HONDURAS: A cuatro años del asesinato de Berta Cáceres - COPINH: Palabras de nuestra coordinadora general Bertha Zuniga Cáceres // Acción Global/Global Action “Justicia Para Berta” // Habla hija de Bertha :"El sueño de mi madre no se ha desvanecido" // Territorios libres, el mayor acto de justicia para Berta Cáceres // La justicia hondureña en deuda: Organizaciones presentan hallazgos sobre acceso a justicia en caso Berta Cáceres // Defensores: La CIDH conocerá sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras // Cuestionan "Ley Nájera" por violentar derechos ancestrales de los pueblos indígenas // Declaran sin lugar querella contra el padre Florentino Hernández // Radio Progreso: Migrantes arriesgan sus vidas huyendo de la miseria y la violencia // CIDH insta a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a garantizar los derechos de las personas migrantes

Palabras de nuestra coordinadora general Bertha Zuniga Cáceres

03/03/2020 COPINH

Como es de su conocimientos estos 4 años han significado, en el medio del dolor de la perdida de una persona tan importante, un intenso trabajo de búsqueda de justicia pero también de seguir caminando los pasos de Berta.
Hace 4 años, el primer pensamiento que tuvimos fue la incertidumbre, pensar ¿cómo vamos a seguir con este trabajo?, ¿Cómo vamos a continuar lo que ella había emprendido?, Cómo demandar verdad y continuar su lucha?
Hoy venimos a decirles que en estos momentos nosotras empezamos a ver claramente lo de que hablábamos, es decir el contubernio entre las empresas privadas que se dedican al despojo de los territorios y de los pueblos y el Estado, que contribuye a este despojo y tiene toda una estructura y estrategia para esconder a los criminales.
Nos sorprendió que las primeras hipótesis de la investigación sobre su asesinato, como es proprio de un Estado y sistema patriarcal, tuviesen como linea de investigación nuestra misma organización y afirmaban que Berta había sido asesinada por un crimen pasional.
Desde el primer momento nosotras tuvimos grandes dificultades en saber qué era lo que estaban investigando, y cómo se iba a acceder a esta información.
Ustedes nos acompañaron en el primer y único juicio que tuvimos para el caso de Berta Cáceres, y saben que esta información sobre las investigaciones es parte del derecho de las víctimas y también saben que, en este primer proceso, nos enfrentamos toda clase de irregularidades. Muchas personas no pudieron hablar en el proceso no pudieron dar su testimonio y su versión de los hechos, porque Berta Cáceres fue asesinada por ser una mujer lideresa, una mujer indígena.
En esta lucha, sobre todo por el acceso a la información, los familiares fueron expulsados del proceso y tuvimos que interponer amparos con abogados porque no resultábamos parte de este proceso. Ustedes saben que hay mucha impunidad, y ya 4 años sería un tiempo suficiente para que el pueblo de Honduras tomara acciones en contra de los responsables. Porque no creemos que este Estado dictatorial vaya a hacer algo, y por eso vamos a seguir construyendo la justicia para los pueblos.
Algo bastante grato para nosotras ha sido poder haber construido, con el apoyo solidario, acciones internacionales que concluyeron en informes independientes para tener una verdad. Personas como el grupo internacional de los expertos y calificados, pero también personas que nos han acompañado en las audiencias.
Hoy les queremos decir que como organización hemos entendido que en este momento del proceso de lucha, reafirmamos que nuestro verdadero camino es acompañar la lucha de los pueblos, para que no se repitan estos crímenes y para construir nuestro proceso soberano y autónomo. Recordemos que el día en que Berta Cáceres fue asesinada, en este mismo lugar, se estaba organizando un foro sobre la energía comunitaria, porque la energía también es un derecho de los pueblos y las empresas y los gobiernos la quieren quitar, la quieren privatizar.
Hoy les venimos a decir que este es el llamado a convocar la lucha por el agua, porque todos los territorios en que andaba Berta Cáceres tienen una lucha por el agua, sea por los ríos, los mares, en contra de la hidroeléctrica o de la industria pesquera y hotelera. Los pueblos estén protegiendo el derecho fundamental al agua, porque es claro hoy más que nunca que los grandes intereses internacionales están detrás de todo despojo del agua.
Por eso invitamos a la lucha por el agua, porque sabemos que cualquier empresa que controla el agua controla la gente, y no sólo en los territorios indígenas y campesinos, sino también en las ciudades, donde se está iniciando esta luchas por el agua.
Una de las ausencias más grandes que tiene Berta Cáceres es justo en este proceso articulador, donde hay una deuda inmensa porque todavía y no hemos encontrado la manera para unir estos discursos de resistencia, hemos hecho esfuerzos pero no hemos terminado.
Nuestro propósito es hermanar estas luchas y encontrar una razón o una manera para que podamos hermanarnos, porque tenemos la responsabilidad de toda la población. Por eso es que hay tanta diversidad en esta lucha, que hay gente de otras ciudades y de otros países que se unen a esta resistencia
Más allá de eso de la lucha por el agua y la justicia, nuestra lucha es de construir un país de justicia y la democratización de nuestro país y eso también significa luchar en contra de la dictadura y de este modelo neoliberal, y para materializar la autonomía en nuestros procesos y en nuestros pueblos.
Nos sentimos profundamente conectadas con las luchas de otros lugares del mundo, como los Mapuches y con otra luchas en contra de las hidroeléctricas y en contra de proyectos que a veces convencen la opinión publica de que son buenos pero al final resulta que no. Para fortalecer estas luchas estamos acá.
Compañeros y compañeras, para esta jornada les deseamos toda la concentración y energía y amor posible, porque esto es lo que nos ha mantenido acá en todo este tiempo.
Hoy hay que compartir nuestras experiencias y esperamos que no tengan miedo, que compartan porque no queremos monopolizar la palabra y tenemos el compromiso desde nuestra organización de mantenernos en esta lucha y seguir adelante con el proceso organizativo que impulsa el Copinh.
Seguimos en diferentes comunidades con diferentes luchas continuando con la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, y les agradecemos el esfuerzo de haber venido acá a compartir con nosotras.
Vamos a terminar con una consigna y con mucha energía decimos :
¡Berta no murió, se multiplicó!
¡Berta vive vive, la lucha sigue sigue!

Acción Global/Global Action “Justicia Para Berta”

25/02/2020 COPINH

El COPINH se complace en invitarles a conmemorar con nosotras y nosotros el 4to. Aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, a realizarse este 2 de marzo.
En Honduras:
Acompáñanos en las actividades a realizarse en el Centro de Encuentros y Amistad “Utopía” en La Esperanza, Intibucá.
Puedes encontrar la agenda en nuestro evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/246883066301846/
Acción Global:
Súmate al twitazo mundial con el hashtag #JusticiaParaBerta o en la acción global exigiendo justicia mediante acciones locales en tú país.
En redes sociales:
Recuerda compartir tus fotografías con nosotrxs con los siguientes hashtags:

#JusticiaParaBerta , #CapturaALosAtalaZablah

Etiquetanos en nuestras redes sociales:
Twitter: @COPINHHONDURAS
Facebook: Copinh Intibucá
Instagram: @copinh
Sigue nuestra transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales.

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Justicia plena y total para Berta Cáceres

marzo 2, 2020 Redacción 

Por: Soa Watch
Este 2 de marzo es el cuarto aniversario de la siembra de la brillante líder indígena y feminista Berta Cáceres. Berta fue cofundadora del COPINH y fue asesinada por su valiente lucha en defensa de los territorios indígenas y sagrados del Pueblo Lenca, en Honduras, y quien resistió, junto al COPINH, contra la construcción del Proyecto Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energeticos Sociedad Anónima (DESA).
Aun cuando, el 2 de diciembre de 2019, un tribunal hondureño condenó a siete hombres por el asesinato de la líder del COPINH Berta Cáceres, los que ordenaron este crimen siguen impunes.
Recordemos que entre los condenados está Douglas Bustillo, un graduado de la Escuela de las Américas (SOA) y el ex jefe de seguridad de la empresa DESA, el ex Mayor del Ejército hondureño Mariano Díaz, graduado también en la SOA y con entrenamiento “antiterrorista” en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea de Texas, EEUU, quien, además, fue instructor de la Policía Militar y jefe de inteligencia militar del Primer Batallón de Honduras.
Sin embargo, ni Bustillo ni Díaz, ni ninguno de los cinco condenados, fueron los que ordenaron y pagaron por el asesinato de Berta Cáceres. Los condenados tuvieron roles relacionados con la preparación o ejecución del asesinato, pero el dinero y la orden para llevar a cabo este crimen venían de arriba. A cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, ninguno de los autores intelectuales se ha enfrentado ante la justicia.
En Febrero pasado, la Misión de Observación Calificada por la Causa Berta Cáceres, presentó un nuevo informe de seguimiento, donde también expresaron que “La justicia en la causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas”.
Al recordar a Berta Cáceres recordamos a tantas y tantos otros que han sido asesinados en Honduras después del golpe de Estado, apoyado por EEUU, el 29 de junio de 2009, y que fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez y por el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo; ambos graduados de la Escuela de las Américas del Ejército de los EEUU.
En Honduras, desde el 2009 en adelante, se han documentado 13 desapariciones forzadas y más de 160 activistas sociales y defensores de la tierra han sido asesinados. Entre ellos, se cuentan las más de 30 personas que fueron asesinadas por protestar contra el fraude electoral consumado el 26 de noviembre de 2017 por Juan Orlando Hernández.
Un reciente Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) para los Derechos Humanos señaló que a “dos años después de los hechos, ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una sentencia condenatoria. La mayoría de las violaciones graves documentadas por la OACNUDH, como ser las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación; otras no han sido investigadas”. El informó también denunció “la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones”.
A cuatro años del crimen de Berta Cáceres, expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, con COPINH, con el pueblo de Honduras, y expresamos nuestro continuo compromiso de rechazar la impunidad que continúa prevaleciendo en Honduras. ¡Continuamos exigiendo la verdad, la justicia y las garantías de no repetición!

A cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, habla su hija Bertha Zuñiga

"El sueño de mi madre no se ha desvanecido"

La actual Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) habla del legado de la líder indígena y ecologista.

Por Ezequiel Sanchez

PÁGINA 12 - 02 de marzo de 2020

1."Berta no sólo era la coordinadora, sino que era una estratega, una persona que representaba mucho." 2.Berta Zuñiga, sucesora de su madre.  

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Imagen: AFP

Desde Tegucigalpa. Hoy se cumplen cuatro años del asesinato de la líder indígena y ecologista hondureña Berta Cáceres. Para conmemorar la ocasión y reafirmar que Cáceres sigue viviendo en la memoria y los actos de su pueblo, en el "imaginario de la resistencia", Página/12 entrevistó a su hija y sucesora. Bertha Zúñiga, la actual Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) cuenta cómo está la causa y cómo se vive en las comunidades y en el país, además de lo que representa ocupar el cargo que tenía su mamá.
- Se cumple el cuarto aniversario de lo que llaman “la siembra de Berta”. Quisiera arrancar por esa idea, de la semilla que vuelve a la tierra.
- Berta Cáceres fue una figura tan significativa para el pueblo lenca, para el pueblo hondureño, que a pesar de que se hace un acto criminal a su vida, siempre está siendo convocada en las disputas territoriales, en el imaginario de resistencia, en la necesidad de transformar el país por las condiciones de militarización, de despojo empresarial, de corrupción, de violencia generalizada. También creemos que conmemorarla a ella no puede ser decidido por los que la asesinaron, que están en la impunidad. No pueden imponernos una muerte, que es lo que se pretendió hacer, el arrebatarnos. Se trata de decir que Berta va a seguir brotando en muchas luchas, en las nuevas generaciones, en las luchas de las mujeres, que es tan urgente y que viene marcando mucha presencia. Eso significa para nosotros la siembra de Berta Cáceres.
- Los autores intelectuales nunca fueron señalados por la justicia, ¿Cómo se encuentra la causa?
- Nosotras hemos visto que el camino legal empieza a cerrarse. Ya vemos pocas posibilidades de alcanzar la justicia integral. La impunidad va a durar un tiempo. Va a romperse en algún punto del camino, pero en otras condiciones políticas que ahora no están dadas. Entonces, hemos aprendido de diversos pueblos, a innovar las estrategias jurídicas, políticas, de movilización. Debemos enfocarnos en evitar que sigan cometiéndose crímenes, en seguir defendiendo los derechos de las comunidades, el derecho a la consulta libre, previa e informada, que está siendo amenazada. Y ver cómo enfrentar al modelo extractivista de una manera más fuerte, porque sigue avanzando. Ahí una siente que ese asesinato, que en alguna manera debió contribuir para cambiar las condiciones estructurales del país, no está sirviendo. Avanza el control de los pueblos a través del control del agua. Privatizaciones, proyectos ante la escasez que ya se empieza a sentir en muchos lugares. Represas, el uso del agua para la minería, los grandes proyectos turísticos, las limitaciones a la pesca artesanal y la promoción de la pesca industrial. Tantas cosas pasando alrededor del agua.
-¿En qué estado está la construcción de la represa y cuál es la situación en las comunidades?
- La concesión está parada. Nosotras seguimos pidiendo la cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que tiene un permiso de operación por 50 años. El Estado no ha hecho nada para quitarle la concesión y nos parece un acto simbólico muy importante. Por otro lado, quedaron instaladas todas las condiciones de ruptura del tejido social. No se ha hecho nada en cuanto a reparación a la comunidad que ha sido afectada, no sólo por el asesinato de Berta, sino por otros. Son constantes las denuncias que acompañamos como Copinh, por ataques a las personas que están recuperando las tierras que fueron vendidas ilegalmente a DESA. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puede reclamar la concesión como suya y reiniciar el proyecto. Es un peligro latente y lamentamos que el Estado sólo quiera apantallar la justicia sentenciando a los autores materiales. Lo que ellos llaman energías limpias son un negocio muy lucrativo, por el que está participando la empresa privada y por el que en realidad hay una guerra contra muchas comunidades indígenas, campesinas.
- En este contexto toma mucho peso la Ley de Consulta Previa que mencionabas.
- Esta ley pretende reglamentar el Derecho a consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero con el fin de quitarle la decisión a las comunidades en los territorios, porque hoy representan el mayor obstáculo a las inversiones nacionales y transnacionales. Para nosotros, es como escupir a la memoria de Berta Cáceres y es legalizar el saqueo, el despojo, e instalar esa violencia de Río Blanco multiplicada por mucho. Estamos creando alianzas entre pueblos para enfrentarnos a la situación, pero conocemos la correlación de fuerzas desfavorables que hay en el Congreso Nacional y en toda la institucionalidad de este gobierno.
- ¿Cómo te sentís ocupando el cargo de Coordinadora General que tenía tu madre?
- Es un desafío asumir una organización que ha sufrido tal vez el golpe más importante. Berta no sólo era la coordinadora, sino que era una estratega, una persona que representaba mucho para las comunidades lencas. Su asesinato fue un ataque contra el Copinh, y ni empezó ni terminó ahí. Hemos enfrentado mucha criminalización por seguir defendiendo los territorios. Afortunadamente, ha habido un pacto colectivo de echar a andar la organización, de las comunidades reafirmando su lucha. Por supuesto es duro. Ahora somos un grupo de gente bastante activa y siempre nos preguntamos cómo hacía ella. Porque hacía todo lo que nosotros hacemos diez, doce personas. Yo la admiro cada vez más, no sólo la cantidad de trabajo que hacía, sino también su inteligencia, su camino de coherencia, su astucia. Ella siempre decía que los pueblos sin astucia no pueden librar sus luchas. Es aprender de las luchas colectivas, de la memoria de los pueblos, de su espiritualidad. Es el desafío más grande que yo he asumido en mi vida. Creo que sin el compromiso colectivo, sin el apoyo no sólo en el trabajo, sino que humano, afectivo, que sobre todo me han dado muchas mujeres y mis compañeras y compañeros de mi pueblo, sería básicamente imposible.
- ¿Cómo miran al futuro cuando el presente es de una correlación de fuerzas tan desigual?

- La situación en Honduras es horrible. Desde el Golpe de Estado pasan cosas que nosotras nunca imaginábamos que fueran a suceder. Nuevas leyes que legalizan la persecución, la militarización, la corrupción, la impunidad. Pero a mi que me ha tocado acompañar a distintas comunidades, viajar a distintos lugares del territorio, yo miro mucha esperanza, mucha decisión de la gente. Siento que ese sueño de Berta Cáceres no se ha desvanecido por completo. Entonces mientras haya gente dispuesta a luchar, tenemos que seguir. Sabemos lo que hay que hacer, los próximos pasos. Articularnos, sobre todo. Dialogar. Saber que es una lucha antisistémica, integral. El reto está en construir y en tratar de reconstruirnos, porque también hay vicios organizativos, hay riñas entre los procesos. Si no aprendemos, vamos a seguir en un círculo vicioso. Creo que hay que ampliar la lucha, hacer mucha labor educativa, social, en todos los aspectos. Y desde ahí, vamos a lograr ese sueño refundacional para transformar este país.

Territorios libres, el mayor acto de justicia para Berta Cáceres

02/03/2020 superadmin

A 4 años del vil asesinato de nuestra hermana

Hoy, se cumplen 4 años del vil crimen a nuestra hermana Berta Cáceres, este crimen fue planificado por los dueños de la empresa DESA constructora del Proyecto Hidroeléctrico “Agua zarca”, en la comunidad Lenca de Río Blanco. Este crimen solo fue posible por la unión con las fuerzas represivas del Estado de Honduras que participaron de su persecución política, vigilancia y criminalización.
Este crimen representa el plan para intentar destruir la lucha territorial y articuladora por la refundación de Honduras, liderada por Berta Cáceres y sembrar el miedo a las luchadores y luchadores de Honduras. Sin embargo su lucha no ha parado de retoñar en miles de expresiones dignas de resistencia del pueblo hondureño.
Fue un días después de su crimen que nos propusimos como COPINH, familiares y organizaciones construir la justicia para ella, desafiando la impunidad estructural del país que ha sido cómplice de los ataques a los pueblo y de su persecución política. Este proceso a tratado de librar una lucha más allá de la disputa legal, profundizando la lucha en defensa de los territorios amenazados por proyectos hidroeléctricos, mineros, de generación de energía, privatizadores de las playas e invasores de los territorios indígenas, garífunas y campesinos.
Grandes esfuerzos le ha implicado a nuestras organización indígenas de base, luchar porque sean determinadas las responsabilidades a las personas y la estructura criminal que cometió este crimen. Sin embargo el rugido mundial de justicia ha permitido que a 4 años tengamos enjuiciados a 7 personas vinculados con la autoría material del crimen y comenzado un proceso contra David Castillo, autor intelectual del mismo. A pesar de eso gran incertidumbre acompaña el proceso para determinar la responsabilidad al presidente de DESA, el señor Castillo. Pero hemos comprobado que un cerco de impunidad se levanta para proteger a los autores de máxima responsabilidad en el crimen a pesar de la cantidad de evidencia.
Hemos confirmado y denunciamos plenamente que el Estado de Honduras represor y violador de derechos humanos no pretende perseguir a los miembros de la familia Atala Zablah; Daniel Atala Midence, Jacobo Atala Zablah, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah, empresarios responsables de la toma de decisión del crimen de Berta Cáceres
Es por ellos que este proceso de búsqueda de justicia el COPINH y quienes somos parte de esta causa nos proponemos el proceso de justicia más amplio, yendo directamente a proteger el derecho de los pueblos a ser consultados de manera previa, libre e informada; de investigar y denunciar a las empresas que como DESA participan de la persecución y violación a los derechos de las comunidades; a construir una Honduras de justicia, democracia y paz con desmilitarización.
Es un imperativo del COPINH y la lucha más allá de las razones estructurales que produjeron su crimen: el racismo, el no respeto al derecho de consulta de las comunidades indígenas y el respeto de la autonomía de los pueblos.
Por eso seguiremos luchando por todas nuestras justicias, desde nuestros cuerpos y territorios. Por la libertad, por el futuro que merece el pueblo hondureño.
¡Berta Vive, la lucha Sigue!
¡Aguas Libres, Pueblos Libres!

La justicia hondureña en deuda: Organizaciones presentan hallazgos sobre acceso a justicia en caso Berta Cáceres

Gissel Grandez

17 Febrero 2020

Por: FIDH

Europa/Las Américas, 11 de febrero de 2020.- A semanas de cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de Berta Cáceres, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que conformaron la Misión de Observación Calificada hacen público el informe "Una deuda histórica de la justicia,” que documenta las observaciones, conclusiones y recomendaciones resultantes del juicio contra las primeras ocho personas juzgadas en 2018 por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) y la tentativa de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro el 2 de marzo de 2016. 

“El fin del informe es proporcionar una herramienta que permita a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional dar seguimiento al proceso judicial por el asesinato de la lideresa Lenca,” comenta Reynaldo Villalba, abogado defensor de derechos humanos, integrante del CAJAR en Colombia y Vicepresidente de la FIDH y miembro de la Misión. “Como organizaciones de derechos humanos que han dado un seguimiento constante en la Causa Berta Cáceres, vimos la necesidad de promover y evaluar el respeto de derechos y libertades bajo los estándares internacionales y la normativa nacional en los casos relacionados a personas defensoras de derechos humanos y el sistema de justicia hondureña.”  

El informe destaca los hallazgos de la observación efectuada durante el juicio de 2018 que concluyó tras una sentencia condenatoria en la que se establece que Berta Cáceres fue asesinada por su condición de activista de derechos humanos en defensa del pueblo Lenca frente la imposición en su territorio del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. Por la autoría intelectual del asesinato no ha sido sentenciada ninguna persona, sin embargo, David Castillo, gerente de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), fue capturado en 2018 y acusado por el Ministerio Público como parte de la autoría intelectual. 

“Berta Cáceres vivió una grave situación de riesgo antes de su asesinato debido a su trabajo como lideresa indígena de las comunidades de Río Blanco,” afirma Joseph Berra, abogado estadounidense y director de proyectos del Instituto de la Promesa de la Universidad de California en Los Ángeles. “Aunque ella denunció los ataques y amenazas en su contra en el contexto de la instalación del proyecto de DESA el Estado hondureño no cumplió con el deber de protección, a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH para su protección.” 

Trabajadores y extrabajadores de la empresa DESA y dos miembros activos de las Fuerzas Armadas de Honduras fueron condenados a entre 30 y 50 años de cárcel tras un juicio que evidenció que Berta sufrió campañas de difamación e intentos de criminalización, junto con campañas que buscaban acosarla. El tribunal dio por probado que el asesinato de Berta Cáceres se dio con el conocimiento y consentimiento de otros ejecutivos de la empresa DESA.

“La Misión ha constatado a lo largo del proceso diferentes circunstancias que muestran debilidades estructurales del sistema, que continúan representando limitantes y desafíos para el acceso a la justicia de la población hondureña,” explica Villalba. “Esta Misión recuerda al Estado de Honduras que al no proteger este marco de bienes jurídicos, tales como los derechos a la verdad y al debido proceso podría comprometer otros derechos fundamentales. Estas debilidades no permiten al Estado garantizar la no-repetición de violaciones graves de derechos humanos como el caso de Berta Cáceres.”  

El informe formula una serie de recomendaciones al Estado hondureño, como adoptar medidas para asegurar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas dentro del proceso bajo el principio de no discriminación, cumpliendo las normas internacionales como el Convenio 169, y desarrollar un marco normativo y jurisprudencial para la sanción efectiva de representantes del Ministerio Público cuando desacatan órdenes del poder judicial, entre otras. 

“Desde el asesinato de Berta Cáceres, decenas de líderes y lideresas Indígenas y afro-descendientes han sido asesinadas en Honduras,” agrega Berra. “Estos crímenes han quedado en la impunidad. La garantía de no-repetición es un principio y criterio fundamental de la justicia en estos casos. La justicia en la Causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas.” 

El respeto a los principios y estándares de un juicio justo es esencial no sólo por representar un avance creíble y sostenible en el proceso de obtención de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, sino para el fortalecimiento del sistema de justicia como herramienta de garantía de los derechos humanos de la población hondureña. 

El informe nota con preocupación otros vacíos y falencias en causas judiciales paralelas que dieron lugar a pocos avances como la deliberada intención de agentes del Estado de omitir, obstaculizar y entorpecer la investigación de la autoría intelectual de los hechos. 

Por protestar contra  la discriminación de que han sido víctimas, detienen a integrantes de COPINH

Friday, 21 February 2020 17:42 Written by  Dina Meza Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE

Tres jóvenes que participaron en las afueras de los juzgados de lo penal de Francisco Morazán, fueron detenidos ilegalmente, este 21 de febrero de 2020, a eso de las 12 del día, en momentos en que se realizaba la Audiencia Inicial de Elsia Paz, presidenta de las empresas de Energía Renovable, acusada por la Fiscalia de las Étnias y el Patrimonio Cultural de discriminación y lenguaje de odio contra el pueblo lenca.

Los detenidos son Alejandro Carbajal, Ariel Salinas y Selvin Milla, a quienes les acusan de robo, daños y  lesiones.Todos fueron golpeados y amenazados por la policía al momento de la detención.,

 

Alejandro Carbajal denunció ante una delegación del CONADEH que llegó a la Policía Metropolitana Número 1 (Core7), ubicada en Barrio Los Dolores de Tegucigalpa, que le dieron de patadas y le apretaron fuertemente las cachas lesionándole  sus muñecas. 

 

Mientras Selvin Milla dijo que los policías le apuntaron con un fusil, a todos les apretaron las chachas. 

AAl principio la policía señaló que estaban retenidos, y como  una media hora después les colocaron un rótulo en el pecho con su nombre y los delitos por los que les acusan.

 

Policías les niegan accedo a abogado

 

Pasadas unas tres horas de la detención y los detenidos Alejandro Carbajal. Ariel Salinas y Selvin Milla, no contaban con un abogado pues los agentes en la Policía Metropolitana Número 1 se tiran la pelota y adujeron que debían recibir órdenes de sus superiores.

 

Los policías les violentaron  el derecho a la defensa de los tres jóvenes a quienes se les está tratando en desigualdad ante la Ley.

 

Mientras al acusador, que es el cónyuge de Elsia Paz, según dijeron unos agentes, se le dieron todas las facilidades para que los acudara de ribo, daños y lesiones.

Tal como sucede siempre en las detenciones de defensores de derechos humanos, la DPI y la fiscalia actúan a paso de tortuga, por lo que se teme que permanezcan sin ser llevados ante un juez hasta ya tarde del sábado

Gobierno “normaliza” repunte de violencia en Honduras

• 03/02/2020

Ya se reportan dos masacres en lo que va del año 2020. El Secretario de Defensa, General en condición de retiro Fredy Díaz Zelaya, admitió el repunte de la violencia en enero, el primer mes del año 2020 entre las que se contabilizan dos masacres.
La revista estadounidense especializada en criminología Insight Crime presentó su balance sobre los homicidios durante el año 2009 u ubicó a Honduras en el tercer lugar con 41.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. El primer lugar se lo asignó a Venezuela donde se registran 60.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido de Jamaica con 47.4.
Díaz Zelaya reconoció que los homicidios han incrementado en los últimos meses pero normalizó esa realidad argumentando que “continúan trabajando” en una estrategia para reducir los índices de violencia.
“Seguimos trabajando, estos datos reflejan las verdad y lo que pasa en Honduras pero seguimos trabajando en todo este tema para tener una Honduras más segura” manifestó Díaz Zelaya.
El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras detalla, en su informe, que en 10 años, de 2010 y 2019, se registraron en el país 988 homicidios múltiples o masacres dejando un saldo de 3,629 víctimas mortales.

ASESINATO DE DIRIGENTES POLÍTICOS TOCA LA PUERTA DEL PARTIDO NACIONAL

Por defensores -

8 febrero, 2020

Es un delito dar muerte a otra persona en circunstancias que impliquen alevosía, planificación, un precio, recompensa o promesa, y ejecutarlo con saña para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Y si la víctima tiene un cargo, una visibilidad pública de beligerancia u otra condición relevante, eso convierte este delito en un crimen político.
En los últimos seis días el Partido Nacional, en el gobierno desde 2010 hasta la fecha, sufre el dolor interno de perder a cuatro importantes activistas de base en las colonias periféricas de Tegucigalpa, la Capital, en las circunstancias arriba descritas: asesinados en forma violenta o tiroteados de modo alevoso.
Las víctimas tenían nombres y apellidos. Oscar Obdulio Licona, líder del cañón azul de Comayagüela, asesinado el 30 de enero. El 4 de febrero, encima de la fiesta chafarótica de la virgen de Suyapa, fueron asesinados Dagoberto Villalta en la colonia Obrera y Marcial Martínez, en la colonia Villanueva. Y ayer viernes 7 de febrero, hirieron de muerte a Melvin Josué Oyuela Aguilera, líder de las colonias Monte de los Olivos, nueva Australia y nueva Jerusalém, quien aún sufre en estos momentos.
Las víctimas participaban de la melée interna del gobierno azul y eran militantes de los movimientos presidencialistas del alcalde Asfura, del presidente del Congreso Mauricio Oliva, del ministro de Desarrollo Social Reynaldo Sánchez y del vicepresidente Ricardo Álvarez. Murieron a manos de hombres armados con pistolas automáticas, quienes se desplazaban en motocicletas.
Las cuatro víctimas hasta ahora eran de esos hombres leales a su partido, que reciben y transmiten indicaciones, líneas verticales y órdenes de la dictadura, para hacer funcionar una maquinaria que no solamente controla información, recursos y poder en los barrios y colonias, sino que además coordinan con las instituciones del Estado asaltadas por el crimen organizado. Sus familias recibieron mensajes de condolencia de toda la estructura del régimen y promesas de castigo a los responsables.
El resto de la población hondureña, que observa críticamente esta situación, que sufre un promedio de 10 asesinatos de personas por día, está intrigada además por las primeras tres reacciones de altos cargos del régimen nacionalista.
La primera reacción fue de Mercedes Saravia, una dirigente ruidosa del Partido Nacional, próxima a la cúpula, quien exigió a la policía que dirija sus investigaciones hacia los líderes del partido Libertad y Refundación (Libre).
«Mel Zelaya financia este tipo de acciones a través de organizaciones internacionales y nosotros sabemos que ellos están causando estos daños en nuestro país a través de las maras», acusó Saravia.
Por su parte el líder de la manada, como se autodefine Juan Orlando Hernández, anunció serias consecuencias para los responsables de los crímenes, y casi de inmediato fueron arrestados cuatro jóvenes integrantes de la Mara Salvatrucha, MS13.
En contraste total el vicepresidente de Honduras, Ricardo Álvarez, escribió en su twitter que los crímenes contra Obdulio, Dagoberto, Marcial y Melvin no son el producto de acciones aisladas dentro del contexto de violencia generalizada que sufre Honduras desde 2009.
“Ellos eran mis amigos y sus muertes no son fruto de la casualidad, son producto de un plan preconcebido, y si las autoridades en las que hemos invertido tanto no resuelven sus casos, entonces no resolverán nada”. Eso dijo.
En el caso de Obdulio Licona, la propia víctima había publicado en sus redes sociales a finales de diciembre que si algo ocurría contra su vida era responsabilidad de personas pertenecientes a su propio Partido Nacional. Y las menciona con nombres y apellidos, y le pide cuentas al dirigente Mario Pineda.
Entre todo, es imposible no escuchar eso que dijo Ricardo Álvarez. Asusta la capacidad de muerte de un plan preconcebido dentro de un partido que controla los tres poderes del estado, las iglesias católicas y evangélicas, los medios tradicionales de comunicación, el ejército, la policía y los carteles del crimen organizado. Todo.
¿Un plan preconcebido por quién y para qué? No lo sabremos, porque Ricardo Álvarez será obligado inmediatamente al silencio, él está con la soga en la garganta. Un paso en falso que de su propio partido lo ahorca. Es vulnerable absolutamente.
Entonces, en momentos cuando el sostén de la dictadura hondureña, Donald Trump, viene de evadir un juicio político con los poderes republicanos, no dudamos que localmente la estructura millonaria del Partido Nacional llegará a un pacto interno para detener su propio desangre de cara a las nuevas elecciones “estilo Honduras” que están en curso. O inventará una desviación de la atención pública con hechos peores, como hemos visto en el transcurso de estos años. Es posible, porque su estrategia es una sola: seguir entregando el país a los buitres.
Todas las señales que observamos indican que, lejos de importarse por el examen universal de los derechos humanos previsto en mayo en Ginebra, el régimen hondureño avanza a la continuidad de un modelo corrupto, violento y depredador de los derechos humanos. Y de los bienes naturales.
El hecho de haber ignorado los 23 asesinatos políticos documentados por la ONU entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, es una señal del régimen de Hernández que no le importa la vida de nadie, ni de las personas en resistencia a su régimen ilegítimo ni la vida de sus propios correligionarios que sucumben en la base a las aspiraciones perversas de las élites.
En consecuencia, antes de sufrir aún más la agudización del crimen político, que destruye comunidades, organizaciones, partidos políticos y naciones, aprovechamos esta noche para hacer un llamado a permanecer alertas, siempre alertas, porque con dinero sucio y con estructuras armadas, los psicópatas con poder son capaces de cualquier cosa.
No permitamos que las ambiciones de poder por el poder mismo lleven permanentemente a Honduras por el camino del encierro, destierro, entierro. No. Nunca más.
Buenas noches!

La CIDH conocerá sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras

Por defensores -

4 febrero, 2020

Tegucigalpa.- Organizaciones de derechos humanos de Honduras asistirán este 5 de marzo al 175 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará del 2 al 8 de marzo de 2020 en Puerto Príncipe, Haití.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya hizo público el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del 175 Periodo de Sesiones, y a las organizaciones de Honduras, junto al Estado, les toca el 5 de marzo, y será en el Hotel Karibe.
La delegación de las organizaciones de derechos humanos que han solicitado la audiencia expondrán ante los Comisionados de la CIDH las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras.
Las organizaciones participantes por Honduras son Caritas Diócesis de San Pedro Sula, Acción Ecuménica por los Derechos humanos, APUDIME, Coalición Contra la Impunidad, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Estado de Honduras.
En el último mes del año anterior, la situación en los Centros Penales del país se volvió crítica y espeluznante, donde al interior de cuatro cárceles se registraron igual número de masacres, dejando como saldo a 49 privados de libertad asesinados.
La primera se dio el martes 3 de diciembre durante un amotinamiento en el centro de menores Renacer, ubicados en Tamara, Francisco Morazán, dejando cuatro muertos; once días después se da la segunda en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso, cinco miembros de la mara MS-13 fueron asesinados a balazos.
Ante estos hechos y con el fin de dar el control de las cárceles el Gobierno tomó la decisión de darle el mando a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), encabezada por militares y policías.
Pero seis días después de estar las cárceles bajo el control de Fusina, se registra la tercera masacre al interior del Centro Penal de Tela, donde dejó como saldo a 21 privados de libertad asesinado; y dos días después se da otra masacre al interior de otra cárcel, esta vez en La del El Porvenir, Francisco Morazán, donde fallecieron 19 privado de libertad.
En un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), dijo observar “con alarma la violencia dentro de los centros penitenciarios” e instó al Estado “a garantizar la vida y respeto de los derechos humanos a los privados de libertad y proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente”.
Las cárceles, dejaron otras tragedias más graves en la historia de Honduras, como la muerte en un incendio de 362 presos en febrero del 2012 en la Granja de Comayagua. En otro incendio en el penal de San Pedro Sula murieron 107 internos en abril de 2014 y, antes, en junio de 2008 fueron 68 los que perecieron en otro fuego en la Granja de El Porvenir, en La Ceiba, Atlántida.
Después del proceso electoral de noviembre de 2017, donde se desató una serie de protestas en el país, centenares de protestantes fueron criminalizados y varios encarcelados, convirtiéndose así en presos políticos.
Este año 13 de ellos van a juicio oral y público, donde se espera que la justicia sea independiente y los deje libre de responsabilidad penal.
En un comunicado, la CIDH agradece al Estado haitiano la invitación a sesionar en ese país.
Los períodos de sesiones fuera de la sede amplían la presencia pública de la Comisión en la región, constituyen un importante acercamiento a las víctimas y a los pueblos para los cuales trabaja; y permiten una democratización del acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, señala la CIDH en su comunicado.
Todas las audiencias serán públicas y los interesados podrán asistir libremente a las mismas.

Berta Oliva: UMVIBA deficiente para investigar y eficiente para perfilar

Por defensores -

10 febrero, 2020

Oficina de la UMVIBA, Tocoa, Colón

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Colón, Honduras.- En una reciente visita de procuradoras y procuradores de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), a la oficina de la Unidad de Muertes Violentas en el Bajo Aguán (UMVIBA), para solicitar información sobre el caso de las víctimas de “El Tumbador”, se les atendió a medias, remitiéndolos a la Dirección de Fiscalías en Tegucigalpa.

El 15 de noviembre del 2010, la finca “El Tumbador” ubicada en el área donde funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), fueron asesinados cinco campesinos de la comunidad “Guadalupe Carney”, Trujillo, Colón, en un terreno ocupado por militares y guardias de seguridad privada del terrateniente Miguel Facussé (fallecido en 2015), dejando además víctimas sobrevivientes, viudas y huérfanos, sin que, hasta el momento se haya hecho justicia.

Con fecha de 31 de enero de 2020, se remitió por escrito a la fiscal jefe de la UMVIBA, Suyapa Rivera Palacios, una solicitud de información firmada por Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización que representa legalmente a las víctimas de El Tumbador y les brinda  acompañamiento sicosocial, pues las heridas emocionales no cicatrizan en medio de la impunidad.

Tras esperar varios minutos en la calle frente a la oficina del Ministerio Público, a una temperatura de 35 grados centígrados, el guardia de seguridad fue a preguntar si se les permitía el ingreso, y notificó que sería el fiscal auxiliar Carlos Manuel Barahona quien los recibiría.

Barahona excusó a su jefa, diciendo que estaba en otra reunión, y al informarle el motivo de estar allí y de dejar una nota, el abogado salió en varias ocasiones de la oficina y volvía con respuestas o excusas para no recibir la nota, tras consultar con Rivera, quien no se dejó ver.

Mientras que afuera, un guardia de seguridad fue a tomar foto de la placa vehicular que transportaba  a los defensores y defensoras de derechos humanos.

Precisa analizar actuación de la UMVIBA   

Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH

Con respecto a esta situación, Berta Oliva, considera que la experiencia que se ha tenido con empleados de la UMVIBA merece un análisis porque cada vez se ponen más rigurosos y menos eficientes para atender la demanda de defensores y organizaciones de derechos humanos, pero fundamentalmente de las víctimas.

Es impresionante la inacción y parálisis en la que ha caído la UMVIBA, que es una unidad especial creada en el marco del conflicto agrario en la costa norte del país durante la última década, que ha dejado más de 150 víctimas mortales.

La comisión del COFADEH que recientemente se trasladó desde Tegucigalpa hasta Colón, fue por varias razones; entre ellas, que hay varios casos que nosotras representamos y de los cuales no se ha dado ninguna respuesta en demanda de justicia, detalló Oliva.

La reacción de la unidad fiscal fue de sorpresa y no supieron qué responder a la solicitud de información. Cabe señalar que el fiscal Barahona expresó que por el paso del tiempo se vuelve más compleja la investigación, al referir que la masacre de “El Tumbador” fue hace 9 años.

“Ese argumento es ridículo, porque las mismas autoridades participaron en la masacre contra campesinos que ligaban por tener un pedazo de tierra. El crimen fue conocido públicamente, y desde ese momento el COFADEH, población y organismos nacionales e internacionales exigieron investigación y justicia”. Berta Oliva, defensora de DDHH

El negarse a decir que no hay pruebas suficientes, solo afirma que los entes de investigación del Estado son parte del problema y el Ministerio Público les hace comparsa.

Agregó que, la renuencia de parte de los empleados del Ministerio Público ante nuestro derecho a la verdad y petición de información, evidencia el desplome del sistema de justicia en Honduras.

Cuando creen que los puede comprometer recibir una nota  y tardarse más de 20 minutos para recepcionarla, pero antes consultar, nos muestra que estamos ante un sistema decadente en materia de justicia; pero sí son eficientes para dejar registrado el tipo de vehículo en que se transportan los defensores de derechos humanos y aún más, tomarle fotografía a la placa vehicular y anotar el nombre de las personas creando una zozobra como si fueran delincuentes.

Estamos ante un sistema inquisitivo que lejos de sentirse que va a una entidad del Estado para ejercer una acción legal en representación de las víctimas, lo que hagan de inmediato sea perfilar a quienes andan procurando justicia, declaró la defensora.

Es necesario evidenciar este tipo de abusos porque si están negando hacer acciones legales dentro del marco de la legalidad del derecho, pero cualquiera se molesta que estén registrando, anotando y negando ejercer su deber y nombramiento en ese lugar.

Oliva considera que, el hecho que las remitan hacer una solicitud al Ministerio Público en Tegucigalpa –estando en la oficina correspondiente- no es más que la concentración y consolidación de a poco desde los espacios abiertos para ejercer la dictadura.

El COFADEH denunció que no es la primera vez que agentes del Estado registran con fotografías las placas vehiculares en los que se moviliza su equipo de procuración de derechos humanos en diferentes regiones del país y de manera simultánea. En ese aspecto si se muestran diligentes quienes nos perfilan, pero no dan respuesta a nuestras solicitudes.

Nosotras siempre vamos de frete, afirmó la defensa,  nunca hemos hecho  nada a escondidas, por lo que, con nosotras pierden su tiempo y vamos a seguir haciendo acciones en favor de los familiares y víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Cuestionan "Ley Nájera" por violentar derechos ancestrales de los pueblos indígenas

Wednesday, 05 February 2020 15:54 Written by  Heidy Dávila Published in Contexto  - PASOS DE ANIMAL GRANDE

En un foro representantes de organizaciones que aglutinan diversas comunidades detallaron cuáles pueden ser las consecuencias del anteproyecto denominado “Ley Nájera”, en las zonas que ya están siendo afectadas por empresas transnacionales apoyadas por el gobierno.

El descontento de las comunidades que se sienten forzados a aceptar regulaciones sobre las decisiones de permitir proyectos en sus comunidades mediante la Ley de Consulta Previa a Informada, de la cual se ha presentado en el Congreso Nacional un anteproyecto por el diputado Oscar Nájera, de allí que se llame “Ley Nájera”.
En el foro estaba Berta Zúniga Cáceres, por el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), Félix Valentín, por la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), miembros del observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, junto a la abogada Naama Ávila y Rony Castillo.
Según expresaron los panelistas las comunidades no están de acuerdo con la creación de leyes que obstaculicen las decisiones de los pueblos. Desde el 2015 se han creado tres propuestas que hasta la actualidad ninguna toma en consideración la opinión de las comunidades.
Félix Valentín, expresó que “os pueblos garífunas estamos primero, antes de que se estableciera la Constitución de la República y los tres poderes, antes que los jueces, los fiscales… no nos pueden decir que somos afrodescendientes porque nosotros estamos aquí desde antes y somos garífunas de Honduras”.
El representante de OFRANEH al igual que los demás panelistas relataron en sus intervenciones cómo en reiteradas ocasiones ciertos funcionarios y autoridades han creado una brecha rechazándolos como hondureños por su raza, incumpliendo los acuerdos y convenios internacionales que el Estado ha firmado.
La lucha contra el racismo y la protección de los pueblos con sus tradiciones ancestrales son lo que los gobiernos no cumplen, al contrario solo perjudican, aunque se ha podido vencer algunos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), dijo Rony Castillo.
Según Castillo si una Ley no establece consentimiento, no es una consulta, es una socialización, “no puede salir del Congreso Nacional esa iniciativa porque ellos tienen otros intereses ajenos al desarrollo de los pueblos”.
Según coincidieron los expositores, el problema con las propuestas de la Ley es que cambian los artículos pero dejando de lado al pueblo como una “parte más”, sin derecho a objetar sobre la consulta minimizan quiénes son los afectados directos, por eso se reúnen con los funcionarios porque les resulta más fácil chantajearlos.
La abogada Naama Ávila expresó que los políticos hoy en día se están especializando en crearnos bombas de tiempo “y cada vez que caminamos son minas, hoy explota una aquí mañana otra allá, este tipo de leyes que aprueban tienen consecuencias y ellos no se dan cuenta de las repercusiones que causan en la sociedad”.
En las observaciones agregaron que no son leyes culturalmente adecuadas, que principalmente no son hechas con “buena fe”, por lo cual no hay confianza y si no hay eso la Ley no sirve, agregó la abogada.
En las conclusiones finales argumentaron que esta Ley viene a regular y forzar más a las comunidades que si no lograsen ponerse de acuerdo en aprobar o no un proyecto, otros autores decidirán por ellos, y en caso de que no se presenten a una consulta, el presidente podría tomar la decisión final, que en el contexto de Honduras puede marcar un grave futuro en los recursos naturales.

Declaran sin lugar querella contra el padre Florentino Hernández

Por defensores -

6 febrero, 2020

Choluteca, Choluteca.- Tribunal de Justicia de Choluteca declaró inadmisible la querella presentada por la Diócesis de ese departamento en contra del sacerdote Florentino Hernández de la parroquia Cristo de Esquipulas de El Triunfo, Choluteca.
La Diócesis de Choluteca, representada por Monseñor Guido Charbonneau, querelló al padre Florentino Hernández por los delitos de Usurpación sobre bienes inmuebles y apropiación Indebida, ya que fue removido del cargo de la parroquia de El Triunfo, pero debido al trabajo social de concienciación en las comunidades contra las minerías no ha acatado la decisión de ser trasladado a otro lugar, decisión que es apoyada por la feligresía de la Parroquia Cristo de Esquipulas.

A finales de enero pasado el padre Florentino Hernández fue citado a los Tribunales de Justicia de Choluteca a una audiencia de conciliación, pero la defensa haciendo uso de un recurso de nulidad, la que tuvo como fundamento de que los órganos judiciales del Estado de Honduras no tienen competencia para conocer asuntos internos de la iglesia, por lo que fue suspendida y traslada para el miércoles 5 de febrero, donde los jueces emitirían la resolución.
Con el acompañamiento de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, así como un buen grupo de feligreses de la parroquia Cristo de Esquipulas, el sacerdote Florentino Hernández llegó a la hora indicada a los Tribunales de Justicia de Choluteca para escuchar la resolución de los jueces, sobre el escrito presentado por su defensa, donde argumentaban que era un asunto que debía ser tratado por el fuero canónico y no por lo penal.
“Los jueces decretaron una nulidad del proceso y emiten una resolución donde se establece inadmisible la querella, eso significa que se cierra el proceso y la parte acusadora puede presentar un recurso de apelación”, declaró el abogado Edy Tabora, de la defensa del sacerdote Florentino Hernández.
Indicó que como debió ser siempre ahora es la Iglesia que tendrá que solucionar el conflicto “y creemos que ese es un tema muy importante donde creemos que la libertad religiosa debe garantizarse y como parte de esa garantía el estado no debería de meterse en asuntos de la iglesia”.
Agregó que esta resolución es importante porque como antecedente es el primer caso que se lleva y no se le debía dar cabida y así fue como sucedió.
El apoderado legal sostuvo que seguirán con el proceso y la defensa del sacerdote Florentino Hernández sabiendo que dentro de la Iglesia católica los procesos son inquisidores , pero dentro de la justicia penal que era nuestra propuesta ya no se ha cerrado el caso.

En cortas declaraciones con los medios de comunicación que llegaron a los Tribunales de Justicia para darle cobertura, porque el caso ha tenido una connotación nacional e internacional, el padre Florentino Hernández declaró que estamos en un camino más justo y la justicia la conquistamos con actos buenos y demostrar que podemos aportar nosotros aun en las diferencias apoyo y fidelidad a la razón.
Consultado sobre qué espera de las autoridades eclesiástica, el cura de la parroquia del Cristo de Esquipulas expresó que “ellos sabrá como ungidos de Dios y creo que todos podemos construir un mundo, cada vez que sea necesario, podemos comenzar porque Dios está con nosotros”.
Finalmente indicó que estamos con el pueblo de El Triunfo.
El padre Florentino tiene 17 años de servicio sacerdotal, de los cuales diez ha permanecido en la parroquia Cristo de Esquipulas de El Triunfo, se ha involucrado con el trabajo social en las comunidades, haciéndoles conciencia sobre la importancia de los recursos ambientales, para evitar que proyectos extractivistas se instalen en la zona.
A raíz de ese trabajo con las comunidades es que el sacerdote ha enfrentado la persecución de grupos políticos, económicos y de la cúpula de la Iglesia, que ven como una amenaza el trabajado pastoral que realiza con las comunidades, que se oponen a proyectos mineros.

Migrantes arriesgan sus vidas huyendo de la miseria y la violencia

• 27/01/2020

La travesía de hombres y mujeres que arriesgan sus vidas en condiciones precarias caminando a la intemperie desde Honduras, en un intento desesperado por llegar a Estados Unidos, quedó nuevamente retratado en la primera caravana de migrantes del 2020 que salió de San Pedro Sula, el pasado 15 de enero.
La migración masiva demuestra una vez más que existe un Estado, incapaz de suministrar los servicios básicos a su población. A juzgar por los desgarradores testimonios de la caravana. La mayoría de las personas indicaron que la extrema pobreza, el desempleo, los altos niveles inseguridad y la corrupción, son las causas que los empujan a salir huyendo de su propia tierra.
Este éxodo masivo se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias en Honduras, y tiene como responsables a la estructura empresarial y política que ha gobernado al país en los últimos 38 años. Las más de 4 mil personas de la primera caravana de 2020 fueron víctimas del desprecio y criminalización de su “propio gobierno” encabezado por Juan Orlando Hernández, quien por tercera vez acusó a la “oposición política” y al crimen organizado de ser los convocantes para provocar “ingobernabilidad” en el país.
“Quieren imponer como verdad sus farsas utilizando sus medios de comunicación. Pero, las razones de nuestra migración tienen raíces profundas”, indicó una integrante de la caravana. Cada día, menores y sus familias dejan sus hogares y sus comunidades para embarcarse en una peligrosa travesía hacia el norte. La decisión de marcharse suele ser dolorosa y estar motivada por una interacción de factores, como la pobreza absoluta, la amenaza constante de la violencia, una gran escasez de oportunidades educativas para los niños y un profundo deseo de reunirse con familiares que ya han migrado.
Acuerdos entre EEUU y México
El presidente estadounidense Donald Trump, en junio del año 2019, llegó a un acuerdo con su homólogo Andrés Manuel López Obrador de México, para detener el flujo de migrantes, después de amenazar a ese país con imponer aranceles elevados sobre los productos mexicanos. En ese sentido el gobierno Azteca, aceptó tomar medidas para frenar la migración irregular, incluido el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México-Guatemala.
En este aspecto la caravana también se vio obligada a desafiar las políticas antinmigrantes del presidente estadounidense Donald Trump. Al mismo tiempo que le hicieron frente al desalmado presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien sigue al pie de la letra las líneas de Trump, tanto en pensamiento como en acción.
De esta manera, el nuevo muro estadounidense se extendió hasta la frontera sur del azteca, con la diferencia que en este sector es un muro de hombres con uniformes, armas, escudos antimotines, gas lacrimógeno y toletes. Le llaman la Guardia Nacional, compuesta por los cuerpos militares de la Marina, Naval y Militar.
“Lastimosamente Obrador se ha vuelto racista contra nosotros los migrantes. Se le olvida que el pueblo mejicano, sale de la misma manera hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Él pide respeto por sus migrantes, pero, a nosotros nos trata como delincuentes o como si fuéramos una amenaza para la seguridad de México. Nos ha lanzado al Ejército que está entrenado para la guerra. Sin embargo, aquí se ha encontrado con indefensos migrantes, que en su mayoría somos mujeres, jóvenes y niños”, manifestó una integrante de la caravana después de ser reprimida por la Guardia Nacional.
A reglón seguido dijo que, las caravanas son organizadas por el hambre y la desesperación de salvar vidas que huyen de grupos criminales en Honduras. Nadie las financia. Simplemente se hace una convocatoria por las redes sociales y las personas e incluso familias enteras se adhieren a la misma. En las caravanas lo que busca uno es protección, porque de manera solitaria viajamos por rutas peligrosas, donde nos exponemos a violaciones sexuales, asaltos, secuestros, extorsiones o a que nos maten. Con las caravanas nos protegemos en grupo de todo esto”, indicó.
La primera Caravana de Migrantes Hondureños del 2020, salió la madrugada del 15 de enero de la Gran Terminal Metropolitana de San Pedro Sula, al norte de Honduras. “En casa no hay nada para comer. Tengo 6 meses buscando trabajo y no he encontrado, la situación cada vez era más difícil. Solo nos queda la última opción; salir del país en caravana y probar suerte”, dijo una joven madre quien inició el duro camino con sus tres hijos menores de 10 años.
La ruta es difícil y cansada. La caravana se dividió en varios grupos que iban a ratos caminando y a ratos en camiones, rastras, volquetas, etc. Después de tres días de caminar bajo el ardiente sol, comer y dormir a medias, por fin el viernes 17 de enero llegaron a Tecún Umán, Guatemala, ciudad fronteriza con México. Unos 600 lograron entrar a la Casa del Migrante, otros se agruparon en un albergue improvisado en patio de una iglesia, mientras el resto trataba de descansar en los parques y áreas verdes.
Engaña del Gobierno mexicano
El sábado 18 de enero la caravana comenzó a reagruparse a tempranas horas de la mañana en el puente sobre el río fronterizo Suchiate, y llegaron hasta la línea que da acceso a México, por ciudad Hidalgo, en el sureño estado de Chiapas. Allí había un primer anillo compuesto por agentes de migración y un segundo anillo integrado por unos 400 agentes de la Guardia Nacional. Una pequeña comisión pidió que abrieran el paso y otorgaran un permiso oficial para cruzar territorio mexicano hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, integrantes del Instituto Nacional de Migración, no cedieron y cerraron el paso con un enorme portón de hierro.
A renglón seguido pidieron que fueran ingresando en grupos de 20 para analizar los casos y otorgar un posible permiso migratorio. Las personas que accedieron fue en promedio 400, pero la mayoría fueron deportadas el día siguiente a Honduras, sólo un pequeño grupo continúa en los centros de detención esperando un posible refugio.  La mayoría se sintió engañada.
Para el día lunes 20 enero hicieron otro intento, a las 6 am entregaron una nota escrita a mano dirigida a López Obrador, en síntesis, pedían el permiso para ingresar a México y seguir la ruta migratoria. A las 10:20 am recibieron la respuesta y fue totalmente negativa a su petición. Luego de la respuesta, a la 11:30 de la mañana caravana decidió cruzar el río Suchiate. La corriente del afluente tiene poca agua lo que permitió que los migrantes cruzaran caminando sin mucho riesgo. Pero en la otra orilla había un gran muro integrado por la Guardia Nacional, que al final impidió que la población migrante entrara a ciudad Hidalgo, ya en territorio mexicano. Para lograrlo utilizaron gas pimienta, toletazo y piedras. Ese mismo día fueron detenidos un promedio de mil personas.
El martes 21 de enero mientras la caravana se preparaba para iniciar acciones de protesta; hasta los albergues ubicados en Tecún llegaron agentes del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) del Consejo de la Judicatura Federal de México, quienes anunciaron hacer los trámites “para facilitar que las personas cuenten con servicios de representación legal en los procesos administrativos para ser reconocidos como refugiados.
Entre martes y miércoles 22 de enero llenaron hojas de solicitud. Luego el jueves 23 en horas de la madrugada cruzaron el río Suchiate y se dirigían pacíficamente hacia la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados COMAR. Conforme al derecho internacional. Sin embargo, en el camino de Hidalgo a Tapachula la Guardia Nacional, reinicio una fuerte represión logrando la detención de más de mil 200 debilitando la caravana.
“Nos hemos sentido engañados y violentados nuestros derechos por las autoridades mexicanas. Ese no era el trato que estaban esperando.  El presidente López Obrador, prometió 4 mil plazas laborales para nosotros los migrantes, pero, todo fue falso. Lo único que recibimos fue desprecio y garrote.  Hoy regresamos a Honduras a la misma realidad de la que salimos huyendo. Nuestra lucha continuará igual, en cualquier momento tomaremos el camino del norte, hasta que se logre nuestra meta”, indicó Lourdes, quien junto a su esposo viajaron en la caravana procedente de Morazán, Yoro. 
Analistas coinciden que la mejor estrategia para prevenir la migración forzada es invertir en la construcción de un Estado de derecho que tengan como fin la búsqueda del bien común y garanticen y protejan los derechos de la ciudadanía.  Sólo de esta manera se evitará que las personas dejen sus hogares para acceder a oportunidades que se les niegan en su propia patria o para salvaguardar sus vidas y las de sus familias.

CIDH insta a El Salvador, Guatemala, Honduras y México a garantizar los derechos de las personas migrantes

febrero 7, 2020 Redacción 

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los estados de El Salvador, Guatemala, Honduras y al Estado de México a garantizar los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en todas las etapas de su ruta de desplazamiento. La Comisión observa que las nuevas modalidades de movilidad en la región y hacia los Estados Unidos vienen desafiando a los Estados a buscar soluciones para el tratamiento de las personas migrantes y refugiadas en los territorios de origen, de tránsito y de destino de acuerdo con los estándares interamericanos de protección y respeto a los derechos humanos de estas personas.
  En este contexto, la Comisión urge a los Estados a conferir tratamiento apropiado a los flujos masivos de migrantes conocidos como caravanas de personas migrantes y refugiadas provenientes de países de Centro América, como a la reciente caravana que inició su jornada en Honduras, pasando por Guatemala y México con rumbo a los Estados Unidos. La CIDH recuerda a los Estado que se debe brindar el derecho a salir de cualquier territorio, a buscar y recibir asilo, a la no devolución y a las garantías del debido proceso en todos los trámites migratorios y procedimientos de reconocimiento del estatuto de persona refugiada, o evaluación sobre la protección complementaria. Asimismo, recuerda el deber de proporcionar acceso a la asistencia humanitaria, lo que implica también viabilizar y no obstaculizar el acceso de las organizaciones y agencias dedicadas a la asistencia a todos los sitios e instalaciones donde se encuentren personas desplazadas.
                                    De acuerdo con información pública, el 15 de enero de 2020 se conformó una nueva caravana de migrantes en la ciudad hondureña de San Pedro Sula y, luego de haber cruzado el territorio guatemalteco, alcanzó la frontera con México entre el 18 y el 20 enero en el puente fronterizo Rodolfo Robles, en Ciudad Hidalgo. De conformidad con la información suministrada por el Estado de Guatemala, su gobierno articuló esfuerzos para brindar el apoyo y asistencia humanitaria a las personas migrantes en su paso por dicho país. En la actualidad, la caravana estaría compuesta por cerca de 2 mil personas, solicitando ingreso y tránsito en el territorio mexicano. En respuesta a dicha solicitud, el Instituto Nacional de Migración de México publicó el Comunicado No. 004/2020, en el que expresó que no era posible atribuir una calidad migratoria de simple tránsito por el territorio y autorizó el acceso en pequeños grupos, con prioridad para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores o en situación vulnerable, para posibilitar la realización de trámites del registro migratorio. En conferencia de prensa, el Estado también destacó que las personas migrantes contarían con acceso a albergues, atención médica y la posibilidad de quedarse en México. 
  La propuesta del Estado mexicano fue implementada con la entrada de personas al territorio mexicano de manera fraccional, lo que generó largas esperas en la frontera. Con esto, se produjeron episodios preocupantes de uso de la fuerza por la Guardia Nacional ante la insatisfacción de las personas retenidas en el paso fronterizo por horas. Grupos de migrantes se enfrentaron con autoridades migratorias mexicanas, mientras cientos de otras personas, percibiendo la resistencia de los funcionarios migratorios, se lanzaron a cruzar el rio Suchiate, o se internaron por caminos de la zona selvática en la región de frontera. De conformidad con la información recibida, cientos de personas migrantes, la mayoría de nacionalidad hondureña, que lograron acceder al territorio mexicano habrían sido interceptadas por operativos policiales, detenidas en estaciones migratorias o devueltas a su país de origen en vuelos y en autobuses, con apoyo logístico de la Guardia Nacional. Al respecto, es de mencionarse que el Estado mexicano ha mostrado disposición de colaborar con la CIDH, y como muestra de esta voluntad ha accedido a que la CIDH lleve a cabo una visita a las fronteras sur y norte de México, cuya fecha está por confirmarse en los próximos días.
  Dicha situación se suma a otras en la historia reciente de los desplazamientos entre Centro y Norte América, en los cuales la CIDH pudo recurrentemente verificar a través de información recibida de organizaciones que trabajan en el terreno con los derechos y la protección de personas migrantes y refugiadas en la región la existencia de obstáculos al acceso a actividades de asistencia social y legal, especialmente en relación con las personas mantenidas en pasos fronterizos, estaciones migratorias, o esperando fuera del territorio donde sus solicitudes son procesadas. Al largo del año 2019, la Comisión acompañó la situación de las dinámicas migratorias en Centro América, México y Estados Unidos a través visitas, comunicados de prensa (n. 37/2019; n. 228/2019; n. 335/2019), así como en informes temáticos específicos. 
  La CIDH también observa con preocupación que un efecto directo de las políticas migratorias restrictivas y la criminalización de la migración es la multiplicación de los pasos fronterizos informales e inseguros. Estos conducen a una mayor inseguridad y riesgos profundos de violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes. En este contexto, según la información publicada por la Organización Internacional de Migración (OIM), entre enero de 2016 y junio de 2019, alrededor de 256 migrantes perdieron la vida en el intento de cruce del Río Bravo, en la frontera entre México y los Estados Unidos de América.
  La Comisión enfatiza que, aunque los Estados tengan la facultad de decidir y aplicar procedimientos y criterios de acogida y autorización de residencia migratoria, así como los flujos de atención y seguridad en las fronteras, dichas facultades deben seguir en armonía con los estándares vigentes de respeto a los derechos humanos de las personas en situación de movilidad y desplazamiento. Asimismo, recuerda la reciente publicación de los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y Víctimas de la Trata de Personas, como referente para la adopción de prácticas, diseño de normas, protocolos y políticas públicas.  
  En este marco, la CIDH reitera las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, además de los estándares interamericanos en la materia. En particular, la Comisión enfatiza que ninguna persona migrante deberá ser arrestada, detenida o de cualquier forma privada de su libertad en forma arbitraria, y especialmente que, en ninguna hipótesis, se detendrán a niñas, niños o adolescentes migrantes. En tales casos, la CIDH urge a los Estados a garantizar la no detención migratoria y a priorizar los medios de evaluación del interés superior de la niñez, así como de la unidad familiar.
  Asimismo, la Comisión recuerda que el uso de la fuerza en operativos migratorios debe ocurrir únicamente en observancia a los principios de finalidad legítima, absoluta necesidad, proporcionalidad y progresividad. En particular, observa que los Estados deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza como respuesta ante la llegada de movimientos migratorios masivos. En tales contextos, la CIDH resalta también la relevancia de asegurar las garantías del debido proceso legal en todos los trámites, garantizando que las personas interesadas tengan acceso a los procedimientos de protección, a entrevistas personales y a los medios adecuados de preparación para tales procedimientos. La Comisión resalta, con especial preocupación, que se deben garantizar a las organizaciones de derechos humanos, de asistencia a migrantes y personas refugiadas, así como de asistencia humanitaria, pleno acceso a las instalaciones donde sean mantenidas.
  La Comisión reconoce que la migración forzada de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala es uno de los principales desafíos de derechos humanos de la región. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de solicitantes de asilo procedentes de los tres países del triángulo norte de Centro América y de México, sumados, tuvieron un crecimiento, entre 2012 y 2018, de más de 5,000%, y el número de personas a las que ya les fue otorgado el estatuto de refugiado, más que cuádruple. Al respecto, la CIDH acoge con beneplácito la reciente aprobación de la norma para la protección de víctimas de desplazamiento forzado de El Salvador, reconociendo sus esfuerzos para visibilizar y abordar el tema.
  Al respecto, la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, Relatora sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló: “Los movimientos migratorios que asistimos hoy son crecientes y se seguirán incrementando y los Estados deben cumplir su misión institucional con el respeto profundo de los derechos humanos de las personas migrantes y al debido proceso legal en todos los trámites de su interés”. Sobre la presencia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de personas adultas mayores, la Comisionada puntualizó “En el caso de grupos que requieren de protección especial, como las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas adultas mayores, entre otras, los Estados se ven ante el gran desafío de la protección e inclusión de sus derechos con un respeto absoluto al principio de no discriminación”.
  Por su parte, la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH, Relatora sobre los Derechos de la Niñez y Relatora de País para México indicó que “Seguimos observando las nuevas complejidades del desplazamiento y movimientos de migrantes, por lo que implica que los Estados no pueden fallar en el cumplimiento de su responsabilidad de protección, especialmente en cuanto a las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas LGTBI, las personas mayores, entre otras poblaciones”.
  La Comisión insta a los Estados a abstenerse de criminalizar la migración irregular, garantizar el respeto de la integridad y la dignidad de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, a garantizar el derecho a buscar y recibir asilo y a velar por las garantías procedimentales en todos los procesos que pueden llevar a la devolución de personas con demandas de protección internacional a los países y contextos que originaron sus temores o produjeron persecución, traumas u otras vulneraciones de sus derechos.

¡CRISIS NO PARA! HOY SALE NUEVA CARAVANA DE HONDURAS Y LA INDIFERENCIA GOBIERNA

Publicado: 31 Enero 2020

Luego de quince días que se formara la primera caravana de migrantes de 2020, más hondureños han decidido emprender el viaje para huir de la multicrisis del país, al menos 500 personas han llegado desde anoche a la terminal de buses de San Pedro Sula.
Este nuevo éxodo surge en un contexto de total indiferencia de parte de Gobierno, empresarios, políticos y demás sectores sociales, que hasta ahora no han dado alternativas al pueblo para que desista de migrar.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La crisis humanitaria en Honduras acabó con las esperanzas del pueblo, las caravanas migrantes continúan formándose y cada vez son más los hondureños que no ven una “vida mejor” en su tierra. Anoche, se confirmó que en la terminal de buses de San Pedro Sula, norte del país, ya se está formando la segunda caravana de este año.

La noche de este jueves, se contabilizó la llegada de al menos 500 hondureños convencidos que tienen que salir. De acuerdo a la información de los migrantes, tienen previsto salir esta noche rumbo a la frontera con Guatemala.

La convocatoria se difundió nuevamente por redes sociales, informando que cientos de compatriotas tienen previsto partir hoy para sumarse a la primera caravana de unas 5,000 personas que se encuentra varada entre México y Guatemala.

“No nos dejemos vencer, hay que ir para adelante”, reza uno de los mensajes difundidos. Cabe recordar que el pasado 15 de enero, inicialmente unos 3,000 hondureños se reunieron en San Pedro Sula para viajar a Estados Unidos y en el trayecto se fueron sumando más.

Según estimaciones del Gobierno mexicano, al menos 80 mil hondureños permanecen en ese país esperando recibir asilo, mientras que otros 30 mil han pedido el auxilio a los Estados unidos.

Las cifras oficiales exponen que Honduras es el país con mayor presencia de indocumentados en Norteamérica, avalando la crisis humanitaria.

EL SUFRIMIENTO HONDUREÑO EN MÉXICO

Por defensores -

2 febrero, 2020

El mundo entero debe entenderlo de una vez. El pueblo de Honduras está sufriendo una dictadura cínica y perversa, que vende un disfraz de democracia liberal con tres elecciones fraudulentas después del golpe militar, y con instituciones de fachada que aseguran la impunidad de narcos y corruptos. Y aseguran también el llanto de la población.
Esa horrible mascarada produce, después de 10 años continuos de resistencia social y política sin cambios, un ambiente de desesperanza en el porvenir y provoca desde 2019 un éxodo masivo de gente jamás visto en nuestra historia, ni siquiera comparable con el que sufren los países en guerra allá en el medio oriente.
El mundo entero debe entenderlo de una vez: No fue la siembra de minas antipersonales y de bases militares gringas en 1980, ni el huracán Mitch ni el golpe de Estado que provocaron semejante desparpajo humano como esta dictadura criminal que se roba la esperanza.
Primero se fueron los campesinos de oriente y occidente a partir de 1986 por las minas, después se fueron las mujeres y los profesionales en 1990 por la pobreza, luego los niños y niñas sin sus padres en 2016 y 2017 por la tragedia postgolpista, pero desde el 2018 hasta nuestros días se van las familias enteras, ahí van atravesando Guatemala y México hacia el hostil norte racista y fascista, se van por culpa de los narcos y corruptos violentos y criminales que roban su alegría.
En México, otrora colaborativo y humanista, han cambiado las cosas lamentablemente. El paso del río Suchiate hacia el territorio chiapaneco ha mostrado en las últimas semanas la horrible cara de la política xenofóbica de Estados Unidos, que tomó control del gobierno de Manuel López Obrador en el territorio sur de la frontera con Guatemala.
Con marines estadounidenses disfrazados de guardias nacionales ejerciendo la fuerza bruta contra la masa migrante y retenes militares en las carreteras de Chiapas, y además valiéndose de falsas ofertas de permisos de estancia y de empleo, México es el nuevo muro de las caravanas. Allá en Sonora, Chihuahua y Coahuila, en toda la extensa frontera con Estados Unidos, está el otro muro, el de acero y granito, el muro de Trump.
En este doloroso peregrinar internacional del pueblo de Honduras, perseguido y masacrado en su propio territorio y en busca de asilo lejos del Cartel de Lempira, hay un nuevo elemento abusivo. Las autoridades mexicanas bajo presión y chantaje de Washington impiden el contacto de las organizaciones solidarias con los migrantes; es decir, han recurrido a la figura del “secuestro legal” para facilitar la deportación masiva a Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En las últimas dos semanas México ha deportado a más de 2.000 personas en aviones policiales, para no dejar duda que el imperio ve la migración como una amenaza de seguridad nacional y no como un derecho humano. Por eso ha comenzado ayer la segunda caravana de enero, de esos mismos deportados, que se sumarán a la anterior caravana que sigue y a la gran caravana salvadoreña a través de la ruta del diablo, como se conoce a la ruta del pacífico mexicano, a bordo de trenes fabricados para las mercancías y no para los humanos. A bordo de las bestias de acero.
Las siguientes son las palabras de Tania Rénum, de Amnistía Internacional-México: “Estamos hablando de unas señales que dan claros indicios de una política migratoria que irrespeta los derechos humanos y que, adicionalmente, confluye con la política xenófoba del presidente Trump”.
Eso es, exactamente. Y todo coincide: el Gobierno del señor ese afirmó ayer en la capital estadounidense que extenderá su política de “Permanecer en México” a los solicitantes de asilo de origen brasileño, que ahora deberán esperar en México la fecha prevista para sus audiencias de inmigración en tribunales estadounidenses.
La política de “Permanecer en México” se ha aplicado ya a 60.000 solicitantes de asilo, la mayoría hondureños que llegaron en las caravanas de 2019 y que han denunciado haber sido víctimas de violencia mientras permanecen errantes en la frontera.
La organización Médicos sin Fronteras ha documentado que el 80% de las personas que esperan en México la resolución de sus peticiones de asilo, han sufrido ataques de diversa naturaleza contra su integridad física y moral.
Esto es lo que sufre nuestro pueblo, expulsado por un régimen mentiroso que está apresurándose a desmontar todo mecanismo de juzgamiento internacional, con la complicidad de la OEA y la Casa Blanca, que envían esta semana a Ivanka la hija del magnate blanco y al mero títere de Luis Almagro, a chillar a Tegucigalpa. Ellos creen que nos hacen creer sus estupideces.
El propio fiscal Luis Javier Santos lo ha dicho bien claro: la nueva Unidad Fiscal Contra la Corrupción no va a investigar las redes criminales de corrupción, eso no es real; sin presupuesto, con esa nueva ley y sin salarios, luchamos contra la corriente. Y en la misma línea, el líder magisterial de 18 kilates, víctima de secuestro y tortura en octubre 2019 por su lucha popular, Jaime Rodríguez, ha dicho antes de salir de Honduras que «Lo que me pasó no viene de cualquier criminalidad organizada, viene de los únicos que tienen ese tipo de logística, estoy hablando del Estado de Honduras», que administra el cartel de Lempira.
Para qué más? Por qué se va nuestro pueblo? La otra pregunta es cuánto tiempo seguirá esta tragedia? Eso le vamos a preguntar a Ivanka y a Luis Almagro en algunas horas. Y a la Unión Europea también, y al mister Justin Trudó de Canadá.
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 1 de febrero de 2020