La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa, lo ha descrito correctamente: La pandemia es la corrupción que destruye la salud pública a favor de los bolsillos de un grupo de funcionarios y de sus amigos los inversionistas privados de hospitales.
En apariencia, han sido destituidos tres altos ejecutivos de COPECO denunciados por la ejecución fraudulenta de centenares de millones de lempiras en compras de equipos y materiales médicos inútiles; en apariencia, porque los acusados siguen ahí sin haber sido requeridos por la Fiscalía.
En este desastre ético en cuarentena no sólo ha sido la compra de chatarras a través de los amiguetes intermediarios de la cúpula criminal que dirige el país, sino la mentira vulgar repetida a la población que se contagia y muere en tiempo real, sin hospitales de verdad, sin pruebas de verdad, sin reconstituyentes serios de sus sistemas inmunológicos.
Es una vergüenza la gerencia de esta pandemia en Honduras en términos de ética pública ante los ojos de la OMS, de las Naciones Unidas y de la población en general. Desde febrero tenían todo calculado en el Congreso, en la Gaceta, en COPECO y en el tal SINAGER para crear el marco de emergencia sin licitación, con una ley de aceleramiento económico que inyecta dinero al hocico de los buitres. Y quieren seguir aprobándose más dinero en medio de la recesión mundial.
En este contexto de robancina en medio de la desgracia nacional, el gobierno de Turquía aclaró que no está vendiendo ningún hospital a Honduras como informó COPECO, al contrario casi dijo que si le hubieran solicitado en donación lo habría hecho con gusto. Pero no lo hicieron los criminales del Covid, porque adquirir en donación no es negocio para ellos.
El forense Denis Castro, por iniciativa propia, mostró mascarillas en frágil papel desechable que COPECO compró por más de 100 lempiras cada una, y en Villanueva la prensa mostró unas carpas de circo abandonadas que los voceros del Sinager llaman hospitales móviles valoradas en millares de dólares.
El pueblo obediente en confinamiento dentro de sus casas y el pueblo hambriento en resistencia sobre las calles está harto de este comportamiento miserable que hace sonar los nombres de Investh, Dimex, David Chávez, Gabriel Rubí, Marco Antonio Bográn, sobrino del oráculo perverso, y el propio Juan Orlando Hernández. Son todos lobos de una manada que conocemos.
El robo es tan vulgar que la gente en las calles lo sabe, porque las adquisiciones hechas hasta ahora son todas pirujas de forma, tamaño y funcionamiento, y el sólo detalle que tienen elevado es su precio. Es la misma historia del Seguro Social en 2011 o la misma farsa informática del 2017.
En medio de esta pandemia corrupta el régimen no asegura la gratuidad del agua, la electricidad, los combustibles ni garantiza los salarios de los trabajadores confinados ni la comida de los 4 millones de familias empobrecidas que reciben raciones sectarias, incompletas, insuficientes, miserables.
Por esta horrible injusticia que se suma a la mentira oficial, la gente está tomando lentamente las calles en varios departamentos del país literalmente por hambre de comida y sed de justicia, exigiendo respeto. En respuesta, las manifestaciones han recibido balas vivas y gases lacrimógenos, como ocurrió esta semana en la aldea Las Metálicas, en el municipio de Tela, en Siguatepeque, Comayagua; en El Progreso, Yoro; en Choloma, Cortés y en la capital, entre otros sectores.
El empresario Roberto Contreras, por su parte, ha decidido someterse a una huelga de hambre desde la mañana del próximo lunes en San Pedro Sula, porque la mafia de la dictadura no solamente le cobra los impuestos y la energía eléctrica sin haber generado ingresos en sus restaurantes, sino que además lo amenaza.
En medio de la tragedia nacional, el régimen impostor construye escenarios de porvenir luminoso con derrames de leche y miel, de sobreabundancia, de paz y tranquilidad; mientras, los hijos rapaces del “cariato” roban a lo bruto, abren los negocios de sus amigos, inducen el cierre o la destrucción de los mercados populares, y lanzan al ejército contra su pueblo.
El cronista y poeta Fabricio Estrada dice al respecto que desde el inicio de la cuarentena en marzo hubo una campaña sistemática de la televisión y la radio controlada por Juan Orlando Hernández contra los mercados de Comayagüela como sitios masivos de contagio.
“Ojalá se contaminen todos los que venden ahí”, decía una portavoz de esa feroz clase media que asiste también en masa a los centros comerciales de los agiotistas del régimen azul y a los súper mercados de la dinastía liberal coludida con el diablo.
“Estos ignorantes nos llevarán a la desgracia con esos tumultos en Comayagüela” repetía uno de los felinos caza votos que utilizan a los locatarios como mulas electorales. Luego, ya instalada la consigna de que el Covid 19 habitaba en los mercados populares, el nazismo local prendió fuego al mercado Colón. Y no es la primera vez, concluía el poeta.
Por la noche, otra vez la cadena; otra vez el impostor adelantándose a resumir una plática telefónica con el líder del fracaso estadounidense, Donald Trump, afirmando que éste le prometió respiradores mecánicos, traslado de makilas chinas al valle de sula para evitar las caravanas y que todo irá sobre ruedas. Minutos después, el fracasado supremacista blanco reveló en rueda de prensa que realmente lo que ofreció a Hernández fue experimentar en pacientes hondureños sus cockteles de hidrocloroquina para vencer el Covid-19. Y que ese desinfectante es maravilloso.
¡Vergüenza de dirigentes! ¡Vergüenza de humanos, sinvergüenzas!
Al pueblo le toca resolver esta situación y es de nuevo a la Convergencia Contra el Continuismo el actor social al que le toca trazar la ruta.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, 25 abril de 2020
Covid-19: Tres masacres se registran en lo que va la emergencia sanitaria
Por defensores -
14 abril, 2020
En
la última masacre las víctimas eran tres hermanos que respondía a los
nombres de Axcel Josué Reinau, Franklin Enrique Reinau y Carlos Mauricio
Reinau.
Tegucigalpa.- Las medidas adoptadas por el
régimen de Juan Orlando Hernández para evitar la expansión del Covid-19,
no han contribuido tampoco para detener la violencia en el país.En lo que va de la emergencia sanitaria por el coronavirus, Honduras registra ya tres crímenes múltiples, dejando como saldo nueve personas muertas, todos del sexo masculino.
El primer hecho sangriento, que dejó un saldo de tres jóvenes asesinados, ocurrió en el sector de la López Arellano, municipio de Choloma departamento de Cortés, 72 horas después de que el régimen decretara toque de queda a nivel nacional y absoluto en el Distrito Central, San Pedro Sula y La Ceiba.
El día 16 de marzo las autoridades hondureñas aprobaron “toque de queda” para frenar la propagación del Covid-19, al confirmarse ocho contagiados por el virus.
El ejército y la Policía Nacional se han dedicado a reprimir a la población que exige en la calle la falta de alimentos
“En aplicación del decreto de suspensión de garantías (…) se declara
toque de queda a nivel nacional y absoluto”, anunció en cadena nacional
el ministro de Seguridad, Julián Pacheco.
Horas después de este anuncio, en el municipio de Choloma, vecino de San Pedro Sula, ciudad que se decretó con toque de queda absoluto, en horas de la noche del jueves 19 de marzo tres jóvenes se encontraban departiendo en las cercanías de un campo de fútbol localizado en la colonia Las Colinas número uno del sector López Arellano, hasta donde llegaron sujetos fuertemente armados que los increparon y luego asesinaron de múltiples impactos de bala.
Desde el 16 de marzo que se decretó el toque de queda a nivel nacional, hasta la fecha, más de 190 homicidios se han dado en el país y tres masacres.
La segunda masacre durante la emergencia del Covid-19 ocurrió el 13 de abril en la colonia Japón del Distrito Central, un grupo de jóvenes jugaba fútbol cuando llegaron miembros armados que procedieron a disparar, dejando como saldo a tres víctimas mortales y otras tres heridas. Uno de los fallecidos era empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP).
El ataque se da cuando Honduras mantiene vigente un toque de queda absoluto por la pandemia de coronavirus, es decir que está prohibida la circulación de personas en todo el territorio.
La noche de ayer en la colonia 6 de Mayo, del sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula, ciudad que está con toque de queda absoluto, tres miembros de una sola familia fueron asesinados, tres hermanos que respondía a los nombres de Axcel Josué Reinau, Franklin Enrique Reinau y Carlos Mauricio Reinau.
Se conoció de manera preliminar, que las personas que cometieron este múltiple crimen vestían con indumentaria policial.
Horas después de este anuncio, en el municipio de Choloma, vecino de San Pedro Sula, ciudad que se decretó con toque de queda absoluto, en horas de la noche del jueves 19 de marzo tres jóvenes se encontraban departiendo en las cercanías de un campo de fútbol localizado en la colonia Las Colinas número uno del sector López Arellano, hasta donde llegaron sujetos fuertemente armados que los increparon y luego asesinaron de múltiples impactos de bala.
Desde el 16 de marzo que se decretó el toque de queda a nivel nacional, hasta la fecha, más de 190 homicidios se han dado en el país y tres masacres.
La segunda masacre durante la emergencia del Covid-19 ocurrió el 13 de abril en la colonia Japón del Distrito Central, un grupo de jóvenes jugaba fútbol cuando llegaron miembros armados que procedieron a disparar, dejando como saldo a tres víctimas mortales y otras tres heridas. Uno de los fallecidos era empleado del Registro Nacional de las Personas (RNP).
El ataque se da cuando Honduras mantiene vigente un toque de queda absoluto por la pandemia de coronavirus, es decir que está prohibida la circulación de personas en todo el territorio.
La noche de ayer en la colonia 6 de Mayo, del sector de la Rivera Hernández de San Pedro Sula, ciudad que está con toque de queda absoluto, tres miembros de una sola familia fueron asesinados, tres hermanos que respondía a los nombres de Axcel Josué Reinau, Franklin Enrique Reinau y Carlos Mauricio Reinau.
Se conoció de manera preliminar, que las personas que cometieron este múltiple crimen vestían con indumentaria policial.
Protesta exigiendo comida
Durante esta emergencia sanitaria la Policía Nacional y miembros del
ejército realizan operativos, pero su misión es llevarse detenidos a
aquellos ciudadanos que andan en la calle en busca de alimentos,
descuidando la seguridad de la población, que está sumergida por la
campaña de terror del Covid-19, impulsada por el régimen, más la ola de
violencia que abate al país desde que Juan Orlando Hernández se apoderó
del poder.
En lo que va del año, se han registrado en el país un total de nueve muertes múltiples, dejando un total de 33 personas asesinadas.
En su informe “Crisis de derechos humanos durante la pandemia covid-19”, hecho público el pasado 2 de abril, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos (COFADEH), señala que el 27 de marzo de 2020, la Policía Nacional basada en San Antonio del Norte, La Paz, alrededor de las 7:35 de la noche, procedió a detener a Erasmo Fúnez Alvarenga por el delito de violencia doméstica. Un día después la policía reportó que encontró su cuerpo sin vida en la celda de la jefatura municipal, supuestamente con señales de asfixia por suspensión.
Este sería uno de los primeros casos de muerte por autoría sospechosa por parte de la Seguridad del régimen en lo que va de la emergencia nacional por el coronavirus.
En lo que va del año, se han registrado en el país un total de nueve muertes múltiples, dejando un total de 33 personas asesinadas.
En su informe “Crisis de derechos humanos durante la pandemia covid-19”, hecho público el pasado 2 de abril, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos (COFADEH), señala que el 27 de marzo de 2020, la Policía Nacional basada en San Antonio del Norte, La Paz, alrededor de las 7:35 de la noche, procedió a detener a Erasmo Fúnez Alvarenga por el delito de violencia doméstica. Un día después la policía reportó que encontró su cuerpo sin vida en la celda de la jefatura municipal, supuestamente con señales de asfixia por suspensión.
Este sería uno de los primeros casos de muerte por autoría sospechosa por parte de la Seguridad del régimen en lo que va de la emergencia nacional por el coronavirus.
Con pancartas y exigiendo justicia llegan familiares al sepelio del joven que fue asesinado por la PMOP
Por Riccy Ponce -
27 abril, 2020
Al sepelio llegaron familiares y amigos del joven portando pancartas mediante las que exigían justicia, para que el crimen contra Alvarado no quede en la impunidad.
A Marvin, lo describen sus familiares como padre de dos hijos quienes hoy quedan sin el sustento de su papá, era el número cuarto de cinco hermanos, era hijo ejemplar, amigos solidarios, un hombre trabajador al que hoy toda su familia y demás lo lloran.
Ese día Marvin y sus dos hermanos regresaban de trabajar sin saber que se encontrarían con la tragedia provocada por las fuerzas represoras del estado, en una clara violación a los derechos humanos.
Hoy su familia exige que estos dos oficiales sean presentados a los tribunales, ya que uno de ellos fue identificado por su hermana en una transmisión en vivo en la página “Noti Omoa” como Josué Alvarado.
Cabe mencionar también que en esa mismo medio denunciaron que el día que ocurrieron los hechos no se les quiso recepcionar la denuncia, y más bien recibieron amenazas a pesar de que la familia pasaba por el dolor de haber perdido a su hermano, y tener a los dos que lo acompañaban detenidos por defenderse del ataque.
Este hecho dejó una persona asesinada y otras dos criminalizadas por defenderse del ataque de los dos oficiales de la Policía Militar.
Pero este caso no es el único que han cometido las fuerzas represoras del estado, ya que han golpeado a varios pobladores de una manera salvaje por estar cuidado sus comunidades, para que las personas que ingresen a la misma lo hagan con las medidas de bioseguridad necesarias, para evitar la propagación de la pandemias en sus lugares que habitan, en diferentes partes del país
A más de 40 días de que iniciara la cuarentena, han surgido también varias protestas exigiendo alimentos, ya que a falta de trabajo la gente ya no tiene como mantenerse y mantener a sus hijos, pero la respuesta del régimen ha sido represión con gas lacrimógeno, cometiendo violaciones tras violaciones a los derechos humanos.
Coronavirus: CONAPREV demanda que ambientalistas de Guapinol enfrenten juicio en libertad por existir riesgo de contagio
Por Marc Allas -
16 abril, 2020
Comisionadas de CONAPREV constatan situación de ambientalistas de Guapinol
Tegucigalpa.- El Comité Nacional de
Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
(MNP-CONAPREV) a través de una visita realizada al centro penal de
Olanchito, departamento de Yoro, constató que existe riesgo de contagio
para los privados de libertad que se encuentran recluidos, entre ellos 7
ambientalistas de Guapinol.En declaraciones a www.defensoresenlinea.com la Comisionada Presidenta del MNP-CONAPREV, Glenda Ayala, dijo que se enviará un informe de la visita, al juez que está conociendo la causa sobre los 7 defensores del agua y los bienes comunes de Guapinol, municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, que guardan prisión en dicho reclusorio.
Abogada Glena Ayala. Comisionada Presidenta de CONAPREV
“El mecanismo enviara un informe de esta visita al juez que está
conociendo la causa para que se adopten las medidas correspondientes en
relación a la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva”.
Consideramos que tanto los compañeros que están aquí en Olanchito como el privado de libertad (Jeremías Martínez) que está en el Barrio Inglés en La Ceiba, debe de revisarse la medida cautelar de prisión preventiva.
“No hay presupuestos de peligrosidad ni situaciones que ameriten esta privación de libertad”, aseguró Ayala.
La Comisionada presidenta de CONAPREV indicó que en vista de la emergencia generada, consideramos que este tipo de delitos por los cuales se está investigando a estas personas, deben de tener un tratamiento totalmente alternativo a la privación de la libertad.
“Esto no solo lo hemos dicho nosotros, sino que también el Consejo Europeo que envió una comunicación al estado de Honduras para que revise esta causa, se garantice un juicio justo y que estas personas puedan ser escuchadas en libertad”, dijo la comisionada presidenta de CONAPREV.
Tanto la comisionada directora Glenda Ayala como la abogada Blanca Izaguirre, visitaron el centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro para verificar si se están cumpliendo las recomendaciones del estado respecto a la prevención del contagio por coronavirus o covid19 en los reclusorios.
Al respecto Ayala dijo que la visita tuvo también como propósito, verificar la condición en que se encuentran los ambientalistas, defensores del agua y de los bienes comunes de Guapinol.
“Constatamos que como todo centro penal cuenta con graves problemas de hacinamiento. De hecho en el hogar en donde están los privados de libertad es un espacio muy reducido, no cuentan con ventilación suficiente y las altas temperaturas en el espacio, constituyen un trato inhumano y degradante”, sostuvo la defensora de los derechos humanos.
Añadió que el otro aspecto es que ellos están compartiendo celda con una persona que es un paciente psiquiátrico y que de alguna forma ellos temen por su vida, ya que a ésta persona le da por pelar los cables de energía eléctrica.
Ayala también informó que los jueces ejecutores nombrados en el Hábeas Corpus interpuesto por CONAPREV, han solicitado la información sobre privados de libertad que sufren diversos padecimientos o enfermedades crónicas, pero que hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha emitido ninguna resolución final, en relación a las personas que presentan patologías crónicas, para favorecer su liberación.
La Comisionada presidenta de CONAPREV, instó de manera urgente al régimen, para que se resuelvan los recursos de hábeas corpus interpuestos, ya que esto constituye una garantía que reviste una celeridad y un trámite expedito por la grave situación por la que actualmente estamos atravesando.
El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2020, titulada: “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.
En dicha resolución y en cuanto a las condiciones de los privados de libertad, la CIDH urgió al Estado a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes; que prevén la aplicación de beneficios de excarcelación.
“Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión”, resaltó el organismo continental.
Por otra parte el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) reiteró que la situación de los presos políticos y defensores de derechos humanos, que se encuentran privados de libertad, enfrentan una situación de gravedad y urgencia que podría derivar en pérdidas irreparables, a consecuencia del coronavirus en Honduras.
En una carta fechada el 13 de abril, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva planteó con suma preocupación al Relator Especial sobre Privados de Libertad de la CIDH, Joel Hernández, en torno a la condición de riesgo a la salud y la vida de los “presos políticos y defensores de derechos ambientales”, que permanecen recluidos en diferentes centro penales del país, en situaciones de precariedad, incrementadas a partir de las medidas sanitarias de emergencia aplicadas en Honduras, por la propagación del Corona Virus (covid19).
En la carta se explicó al funcionario de la OEA, que el 24 de marzo, el COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), el Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) con el objeto de que el Estado “sustituya la prisión preventiva, a favor de 12 líderes sociales, que guardan prisión en diferentes centros penales, centros de internamiento de menores y en hospitales psiquiátricos”.
Las víctimas potenciales de contagio por covid19 son José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el Centro Penal de Olanchito y en La Ceiba Jeremías Martínez Díaz, respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
El recurso también se interpuso a favor de Víctor Castillo, preso en el Centro Penal de Choluteca, del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Hasta el momento la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no ha emitido ninguna resolución respecto del recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto por el COFADEH y las organizaciones antes apuntadas.
Ver carta de los parlamentarios europeos aquí: Carta Parlamento Europeo
Varios casos positivos de Covid-19 se han presentado entre migrantes
bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Organizaciones defensoras
de los derechos de los migrantes están acusando a la administración de
Donald Trump de exponerlos a la pandemia al no permitirles salir de los
centros de detención.
La directora ejecutiva del Centro Presente, una organización defensora de derechos humanos en Boston, Massachusetts, Patricia Montes dice que, el presidente estadounidense tiene la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de las personas que están en los centros de detención, sin embargo, ninguno de esos derechos fue garantizado antes de la pandemia y a raíz de su llegada se pone aún más en riesgo la vida y salud de las personas que están detenidas.
“Estamos hablando mayormente de familias, mujeres embarazadas, niños y niñas, todas son poblaciones en riesgo en estos centros de detención. Por lo tanto, responsabilizamos rotundamente al gobierno por las muertes que ya se han dado y por las que se pueden presentar”, asegura la defensora.
Patricia Montes asegura que, se debe reconocer que no se ha establecido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ningún mecanismo a lo interno de estos centros de detención, para garantizar el derecho que tiene la gente a la vida y a la salud.
Los migrantes han denunciado que en estos centros de detención no hay mascarillas, en medio del hacinamiento hay casos extremos donde ni siquiera hay agua y jabón para que la gente pueda lavarse las manos, lo que preocupa a las organizaciones porque el contagio puede ser masivo.
Por el contrario el servicio de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ha dado a conocer de manera pública que no es responsabilidad de ellos, que son los centros de detención que están siendo gestionados por empresas privadas y son estas, las responsables de establecer este tipo de protocolo ante la pandemia del coronavirus.
No hay acceso a estadísticas
Aunque las denuncias sobre el contagio y las condiciones de insalubridad en los centros de detención son constantes, las organizaciones de derechos humanos denuncian que no tienen acceso a datos reales sobre la cantidad de personas contagiadas.
“No hemos tenido acceso de estadísticas oficiales, consideramos que es urgente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos actúe de manera responsable y rápida para nosotros poder tener acceso a esa información detallada. Hay personas que están con una preocupación enorme a raíz que sus familiares están a lo interno de estos centros de detención”, señala Patricia Montes.
Ausencia de los gobiernos
Montes lamenta la irresponsabilidad de los gobiernos de México y Centroamérica, quienes ni siquiera se han pronunciado oficialmente sobre lo que está pasando con sus detenidos en las rutas migratorias y en los centros de detención en Estados Unidos.
Patricia Montes explica que, a partir del 20 de marzo comenzaron nuevas disposiciones para las deportaciones de migrantes. Entre la que incluye las deportaciones inmediatas, sin embargo, no se ha visto un posicionamiento de parte de los gobiernos ni preocupación en torno a la situación que están viviendo sus compatriotas detenidos.
Agrega que las detenciones y deportaciones continúan vigentes. “Es muy importante entender que estas detenciones y deportaciones son parte de una maquinaria que no se ha detenido. Una vez más el gobierno de Estados Unidos pone en riesgo no solo a las poblaciones que están detenidas, sino también a los pueblos centroamericanos, pues muchas personas están siendo deportadas todas las semanas y podrían estar contagiadas con COVID-19.
“Detener las deportaciones en este momento es extremadamente necesario para tratar de detener el contagio a lo interno de los centros de detención. Sabemos que hay más contagios en este momento en Estados Unidos que en los países centroamericanos, que evidentemente no están preparados para recibir esta pandemia a raíz del grado de corrupción e impunidad que existe en nuestros países de origen”, concluye la defensora.
Tegucigalpa.- Ante la llegada del
Coronavirus o Covid-19 a el país y que se registrarán los primeros
casos, el régimen decidió suspender las garantías constitucionales bajo
el decreto PCM-021-2020.
Esto ocasionó que muchas empresas, microempresas, los pequeños negocios, vendedores informales (ambulantes) cerraran, dejando a un sin número de trabajadores sin el sustento diario, porque varias empresas los despidieron o los suspendieron, dejando a miles de familias sin posibilidades de poder mantenerse durante la crisis que está pasando el sector laboral durante la emergencia del Covid-19.
“Para hablar de ese tema debemos de ubicarlo en todo su contexto, o sea en la lucha de clases, si alguna duda ha habido sobre la existencia de esto, el coronavirus ha venido a desnudar las diferencias de clases”, expresó el dirigente sindical Carlos H Reyes.
Dijo que “este fenómeno de la lucha de clases de quien sale favorecido y quien no es un proceso que se ve a nivel mundial, entonces, salen favorecidos fundamentalmente las clases que tienen que ver con la propiedad del capital financiero, los grandes banqueros, otro grupo que sale favorecido de esta crisis son los grandes empresarios, las transnacionales, los grandes terratenientes, los rentistas y los especuladores, ese es el grupo de los que sale favorecido”.
Así mismo dijo que “los asalariados, los sub empleados, toda esa gente que está en la calle vendiendo sus cositas, los desempleados, y la gente que está en extrema miseria, esta son las clases desposeídas que salen afectadas con el coronavirus”.
Carlos H Reyes añadió que para la clase favorecida no es una crisis, es una oportunidad, por ejemplo los banqueros siempre salen beneficiados, el capital se centraliza más, y entonces tenemos cada vez menos ricos y cada vez más pobres en el país.
Por otro lado dijo que en el caso de las clases afectadas, son la de los pequeños y medianos propietarios, allí la mayor parte de esta gente va a quebrar, va a quedar en condiciones de que no va a seguir operando.
Indicó que el régimen anunció que les va a dar préstamos de no sé cuántos miles de millones para esta gente, que tiene que ir a los bancos y que no tiene cómo responder, de nada le sirve”.
El líder sindical dijo que si bien es cierto hay una serie de trabajadores de la empresa privada que si les están pagando, pero que a otros no tuvieron esa suerte.
“En el caso de los suspendidos, me estaban diciendo compañeros de las maquilas que ya van más o menos 70 mil solicitudes para suspensión de igual número de trabajadores, solo en las maquilas y ya no digamos en otros sectores de la economía”.
Con la apertura de varias ferreterías han denunciado la gente que a varios les dijeron que no puede trabajar porque están suspendidos, y uno de 60 y pico de años fue y le dijeron que el ya no puede trabajar, entonces ya perdió su trabajo”.
Al consultarle sobre cuáles son las condiciones en la que se despiden los trabajadores Carlos H Reyes respondió.
“En primer lugar decir que en el Código del Trabajo hay una disposición que permite a los empresarios solicitar suspensiones de trabajo y el Ministerio las puede aprobar en los casos que son de fuerza mayor, y en este caso están los empresarios utilizando ese instrumento para solicitar suspensiones hasta de cuatro meses de los contratos de trabajo, esa misma disposición legal establece que las suspensiones son sin responsabilidad para las partes, lo que quiere decir que a los trabajadores durante esos 120 días no les pagan absolutamente nada”.
Añadió que “el estado tiene la obligación de tomar medidas para apaliar la situación de los afectados y es definitivamente lo que no está haciendo, y en el caso por ejemplo de estas suspensiones que ha solicitado, no pueden aprobarse porque este caso se trata de una situación anormal, esto es una pandemia, entonces no pueden aplicar la legalidad normal, sin embargo han emitido una ley en la que están prácticamente promoviendo a los empresarios para que soliciten suspensiones y en esa misma ley autoriza al Ministerio de Trabajo”.
En cuántos la propuesta planteada para quitarle a los trabajadores las vacaciones para que sean tomadas por los días que no trabajaron, el líder sindical añadió que “eso es otra injusticia que está haciendo el Ministerio de Trabajo, esto es totalmente ilegal, eso no procede y ningún sindicato se va atrever a decirle a sus afiliados miren por el tiempo que han estado sin trabajar por el coronavirus, cámbienlo por las vacaciones, porque definitivamente nadie va a aceptar eso porque eso es una situación errónea de parte del Ministerio de Trabajo”.
Finalizó diciendo que son dos situaciones que desnudan al Ministerio de Trabajo como un defensor más bien del sector capitalista y no de la clase trabajadora, como es su obligación aplicar el Código del Trabajo, entonces todo ese tipo de legislación, todo ese tipo de normativas que ha emitido el Ministerio de Trabajo, precisamente va en contra más bien de los trabajadores.
Hasta la fecha se han registrado varias protestas por la exigencia de comida al régimen, ya que ha transcurrido más de un mes de estar en las casa encerrados y las personas que viven con su trabajo diario ya no tienen como mantenerse.
Pero la respuesta del gobierno ilegal de Juan Orlando Hernández fue mandar a sus fuerzas represoras a desalojar de manera violenta a punta de gas y de balas a la población que sufre los embates del Coronavirus en Honduras.
Esta
medida ha sido llamada por Canal 36 “el negocio del Covid” y ha sido
criticada por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH), Dagoberto Rodríguez, que asegura hay un “negoción”. Literalmente
ha escrito en su cuenta de Twitter: “Qué han hecho o en qué han
beneficiado @TigoHn y @clarohonduras a usuarios hondureños como para que
el Gobierno, bajo pretexto de la emergencia, les amplíen contratos de
concesión de telefonía móvil y les otorque nuevas licencias. Ese es un
enorme NEGOCIÓN. Exigimos explicaciones”, dijo en su cuenta de Twitter.
– ¿A quién beneficia estas medidas?
Un grupo de indígenas se manifiesta en Tegucigalpa: "Berta volverá y será millones". (REUTERS/Jorge Cabrera)
abril 7, 2020
Autores del documento: Lucía Vijil y Bladimir López
A. El COVID-19 y el acceso limitado a los principales medios de vida agua, tierra, alimentos y aire saludable.
Una
contundente investigación del Laboratorio de Ciencia y Datos
Electorales de los Estados Unidos, retomada por el diario Washington
Post, reveló que no había razón alguna para sospechar de un fraude
electoral en Bolivia, sin embargo, la oposición de ese país, en
complicidad con la Organización de Estados Americanos (OEA), se
anticiparon al asegurar lo contrario.
El organismo quedó así desenmascarado, una vez más al ser utilizado para los fines de un país que intenta, a toda costa, cambiar gobiernos a su manera.
México estaría solicitando una explicación a la OEA por divulgar la falsedad de un fraude en Bolivia.
La periodista, Tirsa Saenz, abrió el análisis exponiendo que tanto el diario como el centro de investigación están lejos de tener vínculos con la izquierda latinoamericana.
“Te evidencia, te confirma, lo que se ha dicho, que hubo un golpe contra el presidente Evo Morales, que fue avalado por la OEA, por su secretario general, Luis Almagro que es una vergüenza para América Latina, inmediatamente salieron diciendo que hubo fraude”, opinó.
Dejó entre ver que se ensañaron contra Evo por ser el presidente indígena y como sacó de la pobreza a Bolivia, “eso es una espinita que tenían clavada”.
¿Qué queda de la OEA?
“Ahí no queda nada, no es un organismo que se pueda confiar, trabaja para los gringos, es una vergüenza, un secretario general que es una vergüenza, no debería de estar, es un organismo cuestionado”, explicó la comunicadora.
El analista Cairo Amador, hizo un recuento de todo lo que ha pasado en Bolivia, desde la expulsión de Evo, la inhibición para ser senador y el papel de los militares.
“La OEA no fue un buen árbitro, jugó un rol partidario alrededor del ejército y la oligarquía y de ese personaje oscuro que es la señora Yáñez”, indicó.
Consideramos que tanto los compañeros que están aquí en Olanchito como el privado de libertad (Jeremías Martínez) que está en el Barrio Inglés en La Ceiba, debe de revisarse la medida cautelar de prisión preventiva.
“No hay presupuestos de peligrosidad ni situaciones que ameriten esta privación de libertad”, aseguró Ayala.
La Comisionada presidenta de CONAPREV indicó que en vista de la emergencia generada, consideramos que este tipo de delitos por los cuales se está investigando a estas personas, deben de tener un tratamiento totalmente alternativo a la privación de la libertad.
“Esto no solo lo hemos dicho nosotros, sino que también el Consejo Europeo que envió una comunicación al estado de Honduras para que revise esta causa, se garantice un juicio justo y que estas personas puedan ser escuchadas en libertad”, dijo la comisionada presidenta de CONAPREV.
Tanto la comisionada directora Glenda Ayala como la abogada Blanca Izaguirre, visitaron el centro penal de Olanchito, en el departamento de Yoro para verificar si se están cumpliendo las recomendaciones del estado respecto a la prevención del contagio por coronavirus o covid19 en los reclusorios.
Al respecto Ayala dijo que la visita tuvo también como propósito, verificar la condición en que se encuentran los ambientalistas, defensores del agua y de los bienes comunes de Guapinol.
“Constatamos que como todo centro penal cuenta con graves problemas de hacinamiento. De hecho en el hogar en donde están los privados de libertad es un espacio muy reducido, no cuentan con ventilación suficiente y las altas temperaturas en el espacio, constituyen un trato inhumano y degradante”, sostuvo la defensora de los derechos humanos.
Añadió que el otro aspecto es que ellos están compartiendo celda con una persona que es un paciente psiquiátrico y que de alguna forma ellos temen por su vida, ya que a ésta persona le da por pelar los cables de energía eléctrica.
Ayala también informó que los jueces ejecutores nombrados en el Hábeas Corpus interpuesto por CONAPREV, han solicitado la información sobre privados de libertad que sufren diversos padecimientos o enfermedades crónicas, pero que hasta la fecha la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha emitido ninguna resolución final, en relación a las personas que presentan patologías crónicas, para favorecer su liberación.
La Comisionada presidenta de CONAPREV, instó de manera urgente al régimen, para que se resuelvan los recursos de hábeas corpus interpuestos, ya que esto constituye una garantía que reviste una celeridad y un trámite expedito por la grave situación por la que actualmente estamos atravesando.
El 10 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2020, titulada: “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.
En dicha resolución y en cuanto a las condiciones de los privados de libertad, la CIDH urgió al Estado a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes; que prevén la aplicación de beneficios de excarcelación.
“Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión”, resaltó el organismo continental.
Por otra parte el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) reiteró que la situación de los presos políticos y defensores de derechos humanos, que se encuentran privados de libertad, enfrentan una situación de gravedad y urgencia que podría derivar en pérdidas irreparables, a consecuencia del coronavirus en Honduras.
En una carta fechada el 13 de abril, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva planteó con suma preocupación al Relator Especial sobre Privados de Libertad de la CIDH, Joel Hernández, en torno a la condición de riesgo a la salud y la vida de los “presos políticos y defensores de derechos ambientales”, que permanecen recluidos en diferentes centro penales del país, en situaciones de precariedad, incrementadas a partir de las medidas sanitarias de emergencia aplicadas en Honduras, por la propagación del Corona Virus (covid19).
En la carta se explicó al funcionario de la OEA, que el 24 de marzo, el COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), el Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) con el objeto de que el Estado “sustituya la prisión preventiva, a favor de 12 líderes sociales, que guardan prisión en diferentes centros penales, centros de internamiento de menores y en hospitales psiquiátricos”.
Las víctimas potenciales de contagio por covid19 son José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el Centro Penal de Olanchito y en La Ceiba Jeremías Martínez Díaz, respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
El recurso también se interpuso a favor de Víctor Castillo, preso en el Centro Penal de Choluteca, del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Hasta el momento la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no ha emitido ninguna resolución respecto del recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto por el COFADEH y las organizaciones antes apuntadas.
Parlamento Europeo hace un llamamiento al régimen para liberar a los defensores de los derechos humanos de Guapinol
Por defensores -
6 abril, 2020
Bertha Oliva y dos de los ambientalistas presos en Olanchito
Miembros del Parlamento Europeo han expresado su preocupación
por la prolongada prisión preventiva de defensores de los derechos
humanos en Honduras, e hizo un llamado al régimen de Juan Orlando
Hernández para que libere a los defensores de los derechos humanos de
Guapinol en medio de la crisis de COVID-19.Ver carta de los parlamentarios europeos aquí: Carta Parlamento Europeo
Migrantes en centros de detención corren riesgo de contagiarse de Covid-19
- 06/04/2020
Varios casos positivos de Covid-19 se han presentado entre migrantes
bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Organizaciones defensoras
de los derechos de los migrantes están acusando a la administración de
Donald Trump de exponerlos a la pandemia al no permitirles salir de los
centros de detención.La directora ejecutiva del Centro Presente, una organización defensora de derechos humanos en Boston, Massachusetts, Patricia Montes dice que, el presidente estadounidense tiene la responsabilidad de garantizar la vida e integridad de las personas que están en los centros de detención, sin embargo, ninguno de esos derechos fue garantizado antes de la pandemia y a raíz de su llegada se pone aún más en riesgo la vida y salud de las personas que están detenidas.
“Estamos hablando mayormente de familias, mujeres embarazadas, niños y niñas, todas son poblaciones en riesgo en estos centros de detención. Por lo tanto, responsabilizamos rotundamente al gobierno por las muertes que ya se han dado y por las que se pueden presentar”, asegura la defensora.
Patricia Montes asegura que, se debe reconocer que no se ha establecido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ningún mecanismo a lo interno de estos centros de detención, para garantizar el derecho que tiene la gente a la vida y a la salud.
Los migrantes han denunciado que en estos centros de detención no hay mascarillas, en medio del hacinamiento hay casos extremos donde ni siquiera hay agua y jabón para que la gente pueda lavarse las manos, lo que preocupa a las organizaciones porque el contagio puede ser masivo.
Por el contrario el servicio de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ha dado a conocer de manera pública que no es responsabilidad de ellos, que son los centros de detención que están siendo gestionados por empresas privadas y son estas, las responsables de establecer este tipo de protocolo ante la pandemia del coronavirus.
No hay acceso a estadísticas
Aunque las denuncias sobre el contagio y las condiciones de insalubridad en los centros de detención son constantes, las organizaciones de derechos humanos denuncian que no tienen acceso a datos reales sobre la cantidad de personas contagiadas.
“No hemos tenido acceso de estadísticas oficiales, consideramos que es urgente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos actúe de manera responsable y rápida para nosotros poder tener acceso a esa información detallada. Hay personas que están con una preocupación enorme a raíz que sus familiares están a lo interno de estos centros de detención”, señala Patricia Montes.
Ausencia de los gobiernos
Montes lamenta la irresponsabilidad de los gobiernos de México y Centroamérica, quienes ni siquiera se han pronunciado oficialmente sobre lo que está pasando con sus detenidos en las rutas migratorias y en los centros de detención en Estados Unidos.
Patricia Montes explica que, a partir del 20 de marzo comenzaron nuevas disposiciones para las deportaciones de migrantes. Entre la que incluye las deportaciones inmediatas, sin embargo, no se ha visto un posicionamiento de parte de los gobiernos ni preocupación en torno a la situación que están viviendo sus compatriotas detenidos.
Agrega que las detenciones y deportaciones continúan vigentes. “Es muy importante entender que estas detenciones y deportaciones son parte de una maquinaria que no se ha detenido. Una vez más el gobierno de Estados Unidos pone en riesgo no solo a las poblaciones que están detenidas, sino también a los pueblos centroamericanos, pues muchas personas están siendo deportadas todas las semanas y podrían estar contagiadas con COVID-19.
“Detener las deportaciones en este momento es extremadamente necesario para tratar de detener el contagio a lo interno de los centros de detención. Sabemos que hay más contagios en este momento en Estados Unidos que en los países centroamericanos, que evidentemente no están preparados para recibir esta pandemia a raíz del grado de corrupción e impunidad que existe en nuestros países de origen”, concluye la defensora.
Carlos H Reyes: “Ministerio de Trabajo un defensor del sector capitalista y no de la clase trabajadora como es su obligación”
Por Riccy Ponce -
26 abril, 2020Esto ocasionó que muchas empresas, microempresas, los pequeños negocios, vendedores informales (ambulantes) cerraran, dejando a un sin número de trabajadores sin el sustento diario, porque varias empresas los despidieron o los suspendieron, dejando a miles de familias sin posibilidades de poder mantenerse durante la crisis que está pasando el sector laboral durante la emergencia del Covid-19.
“Para hablar de ese tema debemos de ubicarlo en todo su contexto, o sea en la lucha de clases, si alguna duda ha habido sobre la existencia de esto, el coronavirus ha venido a desnudar las diferencias de clases”, expresó el dirigente sindical Carlos H Reyes.
Dijo que “este fenómeno de la lucha de clases de quien sale favorecido y quien no es un proceso que se ve a nivel mundial, entonces, salen favorecidos fundamentalmente las clases que tienen que ver con la propiedad del capital financiero, los grandes banqueros, otro grupo que sale favorecido de esta crisis son los grandes empresarios, las transnacionales, los grandes terratenientes, los rentistas y los especuladores, ese es el grupo de los que sale favorecido”.
Así mismo dijo que “los asalariados, los sub empleados, toda esa gente que está en la calle vendiendo sus cositas, los desempleados, y la gente que está en extrema miseria, esta son las clases desposeídas que salen afectadas con el coronavirus”.
Carlos H Reyes añadió que para la clase favorecida no es una crisis, es una oportunidad, por ejemplo los banqueros siempre salen beneficiados, el capital se centraliza más, y entonces tenemos cada vez menos ricos y cada vez más pobres en el país.
Por otro lado dijo que en el caso de las clases afectadas, son la de los pequeños y medianos propietarios, allí la mayor parte de esta gente va a quebrar, va a quedar en condiciones de que no va a seguir operando.
Indicó que el régimen anunció que les va a dar préstamos de no sé cuántos miles de millones para esta gente, que tiene que ir a los bancos y que no tiene cómo responder, de nada le sirve”.
El líder sindical dijo que si bien es cierto hay una serie de trabajadores de la empresa privada que si les están pagando, pero que a otros no tuvieron esa suerte.
“En el caso de los suspendidos, me estaban diciendo compañeros de las maquilas que ya van más o menos 70 mil solicitudes para suspensión de igual número de trabajadores, solo en las maquilas y ya no digamos en otros sectores de la economía”.
Con la apertura de varias ferreterías han denunciado la gente que a varios les dijeron que no puede trabajar porque están suspendidos, y uno de 60 y pico de años fue y le dijeron que el ya no puede trabajar, entonces ya perdió su trabajo”.
Al consultarle sobre cuáles son las condiciones en la que se despiden los trabajadores Carlos H Reyes respondió.
“En primer lugar decir que en el Código del Trabajo hay una disposición que permite a los empresarios solicitar suspensiones de trabajo y el Ministerio las puede aprobar en los casos que son de fuerza mayor, y en este caso están los empresarios utilizando ese instrumento para solicitar suspensiones hasta de cuatro meses de los contratos de trabajo, esa misma disposición legal establece que las suspensiones son sin responsabilidad para las partes, lo que quiere decir que a los trabajadores durante esos 120 días no les pagan absolutamente nada”.
Añadió que “el estado tiene la obligación de tomar medidas para apaliar la situación de los afectados y es definitivamente lo que no está haciendo, y en el caso por ejemplo de estas suspensiones que ha solicitado, no pueden aprobarse porque este caso se trata de una situación anormal, esto es una pandemia, entonces no pueden aplicar la legalidad normal, sin embargo han emitido una ley en la que están prácticamente promoviendo a los empresarios para que soliciten suspensiones y en esa misma ley autoriza al Ministerio de Trabajo”.
En cuántos la propuesta planteada para quitarle a los trabajadores las vacaciones para que sean tomadas por los días que no trabajaron, el líder sindical añadió que “eso es otra injusticia que está haciendo el Ministerio de Trabajo, esto es totalmente ilegal, eso no procede y ningún sindicato se va atrever a decirle a sus afiliados miren por el tiempo que han estado sin trabajar por el coronavirus, cámbienlo por las vacaciones, porque definitivamente nadie va a aceptar eso porque eso es una situación errónea de parte del Ministerio de Trabajo”.
Finalizó diciendo que son dos situaciones que desnudan al Ministerio de Trabajo como un defensor más bien del sector capitalista y no de la clase trabajadora, como es su obligación aplicar el Código del Trabajo, entonces todo ese tipo de legislación, todo ese tipo de normativas que ha emitido el Ministerio de Trabajo, precisamente va en contra más bien de los trabajadores.
Hasta la fecha se han registrado varias protestas por la exigencia de comida al régimen, ya que ha transcurrido más de un mes de estar en las casa encerrados y las personas que viven con su trabajo diario ya no tienen como mantenerse.
Pero la respuesta del gobierno ilegal de Juan Orlando Hernández fue mandar a sus fuerzas represoras a desalojar de manera violenta a punta de gas y de balas a la población que sufre los embates del Coronavirus en Honduras.
¡TELEFONAZO! GOBIERNO APRUEBA “NEGOCION” A TRANSNACIONALES TIGO Y CLARO
- Publicado: 08 Abril 2020
A
la mortal presencia del Covid-19, se suma con todo vigor la
corruptovirus, eterna pandemia que ha cobrado millones de vidas en la
historia del pueblo hondureño, tanto así, que el pasado viernes 3 de
abril, en medio de las medidas de emergencia, el Congreso Nacional
aprobó una serie de negocios tecnológicos sin licitación para las
telefónicas extranjeras Tigo y Claro.
Para
conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con
el extitular de Conatel, el abogado Rasel Tomé, que cuestiona que los
negocios de telecomunicaciones no tienen nada que ver con una acción
para atender la emergencia nacional. En este diálogo ahonda en distintas
aristas de la decisión del gobierno al favorecer a las telefónicas
extranjeras.
Después
de Covid-19 surgirán otros negocios para las empresas de telefonía,
entre otros, “la “telesalud” y la “teleducación” y todos los sistemas
que hay que realizar por el mecanismo digital, que es hacia donde va la
sociedad con la información, la inteligencia artificial y los procesos
de teletrabajos y teleservicios, deben realizarse de forma transparente
con informes a la sociedad”, advierte Tomé.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La
emergencia nacional por el coronavirus (Covid-19), no a todos les ha
impactado igual; para la clase política gobernante y para el capital que
respalda a Juan Hernández, la pandemia abre las puertas para más
negocios con los bienes del Estado, que con las leyes aprobadas desde el
Congreso Nacional, se garantiza regalos a una clase ya súper
privilegiada como el mercado cautivo de las telecomunicaciones en
Honduras en manos de sólo dos empresas extranjeras.
Con
ojos de halcón, se han fijado en el espectro radioeléctrico luego que
el Congreso facultara el pasado viernes 3 de abril en la ley de “Auxilio
al sector Productivo” para que la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) pueda negociar de mutuo acuerdo los
contratos de concesión y hasta nuevas licencias de operación con las
empresas de telefonía móvil Tigo y Claro.
Esta
medida ha sido llamada por Canal 36 “el negocio del Covid” y ha sido
criticada por el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras
(CPH), Dagoberto Rodríguez, que asegura hay un “negoción”. Literalmente
ha escrito en su cuenta de Twitter: “Qué han hecho o en qué han
beneficiado @TigoHn y @clarohonduras a usuarios hondureños como para que
el Gobierno, bajo pretexto de la emergencia, les amplíen contratos de
concesión de telefonía móvil y les otorque nuevas licencias. Ese es un
enorme NEGOCIÓN. Exigimos explicaciones”, dijo en su cuenta de Twitter.
Para
conocer a fondo el tema, Periódico EL LIBERTADOR se ha entrevistado con
el extitular de Conatel, Rasel Tomé (foto más abajo), quien asegura que
en medio de una emergencia nacional por pandemia no tiene nada que ver
los negocios de las telecomunicaciones.
– ¿Qué significado tienen estos artículos que aprobó el Congreso?
–
Desde que estaba en discusión este decreto que lo hacen en el marco de
las medidas a adoptar en medio de la pandemia del coronavirus
(Covid-19), elevamos la voz de denuncia, pronunciándonos, defendiendo el
derecho del pueblo hondureño porque el espectro radioeléctrico le
pertenece a todos los hondureños y el mismo es administrado por Conatel;
pero aquí, en medio de la pandemia, han aprobado unos artículos que hay
que ponerle mucho ojo, porque pueden ser elementos de corrupción. El
Estado asigna las concesiones mediante procesos de licitación y subasta
para obtener recursos, ya que ese bien es un bien escaso y debe ser
administrado eficientemente. Hoy se está adjudicando la banda ancha que
es la que permite realizar un flujo de información de alto paquete, es
decir, de alta capacidad, entonces, la banda ancha que debió haberse
sometido a concurso para
ver cuál de los operadores ofrecía lo mejor. Pero en medio de la
emergencia le autorizan a Conatel para que pueda negociar con los
operadores de telefonía móvil PCS (Servicio de Comunicaciones
Personales), que son las dos empresas Tigo y Claro. Esto debe ser
revisado y estudiado por los entes contrastadores del Estado porque
podría estarse realizando un acto de corrupción.
ver cuál de los operadores ofrecía lo mejor. Pero en medio de la
emergencia le autorizan a Conatel para que pueda negociar con los
operadores de telefonía móvil PCS (Servicio de Comunicaciones
Personales), que son las dos empresas Tigo y Claro. Esto debe ser
revisado y estudiado por los entes contrastadores del Estado porque
podría estarse realizando un acto de corrupción.
La
“telesalud” y la “teleducación”, y todos los implementos que hay que
realizar por el mecanismo digital, que es hacia donde va la sociedad con
la información, la inteligencia artificial y los procesos de
teletrabajos y teleservicios, deben realizarse de forma transparente con
informes a la sociedad y en este caso, si los hondureños estamos
sometidos a una cuarentena en un proceso de contención de la pandemia
como lo dice la OMS, si los que están desde este gobierno y la
dictadura, desde el Poder Ejecutivo envían un decreto y convoca al
Congreso para aprobar medidas con relación a la crisis ¿qué tiene que
ver la banda ancha con eso?, ¿qué tiene que ver los negocios que le
están autorizando a Conatel que realice con las empresas de telefonía
celular?, ¿o es que a cambio de cincuenta mensajitos que le dan a cada
ciudadano les dicen que les van a dejar la banda ancha?, todas estas
preguntas tiene que contestarlas la dictadura, nosotros hoy podemos
elevar nuestra voz en nombre del pueblo hondureño exigiendo rendición de
cuentas y transparencia en la administración del espectro
radioeléctrico que es un bien que nos pertenece a todos.
– ¿A quién beneficia estas medidas?
– Esto
beneficia a las dos empresas de telefonía de celular instaladas, a las
empresas Tigo y Claro, estos artículos tienen dedicatoria, allí le dicen
a Conatel que vaya a negociar con estas empresas y a través de esa
solicitud, según los artículos aprobados, a través de esa solicitud
Conatel les otorgue rangos de frecuencia disponibles del espectro para
usar esa metodología de la banda ancha, es decir, que aquí lo que
observamos y lo preocupante es que en medio de una situación de
emergencia se quiere favorecer a dos empresas que tienen el monopolio de
la telefonía celular y que se ha concentrado en ellas toda la banda del
PCS porque la empresa estatal que es Hondutel no ha podido fortalecerse
y no se encuentra en una condición favorable que podría ser la empresa
por donde se podría prestar este servicio de la banda ancha, esas son
las inquietudes y las interrogantes, por eso es que nosotros estábamos
hablando de traer a la empresa Digicel por 1,600 millones de lempiras y
las administraciones de aquí le entregaron a Tigo por cinco millones y a
la otra empresa Megatel (Claro) por otra cantidad pequeña de ocho
millones. Allí es donde se observa que el bien de mayor valor, que es el
espectro radioeléctrico, si no se administra con honestidad, si no se
administra a favor del pueblo hondureño, los únicos beneficiados son
empresas transnacionales de la telecomunicación.
– ¿Cuánto dinero estará perdiendo el Estado de Honduras por esta ley?
–
Creo que sería importante hacer comunicaciones con los ingenieros
expertos en el mercado de la telefonía de cuánto estaría valorado el
espectro hondureño, en este caso de la telefonía de la banda ancha,
también conocer cuánto sería la porción de espectro, el ancho de la
banda y cuál sería el valor que correspondería la concesión para saber
por cuánto es que el pueblo hondureño estaría siendo afectado al no
realizarse un proceso transparente. Y la pregunta más importante… la
dictadura, viendo que estamos en una pandemia, por qué en lugar de estar
resolviendo algunos problemas inminentes como es la bioseguridad de los
doctores, enfermeras, la distribución de comida, las condiciones para
poder reactivar la economía y la dinámica social, algunas dinámicas que
presentó mi partido y que no se tomaron en cuenta, pero si se presta
para aprobar estos artículos que van destinados a las empresas de
telefonía celular donde Conatel va a estar otorgándole solicitud sobre
el espectro radioeléctrico.
A continuación los artículos 21 y 22 de la “Ley de Auxilio del Sector Productivo”, hecho ley el pasado viernes 3 de abril:
SECCIÓN SEXTA
AUTORIZACIÓN A CONATEL PARA ACELERAR
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
BANDA ANCHA, CREACIÓN DE PLATAFORMAS
ELECTRONICAS DE SERVICIOS, MODIFICACIÓN DE
CONTRATOS DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIOS
PERSONALES (PCS)
ARTÍCULO 21.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),
podrá ampliar de mutuo acuerdo los Contratos de Concesión suscritos con
los operadores de Telefonía Móvil Celular y del Servicio de
Comunicaciones Personales (PCS), aprobados por el Congreso Nacional de
la República, mediante Resolución del Pleno de la Comisión, debiendo
notificar al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y realizar la
publicación del mismo en el Diario Oficial “La Gaceta”, para que surta
efectos legales.
ARTÍCULO
22.- Asimismo se autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) para que otorgue Licencias a petición de parte a los
operadores de Telefonía Móvil Celular y Servicio de Comunicaciones
Personales (PCS) en los rangos de frecuencias que se encuentre
disponibles, Espectro radioeléctrico que será asignado de acuerdo a
metodologías internacionales de valorización de espectro.
Por imparable corrupción CCIC se retira de mesas gubernamentales
abril 29, 2020
Redacción
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. «Porque no ven acciones
contusiones para combatir la corrupción y castigar a quienes han sacado
provecho durante esta emergencia», la Cámara de Comercio e Industrias de
Cortès (CCIC), anunció su retiro de las mesas técnicas del gobierno.
El anuncio fue hecho por el presidente de la CCIC, Pedro Barquero quien manifestó que en una reunión virtual con la junta directiva decidieron retirarse de todas las mesas de trabajo hasta que no se vean señales claras y contundentes de combatir la impunidad y la corrupción en este país y que se deduzcan responsabilidades por las compras sobre valoradas que han pasado durante esta crisis del Covid-19.
Agregó que ellos de muy buena fe desde el inicio de la crisis manifestaron su deseo de trabajar con todos los diferentes actores del país por el bien de Honduras.
Señaló que para ellos es inconcebible que se estén haciendo estos actos de corrupción y que se pretenda quedar en la impunidad, y por esa razón es que se retiran hasta que no vean un compromiso serio de combatir la corrupción y la impunidad y que se deduzcan responsabilidades a las personas señaladas de ser los responsables de los procesos de sobrevaloración, que quedaron evidenciados en el informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción de esta semana.
El anuncio fue hecho por el presidente de la CCIC, Pedro Barquero quien manifestó que en una reunión virtual con la junta directiva decidieron retirarse de todas las mesas de trabajo hasta que no se vean señales claras y contundentes de combatir la impunidad y la corrupción en este país y que se deduzcan responsabilidades por las compras sobre valoradas que han pasado durante esta crisis del Covid-19.
Agregó que ellos de muy buena fe desde el inicio de la crisis manifestaron su deseo de trabajar con todos los diferentes actores del país por el bien de Honduras.
Señaló que para ellos es inconcebible que se estén haciendo estos actos de corrupción y que se pretenda quedar en la impunidad, y por esa razón es que se retiran hasta que no vean un compromiso serio de combatir la corrupción y la impunidad y que se deduzcan responsabilidades a las personas señaladas de ser los responsables de los procesos de sobrevaloración, que quedaron evidenciados en el informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción de esta semana.
Con presupuesto público, FF.AA compra ventiladores mecánicos para Hospital Militar
- 16/04/2020
Instalaciones del Hospital Militar.
Radio Progreso accedió a una orden de compra emitida con presupuesto
de la Secretaría de Defensa a través del Estado Mayor Conjunto, donde se
detalla la compra de 4 ventilador mecánico pulmonar para el Hospital
Militar.
De acuerdo al documento, la compra fue gestionada bajo expediente número 90-05-004, mediante un contrato establecido sobre la categoría de bienes y servicios.
El equipo adquirido fue un ventilador pediátrico pulmonar de alta especialidad para paciente pediátrico y adulto, el cual costó 7 millones 2 mil 384 lempiras. La compra fue efectuada a Imlab Farmacetica S. de RL.
La empresa está constituida en San Pedro Sula bajo los nombres de Marco Rojas Pinto y Marcos Arturo Rojas Valle, quienes conforman una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la empresa en su razón de ser específica que ofrece servicios de: elaboración de equipo farmacéutico, químico y distribución de equipo médico.
Cabe mencionar que Marco Rojas Pinto es socio del bufete jurídico Rojas Valle y Asociados, ubicado en La Entrada, Copán en el occidente hondureño.
Por ahora se desconoce si la Secretaría de Defensa hizo licitación o cotizaciones con otras empresas o amparándose bajo la ejecución de compra directa buscó hacer el contrato de esta forma con esta entidad. El documento dice que la compra fue ingresada el 11 de abril del 2020 e iniciada el día 15 de abril.
De acuerdo al Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, en la actualidad la Secretaria de Defensa se encuentra en procesos abiertos para compras de otro tipo de materiales para el Hospital Militar.
Entre algunos de los materiales que se estarían comprando hay desde focos hasta repuestos para el edificio del centro asistencial.
De acuerdo al documento, la compra fue gestionada bajo expediente número 90-05-004, mediante un contrato establecido sobre la categoría de bienes y servicios.
El equipo adquirido fue un ventilador pediátrico pulmonar de alta especialidad para paciente pediátrico y adulto, el cual costó 7 millones 2 mil 384 lempiras. La compra fue efectuada a Imlab Farmacetica S. de RL.
La empresa está constituida en San Pedro Sula bajo los nombres de Marco Rojas Pinto y Marcos Arturo Rojas Valle, quienes conforman una Sociedad de Responsabilidad Limitada, la empresa en su razón de ser específica que ofrece servicios de: elaboración de equipo farmacéutico, químico y distribución de equipo médico.
Cabe mencionar que Marco Rojas Pinto es socio del bufete jurídico Rojas Valle y Asociados, ubicado en La Entrada, Copán en el occidente hondureño.
Por ahora se desconoce si la Secretaría de Defensa hizo licitación o cotizaciones con otras empresas o amparándose bajo la ejecución de compra directa buscó hacer el contrato de esta forma con esta entidad. El documento dice que la compra fue ingresada el 11 de abril del 2020 e iniciada el día 15 de abril.
De acuerdo al Portal de Contrataciones Abiertas de Honduras, en la actualidad la Secretaria de Defensa se encuentra en procesos abiertos para compras de otro tipo de materiales para el Hospital Militar.
Entre algunos de los materiales que se estarían comprando hay desde focos hasta repuestos para el edificio del centro asistencial.
Orden de compra de ventilador mecánico.
El vocero de las Fuerzas Armadas, coronel Yeri Chávez, al ser
consultado sobre la entrega de insumos de Copeco a este centro
asistencial, dijo que ninguna institución que maneje presupuesto público
debe entregar insumos o cualquier material médico al Hospital Militar,
pues este es privado y no debe ser financiado con dinero público.
Según la Secretaría de Finanzas, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, para este 2020 tiene un monto de 6 mil 582 millones de lempiras (con 6 mil 569 millones de lempiras en 2019). Y para la Secretaria de Defensa 8 mil 477 millones de lempiras (con 8 mil 530 millones de lempiras en 2019).
En los últimos diez años el presupuesto de la Secretaría de Defensa se ha aumentado en 303.4 % al pasar de L. 2,101.3 millones en el año 2009 a L. 8.530.3 millones en el año 2020.12.
Con este tipo de compras, las dudas sobre el manejo de estos presupuestos que hoy por hoy son los más ostentosos de la administración de Juan Orlando Hernández dejan más dudas, desconfianza e indignación en la ciudadanía hondureña.
La orden de compra fue publicada en el catálogo electrónico de Honducompras bajo los fondos utilizados en la emergencia por Covid-19.
Según la Secretaría de Finanzas, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa, para este 2020 tiene un monto de 6 mil 582 millones de lempiras (con 6 mil 569 millones de lempiras en 2019). Y para la Secretaria de Defensa 8 mil 477 millones de lempiras (con 8 mil 530 millones de lempiras en 2019).
En los últimos diez años el presupuesto de la Secretaría de Defensa se ha aumentado en 303.4 % al pasar de L. 2,101.3 millones en el año 2009 a L. 8.530.3 millones en el año 2020.12.
Con este tipo de compras, las dudas sobre el manejo de estos presupuestos que hoy por hoy son los más ostentosos de la administración de Juan Orlando Hernández dejan más dudas, desconfianza e indignación en la ciudadanía hondureña.
La orden de compra fue publicada en el catálogo electrónico de Honducompras bajo los fondos utilizados en la emergencia por Covid-19.
Defensores de la tierra: La semilla de Berta Cáceres y otros 300 asesinatos más de defensores de la Tierra
El 3 de marzo de 2016, un sicario disparó a Berta Cáceres, defensora de la Tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Cuatro años después, los activistas medioambientales recuerdan su memoria ante una escalada de violencia que continúa y que supuso la muerte de 304 defensores de derechos humanos en 2019.
madrid
02/03/2020 22:31 Alejandro TEna - PÚBLICO
02/03/2020 22:31 Alejandro TEna - PÚBLICO
Era
de noche. La madrugada del 3 de marzo. Al menos un pistolero se adentró
en la casa de Berta Cáceres. "¿Quién está ahí?", preguntó a la
oscuridad. Hace ya cuatro años de aquel asesinato que puso fin a la vida
de la activista hondureña; indomable ecologista. Este no fue el primer
crimen político contra una defensora de la Tierra, pero tampoco el
último. El crimen sirvió, no en vano, para poner en el centro mediático
la realidad en la que viven las comunidades indígenas de América Latina,
cuyas tierras ancestrales son asediadas por megaproyectos industriales y urbanísticos.
"El
asesinato de Berta Cáceres permitió que se visibilizara el problema de
los pueblos latinoamericanos. Su caso trascendió a nivel mundial",
argumenta Marina Díaz, portavoz de la Plataforma por Honduras. "Ella fue
asesinada por defender los recursos naturales de un modelo
extractivista en el que el capital nacional e internacional tienen
grandes implicaciones", agrega. Los medios de occidente, normalmente
ajenos a los conflictos del sur global, denunciaron la muerte y las
implicaciones empresariales que se escondían tras ese homicidio. Tanto
es así, que a Cáceres le arrebataron la vida por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, según un informe elaborado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en 2017.
Pese a las
evidencias y las pruebas presentadas por la defensa de la familia y el
Copinh –organización a la que pertenecía Cáceres–, la Justicia hondureña
no ha imputado a los directivos de la empresa DESA, presuntos autores intelectuales del delito .
En cierta medida, el asesinato de la activista evidencia otra realidad
tras los crímenes del extractivismo: la impunidad. Así lo entiende
Miguel Ángel Soto, experto en Derechos Humanos de Greenpeace, quien
resalta que la falta de condenas es la nota dominante en los múltiples
asesinatos de defensores de la Tierra que se producen.
"Cuando murió se multiplicó y su semilla se ha hecho millones"
En
cierta medida, Berta Cáceres deja un legado de lucha, para lo bueno y
para lo malo. "Cuando murió se multiplicó y su semilla se ha hecho
millones", expone Díaz, de una forma un tanto bíblica; su sangre
derramada se convirtió en una suerte de movimiento social del que
brotaron miles de defensores ambientalistas. Si bien es cierto que las
balas que la mataron no consiguieron callar a los pueblos indígenas, el
ruido mediático tampoco ha conseguido, pese a todo, frenar los
asesinatos de líderes indígenas.
Los asesinatos no han cesado desde entonces. Tanto, que el promedio habla de tres personas defensoras de la Tierra asesinadas a la semana cada año, según el último informe de la organización Global Witness.
Así, en 2019 fueron asesinadas en todo el mundo –la mayor parte de
ellas en América Latina– 304 defensores de derechos humanos, de los
cuales el 40% eran activistas vinculados a la Tierra y el medioambiente,
según los datos de la ONG Front Line Defenders. En el caso de Honduras, país de Berta Cáceres, las cifras hablan de 31 crímenes durante el último año.
Esto se debe,
principalmente, a que las máquinas del crecimiento capitalista no han
parado desde el homicidio de Cáceres. "Lejos de los discursos
neoliberales de buscar nuevas tecnologías y alternativas de negocio, lo
cierto es que la rueda de consumo sigue girando, lo que se traduce en
una mayor demanda de materias primas y energía", argumenta Erika
González Briz, portavoz del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
"Los megaproyectos extractivistas no van a cesar, todo lo contrario, y
los conflictos sociales por lo tanto van a seguir estando ahí".
"Las cosas no han
cambiado desde entonces, porque los pueblos indígenas continúan estando
en un alto riesgo por las actividades extractivistas", denuncia Díaz,
que reivindica la figura de la activista hondureña más allá del perfil
popular tallado por los medios de comunicación: "No era sólo una
activista feminista y una defensora de la Tierra, Berta Cáceres era una
líder social revolucionaria, lo cual se ha querido tapar siempre".
Cáceres y las mujeres que luchan
«Hoy por hoy, en
las luchas territoriales, las mujeres estamos presentes. No sólo parimos
vida, también parimos movimientos, parimos ideas... Por eso nos están
asesinando», resumía en una entrevista reciente Miriam Miranda, activista hondureña y compañera de lucha de Berta Cáceres,
cuyo homicidio simboliza ese doble conflicto que cientos de mujeres
defensoras de la Tierra afrontan a diario. Por un lado, la pugna los
poderes externos, que usurpan sembrados y arrasan bosques ancestrales.
Por otro, la estigmatización interna que supone alzar la voz en sociedades de una marcada estructura patriarcal.
«No sólo parimos vida, también parimos movimientos, parimos ideas... Por eso nos están asesinando»
"Cáceres
consiguió hacer una síntesis muy potente entre feminismo, Tierra y
justicia social", agrega Soto. En cierta medida, esa unión de conceptos
responde al papel de cuidados que las mujeres tienen en estas
comunidades, cuyas labores, debido a la división sexual del trabajo,
quedan unidas al entorno natural y a la defensa de compañeros y familia.
Es por ello que
los proyectos extractivistas terminan afectando, por encima de todo, a
las mujeres. Cuando se plantea levantar una represa que seca los ríos
más cercanos de un poblado, son las mujeres –responsables de proveer de
agua los hogares– quienes deben doblar los kilómetros para llenar las
cántaras en ríos y arroyos más lejanos. No solo ello, sino que el
extractivismo "incrementa la presencia militar y masculina asociada a la
mano de obra de estos proyectos, lo que deja a las mujeres expuestas a
mayores riesgos de violencia sexual", expresa González Briz.
"Un mundo lleno"
Tras cuatro años
del asesinato, todo sigue igual. Pero la imagen de Cáceres –proyectada
en camisetas, carteles y murales coloridos que decoran las calles de
Tegucigalpa– sirve de símbolo popular contra un sistema que pone los
intereses económicos por delante de los derechos humanos y los límites
de la Tierra. El legado que deja la hondureña es un legado que traspasa
las fronteras del Estado centroaméricano y llega a todos los rincones
del planeta donde se reproducen las mismas dinámicas de explotación,
expolio y violencia.
"El poder capitalista busca territorios nuevos para incrementar su crecimiento material"
"Estamos en un mundo lleno", valora González Briz. "Ya no hay apenas zonas por explotar y el poder capitalista busca territorios nuevos para incrementar su crecimiento material".
Estos lugares están, según la experta, en las periferias del sur global
–América Latina, África, Asía–, pero también en territorios
occidentales donde otras poblaciones resisten a los intentos
corporativos de arrancar recursos en sus territorios. "En Europa se dan
prácticas de persecución de activistas similares, aunque no se llega al
asesinato, como por ejemplo ha ocurrido en la mina de wolframio de
Salamanca. El caso de la lucha de Berta Cáceres es una realidad que se
repite de manera sistemática en todo el mundo", agrega.
Con cuatro años en el contador, el aliento de Cáceres continúa siendo un impulso para el activismo global,
que reclama un mecanismo internacional vinculante para garantizar que
las actividades económicas de las grandes corporaciones no atentan
contra los derechos humanos, ni contra el medio ambiente y los derechos
de los pueblos indígenas.
Coyuntura desde los territorios | Principales posicionamientos del movimiento social ante la crisis generada por el COVID-19
Por Redacción
Introducción
Mas allá de la actual crisis sanitaria y
social, hay un punto importante a considerar en medio de esta pandemia,
y es que los efectos para el medio ambiente a nivel mundial han sido
positivos. Parar las industrias, aislar a la población en sus hogares,
detener cadenas de extracción y despojo en algunas comunidades, han
traído el respiro que la naturaleza necesitaba, era la evidencia que se
necesitaba para entender que el capitalismo devastador, ha fracasado en
ser sustentable.
En el primer apartado, este análisis
trata de establecer claramente la relación que existe el cambio
climático y la expansión del COVID-19, y, en un segundo apartado,
algunos de los planteamientos que están surgiendo desde las prácticas de
los movimientos sociales para hacerle frente a los efectos de la
pandemia.
I. Cambio Climático y el COVID-19: ¿Una relación íntima?
El 2020 fue catalogado por el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como un ‘Súper año’ para
la biodiversidad, puesto que se pretendía evaluar los avances de los
compromisos de los Estados para proteger ecosistemas que todavía se
encuentran desatendidos y de esa forma, asegurar el cumplimento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030.
El aumento de la población mundial, las
modalidades de consumo de la población, la rápida urbanización de zonas
en condiciones vulnerables y la degradación del medio ambiente, son
algunos de los factores que han aumentado las emisiones de gases de
efecto invernadero y que nos han sometido a un período (parece sin
retorno) de cambio climático.
El cambio climático, es propulsor en
potencia del calentamiento del aire y del océano, aumento de los niveles
del mar, descongelamiento de glaciares, la crisis de seguridad
alimentaria, escasez de agua, las afectaciones al ciclo meteorológico
(huracanes y sequias) y generador de virus y pandemias.
En lo referente al tema de generación de virus y pandemias existen en la actualidad tres consensos en el seno de la comunidad científica. Primero, los cambios del clima:
lleva a que se modifique la distribución de ciertos organismos que
transmiten enfermedades, por ejemplo, el caso del dengue, la chikungunya
y el COVID-19. Dichos cambios han modificado las condiciones
ambientales de humedad, de sequía y de vegetación
Segundo, la devastación de los ecosistemas y el comercio de vida silvestre:
la presencia de nuevos virus como el COVID-19, mutaciones, enfermedades
o nuevos vectores de enfermedades en lugares donde no existían, es el
resultado del aumento de la temperatura, de la pérdida de los
ecosistemas y del comercio de vida silvestre para fines domésticos.
Tercero, la expansión de la frontera agrícola y la urbanización:
eso ha permitido que los seres humanos entren en contacto con especies a
las cuales antes no tenía acceso y, a su vez, con reservorios naturales
de patógenos (productor de enfermedades) como el COVID-19. Por dicha
expansión se transmiten enfermedades de los animales al hombre.
En definitiva, conviene que entendamos
bien la relación que hay entre cambio climático y coronavirus: si se
protege la biodiversidad, se puede reducir la incidencia de gérmenes
patógenos. Todo está conectado y la degradación ambiental es un factor
que nos resta defensas, que nos hace más vulnerables ante virus que
acaban convirtiéndose en pandemia.
En ese marco, la crisis del COVID-19
está exponiendo y presionando al mundo para entender que el cambio
climático es un tema de medio ambiente y que está íntimamente
relacionado con las relaciones económicas en el seno del sistema
económico capitalista. Ya lo explica Cristina Monge, politóloga, “la
degradación ambiental es un factor que nos resta defensas, que nos hace
más vulnerables ante virus que acaban convirtiéndose en pandemia”.
Y es aún más interesante, la forma en
que el COVID19 está colocando en disputa la idea central del ser humano
como ser supremo en el planeta (por encima de la naturaleza), también
están abriendo la discusión para que se cuestionen los hábitos del
consumo desde las realidades del confinamiento y que observen que, sin
su presencia en las calles, “volvieron animales, volvieron aves, los ríos que están claros”, tal como sucedió en Venecia.
Sin embargo, sería irresponsable pensar
que el bienestar vendrá únicamente con el respiro al planeta en medio de
una pandemia, es importante recordar que tanto el cambio climático como
la propagación del COVID continúa afectando a los de siempre, los más
vulnerabilizados y trazados por las líneas gruesas de la desigualdad a
lo largo del planeta.
En conclusión, el enfriamiento del
planeta, la preservación de la biodiversidad y la protección del medio
ambiente será posible si en el seno de los sistemas económicos y
políticos se promueven reformas radicales y la aplicación de las mismas,
en los esfuerzos de salvaguardar y preservar nuestra casa común, de lo
contrario el planeta tierra seguirá siendo asechado por el gran capital y
la sociedad perseguida por virus y pandemias.
II. Planteamientos desde los movimientos sociales para enfrentar la pandemia del Covid-19A. El COVID-19 y el acceso limitado a los principales medios de vida agua, tierra, alimentos y aire saludable.
Desde los distintos movimientos sociales de Europa y Latinoamérica
existe un consenso compartido, en que los actuales efectos generados
por el COVID-19 a escala planetaria está poniendo en evidencia la manera
en el relacionamiento de aspectos como el acceso al agua, producción de
alimentos, acceso a la tierra, servicios de salud comunitaria y la
calidad del aire, están detrás de las estrategias sociales y
humanitarias para hacer frente a la actual crisis.
La ausencia al acceso de agua, alimentos, tierra y salud hace que la actual crisis sea nada llevadera para 1,400 millones de personas
que en la actualidad viven en pobreza extrema. Limitantes que en el
fondo están determinado por la dinámica de un modelo capitalista mundial
concentrador de riquezas y por consiguiente generador de pobrezas, las
cuales se agravan a través de la corrupción, cambio climático,
enfermedades y pandemias, desigualdades en el reparto de la riqueza,
discriminación de género, despilfarro de alimentos, etcétera.
Actualmente en nuestro planeta viven más de 7.700 millones de personas, de las cuales 2.100 millones
(3 de cada 10) carecen de acceso a abastecimiento de agua. La misma
problemática sucede en el tema de producción de alimentos, los últimos
datos indican que el número de personas que padecen hambre en el mundo
continúa en aumento, alcanzando los 821 millones en 2018.
Respecto a la tierra los estudios estiman que en Latinoamérica más del 60%
de la población tiene problemas en la seguridad jurídica de la tierra,
haciendo difícil el tema de acceso a crédito, asistencia técnica para la
producción y acceso a mercados justos, complicando aún más el tema de
la seguridad alimentaria. Mucho más dramático es el acceso de la
población mundial a una cobertura sanitaria universal[1]. Se estima que cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos.
Por último, sobresale el tema de la
contaminación ambiental en lo referente a la calidad del aire, el cual
es considerado uno de los principales causantes de distintas
enfermedades respiratorias y degeneración congénita de los pulmones. Se
estima que el 92 % de los habitantes
del planeta no respiran un aire limpio y entre los elementos de fondo
que lo promueven sobresalen la contaminación del aire provenientes de la
agricultura, el ganado y las centrales eléctricas que queman carbón,
entre otras.
B. Principales planteamientos de transformación para enfrentar la pandemia
En es contexto de crisis y acceso
limitado los principales medios de vida, los movimientos ambientalistas
han vuelto a reposicionar en el espacio público una serie de
planteamientos y demandas orientadas a enfrentar los actuales efectos
económicos, sociales y humanitarios del COVID-19. Entre los principales
planteamientos de transformación sobresalen:
Cambio climático y salud ambiental:
El cambio climático y la falta de salud ambiental nos hacen más
vulnerables a pandemias globales como el COVID-19. Es por eso que desde
el movimiento social de corte ambientalista y ecologista, se plantea
transformar la actual matriz económica y productiva del sistema
capitalista, mediante el uso de tecnologías adecuados que recorten la
emisión de gases y destrucción de la atmosfera, como también, el uso de
energía renovable que corte drásticamente el uso de carbón y petróleo.
Desde los movimientos sociales ente
planteamiento cruza temas sensibles de la actual dinámica capitalista
planteados alrededor de la “transición ecología”: la disminución del
consumo como medida efectiva para la preservación de los recursos del
planeta, el cese a extracción de los recursos naturales para frenar
destrucción de la biodiversidad y, por último, la construcción de una
nueva institucionalidad pública de corte ecologista y ambiental que
promueva prácticas de protección y conservación.
En ese marco cobra sentido la salud
ambiental, en un contexto en que el cambio climático y la extracción de
los recursos naturales generan una mala calidad del aire y la
contaminación del agua, además de provocar una gran cantidad de muertes
prematuras al año, merman la salud de la población y nos hacen más
vulnerables a infecciones como la que supone el COVID-19. Por ello, se
debe dar prioridad a actuaciones que mejoren en binomio salud y medio
ambiente en todas las políticas públicas.
Agroecología y agricultura campesina sostenible:
La crisis de producción y comercialización del agronegocio generada por
el COVID-19, está poniendo en aprietos el abastecimiento de productos
básicos para la alimentación de las personas en las ciudades y en las
comunidades rurales del planeta. De ahí que planteamientos y propuestas
desde La Vía Campesina (LVC), sean en la actualidad medidas alternativas
para lograr la producción de alimentos. Dicho planteamiento y
propuestas cuenta con algunos principios básicos: el sistema alimentario
del agronegocio no puede alimentar a todo el mundo, el campesinado y a
la agricultura familiar alimentan hoy al mundo y la agroecología tiene
un mayor grado de resiliencia que el cambio climático
En ese marco, la agroecología y la
agricultura campesina sostenible plantea que la actual crisis en manos
del agronegocio es insostenible tanto en términos económicos y
ambientales, y por eso es necesario la creación de un nuevo sistema de
producción campesina de baja escala manejada por familias campesinas y
por las comunidades, que permita el desarrollo de la biodiversidad
funcional manejando producciones diversificas, integrando cultivos,
árboles y animales para su posterior inserción en el mercado local y
nacional.
Esos principios críticos se plantean
alrededor de las siguientes demandas: Implementar un proceso de reforma
agraria que acabe con el acaparamiento de la tierra y la ejecución de
políticas para la protección de la soberanía alimentaria (protección de
mercados locales, lucha contra el acaparamiento y especulación por parte
de las corporaciones, la protección de semillas criollas), entre otras.
La protección de la biodiversidad: En la actualidad es un debate abierto desde dos direcciones: sanitaria
y ecológica. En la sanitaria sobresale la manera en que la pérdida de
biodiversidad promueve la expansión mundial de virus y enfermedades
infecciosas, ya que la variedad de animales y plantas actúan como un
escudo protector. Según las investigaciones de expertos de universidades,
las especies más proclives a desaparecer son precisamente aquellas que
amortiguan las enfermedades infecciosas, como la del COVID-19.
Desde la perspectiva ecológica sobresale
la idea que la protección de la biodiversidad pasa por considerar la
dinámica de explotación y extracción de recursos naturales por el
proyecto extractivista. En ese punto se subraya que la extracción de
estos recursos no solo afecta la dinámica socioambiental en las
comunidades, sino que también altera los círculos de estabilidad y
equilibrios de la naturaleza.
Lo anterior conlleva a que fenómenos
como el COVID-19 tengan mayor impacto en aquellas comunidades que no
cuentan con escudos ambientales de proteccion que le permita hacerle
frente a este tipo de pandemias, por ejemplo, el uso del agua ante la
contaminación y deforestación, la contaminación del aire por la
extracción de minerales y el uso de químicos para la producción agrícola
que impactan en la salud y hacen mas vulnerables a las personas.
Sistemas comunitarios alternativos de salud: En
la actual crisis sanitaria debelada por el COVID-19, producto del
colapso del sistema de salud público, el movimiento indigenista y
sectores feministas, han vuelto a posicionar y replantear con mayor
fuerza la idea de los sistemas comunitarios alternativos de salud, como
un esfuerzo y apuesta estratégica para que las comunidades alrededor de
sus ancestralidades sean las que dicten las políticas de salud
comunitaria.
Este posicionamiento se desarrolla
alrededor de todo un enfoque crítico hacia la medicina tradicional, el
cual consiste en poner en cuestión la mercantilización de la medicina
por parte de las grandes cadenas farmacéuticas. También se menciona la
imposibilidad de los sectores de bajos recursos de poder acceder a ese
tipo de medicina por sus altos costos y de igual forma, la manera en que
no es una medicina que ayuda a prevenir enfermedades, sino que su
enfoque es altamente curativo y destructor de los cuerpos debido a su
composición química.
Estado democrático de derecho y el fin de las políticas de austeridad:
Producto del fracaso el modelo neoliberal en sus esfuerzos de achicar
las acciones de intervención social de los estados y la reducción del
presupuesto en gasto público (salud, educación, empleo, ciencia y lucha
contra la corrupción), los movimientos sociales establecen que es
necesario avanzar en un proceso de constitución de una Estado
democrático de derecho, en el cual el tema de los derechos humanos
(mujeres, minorías étnicas, trabajadores, campesinos), sea uno de los
principales ejes para repensar temas como las políticas económicas y
modelos de desarrollo económicos.
En este nuevo estado el tema de la
inclusión de los sectores excluidos es fundamental y de igual forma lo
es el tema del presupuesto público para ponerle fin las políticas de
austeridad que reducen el gasto público. En ese marco se plantea la
reorientación del presupuesto para el sector salud en la construcción de
todo un sistema de salud publica innovador, humanista y con capacidad
de respuesta ante crisis y pandemias, como también una amplia inversión
en programas científicos médicos y sociales que permitan mitigar los
riesgos en tiempos crisis sociales, humanitarias y sanitarias como la
actual.
[1]
La cual comprende: gama de servicios de salud esenciales de calidad,
desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la
rehabilitación y los cuidados paliativos.
Publicado el 2 Marzo, 2020
El organismo quedó así desenmascarado, una vez más al ser utilizado para los fines de un país que intenta, a toda costa, cambiar gobiernos a su manera.
México estaría solicitando una explicación a la OEA por divulgar la falsedad de un fraude en Bolivia.
La periodista, Tirsa Saenz, abrió el análisis exponiendo que tanto el diario como el centro de investigación están lejos de tener vínculos con la izquierda latinoamericana.
“Te evidencia, te confirma, lo que se ha dicho, que hubo un golpe contra el presidente Evo Morales, que fue avalado por la OEA, por su secretario general, Luis Almagro que es una vergüenza para América Latina, inmediatamente salieron diciendo que hubo fraude”, opinó.
Dejó entre ver que se ensañaron contra Evo por ser el presidente indígena y como sacó de la pobreza a Bolivia, “eso es una espinita que tenían clavada”.
¿Qué queda de la OEA?
“Ahí no queda nada, no es un organismo que se pueda confiar, trabaja para los gringos, es una vergüenza, un secretario general que es una vergüenza, no debería de estar, es un organismo cuestionado”, explicó la comunicadora.
El analista Cairo Amador, hizo un recuento de todo lo que ha pasado en Bolivia, desde la expulsión de Evo, la inhibición para ser senador y el papel de los militares.
“La OEA no fue un buen árbitro, jugó un rol partidario alrededor del ejército y la oligarquía y de ese personaje oscuro que es la señora Yáñez”, indicó.
Honduras es un poema narcopolítico
diciembre 2, 2018 Redacción
A Fabio Lobo, hijo del exPresidente Porfirio Lobo, ya encarcelado en Estados Unidos por narcotraficante, se le acaba de sumar Tony Hernández, hermano del actual Presidente Juan Orlando Hernández
Por: Alberto Arce
Tomado de: eldiario.es
La
próxima temporada de Narcos, quizás la de Fariña también, podría
rodarse en Honduras. Tendría mar, cocaína, ajustes de cuentas
y política, mucha política. Surcaría las playas del Caribe, los
despachos de esa pequeña Casa Presidencial mal encajada entre las
colinas de Tegucigalpa o el del General al mando de la Policía y se
dormiría una reconfortante siesta entre amigos, ni lo duden, en los
pasillos del Congreso de la República.
Los detalles del guión son públicos y los secuencia, paso a paso, una fiscalía de distrito en Nueva York.
La
sinopsis corta es la siguiente: Entre 2004 y 2016, llegaron a Honduras
toneladas de cocaína. En avioneta, lanchas rápidas e incluso, en al
menos una ocasión, en un submarino. Desde allí, un supuesto ganadero,
hortera, de los de zoo de animales exóticos en medio de la nada, Leonel
Rivera Madariaga, jefe del cártel de Los Cachiros, la reenviaba rumbo a
México, al Cártel de Sinaloa (sí, el del “Chapo” Guzmán) por tierra.
Llegaba (sigue llegando) a Estados Unidos. Los responsables de su
recepción, procesado en laboratorios locales, transporte, seguridad de
la carga –en convoyes protegidos por armas de guerra y con paso libre
garantizado por el territorio– eran importantes políticos y policías
hondureños. Familiares en primer grado de los presidentes.
La policía hondureña quema un cargamento de cocaína de una tonelada. (Foto: A lberto Arce)
El penúltimo giro de esta trama, viva y de final siempre abierto, de estos días, avanza a partir de ahí.
El hermano del presidente
Según
la Fiscalía de Nueva York, que acaba de detenerlo y hacer públicos los
cargos, una cantidad indeterminada de esa cocaína “muchas toneladas”,
llevaban firma. Dos letras grabadas en los ladrillos. “TH”. Las
iniciales pertenecen a Tony Hernández, el hermano pequeño del actual
presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue, además, diputado
del Partido Nacional en el Congreso entre 2010 y 2014, mientras su
hermano presidió la institución.
El
documento de la Fiscalía describe que tuvo acceso al menos a una
grabación de vídeo en la que Tony Hernández recibe 50.000 dólares en
efectivo de Rivera Madariaga para sobornar funcionarios a través de
empresas pantalla que blanqueaban beneficios y pagos. El ventilador de
acusaciones y pruebas es el propio Rivera Madariaga, preso en Estados
Unidos desde 2015, que negoció durante años antes de entregarse
voluntariamente en las Bahamas, no sin llevarse material con él para
rendir las cuentas que tocaran.
El
giro narrativo que abre incógnitas y permite lanzar la historia hacia
delante es el de una sensación de impunidad generalizada que, si no
queda hecha añicos, al menos se agrieta un tantito.
De
entre todos los cargos, gravísimos, el que probablemente ofenda más a
las autoridades estadounidenses es el menor. La mentira de rostro
marmóleo. En octubre de 2016, después de que se filtraran las primeras
acusaciones contra él, Tony Hernández voló a Miami en un jet privado
–mecanismo habitual de transporte de exdiputados sin empleo conocido–
para testificar voluntariamente y defender su inocencia. Si de algo le
sirvió la mentira es para sumarle cinco años de cárcel como propina
moralizante a las tres cadenas perpetuas a las que se enfrenta.
A
su hermano, el presidente, le pareció entonces un gesto de
confianza que su hermano testificara y sugirió que se trataba de un
movimiento contra él mismo y su supuesta cruzada legalista. “Los pájaros
les tiran a las escopetas”, dijo.
Tony
Hernández y su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, no
previeron entonces que las autoridades de Estados Unidos seguirían
adelante con el caso. Se equivocaron. No son los primeros poderosos que
ven cómo su reino se tambalea. Debieron contemplar que podía suceder.
Tenían motivos. Había un antecedente similar: El de Fabio Lobo, hijo del
presidente anterior, Porfirio Lobo.
Flashback: de la Casa Presidencial a Haití
Lobo
hijo, que llegó a tener despacho abierto en la Casa Presidencial que
dirigió su padre entre 2009 y 2014 ya fue condenado a 24 años de
cárcel por usar sus conexiones políticas con el Congreso, el Ejército y
el sistema de aduanas para gestionar la misma logística de transporte
para el mismo narcotraficante.
Lobo
no era un abogado conseguidor y comisionista como Hernández. A él le
iba la marcha. Quedó demostrado que viajaba en los convoyes armados para
garantizar, control a control y teléfono en mano, que nadie los
detenía. Por uno de esos viajes llegó a cobrar 70.000 dólares, una
camioneta blindada y un fusil R-15. (¿Quién cobra en vehículos blindados
y armas?).
La
escena protagonizada por Lobo y detallada por un agente de la Agencia
Antidrogas de Estados Unidos infiltrado en la red lo ubica además
ante un mapa de Honduras dando detalles, rutas, carreteras, controles,
policías a cargo de cada departamento y, siempre, al final usando su
palabra y conexiones, la amenaza, el usted no sabe con quién está
hablando, para resolver cualquier problema. Allende los mares. A Lobo lo
detuvieron en Haití, in fraganti, moviendo un cargamento.
La
sentencia de su condena explica cómo, junto a Freddy Nájera diputado
del Partido Liberal, (ningún partido se salva, en Honduras, de vínculos
con el narcotráfico) Lobo hijo gestionó desde las instalaciones de
Puerto Cortés un envío de cocaína dirigido al Cártel de Sinaloa en
México. Nájera era, según la Fiscalía de Nueva York, quien esperaba en
las densas noches de la selva oriental del país, junto a decenas de
hombres armados, el aterrizaje en pistas clandestinas de las avionetas
que llegaban de la frontera entre Colombia y Venezuela.
No hay narco que se precie sin un buen banco detrás
El
narco Rivera Madariaga está cantando de lo lindo en todas las
direcciones y salpica partidos, gobiernos y negocios. Los buenos
empresarios, y los narcos suelen serlo, saben diversificar y aquí se
abren posibles capítulos –que darían para series enteras– con nuevos
personajes y tramas de carácter económico. No hay fajos ni maletas
cargadas de billetes sin bancos que los procesen.
La policía hondureña quema un cargamento de cocaína de una tonelada. (Foto: Alberto Arce)
En
diciembre de 2017, Yani Rosenthal, que había sido Ministro de la
Presidencia del presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal, fue
condenado a tres años de cárcel en Miami por lavado de activos
procedentes de cártel de Los Cachiros. Junto a él, por el mismo delito y
vínculo, su primo Yankel Rosenthal, que fue Ministro de Inversiones del
gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. El dinero no entiende
de cambios de administración.
Las
empresas de los Rosenthal, incluido el Banco Continental, primer banco
clausurado por ser lavadora de narcos en aplicación de las leyes de
Estados Unidos, fueron confiscadas y liquidadas por su vinculación
con Los Cachiros. El patriarca de la familia, Jaime Rosenthal, que,
sorpresa, fue vicepresidente de Honduras en los 90, se salvó, por ahora,
de la extradición a Estados Unidos debido a las causas pendientes en
Honduras pese a ser señalado por el Departamento del Tesoro como cabeza
de la trama profundizada durante décadas. Los Rosenthal, banqueros, les
compraban vacas a Los Cachiros, reconocidos ganaderos, dijeron en su
defensa.Salieron caras esas vacas.
Para
la siguiente temporada, que la habrá, el Gobierno de Estados Unidos,
sus guionistas, se reservan una gran incógnita. El salpicón puede
atragantarse más aún. Otro funcionario sobre el que existe grabación en
la Fiscalía estadounidense, si bien exculpatoria –por el momento– es el
todopoderoso general Julián Pacheco, ministro de Seguridad y responsable
de la inteligencia hondureña desde 2014.
Lobo
hijo llevó al narco Madariaga a su despacho. La reunión duró poco,
aparentemente el Ministro los echó con cajas destempladas. Pero. Puntos
suspensivos. Lobo hijo, el hijo del expresidente y posteriormente Tony
Hernández, hermano del presidente actual, siguieron trabajando para ‘Los
Cachiros’. Y quien es Ministro de Seguridad desde 2014 lo sabía a
despacho caliente y en persona, por ponerlo de algún modo.
En
el momento de reaccionar, en boca cerrada no entran moscas y yo no he
visto nada. Ambos presidentes han sido escuetos. Que se cumpla la ley,
han dicho. Honduras es pequeño, en espacio y canales de información.
Ellos, muy ocupados siempre, nunca supieron a qué se dedicaban su hijo y
su hermano. Fabio Lobo y Tony Hernández tenían sobornados a docenas de
políticos, funcionarios, policías y militares del país y transitaban por
sus carreteras en convoyes fuertemente armados sin que, por supuesto,
los presidentes, a cargo, entre otras cosas, de la inteligencia del
Estado, lo supieran.
La historia viene de largo
Honduras
es, desde hace años, sobre todo desde que el golpe de Estado que
derrocó a Manuel Zelaya en 2009, pista abierta, parada logística de la
cocaína que sale de Colombia y Venezuela rumbo a Estados Unidos. La
droga vuela o navega atravesando el Caribe. Desembarca en la costa de la
Mosquitia, remota, inaccesible y mal vigilada para seguir rumbo a los
cárteles mexicanos que la introducen en Estados Unidos. Esa maldición
geográfica, inevitable, junto a un Estado débil y cooptado, ha
convertido al país en una distopía, un lugar carcomido por el crimen
donde el narcotráfico lleva a las pandillas, la violencia, la
corrupción, el hambre. Al desastre. A un país de donde huye quien puede.
Con cientos de miles de desplazados internos y externos. Algunos miles
de ellos empujando fuerte en una fila en Tijuana para ser reconocidos
como refugiados.
La
lista de frases sobre el narcotráfico de los políticos hondureños es
digna de las mejores mentes. Para enmarcar. Del conocido “si las
narcoavionetas no aterrizan en el centro de San Pedro Sula sólo porque
los árboles se lo impiden” de un ministro de Defensa a “los controles de
policía no son más que un lugar en el que ser extorsionado”, del
presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso. Nadie en Honduras
se atreve a negar lo que sucede. Mientras pueda echar balones fuera.
Siempre que permita el “casi”. Incluso el Presidente Juan Orlando
Hernández ha dicho en numerosas ocasiones que el país ha estado a punto
de convertirse en un Estado fallido. Como si no estuviera implicado en
lo que sucede.
Tony Hernandez y Fabio Lobo, ligados a los dos últimos presidentes del Partido Nacional
Un
solo ejemplo. Hernández y su predecesor, Lobo, son responsables de una
medida política perversa relacionada con el narco. Alrededor de 2012 la
Fuerza Aérea hondureña comenzó a derribar narcoavionetas en vuelo.
Alegaba defensa de la soberanía nacional. Eso es ilegal. Estados Unidos,
que manejaba el radar que informaba de esas avionetas, no podía seguir
colaborando con esa política y avisó. Y avisó. Y avisó. Y acabó por
cortar el único radar que había en Honduras para detectar
narcoavionetas. Algo que, por supuesto, no beneficiaba directamente a
nadie. Puntos suspensivos.
Hay
más. En 2016 se hizo pública una estructura colegiada dentro la Policía
Nacional de Honduras que tenía como cometido desembarazarse de aquellos
elementos de la política, la policía y el Ejército que no colaborasen
con el narcotráfico. Si una determinada unidad policial estaba encargada
de transporte de cocaína y otra unidad, en este caso militar, se
interponía, no había mayor problema en ordenar matar a un general del
Ejército. O al diputado que lo investigara.
Desde
2012, uno tras otro, los generales Directores de la Policía fueron
cayendo uno tras otro (abandonando el cargo, ascendidos a veces, a
cargos diplomáticos o políticos, que Honduras eso nunca significa
juzgados por los hechos en su hoja de deméritos). Escuadrones de la
muerte, narcotráfico, corrupción. La lista es amplia y lo toca todo. Lo
hicieron incluso acusándose los unos a los otros de matarse familiares
en represalia.
Honduras
es el país del golpe de estado, la plataforma del narcotráfico, una
depuración policial tan continua como fracasada, la impunidad como forma
de supervivencia o marchas sosteniendo antorchas para pedir una
comisión internacional que interviniera el sistema de justicia, fallido.
El lugar donde hasta el fracaso sabe a poco. Un país, también, donde un
esquema de corrupción en el sistema sanitario se llevó por delante, tan
sólo durante la administración del Presidente Lobo, casi el 10% del
presupuesto nacional. Suma y sigue.
Honduras
es, y ha sido, al menos desde el golpe de Estado de 2009, un fiel
aliado de Estados Unidos en la zona. Entre 2009 y 2016 los gobiernos del
Partido Nacional recibieron casi 100 millones de dólares en ayuda a los
sistemas de seguridad del país de la administración de Barack Obama.
Donald Trump ha amenazado con reducir el dinero que envía a Honduras.
De
suceder, si es que sucede, está por ver cuál será el impacto. Muchos
creen que el apoyo estadounidense a un gobierno, policía y ejército
corruptos ha empeorado las cosas, reforzando el narcopoder. Otros, que
ha evitado que los desmanes fueran aún peores.
Mientras
tanto, la república bananera acaba rayada, esnifada, mareada y
resacosa, cayendo en barrena a un pozo sin fondo. Convertida en un poema
narcopolítico que espera, cada vez más dolorido, los giros del
siguiente capítulo de la versión catracha de “Narcos”.
