La cacería contra jóvenes manifestantes en Choluteca, deja un muerto
Momento en que se retora de la Morgue Judicial el cuerpo de Wilfredo Ramírez foto: Facebook Aci-Participa
Tegucigalpa, Honduras.- Esta madrugada falleció el joven Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada,
de 17 años, a causa de un impacto de bala, cuando la Policía Nacional
reprimió una manifestación contra el régimen de Juan Orlando Hernández,
ayer en Choluteca, al sur del país.
No había empezado la manifestación,
según información recabada por la Red de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos de la zona Sur del país (REDEHSUR), cuando hubo un
apagón de energía eléctrica, y la policía aprovechó para atacar. Otros
manifestantes agregaron que, a Wilfredo le disparó un policía a bordo de
una motocicleta.
Ante esta situación, el Estado hondureño incumple la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,
al no reconocer a los y las manifestantes entre ellos Wilfredo, como
sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas
capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades.
Según organizaciones defensoras de
derechos humanos aglutinadas en el Movimiento Ambientalista Social del
Sur por la Vida (Massvida), la vivienda del menor había sido allanada
por agentes del Estado en el marco de los operativos “Hormigas”.
►Wilfredo era un guerrero,
un luchador y defendía sus derechos y de los demás a través de las
protestas y en las calles, detallaron familiares y conocidos, que esta
tarde lloran su muerte y honran su alma en medio de la consternación.
La persecución contra manifestantes en
Choluteca, auto convocado en el movimiento social “Bastión del Sur”, se
ha expresado mediante detenciones a menores de edad, persecución,
vigilancia y en este caso, la muerte de Ramírez Moncada.
Además hay campañas mediáticas de
desprestigio contra líderes sociales juveniles que los comparan con
“vándalos o criminales”, afirmó Denilson Escalante, de 19 años, defensor
de derechos humanos, víctima directa de estigmatización.
Cabe señalar que, los Estados firmantes
de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, reconocen a
los jóvenes con la extensión expresada en el Pacto Internacional de
Derechos civiles y políticos, el derecho a su libertad y al ejercicio de
la misma, sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan
de ella, prohibiéndose cualquier medida que atente contra la libertad,
integridad y seguridad física y mental.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con la REDEHSUR,
ha documentado denuncias de víctimas menores de edad que por estar en
protestas sociales han sido capturados y llevados a postas policiales,
donde son torturados y obligados a hacer actividades que no les
corresponde, acusándolos de infracciones estipuladas en el Código Penal,
y por ello deben cumplir con medidas sustitutivas a la prisión, como
menores infractores.
Ataques contra menores
Bastion del Sur- realiza protestas los miércoles y sábados
Para defensores de los derechos humanos
de Bastión del Sur, intimidar a los jóvenes tiene como objetivo
inmovilizar a los demás manifestantes, en el caso de los menores
entrevistados, han dejado de ir a las protestas. Compartimos parte de
sus relatos ofrecidos a Defensores en Línea, que por razones de
seguridad omitimos su verdadera identidad.
“Carlos” de 17 años, recién había
participado en la movilización, por lo que iba a tomarse un refresco, en
eso unos policías militares –detalló que se uniformaban de verde- se le
acercaron, lo empezaron a golpear y le decían que era “por andar en
esto”, “por maje”, “Juan Orlando ya está sentado y ustedes siguen aquí”.
Me golpearon, me llevaron a la posta, me agarraron mi identificación y me la tiraron en el pecho. Me golpeaban con el tolete en el pecho, me decían “de aquí no vas a salir, no vas a volver a la libertad”, continuó el relato “Carlos”.
Estuvo detenido unas 16 horas antes de
ir al juzgado. El menor asegura que había más jóvenes detenidos allí.
Entre las medidas que se le aplicaron está la de ir a firmar al juzgado.
Detalló que lo volvieron a detener en una manifestación pacífica del
sector obrero, y le dijeron que era “por andan en las protestas”, estuvo
privado de libertad nuevamente y lo amenazaron con mandarlo a una
cárcel para menores, pero no fue así.
El menor cursa la educación primaria y
se sumó a las manifestaciones para reprochar el alto costo de la energía
eléctrica “mi madre no tiene la capacidad económica para pagar todo, me
han detenido porque camino en las movilizaciones, pero me opongo”,
declaró “Carlos” quien está seguro que la policía lo tiene identificado.
comunicado policial, por el asesianto de Wilfredo Ramírez
También conversamos con “José”, al igual
que Wilfredo y “Carlos” tiene 17 años y se le ha negado el derecho a la
educación, por la situación económica que enfrenta. Entonces debe
trabajar. Sin embargo, el Estado de Honduras no reparara en la violación
al artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde
expresa el derecho de las personas menores de 18 años de edad, a estar protegido contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda entorpecer su educación.
El menor, apartó un poco de su tiempo
para atender a procuradoras de derechos humanos del COFADEH y REDEHSUR, y
nos dijo que parte de su vida al acompañamiento de acciones sociales en
exigencia de respeto a los derechos humanos.
Tras el fraude electoral que impuso en
el poder a Juan Orlando Hernández, el menor que aún no ejerce el
sufragio, se unió a las movilizaciones que se apoderan de las calles
sureñas todos los miércoles y sábado, pero al finalizar una de ellas,
fue arrestado por la policía.
Yo andaba en las movilizaciones “para
sacar a Juan Orlando” dos policías con uniforme celeste me llevaron en
una motorizada y me dijeron que no me tirara. Eran como las siete de la
noche, me pidieron datos personales y de mi familia. Después pidieron
datos a otro cipote que estaba allí (posta).
El relato del menor, está lleno de
frases homofóbicas e intimidatorias emitidas por los policías. Al día
siguiente nos pusieron a barrer allí, y nos decían: “güirritos culeros” “las niñas que les van ir a servir a los 18” “que los van a llevar a jalteba”, sentía nervios.
Me llevaron a audiencia, y la jueza me dejó firmando y avisarían para
otra audiencia, al momento de la entrevista seguía con medidas
sustitutivas a la prisión.
Cuando la familia se dio cuenta del
paradero de “José”, el menor de 17 años estaba preso, había sido
detenido por la policía cuando andaba en una manifestación social en
Choluteca, declaró su madre, quien estaba en el trabajo.
Cuando se reencontró con el jovencito
únicamente le dijo “que barbaridad José, me dejaste preocupada, pero vas
a salir de aquí”. Afirmó que la policía no lo golpeó “sólo lo metieron a
un charco, lo montaron a una motorizada y lo llevaron. El día que lo
agarraron a él, agarraron a tres más, no sé qué pasó con ellos, declaró
la señora.
Reporte de la autopsia hecha al cuerpo de Wlfredo Ramírez Moncada
El Paraíso, 11 de abril del 2019
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Ayer en horas de la noche policías y civiles llegaron al grupo campesino 5 de abril, ubicada en Lepaguare, San Pedro de Tutule, La Paz, y dispararon en contra de los campesinos que se encontraban en el lugar.
Según el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Sebastián Reyes, “al ver la situación los campesinos tuvieron que salir huyendo del lugar, sin rumbo, provocando heridas en varios de los campesinos ya que por miedo a ser asesinados no se percataron de los obstáculos del camino y algunos compañeros se perdieron y era la. 1:00 de la madrugada y los estábamos localizando por teléfono para poder ir a recogerlos”.
Sebastián Reyes, en comunicación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), señaló que le llegó información de un supuesto desalojo que se estaría ejecutando en las próximas horas.
“Tengo información que ahorita en La Paz, están armando un contingente de policías y militares para ir a desalojar a los campesinos que se encuentran en la recuperación de la tierra”, indicó.
Asimismo denunció que lo que le pueda pasar al grupo campesino 5 de abril “es responsabilidad de Iván Fiallos, ex diputado por el departamento de La Paz, supuesto dueño de las tierras”.
El Secretario de la CNTC informó que también al grupo campesino Nueva Alianza 9 de Marzo, ubicado en Concepción de Soluteca en la comunidad del Terrero, en La Paz, ayer domingo a eso de la 1: 00 de la tarde personas armadas llegaron y con gasolina les quemaron sus casas.
Relató que “José Erminio Ortiz, que no es el dueño de las tierras, llegó con tres personas que andaban cubierto su rostro y les apuntaron con sus escopetas, causando temor a los campesinos que tuvieron que huir del lugar con rumbo desconocido”.
“Hasta el momento hay una persona que no ha aparecido y se espera que en el transcurso del día se comunique con nosotros para saber que está bien”, señaló Reyes.
“Cuando la
policía ataca a los manifestantes también afecta a la población en
general, la amenaza contra mi hijo también es contra mí, porque yo soy
responsable de él, va a firmar los viernes y estamos pendientes que
cumpla”, madre de menor criminalizado
Estos son algunos de los relatos de
menores de edad que son víctimas de los ataques de policías y militares
en la misma ciudad y circunstancia de protesta social, donde ayer
Wilfredo Ramírez Moncada fue alcanzado por una bala policial, y esta
madrugada murió en el Hospital Escuela.
Mientras la Policía Nacional emitió un
comunicado expresando que investigará los hechos, la autopsia de la
Morgue Judicial del Ministerio Público número 829, expresa “con un
sello” que las causas de la muerte de Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada
está “EN ESTUDIO”.
Red de El Paraíso denuncia represión y muerte contra manifestantes en Choluteca
Nosotras y nosotros miembros de la Red
de Comunicadores – comunicadoras sociales; y defensores-defensoras de
Derechos Humanos del departamento de El Paraíso, nos pronunciamos ante
las fuerzas represivas hondureñas, ya que el día de ayer miércoles 10 de
abril del año 2019, le causaron la muerte por un impacto de bala en la
cabeza al menor de edad, Wilfredo de Jesús Ramírez Moncada, en la ciudad
de Choluteca, cuando protestaba en contra del gobierno ilegal e
ilegítimo en este país.
Como defensores de DERECHOS HUMANOS
exigimos al régimen de Juan Orlando Hernández, que cese de la violencia y
asesinatos contra nuestros compatriotas.
La muerte del menor Wilfredo Ramírez
Moncada, de 17 años, no debe quedar solo “en estudio” por lo el
Ministerio Público debe actuar para que se esclarezcan los hechos, que
hoy deja a una familia de luto.
¿Cuál es la seguridad que dice brindar a
su pueblo? Si cada día hay masacres por todos lados, los femicidios a
la orden del día ¡Por favor no más violencia contra los hondureños y
hondureñas… no más!
A los organismos defensores de DERECHOS
HUMANOS a nivel nacional e internacional, les pedimos por favor,
ponerse en ALERTA observando de cerca las grandes violaciones a los
DERECHOS HUMANOS en Honduras por el régimen Orlandista.
Basta ya…El Paraíso, 11 de abril del 2019
Nuevo ataque a campesinos de La Paz que se encuentran en recuperación de tierras
Tegucigalpa.- Ayer en horas de la noche policías y civiles llegaron al grupo campesino 5 de abril, ubicada en Lepaguare, San Pedro de Tutule, La Paz, y dispararon en contra de los campesinos que se encontraban en el lugar.
Según el secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Sebastián Reyes, “al ver la situación los campesinos tuvieron que salir huyendo del lugar, sin rumbo, provocando heridas en varios de los campesinos ya que por miedo a ser asesinados no se percataron de los obstáculos del camino y algunos compañeros se perdieron y era la. 1:00 de la madrugada y los estábamos localizando por teléfono para poder ir a recogerlos”.
Sebastián Reyes, en comunicación con el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), señaló que le llegó información de un supuesto desalojo que se estaría ejecutando en las próximas horas.
“Tengo información que ahorita en La Paz, están armando un contingente de policías y militares para ir a desalojar a los campesinos que se encuentran en la recuperación de la tierra”, indicó.
Asimismo denunció que lo que le pueda pasar al grupo campesino 5 de abril “es responsabilidad de Iván Fiallos, ex diputado por el departamento de La Paz, supuesto dueño de las tierras”.
El Secretario de la CNTC informó que también al grupo campesino Nueva Alianza 9 de Marzo, ubicado en Concepción de Soluteca en la comunidad del Terrero, en La Paz, ayer domingo a eso de la 1: 00 de la tarde personas armadas llegaron y con gasolina les quemaron sus casas.
Relató que “José Erminio Ortiz, que no es el dueño de las tierras, llegó con tres personas que andaban cubierto su rostro y les apuntaron con sus escopetas, causando temor a los campesinos que tuvieron que huir del lugar con rumbo desconocido”.
“Hasta el momento hay una persona que no ha aparecido y se espera que en el transcurso del día se comunique con nosotros para saber que está bien”, señaló Reyes.
A la orden del día la represión y censura de periodistas en el Aguán
Monday, 15 April 2019 22:22 Written by German Reyes Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:conexhion.hn
A juicio de Isaac Hernández, comunicador social de Tocoa, en el
departamento de Colón, los periodistas de esa región están atemorizados,
no solo por las autoridades que los reprimen en su trabajo, sino
también por los dueños de los medios de comunicación que se confabulan
con empresarios y funcionarios del gobierno.
Hernández lleva 24 años trabajando en diversos medios de comunicación
de la zona del Aguán y asegura que después del golpe de Estado,
ejecutado por militares, políticos y empresarios contra el gobierno de
Manuel Zelaya Rosales, en junio del 2009, la represión y la censura
contra los periodistas crecieron en esa región.
“Aquí no somos libres para trabajar”, expresó Hernández, refiriéndose a las restricciones que les imponen los dueños de los medios, que siempre buscan quedar bien con la empresa privada, el gobierno central y las municipalidades.
Indicó que en ese lugar hay 60 comunicadores sociales que sufren por la violación del derecho a la libertad de expresión,”allí uno se siente incapaz de denunciar, uno traga nudos porque si habla le van a quitar el trabajo”, expresó Hernández.
Asimismo denunció que la policía en varias ocasiones ha golpeado a periodistas que les dan cobertura a las manifestaciones pacíficas de los pobladores que luchan por mejores condiciones de vida y por la defensa de los recursos naturales.
Y aparte de los golpes que han recibido algunos periodistas, todos han sido víctimas de los gases lacrimógenos que lanza la policía en los desalojos violentos.
Entre los comunicadores que han sido agredidos físicamente Hernández mencionó a David Corea y a Vitalino Álvarez.
No criticar para evitar agresiones
En los últimos cuatro años Hernández que ha trabajado como presentador de noticias en un canal de televisión local, asegura sentirse limitado en su labor periodística, pero la necesidad lo obliga a continuar. “Hay un sueldito y de allí está comiendo mi familia”, afirmó.
Para él también es importante la opinión de su mamá a la que dice considerar su fan principal porque siempre está pendiente del acontecer y de aconsejarlo para que no se arriesgue en temas peligrosos.
Según Hernández su clave para no ser agredido es tratar de no ser muy agresivo. “Porque cuando uno es muy radical, recibe alguna caricia de las autoridades”, manifiesta.
Eso indica que en este país, suscriptor de diversos convenios internacionales en materia de derechos humanos, la libertad de expresión, considerada la base fundamental del Estado de derecho, no existe.
Colón, situado en el caribe hondureño, es una zona en la que las empresas agroindustriales y extractivistas han generado conflictividad social, por los daños que producen al medioambiente y las violaciones a los derechos humanos que se generan a partir del clamor popular.
A finales del 2010, periodo gubernamental de Porfirio Lobo Sosa, la región del Aguán fue militarizada, y esta situación incrementó las violaciones de los derechos humanos.
El crimen de dos indígenas tolupanes y el arresto arbitrario de otros
12 defensores de la Madre Tierra en el contexto del tercer aniversario
del asesinato de Berta Cáceres evidencia una práctica de violencia sistemática en Honduras contra los ambientalistas.
Salomón Matute y su hijo Juan Samuel, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fueron asesinados el pasado 25 de febrero en el departamento de Yoro. El crimen fue perpetrado a pesar de que eran beneficiarios de una medida cautelar otorgada en diciembre de 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras analizar la situación de riesgo que enfrentaban junto a otros integrantes de esa organización, producto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensores del medio ambiente y pueblos indígenas.
Durante esos días, 12 defensores del río Guapinol resultaron acusados de delitos graves por oponerse a la extracción de minerales en la reserva ecológica Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras.
Aunque fueron sobreseídos ante la protesta social y la falsa imputación, el hecho constituyó una muestra de las actuaciones de empresarios en contubernio con autoridades con el objetivo de obtener ganancias a toda costa.
Ellos forman parte de los 32 vecinos de varias comunidades de Tocoa Colón, criminalizados por defender los ríos Guapinol y San Pedro, afectados por la contaminación provocada por la empresa minera Inversiones Los Pinares, una compañía instalada ilegalmente en la zona pero protegida por funcionarios de los tres poderes del Estado, refiere la publicación Pasos de Animal Grande.
No se trata de casos aislados, Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según Global Witness, organización no gubernamental que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.
De acuerdo con Global Witness, entre 2010 y enero de 2017 más de 120 personas fueron asesinadas en el país por defender la tierra y el medio ambiente.
El más reciente informe del relator Especial de Naciones Unidas señala que en esta nación centroamericana los defensores de los derechos civiles y políticos, de las personas LGTBI, de los pueblos indígenas, de la tierra y el medio ambiente, de los migrantes, entre otros, están en situación de riesgo.
Las personas defensoras son objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en campañas mediáticas de desprestigio, añade.
Puntualiza que, según testimonios, los autores materiales de los ataques incluyen a miembros de la Policía Nacional, el Ejército, sicarios y personas desconocidas, mientras que los autores intelectuales comprenden a funcionarios públicos, la esfera empresarial, las fuerzas de seguridad y en especial sectores corruptos de las mismas que actúan en connivencia para asegurar el lucro propio.
Concluye que la gran mayoría de los asesinatos y ataques contra las personas defensoras permanecen impunes, o bien no se abre una investigación o esta no da resultado alguno.
En opinión del relator Especial de la ONU, el caso de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres podría convertirse en la primera excepción si se produjeran avances en materia de rendición de cuentas, más allá de la condena de los autores materiales del asesinato. En particular si se identificaran, investigaran, enjuiciaran y sancionaran a los autores intelectuales y a los que financiaron el crimen.
Berta Cáceres, reconocida defensora de los derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh), fue asesinada en la madrugada del 2 de marzo de 2016 por hombres armados que entraron a su vivienda, cumpliendo órdenes de supuestos empresarios interesados en la explotación de los recursos naturales, de zona de influencia de ese Consejo.
La ambientalista del pueblo lenca también era beneficiaria de medidas
cautelares otorgadas por la CIDH, pero aún así, las autoridades la
abandonaron y permitieron su asesinato en el momento en que defendía el
río Galcarque, concesionado por el gobierno para la construcción de la
represa hidroeléctrica Agua Zarca, propiedad de la familia Atala y la
empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
Ella era una ferviente luchadora en contra de la construcción de Agua Zarca, por lo que en 2015 recibió el Premio Goldman, el más importante del mundo que pude recibir un defensor o defensora del medio ambiente.
Aunque en este caso fueron condenados siete de los ocho acusados, los empresarios señalados de dar las órdenes para su asesinato siguen en la impunidad.
“Luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño”, asegura el Copinh.
En el país, el sector minero está sumido en conflicto desde hace más de dos décadas debido al creciente número de concesiones que supera el doble del área total de tierra destinada a la extracción de recursos del suelo.
Según el Instituto de Recursos Mundiales y la Iniciativa de Acceso, Honduras incumple las leyes de protección de la naturaleza, no respeta las decisiones de las comunidades en aceptar o no proyectos de aprovechamiento o explotación de los ecosistemas, y las autoridades permiten la destrucción de los mismos.
La minería a cielo abierto arrasa con los árboles y todo lo que es vegetación, luego se desecha la capa de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad con cargas explosivas y maquinarias.
Después de la extracción de las rocas del subsuelo, éstas son transportadas por enormes camiones a una planta de trituración donde son convertidas en polvo y trasladadas a las áreas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades de agua con cianuro para separar las partículas de oro.
El valle de Siria en el departamento Francisco Morazán, conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros, es un ejemplo del daño de las mineras y por qué la lucha de los defensores del medio ambiente.
En 1995 la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras, SA, subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp, Inc, solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto de la mina San Martín, el cual fue otorgado en enero de 2000. La explotación duró hasta 2008 y dejó tras de sí un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socio-ambientales.
De acuerdo con denuncias, sólo con esta empresa minera se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, lo cual afectó la producción agrícola que se redujo 70 por ciento.
Además, 19 de las 21 fuentes de agua que existían se secaron y las que quedan están contaminadas con metales pesados, lo que generó una emergencia hídrica sin precedentes, aseguró Pedro Landa, especialista en minería, citado por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.
En octubre de 2018, la Diócesis de Choluteca aseguró que en Honduras “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. Y solicitó al Estado que no se criminalice a las personas que están involucradas en legítimas luchas sociales y rechazó la instalación de compañías de industrias extractivas.
En ese sentido, propuso la generación de proyectos que promuevan la producción agrícola, sin uso de pesticidas que contaminan al medio ambiente, y planes industriales que respeten los derechos de las personas y de las comunidades.
“No estamos en contra del desarrollo sostenible. Estamos a favor de un desarrollo humano integral, que permite el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, para todos y cada uno de los seres humanos”, señaló.
Indígenas, campesinos, religiosos, jóvenes y gran parte de la población hondureña recibe los impactos negativos de la explotación indiscriminada de los recursos naturales y sus luchas son cada vez más reprimidas ante la incomprensión y ambición desmedida de empresarios y transnacionales.
Claman por la vida, por el derecho al agua, a la tierra, a los bosques, a la salud, desafían las armas, los sicarios, la injusticia, la impunidad, la incomprensión y la codicia.
(Tomado de Prensa Latina)
CONSIDERANDO: Que existe un patrón sistemático del uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en relación a las protestas sostenidas por los sectores estudiantiles, particularmente universitario, pero que es la primera vez que se registra un hecho similar al sucedido en el que el bombardeo fue incesante por tierra y aire, tanto que los gases afectaron a docentes, estudiantes y locatarios, obligando a la evacuación de varias personas hechos que fueron denunciados de forma inmediata por defensores de derechos humanos integrantes de la Coalición contra la Impunidad (CcI).
CONSIDERANDO: Que estos los actos desarrollados por los cuerpos de seguridad del Estado son contrarios a lo establecido en el artículo 79, de la Constitución de la República el cual reconoce el derecho a la manifestación pacífica pública que le asiste a los hondureños y hondureñas y que dichos comportamientos y prácticas, en tanto pueden causar daños a la vida e integridad física son contrarios a la finalidad de sus instituciones.
CONSIDERANDO: Que estos comportamientos son al mismo tiempo contrarios a los procedimientos policiales establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas el cual establece que puede hacerse uso únicamente de armas disuasivas, pero que, sin embargo en transmisiones en vivo de diferentes medios de comunicación se pudo observar además el uso de resorteras para hacer lanzamientos directos al cuerpo de los estudiantes y ganchos para ingresar a las instalaciones del Alma Máter
CONSIDERANDO: Que la represión convirtió a la movilización pacífica en una batalla campal, como si se buscase un escenario de confrontación contrario completamente al objetivo de manifestación pacífica que motivó la acción estudiantil. Esto sumado a la lluvia de bombas lacrimógenas impidió que los manifestantes avanzaran cuando sólo habían caminado unos cuantos metros en el interior de la UNAH.
No es desconocido que las granadas arrojadas con la mano estallan, lanzando alrededor esquirlas candentes. Las escopetas utilizadas para disparar granadas causan graves lesiones cuando, como ocurre habitualmente, son utilizadas apuntando hacia el cuerpo de las personas. Por si eso fuera poco, se han reportado casos de lanzamiento de granadas lacrimógenas en el interior del recinto y tal como lo señaló la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se vio obligada a suspender las clases afectando además a decenas de estudiantes.
CONSIDERANDO: Que La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala que el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información. Ambos derechos, contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en los artículos 9 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituyen como elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusive de todos los sectores de la sociedad.
POR TANTO:
PRIMERO: La Coalición contra la Impunidad, condena enérgicamente la represión desatada este 9 de abril por órganos de seguridad nacional, bajo el régimen de Juan Orlando Hernández en Ciudad Universitaria, en tanto que constituye un comportamiento sistemático y reiterado contrario a todas las buenas prácticas en el uso de la fuerza, a los estándares internacionales relacionados con el derecho a la protesta social y a la libertad de expresión.
SEGUNDO: Reiteramos el llamado a respetar la protesta pacífica de la población que ejerce su derecho y a garantizarlo conforme a los estándares internacionales signados en convenios y tratados de las cuales es suscriptor el Estado de Honduras.
TERCERO: Llamamos al Ministerio Público a que de oficio investigue a los agentes de seguridad que lanzaron bombas de gas lacrimógeno repetidamente en una estrecha calle de la UNAH, pues una gran exposición al gas lacrimógeno, por concentración o cercanía tienen el potencial de causar daños graves y presentan amenazas específicas para la población vulnerable, como niños, mujeres e individuos afectados por enfermedades respiratorias, cutáneas y cardiovasculares.
CUARTO: Instamos a la Policía Nacional de Honduras a hacer una revisión exhaustiva de sus protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza por tierra y aire, especialmente considerando que la utilización de las bombas lacrimógenas ha sido largamente cuestionada por la comunidad internacional, pues los mecanismos mediante los cuales se arrojan dichos gases generan el riesgo adicional, para quienes se encuentran dentro del radio de acción de las tropas policiales, de sufrir serios traumatismos.
QUINTO: Le recordamos al Estado hondureño que el derecho internacional hace una distinción fundamental en torno al uso del gas lacrimógeno, considerando que es un tipo de arma química cuyo uso está prohibido para la guerra desde 1993 por la Convención de Ginebra, y aunque a nivel doméstico Honduras lo usa para controlar protestas y disturbios este debe ser el último elemento a considerar.
Tegucigalpa, M.D.C. 9 de abril de 2019.
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- El 28 de marzo de este año, cuatro representantes demócratas introdujeron nuevamente al seno del Congreso de Estados Unidos, la “Ley de Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres”, con el propósito de suspender fondos millonarios destinados a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Honduras, hasta tanto no se cumplan una serie de demandas planteadas en la iniciativa de ley.
La ley fue presentada por los congresistas, Jan Schakowsky, José Serrano, Marcia Kaptur, bajo el liderazgo de Hank Johnson, a quienes se les suman 43 representantes más, que apoyan la normativa.
La congresista Jan Schakowsky ha vistado en al menos dos ocasiones, la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) , y ha sostenido conversaciones con la Coordinadora General de dicho comité, Bertha Oliva, con el propósito de conocer de cerca la realidad en materia de derechos humanos y sobre casos puntuales de graves violaciones que el COFADEH ha registrado.
El representante demócrata de la Cámara baja Hank Johnson, presentó el proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.
El proyecto de ley fue introducido por primera vez en la estela de la trágica muerte de la líder ambiental e indígena hondureña Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. La ley introducida inicialmente bajo el registro H.R. 1299, suspendería el financiamiento estadounidense a la República de Honduras para sus operaciones policiales y militares, hasta que el gobierno hondureño inicie una investigación sobre las violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad.
La iniciativa de ley se introdujo “para suspender la asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia”.
Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que el Gobierno de Honduras, ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure la cooperación de las fuerzas armadas y la policía en estos casos, y que han cesado tales violaciones.
La ayuda militar y policial para Honduras estaría suspendida, hasta tanto no se “ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure la cooperación de las fuerzas armadas y la policía en estos casos, y que han cesado tales violaciones”, sostiene el texto de la ley Berta Cáceres.
Otra condición que plantea la ley es que sean retiradas las fuerzas militares de las tareas de la que competen a la Policía Nacional, “de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil”.
Por otro lado la ley demanda que se persiga por todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto, en contra de quienes ordenaron y ejecutaron, el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016, los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán, los crímenes cometidos contra 22 ciudadanos y la desaparición de una persona por parte de las fuerzas de seguridad estatales en el contexto de la crisis postelectoral de 2017; y el atentado contra el periodista Félix Molina acontecido el 3 de mayo de 2016, así como el ataque contra el periodista Geovanny Sierra, perpetrado el 26 de Noviembre de 2018.
La Ley “Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras” ordena suspender asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.
Aquí la última versión en español Ley Berta Cáceres
El mandatario Donald Trump anunciará hoy un paquete de $8 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México, dinero que obtendrá con la declaración de un estado de emergencia y órdenes ejecutivas, informaron medios estadounidenses.
La Casa Blanca ya anunció ayer que Trump adoptaría medidas ejecutivas para lograr los fondos que el Congreso le ha negado para la obra fronteriza.
Fuentes de la Casa Blanca citadas por televisoras como CNN y ABC indicaron que $3,500 millones de dólares serán fruto del estado de emergencia y saldrán del presupuesto para obras militares del Pentágono.
Otros $2,500 millones de dólares saldrán de fondos ya aprobados para un programa de incautación de narcóticos también del Pentágono.
El Departamento del Tesoro deberá aportar $600 millones de dólares más con su fondo de decomisos por drogas. Los $1,375 millones de dólares restantes son los que Trump sí logró obtener del Congreso en las recientes negociaciones presupuestarias.
Trump debe ratificar hoy dicho presupuesto, aprobado ayer por ambas cámaras, para evitar un nuevo cierre parcial administrativo a partir de la medianoche del viernes.
Pese a los llamados de sectores conservadores para que vete las cuentas, la Casa Blanca anunció que el presidente las ratificaría junto al resto de medidas todavía no oficiales para lograr fondos para el muro.
Se espera que Trump oficialice la cifra y detalle el paquete en un discurso en la Casa Blanca previsto para las 10 a.m. hora local (15.00 GMT).
La amenaza de la declaración de un estado de emergencia planea sobre Washington desde hace semanas, pero Trump buscaba que los fondos salieran del Congreso como parte de un amplio pacto migratorio con los demócratas. En concreto, el presidente solicitaba una partida de $5,700 millones de dólares para la barrera fronteriza.
Sin embargo, los demócratas, que en enero recuperaron el control de la Cámara de Representantes, se han mantenido firmes en su posición de no atender las demandas de Trump, por lo que accedieron finalmente a la cifra de $1,375 millones de dólares para la construcción de apenas 55 millas (unos 90 kilómetros) de la valla fronteriza.(tomado de: laopinión.com)
Según dijeron este lunes exfuncionarios encargados de Seguridad Nacional,
Estados Unidos no vive emergencia nacional alguna que justifique
desviar fondos para construir un muro en la frontera con México, como había decretado Donald Trump.
En una carta enviada al presidente Donald Trump, cerca de 60 antiguos empleados de esa cartera refirieron que “ante una amenaza inexistente, reasignar dicho presupuesto socavará la seguridad nacional al extraer innecesariamente recursos de los programas del Departamento de Defensa”.
Los autores, entre los que hay republicanos y demócratas, apuntaron que la misiva es una declaración destinada a ser usada en las demandas para refutar la declaración de Trump de redirigir ocho mil millones de dólares de fondos federales para levantar la muralla.
La declaración de “emergencia nacional” permite a los presidentes acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y Trump la firmó el pasado 15 de febrero al asegurar que hay una “invasión” de drogas y criminales en la frontera con México que justifica medidas extraordinarias.
Con ese decreto, Trump pretende reunir seis mil 600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros mil 375 otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.
La exsecretaria de Estado Madeleine Albright, que trabajó para el expresidente Bill Clinton (1993-2001), y Chuck Hagel, exsenador republicano y exsecretario de Defensa bajo la Administración de Barack Obama (2009-2017), fueron algunos de los firmantes.
También rubricaron el texto el exdirector de la Agencia Central deInteligencia y exsecretario de Defensa con Barack Obama, Leon Panetta; el exjefe de la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) Gil Kerlikowske; y el exsecretario de Estado John Kerry.
Los funcionarios subrayaron que los pilares sobre los que Trump apoyó la declaración no son ciertos.
Mientras sigue en su cruzada para obtener fondos con que levantar su
muro fronterizo, el presidente Donald Trump ordenó poner alambre de púas
en la línea de demarcación con México, pero vecinos de la ciudad de
Tijuana se lo roban para colocarlo en sus casas, según han confirmado
autoridades estadounidenses y mexicanas.
De acuerdo con las autoridades de EE.UU. y la ciudad de Tijuana, durante los últimos meses pobladores mexicanos de zonas cercanas al muro fronterizo entre ambos países han estado robando el alambre de púas colocado meses atrás, con el cual levantan cercados para proteger sus viviendas.
Los primeros reportes explican que en el último mes aumentó la cantidad de casas en las que se observa un alambrado de púas idéntico al que fue colocado cuatro meses atrás por militares estadounidenses como una medida para impedir el paso a la caravana de migrantes centroamericanos e intensificar la seguridad fronteriza, según la política de la administración Trump.
Fueron las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos las que primero reportaron esa práctica, que fue luego confirmada por el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor.
Al ser interrogados respecto a la presencia de la alambrada en sus casas, los vecinos de la zona aseguraron que ellos no perpetraron el robo, sino que alguien más acudió ofreciendo instalarlos en sus viviendas a bajo costo.
Los alambres de púas fueron colocados hace cuatro meses, un día despué de que el presidente Donald Trump enfatizara la importancia de la seguridad fronteriza durante su discurso del Estado de la Unión.
(Con información de Debate)
“Aquí no somos libres para trabajar”, expresó Hernández, refiriéndose a las restricciones que les imponen los dueños de los medios, que siempre buscan quedar bien con la empresa privada, el gobierno central y las municipalidades.
Indicó que en ese lugar hay 60 comunicadores sociales que sufren por la violación del derecho a la libertad de expresión,”allí uno se siente incapaz de denunciar, uno traga nudos porque si habla le van a quitar el trabajo”, expresó Hernández.
Asimismo denunció que la policía en varias ocasiones ha golpeado a periodistas que les dan cobertura a las manifestaciones pacíficas de los pobladores que luchan por mejores condiciones de vida y por la defensa de los recursos naturales.
Y aparte de los golpes que han recibido algunos periodistas, todos han sido víctimas de los gases lacrimógenos que lanza la policía en los desalojos violentos.
Entre los comunicadores que han sido agredidos físicamente Hernández mencionó a David Corea y a Vitalino Álvarez.
No criticar para evitar agresiones
En los últimos cuatro años Hernández que ha trabajado como presentador de noticias en un canal de televisión local, asegura sentirse limitado en su labor periodística, pero la necesidad lo obliga a continuar. “Hay un sueldito y de allí está comiendo mi familia”, afirmó.
Para él también es importante la opinión de su mamá a la que dice considerar su fan principal porque siempre está pendiente del acontecer y de aconsejarlo para que no se arriesgue en temas peligrosos.
Según Hernández su clave para no ser agredido es tratar de no ser muy agresivo. “Porque cuando uno es muy radical, recibe alguna caricia de las autoridades”, manifiesta.
Eso indica que en este país, suscriptor de diversos convenios internacionales en materia de derechos humanos, la libertad de expresión, considerada la base fundamental del Estado de derecho, no existe.
Colón, situado en el caribe hondureño, es una zona en la que las empresas agroindustriales y extractivistas han generado conflictividad social, por los daños que producen al medioambiente y las violaciones a los derechos humanos que se generan a partir del clamor popular.
A finales del 2010, periodo gubernamental de Porfirio Lobo Sosa, la región del Aguán fue militarizada, y esta situación incrementó las violaciones de los derechos humanos.
Ambientalistas en resistencia: la difícil lucha en Honduras
Por:
15 marzo 2019
| CUBADEBATE
Honduras
está catalogado como uno de los países más peligrosos para los
defensores de los derechos humanos y de la tierra. Foto: AFP.
Salomón Matute y su hijo Juan Samuel, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, fueron asesinados el pasado 25 de febrero en el departamento de Yoro. El crimen fue perpetrado a pesar de que eran beneficiarios de una medida cautelar otorgada en diciembre de 2013 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras analizar la situación de riesgo que enfrentaban junto a otros integrantes de esa organización, producto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el marco de su labor como defensores del medio ambiente y pueblos indígenas.
Durante esos días, 12 defensores del río Guapinol resultaron acusados de delitos graves por oponerse a la extracción de minerales en la reserva ecológica Montaña de Botaderos o Carlos Escaleras.
Aunque fueron sobreseídos ante la protesta social y la falsa imputación, el hecho constituyó una muestra de las actuaciones de empresarios en contubernio con autoridades con el objetivo de obtener ganancias a toda costa.
Ellos forman parte de los 32 vecinos de varias comunidades de Tocoa Colón, criminalizados por defender los ríos Guapinol y San Pedro, afectados por la contaminación provocada por la empresa minera Inversiones Los Pinares, una compañía instalada ilegalmente en la zona pero protegida por funcionarios de los tres poderes del Estado, refiere la publicación Pasos de Animal Grande.
No se trata de casos aislados, Honduras se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según Global Witness, organización no gubernamental que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo.
De acuerdo con Global Witness, entre 2010 y enero de 2017 más de 120 personas fueron asesinadas en el país por defender la tierra y el medio ambiente.
El más reciente informe del relator Especial de Naciones Unidas señala que en esta nación centroamericana los defensores de los derechos civiles y políticos, de las personas LGTBI, de los pueblos indígenas, de la tierra y el medio ambiente, de los migrantes, entre otros, están en situación de riesgo.
Las personas defensoras son objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación, golpizas, además de ser criminalizadas y estigmatizadas en campañas mediáticas de desprestigio, añade.
Puntualiza que, según testimonios, los autores materiales de los ataques incluyen a miembros de la Policía Nacional, el Ejército, sicarios y personas desconocidas, mientras que los autores intelectuales comprenden a funcionarios públicos, la esfera empresarial, las fuerzas de seguridad y en especial sectores corruptos de las mismas que actúan en connivencia para asegurar el lucro propio.
Concluye que la gran mayoría de los asesinatos y ataques contra las personas defensoras permanecen impunes, o bien no se abre una investigación o esta no da resultado alguno.
En opinión del relator Especial de la ONU, el caso de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres podría convertirse en la primera excepción si se produjeran avances en materia de rendición de cuentas, más allá de la condena de los autores materiales del asesinato. En particular si se identificaran, investigaran, enjuiciaran y sancionaran a los autores intelectuales y a los que financiaron el crimen.
Berta Cáceres, reconocida defensora de los derechos humanos y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (Copinh), fue asesinada en la madrugada del 2 de marzo de 2016 por hombres armados que entraron a su vivienda, cumpliendo órdenes de supuestos empresarios interesados en la explotación de los recursos naturales, de zona de influencia de ese Consejo.
Berta
Cáceres obtuvo en 2015 el prestigioso Goldman Environmental Prize por
su defensa del medioambiente en Intibucá, Honduras. Su asesinato, en
2016, no es un hecho aislado en la región. Foto: The New York Times.
Ella era una ferviente luchadora en contra de la construcción de Agua Zarca, por lo que en 2015 recibió el Premio Goldman, el más importante del mundo que pude recibir un defensor o defensora del medio ambiente.
Aunque en este caso fueron condenados siete de los ocho acusados, los empresarios señalados de dar las órdenes para su asesinato siguen en la impunidad.
¿Qué reclaman los ambientalistas?
La destrucción de las áreas protegidas por diversos motivos como la explotación minera y de los bosques, así como por la construcción de represas constituye una de las causas de las luchas del pueblo hondureño, en particular de campesinos e indígenas.“Luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño”, asegura el Copinh.
En el país, el sector minero está sumido en conflicto desde hace más de dos décadas debido al creciente número de concesiones que supera el doble del área total de tierra destinada a la extracción de recursos del suelo.
Según el Instituto de Recursos Mundiales y la Iniciativa de Acceso, Honduras incumple las leyes de protección de la naturaleza, no respeta las decisiones de las comunidades en aceptar o no proyectos de aprovechamiento o explotación de los ecosistemas, y las autoridades permiten la destrucción de los mismos.
La minería a cielo abierto arrasa con los árboles y todo lo que es vegetación, luego se desecha la capa de tierra fértil de la zona de donde se extrae el oro y, seguidamente, se cavan gigantescos cráteres de unas 100 hectáreas y hasta 200 metros de profundidad con cargas explosivas y maquinarias.
Después de la extracción de las rocas del subsuelo, éstas son transportadas por enormes camiones a una planta de trituración donde son convertidas en polvo y trasladadas a las áreas de lixiviación (lavado). Finalmente se les agregan grandes cantidades de agua con cianuro para separar las partículas de oro.
El valle de Siria en el departamento Francisco Morazán, conformado por los municipios de El Porvenir, San Ignacio y Cedros, es un ejemplo del daño de las mineras y por qué la lucha de los defensores del medio ambiente.
En 1995 la empresa Sociedad Minerales Entre Mares Honduras, SA, subsidiaria del coloso canadiense Goldcorp, Inc, solicitó un permiso de explotación minera intensiva a cielo abierto de la mina San Martín, el cual fue otorgado en enero de 2000. La explotación duró hasta 2008 y dejó tras de sí un verdadero éxodo juvenil y una creciente protesta de las comunidades que denunciaban graves afectaciones socio-ambientales.
De acuerdo con denuncias, sólo con esta empresa minera se removieron más de 50 millones de toneladas de tierra para extraer oro, lo cual afectó la producción agrícola que se redujo 70 por ciento.
Además, 19 de las 21 fuentes de agua que existían se secaron y las que quedan están contaminadas con metales pesados, lo que generó una emergencia hídrica sin precedentes, aseguró Pedro Landa, especialista en minería, citado por el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero.
En octubre de 2018, la Diócesis de Choluteca aseguró que en Honduras “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”. Y solicitó al Estado que no se criminalice a las personas que están involucradas en legítimas luchas sociales y rechazó la instalación de compañías de industrias extractivas.
En ese sentido, propuso la generación de proyectos que promuevan la producción agrícola, sin uso de pesticidas que contaminan al medio ambiente, y planes industriales que respeten los derechos de las personas y de las comunidades.
“No estamos en contra del desarrollo sostenible. Estamos a favor de un desarrollo humano integral, que permite el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, para todos y cada uno de los seres humanos”, señaló.
Indígenas, campesinos, religiosos, jóvenes y gran parte de la población hondureña recibe los impactos negativos de la explotación indiscriminada de los recursos naturales y sus luchas son cada vez más reprimidas ante la incomprensión y ambición desmedida de empresarios y transnacionales.
Claman por la vida, por el derecho al agua, a la tierra, a los bosques, a la salud, desafían las armas, los sicarios, la injusticia, la impunidad, la incomprensión y la codicia.
(Tomado de Prensa Latina)
Coalición contra la Impunidad condena el uso de equipo militar para limitar la libertad de expresión
Miles
de jóvenes y catedráticos universitarios resultan afectados ante los
efectos de gases lacrimógenos, lanzados desde helicópteros a la máxima
casa de estudios.
CONSIDERANDO: Que este miércoles nueve de
abril la protesta estudiantil sostenida en la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH – CU) fue reprimida con violencia desmedida
por elementos de la Policía Nacional quienes lanzaron gases lacrimógenos
desde helicópteros para impedir que los manifestantes se pronunciaran
en contra del cierre del Instituto Nacional de Formación Profesional y
el incremento del costo de la energía eléctrica.CONSIDERANDO: Que existe un patrón sistemático del uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en relación a las protestas sostenidas por los sectores estudiantiles, particularmente universitario, pero que es la primera vez que se registra un hecho similar al sucedido en el que el bombardeo fue incesante por tierra y aire, tanto que los gases afectaron a docentes, estudiantes y locatarios, obligando a la evacuación de varias personas hechos que fueron denunciados de forma inmediata por defensores de derechos humanos integrantes de la Coalición contra la Impunidad (CcI).
CONSIDERANDO: Que estos los actos desarrollados por los cuerpos de seguridad del Estado son contrarios a lo establecido en el artículo 79, de la Constitución de la República el cual reconoce el derecho a la manifestación pacífica pública que le asiste a los hondureños y hondureñas y que dichos comportamientos y prácticas, en tanto pueden causar daños a la vida e integridad física son contrarios a la finalidad de sus instituciones.
CONSIDERANDO: Que estos comportamientos son al mismo tiempo contrarios a los procedimientos policiales establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza de las Naciones Unidas el cual establece que puede hacerse uso únicamente de armas disuasivas, pero que, sin embargo en transmisiones en vivo de diferentes medios de comunicación se pudo observar además el uso de resorteras para hacer lanzamientos directos al cuerpo de los estudiantes y ganchos para ingresar a las instalaciones del Alma Máter
CONSIDERANDO: Que la represión convirtió a la movilización pacífica en una batalla campal, como si se buscase un escenario de confrontación contrario completamente al objetivo de manifestación pacífica que motivó la acción estudiantil. Esto sumado a la lluvia de bombas lacrimógenas impidió que los manifestantes avanzaran cuando sólo habían caminado unos cuantos metros en el interior de la UNAH.
No es desconocido que las granadas arrojadas con la mano estallan, lanzando alrededor esquirlas candentes. Las escopetas utilizadas para disparar granadas causan graves lesiones cuando, como ocurre habitualmente, son utilizadas apuntando hacia el cuerpo de las personas. Por si eso fuera poco, se han reportado casos de lanzamiento de granadas lacrimógenas en el interior del recinto y tal como lo señaló la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se vio obligada a suspender las clases afectando además a decenas de estudiantes.
CONSIDERANDO: Que La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala que el intercambio de ideas y reivindicaciones sociales como forma de expresión, supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, y el derecho al libre flujo de opiniones e información. Ambos derechos, contemplados en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 10 y 11 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en los artículos 9 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en los artículos 13 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos constituyen como elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático inclusive de todos los sectores de la sociedad.
POR TANTO:
PRIMERO: La Coalición contra la Impunidad, condena enérgicamente la represión desatada este 9 de abril por órganos de seguridad nacional, bajo el régimen de Juan Orlando Hernández en Ciudad Universitaria, en tanto que constituye un comportamiento sistemático y reiterado contrario a todas las buenas prácticas en el uso de la fuerza, a los estándares internacionales relacionados con el derecho a la protesta social y a la libertad de expresión.
SEGUNDO: Reiteramos el llamado a respetar la protesta pacífica de la población que ejerce su derecho y a garantizarlo conforme a los estándares internacionales signados en convenios y tratados de las cuales es suscriptor el Estado de Honduras.
TERCERO: Llamamos al Ministerio Público a que de oficio investigue a los agentes de seguridad que lanzaron bombas de gas lacrimógeno repetidamente en una estrecha calle de la UNAH, pues una gran exposición al gas lacrimógeno, por concentración o cercanía tienen el potencial de causar daños graves y presentan amenazas específicas para la población vulnerable, como niños, mujeres e individuos afectados por enfermedades respiratorias, cutáneas y cardiovasculares.
CUARTO: Instamos a la Policía Nacional de Honduras a hacer una revisión exhaustiva de sus protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza por tierra y aire, especialmente considerando que la utilización de las bombas lacrimógenas ha sido largamente cuestionada por la comunidad internacional, pues los mecanismos mediante los cuales se arrojan dichos gases generan el riesgo adicional, para quienes se encuentran dentro del radio de acción de las tropas policiales, de sufrir serios traumatismos.
QUINTO: Le recordamos al Estado hondureño que el derecho internacional hace una distinción fundamental en torno al uso del gas lacrimógeno, considerando que es un tipo de arma química cuyo uso está prohibido para la guerra desde 1993 por la Convención de Ginebra, y aunque a nivel doméstico Honduras lo usa para controlar protestas y disturbios este debe ser el último elemento a considerar.
Tegucigalpa, M.D.C. 9 de abril de 2019.
Honduras: asesinan a un periodista en el sur del país, el primero en 2019
Tuesday, 19 March 2019 17:45 Written by Webmaster Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
El domingo 17 de marzo de 2019 fue asesinado en Nacaome (sur del
país) el periodista Gabriel Hernández. Reporteros sin Fronteras (RSF)
pide a las autoridades de Honduras que en su investigación den prioridad
a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su profesión
periodística; asimismo, las incita a fortalecer con urgencia Mecanismo
Nacional de Protección de periodistas.
Gabriel Hernández, de 54 años de edad, dirigía el programa ‘El
Pueblo Habla’ del canal independiente Valle TV. El domingo 17 de marzo
fue asesinado en el municipio de Nacaome, en el departamento de Valle,
en el sur del país. Dos sujetos a bordo de un vehículo no identificado
se acercaron al periodista cuando se disponía a abordar un autobús para
regresar a su casa y le dispararon, a plena luz del día; enseguida
huyeron. El reportero fue trasladado al hospital, donde falleció horas
después. Es el primer asesinato de un periodista en Honduras desde el
inicio del año.
Gabriel Hernández era un periodista crítico, que a menudo denunciaba
en su programa la corrupción de los políticos de la región. Días antes
del ataque había compartido información en
su página de Facebook en la que se incita a que el presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, deje el poder. Su manera directa de
hablar le había valido numerosas amenazas de muerte, que en 2018
denunció ante el Mecanismo Nacional de Protección de periodistas, que le
respondió que su caso ‘no aplicaba’ –no se había considerado creíble el
riesgo.
Por otra parte, RSF expresa su gran preocupación por la situación en que se encuentra el periodista Leonel García, quien dirige el programa de televisión "Noticias Dígalo Cómo Quiera" (independiente) y era muy cercano a Gabriel Hernández. Junto con él acababa de denunciar las irregularidades cometidas por el alcalde de Nacaome, Víctor Flores, y el diputado local Alfredo Saavedra. En febrero de 2019, tras ser amenazado, Leonel García solicitó formalmente medidas de protección urgentes al Mecanismo de Protección, las cuales le fueron negadas. Leonel García, con quien RSF estuvo en contacto el 19 de marzo, está muy afectado psicológicamente y teme ser asesinado también.
“Las autoridades de Honduras deben realizar una investigación imparcial sobre este odioso asesinato y dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su labor periodística”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Por otra parte, se debe fortalecer el Mecanismo de Protección de periodistas. Es urgente que se revisen sus criterios para otorgar medidas de seguridad, a fin de garantizar que el periodista Leonel García y su familia cuenten con la protección que requieren”, añadió.
Desde hace varios meses se han multiplicado los ataques y las amenazas contra la prensa independiente en Honduras, en particular en el sur del país, donde los periodistas Jairo López y Edgar Andino, que gozaban con las medidas del Mecanismo de Protección, fueron agredidos y amenazados por funcionarios y por la policía local a inicios de 2019.
Honduras se encuentra en el lugar 141, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF
Por otra parte, RSF expresa su gran preocupación por la situación en que se encuentra el periodista Leonel García, quien dirige el programa de televisión "Noticias Dígalo Cómo Quiera" (independiente) y era muy cercano a Gabriel Hernández. Junto con él acababa de denunciar las irregularidades cometidas por el alcalde de Nacaome, Víctor Flores, y el diputado local Alfredo Saavedra. En febrero de 2019, tras ser amenazado, Leonel García solicitó formalmente medidas de protección urgentes al Mecanismo de Protección, las cuales le fueron negadas. Leonel García, con quien RSF estuvo en contacto el 19 de marzo, está muy afectado psicológicamente y teme ser asesinado también.
“Las autoridades de Honduras deben realizar una investigación imparcial sobre este odioso asesinato y dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su labor periodística”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Por otra parte, se debe fortalecer el Mecanismo de Protección de periodistas. Es urgente que se revisen sus criterios para otorgar medidas de seguridad, a fin de garantizar que el periodista Leonel García y su familia cuenten con la protección que requieren”, añadió.
Desde hace varios meses se han multiplicado los ataques y las amenazas contra la prensa independiente en Honduras, en particular en el sur del país, donde los periodistas Jairo López y Edgar Andino, que gozaban con las medidas del Mecanismo de Protección, fueron agredidos y amenazados por funcionarios y por la policía local a inicios de 2019.
Honduras se encuentra en el lugar 141, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF
Demócratas de EEUU buscan suspender asistencia militar y policial a Honduras por graves violaciones a los DDHH
Tegucigalpa.- El 28 de marzo de este año, cuatro representantes demócratas introdujeron nuevamente al seno del Congreso de Estados Unidos, la “Ley de Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres”, con el propósito de suspender fondos millonarios destinados a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Honduras, hasta tanto no se cumplan una serie de demandas planteadas en la iniciativa de ley.
La ley fue presentada por los congresistas, Jan Schakowsky, José Serrano, Marcia Kaptur, bajo el liderazgo de Hank Johnson, a quienes se les suman 43 representantes más, que apoyan la normativa.
La congresista Jan Schakowsky ha vistado en al menos dos ocasiones, la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) , y ha sostenido conversaciones con la Coordinadora General de dicho comité, Bertha Oliva, con el propósito de conocer de cerca la realidad en materia de derechos humanos y sobre casos puntuales de graves violaciones que el COFADEH ha registrado.
El representante demócrata de la Cámara baja Hank Johnson, presentó el proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.
El proyecto de ley fue introducido por primera vez en la estela de la trágica muerte de la líder ambiental e indígena hondureña Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016. La ley introducida inicialmente bajo el registro H.R. 1299, suspendería el financiamiento estadounidense a la República de Honduras para sus operaciones policiales y militares, hasta que el gobierno hondureño inicie una investigación sobre las violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad.
La iniciativa de ley se introdujo “para suspender la asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos con Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia”.
Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que el Gobierno de Honduras, ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure la cooperación de las fuerzas armadas y la policía en estos casos, y que han cesado tales violaciones.
La ayuda militar y policial para Honduras estaría suspendida, hasta tanto no se “ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure la cooperación de las fuerzas armadas y la policía en estos casos, y que han cesado tales violaciones”, sostiene el texto de la ley Berta Cáceres.
Otra condición que plantea la ley es que sean retiradas las fuerzas militares de las tareas de la que competen a la Policía Nacional, “de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil”.
Por otro lado la ley demanda que se persiga por todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto, en contra de quienes ordenaron y ejecutaron, el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016, los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán, los crímenes cometidos contra 22 ciudadanos y la desaparición de una persona por parte de las fuerzas de seguridad estatales en el contexto de la crisis postelectoral de 2017; y el atentado contra el periodista Félix Molina acontecido el 3 de mayo de 2016, así como el ataque contra el periodista Geovanny Sierra, perpetrado el 26 de Noviembre de 2018.
La Ley “Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras” ordena suspender asistencia en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.
Aquí la última versión en español Ley Berta Cáceres
Trump veta la resolución del Congreso de EE.UU. que debía poner fin a la emergencia fronteriza
Publicado: 15 mar 2019 20:00 GMT | Última actualización: 15 mar 2019 21:35 GMT - RT
El inquilino de la Casa Blanca declaró el 15
de febrero la emergencia nacional con motivo del financiamiento de la
construcción del muro en la frontera con México.
El
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vetado este 15 de marzo
la resolución que aprobaron ambas Cámaras del Congreso de su país para
abolir la emergencia nacional con la que el mandatario pretende obtener
los fondos necesarios para construir el muro fronterizo con México.
"Ayer, el Congreso aprobó una resolución peligrosa, que de ser firmada como ley, pondría a innumerables americanos en peligro, un peligro muy grave", afirmó Trump en el Despacho Oval. "El Congreso tiene la libertad de aprobar la resolución y yo tengo el deber de vetarla", reiteró.
Anteriormente, Donald Trump prometió que vetará la resolución en caso de que llegue a su escritorio.
"Espero vetar la recién aprobada Resolución inspirada por los demócratas que abrirá fronteras aumentando el crimen, las drogas y el tráfico en nuestro país. ¡Agradezco a todos los republicanos fuertes que votaron para apoyar la Seguridad Fronteriza y nuestro muro desesperadamente necesario!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Momentos después de que Trump vetara la iniciativa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que la Cámara Baja celebrará una votación el próximo 26 de marzo para anular el veto del mandatario.
"El 26 de marzo, la Cámara [de Representantes] volverá a actuar para proteger nuestra Constitución y nuestra democracia de la declaración de emergencia del presidente celebrando una votación para anular su veto", precisó, citada por Reuters.
El inquilino de la Casa Blanca declaró el
15 de febrero la emergencia nacional con motivo del financiamiento de
la construcción del muro en la frontera con México. "Vamos a enfrentar
la crisis de seguridad nacional en nuestra frontera sur, y lo haremos de una u otra manera", afirmó.
Este jueves, en una decisión sin precedentes, el Senado de Estados Unidos ha rechazado la emergencia nacional.
Así, la Cámara Alta de EE.UU. ha aprobado un proyecto de ley para abolir esa emergencia nacional aprobada el pasado 26 de febrero por la Cámara de Representantes norteamericana con los votos a favor de 59 senadores, mientras que 41 se han manifestado en contra.
De este modo, varios senadores republicanos se han unido a los demócratas para demostrar que están en contra de una maniobra que consideraron había sido una usurpación de los poderes del Congreso de EE.UU.
Hace pocos días, la Casa Blanca reveló su propuesta de presupuesto para 2020, en el que la Administración de Donald Trump pretende destinar 8.600 millones de dólares para construir el muro: una cifra seis veces más alta que la aprobada por el Congreso de EE.UU. para ese fin el pasado febrero
"Ayer, el Congreso aprobó una resolución peligrosa, que de ser firmada como ley, pondría a innumerables americanos en peligro, un peligro muy grave", afirmó Trump en el Despacho Oval. "El Congreso tiene la libertad de aprobar la resolución y yo tengo el deber de vetarla", reiteró.
"Espero vetar la recién aprobada Resolución inspirada por los demócratas que abrirá fronteras aumentando el crimen, las drogas y el tráfico en nuestro país. ¡Agradezco a todos los republicanos fuertes que votaron para apoyar la Seguridad Fronteriza y nuestro muro desesperadamente necesario!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.
Momentos después de que Trump vetara la iniciativa, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que la Cámara Baja celebrará una votación el próximo 26 de marzo para anular el veto del mandatario.
"El 26 de marzo, la Cámara [de Representantes] volverá a actuar para proteger nuestra Constitución y nuestra democracia de la declaración de emergencia del presidente celebrando una votación para anular su veto", precisó, citada por Reuters.
Este jueves, en una decisión sin precedentes, el Senado de Estados Unidos ha rechazado la emergencia nacional.
Así, la Cámara Alta de EE.UU. ha aprobado un proyecto de ley para abolir esa emergencia nacional aprobada el pasado 26 de febrero por la Cámara de Representantes norteamericana con los votos a favor de 59 senadores, mientras que 41 se han manifestado en contra.
De este modo, varios senadores republicanos se han unido a los demócratas para demostrar que están en contra de una maniobra que consideraron había sido una usurpación de los poderes del Congreso de EE.UU.
Hace pocos días, la Casa Blanca reveló su propuesta de presupuesto para 2020, en el que la Administración de Donald Trump pretende destinar 8.600 millones de dólares para construir el muro: una cifra seis veces más alta que la aprobada por el Congreso de EE.UU. para ese fin el pasado febrero
Trump ya cuenta con 8 mil millones de dólares para hacer el muro
Obtendrá los fondos con la declaración de un estado de emergencia y órdenes ejecutivasPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
El mandatario Donald Trump anunciará hoy un paquete de $8 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México, dinero que obtendrá con la declaración de un estado de emergencia y órdenes ejecutivas, informaron medios estadounidenses.
La Casa Blanca ya anunció ayer que Trump adoptaría medidas ejecutivas para lograr los fondos que el Congreso le ha negado para la obra fronteriza.
Fuentes de la Casa Blanca citadas por televisoras como CNN y ABC indicaron que $3,500 millones de dólares serán fruto del estado de emergencia y saldrán del presupuesto para obras militares del Pentágono.
Otros $2,500 millones de dólares saldrán de fondos ya aprobados para un programa de incautación de narcóticos también del Pentágono.
El Departamento del Tesoro deberá aportar $600 millones de dólares más con su fondo de decomisos por drogas. Los $1,375 millones de dólares restantes son los que Trump sí logró obtener del Congreso en las recientes negociaciones presupuestarias.
Trump debe ratificar hoy dicho presupuesto, aprobado ayer por ambas cámaras, para evitar un nuevo cierre parcial administrativo a partir de la medianoche del viernes.
Pese a los llamados de sectores conservadores para que vete las cuentas, la Casa Blanca anunció que el presidente las ratificaría junto al resto de medidas todavía no oficiales para lograr fondos para el muro.
Se espera que Trump oficialice la cifra y detalle el paquete en un discurso en la Casa Blanca previsto para las 10 a.m. hora local (15.00 GMT).
La amenaza de la declaración de un estado de emergencia planea sobre Washington desde hace semanas, pero Trump buscaba que los fondos salieran del Congreso como parte de un amplio pacto migratorio con los demócratas. En concreto, el presidente solicitaba una partida de $5,700 millones de dólares para la barrera fronteriza.
Sin embargo, los demócratas, que en enero recuperaron el control de la Cámara de Representantes, se han mantenido firmes en su posición de no atender las demandas de Trump, por lo que accedieron finalmente a la cifra de $1,375 millones de dólares para la construcción de apenas 55 millas (unos 90 kilómetros) de la valla fronteriza.(tomado de: laopinión.com)
Continuan cuestionamientos sobre la emergencia decretada por Trump
La
construcción de un muro en la frontera con México fue una de las
promesas más polémicas del entonces candidato republicano. Foto: AP
En una carta enviada al presidente Donald Trump, cerca de 60 antiguos empleados de esa cartera refirieron que “ante una amenaza inexistente, reasignar dicho presupuesto socavará la seguridad nacional al extraer innecesariamente recursos de los programas del Departamento de Defensa”.
Los autores, entre los que hay republicanos y demócratas, apuntaron que la misiva es una declaración destinada a ser usada en las demandas para refutar la declaración de Trump de redirigir ocho mil millones de dólares de fondos federales para levantar la muralla.
La declaración de “emergencia nacional” permite a los presidentes acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y Trump la firmó el pasado 15 de febrero al asegurar que hay una “invasión” de drogas y criminales en la frontera con México que justifica medidas extraordinarias.
Con ese decreto, Trump pretende reunir seis mil 600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros mil 375 otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza.
La exsecretaria de Estado Madeleine Albright, que trabajó para el expresidente Bill Clinton (1993-2001), y Chuck Hagel, exsenador republicano y exsecretario de Defensa bajo la Administración de Barack Obama (2009-2017), fueron algunos de los firmantes.
También rubricaron el texto el exdirector de la Agencia Central deInteligencia y exsecretario de Defensa con Barack Obama, Leon Panetta; el exjefe de la Patrulla Fronteriza (CBP, en sus siglas en inglés) Gil Kerlikowske; y el exsecretario de Estado John Kerry.
Los funcionarios subrayaron que los pilares sobre los que Trump apoyó la declaración no son ciertos.
“Los cruces fronterizos ilegales están cerca de mínimos desde hace 40 años,no existe una amenaza terrorista documentada, el tráfico de personas y drogas no se verá afectado por un muro fronterizo, y no hay una amenaza de violencia planteada por los inmigrantes”, redactaron.(Con información de Prensa Latina)
Alambre de púas en muro fronterizo de Trump termina en casas de Tijuana
Los alambres de púas fueron colocados hace cuatro meses por fuerzas de EE.UU. Foto: AP.
De acuerdo con las autoridades de EE.UU. y la ciudad de Tijuana, durante los últimos meses pobladores mexicanos de zonas cercanas al muro fronterizo entre ambos países han estado robando el alambre de púas colocado meses atrás, con el cual levantan cercados para proteger sus viviendas.
Los primeros reportes explican que en el último mes aumentó la cantidad de casas en las que se observa un alambrado de púas idéntico al que fue colocado cuatro meses atrás por militares estadounidenses como una medida para impedir el paso a la caravana de migrantes centroamericanos e intensificar la seguridad fronteriza, según la política de la administración Trump.
Fueron las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos las que primero reportaron esa práctica, que fue luego confirmada por el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor.
Al ser interrogados respecto a la presencia de la alambrada en sus casas, los vecinos de la zona aseguraron que ellos no perpetraron el robo, sino que alguien más acudió ofreciendo instalarlos en sus viviendas a bajo costo.
Los alambres de púas fueron colocados hace cuatro meses, un día despué de que el presidente Donald Trump enfatizara la importancia de la seguridad fronteriza durante su discurso del Estado de la Unión.
(Con información de Debate)
Iglesia de El Paso se convierte en oasis para migrantes centroamericanos en EEUU
CC BY 2.0 / Peter Haden / Central American migrants find quarter in southern Mexico.
03:43 02.03.2019(actualizada a las 07:17 02.03.2019) - SPUTNIK NEWS
MONTEVIDEO
(Sputnik) — Los responsables de la iglesia cristiana Caminos de Vida en
la ciudad estadounidense de El Paso (sur) se vieron en pocas horas con
el destino de 150 centroamericanos en sus manos, a quienes debieron
alimentar, consolar y ayudar luego de que el Servicio de Inmigración los
liberara, contó a Sputnik el pastor Paul Cabrera.
Una
persona de una organización religiosa "nos contactó diciendo que había
50 personas para tenerlos uno o dos días, si no, los iban a dejar en las
calles (…) no somos una iglesia que hace estas cosas, pero creemos con
nuestro corazón que es nuestro deber amar y ayudar a cualquier persona,
no nos interesa la política, tomamos una decisión y dijimos que sí",
dijo Cabrera a esta agencia en una entrevista telefónica.
Pero el 26 de febrero, cuando cuatro voluntarios se encontraban en el estacionamiento de la iglesia para recibir a los migrantes una hora después del aviso, tres autobuses del ICE llegaron al lugar y de ellos bajaron 150 inmigrantes, la mayoría de Honduras. Cabrera contó que el grupo, en el que había varios niños, llegó hambriento.
Muchos llevaban varios días sin higienizarse, con aparato electrónico de rastreo en el tobillo y un documento de inmigración que les indicaba la fecha y el lugar en que debían presentarse ante un juez o ante un patrocinador.
Más información: Experto: caravanas migrantes reconfiguran problema histórico regional
Las personas que llegaron a la iglesia, que no cuenta con infraestructura para albergar migrantes como otras instituciones religiosas de la ciudad, dijeron al pastor y a los otros voluntarios que habían atravesado México a pie para llegar a EEUU, un camino de miles de kilómetros que fue arduo y violento.
Cuando
bajaron de los autobuses "no sabía lo que habían pasado en las últimas
semanas, todo el sufrimiento de no comer, de los abusos; después me han
dicho que a mucha gente le robaron en México, los golpearon y abusaron",
contó Cabrera, cuyo padre lideró la pequeña iglesia por 45 años hasta
su fallecimiento hace tres semanas.
"Ellos vienen con historias muy dramáticas, muy tristes, te quiebran
el corazón y nuestra responsabilidad es reflejar el amor de Cristo como
iglesia, además de ayudarlos, darles un abrazo, esa es nuestra
responsabilidad y lo que estamos tratando de hacer", aseguró.
"La
ciudad ha respondido mucho, mucha gente dio comida, ropa, artículos de
baño. En la iglesia no tenemos camas, pero dijimos "tenemos alfombras y
podemos mover las sillas del santuario y pueden dormir ahí"; pero
gracias a Dios empezó a correrse la voz y me contactó la Cruz Roja y nos
donaron 150 camas chicas para que la gente no tenga que dormir en el
piso", explicó Cabrera, cuyo trabajo principal es de capellán para
enfermos terminales.
Desde octubre, cuando comenzaron a partir caravanas de migrantes
mayormente desde Honduras con destino a EEUU para pedir asilo, más de
200.000 personas han sido detenidas por la Patrulla Fronteriza en la
zona suroeste del país, limítrofe con México, donde miles aún esperan
para ingresar al vecino del norte de manera legal.
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De esa cifra, muchos han sido deportados a sus países, otros fueron regresados a México mientras avanza su solicitud de asilo, pero miles permanecen a la espera de un procesamiento.
La
iglesia volvió a solicitar donaciones a la comunidad para continuar
asistiendo a los migrantes que aún no han podido continuar su viaje y a
otros 50 que el ICE liberaría en esa jornada.
El ICE dijo en una declaración a Sputnik que derivó a estas personas a
la iglesia Caminos de Vida porque la organización no gubernamental con
la que trabaja siempre tenía colmada su capacidad de asistencia.
"Como resultado del extenso número de familias que continúan llegando al área fronteriza de El Paso, ICE se coordinó esta semana con una organización no gubernamental adicional en la comunidad para ayudar a estas personas tras su liberación. Debido a este reciente flujo, el albergue local con el que ICE ha trabajado por varios años estaba superado en su capacidad y no podía recibir a nuevas familias migrantes el 26 de febrero", dijo la portavoz del ICE, Leticia Zamarripa, en el comunicado.
"Yo
veo gente que está desesperada buscado un futuro para sus vidas y para
sus hijos, yo sé que en las noticias han dicho que hay criminales y tal
vez hay personas que han hecho cosas malas, pero lo que yo veo es a
personas que están hambrientas de buscar un futuro para sus familias,
han corrido de cosas peligrosas", dijo Cabrera.
Su iglesia también ha intentado contactar con médicos para tratar a
algunos niños que parecen estar enfermos, comentó el pastor, y que
necesitan medicinas.
En diciembre fallecieron una niña y un niño guatemaltecos, de 7 y 8 años, respectivamente, mientras se encontraban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza tras cruzar de manera ilegal a EEUU en un período en que comienza a bajar la temperatura en la zona durante la noche.
Más fotos: Caravana de migrantes: dolor, esperanza y desesperación, en imágenes de Sputnik
Cabrera contó que él y su hermano, quien maneja una radio cristiana en El Paso, se han pasado desde el martes 27 en la iglesia junto a los migrantes para asegurarse de que todo funcione, ya que son solo 10 personas las que están ayudando con la asistencia y la logística.
Del
grupo inicial de 150, la organización había ayudado a 80 a última hora
del jueves 28 para poder contactar a sus familias en sus países de
origen y continuar el viaje hacia el lugar donde deben presentarse ante
un juez de inmigración.
"Los estamos conectando con su gente, luego los llevamos al
aeropuerto o al autobús, porque ellos no saben ninguna cosa, no saben
geográficamente dónde están ni a dónde tienen que ir", comentó Cabrera.
Entre octubre y fines de diciembre, el ICE liberó a 24.000 migrantes en El Paso, a quienes colocó en albergues o dejó en la calle sin dinero ni recursos, como las 1.600 personas varadas en estaciones de autobuses o a la intemperie en los días previos a Navidad, según dijo en ese momento el acalde de la ciudad Dee Margo.
La agencia dijo en el comunicado que entre el 21 de diciembre y el 26 de febrero liberó a más de 72.000 personas que formaban parte de familias en la frontera suroeste, y que de ellas 21.000 fueron puestas en libertad en El Paso.
Temas relacionados: Dividir para deportar: así detiene México a líderes migrantes para desarticular caravanas (fotos)
El presidente estadounidense Donald Trump afirma que existe una crisis en la frontera sur y ha insistido en la construcción de un muro que refuerce la seguridad en la zona y por el que ha mantenido una fuerte polémica con legisladores demócratas que se oponen al gasto de miles de millones de dólares en esa obra.
Pero el 26 de febrero, cuando cuatro voluntarios se encontraban en el estacionamiento de la iglesia para recibir a los migrantes una hora después del aviso, tres autobuses del ICE llegaron al lugar y de ellos bajaron 150 inmigrantes, la mayoría de Honduras. Cabrera contó que el grupo, en el que había varios niños, llegó hambriento.
Muchos llevaban varios días sin higienizarse, con aparato electrónico de rastreo en el tobillo y un documento de inmigración que les indicaba la fecha y el lugar en que debían presentarse ante un juez o ante un patrocinador.
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Las personas que llegaron a la iglesia, que no cuenta con infraestructura para albergar migrantes como otras instituciones religiosas de la ciudad, dijeron al pastor y a los otros voluntarios que habían atravesado México a pie para llegar a EEUU, un camino de miles de kilómetros que fue arduo y violento.
Donaciones
Ante el inesperado número de migrantes recibidos, la iglesia hizo un llamado en sus redes sociales por donaciones pues solo contaba con un poco de agua para los recién llegados.
©
Sputnik / Jesús Alvarado
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De esa cifra, muchos han sido deportados a sus países, otros fueron regresados a México mientras avanza su solicitud de asilo, pero miles permanecen a la espera de un procesamiento.
"Como resultado del extenso número de familias que continúan llegando al área fronteriza de El Paso, ICE se coordinó esta semana con una organización no gubernamental adicional en la comunidad para ayudar a estas personas tras su liberación. Debido a este reciente flujo, el albergue local con el que ICE ha trabajado por varios años estaba superado en su capacidad y no podía recibir a nuevas familias migrantes el 26 de febrero", dijo la portavoz del ICE, Leticia Zamarripa, en el comunicado.
El futuro
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Foto : Notimex
En diciembre fallecieron una niña y un niño guatemaltecos, de 7 y 8 años, respectivamente, mientras se encontraban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza tras cruzar de manera ilegal a EEUU en un período en que comienza a bajar la temperatura en la zona durante la noche.
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Cabrera contó que él y su hermano, quien maneja una radio cristiana en El Paso, se han pasado desde el martes 27 en la iglesia junto a los migrantes para asegurarse de que todo funcione, ya que son solo 10 personas las que están ayudando con la asistencia y la logística.
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REUTERS / Alexandre Meneghini
Entre octubre y fines de diciembre, el ICE liberó a 24.000 migrantes en El Paso, a quienes colocó en albergues o dejó en la calle sin dinero ni recursos, como las 1.600 personas varadas en estaciones de autobuses o a la intemperie en los días previos a Navidad, según dijo en ese momento el acalde de la ciudad Dee Margo.
La agencia dijo en el comunicado que entre el 21 de diciembre y el 26 de febrero liberó a más de 72.000 personas que formaban parte de familias en la frontera suroeste, y que de ellas 21.000 fueron puestas en libertad en El Paso.
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El presidente estadounidense Donald Trump afirma que existe una crisis en la frontera sur y ha insistido en la construcción de un muro que refuerce la seguridad en la zona y por el que ha mantenido una fuerte polémica con legisladores demócratas que se oponen al gasto de miles de millones de dólares en esa obra.
