicha entidad, debe justificar 57.5 millones de lempiras en concepto de sobreprecio de las mascarillas; denunciado por el CNA.
Bueso Arias dijo que extrañó que el régimen no le hubiese pedido ese servicio al Banco de Occidente, entidad bancaria que maneja desde hace varios años un fideicomiso con la Secretaría de Salud, para la compra de insumos.
El banquero indicó que dichas operaciones le han ahorrado al gobierno unos 3 mil millones de lempiras en los últimos 6 años y aseguró que debieron contactarlos, porque “conocíamos los proveedores, los precios, teníamos contactos con el exterior, con el interior y todo”.

“La corrupción ha puesto al descubierto cómo se trafica en nombre de la salud, cómo se trafica en nombre de la vida y quiénes la trafican”: Bertha Oliva

Mientras tanto, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo acerca del tema que “realmente es que nosotras estamos enfrentando dos tipos de pandemia. Y habría que ver cuál es la más nociva, la más dañina, la más peligrosa, la que está actuando con toda una ventaja y con tendencias criminales; y es la pandemia de la corrupción y la del coronavirus.
La corrupción ha puesto al descubierto cómo se trafica en nombre de la salud, cómo se trafica en nombre de la vida y quiénes la trafican. Yo creo que eso nos demuestra que nosotras estamos frente a un estado de indefensión porque no hay entidad encargada para estos propósitos que pueda actuar o que actué.
Oliva añadió que queda clarísimo que estas entidades están siendo cómplices, si es que no son cómplices directos de lo que aquí está pasando y lo que pasa, pues es que ya no se esconde el abuso de poder, el autoritarismo y el militarismo, está a las claras.
Por mucho que aquí se maneje en público lo que aquí está pasando,  a mí me gustaría ver un Ministerio Público (MP) actuando con independencia en contra de los que están haciendo este tipo de acciones que van a eliminar cualquier tipo de motivación de la población hondureña, sostuvo la coordinadora general del COFADEH.

Se calcula que hasta el 17 de abril, el régimen cuenta con más de 85 mil millones de lempiras. Para ser más específico maneja L 85,801.94 millones (aproximadamente US$ 3,447.96 millones al tipo de cambio actual): FOSDEH

Para enfrentar la crisis, el régimen de Juan Orlando Hernández cuenta con más de 80 mil millones de lempiras. Y el endeudamiento externo continúa a medida que avanza la pandemia.
El 12 de mayo, el régimen anunció que las Fuerzas Armadas (FFAA) manejarán, administrativa y técnicamente,  2 hospitales móviles destinados a pacientes con covid19.
En la III Parte del Análisis y Propuestas Del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), la organización no gubernamental,  establece que las declaratorias de Estados de Emergencia, a través de la figura de “contratación directa”, se han convertido en una herramienta utilizada por los promotores y ejecutores de la corrupción para apropiarse y obtener ventaja en las negociaciones que realiza el Estado con terceros.
Añade que en estos momentos, el procedimiento de la “contratación directa” se limita a tres etapas; la declaratoria de Estado de Emergencia que autoriza la contratación, la negociación; que es únicamente descrita como el deber del órgano responsable de “…negociar el precio del contrato para obtener las condiciones más ventajosas para la administración.” , y la formalización y aprobación por medio de Acuerdo Presidencial a través de la correspondiente Secretaría de Estado en el caso de la Administración Pública Centralizada o por el órgano de dirección superior para la Administración Descentralizada.

De lo anterior podemos concluir que existe una amplia discrecionalidad en la selección de los terceros contratados, misma que crea un ambiente de opacidad en todo el proceso de contratación, y sospechas de sobrevaloraciones, aunado de favorecer a un grupo de personas, señaló el FOSDEH.
Se calcula que hasta el 17 de abril, el régimen cuenta con más de 85 mil millones de lempiras. Para ser más específico maneja L 85,801.94 millones (aproximadamente US$ 3,447.96 millones al tipo de cambio actual).
De esta danza de millones, el 17.31 por ciento, corresponde a fondos públicos, el 9.90 por ciento a las transferencias de organismos multilaterales, el 75.51 por ciento en concepto de deuda y el  0.29 por ciento en donaciones monetarias de países amigos, de acuerdo con cifras proporcionadas por el FOSDEH.

CESPAD

Análisis | JOH: entre las acusaciones de la fiscalía estadounidense y la tentación de continuar en el poder

Por

Redacción

mayo 2, 2020

Escrito por Gustavo Irías, Director Ejecutivo del CESPAD

2 de mayo, 2020

A continuación se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD

Sin ninguna duda, el hecho más relevante de esta semana lo constituye el anuncio del  Fiscal de los Estados Unidos   para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman,  de acusar al Ex Jefe de la Policía Nacional,  Juan Carlos Bonilla Valladares (el “Tigre”), de “conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos, y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”. Sin embargo, la nota más significativa de esta acusación es la aseveración que Bonilla Valladares cometió los delitos indicados “en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente” (Juan Orlando Hernández).

En efecto, desde el juicio en Nueva York contra Tony Hernández, la hipótesis de la fiscalía estadounidense es que en este país centroamericano, especialmente a partir del golpe de Estado del 2009, el Estado hondureño ha protegido a grupos narcotraficantes. Es decir, el asocio entre políticos hondureños, en su carácter de funcionarios públicos y bandas criminales, ha permitido el tráfico de drogas y de armas hacia los Estados Unidos,  caracterizando a esta sociedad como una “violenta conspiración internacional del narcotráfico”.

Tan en serio es esta aseveración que, de acuerdo a la alegación publicada por la mencionada fiscalía el 30 de abril,  este caso esta siendo investigado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la DEA, con los fiscales federales adjuntos Amanda L.Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow , a cargo de la acusación.

Desde Casa Presidencial, en su cuenta en Twitter, el gobernante Juan Orlando Hernández ha negado esta vinculación, argumentando, entre varios elementos, que en su primer gobierno no ratificó como Jefe de la Policía a Bonilla Valladares y que inició un proceso de depuración policial. No obstante, este proceso de depuración ha sido fuertemente cuestionado por diversos sectores de la sociedad hondureña por su carácter incompleto, marcado por la opacidad y falta de resultados. Al grado que en este momento la policía nacional no termina de depurarse y se encuentra sumida en una crisis que no parece tener fin, permanentemente cuestionada por organismos de derechos humanos debido a sus reiteradas infracciones a las garantías constitucionales.

¿Cuáles serán las repercusiones políticas de estas acusaciones?

El anuncio de estas acusaciones se produce en el momento de mayor auge de la pandemia del COVID-19 en Honduras, coyuntura que ha estado siendo aprovechada por Juan Orlando Hernández para recuperar su cuestionada legitimidad, originada por las fraudulentas elecciones de noviembre del 2017. En una mezcla de autoritarismo, populismo y clientelismo, ha posicionado su imagen en frecuentes cadenas nacionales, tal como si estuviera en una carrera presidencial sin rival.

También ver: El manejo de la crisis del covid-19 en un contexto de desigualdad y las amenzas a la transparencia y la  democracia

La falta de resultados de la oposición política y social por el retorno al orden constitucional, el miedo al contagio del virus por amplios sectores urbanos, el confinamiento en los hogares y el estado de emergencia que ha cancelado la mayoría de las garantías constitucionales, ha creado un estado de animo de desmovilización social generalizada. Al grado, que las reflexiones y discusiones sobre los próximos eventos electorales y los riesgos que ya tienen en un Estado de Derecho cancelado, han sido estigmatizadas por algunos sectores de la población.

No obstante, Juan Orlando y su régimen han estado siendo fuertemente cuestionados por organizaciones ciudadanas debido a la corrupción y falta de transparencia en la administración de los fondos públicos, al grado que ha tenido que destituir a uno de los principales funcionarios en el manejo de la crisis del COVID-19. También se ha impugnado, por diversos actores, lo que se considera una gestión ineficiente de la crisis sanitaria. En la percepción ciudadana esta crisis ha estado siendo manejada por políticos tradicionales que han excluido a los especialistas de la salud, representando una grave amenaza en el derecho al acceso a la salud de la población en general.

También ver: El Coronavirus en Honduras:  ¿Hasta dónde aguantará la sociedad  un proceso prolongado de aislamiento social?

En este marco,  las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York lo que colocan y recuerdan es la ilegitimidad política del régimen actual, con su secuela de actos de corrupción, vinculaciones a grupos ilícitos y de bloqueo a la acción penal en contra del grupo en el poder  (Pacto de Impunidad y expulsión de la MACCIH en enero de este año).

En tal sentido, su implicación más directa tendrá que ver con la reactivación de la lucha política por la recuperación de la democracia. El 30 de abril, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal  llamó a que Hernández sea inhabilitado “jurídica y moralmente para continuar en el ejercicio de la Presidencia de la República” y convocó a la oposición política a conformar un “Bloque Común de Lucha”. Por su parte, el 1 de mayo, en un comunicado del Coordinador General de LIBRE, en reacción a las alegaciones de la fiscalía de Nueva York, subrayó que “la ambición y la codicia de la mafia política empresarial que nos gobierna no tiene límites (…) la dictadura protege carteles de la droga y del crimen organizado”. De nuevo, está abierto el desafío para la oposición política y social por recuperar la constitucionalidad del país o por lo menos impedir el sabotaje del próximo proceso electoral por parte del partido en el gobierno.

Es un hecho, que las acusaciones de la fiscalía estadounidense, representan, asimismo, un fuerte incentivo a Juan Orlando Hernández para continuar en el poder y evitar por largo tiempo, enfrentar un eventual juicio en las cortes estadounidenses, ya sea mediante el uso de las facultades extraordinarias que le otorga el estado de emergencia sanitaria o, a través del quebrantamiento del cronograma de las elecciones del 2021.

En tal sentido, es posible afirmar que Honduras en medio de las acusaciones y los diferentes juicios incoados por la fiscalía estadounidense contra poderosos actores de la política hondureña y por los múltiples efectos que tendremos en el pos COVID-19, ingresará en los próximos meses a una profunda crisis política, económica, social y cultural probablemente no conocida en la historia del país. Y los términos de la confrontación sólo serán dos: democracia o dictadura.

La calle: el hogar que espera a muchos hondureños durante y después de la pandemia

abril 22, 2020 Redaccion

Desde hace una semana un grupo de personas que vivía en los alrededores del barrio Los Dolores, en el centro de Tegucigalpa, fue desalojado y ahora duermen en la calle que sube al barrio Buenos Aires, a pocos metros de la Jefatura Metropolitana Uno, más conocida como “el Core 7”, ante la pasiva mirada de los agentes policiales que entran y salen, llaman por teléfono y compran en una pulpería cercana. Por: Fernando Destéphen
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –En la bandeja que sostiene en sus piernas, Delia tiene cinco platos de comida: burritas de chicharrón y pollo. Tiene 64 años y alrededor de cinco de vender su comida en este redondel que encierra un árbol en el Parque Central de Tegucigalpa.

Delia sonríe simulando su preocupación por no tener dinero para pagar la renta de donde vive.

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A su lado derecho, Agustina García se levanta después de estar recostada en el tronco del árbol. A sus 47 años no pierde la moda, eso explica el piercing en su labio, también la gruesa cadena de plata que, aunque sucia cuelga del cuello de esta mujer de más de 1.60 metros, quien mantiene siete hijos, que se quedan solos en un cuarto que alquila en la Calle Real de Comayagüela o Tercera Avenida, mientras ella busca el sustento diario.
Tomasa Pineda es la tercera de esta cadena y también es la mayor del grupo, ella tiene 72 años, cría dos nietos con las ventas que obtiene de una chiclera. La historia es la misma, los niños se quedan solos en una cuartería, de donde la han amenazado con sacar si no paga 3 mil lempiras de la renta acumulada desde que en Honduras se aprobó el estado de excepción. Tomasa me resume parte de su historia y las vicisitudes que comparte con su inseparable nieta, quien la acompaña en las actividades diarias.
La historia de Tomasa, Delia y Agustina, son parecidas, las tres están a punto de ser expulsadas de las cuarterías donde viven, pues el toque de queda les ha impedido salir a trabajar a las calles y no han podido ajustar el dinero de la renta.
Ellas tres son parte de los 3.5 millones de los 9.3 millones de hondureños que viven en pobreza extrema, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Antes era más fácil, me dicen. Ese antes al que se refieren es al de la pandemia del Covid-19 y que en Honduras podría elevar los niveles de pobreza al 80 por ciento, según cálculos de economistas nacionales y que actualmente anda en un 62 por ciento.

Agustina teme que muy pronto la echen de la cuartería donde vive. El toque de queda ha afectado su venta de agua, lo que le impide recoger el dinero de la renta. Las protagonistas de esta historia son parte de la precarización y miseria que se vive en Honduras y que hoy ha quedado al descubierto con la desactivación de la economía, producto de las medidas de aislamiento social. La necesidad ha hecho que Tomasa, Delia y Agustina, se reinventen y salgan a diario a vender a las calles, burritas, agua, cigarros, chicles bombones y galletas. Antes de la emergencia sanitaria, ellas, aseguran que adquirían lo necesario para sobrevivir, ahora, ni para eso están haciendo.
Las ayudadas de alimentos no llegan
El Centro de Tegucigalpa despierta. Las pocas personas que se mueven pasan al lado de Delia, Agustina y Tomasa. Un joven que antes había estado besando a su novia se acerca a Delia y le compra una burrita, ella sonríe y me dice que hacen, aunque sea “el gracias a Dios”.
Delia sonríe apenas, pero me cuenta que las ayudas de alimentos han llegado al Parque Central, pero las repartieron de La Peatonal hacia abajo. A ella y a sus compañeras no las incluyeron. “No nos dieron nada, solo a la gente de allá”, dice y señala la estatua de Francisco Morazán, la que en términos prácticos sirve como frontera imaginaria para dividir el parque en dos y dejar a Delia, Agustina y Tomasa fuera de las ayudas humanitarias destinadas a esa población en riesgo.
No son las únicas en riesgo. Desde hace una semana un grupo de personas que vivía en los alrededores del barrio Los Dolores, siempre en el centro de Tegucigalpa, fue desalojado y ahora duermen en la calle que sube al barrio Buenos Aires, a pocos metros de la Jefatura Metropolitana Uno, más conocida como “el Core 7”, ante la pasiva mirada de los agentes que entran y salen, llaman por teléfono y compran en la pulpería.

En la esquina de la avenida Las Delicias y la calle Buenos Aires, un hombre mayor está metido hasta la cintura en un desagüe. Con un martillo golpea un tubo de PVC cortado a la mitad, este sirve de canal para que el agua limpia caiga en las botellas de gaseosas y en los demás botes que una niña de unos diez años transporta de esa esquina a una casa con pasillo oscuro y lejano.
En esa calle, un hombre de camisa azul manga larga, calzoneta negra, chancletas y calcetines negros, me dice que ya no quiere salir en periódicos, mientras sintoniza música en un radio portátil. “Si me tiras algo podés tomar todas las fotos que querás”, me dice, mientras me advertía y gritaba que no le tomara fotos. No lo había hecho.
En la acera tienen acumulado todo lo que tienen: ropa, juguetes, ollas, sartenes y entre las cobijas varios niños. Eran las ocho y media de la mañana. Una mujer con la cara de recién haberse despertado contempla a un niño que acomoda con almohadas en la dura acera. Al fondo de esta triste escena, la música sigue su curso, como para matizar la tragedia.
Unos siete adultos se dividen la calle, unos en las gradas de un negocio de venta de artículos recuperados de casas comerciales, y en la otra, los que duermen o descansan lo poco que pueden entre las miradas de los que pasan y no creen que en medio de una epidemia hay gente tirada en la calle, porque no tienen los 100 o 150 lempiras diarios de alquiler.
Honduras cumple su séptima semana con medidas de confinamiento, segmentación para comprar, distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarillas, aunque esto no se cumple, porque en este país impera el desorden y la violación a las leyes, conducta que se impone de arriba hacia abajo.
En las últimas horas se registró el deceso de una enfermera del personal del Hospital Mario Catarino Rivas, de la ciudad de San Pedro Sula
La noticia ha sido fue por el director del Seguro Social en San Pedro Sula, Omar Janania. El funcionario de la salud notificó que la mujer, de 55 años, padecía de hipertensión, hipotiroidismo y diabetes.

Pese a sus 72 años, Tomasa sigue vendiendo en las calles. Junto a ella su inseparable nieta. Más dinero para la crisis
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó este martes una línea de contingencia de crédito por 200 millones de dólares (5 mil millones de lempiras) para fortalecer la posición y capacidad de gestión de liquidez del Banco Central de Honduras en el marco de la crisis por el coronavirus. Estos fondos se suman a los casi 92 mil millones de lempiras aprobados por el gobierno en el contexto de la epidemia por el Sars-Cov-2.
Hasta el momento los millonarios fondos no han llegado a cubrir las necesidades de Delia, Agustina y Tomasa, quienes seguirán vendiendo burritas, agua, cigarros y chicles con la esperanza que la situación mejore.

Desempleo será de 32 por ciento: advierte la gran empresa

abril 6, 2020 Redaccion 

«Si no se asumen medidas radicales para salvar los puestos de trabajo, el desempleo en Honduras subirá al 32 por ciento», advirtió Pedro Barquero, presidente de la CCIC.
El gobernante Juan Hernández ordenó el uso permanente de mascarillas para «acelerar el retorno a la normalidad».

Por: René Novoa
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. En una nueva cadena nacional, el gobernante Juan Hernández dijo que, a partir de este lunes 6 de abril, el uso de la mascarilla para la protección contra el Covid-19 debe ser universal y obligatoria.
«El uso de la mascarilla puede salvar vidas, antes se creía que sólo las personas enfermas y el personal de Salud tenían que usar mascarillas, pero ahora la tenemos que usar todos», ordenó.
Y agregó que «esta política de usar mascarilla en todo momento se ha aplicado en la mayoría de los países de Asia y Europa y con mucho éxito. En Honduras hemos visto una gran mayoría de personas que las están utilizando… con el uso permanente la población contribuirá a acelerar el retorno a la normalidad».
Según Hernández, han distribuido más de 200 mil mascarillas, sin embargo, empleados de la salud han denunciado en reiteradas ocasiones que trabajan sin el equipo de bioseguridad necesario.
CRITERIO constató que el precio en el mercado nacional de una mascarilla N95 (ideal para el personal médico) tiene un costo de 150 a 200 lempiras por unidad y la mascarilla médica entre 50 y 100. Una tercera opción es la mascarilla de tela que se confeccionan de manera artesanal, cuyo precio va desde los 25 hasta los 50 lempiras por ser desechable, y es esta última a la que tiene acceso la mayoría empobrecida, que para 2020 sumó 6 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Desempleo
Este mismo lunes, el presidente de la Cámara de Comercio e industria de Cortés (CCIT), Pedro Barquero, urgió al gobierno a enfocarse en la prórroga de pagos y en la creación de líneas de financiamiento como medidas de auxilio a corto plazo para la gran empresa.
«Y aun implementando esas mediadas, habrá empresas que van a cerrar, pero si no se implementan se van a cerrar muchas más… si no se asumen medidas radicales para salvar los puestos de trabajo, el desempleo en el país subirá al 32 por ciento», advirtió Barquero.
Es apremiante —prosiguió— que se tomen decisiones rápidas y que se fijen las nuevas reglas de juego en el marco de la emergencia sanitaria, porque las grandes empresas tienen problemas de flujo que caja, lo que puede conducir a una situación insostenible.
Pérdidas en turismo
Producto de la pandemia, se reporta al menos 26 mil millones de lempiras en pérdidas, de acuerdo con el subsecretario de Turismo, Selvin Barralaga.
«La pérdida estimada es de unos 26 mil millones de lempiras, una pérdida bastante fuerte, y unos siete mil millones de lempiras dejará de percibir durante Semana Santa la industria turística por la suspensión de todas las actividades», comentó.
Barralaga añadió que también se perderán entre 26 mil y 30 mil empleos temporales en esta época por el toque de queda absoluto, que estará vigente hasta el 12 de abril.

 

Reporte semanal (3): COVID-19 y los derechos ciudadanos, los peligrosos escenarios para los derechos humanos en Honduras

Por Redacción

mayo 12, 2020

Escrito por: Bladimir López, miembro del equipo de analistas del CESPAD

11 de mayo, 2020

Durante el período del 4 al 10 de mayo en clave de derechos humanos y libertades políticas constitucionales, tres acontecimientos marcaron la coyuntura del país: i) Aprobación del Vacatio Legis de Nuevo Código Penal, ii) La imparable violencia doméstica y femicidios hacia las mujeres, y, iii) Discriminación y estigmatización hacia ciudadanos (as) portadores del COVID-19.

I. El Vacatio Legis del Nuevo Código Penal: ¿Demagogia partidaria o apertura democrática?

En el actual contexto de país la entrada en vigencia del nuevo Código Penal será un golpe fuerte a los derechos humanos y a las libertades políticas de la ciudadanía, ya que su actual contenido esta orientado  a salvaguardar los intereses de la élite política corrupta, funcionarios y ex funcionarios públicos, refuerza el control de las fuerzas militares sobre la sociedad, limita ejercicios democráticos como la libertad de expresión y protesta social pacifica, a la vez que refuerza la violencia machista hacia las mujeres, a través de la reducción de penas hacia los hombres que cometan violencia doméstica e intrafamiliar.

En ese contexto distintos sectores sociales, agencias internacionales de derechos humanos y sector académico desarrollaron a través de las redes sociales y medios de comunicación una serie de manifiestos, pronunciamientos, comunicados y conferencias de prensa, solicitando al Congreso Nacional un “Vacatio Legis” para prorrogar el plazo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal. El 9 de mayo en sesión extraordinaria virtual el Congreso Nacional aprobó la prórroga de entrada en vigencia de dicho Código.

El Decreto en su exposición de motivos fundamenta que la decisión tomada se debe a la falta de socialización del código en distintas regiones del país y a la dificultad de realizar los procesos de capacitación iniciados por los operadores de justicia. En el fondo la exposición de motivos no garantiza que se entrará a un nuevo proceso de construcción de dicho Código, tampoco asegura que las observaciones de reformas propuestas desde los sectores sociales serán incluidas en una versión final y en un contexto de suspensión de garantías constitucionales no ofrece posibilidades reales para un proceso de diálogo democrático con las organizaciones sociales.

En conclusión, la actual Vacatio Legis parece ser más un acto de demagogia política de la élite partidaria, que una apertura democrática en los esfuerzos de avanzar en la construcción de un Código Penal que resguarde los derechos humanos de la población, que incorpore las demandas de los distintos sectores políticos, sociales y académicos, con el objetivo de sentar las bases para la construcción de un sistema de justicia democrático y protector de los derechos humanos.

II. La imparable violencia y femicidios hacia las mujeres en tiempos de COVID-19

En el actual contexto de crisis social, humanitaria y sanitaria las mujeres siguen siendo presas de un sistema político  patriarcal que posterga sus derechos y es culpable directo de la violencia y la exclusión que sufren las mujeres en el actual contexto. En décadas de demandas desde las organizaciones de mujeres y feministas, el gobierno no ha tenido la voluntad política de avanzar en una sistema de justicia y de protección social con enfoque de género,  y en contraposición su accionar se ha caracterizado por dotar de privilegios a los actores e instituciones que promueven y reproducen la cultura de vida patriarcal, machista, racista y de odio hacia las mujeres.

Esta vez la alarma suena desde los hogares en donde la violencia hacia las mujeres en el actual período de confinamiento se ha disparado de manera abrumadora. En una publicación el 6 de mayo, la organización de mujeres Visitación Padilla, publicó un mapa en el cual se registran que en enero se recibieron un total de 7827 denuncias de violencia domestica e intrafamiliar, en febrero 7657, en marzo 7940 y hasta el 26 de abril se registraron 8056 denuncias, para ser un total de 31,480 denuncias en los últimos meses.

De igual forma es de suma preocupación los asesinatos de mujeres en el actual período de confinamiento. De marzo a abril se registran un total de 83 femicidios, los cuales evidencian la manera en que opera la violencia estructural contra la mujeres hondureñas y la falta de persecución penal contra los hombres que realizan estos crímenes.

En resumen, los actuales hechos de violencia hacia las mujeres en el fondo demuestran que el gobierno en su actual gestión de la crisis no prioriza enfoques de equidad y de género, orientados a promover y salvaguardar los derechos de las mujeres y a difundir una cultura de convivencia familiar y societal desde una perspectiva de derechos, que siente las bases para la gestión de la actual crisis desde una visión feminista y democrática.

III. La discriminación y estigmatización hacia personas portadoras de COVID-19

Por último, el actual proceso de discriminación y estigmatización que sufren las personas portadoras de COVID-19. Este proceso de discriminación se da en un contexto de país marcado por una democracia de baja intensidad y por la expansión del COVID-19 hacia los barrios y colonias de Tegucigalpa, en donde hasta la fecha 118 colonias registran casos de Coronavirus.

Lo anterior es importante verlo en perspectiva de derechos y de cultura democrática. Los actuales procesos de estigmatización se dan con mayor fuerza en aquellos barrios y colonias socialmente marginados y culturalmente segregados, en donde prevalecen practicas de vida desestructuradas y sin marcos socioculturales que promuevan relaciones sociales basadas en la solidaridad, respeto y colaboración mutua.

Asimismo, es un ejemplo claro del estado de crisis en que se encuentra el sistema cultural del país (escuela, familia, iglesias) y que en tiempos de crisis y los miedos generalizados que promueve el COVID-19, reproducen modelos de vida desprovistos de todo sentido ético y moral. A eso se suma el olvido que el gobierno ha sumido al sector sociocultural del país, en los esfuerzos por avanzar en la construcción de un pacto social que tenga en el centro a las personas alrededor de sus diferencias de clase, étnicas, religiosas, etcétera.

Por su parte el gobierno ha declarado establecer medidas de sensibilización y comunicación para concientizar a la población hondureña, lo cierto es que este tipo de medidas son positivas en sociedades con una amplia cultura cívica, educativa y democrática. Pero nuestra sociedad con índices elevados de exclusión política y marginalidad cultural las campañas no son suficientes, para frenar un proceso de discriminación y estigmatización que amenaza con normalizar el odio, acrecentar el miedo y profundizar el individualismo.

En suma, el actual proceso de discriminación y estigmatización amenaza con descomponer en su totalidad la fragilidad de las relaciones sociales en la sociedad hondureña, a la vez que refuerza valores propios de sociedades fragmentadas y altamente individualizadas a través de comportamientos de vida que atentan contra modelos de vida sostenibles preservadores de las relaciones de solidaridad y empatía humana.

IV. Puntos para la reflexión estratégica

Desde el CESPAD consideramos que es urgente que las organizaciones políticas y sociales del país enfoquen su capacidad analítica y estratégica en los siguientes puntos:

1. En relación al nuevo Código Penal, es de importancia que las fuerzas políticas y sociales de oposición realicen esfuerzos encaminados a cambiar la relación de fuerzas y empujar coordinadamente en la dirección de construir un Código Penal desde un enfoque de derechos y libertades constitucionales.
2. La violencia hacia las mujeres acentúa las desigualdades a la vez que alteran la convivencia pacífica en las sociedades, de ahí la importancia de pensar en acciones inmediatas encaminadas a salvaguardar la vida de las mujeres, a la vez que se presiona al gobierno para la ejecución de acciones de mitigación con enfoque de género.
3. El actual proceso de discriminación y estigmatización, invitan a repensar modelos democráticos con énfasis en la persona humana, a la vez que motivan la construcción de nuevos procesos cognitivos que sean capaces de reforzar lazos de comunidad, solidaridad y cooperación. Al no tomarse con seriedad la actual discriminación y estigmatización, la explosión de una serie de fascismos sociales desde las clases excluidas puede poner en aprietos la convivencia pacífica de la población en tiempos de COVID-19.

Descargar: Análisis3SemanalDDHH – CESPAD

RECHAZAMOS LA MILITARIZACIÓN DE LA PANDEMIA COVID19

Por defensores -

16 marzo, 2020

CONSEJO NACIONAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD

El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, Cofadeh, a la opinión pública nacional e internacional, comunica:
En las últimas horas del lunes 16 de marzo, el gobierno impostor dictatorial que dirige el señor Juan Hernández Alvarado movió la emergencia del Covid19 al ámbito militar, tras haber aprobado en el “Consejo Nacional de Defensa y Seguridad” una serie de disposiciones que restringen, disminuyen o violan derechos humanos constitucionales.
En la primera fase de la pandemia, la dictadura dirigió una campaña de miedo colectivo a través de sus aparatos de desinformación y guerra psicológica, para convertir una variedad de influenza humana de 2.5% de mortalidad en un demonio apocalíptico destructor del planeta Tierra.
En esta primera fase, el objetivo fue de implantar las mismas medidas de control sanitario que implementan los países colonizadores – Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y Canadá –, que poseen recursos financieros y logísticos muy superiores a Honduras.
En la segunda fase, esta misma banda corrompida que controla el Congreso y el Ejecutivo aprovechó la “emergencia coronavirus” para auto donarse una permisión legal de compras directas sin licitación por casi 500 millones de dólares, la llamada “ley de aceleración económica contra el virus19” que ni los países con poblaciones superiores a 20 millones de personas han considerado para ese propósito.
Esta segunda fase sirvió, además, para instalar un discurso público de ultratumba que favorece la industria farmacéutica, laboratorista y constructivista, la cual mueve millones de intereses financieros a través de la banca internacional.
Ahora, en la tercera fase de manipulación pública, el régimen lanza contra la ciudadanía los mismos policías represivos junto a los mismos militares sedientos de poder y gloria que dirigen el golpismo de los últimos diez años, para reprimir derechos de la población.
En esta fase, la armada deja atrás el discurso sanitario y de cultura solidaria contra el virus, para imponer la suspensión de derechos individuales y garantías constitucionales, que atacan la libertad personal, la libertad de expresión, de reunión, de locomoción y la inviolabilidad del domicilio, entre otros.
Este extremo antidemocrático, abusivo e intolerable, no está incluido en ninguna de las disposiciones extremas de la Organización Mundial de la Salud; por tanto, hacemos un llamado a las Naciones Unidas en general y a la OMS en particular a frenar esta locura local que se extiende por los siguientes 7 días, prorrogables.
En los países democráticos donde funcionan los mecanismos de información que no de propaganda, los sistemas de salud preventiva que no de curación industrial y los métodos de educación masiva que no de represión, el uso de fuerzas armadas durante emergencias virales es una estupidez que sólo es posible en las películas sobre el fin del mundo.
No queremos como defensoras de derechos humanos tener que salir con nuestras mascarillas y guantes a liberar personas detenidas ilegalmente so pretexto de contagios positivos no verificados, o de opositores sociales y políticos perfilados por el virus de la dictadura represora.
Tampoco queremos ser parte de una emergencia sanitaria en la cual en vez de educar positivamente a la población en medidas simples de solidaridad, de convivencia social de nuevo tipo, se le induce a comprar detergentes, cremas industriales, máscaras y trajes prefabricados, al estilo de un escuadronero de la muerte que olvida sus crímenes en este país empobrecido por sus amos.
Por mucho miedo que tengan, señores de la dictadura, no se metan otra vez contra las libertades. Y ustedes señores de la OMS, detengan a este ejército de analfabetas armados que van a dispararle a la gente creyendo que le disparan al covid19.
Basta!
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
Cofadeh
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de marzo de 2020.

¡URGENTE! EMPLEADOS DE MAQUILA PROTESTAN EN CHOLOMA POR COBROS IMPAGABLES

Publicado: 07 Abril 2020

Ante la exigencia de pago de vivienda, cortes de energía eléctrica y servicio de cable e internet, este martes vecinos de la residencial “Los Castaños de Choloma”, una zona habitada mayoritariamente por empleados de maquila en el norte de Honduras, han salido a protestar por la falta de solidaridad, luego que más de 165 mil contratos fueron suspendidos.

Además, piden a la autoridad que responda a su petición de llevar insumos de aseo y otras medidas de seguridad para frenar el contagio de coronavirus, ya que el departamento de Cortés es el epicentro en el país con 195 casos y 15 decesos.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Vecinos de la residencial “Los Castaños de Choloma”, en Cortés al norte de Honduras, han salido a las calles este martes a pesar del “toque de queda absoluto” en esa zona, reprochando que las facturas de vivienda, energía eléctrica y servicio de cable, les siguen llegando pese a que en medio de la emergencia por Covid-19, se les imposibilita pagar.

Según la información proporcionada a EL LIBERTADOR, la mayoría de pobladores de esa residencial laboran en el sector maquila, rubro que dejó sin ingresos a más de 165 mil personas desde que se suspendió la actividad laboral el pasado 17 de marzo.

En ese contexto, al no poder pagar los de cable, internet y energía eléctrica, cuentan a este rotativo que ya ha habido cortes de parte de la Empresa Energía Honduras (EEH) aunque el Gobierno le prohibió privar las viviendas del servicio.

En tanto, denuncian que la empresa Cable Color, que en medio de la crisis nacional no se ha solidarizado con el pueblo ofreciendo a sus clientes una alternativa de pago posterior, también ha llegado a la zona para desconectar la señal.

Cabe destacar, que la única “gracia” que tuvo la empresa de telecomunicaciones fue perdonar la mora a sus clientes el mes pasado; sin embargo, para el 31 de marzo, fueron enviados mensajes de texto con un enlace y una credencial para pagar en línea o a través de transacciones virtuales en agencias bancarias.  

Por otro lado, los vecinos reclaman que los vehículos proveedores y particulares que salen y entran a la residencial, no están tomando las medidas para evitar la propagación del coronavirus, por lo que piden a la autoridad se apersone para instalar insumos de aseo y otras medidas de seguridad ante la pandemia.

Desde la primera semana en que el Gobierno decretó estado de sitio, se han registrado protestas en varios puntos del país por la incertidumbre de lograr un abastecimiento de alimentos, medicamento y otros servicios básicos.

Deuda externa de Honduras casi llega a 10 mil millones de dólares en 3 meses

mayo 19, 2020 Redacción 

En términos absolutos, la deuda hondureña aumentó en 712 millones de dólares (7.8%) respecto a los 9,025.4 millones del primer trimestre de 2019

La deuda externa hondureña alcanzó los 9,737.4 millones de dólares en el primer trimestre de este año, lo que supone un alza de 7.8% respecto al mismo periodo de 2019 y equivale al 29.8 % del producto interno bruto (PIB), informó este lunes el Banco Central de Honduras (BCH).
En términos absolutos, la deuda hondureña aumentó en 712 millones de dólares (7.8%) respecto a los 9,025.4 millones del primer trimestre de 2019, detalló el emisor en un informe.
El alza se justifica, según el BCH, por la “utilización neta de 240.4 millones de dólares (de los desembolsos recibidos por 531.1 millones de dólares, menos los pagos de capital por 290.7 millones) aunada a la variación cambiaria favorable que redujo el saldo en 20.6 millones)”.
La autoridad monetaria señaló que del total de la deuda, 7,863.5 millones de dólares (80.8 %) corresponden a la deuda del sector público, es decir un 7% más a los 7,346.3 millones del primer trimestre del año pasado.
El documento detalla además que el 91.1% del total de la deuda se contrató a mediano y largo plazo, y el 8.9 % a corto plazo.
El 60.3 % (4.745 millones de dólares) de la deuda externa se contrató con organismos multilaterales, 23.7 % (1,859.3 millones) con instituciones financieras y proveedores, y el 16% (1,259.2 millones de dólares) con bilaterales, añadió.
El país centroamericano adquirió en el periodo de referencia un nuevo endeudamiento por 143.3 millones de dólares en el marco del “acuerdo precautorio” que Honduras suscribió en 2019 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El 93.5 % (7,349 millones de dólares) de la deuda pública la contrajo el Gobierno Central, el 3.6% (281.5 millones) las empresas públicas no financieras, 2.6 % (207.1 millones) la autoridad monetaria y el 0.2 % (25.9 millones) las instituciones públicas financieras, señaló el Banco Central.
La deuda privada al primer trimestre ascendió a 1,873.9 millones de dólares, lo que supone un alza del 11.6 % con relación a los primeros tres meses de 2019, cuando alcanzó 1,679.1 millones de dólares.
El servicio de la deuda pública entre enero y marzo alcanzó los 464.9 millones de dólares, indicó el organismo hondureño. Tomado de: EFE

HONDURAS / EMPRESARIOS ADVIERTEN POSIBLE PLAN CONTINUISTA

Publicado: 20 Mayo 2020

“¿A qué reformas del Estado se refieren? Para enfrentar esta emergencia lo que se requiera es transparencia, eficiencia y trabajar junto a los expertos. Si se refieren a una Constituyente para quedarse en el poder, desde ya advertimos que no lo vamos a permitir”, dijo el presidente de los empresarios de Cortés, Pedro Barquero.

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A más de dos meses del Estado de sitio que decretó el gabinete de Juan Hernández,  producto del ingreso del virus covid-19 al país, surgen las alarmas ante un posible plan para la creación de una Asamblea Constituyente, con el objetivo que el actual régimen continúe en el poder de la nación hondureña.
Así lo ha advertido el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Pedro Barquero. En su cuenta de Twitter, el empresario de la zona norte publicó: “¿A qué reformas del Estado se refieren? Para enfrentar esta emergencia lo que se requiera es transparencia, eficiencia y trabajar junto a los expertos. Si se refieren a una Constituyente para quedarse en el poder, desde ya advertimos que no lo vamos a permitir”.
Lo anterior obedece al anuncio que hiciera el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, en la cadena nacional del 17 de mayo. Entre otras medidas, Díaz informó que en Consejo de Ministros, Hernández aprobó el Decreto Ejecutivo Número PCM-042-2020 que, además de prorrogar por 7 días la cuarentena, crea una instancia multisectorial para la elaboración y propuesta a Sinager sobre la gestión de la pandemia y la “apertura inteligente” de la economía (artículo 7 de ese PCM).
La preocupación de Barquero, y de la sociedad en general, se encuentra en el numeral 7 de ese artículo, que concede a dicha comisión la facultad para hacer “propuestas y planes para la construcción de la ‘Nueva Honduras y el Nuevo Hondureño’, estas propuestas pueden ir en el orden educativo, de salud, reformas de Estado, reformas de económicas, legales, fiscales y otras que esta instancia considere oportuno”.
Es de aclarar que las reformas al Estado sólo pueden suceder mediante dos vías: cambiar la forma de gobierno o la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, para redactar una nueva Constitución de la República; precisamente, esos fueron los argumentos por los que en 2009 le asestaron un golpe a la democracia, al derrocar por las armas al presidente Manuel Zelaya Rosales.
Esa instancia multisectorial está conformada por el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Federación de Cámaras de Comercio de Honduras (Fedecamara), Congreso Nacional (CN), Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMCH), Confraternidad Evangélica de Honduras, Asociación Hondureña de Maquiladores de Honduras (AHM), Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih), Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse), Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC), Comités Regionales de Gestión de Riesgo coordinados por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Conferencia Episcopal de Honduras, Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba); Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH); Red Nacional de Televisoras, Federación Nacional de Palma de Honduras y el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh).

DEL MITCH AL GOLPE Y DE LA PANDEMIA AL AUTORITARISMO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

Por defensores -

16 mayo, 2020

Estamos en la víspera de la presentación del segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante la pandemia del Covid19.
El primer documento elaborado por el Cofadeh cubría los hechos de los 15 días posteriores a la declaración oficial de la pandemia y el segundo nos transporta hasta la primera semana de mayo.
En las últimas dos semanas de marzo no teníamos la visión completa del desastre que acompañaría el confinamiento social, pero ahora a la luz del nuevo texto no tenemos dudas.
El régimen dio señales desde el arranque que utilizaría el encierro de la población para robar, reciclar a sus dirigentes implicados en el crimen organizado, e imponer a los militares hasta el extremo de convertir la cuarentena en una prisión domiciliar colectiva. En violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Hemos arribado a un momento de quiebre. O la dictadura abre paso a la multitud para retornar a la suicida “normalidad de siempre” o continuamos encerrados fingiendo la bioseguridad frente al virus que mata, esperando como lelos que “lo peor aún está por llegar”.
Ese será sin duda el tiempo del tercer informe en junio próximo, cuando habrá terminado igualmente la tercera vacación del código penal de los corruptos que nos obliga a pensar.
Regresemos al anuncio de nuestro segundo informe que verá la luz la próxima semana con el título “del Mitch al Golpe y de la pandemia al autoritarismo contra los derechos humanos”.
El texto ha sido completado con el apoyo de las redes de defensores y defensoras de derechos humanos presentes en casi todo el país y también con el monitoreado de medios tradicionales y alternativos, además de un sondeo aleatorio realizado en zonas estratégicas el cual muestra que más del 70% de la población no cree en la información del régimen.
Igual que en el primer informe en este segundo hay un énfasis particular en el impacto de la pandemia en los derechos económicos y sociales, es decir en la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo y la alimentación.
Pero era imposible que el documento no recibiera una tempestad de pequeños reportes de toda Honduras sobre violaciones a la libertad de locomoción, reunión y asociación, libertad de expresión, y el derecho a la integridad física y la vida, entre otros. Estos temas por supuesto no son parte de las cadenas de radio y televisión.
Sólo para los fines de producción de este editorial hemos tenido acceso al borrador final de sus conclusiones y recomendaciones, donde podemos anticipar la fuerza de su contenido. Nos anticipamos a difundir en la víspera, porque la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos está impedida de circular y reunir.
Dice la primera conclusión que “las medidas impuestas para salvar la vida de la población durante la pandemia realmente responden al falso slogan policial-militar partidario “servir y proteger”, que es sinónimo de viejas prácticas violatorias de derechos humanos, de activismo sectario que aprovecha las necesidades esenciales de la gente que sufre para construir en su nombre otra vez el edificio de la corrupción”. Los ejemplos abundan.
La segunda conclusión es referida a la seguridad alimentaria de la población, una urgencia que estalló rápido en la coyuntura y que continúa al centro de la agenda nacional actual, porque expresa la vulnerabilidad económica de más de 3 millones de personas aisladas sin ingresos, en suspenso laboral o en proceso de estarlo, sin la calle para buscar el pan diario y sin transporte para mover la producción rural, enfrentados al final del mes con una factura eléctrica promediada arriba de toda normalidad de consumo, un contador de agua que marca aire y una factura telefónica o de internet que muerde sin compasión.
Estos temas provocaron alrededor de 160 manifestaciones de calle durante el mes de abril, muy a pesar del encarcelamiento de la población por una dictadura improvisada e irresponsable, bueno, qué más se podría esperar de una administración ilegal e ilegítima. Impostora. Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Choloma, El Progreso, Trujillo, entre otras, fueron los escenarios de protestas y represiones.
El texto en sus últimas páginas sostiene que la cuarentena afecta la enorme masa trabajadora del sector industrial cuya casta ejecutiva alega la caída de los pedidos futuros por reducción del consumo, la obstrucción de la cadena de suministros de materias primas y el encarecimiento de costos por bioseguridad, dejando a 100 mil obreros/as suspendidos, más de 50 mil con salario reducido al 70% o menos. Y de esta masa, alrededor de 50 mil son trabajadores sindicalizados incluyendo periodistas que han denunciado también recortes salariales y pérdida de empleos.
Los toques de queda con aislamiento preventivo obligatorio han sido extendidos como parte de las medidas dentro de la emergencia Covid19, pero a su vez esa disposición se extiende a otras emergencias más próximas, la humanitaria y la de derechos humanos.
Este reporte al cual nos estamos refiriendo enumera casos estremecedores en los cuales los derechos civiles y políticos tocan a comunidades garífunas e indígenas, a liderazgos comunitarios, campesinos, de poblaciones resistentes a la dictadura, periodistas, comunicadores sociales, líderes nacionales de derechos humanos y sociales, y pobladores simplemente víctimas brutales de la estigmatización y de torturas.
La respuesta del régimen en el marco de la emergencia sanitaria no se diferencia de su respuesta a las protestas durante los fraudes electorales o las crisis nacionales por corrupción y narcotráfico, así lo dice el informe.
El reporte enumera el gas lacrimógeno, gas pimienta, detenciones arbitrarias masivas, torturas, aislamiento, trabajos forzados y exacciones; en suma, la militarización total del territorio sin veeduría ciudadana y sin control institucional, en plena discrecionalidad  e impunidad. Enfatiza el texto que estos mismos militares, a la vez, son los distribuidores de bolsas solidarias, constructores de hospitales desechables, patrulladores de barrios y colonias, y garantes de seguridad en centros de confinamiento.
Ese último párrafo que vienen ustedes de escuchar está plenamente respaldado con ejemplos dentro del documento que, repetimos, será lanzado en los próximos días por diferentes medios alternativos, incluyendo redes, plataformas electrónicas, radio y televisión. Ahí van a conocer ustedes, quienes no lo conocen ya, los casos de excesos brutos de la policía, los abusos criminales de los militares, la odiosa estigmatización entre nosotros mismos.
Entre las recomendaciones que hace el Cofadeh, organización responsable del informe, es de volver a la la garantía de igualdad ante la ley y al respeto de los derechos humanos, porque la desproporcionalidad y el autoritarismo observados hasta hoy tendrán un impacto decisivo en la población en el mediano y largo Plazo. Y en el Estado de Derecho.
El abuso de autoridad en medio de esta situación excepcional que sufre el país es, en efecto, otro tipo de pandemia que produce pérdidas irreparables de vidas entre las poblaciones vulnerables. Y no puede continuar eso.
El informe “del Mitch al Golpe y de la Pandemia al autoritarismo contra los derechos Humanos” recomienda el diseño y difusión de campañas nacionales contra la estigmatización de las personas contagiadas, los difuntos, sus familias, el personal sanitario y migrantes retornados especialmente. Tenemos que ayudar a la población a sentir y pensar diferente en esta situación, dice el informe, en particular a quienes ya viven cerca de una persona contagiada o de los centros de aislamiento identificados.
El Estado debe evitar la suspensión de derechos fundamentales en el marco del COVID para violar los derechos civiles y políticos de la población en especial de los pueblos indígenas, garífunas, oponentes políticos y defensores de derechos humanos, así como de la población que se moviliza por necesidades básicas de alimentación y medicina.
El Estado debe liberar los presos políticos!
Hasta la próxima semana, buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 16 de mayo de 2020

Olancho: Detención, golpes y amenazas policiales contra hermanos en Campamento

Por defensores -

21 mayo, 2020

Imágenes que muestran las agresiones contra Heydi y Roberto Amaya, por la policía en Campamento, Olancho.

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Tegucigalpa, Honduras.- Al menos nueve agentes de la Policía Nacional atacaron y encarcelaron a Heidy y Roberto Amaya, ayer en el municipio de Campamento, Olancho, exponiendo su integridad personal y sicológica tras la golpiza y palabras obscenas, especialmente contra ella.

Aprovechado que era su día de circulación, según el calendario difundido por Jair Meza,  vocero de la Policía Nacional de Honduras (PNH) el domingo 17 de mayo, Heydi podía circular ayer miércoles 20, para hacer gestiones personales en el centro del pueblo, entonces le pidió a su hermano Roberto que la acompañara.

Al llegar a primer retén, muy cerca de su casa, ella le explicó a la policía municipal y militares, que era su día de circulación, pero que le pidió a su hermano que la transportara en su vehículo, aunque a él no le correspondía según su digito. Y los dejaron avanzar sin ningún problema.

El trayecto desde su casa hasta la agencia bancaria a donde iba, dista menos de un kilómetro. Por lo que el retorno era rápido. Hasta que, frente a la posta policial, dos agentes de la Policía Nacional los detuvieron, ella volvió a dar la misma explicación sin ser escuchada.

Un agente policial les preguntó si portaban armas, y les pidieron bajar del auto. Se escuchó una orden “llévenlo y metánlo”, haciendo referencia a la posta policial, ubicada frente al parque central.

“Se lo llevaron y yo me fui atrás de él, el carro quedó encendido”, relató a Defensores en Línea, Heydi Amaya aspirante a diputada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en las elecciones generales del 2017.

También les preguntaba ¿Por qué se lo llevan? Si él no ha hecho nada malo. Roberto, quién se dedica al rubro del transporte en Campamento, estaba siendo arrestado arbitrariamente.

El artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), señala que en el numeral 4 que, “Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, y el 5 agrega “ Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.

En eso un policía de manera agresiva le ordenó “que te vayás te digo” y le dio un empujón.  Entonces “mi hermano le dijo ¿Por qué la tocas? Es una mujer”, y unos ocho hombres lo empezaron a atacar”.

Yo grité, y me empezaron a agredir el cuello, les dije “no me golpeen este es un delito”. Cuando la víctima del ataque policial expresó que iba  a llamar a organizaciones de derechos humanos, de inmediato le dijeron “estás detenida”. Ambos fueron llevados a celdas sin ninguna medida de bioseguridad, y los despojaron de sus objetos personales como teléfono celular y billeteras.

Un policía le quitó las llaves del vehículo a Roberto Amaya, y lo estacionó mientras a los hermanos los atacaban.

Me quitaron la mascarilla, exponiéndome al contagio de Coronavirus, y fue por cuidar mi salud que le pedí a mi hermano que me llevara en su carro, él nunca se bajó del vehículo y ahora estábamos golpeados y presos, agregó en su denuncia.

Estuvieron tres horas privados de libertad, Heydi pidió agua para tomar, y una mujer policía le dijo que “si quería le podía dar agua de una pila” sucia. Hasta que llegaron sus parientes y pudieron darle agua.

Para salir, los hermanos Amaya –representados por un abogado privado- firmaron una hoja donde se les acusa de daños e infracción a la Ley. Aunque ellos no querían firmar tal documento porque los acusan de hechos falsos, como lanzar piedras y dañar una ventana la cual ahora deben pagar. Pero el dolor por los golpes era demasiado fuerte, incluso deberían recibir atención médica domiciliar.

El hermano y la hermana Amaya, fueron acompañados por defensores de derechos humanos entre ellos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que abogaron por su integridad física y liberación.

Pese a que las torturas se dieron en pleno centro municipal, Heydi no se percató si hubo otras personas como testigos oculares, porque el encierro por el COVID-19 complica todo, y la policía se aprovecha para actuar de manera salvaje y cruel, golpeando, atacando y robando a la población. Cabe señalar que, cuando le devolvieron sus pertenencias le hacía falta 600 lempiras.

Señaló que la familia Amaya es conocida en el pueblo, es pacifista y solidaria, por lo que no merecen lo que les sucedió ayer. A ella la denigraron como mujer, las palabras que le decían la violentaron totalmente. Eran cuatro policías golpeándolas e insultándola.

 Aclaró que en ningún momento se opusieron a nada, pero eso al parecer incomodaba  a los policías de Campamento, y más los atacaban.

Una de las frases amenazantes la emitió un agente uniformado “sólo tomales la foto y dejámelos a mí. Eso me preocupa, porque conocen donde vivimos, saben quiénes somos y nuestra vida peligra, agregó la líder comunal y política.

“Me han puesto mi mundo al revés, temo además por mi hijo”, agregó, al pensar que salió para hacer diligencias referentes a su casa y cultivos, y regresó siendo otra, a causa del abuso policial en su pueblo natal.

El hecho sucedió al mismo tiempo que, en Tegucigalpa el COFADEH presentaba el segundo informe situacional durante la emergencia sanitaria por el COVID-19: DEL MITCH AL GOLPE Y DE LA PANDEMIA AL AUTORITARISMO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS, en un periodo del 1 al 30 de abril.

En dicho documento recomienda que “Las  medidas  deben  ser  redireccionadas  en  el  marco  de  la  pandemia  del  COVID  -19  hacia  la  garantía de la igualdad y el respeto de los derechos humanos, pues la desproporcionalidad y el autoritarismo  observados  tendrán  un  impacto  decisivo  en  la  población  en  el  mediano  y  largo  plazo, lamentable en términos de institucionalidad del Estado de Derecho. El abuso de autoridad en medio de esta situación excepcional que sufre el país es, en efecto, otro tipo de pandemia que produce pérdidas irreparables entre las poblaciones vulnerables. Y no puede eso continuar”.

Solo en abril, según el informe elaborado por el COFADEH, 165 personas fueron víctimas de malos tartos en detenciones, ocho fueron heridas, cinco torturadas y uno falleció.

A continuación el escrito por Heydi Amay en su perfil de la red social Facebook:

Ayer fu víctima de abuso por parte de la Policía Nacional, fui víctima del sistema, víctima de violaciones a mis Derechos Humanos, víctima que se suma a tantas otras violaciones de abusos de las que se cometen a cada segundo, a cada minuto, a cada hora en este campamento y esta querida Honduras.

Son brutales, agresivos, simplemente abusan de la autoridad que se les ha delegado. Era mi día de circulación, salí con todas las medidas de precaución en Bioseguridad y le pedí a mi hermano que me trasladara en vehículo para no exponerme al contagio, a él no le tocaba circular pero él no hacía ningún trámite, siempre permaneció en el vehículo. Al frente de la posta del pueblo, nos detienen. Les digo que él me está trasladando para mis gestiones, me dicen que me vaya, mientras a él lo bajan agresivamente del carro para detenerlo y se sube un uniformado al carro de él, otro lo agarra del pecho, y lo empuja, de inmediato les digo que les pasa? dejénlo!! Cuándo lo golpeaban me metí a defenderlo, me pegaron en la cara, mientras agarraban a patadas a mi hermano, logre avisarle a mi familia, de inmediato llegaron a exigir que nos respetaran la integridad física de nosotros, y hacer los procedimiento conforme a Ley. Golpeados y agredidos nos encarcelaron por 3 horas…!!!

Toda esta agresión fue de conocimiento inmediato hacia el COFADEH, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos y CONADEH, así como de amigos particulares, a todos gracias por el apoyo.

COMO ES POSIBLE QUE SUCEDA TANTO IRRESPETO A LA VIDA?  No y no por favor, esto no es posible, escribo esto en nombre de las personas que también han sido víctimas y que no tienen voz para denunciar, conozcamos el actuar de la Policía Nacional, BASTA YA DE LOS ABUSOS…!!

Esto es un ejemplo de lo que sucede constantemente en nuestro país, por favor #humanizence, #todos somos seres humanos, #crearemos precedente #denunciemos.

“Los transportistas también comen”

mayo 21, 2020 Redaccion

Pobladores se suman a conductores del transporte público exigiendo se rompa el confinamiento para poder trabajar

Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Una toma de carretera como acción de protesta por parte de los motoristas del servicio de transporte público interurbano a la altura del kilómetro 12 en el municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán, sirvió de muro de lamentos para los pobladores del sector.

Lea además: Autoritarismo: Congreso de Honduras aprueba ley para obligar el uso de kamarillas

A eso de las seis de la mañana de este jueves, al menos 20 buses amarillos iniciaron el bloqueo en el paso vehicular de la CA-5, la carretera primaria que conduce al sur del país. A la acción de protesta de los transportistas se sumaron los ciudadanos que transitaban por la zona, y que también, ya no aguantan el confinamiento obligado que los mantiene inactivos económicamente.
Los transportistas ya suman 66 días sin trabajar en consecuencia de la entrada en vigencia del estado de excepción contemplado en el Decreto Ejecutivo PCM-021-2020, que restringe las garantías constitucionales, entre estas la libertad de locomoción y la suspensión de acciones laborales de la empresa privada y pública.
“Nosotros también comemos y también necesitamos trabajar para llevar comida a nuestros hogares”, explicaban los motoristas a la población que se acercaba para saber que ocurría. Durante al menos cuatro horas los buses no permitieron el paso de vehículos, situación que provocó un congestionamiento vehicular en la zona.
Con el paso del tiempo, las personas se bajaron de sus vehículos y poco a poco se fueron agrupando en Ante la aglutinación de vehículos. Todas ellas con diferentes historias, pero con el mismo argumento, “tenemos que trabajar”.

El congestionamiento vehicular se mantuvo por casi cinco horas. Todos somos iguales, todos debemos trabajar  
Sin descuidar los protocolos de bioseguridad, siempre con sus mascarillas y con una distancia comprensible, bajo la sombra de unos árboles, frente a un restaurante de comida china, un grupo de ocho personas conversaban sobre lo complejo que resulta poder cumplir con sus compromisos laborales bajo el actual contexto de la pandemia.
Doña Alba es la propietaria de un puesto de granos básicos en el mercado Perisur, todos los días sale de su casa, ubicada en sector de la Bodega km 16, a las cinco de la mañana  y regresa a su hogar a las siete de la noche, a excepción de los domingos que el mercado cierra a la una de la tarde
Carlos de aproximadamente 24 años, trabaja en un supermercado desde hace tres años y como reside en las afueras de la ciudad, no cuenta con el servicio de transporte de su empresa y por eso junto a su amigo Samuel han contratado a don “Pancho”, para que los traslade a sus trabajos.
Saul de unos 30 años es dependiente en una franquicia de venta de café y junto a Carlos viajan de lunes a viernes desde el centro de Santa Ana en el km 27 en el vehículo de don “Pancho”, quien es mecánico, pero ante la falta de trabajo, desde hace aproximadamente un mes, se dedica a transportar de manera clandestina a varios ciudadanos de su zona.
Junto a ellos esta Celia que trabaja en una procesadora de pollos, ella viaja en compañía de Katherin en una motoneta. Katherin es empleada de una institución bancaria, ubicada en la zona de Comayagüela.
A la plática se les suma una periodista que, de manera anónima, obtuvo la información para CRITERIO.HN. “Tenemos que trabajar”, era el común denominador de las ocho personas, todas conscientes de los riesgos de la pandemia del Covid-19, pero también realistas de las condiciones económicas que ha conllevado esta enfermedad.
Carlos dijo: “Los buses hacen falta, no todos tenemos vehículo, a mí ni me sale pagar carro particular, pero si no llego a la chamba me despiden, quise quedarme donde una tía en la Flor del Campo, pero ahí es clavo (problema) cuando un extraño llega, además los hijos de mi tía se pusieron majes (tontos)”.
“Yo solo estuve tres días en la casa, ya el jueves después del toque de queda me llamó la jefa y me dijo que teníamos permiso para ir a trabajar porque nosotros procesamos alimentos, pero que no me podían venir a traer hasta mi casa, por eso le quite la moto a mi hermana que esta sin trabajo”, manifestó Celia.
Por su parte Katherin aseguró que de no ser por su amiga Celia, ya la hubieran suspendido del banco donde labora. “A los jefes no les interesan excusas, ni de donde vive una, ni como le hace para llegar, así es esto”.
Saúl, el más preocupado por llegar a su trabajo, expresó que hace dos días habían anunciado el despido de varios en su empresa, “están de toque en la chamba, no aguantan casacas yo le mande a mi supervisor de área un vídeo y foto desde las siete para que vea que no es mentira mía”, comentó el joven en su lenguaje coloquial.
Doña Alba y don “Pancho” eran los más relajados, ambos dueños de sus propios negocios y prontos a ser parte de la población de la tercera edad, escuchan atentamente los lamentos de los jóvenes sin mayores comentarios.
Todos coinciden que es importante que se reactive el servicio de transporte y que se legalice la circulación pues, según ellos, todos han tenido que salir de sus casas a trabajar aun y cuando el municipio de Santa Ana mantiene activa una ordenanza municipal que limita la circulación de sus pobladores.
Alrededor de las diez de la mañana los carros empezaron a movilizarse lentamente y las ocho personas corrieron a sus vehículos para poder llegar a sus centros de trabajo y poder con ello llevar alimentos a su núcleo familiar
 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del municipio de Santa Ana es de 17,123 personas, 8,499 hombres y 8,624 mujeres. Con una población en el área urbana de 5,550 personas y en el área rural de 11,572 personas.
Datos del INE, estipulan que solo el 22 % de los hogares cuentan con automóvil propio.
En la primera semana del mes de mayo el alcalde de Santa Ana, Jorge Sandres, oficializó el contagio 12 de pobladores con COVID-19, razón por la cual, por medio de ordenanza municipal, se emitió el cierre total del municipio.