Narcocrisis en Honduras
Por: Javier San Vicente
Juan
Orlando Hernández está con el agua al cuello. El pasado 23 de noviembre
su hermano, el exdiputado Tony Hernández fue detenido en Miami por
cargos de narcotráfico y tráfico de armas. El departamento de Justicia
lo acusa en un comunicado de estar “implicado en todas las instancias
del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas
de cocaína”. También de coordinar “el uso de ametralladoras para brindar
seguridad a los envíos de cocaína”, e incluso de marcar los paquetes de
cocaína con el símbolo “TH”, por Tony Hernández.
Tras
la detención, Juan Orlando Hernández se ha desvinculado de su hermano
asegurando que en su familia no les habían educado para acabar de esa
forma y que en Honduras nadie está por encima de la ley. De esta forma,
la versión oficial es que, si Tony es culpable, Juan Orlando no sabía
nada. Algo difícil de creer, más teniendo en cuenta que según la
justicia estadounidense, Tony Hernández es un narcotraficante de altos
vuelos, con acceso a laboratorios de cocaína en Colombia y Honduras y
que durante su carrera criminal “estuvo implicado en el procesamiento,
la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias
toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas
rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino”. ¿Es factible pensar
que todas estas actividades se realizaron sin conocimiento de la
inteligencia militar hondureña, y por ende del Presidente?
De
lo que no cabe duda es de que, con anterioridad a su detención, ya
existían fuertes señalamientos contra Tony Hernández. En octubre de
2016, el entonces Capitán del Ejército de Honduras Santos Rodríguez
Orellana afirmó haber participado en un operativo en el que se decomisó un helicóptero propiedad de Tony.
Según las declaraciones del capitán, tras el decomiso del helicóptero,
recibió una llamada de un superior del Ejercito en la que le ofrecieron
500,000 dólares a cambio de hacer la vista gorda, oferta que
posteriormente se ampliaría al millón de dólares. Debido a su negativa a
aceptar estos sobornos, Rodríguez Orellana fue dado de baja de manera
deshonrosa del Ejército hondureño. Del helicóptero no se volvió a saber
nada. Rodríguez Orellana, afirmó también haber sido presionado por la
DEA para acusar de pertenencia al narcotráfico a Tony Hernández, e
incluso para involucrarlo en un supuesto plan liderado por el narco
Wilter Blanco para atentar contra el entonces Embajador de Estados
Unidos en Honduras James Nealon. Un par de meses después, en noviembre
de 2016 Wilter Blanco fue detenido en un operativo ordenado por la DEA
en Honduras. A escasas horas de su detención consiguió fugarse, al
parecer con ayuda de altos mandos policiales.
Lo absurdo de su fuga, unido a la cercanía temporal con las acusaciones
de colusión entre Blanco y Tony Hernández causaron gran revuelo en su
momento, aunque sin mayores consecuencias. Finalmente, Blanco fue
capturado en Costa Rica y extraditado a Estados Unidos. Como colofón,
unos meses más tarde, en marzo de 2017 el narcotraficante Devis Leonel
Rivera Maradiaga, perteneciente al cartel de los Cachiros, declaraba
ante una corte de Nueva York haber entregado sobornos a Tony Hernández
para que agilizase el pago de deudas pendientes del gobierno hondureño
con una de las empresas pertenecientes a los Rivera Maradiaga. Y es que
el cartel de los Cachiros había creado una empresa llamada Inmobiliaria
Rivera Maradiaga, que ganó contratos públicos al menos por un valor de 143 millones de lempiras (unos 6 millones de dólares) durante el mandato del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2013).
Si
aun así el presidente no sabía en que andaba su hermano, no puede
alegar tampoco que se deba a que estuvieran distanciados. La conducta
del mandatario Juan Orlando Hernández más bien indica que Tony era de su
total confianza. Su involucramiento en la primera campaña presidencial
del actual mandatario en 2013 fue notorio. De hecho, la esposa de Tony
se ha visto salpicada en el escándalo de corrupción conocido como caso
Pandora: ella es la propietaria de dos locales adquiridos con dinero de
la trama corrupta en un lujoso edificio de la capital hondureña. Según declaraciones del abogado de Fernando José Suarez (uno de los implicados en el caso pandora),
que recientemente ha declarado su voluntad de colaborar con la
justicia, estos apartamentos acabaron en propiedad de la cuñada de Juan
Orlando Hernández tras amenazas y agresiones del propio Tony Hernández
contra Suarez. Tampoco se puede negar, que el peso de la ley ha tardado
en caer sobre Tony Hernández, y que ha sido fuera de Honduras. La
justicia hondureña no solo permaneció inactiva ante los diversos
señalamientos contra Tony, continua sin hacer nada tras su detención. En
concreto, la Oficina Administradora de Bienes Incautados OABI no ha
procedido contra los bienes del acusado y su familia. La comparación con
el caso Rosenthal es inevitable. En aquel caso, tras la acusación en
Estados Unidos de lavado de activos del narcotráfico contra una
prominente familia de banqueros hondureños, la misma OABI procedió con
celeridad al embargo de todos los bienes de los acusados. Lo mismo
ocurrió con los bienes del ex Presidente Lobo, cuya casa fue embargada
en el marco de un proceso por corrupción contra su esposa. La pregunta
es, ¿por qué en este caso la OABI no hace nada, si el mandatario afirma
que la ley es igual para todos?
Pero
los señalamientos que afectan a la familia Hernández Alvarado no se
limitan al caso de Tony. En el marco del denominado caso pandora también
se vio involucrada otra hermana de Juan Orlando: Hilda Hernández,
fallecida en un confuso accidente de helicóptero a finales de 2017. Al
parecer, el deceso de Hilda evitó su imputación en el caso pandora, en
el que si figura como acusado su esposo Jean Marie Peyrecave. En
relación a este caso, el abogado de Suárez ha declarado que lo revelado
por Pandora es solo la punta del iceberg de una trama en la que se
saquearon fondos públicos de diversas instituciones públicas, para
favorecer las candidaturas presidenciales del propio Juan Orlando
Hernández. Según Suárez, la trama era dirigida de forma directa por
Hilda Hernández hasta su supuesto fallecimiento en 2017, con el
conocimiento y beneplácito de los presidentes Hernández y Lobo.
Pero
el involucramiento de los actuales gobernantes de Honduras con el
narcotráfico va mucho más allá de estos casos. Así, en el caso de la
familia del expresidente Porfirio Lobo (2009-2013), estos vínculos
llegan hasta su hijo, preso por narcotráfico en Estados Unidos. Además
el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga declaró ante una corte
de Nueva York que su organización financió la campaña electoral de Lobo
en 2010, y que incluso se celebró una
fiesta tras el triunfo electoral en casa del mandatario en la que
participaron el presidente, su hermano y varios diputados oficialistas,
junto con los jefes de la banda los cachiros. Devis Leonel también
acusó de colusión con el narcotráfico a importantes figuras de los
últimos gobiernos, como el actual Ministro de Seguridad de Honduras,
Julián Pacheco Tinoco, al exministro Oscar Álvarez y a varios y alcaldes
diputados nacionalistas.
En
el nivel local el narcotráfico y el Partido Nacional también se han
visto relacionados. Paradigmático es el caso del ex alcalde nacionalista
de Yoro, Arnaldo Urbina, que fue jefe de campaña de Juan Orlando en su
departamento en 2013, y actualmente está preso por liderar una banda de
narcotraficantes y sicarios que todavía mantiene un férreo control
político y criminal en su región. La hermana de Urbina fue diputada por
el Partido Nacional y es la actual alcaldesa de Yoro. Otro caso
relevante es el del municipio de El Paraíso (Copán), cuyo narco alcalde
Alexander Ardón, del Partido Nacional (fugado en la actualidad) llegó a
construir una réplica de la Casa Blanca como sede del gobierno local. En
la actualidad el municipio es gobernado por un lugarteniente suyo bajo
la égida del Partido Nacional. Ardón, que al parecer vive escondido en
las montañas de Copán, llegó a realizar una aparición pública en la
última campaña electoral para apoyar a su lugarteniente, que se
presentaba bajo una de las listas que apoyaban la reelección de Juan
Orlando Hernández Alvarado. El hermano de Ardón fue durante años el
director del Fondo Vial, desde el cual otorgó contratos de obra pública a
los Cachiros.
Nota relacionada Tony Hernández es narcotraficante desde el 2004: Departamento de Justicia de EE.UU.
Como
se ve, los vínculos entre el Partido Nacional y el crimen organizado
existen en todos los niveles, revelando un patrón que podría
considerarse sistemático. El hecho de que el mismo abogado lleve la
defensa del hijo de Pepe Lobo, de Tony Hernández, y de Rafael Callejas
genera la sensación de que todos ellos forman una comunidad de intereses
que gira alrededor del Partido Nacional. Sensación que se ve reforzada
por las declaraciones de numerosos líderes del partido, en las que
arremeten contra la justicia estadounidense y hacen llamados a la
defensa de la independencia de Honduras.
La
Honduras posterior al golpe de Estado de 2009 sufrió un marcado proceso
de degradación política, que la llevo a convertirse en un auténtico
narco Estado. La llegada al poder en 2010 de un Partido Nacional que se
sintió hegemónico creo una serie de incentivos perversos que llevaron al
país por la senda de la violencia y la corrupción. En este contexto se
produjo un gigantesco desfalco del Instituto Hondureño del Seguro
Social, se financiaron campañas políticas con dinero destinado a apoyar a
mujeres pobres, se dilapidaron los fondos de la oficina de Presidencia y
del Despacho de la Primera Dama y se crearon enormes redes de
corrupción en gran parte de las instituciones públicas. Además, la vida
política del país, que se había caracterizado por su escasa
conflictividad, se volvió profundamente inestable. A finales de 2017,
Juan Orlando Hernández logró presentarse a la reelección, violando lo
dispuesto en la propia constitución del país, y se realizó el proceso
electoral más polarizado en décadas en el país. Un conteo de votos
plagado de irregularidades y caídas de sistema provocó una masiva
movilización ciudadana contra el fraude, que degeneró en represión
militar. Como resultado, más de 30 personas asesinadas. La misión de
observación electoral de la Organización de Estados Americanos recomendó
que se repitieran los comicios en el nivel presidencial, aunque su
propuesta no fue atendida. En la actualidad, el mandatario Juan Orlando
Hernández es ampliamente percibido como ilegitimo en Honduras. Sin
embargo, el respaldo incondicional de sectores militares le permite
continuar en el poder, con lo cual el futuro de Honduras sigue siendo un
enigma.
Con un gancho al hígado, hieren de muerte al dictador
Por: Jaime Flores
El
golpe que los norteamericanos le propinaron a Juan Hernández se conoce
en el mundo del boxeo como un «gancho al hígado». Si bien dicho golpe ha
sido fuerte, no significa que esté fuera del ring; por lo que la clase
política debe plantearse un juicio político para defenestrar al
dictador, mientras a los operadores de justicia les corresponde realizar
una profunda investigación.
Lo
que era un secreto a voces quedó al descubierto con la captura de
Antonio Hernández, hermano del dictador, en los Estados Unidos. Juan
Hernández y su familia conformaron una red criminal desde la posición
privilegiada que les dio el poder y utilizaron la institucionalidad del
gobierno para traficar con drogas, armas y lavado de dinero.
Es
imposible que el dictador no supiera de las correrías de su hermano, a
otro perro con ese hueso, tomando en cuenta que los organismos de
inteligencia del Estado están a su servicio, principalmente los del
Ejército, que tiene como mandato garantizar la seguridad nacional.
Una
de las instituciones más enlodadas con el caso Tony, es el Ejército.
Esto, porque lo deja al descubierto, de al menos, dos maneras: o como
partícipe de estos negocios turbios, o porque mantiene una sumisión
canina no sólo con el dictador sino con los miembros su familia, a
quienes les permiten hacer todo tipo de “travesuras”, con la intención
no perder sus privilegios.
El
golpe dado por los norteamericanos no se circunscribe solo al dictador y
al Ejército sino que, como una expansiva, alcanza a los principales
funcionarios y colaboradores del fraudulento gobernante; entre ellos, a
los integrantes del famoso y temido Consejo Nacional de Seguridad.
Ninguno de estos funcionarios puede venir ahora y rasgarse las
vestiduras, y decir que Tony era una inofensiva paloma.
Nota raelacionada Tony Hernández señalado como narcotraficante a gran escala por Departamento de Justicia
El
inoperante Ministerio Público debe iniciar una investigación; extensiva
a los otros operadores de justicia. De lo contrario, sus titulares
deben ser acusados por autoría, negligencia o encubrimiento. El único
árbitro que puede sacar del ring al dictador es la oposición a través de
un juicio político; si no juega el papel histórico que de harto le
corresponde, se convierte en cómplice y enemiga de este pueblo digno de
mejor suerte.
Congreso Nacional: La maquila de leyes anti derechos y de protección de los corruptos
Wednesday, 28 November 2018 01:04 Written by Webmaster Published in Investigacion
Aprovechando
que el pasado 03 de agosto la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos,(CIDH), le recomendara al Estado de Honduras derogar el artículo
184 del Código Procesal Penal que impide a los jueces conceder medidas
sustitutivas a los denunciados por delitos graves, la bancada del
Partido Nacional ha presentado una iniciativa para anular ese precepto
que mantiene en el borde de la cárcel a los principales líderes del
Partido Nacional.
Más
de un centenar de diputados, funcionarios del gobierno y dirigentes de
organismos no gubernamentales ONG afines a ese partido, están acusados
del delito de lavado de activos por la supuesta destinación de dinero
público a cuentas particulares y al financiamiento de las campañas
políticas.
La
iniciativa para anular el Articulo 184 y evitar que los diputados y
demás funcionarios acusados pongan los pies en la cárcel, fue presentada
el 21 de agosto pasado por diputado nacionalista Marco Antonio
Velásquez, del departamento de Valle.
Para
conocer la situación de los derechos humanos en este país
centroamericano, del 30 de julio a 03 de agosto pasado, la CIDH
visitó Honduras y al finalizar elaboró un catálogo de 25 recomendaciones
consideradas necesarias para el respeto de los derechos fundamentales.
El catálogo
comprende recomendaciones como el enjuiciamiento y condena de los
responsables de las muertes y de las agresiones en contra de los
manifestantes en la crisis post electoral, garantizándoles a las
víctimas, familiares y defensores de derechos humanos el acceso a las
investigaciones y a los procesos judiciales.
Otras
recomendaciones que no han sido atendidas son las de eliminar las
figuras penales que restringen la libertad de expresión y el ejercicio
periodístico, y la judicialización de un 95% de femicidios que se
mantienen en la impunidad, entre otras que se han venido repitiendo
desde que Honduras participó por primera vez en el Examen Periódico
Universal,(EPU), en el año 2010.
Sin
embargo, en el Congreso Nacional solo se preocuparon por la reforma del
Artículo 184 del Código Procesal Penal, porque afecta directamente a
los principales líderes del Partido Nacional, actualmente en el poder, y
por tal razón corrieron a presentar la iniciativa de Ley.
La
CIDH recomendó que “El Estado debe promover, regular y aplicar medidas
alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones
que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el
tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal
Penal”.
Si
bien la mayoría de hondureños es consciente de que ese artículo penal
vulnera el derecho de los imputados, esta recomendación de la CIDH no ha
dejado de sorprender a la ciudadanía que lucha contra la corrupción,
pues en el momento en que se produce hay una larga lista de funcionarios
y ex funcionarios corruptos que han sido acusados de lavado de activos,
uno de los delitos donde no hay cabida para que un juez otorgue arresto
domiciliario.
Y
el problema se da porque estos funcionarios acusados no solo le robaron
al pueblo el dinero de sus impuestos sino también hasta la esperanza de
poder gozar de buenos servicios de salud, educación, vivienda y
transporte, entre otros.
Las
acusaciones seguidas de la recomendación de la CIDH han provocado que
los mismos diputados que en el 2013 promovieron en el Artículo 184 la
instauración del catálogo de delitos para ser aplicaddos los más
vulnerables, ahora estén sintiendo el peso y traten de sacudírselo.
Pero ¿por qué le tienen miedo al 184?
El
25 de abril de 2013 el Congreso Nacional conformado en dos terceras
partes por diputados del Partido Nacional, aprobó el Decreto 56-2013
para reformar el Artículo 184 del Código Procesal Penal e instaurar un
catálogo de 21 delitos en los que según ellos no debía existir la
sustitución de la prisión preventiva.
En
este catálogo están comprendidos los delitos de homicidio, asesinato,
parricidio, violación, trata de personas, pornografía infantil,
secuestro, falsificación de dinero, robo de vehículos, magnicidio,
genocidio, asociación ilícita, extorsión, terrorismo, contrabando,
delitos relacionados con armas de guerra, defraudación fiscal, tráfico
de drogas, lavado de activos, prevaricato y femicidio. “Una canallada política”, según lo determina, el reconocido abogado y defensor de los derechos humanos, Joaquín Mejía.
Mejía dice que el Congreso
Nacional, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, tenían
suficiente conocimiento de que ese artículo era contrario no solo a la
Constitución de la República y a los principios democráticos del derecho
penal liberal, sino también de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos, un organismo multilateral que ya se ha pronunciado
sobre la libertad que deben tener los jueces en la determinación de cada
caso concreto.
Sostuvo
que en el momento en que se produjo esa reforma los representantes del
Estado se enfocaban en mandarle mensajes a la sociedad haciéndole creer
que estaban poniendo mano dura, sin imaginarse que años después, la
Unidad Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) y la Misión
de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), les iban
a pasar la factura por crímenes cometidos.
Los diputados de ese momento, en su mayoría nacionalistas, pensaron que ese
artículo solo sería aplicado contra manifestantes populares, detenidos,
encarcelados e inculpados de terrorismo y a los miembros de las maras y
pandillas, que siempre son acusados de asociación ilícita y robo de
vehículos, figuras delictivas que están comprendidas en el catálogo del
184.
“Y
se encontraron en una situación en la que se les iba a aplicar y por
tanto ahora lo quieren reformar y están utilizando los argumentos del
sistema interamericano y argumentos constitucionales", indicó Joaquín
Mejía.
Para él, esta actitud no es nada más que el producto del descaro y la hipocresía con que actúa la clase política.
Y
es que los diputados ya sienten los pasos de animal grande, porque más
de un centenar y medio de funcionarios, entre diputados, ex diputados,
primeras damas, ministros, alcaldes, líderes de los partidos políticos
tradicionales, empresarios y directivos de algunas organizaciones no
gubernamentales (ONGs) creadas para el desvió del dinero público,
enfrentan juicios y acusaciones por lavado de activos.
Tal
es el caso de los involucrados en la Red de Diputados, La Caja de
Pandora y la Caja Chica de la Primera Dama, donde todos los imputados
por el Ministerio Público deberían estar en la cárcel, pero los jueces
que conocen las causas favorecieron a la mayoría de ellos, cambiaron el
delito original y los enviaron a sus casas permitiéndoles defenderse en
libertad.
 Acusados de la Caja de Pandor |
En
enero pasado el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, sostuvo que
solo en la red de diputados hay 124 parlamentarios, organizados
criminalmente para blanquear dinero extraído ilegalmente del Estado a
través de fundaciones creadas con ese fin. Y vale decir, que a raíz de
esa revelación, días después, Jiménez fue expulsado del país con el aval
del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, (OEA).
 |
Pero
es que las acciones ya iniciadas por la MACCIH comenzaban a tocar la
puerta de los corruptos. El 11 de diciembre de 2017, la UFECIC -MACCIH
acusó a 5 diputados integrantes de esa red y alteró los ánimos de la
clase política gobernante que no dudó en accionar y neutralizar el
proceso a través del Decreto legislativo 141-2017, del 18 de enero del 2018.
Los
diputados aprobaron la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos
de la República para el Ejercicio Fiscal 2018 y en uno de los artículos
establecieron un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos
destinados a proyectos o ayudas sociales, gestionados y ejecutados por
servidores públicos, diputados y ONGs. En esa legislación prohibieron
las acciones judiciales por corrupción mientras que el Tribunal Superior
de Cuentas, un ente controlado políticamente por ellos, no haya emitido
su informe del tema.
En
febrero pasado UFECIC-MACCIH también judicializó el caso de la Primera
Dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo y el denominado Caso Pandora que
involucra a renombradas personalidades del Congreso Nacional y del Poder
Ejecutivo.
 Prisión preventiva para la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo por el caso "La Caja Chica de Primera Dama". |
Solo
en el Caso Pandora, 38 personas malversaron 282 millones 116 mil 175
lempiras extraídos de la Secretaría Agricultura y Ganadería y los
trasladaron a las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras.
Entre
los grandes involucrados de Pandora figuran el ex vicepresidente de la
Republica y ex candidato a la presidencia de la Republica por el Partido
Liberal, Elvin Ernesto Santos; Arnoldo Gustavo Castro Hernández, esposo de la ex presidenta del Partido Nacional y ex vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López; Jean
François Peyrecave, esposo de Hilda Hernández, la hermana del
Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, y los eternos
diputados nacionalistas, ex presidentes del Congreso Nacional, José Celín Discua Elvir y Rodolfo Irías Navas, entre otros.
El 14 de agosto, la
Directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos,
anunció que la MACCIH daría a conocer otra lista de altos funcionarios
involucrados en actos de corrupción y que los casos se conocerían como
Pandora II y Pandora III.
Ante
tal situación, no es extraña la carrera para derogar el Artículo 184
del Código Procesal Penal, que los mantiene con un pie afuera y el otro
entrando a la cárcel, como lo señala la ex diputada del Congreso
Nacional y actual regidora de la Corporación Municipal de San Pedro
Sula, Fátima Mena.
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La
ex parlamentaria Mena, evidencia el doble discurso que utiliza ante la
sociedad el Partido Nacional de Honduras. Ella no olvida que en el 2013
al proponer el establecimiento del catálogo de los 21 delitos que no
gozarían de medidas sustitutivas, la bancada nacionalista se rasgaba las
vestiduras y justificaba la necesidad de fortalecer el marco jurídico en materia de seguridad y de justicia.
“Y
en este momento responde a una urgencia por una élite política
económica corrupta que se ve desesperada porque se le está aplicando y
esto conllevaría a mantenerse en prisión hasta que su juicio sea
ventilado”, indicó.
A
juicio de Mena, los parlamentarios nacionalistas están convirtiendo el
Congreso Nacional en una entidad especializada en la fabricación de
todas las herramientas que aseguren la impunidad a los corruptos. Y que
como parte del plan también están buscando frenar la libertad de
expresión mediante bozales para la ciudadanía que se pronuncia.
Criticó
que como medida desesperada se estén violando las garantías
constitucionales y creando leyes para el control de las redes sociales,
contrario a lo que sucede con las recomendaciones dadas por organismos
internacionales para que se derogue de la Ley de Secretos, un tema que
también se debe tratar en el Congreso.
El
gerente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando
Urtecho, sostiene que el empresariado nacional, desde el año 2013,
cuando se produjo la reforma del Artículo 184, se pronunció en contra de
la instauración del catálogo de delitos a los que no se les permitirían
medidas sustitutivas de la prisión.
A
juicio de él, después de 100 años de aplicación de un Código Penal
inquisitivo, Honduras promulgó el Código Procesal Penal para
garantizarle libertad al ciudadano. Sin embargo, sostuvo que la Junta
Directiva del COEHP ha ordenado la realización de un estudio que les
servirá de base para adoptar su posición.
Imputados podrían quedar en libertad
 Joaquín Mejía. |
Desde
el momento en que se aprobó esa reforma, según Joaquín Mejía, existen
muchas personas privadas de libertad por haber cometido delitos que no
son graves, pero se ha obligado a los jueces y juezas a que apliquen esa
Ley contra la gente más vulnerable. “Y lo que da rabia es que esa
reforma no está destinada a beneficiar a estas personas sino a
beneficiar a los corruptos, a las corruptas y a los violadores de
derechos humanos”, afirmó.
De
igual manera, Mejía dijo que la sociedad debe indignarse porque la ley
debe ser imparcial, debe ser general, y no pensando en beneficiar o
perjudicar a un grupo determinado, como es la intensión clara que
llevan.
Mencionó
que en el caso pandora, la red de diputados y el Seguro Social, hay
muchos funcionarios de alto nivel que no han sido juzgados, como el
vicepresidente, Ricardo Álvarez, el ex diputado Oscar Álvarez y las
demás personas que manejaron la campaña del Partido Nacional en el 2013,
que podrían ser beneficiados con la reforma que pretenden aprobar. “Y
al final de cuentas ese es el objetivo”, aseguró. Honduras es desobediente con las sentencias y recomendaciones
Desde otro escenario, Joaquín Mejía, fustigó la nula importancia que el Estado le ha dado a las recomendaciones que se han venido dando desde el 2010 por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Tal es el caso de la recomendación para despenalizar la injuria y la difamación para defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian los actos de corrupción.
Mejía insiste en que la hipocresía y el descaro de la clase política corrupta permiten utilizar solo aquellas recomendaciones que les sirve a ellos. Y citó para el caso, la consulta previa a los pueblos indígenas y pueblos garífunas, donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya ha emitido dos sentencias para que el Estado hondureño apruebe una Ley, pero no contraria a los estándares internacionales, como la que pretenden promulgar en el Congreso.
Y en ese sentido también criticó a los diputados del Congreso Nacional que mantuvieron vigente por mucho tiempo el artículo 335-B adherido al Código Penal que castigaba con cárcel a los periodistas y comunicadores sociales que según ellos hacen apología del terrorismo.
Conoce algunas leyes anto derechos aprobadas del 2009-2018
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“En el caso de la asociación ilícita por ejemplo, hay una sentencia que es con Pacheco Teruel versus el Estado de Honduras, soy uno de los litigantes a través de ERIC donde le dicen al Estado de Honduras que debe modificar o derogar el artículo 332 que habla de la asociación ilícita, y el Estado no hizo caso, al contrario lo ha reformado pero contradiciendo la sentencia”, aseveró Joaquín Mejía.
Además dijo que por la figura del terrorismo y todas las reformas penales que se dieron el año pasado, la Oficina del Alto Comisionado le presentó al Estado de Honduras una serie de recomendaciones y un análisis profundo de diez páginas sobre el por qué no deberían de aprobarse esas reformas, pero a ese documento tampoco le hicieron caso en el Congreso Nacional ni en la Corte suprema de Justicia.
Aunado
a eso, en febrero pasado, el Congreso Nacional también estuvo
discutiendo una iniciativa para a regular las publicaciones en las redes
sociales y páginas de Internet, un proyecto que fue motivado por los
mensajes que circularon exigiendo justicia por el fraude electoral y las
personas que murieron durante la crisis post electoral. Los mensajes en
Facebook también se dirigían contra los defraudadores del Instituto
Hondureño de Seguridad Social.
El
proyecto fue presentado por el diputado nacionalista, Marco Paz,
argumentando que “andamos buscando el respeto a la persona humana, el
respeto a una institución y a una persona jurídica”.
Pero
Julio Pineda, escritor y periodista, sostiene que la intencionalidad
está encaminada a coartar la libertad de expresión, controlar a los
periodistas y comunicadores sociales y evitar que se salgan de la línea
establecida por ellos, los medios de comunicación ya alineados.Según Pineda, la aprobación y reforma de leyes, también tienen el propósito de ocultar la información pública y atrasar los procedimientos legales de la investigación de los casos de corrupción con propósitos de favorecer a los funcionarios que han cometido ilícitos.
En otro sentido, Pineda también mencionó la falta de voluntad para reformar el Código Penal que castiga con cárcel la difamación y la calumnia, figuras penales que ya han sido aplicadas a periodistas y comunicadores que han criticado la corrupción del gobierno. Y “hasta una expresión artística, una caricatura, puede considerarse delito si toca la imagen o los intereses de determinado personaje que está en el poder”, sostuvo el periodista.Amplió que la intencionalidad suprema del gobierno es silenciar a la ciudadanía y reprimir a las personas que exigen el cumplimiento o la garantía de sus propios derechos a través de la protesta pública o mediante la utilización de las redes sociales, base principal para el surgimiento por ejemplo, de la reforma del artículo 335-B del Código Penal, que contemplaba el delito de apología del odio e incitación de actos de terrorismo para los medios de comunicación que destacaran en sus publicaciones hechos calificados como de esa índole.
La fe de erratas
En
mayo pasado, El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal
Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC) con el apoyo de la
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), presentó
un requerimiento fiscal contra los diputados Tomás Zambrano Molina y
Román Villeda por haber modificado irregularmente por
adición, la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2018,
aprobada en Decreto Legislativo 141-2017 y publicado en el Diario
Oficial La Gaceta el 19 de enero de 2018.Tomás Zambrano y Román Villeda, estaban acusados de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno. Sin embargo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Bustillo, nombrado juez natural para la causa, los dejó en libertad. A Zambrano le dictó sobreseimiento definitivo y a Villeda Aguilar auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas de la prisión.
 Tomás Zambrano Molina . |
Vale resaltar que en estos dos casos, donde se involucra directamente a diputados del Congreso Nacional muy cercanos a la bancada del Partido Nacional, actualmente en el poder, la Fiscalía se ha visto débil en su actuación, ante los fallos dictados por los jueces naturales.
- La errata, es una equivocación material que aparece impresa en una publicación. Y la fe de erratas se utiliza para corregir errores poco importantes, como equivocaciones ortográficas que afectan la construcción de una oración. En otras palabras, la fe de erratas no se utiliza para corregir párrafos completos o fragmentos de varios varias líneas, como la ocurrida con esta la Ley.
Y
sobre este caso que afecta directamente a los responsables de haber
nombrado ilegalmente al Fiscal General, Oscar Chinchilla, también vale
decir que en la página web de la Fiscalía es muy escasa la información
que han colocado sobre este tema. Pero en el sitio web del Congreso
Nacional no existe nada. Censura total.
Y
es que históricamente el Congreso Nacional se ha sido manejado a través
de un reglamento que les da a los miembros de la Junta Directiva la
discrecionalidad absoluta para el control de los Proyectos de Ley que se
presentan en la Cámara y manejo a su antojo de los recursos económicos
que manejan. Las Juntas Directivas siempre han estado integradas por los
dos partidos tradicionales, y por miembros de los denominados, partidos
bisagras, Unificación Democrática, Democracia Cristiana, Pinu, cuando
estuvo en sus mejores tiempos y ahora el PAC y la Alianza Patriótica.
Este último es propiedad del general, Romeo Vásquez, protagonista del
Golpe de Estado contra el presidente, Manuel Zelaya en el 2009.
Todos
saben de los problemas que se derivan del reglamento del Congreso, han
existido propuestas de reformas, pero hasta hoy la clase política
dominante no ha mostrado interés para reformarlo, situación que mantiene
engavetados innumerables proyectos de leyes y a muchos diputados de la
oposición, sin la oportunidad de legislar y sin el derecho de participar
en los debates. Varios han denunciado que quien preside las sesiones
les niegan el uso de la palabra.
Es
así como la mayoría de leyes y decretos aprobados, incluso los
relacionados con el nombramiento de altos funcionarios del Estado, están
plagados de irregularidades para obtener la mayoría de votos que
requieren. En muchas ocasiones se ha denunciado hasta la compra de votos
cuando se trata de favorecer o de perjudicar a determinados sectores.
Entre
las leyes que se han aprobado de esa manera se pueden mencionar varias
que afectan los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGTBI,
al campesinado, a los pueblos originarios, a los trabajadores, a los
maestros, a los periodistas y a los medios de comunicación
alternativos.
Conoce algunas leyes anto derechos aprobadas del 2009-2018
|
Por
ejemplo, el campesinado hondureño se ve afectado civil y criminalmente,
por el Código Penal y Código Procesal Penal, la Ley Forestal Áreas
Protegidas y Vida Silvestre, la Ley de Municipalidades y la Ley de
Procedimiento Administrativo, entre otras.
La
abogada Karla Alegría, de la Asocación por la Democracia y los Derechos
Humanos, ASOPODEHU, explica que con el Decreto 18-2008 aprobado en el
gobierno de Manuel Zelaya se beneficiaron muchos campesinos porque ese
era el espíritu de la Ley. Sin embargo, en noviembre del 2010 la Corte
Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional. Y ante tal situación,
es preciso mencionar que entre la admisión del recurso y la sentencia de
la Corte, el Instituto Nacional Agrario (INA) emitió títulos a favor de
las empresas campesinas pero no les pagó la tierra a los antiguos
propietarios provocando demandas criminales no solo para el INA, sino
también contra de los campesinos.
Alegría
dijo que otro problema que tienen los campesinos es que las acusaciones
contra ellos ya no solo se dan por el delito de usurpación sino que
siempre les agregan uno o más figuras delictivas procurando que los
jueces los envíen a prisión.
Aclaró
que la pena máxima por el delito de usurpación es de 4 años y que para
evitar que salgan bajo fianza, siempre los acusan de usurpación y daños;
usurpación y tala o usurpación y tráfico de madera.
La
abogada dice, que la Ley de Reforma Agraria contiene algunos artículos
aplicables en beneficio de los campesinos, pero que las autoridades
manejan la mayoría de casos a través de la Ley de Modernización
Agrícola. 
ESTA SEMANA EJÉRCITO HONDUREÑO RECIBE DRONES COMPRADOS A ISRAEL
- Publicado: 12 Noviembre 2018
De
acuerdo a una fuente oficial, esta semana las Fuerzas Armadas estarían
recibiendo dos de los seis drones que el Gobierno de Honduras compró a
Israel en 2016. Ambos aviones no tripulados, son los modelos Skylark 3,
que supuestamente serían usados para patrullar en puntos fronterizos.
Sumado
a un equipo de alto nivel en comunicaciones, que se presume fue
recibido en julio pasado, el costo militar asciende a 209 millones de
dólares, más de 5,000 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Según
informes oficiales, se prevé que esta semana, las Fuerzas Armadas de
Honduras (FF.AA.), reciban el primer par de los seis drones que el
Gobierno compró a Israel.
El
acuerdo fue firmado a finales de 2016, cuando se aumentó el gasto
militar. En ese entonces, el gobernante Juan Hernández, adquirió dos
aviones no tripulados del modelo Skylark 3.
El
equipo es construido por la empresa Elbit Systems, creada en 1966 por
el régimen israelí para fabricar equipo para la defensa nacional; en el
marco del contrato, se ha adquirido además un equipo de alta tecnología
en comunicación digital.
Según
el informe de la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena), el equipo de
comunicaciones está compuesto por radios vehiculares HF, radio mochilas
HF, radio mochilas VHF, radios vehiculares VHF y VHF/UHF, radios
portátiles y radio bases compatibles con los equipos ya existentes”.
Ambos
drones tienen la capacidad de operar en vuelo al menos cinco horas
seguidas a 100 kilómetros de altura, además cuenta con el equipo para
transmitir en tiempo real durante el día y la noche.
Según
el Gobierno, ambos vehículos son esenciales para la protección de la
defensa nacional, ya que en conjunto con el buque de apoyo logístico,
recientemente entregado por Colombia, se vigilará los puntos
fronterizos.
No
obstante, a Hernández se le ha cuestionado en varias ocasiones, porque
ha insistido en mantener a los militares en las urbes, ejerciendo una
labor policiaca, y la cúpula militar ha accedido a ignorar la
disposición constitucional de velar por la soberanía nacional.
La
investigación que realizó EL LIBERTADOR en su edición impresa de
diciembre de 2016, que Hernández habría pagado a Israel más de 5,000
millones de lempiras por la compra de todo el equipo bélico.
Periodistas exigen investigación por heridos de bala en manifestación contra el fraude electoral
Tegucigalpa, Honduras.- El martes 27, un grupo de periodistas se presentó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humamos (CONADEH), indignados por la situación de violencia en nuestro país, en el caso concreto de la agresión contra su compañero Geovanny Sierra, repudiaron el hecho.
Solicitaron al CONADEH que investigue el caso en el que salió herido Geovanny Sierra, quien labora para el canal UNE TV, así como de los y las manifestantes, quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión e información, uno de ellos identificado como Ángel Ávila, activo defensor de la soberanía patria.
“Consideramos inaceptable que quienes tienen que garantizar el derecho a la vida sean quienes nos ponen en riesgo. Además, que sea la propia institucionalidad, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), justifique el ataque a balazos contra la manifestación, en la que resultó herido nuestro colega Geovanny Sierra2.
Con esta denuncia, los y las periodista expresaron sus más altas muestras de solidaridad con Sierra y demás víctima de las fuerzas represivas del Estado de Honduras que cobardemente dispararon contra su humanidad y en demás de la población que protestaba desarmada.
La protesta se dio en el marco del primer aniversario del fraude electoral, que entre diciembre del 2017 y enero del 2018 el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), reportó al menos 22 asesinatos políticos ejecutados directamente por la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Por su parte el Comité por la Libre Expresión (C-libre), en el marco del Fraude Electoral hasta enero del 2018, registró 59 agresiones contra Libertad de Expresión, y 30 directamente contra la libertad de prensa. Paroditas de UNE TV están entre los casos.
La Constitución de la República, en su artículo 72, como legislación internacional, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, garantiza el derecho a la libertad de expresión. Por ende, la ciudadanía al igual que la prensa, tiene el derecho a difundir y expresar sus ideas sin limitación de fronteras.
El grupo de periodistas solidarios exigió a las autoridades nacionales e internacionales, que los responsables tanto de la represión cómo de la agresión hacia nuestro compañero Geovanny Sierra, sean llevados ante la justicia y que se haga un resarcimiento justo del daño provocado por la violencia del Estado de Honduras.
Llamamos al pueblo hondureño y los pueblos del continente, a los y las periodistas de Latinoamérica, para sus muestras de solidaridad militante con nuestro compañero Geovanny Sierra.
Choluteca es territorio hostil Para la libertad de expresión
Thursday, 11 October 2018 23:00 Written by Wilmer Paz C. Published in Contexto
Foto:La voz del pueblo
Son los periodistas quienes terminan pagando los platos rotos por
informar a través de los medios la inocultable verdad de lo que pasa en
la zona sur de Honduras. Los enardecidos síntomas de indignación social
que vive Choluteca con manifestaciones constantes los miércoles y
sábados de todas las semanas, es un fenómeno digno de estudiar para los
expertos de la sociología, mientras los comunicadores intentan informar
lo qué pasa por eso son estigmatizados.
Los habitantes de Choluteca no cesan semana a semana desde las
pasadas elecciones con sus acciones de protesta, primero en desacuerdo
con las actuales autoridades a las que consideran ilegítimas por
instalarse en el poder, según consideran producto de un fraude
electoral.
Luego, las demandas fueron tomando matices de mayor indignación por las decisiones de las que llaman “fraudulentas autoridades”, embarradas de corrupción e indiferencia en diferentes áreas de la administración pública, afectando directamente a la población. Para un periodista eso es noticia, es su pan de cada día, sin embargo, para los que ostentan el poder es algo que hay que guardar en la complicidad silencio.
Así comparte para pasosdeanimalgrande.com, el periodista Jairo López
quien lamenta que practicar un periodismo de denuncia le ha costado
purgar el limbo del desempleo, violando su libertad de expresión y el
derecho humano al trabajo, ya que ha sido penalizado por las élites
gobernantes.
“No me dan oportunidad en ningún medio de comunicación por denunciar los abusos que cometen las autoridades. Ariel D’vicente, propietario del medio para el que laboré, me dijo que funcionarios de Conatel le exigieron que me cerrara mi espacio porque yo practicaba apología del odio.
Expresó que se siente preocupado porque que en esa zona del país hay problemas graves, “se están otorgado concesiones fraudulentas a generadores de energía y a mineras, Nacaome está convertida en el parque de energía más grande de América Latina y la población no recibe ningún beneficio concreto por eso".
“El jefe local de la DPI me ha estigmatizado como “cabecilla de las protestas” responsabilizándome de las acciones de los protestantes, eso para mí es grave porque me siento perfilado y perseguido por la policía”. No dudó en manifestar que Mauricio Oliva, presidente del Legislativo y Juan Orlando Hernández, actual mandatario de la nación, están detrás de estas acciones en contra de su trabajo.
Pasosdeanimalgrande.com contactó también al periodista Edgard Andino para conocer otra visión de la problemática de los comunicadores de la zona sur, pero su versión no distó de la de su colega López.
Andino denunció al gobierno por estar empleando una estrategia de desprestigio en contra de los comunicadores críticos a la corrupción, “en mi caso personal para amedrentarme han llegado al límite de utilizar un grupo de malvivientes que atacaron a mi hija amenazándola con un puñal, eso me dolió mucho. Además hacen uso de las redes sociales para desprestigiarme a mí y a Jairo López.”
Andino señaló también al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva y al Gobernador Edgardo Laucel como las personas que están detrás de los ataques hacia él, ya que ha denunciado el fraude ocurrido en las elecciones de 2017.”Tengo pruebas, cuento con actas que certifican que aquí en Choluteca quien ganó fue el candidato del PAC y ellos quieren hacer creer a Honduras que Choluteca es territorio cachureco cuando es todo lo contrario.
También destacó que constantemente perseguido por una Toyota pick up 3.0 “y me envían mensajes de texto con amenazas para atemorizarme”.
Consultado Edgard Andino si la constante persecución había logrado intimidarlo y si pensaba abandonar el ejercicio de la carrera, en forma contundente expresó que “de ninguna manera, hago mía la frase nunca el filo de un machete podrá cortar el perfil de una pluma” , dejando claro que su convicción no la doblegan intereses que abusan del poder.
Al consultarle si el colegio de periodistas ha salido en defensa de sus derechos, se limitó a decir; “eso no sirve, no vale la pena que me refiera a ellos, ni los tomo en cuenta, ellos están coludidos con el oficialismo” concluyó.
Por su parte Javier Hidalgo también periodista de la zona Sur, comparte lo expresado por sus colegas y resalta como un dato importante que la Empresa Energía Honduras (EEH) se vio obligada a retirar sus oficinas de la zona ante las constantes protestas de las personas cansadas de los abusos en cobros y el pésimo servicio brindado. “Nosotros como periodistas no tenemos culpa, la gente está indignada y se auto convoca”
La mayoría de los medios aquí en Choluteca son oficialistas, “por
ejemplo ayer en la protesta dos policías resultaron heridos por una
bomba molotov ellos (los policías) están internos y lo que hicieron fue
capturar a un joven que inocente compraba en una pulpería y lo acusaron
sin tener pruebas. Eso es noticia, pero solamente yo lo informé, la
mayoría de los medios callan estas cosas por temor a la censura. Por
mantener mi postura perdí la amistad con Mauricio Oliva a quien conozco
de toda la vida”.
Agregó que la policía está desconcertada porque los altos mandos han dado órdenes expresas para acabar con las protestas, pero no lo han logrado, “aquí hay un fuerte contingente del ejército, con la única misión de acabar de una vez por todas con las protestas, eso todos lo sabemos, pero pocos somos los que informamos”.
“Los dueños de medios nos proporcionan cierta apertura, pero cuando sienten que somos demasiado críticos nos llaman aparte y nos piden que no toquemos mucho determinado tema”.
Hay varios periodistas con medidas de protección en Choluteca debido a amenazas y hostigamientos constantes que reciben por ejercer el periodismo y ser críticos con el gobierno central u otras autoridades, entre ellas el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva quien es el todopoderoso en ese sector.
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.– Cuando el subdirector del
Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNeil, llegó a ofrecerle
pagar los gastos de hospitalización hasta su lecho de gravedad, el
periodista Geovanni Sierra no aceptó ninguna cantidad de dinero, porque
su vida y todos los daños causados por un arma policial, no tienen
precio.
Sierra, del canal Une Tv, fue herido de bala en su brazo derechos el lunes 26 de noviembre mientras cubría una movilización social al cumplirse un año del fraude electoral que mantiene usurpando el poder en Honduras, a Juan Orlando Hernández.
La ráfaga de disparos era a mansalva, por lo que alcanzó a manifestantes, uno de ellos Ángel Ávila, quien fue trasladado al Hospital Escuela Universitario la noche del lunes, y con una herida en su brazo izquierdo fue despachado a su casa. trascendió que está siendo atendido en el centro de salud cercano a su casa.
Se desconoce si McNeil visitó a las demás víctimas de la Policía Penitenciaria. Lo que cuestionó Sierra es si sólo habrá ido donde él ¿por qué es periodista?
Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, es lamentablemente que la represión sea el único medio que tiene el régimen actual para vencer y controlar -según él- las demandas y la fuerza de la ciudadanía que, a un año no está pensando en cerrar puertas y olvidar la tragedia que se vivió en noviembre de 2017, el cual fue otro golpe, un golpe militar electoral que vivió el pueblo hondureño.
El régimen está obligado a replantearse esa conducta militarista, pero además esa conducta de represión porque lo exhibe tal como es, como llegó al poder, como se quiere mantener ahí y entonces exhibe a Honduras como un país violador de derechos humanos, consideró la defensora de ddhh.
Eran cientos de personas que se movilizaron a las cercanías de Casa Presidencial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el lugar estaba acordonado de policías antimotines y vallas de metal, justo al caer el sol, también detonaban las bombas lacrimógenas, y la estampida de personas solo tenía un propósito, huir de las armas policiales-militares y de guardias de seguridad privada de un centro comercial cercano.
Las manifestaciones son un derecho universal legalmente ganado, no se puede acallar la voz social que demanda en este caso algo concreto <<el cese de la continuidad de un régimen ilegal, ilegitimo>> y él debe darse cuenta de que eso está disperso todo el país y fuera de este, agregó Oliva.
Parte del comunicado, tras expresar que era un bus del INP transportarte ocho reos, y que los manifestantes querían liberarlos, se excusa así “Que, ante tales acciones violentas, los agentes penitenciarios usaron los recursos que tenían a su disposición para advertir y disuadir a los atacantes, cumpliendo con su deber para salvaguardar su integridad física y la de las personas privadas de libertad que eran transportadas en la unidad de transporte”.
“Me informó, además, que el arma con que me dispararon es una veretta, por lo cual deduzco que al momento de disparar la intención es matar” Geovani sierra posteó en su Facebook, el martes 27 de noviembre, refiriéndose a la visita de McNeil.
El INP asumió su responsabilidad después de que COFADEH hiciera la denuncia pública a través de sus medios de comunicación “los responsables de quienes habían hecho el ataque contra Geovanny, se vieron obligados a aclarar, igual que la vez pasada dimos a conocer un tema de apellidos, formaron posición” advirtió Oliva.
Pero que bien que hayan aclarado, porque esas declaraciones más bien los comprometen, porque están aceptando que, en este caso, fue desde un bus custodiado por policías penitenciarios que dispararon, y aunque sean penitenciarios deben estar preparados para respetar la vida de cualquier ser humanos, y si eso lo hicieron a la luz pública en una manifestación, que no pueden hacer con los probados de libertad al interior del país.
-Según el comunicado expuesto esa misma noche, expresó el INP que era para liberar a los privados de libertad que transportaban-
Esa es una justificación absurda, porque a lo que transportaban el autobús y sabiendo que había una manifestación como se les ocurrió pasar por ahí, cuando ya se había dado el acto de represión, si venían de la CSJ porque no se quedaron allí esperando a que todo terminara, y no salir bajo esas condiciones.
Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Aún en la cama de una clínica privada de Tegucigalpa, Geovanny Sierra, periodista del canal de televisión UNETV, se encuentra en observación debido a la profunda herida de su brazo derecho, causada por un arma bereta de uso militar, mientras cubría una movilización del primer aniversario del golpe electoral del pasado 26 de noviembre de 2017.
Sierra se encontraba trasmitiendo en vivo desde su celular cuando dice que escuchó que desde un bus amarrillo, propiedad del Instituto Nacional Penitenciario (INP) empezaron a disparar bala viva.
El periodista dijo a defensoresenlinea.com que se agachó en una acera de una de las entradas de mall Las Cascadas por el bulevar Kuwait, pero no dejó de transmitir en vivo, por eso cuando el disparo le impacta en su brazo derecho el grita “me dieron me dieron”, para que alguien lo auxiliara y el hecho quedó grabado.
Según Sierra, el tiroteo duró aproximadamente 20 minutos y cuando cesó el recibió auxilio y fue trasladado junto con la otra persona que también fue herido, al Hospital Escuela Universitario, pero debido al desabastecimiento y la precariedad en que se encuentra ese centro asistencial, no pudieron realizar la operación que necesitaba y sus familiares tomaron la determinación de trasladarlo a una clínica privada, donde se recupera lentamente.
Geovanny desde la cama del hospital dijo que “me siento indignado, pues las autoridades que rigen el destino de este país, son asesinos, a quienes no les importa la vida de las demás personas, y disparan como si estuvieron disparando a cualquier cosa y eso queda en la impunidad, ya que hasta el momento no se hacen investigaciones.
El brazo del periodista está totalmente desecho por lo que expresó que los médicos le dicen que es un proceso de recuperación largo.
“Me dicen que el proceso de recuperación es largo y que es costoso, pero ahorita la prioridad es que no se infecte, por la dimensión de agujero de la herida, ya está expuesta a infección, entonces que ahorita se tiene que trabajar con eso y después ver que más se puede hacer”, añadió Sierra.
Geovanny con su rostro triste dijo que su brazo perdió toda la movilidad a raíz de que la bala le deshizo el codo totalmente.
Por otra parte el día martes 27 de noviembre el periodista recibió la visita del sub director del Instituto Nacional Penitenciario, Germán McNeil , pese a que hay un rotulo en la puerta de la habitación que dice que se restringen el acceso a las visitas. “Él entró y ni siquiera, se anunció para preguntarme si yo lo quería recibir o no. Estuvimos platicando y yo le cuestione a él que si, porque daban la orden de disparar y si las personas estaban capacitadas y me dijo que eran policías.
“El señor McNeil escuchó que estábamos hablando con mi hermana del costo de la tomografía y se aprovechó de eso para decirme que ellos iban a pagar todos los gastos, acción que yo no acepté, le dije que no, que nosotros como sea íbamos a salir adelante porque si me hubiesen matado con eso iban a salir, con dar una cantidad de dinero a la familia entonces yo no acepté la ayuda”.
Y le manifesté de nuevo que porque hacía eso con las personas y él contestó que los custodios que llevaban reos para Tamara se asustaron, pero yo no vi custodios yo lo que vi fueron militares, además hay testimonios de dos compañeros de UNETV que se encontraron el bus antes de que llegara al lugar donde nos disparó y ellos dijeron que el bus no llevaba personas.
Geovanny asegura que no tiene miedo por él, sino por las represalias que puedan tomar en contra de su familia y también informó que procederá legalmente contra los culpables del hecho.
Durante la crisis post electoral el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registra las amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas y medios de comunicación que continuaron en este contexto de crisis política postelectoral.
También diferentes organizaciones sociales reportaron al menos 12 casos. Las agresiones están relacionadas a periodistas que cubrían manifestaciones, y que se incrementaron a partir del 30 de noviembre. Ataques a periodistas el 1 de diciembre, agentes de la Policía Militar del Orden Público agredieron al camarógrafo David Matute, de Marte TV, en el departamento de Comayagua.
El 02 de diciembre, el periodista Bladimir Rivera del Canal Prensa Libre de Choluteca, fue atacado por militares mientras cubría una protesta pacífica. El 11 de diciembre se registró el ataque a los periodistas, Juan Gabriel Mendoza y Nidya Sosa corresponsales de Tribuna TV y Canal 11, respectivamente, en una de las represiones a manifestantes en la ciudad de Choluteca.
Los periodistas de la prensa internacional denunciaron ataques y obstáculos a su trabajo. Sarah Kinosian, periodista del diario británico The Guardian, de la BBC y el noticiero Democracy Now, relató a Columbia Journalism Review que fue golpeada por un policía mientras cubría una protesta.
El camarógrafo Antonio Torres, de Telesur, acompañaba a una colega periodista en el Instituto Nacional de Migración cuando fue hostigado por funcionarios migratorios y agentes de las Fuerzas Armadas.
Los periodistas estadounidenses Jihan Hafiz y Redd Linsay, y el británico Ed Agustín, denunciaron vía telefónica a la coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, que autoridades hondureñas les prohibieron ingresar al país el día 04 de diciembre, que durante 24 horas se les retuvo en el interior del Aeropuerto Toncontin y finalmente se les obligó a abordar un avión, no se les explicó la razón de la prohibición.
Otro de los ataques a medios el 06 de diciembre entre 7:30 y 11:00 am, militares custodiaron Radio Dignidad en San Juan Pueblo, Atlántida, mientras helicópteros militares sobrevolaban a baja altura. Radio Dignidad ha dado cobertura permanente a diferentes manifestaciones.
El 9 de diciembre, Radio Progreso en Tegucigalpa habría sido saboteada, una de las torres de transmisión fue desatornillada, lo que hizo que la antena se partiera en tres partes y cayera al suelo. Los expertos consideraron que hubo manos criminales que procedieron a crear las condiciones para que la torre se cayera, denunció el Sacerdote Israel Moreno.
Los hechos anteriores, así como el resto que no está mencionado consta en el segundo informe de COFADEH, Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de las protestas anti fraude en Honduras.
La sentencia de la Corte, con fecha del 26 de septiembre de 2018, homologa un Acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado de Honduras, las víctimas y las organizaciones representantes del caso: el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).
El Alto Tribunal admitió que el Estado es responsable por la violación al derecho a la vida, al derecho de asociación y a los derechos políticos del defensor de derechos humanos, así como por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de sus familiares. Asimismo, reconoció nuevamente el contexto de violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país.
La Corte señaló que las normas interamericanas no establecen un único derecho que garantice la labor de promoción y protección de los derechos humanos, sino que se requiere que el Estado garantice múltiples derechos contenidos en los instrumentos interamericanos, tales como la libertad de asociación, los derechos políticos, la libertad de expresión, entre otros.
Adicionalmente, el Alto Tribunal reitera la obligación reforzada que tienen los Estados de investigar las afectaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, y recuerda que esta protección especial resulta necesaria porque la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas o de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.
“Esta sentencia representa un hito porque refuerza estándares relativos al deber de investigar los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y recalca la necesidad de tomar en cuenta el contexto y su rol de defensa. Esto es particularmente importante en uno de los países más riesgosos para defender derechos humanos y en donde subsiste el reto de romper el ciclo de impunidad”, sostuvo María Luisa Gómez, abogada de CEJIL representante del caso.
Con respecto a las medidas de reparación comprometidas por el Estado, destaca que Honduras debe “aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos e informar acerca de las acciones adoptadas para la implementación del protocolo y su estado de cumplimiento”.
“Celebramos la decisión de la Corte por cuanto reivindica la memoria de Carlos Escaleras y nuevamente ilustra el contexto de riesgo que enfrentamos quienes defendemos derechos humanos en Honduras. Esperamos que las autoridades cumplan a cabalidad con los acuerdos y que ese reconocimiento de responsabilidad se refleje en hechos concretos que permitan garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Brenda Mejía, representante del ERIC.
El ERIC y CEJIL hacen un llamado para que el Estado de Honduras cumpla de manera inmediata con las medidas de reparación acordadas, en particular la investigación de los hechos violatorios y la implementación del protocolo de debida diligencia, instrumento que permitirá fortalecer la normativa interna y avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de hechos.
Este proceso es el resultado de la lucha del movimiento de mujeres y
feministas que durante años evidencian ante este y pasados gobiernos que
la violencia ha dejado un registro de más de 6 mil asesinatos de
mujeres, desde el año 2003 a la fecha. Lo más preocupante es que el 90
por ciento de los casos están en impunidad”, sostuvo Suyapa Martínez,
directora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras CEM-H.
La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios fue creada está conformada por el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, y las secretarías de Seguridad, de Derechos Humanos y de Justicia, Gobernación y Descentralización además, el Instituto Nacional de la Mujer y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Francia Maradiaga representante del CONADEH, aseguró que esa alarmante cifra de casos sin investigar y sin judicializar comprometen al Gobierno, ya que no ha tenido la voluntad de ser un firme protagonista para la solución del problema, y los recursos económicos destinados para atender estos delitos son raquíticos.
“En una reunión con las Organizaciones de Mujeres señalábamos las causas de la mora judicial en casos de violencia de género y una de ellas es que tenemos pocos recursos para la investigación, como ejemplo, para esclarecer este 90 por ciento de casos en impunidad, la unidad de Delitos contra la Vida solo cuenta con tres investigadores y un automóvil que está en mal estado, nosotros en el Comisionado también contamos con pocos recursos para investigación”, recalcó.
Otro de los elementos que impide cerrar el ciclo investigativo y judicial es el miedo en que incurren los testigos para presentarse a declarar, ellos a sabiendas del actual estado de inseguridad prefieren no buscarse problemas con una declaración, aquí la impunidad se potencia debido al temor. Idéntica situación vive la comunidad LGTBI”, apuntó
La representante del CONADEH manifestó que otra barrera que han detectado es la referente a que al momento de procesar pruebas en los juicios los jueces priorizan o se basan mucho para su dictamen final en el testimonio de los testigos y no en la prueba científica, algo que llama poderosamente la atención, “creemos sin perjuicio de la independencia de los togados, que estas cosas deben cambiar”.
Se le consultó a la funcionaria qué otro aspecto social están considerando trabajar para encontrar soluciones al flagelo y detalló que definitivamente la formación en el hogar es un aspecto muy importante lo mismo que la formación académica, por tanto están trabajando junto con la Secretaría de Educación para incluir en la curricula básica el tema de derechos humanos y el de género para menguar el flagelo.
Por otra parte Honorina Rodríguez, también del CEM-H explicó que este
tipo de iniciativas generadoras de acción y reflexión no nacen en este
momento, “se le viene dando forma desde el 2006, pero hemos caído en una
serie de altos y bajos y resurge este año, pero esta vez, con la
exigencia que para su eficiencia, cuente con un presupuesto etiquetado y
propio, reforzando los mecanismos de investigación y judicialización.
Los femicidios son casos especiales
Rodríguez explicó que los asesinatos de mujeres encierran circunstancias especiales para ser investigadas “y con esto no estamos solicitando del Estado un trato especial, simple y sencillamente deben entender los entes investigativos y judiciales que la violencia de género responde a patrones específicos, la inseguridad hacia nosotras incide directamente en los niños, las niñas, en el hogar y finalmente en la sociedad en general”.
Para hacer entender esto a los operadores de justicia estamos trabajando en conjunto con la Unidad de Género de la Corte Suprema de Justicia, las organizaciones de sociedad Civil, el CONADEH, entre otros, pero según la entrevistada les está costando mucho la sensibilización debido a que los patrones culturales patriarcales están jugando también su papel es esta situación.
Por su parte Jackeline Anchecta, Viceministra de Derechos Humanos, dijo que como representantes del Estado están conociendo las inquietudes de estos sectores y entienden que su papel está suscrito a reforzar el marco legal de esta comisión de investigación interinstitucional, brindar el financiamiento y reforzar los aspectos técnicos y tecnológicos que sean necesarios para ayudar a rebajar la incidencia de estos casos de violencia, “hemos logrado que el Ministerio de Finanzas amplié el presupuesto para la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI”.
Mirta Kennedy, otra representante del CEM-H, aseveró que este es un gran reto para el Gobierno, incrustar el tema violencia de género en su agenda, ya que la mujer ha sido asimilada históricamente como un objeto, por lo tanto las leyes las discriminan y las desaparecen, es por eso que se convierte en un desafío que estos actos no solo quedan en discursos y protocolos, lo importante es que lo acordado se cumpla, finalizó.
Por Marvin Palacios
Marcala, La Paz.- integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (REDHIL–PAZ) y un Equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), conocieron la denuncia del Consejo Indígena Lenca del municipio de Cabañas, fronterizo con la República de El Salvador, en la que se reveló que existen planes de políticos influyentes, para represar los ríos en esta región.
Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Indígena Lenca del municipio de Cabañas, Jeremías Nolasco García, quien manifestó la preocupación que existe en su comunidad por la pretensión de políticos y grupos económicos, de imponer un proyecto hidroeléctrico.
Luego, las demandas fueron tomando matices de mayor indignación por las decisiones de las que llaman “fraudulentas autoridades”, embarradas de corrupción e indiferencia en diferentes áreas de la administración pública, afectando directamente a la población. Para un periodista eso es noticia, es su pan de cada día, sin embargo, para los que ostentan el poder es algo que hay que guardar en la complicidad silencio.
 Jairo López no tiene espacios para alzar su voz crítica al gobierno |
“No me dan oportunidad en ningún medio de comunicación por denunciar los abusos que cometen las autoridades. Ariel D’vicente, propietario del medio para el que laboré, me dijo que funcionarios de Conatel le exigieron que me cerrara mi espacio porque yo practicaba apología del odio.
Expresó que se siente preocupado porque que en esa zona del país hay problemas graves, “se están otorgado concesiones fraudulentas a generadores de energía y a mineras, Nacaome está convertida en el parque de energía más grande de América Latina y la población no recibe ningún beneficio concreto por eso".
“El jefe local de la DPI me ha estigmatizado como “cabecilla de las protestas” responsabilizándome de las acciones de los protestantes, eso para mí es grave porque me siento perfilado y perseguido por la policía”. No dudó en manifestar que Mauricio Oliva, presidente del Legislativo y Juan Orlando Hernández, actual mandatario de la nación, están detrás de estas acciones en contra de su trabajo.
 Edgard Andino: A su hija la quisieron apuñalar desconocidos |
Pasosdeanimalgrande.com contactó también al periodista Edgard Andino para conocer otra visión de la problemática de los comunicadores de la zona sur, pero su versión no distó de la de su colega López.
Andino denunció al gobierno por estar empleando una estrategia de desprestigio en contra de los comunicadores críticos a la corrupción, “en mi caso personal para amedrentarme han llegado al límite de utilizar un grupo de malvivientes que atacaron a mi hija amenazándola con un puñal, eso me dolió mucho. Además hacen uso de las redes sociales para desprestigiarme a mí y a Jairo López.”
Andino señaló también al presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva y al Gobernador Edgardo Laucel como las personas que están detrás de los ataques hacia él, ya que ha denunciado el fraude ocurrido en las elecciones de 2017.”Tengo pruebas, cuento con actas que certifican que aquí en Choluteca quien ganó fue el candidato del PAC y ellos quieren hacer creer a Honduras que Choluteca es territorio cachureco cuando es todo lo contrario.
También destacó que constantemente perseguido por una Toyota pick up 3.0 “y me envían mensajes de texto con amenazas para atemorizarme”.
Consultado Edgard Andino si la constante persecución había logrado intimidarlo y si pensaba abandonar el ejercicio de la carrera, en forma contundente expresó que “de ninguna manera, hago mía la frase nunca el filo de un machete podrá cortar el perfil de una pluma” , dejando claro que su convicción no la doblegan intereses que abusan del poder.
Al consultarle si el colegio de periodistas ha salido en defensa de sus derechos, se limitó a decir; “eso no sirve, no vale la pena que me refiera a ellos, ni los tomo en cuenta, ellos están coludidos con el oficialismo” concluyó.
Por su parte Javier Hidalgo también periodista de la zona Sur, comparte lo expresado por sus colegas y resalta como un dato importante que la Empresa Energía Honduras (EEH) se vio obligada a retirar sus oficinas de la zona ante las constantes protestas de las personas cansadas de los abusos en cobros y el pésimo servicio brindado. “Nosotros como periodistas no tenemos culpa, la gente está indignada y se auto convoca”
 Javier Hidalgo: la mayoría de los medios callan |
Agregó que la policía está desconcertada porque los altos mandos han dado órdenes expresas para acabar con las protestas, pero no lo han logrado, “aquí hay un fuerte contingente del ejército, con la única misión de acabar de una vez por todas con las protestas, eso todos lo sabemos, pero pocos somos los que informamos”.
“Los dueños de medios nos proporcionan cierta apertura, pero cuando sienten que somos demasiado críticos nos llaman aparte y nos piden que no toquemos mucho determinado tema”.
Hay varios periodistas con medidas de protección en Choluteca debido a amenazas y hostigamientos constantes que reciben por ejercer el periodismo y ser críticos con el gobierno central u otras autoridades, entre ellas el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva quien es el todopoderoso en ese sector.
¿Pudo ser a propósito? ataque desde el bus del INP que hirió a periodistas y otros manifestantes
Sierra, del canal Une Tv, fue herido de bala en su brazo derechos el lunes 26 de noviembre mientras cubría una movilización social al cumplirse un año del fraude electoral que mantiene usurpando el poder en Honduras, a Juan Orlando Hernández.
La ráfaga de disparos era a mansalva, por lo que alcanzó a manifestantes, uno de ellos Ángel Ávila, quien fue trasladado al Hospital Escuela Universitario la noche del lunes, y con una herida en su brazo izquierdo fue despachado a su casa. trascendió que está siendo atendido en el centro de salud cercano a su casa.
Se desconoce si McNeil visitó a las demás víctimas de la Policía Penitenciaria. Lo que cuestionó Sierra es si sólo habrá ido donde él ¿por qué es periodista?
Para la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, es lamentablemente que la represión sea el único medio que tiene el régimen actual para vencer y controlar -según él- las demandas y la fuerza de la ciudadanía que, a un año no está pensando en cerrar puertas y olvidar la tragedia que se vivió en noviembre de 2017, el cual fue otro golpe, un golpe militar electoral que vivió el pueblo hondureño.
El régimen está obligado a replantearse esa conducta militarista, pero además esa conducta de represión porque lo exhibe tal como es, como llegó al poder, como se quiere mantener ahí y entonces exhibe a Honduras como un país violador de derechos humanos, consideró la defensora de ddhh.
Eran cientos de personas que se movilizaron a las cercanías de Casa Presidencial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el lugar estaba acordonado de policías antimotines y vallas de metal, justo al caer el sol, también detonaban las bombas lacrimógenas, y la estampida de personas solo tenía un propósito, huir de las armas policiales-militares y de guardias de seguridad privada de un centro comercial cercano.
Las manifestaciones son un derecho universal legalmente ganado, no se puede acallar la voz social que demanda en este caso algo concreto <<el cese de la continuidad de un régimen ilegal, ilegitimo>> y él debe darse cuenta de que eso está disperso todo el país y fuera de este, agregó Oliva.
“Así son las dictaduras, el periodista o medio de comunicación que no se alinea en su forma de imponerse y mantenerse, lo ataca y no le importa matar, no le importa hacerlo en público o en privado”. Berta OlivaEl INP ante las denuncias y acusaciones directas, incluso del mismo periodista que grababa un video al ser herido de bala, denunció que los disparos provenían de un bus amarillo que, travesada la zona de protesta, donde además había unas llantas quemándose.
Parte del comunicado, tras expresar que era un bus del INP transportarte ocho reos, y que los manifestantes querían liberarlos, se excusa así “Que, ante tales acciones violentas, los agentes penitenciarios usaron los recursos que tenían a su disposición para advertir y disuadir a los atacantes, cumpliendo con su deber para salvaguardar su integridad física y la de las personas privadas de libertad que eran transportadas en la unidad de transporte”.
“Me informó, además, que el arma con que me dispararon es una veretta, por lo cual deduzco que al momento de disparar la intención es matar” Geovani sierra posteó en su Facebook, el martes 27 de noviembre, refiriéndose a la visita de McNeil.
El INP asumió su responsabilidad después de que COFADEH hiciera la denuncia pública a través de sus medios de comunicación “los responsables de quienes habían hecho el ataque contra Geovanny, se vieron obligados a aclarar, igual que la vez pasada dimos a conocer un tema de apellidos, formaron posición” advirtió Oliva.
Pero que bien que hayan aclarado, porque esas declaraciones más bien los comprometen, porque están aceptando que, en este caso, fue desde un bus custodiado por policías penitenciarios que dispararon, y aunque sean penitenciarios deben estar preparados para respetar la vida de cualquier ser humanos, y si eso lo hicieron a la luz pública en una manifestación, que no pueden hacer con los probados de libertad al interior del país.
-Según el comunicado expuesto esa misma noche, expresó el INP que era para liberar a los privados de libertad que transportaban-
Esa es una justificación absurda, porque a lo que transportaban el autobús y sabiendo que había una manifestación como se les ocurrió pasar por ahí, cuando ya se había dado el acto de represión, si venían de la CSJ porque no se quedaron allí esperando a que todo terminara, y no salir bajo esas condiciones.
Se puede
pensar que fue a propósito -disparar desde el autobús- ¿Qué iban a saber
los manifestantes que ahí iban unos privados de libertad? Se pregunto
la defensora de ddhh.
Periodista Geovanny Sierra pierde movilidad de su brazo derecho por disparos de militares mientras cubría una movilización
Tegucigalpa.- Aún en la cama de una clínica privada de Tegucigalpa, Geovanny Sierra, periodista del canal de televisión UNETV, se encuentra en observación debido a la profunda herida de su brazo derecho, causada por un arma bereta de uso militar, mientras cubría una movilización del primer aniversario del golpe electoral del pasado 26 de noviembre de 2017.
Sierra se encontraba trasmitiendo en vivo desde su celular cuando dice que escuchó que desde un bus amarrillo, propiedad del Instituto Nacional Penitenciario (INP) empezaron a disparar bala viva.
El periodista dijo a defensoresenlinea.com que se agachó en una acera de una de las entradas de mall Las Cascadas por el bulevar Kuwait, pero no dejó de transmitir en vivo, por eso cuando el disparo le impacta en su brazo derecho el grita “me dieron me dieron”, para que alguien lo auxiliara y el hecho quedó grabado.
Según Sierra, el tiroteo duró aproximadamente 20 minutos y cuando cesó el recibió auxilio y fue trasladado junto con la otra persona que también fue herido, al Hospital Escuela Universitario, pero debido al desabastecimiento y la precariedad en que se encuentra ese centro asistencial, no pudieron realizar la operación que necesitaba y sus familiares tomaron la determinación de trasladarlo a una clínica privada, donde se recupera lentamente.
Geovanny desde la cama del hospital dijo que “me siento indignado, pues las autoridades que rigen el destino de este país, son asesinos, a quienes no les importa la vida de las demás personas, y disparan como si estuvieron disparando a cualquier cosa y eso queda en la impunidad, ya que hasta el momento no se hacen investigaciones.
El brazo del periodista está totalmente desecho por lo que expresó que los médicos le dicen que es un proceso de recuperación largo.
“Me dicen que el proceso de recuperación es largo y que es costoso, pero ahorita la prioridad es que no se infecte, por la dimensión de agujero de la herida, ya está expuesta a infección, entonces que ahorita se tiene que trabajar con eso y después ver que más se puede hacer”, añadió Sierra.
Geovanny con su rostro triste dijo que su brazo perdió toda la movilidad a raíz de que la bala le deshizo el codo totalmente.
Por otra parte el día martes 27 de noviembre el periodista recibió la visita del sub director del Instituto Nacional Penitenciario, Germán McNeil , pese a que hay un rotulo en la puerta de la habitación que dice que se restringen el acceso a las visitas. “Él entró y ni siquiera, se anunció para preguntarme si yo lo quería recibir o no. Estuvimos platicando y yo le cuestione a él que si, porque daban la orden de disparar y si las personas estaban capacitadas y me dijo que eran policías.
“El señor McNeil escuchó que estábamos hablando con mi hermana del costo de la tomografía y se aprovechó de eso para decirme que ellos iban a pagar todos los gastos, acción que yo no acepté, le dije que no, que nosotros como sea íbamos a salir adelante porque si me hubiesen matado con eso iban a salir, con dar una cantidad de dinero a la familia entonces yo no acepté la ayuda”.
Y le manifesté de nuevo que porque hacía eso con las personas y él contestó que los custodios que llevaban reos para Tamara se asustaron, pero yo no vi custodios yo lo que vi fueron militares, además hay testimonios de dos compañeros de UNETV que se encontraron el bus antes de que llegara al lugar donde nos disparó y ellos dijeron que el bus no llevaba personas.
Geovanny asegura que no tiene miedo por él, sino por las represalias que puedan tomar en contra de su familia y también informó que procederá legalmente contra los culpables del hecho.
Durante la crisis post electoral el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registra las amenazas, agresiones y hostigamientos a periodistas y medios de comunicación que continuaron en este contexto de crisis política postelectoral.
También diferentes organizaciones sociales reportaron al menos 12 casos. Las agresiones están relacionadas a periodistas que cubrían manifestaciones, y que se incrementaron a partir del 30 de noviembre. Ataques a periodistas el 1 de diciembre, agentes de la Policía Militar del Orden Público agredieron al camarógrafo David Matute, de Marte TV, en el departamento de Comayagua.
El 02 de diciembre, el periodista Bladimir Rivera del Canal Prensa Libre de Choluteca, fue atacado por militares mientras cubría una protesta pacífica. El 11 de diciembre se registró el ataque a los periodistas, Juan Gabriel Mendoza y Nidya Sosa corresponsales de Tribuna TV y Canal 11, respectivamente, en una de las represiones a manifestantes en la ciudad de Choluteca.
Los periodistas de la prensa internacional denunciaron ataques y obstáculos a su trabajo. Sarah Kinosian, periodista del diario británico The Guardian, de la BBC y el noticiero Democracy Now, relató a Columbia Journalism Review que fue golpeada por un policía mientras cubría una protesta.
El camarógrafo Antonio Torres, de Telesur, acompañaba a una colega periodista en el Instituto Nacional de Migración cuando fue hostigado por funcionarios migratorios y agentes de las Fuerzas Armadas.
Los periodistas estadounidenses Jihan Hafiz y Redd Linsay, y el británico Ed Agustín, denunciaron vía telefónica a la coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, que autoridades hondureñas les prohibieron ingresar al país el día 04 de diciembre, que durante 24 horas se les retuvo en el interior del Aeropuerto Toncontin y finalmente se les obligó a abordar un avión, no se les explicó la razón de la prohibición.
Otro de los ataques a medios el 06 de diciembre entre 7:30 y 11:00 am, militares custodiaron Radio Dignidad en San Juan Pueblo, Atlántida, mientras helicópteros militares sobrevolaban a baja altura. Radio Dignidad ha dado cobertura permanente a diferentes manifestaciones.
El 9 de diciembre, Radio Progreso en Tegucigalpa habría sido saboteada, una de las torres de transmisión fue desatornillada, lo que hizo que la antena se partiera en tres partes y cayera al suelo. Los expertos consideraron que hubo manos criminales que procedieron a crear las condiciones para que la torre se cayera, denunció el Sacerdote Israel Moreno.
Los hechos anteriores, así como el resto que no está mencionado consta en el segundo informe de COFADEH, Violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de las protestas anti fraude en Honduras.
Nuestra solidaridad con
el periodista hondureño Giovanni Sierra, de UNETV
Queremos expresar a través de FIAN (por no tener las
direcciones exactas) nuestra solidaridad con el colega Giovanni Sierra de
UNETV, vilmente baleado por las fuerzas del orden anoche.
Cubrimos también el evento y la marcha ayer lunes 26
de noviembre de 2018 pero por motivos de horas de diferencias entre
Suecia-Honduras (7 horas) y entrega/envío del material mismo tuvimos que
alejarnos 500 metros ante el desvió de la Corte Suprema el lugar por los hechos
dramáticos.
Todos los periodistas del país y del
mundo deben unirse en el reclamo de exigir una exhaustiva investigación sobre
el trágico hecho con el colega Sierra. Hay, como todo el reportero internacional
sabe, un reglamento para las fuerzas del orden en cómo actuar en situaciones complicadas.
Pero lo que sí está seguro es que ese reglamento no da facultad a ninguna
fuerza militar&policial de disparar directamente a una multitud desarmada.
¿Cómo es posible que las fuerzas
policiales & militares actúan tan irresponsablemente cuando saben
que también el mundo sabe que más que 40 periodistas hondureños han sido asesinados
desde el golpe de estado 2009? Anoche lograron casi a dar con otro compañero/colega.
Por eso decimos que ¡No vamos a permitir
que atente contra nuestros colegas hondureños!
¡Estamos contigo, Giovanni!
¡Que la justicia verdadera haga proceso
en el caso de nuestro compañero y colega de UNETV!
Tegucigalpa
2018-11-27
Dick
Emanuelsson* y Miriam Emanuelsson Huezo
* Miembro de la Federación Sueca de
Periodistas, No 323256 Svenska Journalistförbundet, SJF desde 1984. La SJF es afiliada
a la Federación de Periodistas Internacional, IFJ, con sede en Ginebra, Suiza.
Corte IDH: Honduras acepta responsabilidad por el asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Escaleras Mejía
Sede Corte Interamericana de los Derechos Humanos, San José, Costa Rica
San José, Costa Rica.- En una nueva
sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
aceptó el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado de
Honduras en relación con el asesinato del defensor de derechos humanos
Carlos Escaleras Mejía y la impunidad en la que se encuentra su caso.La sentencia de la Corte, con fecha del 26 de septiembre de 2018, homologa un Acuerdo de solución amistosa firmado entre el Estado de Honduras, las víctimas y las organizaciones representantes del caso: el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).
El Alto Tribunal admitió que el Estado es responsable por la violación al derecho a la vida, al derecho de asociación y a los derechos políticos del defensor de derechos humanos, así como por la violación de los derechos de acceso a la justicia y a la integridad personal de sus familiares. Asimismo, reconoció nuevamente el contexto de violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país.
La Corte señaló que las normas interamericanas no establecen un único derecho que garantice la labor de promoción y protección de los derechos humanos, sino que se requiere que el Estado garantice múltiples derechos contenidos en los instrumentos interamericanos, tales como la libertad de asociación, los derechos políticos, la libertad de expresión, entre otros.
Adicionalmente, el Alto Tribunal reitera la obligación reforzada que tienen los Estados de investigar las afectaciones a los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos, y recuerda que esta protección especial resulta necesaria porque la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas o de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.
“Esta sentencia representa un hito porque refuerza estándares relativos al deber de investigar los delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y recalca la necesidad de tomar en cuenta el contexto y su rol de defensa. Esto es particularmente importante en uno de los países más riesgosos para defender derechos humanos y en donde subsiste el reto de romper el ciclo de impunidad”, sostuvo María Luisa Gómez, abogada de CEJIL representante del caso.
Con respecto a las medidas de reparación comprometidas por el Estado, destaca que Honduras debe “aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos e informar acerca de las acciones adoptadas para la implementación del protocolo y su estado de cumplimiento”.
“Celebramos la decisión de la Corte por cuanto reivindica la memoria de Carlos Escaleras y nuevamente ilustra el contexto de riesgo que enfrentamos quienes defendemos derechos humanos en Honduras. Esperamos que las autoridades cumplan a cabalidad con los acuerdos y que ese reconocimiento de responsabilidad se refleje en hechos concretos que permitan garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos”, aseguró Brenda Mejía, representante del ERIC.
El ERIC y CEJIL hacen un llamado para que el Estado de Honduras cumpla de manera inmediata con las medidas de reparación acordadas, en particular la investigación de los hechos violatorios y la implementación del protocolo de debida diligencia, instrumento que permitirá fortalecer la normativa interna y avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de hechos.
Organizaciones feministas presionan al Estado de Honduras para encontrar soluciones a la violencia contra las mujeres
Thursday, 22 November 2018 22:58 Written by Wilmer Paz C. Published in Contexto
Foto: mp.hn
La histórica indiferencia del Estado ante la escalada de muertes y
violencia hacia la mujer, la endeble estructura jurídica y negligentes
procesos de investigación, se discuten hoy en conjunto
Estado-Organizaciones feministas, en el Foro de Seguimiento a la
Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de
Mujeres y Femicidios.
 Suyapa Martínez-CEM-H Foto:criterio.hn |
La Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios fue creada está conformada por el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, y las secretarías de Seguridad, de Derechos Humanos y de Justicia, Gobernación y Descentralización además, el Instituto Nacional de la Mujer y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Francia Maradiaga representante del CONADEH, aseguró que esa alarmante cifra de casos sin investigar y sin judicializar comprometen al Gobierno, ya que no ha tenido la voluntad de ser un firme protagonista para la solución del problema, y los recursos económicos destinados para atender estos delitos son raquíticos.
“En una reunión con las Organizaciones de Mujeres señalábamos las causas de la mora judicial en casos de violencia de género y una de ellas es que tenemos pocos recursos para la investigación, como ejemplo, para esclarecer este 90 por ciento de casos en impunidad, la unidad de Delitos contra la Vida solo cuenta con tres investigadores y un automóvil que está en mal estado, nosotros en el Comisionado también contamos con pocos recursos para investigación”, recalcó.
Otro de los elementos que impide cerrar el ciclo investigativo y judicial es el miedo en que incurren los testigos para presentarse a declarar, ellos a sabiendas del actual estado de inseguridad prefieren no buscarse problemas con una declaración, aquí la impunidad se potencia debido al temor. Idéntica situación vive la comunidad LGTBI”, apuntó
La representante del CONADEH manifestó que otra barrera que han detectado es la referente a que al momento de procesar pruebas en los juicios los jueces priorizan o se basan mucho para su dictamen final en el testimonio de los testigos y no en la prueba científica, algo que llama poderosamente la atención, “creemos sin perjuicio de la independencia de los togados, que estas cosas deben cambiar”.
Se le consultó a la funcionaria qué otro aspecto social están considerando trabajar para encontrar soluciones al flagelo y detalló que definitivamente la formación en el hogar es un aspecto muy importante lo mismo que la formación académica, por tanto están trabajando junto con la Secretaría de Educación para incluir en la curricula básica el tema de derechos humanos y el de género para menguar el flagelo.
 Honorina Rodríguez |
 Jackeline Anchecta |
Los femicidios son casos especiales
Rodríguez explicó que los asesinatos de mujeres encierran circunstancias especiales para ser investigadas “y con esto no estamos solicitando del Estado un trato especial, simple y sencillamente deben entender los entes investigativos y judiciales que la violencia de género responde a patrones específicos, la inseguridad hacia nosotras incide directamente en los niños, las niñas, en el hogar y finalmente en la sociedad en general”.
Para hacer entender esto a los operadores de justicia estamos trabajando en conjunto con la Unidad de Género de la Corte Suprema de Justicia, las organizaciones de sociedad Civil, el CONADEH, entre otros, pero según la entrevistada les está costando mucho la sensibilización debido a que los patrones culturales patriarcales están jugando también su papel es esta situación.
Por su parte Jackeline Anchecta, Viceministra de Derechos Humanos, dijo que como representantes del Estado están conociendo las inquietudes de estos sectores y entienden que su papel está suscrito a reforzar el marco legal de esta comisión de investigación interinstitucional, brindar el financiamiento y reforzar los aspectos técnicos y tecnológicos que sean necesarios para ayudar a rebajar la incidencia de estos casos de violencia, “hemos logrado que el Ministerio de Finanzas amplié el presupuesto para la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC y la Dirección Policial de Investigaciones, DPI”.
Mirta Kennedy, otra representante del CEM-H, aseveró que este es un gran reto para el Gobierno, incrustar el tema violencia de género en su agenda, ya que la mujer ha sido asimilada históricamente como un objeto, por lo tanto las leyes las discriminan y las desaparecen, es por eso que se convierte en un desafío que estos actos no solo quedan en discursos y protocolos, lo importante es que lo acordado se cumpla, finalizó.
Empresas hidroeléctricas llegan a Santa Bárbara a instalarse como mafias
Friday, 30 November 2018 06:57 Written by Wilmer Paz C. Published in Denuncia
Unos 23 proyectos hidroeléctricos, unos en proceso y otros ya
operando, están amenazando a los pobladores de Santa Bárbara en el
occidente de honduras, dejando prácticamente sin fuentes de agua y
contaminando el medio ambiente, según lo manifestaron a
pasosdeanimalgrande.com
El Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, MAS, ha denunciado en
reiteradas ocasiones los daños irreparables que estas compañías
producen, las amenazas a muerte, persecusiones y ambiente hostil contra
los defensores y defensores de los territorios de la zona.
Nolvin Sabillon, comunicador social y ambientalista de aquel departamento, aseguró que la amenaza es latente, cada día que pasa para los habitantes de Santa Bárbara, porque aparte de estos 23 proyectos hidroeléctricos que están amenazando el medioambiente, se está cabildeando en Tegucigalpa para la concesión otros de proyectos extractivos.
Para el caso Sabillón indicó que “aquí en Ilama se instaló el proyecto hidroeléctrico Cececapa Uno, ubicado entre las montañas de la comunidad de El Bálsamo, en medio de una serie de inconsistencias en su permiso, la comunidad no fue consultada, tal como lo indica la ley, cuando el tema se abordó con los pobladores el proyecto ya estaba en construcción, ahora es una realidad, se aprovechan de la sencillez y la humildad de las personas” advirtió.
“Tampoco se realizó un proceso transparente para la concesión de la central hidroeléctrica El Rancho, proyecto que afecta a los municipios de San Luís y Atima, éste es una de las centrales con mayor capacidad de producción de energía en Honduras, capta el poderoso torrente del Rio Jicatuyo, afluente del rio Ulua, aquí a la gente solamente se le notificó que el proyecto ya estaba autorizado y punto.”, agregó.
Lo mismo pasa con comunidades en la zona alta del municipio de Quimistán donde el peligro es inminente de que puedan desaparecer, producto de la instalación de la represa hidroeléctrica Santa Lucía, del empresario cafetalero Emilio Medina, sobre el Río Cuyagual, mismo que abastece del vital líquido a comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.
Los Guevara tejen los hilos del poder en Quimistán
Juan José Guevara, alcalde electo en las pasadas elecciones, falleció repentinamente en su casa de habitación el 15 de abril del presente año producto de un paro cardiaco, por ley le correspondía ser sustituido por la vicealcaldesa Diana Duarte, pero producto de una pirueta legal el difunto edil fue sustituido por su padre Juan Guevara Escalante, también líder local del Partido Nacional.
El ARTÍCULO 45, Según reforma por Decreto 127- 2000, el Alcalde no podrá ausentarse de sus labores por más de diez días, sin autorización de la Corporación Municipal, so pena de incurrir en responsabilidad. En ausencia o incapacidad del Alcalde lo sustituirá el Vice Alcalde.
Resulta interesante resaltar que la dinastía Guevara ha estado al mando de la alcaldía de Quimistán, por tres periodos consecutivos, de la mano del fallecido Juan José Guevara, hijo de la Diputada Concepción Figueroa de Guevara, más conocida como “chonita”. El control político de esta familia se ha convertido en pieza clave para facilitar trámites administrativos locales indispensables para la instalación de estas empresas en la zona.
Los Guevara Figueroa son el ejemplo de la hegemonía política que evidencia su poder en estas zonas de riquezas naturales. Su influencia y control son escalones que interesa a inversores alcanzar, su poder intimida a las personas humildes y empobrecidas, tanto así que no representan amenaza alguna de oposición para inversiones extractivas, según denunciaron fuentes que pidieron el anonimato.
Asegura Sabillón que la concepción de las hidroeléctricas es producir energía limpia pero en realidad no es así, ya que vienen a contaminar de corrupción a las autoridades, dividen a la población, le pagan a periodistas para que les hagan buena propaganda, manipulan a unos pocos empleados y corrompen a las autoridades edilicias para que les despejen de obstáculos las veredas jurídicas y administrativas por donde pasa su maquinaria empresarial.
Es de resaltar que los departamentos donde más se desarrollan los proyectos hidroeléctricos y mineros en Honduras coinciden con el supuesto gane del Partido Nacional en las pasadas elecciones generales, aunque los resultados fueron muy cuestionado al igual que en todo el país.
Para el caso en Yoro ganaron 8 de 11 corporaciones, en lempira se llevaron 20 de 26, en la Paz 12 de 17, en Intibucá 9 de 16, en Santa Bárbara 13 de 28 y en copan 1o de 23, coincidentemente allí hay empresas extractivistas que se establecieron sin la consulta a las comunidades y con irregularidades en sus concesiones.
Nolvin Sabillon, comunicador social y ambientalista de aquel departamento, aseguró que la amenaza es latente, cada día que pasa para los habitantes de Santa Bárbara, porque aparte de estos 23 proyectos hidroeléctricos que están amenazando el medioambiente, se está cabildeando en Tegucigalpa para la concesión otros de proyectos extractivos.
Para el caso Sabillón indicó que “aquí en Ilama se instaló el proyecto hidroeléctrico Cececapa Uno, ubicado entre las montañas de la comunidad de El Bálsamo, en medio de una serie de inconsistencias en su permiso, la comunidad no fue consultada, tal como lo indica la ley, cuando el tema se abordó con los pobladores el proyecto ya estaba en construcción, ahora es una realidad, se aprovechan de la sencillez y la humildad de las personas” advirtió.
“Tampoco se realizó un proceso transparente para la concesión de la central hidroeléctrica El Rancho, proyecto que afecta a los municipios de San Luís y Atima, éste es una de las centrales con mayor capacidad de producción de energía en Honduras, capta el poderoso torrente del Rio Jicatuyo, afluente del rio Ulua, aquí a la gente solamente se le notificó que el proyecto ya estaba autorizado y punto.”, agregó.
Lo mismo pasa con comunidades en la zona alta del municipio de Quimistán donde el peligro es inminente de que puedan desaparecer, producto de la instalación de la represa hidroeléctrica Santa Lucía, del empresario cafetalero Emilio Medina, sobre el Río Cuyagual, mismo que abastece del vital líquido a comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.
Los Guevara tejen los hilos del poder en Quimistán
Juan José Guevara, alcalde electo en las pasadas elecciones, falleció repentinamente en su casa de habitación el 15 de abril del presente año producto de un paro cardiaco, por ley le correspondía ser sustituido por la vicealcaldesa Diana Duarte, pero producto de una pirueta legal el difunto edil fue sustituido por su padre Juan Guevara Escalante, también líder local del Partido Nacional.
El ARTÍCULO 45, Según reforma por Decreto 127- 2000, el Alcalde no podrá ausentarse de sus labores por más de diez días, sin autorización de la Corporación Municipal, so pena de incurrir en responsabilidad. En ausencia o incapacidad del Alcalde lo sustituirá el Vice Alcalde.
Resulta interesante resaltar que la dinastía Guevara ha estado al mando de la alcaldía de Quimistán, por tres periodos consecutivos, de la mano del fallecido Juan José Guevara, hijo de la Diputada Concepción Figueroa de Guevara, más conocida como “chonita”. El control político de esta familia se ha convertido en pieza clave para facilitar trámites administrativos locales indispensables para la instalación de estas empresas en la zona.
Los Guevara Figueroa son el ejemplo de la hegemonía política que evidencia su poder en estas zonas de riquezas naturales. Su influencia y control son escalones que interesa a inversores alcanzar, su poder intimida a las personas humildes y empobrecidas, tanto así que no representan amenaza alguna de oposición para inversiones extractivas, según denunciaron fuentes que pidieron el anonimato.
Asegura Sabillón que la concepción de las hidroeléctricas es producir energía limpia pero en realidad no es así, ya que vienen a contaminar de corrupción a las autoridades, dividen a la población, le pagan a periodistas para que les hagan buena propaganda, manipulan a unos pocos empleados y corrompen a las autoridades edilicias para que les despejen de obstáculos las veredas jurídicas y administrativas por donde pasa su maquinaria empresarial.
Es de resaltar que los departamentos donde más se desarrollan los proyectos hidroeléctricos y mineros en Honduras coinciden con el supuesto gane del Partido Nacional en las pasadas elecciones generales, aunque los resultados fueron muy cuestionado al igual que en todo el país.
Para el caso en Yoro ganaron 8 de 11 corporaciones, en lempira se llevaron 20 de 26, en la Paz 12 de 17, en Intibucá 9 de 16, en Santa Bárbara 13 de 28 y en copan 1o de 23, coincidentemente allí hay empresas extractivistas que se establecieron sin la consulta a las comunidades y con irregularidades en sus concesiones.
La amenaza de represar ríos sin consultar a los lencas, persiste en el departamento de La Paz
Marcala, La Paz.- integrantes de la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (REDHIL–PAZ) y un Equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), conocieron la denuncia del Consejo Indígena Lenca del municipio de Cabañas, fronterizo con la República de El Salvador, en la que se reveló que existen planes de políticos influyentes, para represar los ríos en esta región.
Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Indígena Lenca del municipio de Cabañas, Jeremías Nolasco García, quien manifestó la preocupación que existe en su comunidad por la pretensión de políticos y grupos económicos, de imponer un proyecto hidroeléctrico.
Jeremías Nolasco García presidente del Consejo Indígena Lenca de Cabañas
Nolasco García destacó que la influencia que tiene la diputada
nacionalista Gladys Aurora López en Cabañas es fuerte. La parlamentaria,
ex presidenta del partido Nacional, opera el proyecto hidroeléctrico
Aurora 1 en el municipio de San José, otro en Marcala y un tercero en
San Elena.
“La influencia de Gladys Aurora es mucha, por la razón de que ella es muy amiga con la familia que gobierna actualmente nuestro municipio, con la familia Melgar. El alcalde actual es Filiberto Melgar, nacionalista”, explicó el líder indígena lenca.
Nosotros vemos ahí por el recurso agua que nosotros tenemos que es abundante. “Hace unos años se quiso implementar una represa, pero nosotros como Consejo Indígena nos opusimos, nos organizamos y nos manifestamos en contra”.
El dirigente lenca dijo que nuevamente los políticos y grupos económicos quieren apropiarse del agua que desciende en abundancia de la montaña “ Bailadero”. “La idea es represar toda el agua que dañaría las comunidades de Agua Zarca y Las Breas, así que está latente que se concesione el río”.
Otras preocupaciones planteadas tienen que ver con el otorgamiento de planes de manejo para el corte de árboles que intenta otorgar a particulares el Instituto de Conservación Forestal (ICF), sin consultar y bajo presión al pueblo lenca de Cabañas.
Nolasco García también expuso y denunció la indiferencia que muestran las autoridades municipales, lideradas por el alcalde Filiberto Melgar y otros regidores nacionalistas en contra de los indígenas.
En el municipio de Cabañas existen 8 Consejos Indígenas Lencas que de acuerdo con el denunciante, han permanecido en el anonimato con muy escasa participación en las decisiones de la comunidad.
Otro aspecto que destacó Nolasco García es la excesiva presencia militar en Cabañas. Se trata de la Fuerza de Tarea Lenca-Sumpul.
“Existe actualmente un pelotón de militares que se denomina Fuerza Lenca -Sumpul, lenca por Honduras y Sumpul por El Salvador, porque según ellos manifiestan; son fuerzas aliadas”, comentó el líder indígena.
Nolasco García dijo que se entrevistó con uno de los oficiales militares para consultarle sobre los propósitos de la presencia militar en la zona, “porque yo he visto los niños llorando cuando ven las patrullas, los niños tiemblan cuando los ven, entonces yo les dije que siembran terror en la población infantil”.
Finalmente el dirigente lenca expresó que “yo por lo que veo, por lo que oigo, tengo temor a represalias dentro de mi municipio, de la gente que actualmente está en el poder”.
Nosotros como Consejo Indígena en Cabañas, somos los únicos que nos oponemos a cualquier actividad que vaya en contra o lesione los derechos de la población y yo siempre he sentido temor por eso, reveló Nolasco García.
“La influencia de Gladys Aurora es mucha, por la razón de que ella es muy amiga con la familia que gobierna actualmente nuestro municipio, con la familia Melgar. El alcalde actual es Filiberto Melgar, nacionalista”, explicó el líder indígena lenca.
Nosotros vemos ahí por el recurso agua que nosotros tenemos que es abundante. “Hace unos años se quiso implementar una represa, pero nosotros como Consejo Indígena nos opusimos, nos organizamos y nos manifestamos en contra”.
El dirigente lenca dijo que nuevamente los políticos y grupos económicos quieren apropiarse del agua que desciende en abundancia de la montaña “ Bailadero”. “La idea es represar toda el agua que dañaría las comunidades de Agua Zarca y Las Breas, así que está latente que se concesione el río”.
Otras preocupaciones planteadas tienen que ver con el otorgamiento de planes de manejo para el corte de árboles que intenta otorgar a particulares el Instituto de Conservación Forestal (ICF), sin consultar y bajo presión al pueblo lenca de Cabañas.
Nolasco García también expuso y denunció la indiferencia que muestran las autoridades municipales, lideradas por el alcalde Filiberto Melgar y otros regidores nacionalistas en contra de los indígenas.
“A las comunidades indígenas nos ven como que no somos parte de la comunidad, siempre nos han tratado de que no servimos, de que somos cuatro gatos, expresiones éstas que siempre nos han minimizado”.“La idea es represar toda el agua que dañaría las comunidades de Agua Zarca y Las Breas, así que está latente que se concesione el río”: Jeremías Nolasco García
En el municipio de Cabañas existen 8 Consejos Indígenas Lencas que de acuerdo con el denunciante, han permanecido en el anonimato con muy escasa participación en las decisiones de la comunidad.
Otro aspecto que destacó Nolasco García es la excesiva presencia militar en Cabañas. Se trata de la Fuerza de Tarea Lenca-Sumpul.
“Existe actualmente un pelotón de militares que se denomina Fuerza Lenca -Sumpul, lenca por Honduras y Sumpul por El Salvador, porque según ellos manifiestan; son fuerzas aliadas”, comentó el líder indígena.
Nolasco García dijo que se entrevistó con uno de los oficiales militares para consultarle sobre los propósitos de la presencia militar en la zona, “porque yo he visto los niños llorando cuando ven las patrullas, los niños tiemblan cuando los ven, entonces yo les dije que siembran terror en la población infantil”.
Finalmente el dirigente lenca expresó que “yo por lo que veo, por lo que oigo, tengo temor a represalias dentro de mi municipio, de la gente que actualmente está en el poder”.
Nosotros como Consejo Indígena en Cabañas, somos los únicos que nos oponemos a cualquier actividad que vaya en contra o lesione los derechos de la población y yo siempre he sentido temor por eso, reveló Nolasco García.
La defensora de derechos humanos Hermiliana Domínguez
El testimonio del dirigente indígena lenca fue dado a conocer en el
marco de una jornada destinada a registrar denuncias, brindar
acompañamiento y asesoría legal, que desarrollaron integrantes de la Red
de Defensores de Derechos Humanos Indígena Lenca de La Paz (REDHIL–PAZ)
y un Equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH).
La actividad se realizó el miércoles 28 y jueves 29 de noviembre en la Casa de la Cultura del municipio de Marcala, lugar donde acudieron ciudadanos y ciudadanas de los municipios de Cabañas, San José y Tutule para presentar sus denuncias y obtener asesoramiento jurídico del personal del área de Acceso a Justicia del COFADEH.
Hermiliana Domínguez de la REDHIL dijo a www.defensoresenlinea.com que COFADEH y los defensores de derechos humanos están dando acompañamiento a los casos de las personas a quienes se les han violentado sus derechos, “eso ayuda mucho para la zona porque antes no se había dado eso y no teníamos esos espacios; hoy los tenemos, lo hacemos con más acompañamiento y nos sentimos fortalecidos y también porque COFADEH está acompañando a la sociedad civil”.
Domínguez reveló que REDHIL está acompañando a las familias que denuncian violaciones a los derechos humanos, que el acompañamiento es integral, y que se han visto efectos positivos en la comunidad.
“Cuando ven la presencia de defensores de derechos humanos y de COFADEH, se mira que las autoridades se preocupan, porque saben que saldrán en los medios de comunicación y no les gusta que los denuncien”, afirmó.
La Base Campesina 9 de Julio, afiliada a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) experimentó desde que recuperó una parcela de tierra en 2010, una serie de violentos desalojos que dejaron graves violaciones a los derechos humanos.
Galeas dijo que al principio hubo mucho sufrimiento para las nueve familias que ahora producen la tierra para su subsistencia, “pero gracias a Dios ahora todo está bien, porque uno lo que hace es recuperar la tierra, para tener la comida para su familia, en un país donde no hay trabajo y peor uno de campesino que solo sacó sexto grado, pues no tiene muchas posibilidades de encontrar empleo, pero gracias a Dios estamos ahí, ha sido una lucha muy larga, pero gracias al apoyo de los compañeros de la CNTC y al COFADEH hemos salido adelante”.
Las tierras de la Base Campesina 9 de julio, recientemente fueron compradas al terrateniente Carlos Arriaga por parte del Instituto Nacional Agrario (INA), lo que llenó de satisfacción a las 9 familias.
En los últimos 2 años Inocencio Galeas participó activamente en los talleres de formación de derechos humanos que COFADEH ha impartido en el departamento de La Paz. Ahora realiza el trabajo de defensoría para beneficio no sólo de las comunidades indígenas lencas de Tutule, sino de otros municipios que enfrentan dificultades y abusos de parte de agentes del estado.
París-Ginebra-Tegucigalpa, 17 de octubre de 2018.–
Frente a la generalizada criminalización de las personas defensoras de
derechos humanos en el Bajo Aguán, el Observatorio Para la Protección de
los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Comité de
familiares de detenidos-desaparecidos en Honduras (COFADEH) llaman a las
autoridades hondureñas a poner fin a todas las medidas represivas en
contra de personas defensoras, así como a protegerlas frente a todos los
actos de amenazas, hostigamiento, desprestigio o asesinato por parte de
actores estatales y privados, y reconocer el papel fundamental que
desempeñan para la preservación del derecho a la tierra y al territorio.
El 13 de septiembre de 2018, un Tribunal de Honduras emitió 18 órdenes de captura en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio del Bajo Aguán (en la costa atlántica de Honduras), bajo delitos de“usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares””. Esta medida se acompañó de una orden de desalojo del Campamento por la Vida. Estas medidas suelen ser aplicadas a delitos de alta peligrosidad como crimen organizado o en caso de maras, y resulta totalmente desproporcionado y escandaloso aplicarlas a personas defensoras de derechos humanos.
Desde hace más de 70 días, diversos pobladores de la Comunidad de El Guapinol, Municipio de Tocoa, Colón, desarrollan un importante labor de defensa y protección de los derechos humanos mediante la instalación del Campamento por la Vida, por medio del cual identificaron los impactos ambientales, humanos, económicos y sociales de los megaproyectos mineros de la compañía Los Pinares (ex Emco Mining Company) en la zona Atlántica, especialmente sobre el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía. Se ha probado que los proyectos mineros identificados han contaminado los ríos que son fuente de agua para 13 comunidades del sector de San Pedro, Cayo Sierra, Zamora y Santa Rosa de Aguán, colocando en riesgo a más de 90,000 habitantes.
“Esta nueva amenaza se suma a los 700 casos de amenaza reportados contra defensores de derechos humanos en el último semestre. Los defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientales que denuncian las inconveniencias del modelo de desarrollo y las violaciones al derecho a la consulta previa se convirtieron en el sector más vulnerable en Honduras ”, recuerda Bertha Oliva, Secretaria General Adjunta de la FIDH y coordinadora de COFADEH.
Entre los 18 defensores de derechos humanos criminalizados por estas medidas se encuentran los Sres. Juan López, Subcoordinador de la Fundación San Alonso Rodriguez (FSAR), Reinaldo Dominguez, líder comunitario de la comunidad de Guapinol, Orbín Hernández, líder del sector San Pedro; Carlos Leonel George, comunicador social miembro de la Red de Derechos Humanos y miembro directivo de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), y las Sras. Miriam Yaneth Mejía Cruz, líder comunitaria de GuapinolyLourdes Elizabeth Gómez Rosa. miembro de la Cooperativa Brisas de San Pedro. Entre ellos, unos son benificiarios de medidas cautelares (MC-5014) emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“E stas medidas represivas se tomaron dentro de un contexto de criminalización generalizada de las personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán. Las autoridades deberían más bien investigar a los autores de violaciones de derechos humanos y de las amenazas en contra de los defensores a la tierra y en las que aparecen continuamente señalados empresas locales e internacionales o megaproyectos mineros o hydroelectricos” añade Gerald Staberock, Secretaria General de la OMCT.
En septiembre de 2018,los integrantes de la Empresa Campesina Gregorio Chávez – y en particular los Sres. Hipolito Rivas,Jaime Cabrera y José Chávez, que también son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH,y los pobladores de la comunidad de Panamá, fueron víctimas de actos de intimidación cuando un grupo de 50 personas, entre ellas 20 hombres armados, entraron de noche en la cooperativa Paso Aguan. Desde el 2014, esta comunidad sufre de las amenazas, actos de hostigamiento, secuestros y asesinatos perpetrados supuestamentepor guardias de seguridad de la Corporacion Dinant.
El Observatorio y COFADEH también denuncian los comunicados de prensa emitidos en fecha del 17, 27 y 28 de septiembre por parte de supuestas “organizaciones” campesinas (denominadas ACIVA y APPCBA) y que acusan acusan al Sr. Yoni Rivas, Secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y la periodistaNina Lakhani, que dio a conocer el asesinato de Berta Caceresen marzo de 2016, de manipular la opinión pública nacional e internacional a cerca de las violaciones de los derechos humanos en el Bajo Aguan, tener vínculos con el narcotráfico y de incitar los campesinos a tomar las armas. Se verificó que estas “organizaciones” no tienen ninguna existencia legal oficial.
Para obtener más información, por favor contacten con:
· OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
· FIDH: José Carlos Thissen : (+51) 95 41 31 650
· COFADEH: (+504) 2220-5280
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es una organización de derechos humanos, que impulsa la reconstrucción de la memoria histórica y busca la verdad de nuestros Detenidos-Desaparecidos para hacer justicia, además de atender, defender y proteger otras víctimas y familiares de violaciones a derechos humanos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Este documento establece su transformación a un promotor del proyecto, aumentando el fraccionamiento comunitario.
Fuente: http://www.conexihon.hn/
La actividad se realizó el miércoles 28 y jueves 29 de noviembre en la Casa de la Cultura del municipio de Marcala, lugar donde acudieron ciudadanos y ciudadanas de los municipios de Cabañas, San José y Tutule para presentar sus denuncias y obtener asesoramiento jurídico del personal del área de Acceso a Justicia del COFADEH.
Hermiliana Domínguez de la REDHIL dijo a www.defensoresenlinea.com que COFADEH y los defensores de derechos humanos están dando acompañamiento a los casos de las personas a quienes se les han violentado sus derechos, “eso ayuda mucho para la zona porque antes no se había dado eso y no teníamos esos espacios; hoy los tenemos, lo hacemos con más acompañamiento y nos sentimos fortalecidos y también porque COFADEH está acompañando a la sociedad civil”.
Domínguez reveló que REDHIL está acompañando a las familias que denuncian violaciones a los derechos humanos, que el acompañamiento es integral, y que se han visto efectos positivos en la comunidad.
“Cuando ven la presencia de defensores de derechos humanos y de COFADEH, se mira que las autoridades se preocupan, porque saben que saldrán en los medios de comunicación y no les gusta que los denuncien”, afirmó.
En la jornada también registró varias denuncias, el defensor de derechos humanos de la REDHIL, Inocencio Galeas, de la Base Campesina 9 de Julio, en el municipio de Tutule, departamento de La Paz.“Cuando ven la presencia de defensores de derechos humanos y de COFADEH, se mira que las autoridades se preocupan, porque saben que saldrán en los medios de comunicación y no les gusta que los denuncien”: Hermiliana Domínguez
La Base Campesina 9 de Julio, afiliada a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) experimentó desde que recuperó una parcela de tierra en 2010, una serie de violentos desalojos que dejaron graves violaciones a los derechos humanos.
Galeas dijo que al principio hubo mucho sufrimiento para las nueve familias que ahora producen la tierra para su subsistencia, “pero gracias a Dios ahora todo está bien, porque uno lo que hace es recuperar la tierra, para tener la comida para su familia, en un país donde no hay trabajo y peor uno de campesino que solo sacó sexto grado, pues no tiene muchas posibilidades de encontrar empleo, pero gracias a Dios estamos ahí, ha sido una lucha muy larga, pero gracias al apoyo de los compañeros de la CNTC y al COFADEH hemos salido adelante”.
Las tierras de la Base Campesina 9 de julio, recientemente fueron compradas al terrateniente Carlos Arriaga por parte del Instituto Nacional Agrario (INA), lo que llenó de satisfacción a las 9 familias.
En los últimos 2 años Inocencio Galeas participó activamente en los talleres de formación de derechos humanos que COFADEH ha impartido en el departamento de La Paz. Ahora realiza el trabajo de defensoría para beneficio no sólo de las comunidades indígenas lencas de Tutule, sino de otros municipios que enfrentan dificultades y abusos de parte de agentes del estado.
HONDURAS: Nueva ola de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán
El 13 de septiembre de 2018, un Tribunal de Honduras emitió 18 órdenes de captura en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio del Bajo Aguán (en la costa atlántica de Honduras), bajo delitos de“usurpación y daños en perjuicio de la empresa minera “Inversiones Los Pinares””. Esta medida se acompañó de una orden de desalojo del Campamento por la Vida. Estas medidas suelen ser aplicadas a delitos de alta peligrosidad como crimen organizado o en caso de maras, y resulta totalmente desproporcionado y escandaloso aplicarlas a personas defensoras de derechos humanos.
Desde hace más de 70 días, diversos pobladores de la Comunidad de El Guapinol, Municipio de Tocoa, Colón, desarrollan un importante labor de defensa y protección de los derechos humanos mediante la instalación del Campamento por la Vida, por medio del cual identificaron los impactos ambientales, humanos, económicos y sociales de los megaproyectos mineros de la compañía Los Pinares (ex Emco Mining Company) en la zona Atlántica, especialmente sobre el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía. Se ha probado que los proyectos mineros identificados han contaminado los ríos que son fuente de agua para 13 comunidades del sector de San Pedro, Cayo Sierra, Zamora y Santa Rosa de Aguán, colocando en riesgo a más de 90,000 habitantes.
“Esta nueva amenaza se suma a los 700 casos de amenaza reportados contra defensores de derechos humanos en el último semestre. Los defensores de derechos humanos, líderes sociales y ambientales que denuncian las inconveniencias del modelo de desarrollo y las violaciones al derecho a la consulta previa se convirtieron en el sector más vulnerable en Honduras ”, recuerda Bertha Oliva, Secretaria General Adjunta de la FIDH y coordinadora de COFADEH.
Entre los 18 defensores de derechos humanos criminalizados por estas medidas se encuentran los Sres. Juan López, Subcoordinador de la Fundación San Alonso Rodriguez (FSAR), Reinaldo Dominguez, líder comunitario de la comunidad de Guapinol, Orbín Hernández, líder del sector San Pedro; Carlos Leonel George, comunicador social miembro de la Red de Derechos Humanos y miembro directivo de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), y las Sras. Miriam Yaneth Mejía Cruz, líder comunitaria de GuapinolyLourdes Elizabeth Gómez Rosa. miembro de la Cooperativa Brisas de San Pedro. Entre ellos, unos son benificiarios de medidas cautelares (MC-5014) emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“E stas medidas represivas se tomaron dentro de un contexto de criminalización generalizada de las personas defensoras de derechos humanos en el Bajo Aguán. Las autoridades deberían más bien investigar a los autores de violaciones de derechos humanos y de las amenazas en contra de los defensores a la tierra y en las que aparecen continuamente señalados empresas locales e internacionales o megaproyectos mineros o hydroelectricos” añade Gerald Staberock, Secretaria General de la OMCT.
En septiembre de 2018,los integrantes de la Empresa Campesina Gregorio Chávez – y en particular los Sres. Hipolito Rivas,Jaime Cabrera y José Chávez, que también son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH,y los pobladores de la comunidad de Panamá, fueron víctimas de actos de intimidación cuando un grupo de 50 personas, entre ellas 20 hombres armados, entraron de noche en la cooperativa Paso Aguan. Desde el 2014, esta comunidad sufre de las amenazas, actos de hostigamiento, secuestros y asesinatos perpetrados supuestamentepor guardias de seguridad de la Corporacion Dinant.
El Observatorio y COFADEH también denuncian los comunicados de prensa emitidos en fecha del 17, 27 y 28 de septiembre por parte de supuestas “organizaciones” campesinas (denominadas ACIVA y APPCBA) y que acusan acusan al Sr. Yoni Rivas, Secretario General del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA) y la periodistaNina Lakhani, que dio a conocer el asesinato de Berta Caceresen marzo de 2016, de manipular la opinión pública nacional e internacional a cerca de las violaciones de los derechos humanos en el Bajo Aguan, tener vínculos con el narcotráfico y de incitar los campesinos a tomar las armas. Se verificó que estas “organizaciones” no tienen ninguna existencia legal oficial.
Para obtener más información, por favor contacten con:
· OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39
· FIDH: José Carlos Thissen : (+51) 95 41 31 650
· COFADEH: (+504) 2220-5280
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es una organización de derechos humanos, que impulsa la reconstrucción de la memoria histórica y busca la verdad de nuestros Detenidos-Desaparecidos para hacer justicia, además de atender, defender y proteger otras víctimas y familiares de violaciones a derechos humanos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
El clan Facussé y el recrudecimiento de la guerra de baja intensidad en el Aguan.
La Ceiba, 1 noviembre de 2018.- Con el lamentable deceso de dos
soldados en el Bajo Aguán, terminó un operativo de las fuerzas de
seguridad del estado que se encontraban disolviendo una toma de
carretera, a la altura del desvió de Guapinol; lugar donde se dio un día
antes, una violenta represión en contra de los defensores de las
cuencas hídricas del Parque Nacional Carlos Escaleras, en donde la
empresa Minera Pinares, relacionada con el clan de la familia Facussé,
viene destruyendo las cuencas hidrográficas para la explotación de óxido
de hierro.
En el incidente fallecieron el cabo Allan Duarte Media y el soldado Evaristo Arguello Nixon, de origen Miskito, quienes aparentemente recibieron impactos de armas de fuego. El vocero de las Fuerzas Armadas, José Meza Castillo, Indicó que “tenemos información que hay delincuencia organizada y hay delincuentes en ese sector que se hacen pasar por manifestantes y fueron los que produjeron este evento trágico en donde fallecieron estas dos personas y uno que está herido en un centro asistencial de la comunidad”.
El Bajo Aguan a partir del golpe de estado de 2009, se convirtió en un escenario de guerra de baja intensidad, ante la represión instaurada por las Fuerzas Armadas como respuesta a los reclamos sociales por parte del sector campesino, el que viene sufriendo las consecuencias de la denominada contrarreforma agraria, promovida por el expresidente Rafael callejas, y actual presidiario en los Estados Unidos, el que promovió en el marco de las políticas neoliberales, el desmantelamiento de la endeble reforma agraria impulsada por los gobiernos militares en la década de los 70 del siglo pasado.
La violencia en el Bajo Aguan ha cobrado más de un centenar de vidas, crímenes en su mayoría cometidos por escuadrones de la muerte, aparentemente ligados a los guardias de seguridad de la empresa DINANT, propiedad de Miguel Facussé, “empresario” que fue conocido como el “palmero de la muerte”.
Hasta la fecha la mayoría de los homicidios de campesinos permanecen en la impunidad; como suele suceder con la mayoría de los crímenes perpetrados en Honduras; país que continua siendo uno de los más violentos del planeta, además de contar con un sistema judicial empañado por la ausencia de independencia de poderes.
Para complicar aun más el panorama, el Aguan es reconocido como territorio controlado por el crimen organizado, siendo palpable hasta la fecha la influencia de la familia Rodriguez Madariaga – conocidos como los Cachiros- quienes hace unos años, eran amos y señores de la costa norte de Honduras, contando con la complicidad del estado de Honduras.
La extracción de óxido de hierro en las montaña del parque nacional Carlos Escaleras, se ha convertido en una explosión social, ante la destrucción de las cuencas hidrográficas que alimentan de agua potable a 14 comunidades; entre ellas Guapinol, donde se tuvo lugar un campamento de resistencia durante 88 días, contra la Minera Pinares, propiedad de Lenir Perez y su esposa Ana Facussé, una de las herederas del temido palmero de la muerte.
El surgimiento de bandas de forajidos como parte del siniestro trasiego de drogas ilegales ha estado asociado a los escuadrones de la muerte aparentemente dirigidos por empresarios del rubro de la palma aceitera, los que han impuesto un régimen de violencia que se ha convertido en detonante de la guerra de baja intensidad, acompañada de una permanente militarización de la zona, para proteger los intereses de los “empresarios” palmeros
La fina cutícula que separa el crimen organizado de los escuadrones de la muerte promovidos por los palmeros, ha dado lugar a un sinnúmero de operaciones de bandera falsa con el propósito de inculpar a grupos campesinos en homicidios, para de esta forma socavar los reclamos territoriales.
Si bien la mayoría de las tierras de vocación agrícola del Valle del Aguan han sido copadas por latifundios de palma africana, ahora la minería de óxido de hierro destruye las montañas del valle del Aguan, para el beneficio del mismo grupúsculo de “empresarios” y políticos que han saqueado el país durante las ultimas décadas.
Ecocidios como la destrucción del parque nacional Carlos Escaleras y sus fuentes hídricas, son los que impulsan el éxodo de hondureños que se viene dando desde hace años; especialmente del 2014, cuando después del fraude electoral de 2017, asume la presidencia Juan Orlando Hernández, gobernante que ha conducido el Pais a un abismo sin precedentes.
Mientras tanto mas de 300,000 familias campesinas carecen de un pedazo de terruño para lograr su subsistencia. Además de la existencia de 5,000 ordenes de captura a campesinos que tienen proceso judiciales incoados por exigir el derecho a la tierra. El escenario de hambre y violencia imperante en el país es un aliciente para el éxodo o un posible estallido social, que tendría consecuencias incalculables.
El clan Facussé, uno de los grupos económicos más fuertes del país, ha demostrado ciertamente un enorme desprecio por los hondureños, que han visto como el fundador del emporio, Miguel Facussé, se distinguió por estar asociado a graves actos de corrupción y aparentemente al crimen organizado Facussé logró apoderarse de vastos tractos de tierra para sus negocios de agroexportación. El clan Facussé ha demostrado a través de los años una constante agresión hacia los segmentos más vulnerables del país
Hasta la fecha las informaciones proporcionados por las fuerzas de seguridad son imprecisas, ya que se ha filtrado la existencia de varios civiles heridos y la desaparición de la lideresa Irma Serrano, a quien hace algunos días le fue incendiada su morada.
La OFRANEH exige el cese a la violencia en el Aguan además del respeto al derecho al agua y las cuencas hidrográficas víctimas de la ambición desmedida de empresarios asociados a la minería de óxido de hierro.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
En el incidente fallecieron el cabo Allan Duarte Media y el soldado Evaristo Arguello Nixon, de origen Miskito, quienes aparentemente recibieron impactos de armas de fuego. El vocero de las Fuerzas Armadas, José Meza Castillo, Indicó que “tenemos información que hay delincuencia organizada y hay delincuentes en ese sector que se hacen pasar por manifestantes y fueron los que produjeron este evento trágico en donde fallecieron estas dos personas y uno que está herido en un centro asistencial de la comunidad”.
El Bajo Aguan a partir del golpe de estado de 2009, se convirtió en un escenario de guerra de baja intensidad, ante la represión instaurada por las Fuerzas Armadas como respuesta a los reclamos sociales por parte del sector campesino, el que viene sufriendo las consecuencias de la denominada contrarreforma agraria, promovida por el expresidente Rafael callejas, y actual presidiario en los Estados Unidos, el que promovió en el marco de las políticas neoliberales, el desmantelamiento de la endeble reforma agraria impulsada por los gobiernos militares en la década de los 70 del siglo pasado.
La violencia en el Bajo Aguan ha cobrado más de un centenar de vidas, crímenes en su mayoría cometidos por escuadrones de la muerte, aparentemente ligados a los guardias de seguridad de la empresa DINANT, propiedad de Miguel Facussé, “empresario” que fue conocido como el “palmero de la muerte”.
Hasta la fecha la mayoría de los homicidios de campesinos permanecen en la impunidad; como suele suceder con la mayoría de los crímenes perpetrados en Honduras; país que continua siendo uno de los más violentos del planeta, además de contar con un sistema judicial empañado por la ausencia de independencia de poderes.
Para complicar aun más el panorama, el Aguan es reconocido como territorio controlado por el crimen organizado, siendo palpable hasta la fecha la influencia de la familia Rodriguez Madariaga – conocidos como los Cachiros- quienes hace unos años, eran amos y señores de la costa norte de Honduras, contando con la complicidad del estado de Honduras.
La extracción de óxido de hierro en las montaña del parque nacional Carlos Escaleras, se ha convertido en una explosión social, ante la destrucción de las cuencas hidrográficas que alimentan de agua potable a 14 comunidades; entre ellas Guapinol, donde se tuvo lugar un campamento de resistencia durante 88 días, contra la Minera Pinares, propiedad de Lenir Perez y su esposa Ana Facussé, una de las herederas del temido palmero de la muerte.
El surgimiento de bandas de forajidos como parte del siniestro trasiego de drogas ilegales ha estado asociado a los escuadrones de la muerte aparentemente dirigidos por empresarios del rubro de la palma aceitera, los que han impuesto un régimen de violencia que se ha convertido en detonante de la guerra de baja intensidad, acompañada de una permanente militarización de la zona, para proteger los intereses de los “empresarios” palmeros
La fina cutícula que separa el crimen organizado de los escuadrones de la muerte promovidos por los palmeros, ha dado lugar a un sinnúmero de operaciones de bandera falsa con el propósito de inculpar a grupos campesinos en homicidios, para de esta forma socavar los reclamos territoriales.
Si bien la mayoría de las tierras de vocación agrícola del Valle del Aguan han sido copadas por latifundios de palma africana, ahora la minería de óxido de hierro destruye las montañas del valle del Aguan, para el beneficio del mismo grupúsculo de “empresarios” y políticos que han saqueado el país durante las ultimas décadas.
Ecocidios como la destrucción del parque nacional Carlos Escaleras y sus fuentes hídricas, son los que impulsan el éxodo de hondureños que se viene dando desde hace años; especialmente del 2014, cuando después del fraude electoral de 2017, asume la presidencia Juan Orlando Hernández, gobernante que ha conducido el Pais a un abismo sin precedentes.
Mientras tanto mas de 300,000 familias campesinas carecen de un pedazo de terruño para lograr su subsistencia. Además de la existencia de 5,000 ordenes de captura a campesinos que tienen proceso judiciales incoados por exigir el derecho a la tierra. El escenario de hambre y violencia imperante en el país es un aliciente para el éxodo o un posible estallido social, que tendría consecuencias incalculables.
El clan Facussé, uno de los grupos económicos más fuertes del país, ha demostrado ciertamente un enorme desprecio por los hondureños, que han visto como el fundador del emporio, Miguel Facussé, se distinguió por estar asociado a graves actos de corrupción y aparentemente al crimen organizado Facussé logró apoderarse de vastos tractos de tierra para sus negocios de agroexportación. El clan Facussé ha demostrado a través de los años una constante agresión hacia los segmentos más vulnerables del país
Hasta la fecha las informaciones proporcionados por las fuerzas de seguridad son imprecisas, ya que se ha filtrado la existencia de varios civiles heridos y la desaparición de la lideresa Irma Serrano, a quien hace algunos días le fue incendiada su morada.
La OFRANEH exige el cese a la violencia en el Aguan además del respeto al derecho al agua y las cuencas hidrográficas víctimas de la ambición desmedida de empresarios asociados a la minería de óxido de hierro.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Crisis del Aguán y Tocoa ha sido generada por el propio Estado: Diócesis de Trujillo
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.
– La Diócesis de Trujillo ha acusado directamente al gobierno de
Honduras de ser el responsable de la crisis que está viviendo el valle
del Aguan y la comunidad de Tocoa específicamente.
Todo
se genera desde el momento en que dio en concesión un área para
explotación minera metálica dentro del Parque Nacional Montaña de
Botaderos, en favor de una empresa minera siendo zona de alta producción
de agua.
La tensión se ha apoderado en las últimas horas en la comunidad de Guapinol, Tocoa
Señala
como otro agravante que, de manera planificada, para beneficiar a las
empresas mineras, el congreso nacional –en menos de un año– haya
modificado el decreto legislativo #127-2012 de creación del Parque
Nacional Montaña de Botaderos (Carlos Escaleras) para reducir la zona
núcleo del parque y entregar dos (2) proyectos mineros a la empresa
Inversiones los Pinares.
Señala
además que los medios de comunicación de manera irresponsable,
siguiendo el guion mediático de la gran empresa digan que el conflicto
es entre un grupo de personas de la comunidad de Guapinol y una empresa
minera.
Argumenta
también que las instituciones, llamadas a solucionar el conflicto y la
crisis socio ambiental, las personas responsables en (MIAMBIENTE,
INHGEOMIN, ICF, Municipalidad de Tocoa), hayan desaparecido como
funcionarios públicos permitiendo que la crisis se agudizara, lo que los
hace cómplices de esa danza macabra.
IGLESIA CATÓLICA – DIOCESIS DE TRUJILLO
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
La
Iglesia Católica de la Diócesis de Trujillo, que comprende los
departamentos de Colón y Gracias a Dios, ante la crisis violenta
suscitada en la Región del Aguán, en Tocoa específicamente, nos
expresamos:
Lamentamos profundamente:
- Que la crisis violenta haya sido generada, principalmente por el Estado de Honduras, a través de la institucionalidad gubernamental, desde el momento en que dio en concesión un área para explotación minera metálica dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, en favor de una empresa minera siendo zona de alta producción de agua.
- Que, de manera planificada, para beneficiar a las empresas mineras, el congreso nacional –en menos de un año– haya modificado el decreto legislativo #127-2012 de creación del Parque Nacional Montaña de Botaderos (Carlos Escaleras) para reducir la zona núcleo del parque y entregar dos (2) proyectos mineros a la empresa Inversiones los Pinares.
- Que los medios de comunicación, de manera irresponsable, siguiendo el guion mediático de la gran empresa digan que el conflicto es entre un grupo de personas de la comunidad de Guapinol y una empresa minera. aclaramos que no es así. La crisis involucra a toda la población del departamento de Colón que está en favor de la vida: en favor del derecho humano al agua y a un ambiente sano. Prueba de ello es que cinco de los diez municipios del departamento de Colón, mediante cabildos abiertos, han declarado a sus municipios libres de minería. Por otra parte, el domingo 14 de octubre, la Iglesia Diocesana, por mandato de la asamblea Diocesana de Pastoral, junto a diversas organizaciones sociales se movilizó desde la comunidad de Cayo Campo hasta la ciudad de Tocoa elevando su voz en contra de la minería en nuestro territorio.
- Que los impactos de apertura de carreta que ha realizado la empresa minera han sedimentado dos ríos en el Municipio dejando sin acceso al agua a las comunidades. Que la crisis ha evolucionado hacia la violencia dejando un saldo de: a. dieciocho miembros del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos, criminalizados, con órdenes de captura por defender el agua y el ambiente. b. el desalojo violento del campamento por la dignidad y la vida instalado en la parte alta de la comunidad de Ceibita, municipio de Tocoa en el que participó un gran número de efectivos (alrededor de mil) de la policía nacional y del ejército quienes lanzaron un estimado de 500 bombas lacrimógenas, golpeando y torturando a muchos miembros del campamento. c. un primer herido el 7 de septiembre en disparo realizado por un empleado de Inversiones los Pinares. d. Un bus de la empresa de transportes Mirna calcinado e. Una vivienda quemada y la propietaria seriamente amenazada por empleados de la empresa minera en Ceibita. f. tres personas fallecidas (un civil del grupo COVIPERCE de Ceibita el día domingo 28 donde presuntamente, también salió herido el Jefe de la Unidad Municipal Ambiental UMA de Tocoa, y dos militares el lunes 29 durante desalojo de la manifestación en la carretera CA-13 a la altura del desvío a la comunidad de Guapinol).
- Que las instituciones, llamadas a solucionar el conflicto y la crisis socio ambiental, las personas responsables en (MIAMBIENTE, INHGEOMIN, ICF, Municipalidad de Tocoa), hayan desaparecido como funcionarios públicos permitiendo que la crisis se agudizara, lo que los hace cómplices de esta danza macabra.
Como
iglesia católica estamos en contra de todo acto de violencia; en contra
de toda violación a los derechos humanos porque estamos a favor de la
vida, y vida en abundancia. Es prioridad la garantía del derecho al agua
y a un ambiente sano, a la promoción de la justicia y el derecho por
encima de la legalidad secuestrado por la corrupción y la impunidad. Nos
solidarizamos con las y los hermanos perseguidos, con la Fundación “San
Alonso Rodríguez” la “Coordinadora de Organizaciones Populares del
Aguan-COPA” y con la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa,
criminalizadas por un estado coludido con el poder económico.
Lamentamos
que esta espiral de violencia empezara en el Congreso Nacional, y
evolucione hasta tener que perder vidas humanas. La gota que derramó el
vaso ha sido la permisividad de la movilidad de armas y la organización
de grupo armado en Ceibita como estrategia para disolver el campamento
en defensa del agua, los resultados son evidentes. ¿Qué pasa con los
órganos de investigación del Ministerio Publico y la Policía Nacional?
Exigimos:
- Que se haga una investigación profunda y seria de todo el proceso de concesionamiento y licenciamiento ambiental otorgados en favor de la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Alfonso Escaleras Mejía.
- Que se detenga todo trámite de concesionamiento en todo el territorio de la diócesis de Trujillo, mientras no se resuelva la crisis ambiental y humana en la región del Aguán y podamos tener la participación directa de las comunidades en la definición de proyectos de desarrollo sostenible.
- Que, de manera inmediata, se haga presente en la región del aguan, los ministros de las secretarias e Institutos; MIAMBIENTE, DDHH, SALUD, INGEOMIN, ICF, y la comisión de MINERÍA y ENERGÍA del Congreso Nacional para sentarse con las organizaciones populares y la Iglesia Católica Diócesis de Trujillo y poner fin a la crisis violenta originada por ellos mismos en la región del Aguán. La delegación oficial debe traer consigo, toda la documentación necesaria que se consideró para modificar el área de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos y para otorgar la concesión de explotación minera a la empresa.
Finalmente,
hacemos un llamado a medios de comunicación local, nacional e
internacional para que hagan acto de presencia en la zona del Aguán para
que informen con la verdad, todo lo que acontece. Extendemos el llamado
y la invitación a todas las organizaciones de Derechos humanos con
presencia en el país, para que hagan acto de presencia en la región para
que juntos exijamos la garantía de los derechos humanos, en especial de
las y los hermanos e instituciones criminalizadas.
La
región del Aguán arrastra un conflicto histórico en sus diversas
expresiones, que debe ser atendido con la más amplia y profunda voluntad
política.
Exhortamos a la feligresía en general, unirse en oración y solidaridad por esta causa.
Dado en Tocoa, Colón a los 30 días del mes de octubre de 2018.
Consejo Diocesano de Pastoral de Conjunto.
Qué hay detrás del asesinato del líder comunitario de Los Prados, Namasigüe
Choluteca, Choluteca, (Conexihon).- Una
comunidad fraccionada, varios líderes criminalizados, una serie de
irregularidades en los procesos de concesión y un discurso
estigmatizante de la protesta social rodea el asesinato, del
líder comunitario Reynaldo Reyes Moreno (38) una voz apagada en medio de
las voces que claman justicia en una pequeña comunidad al sur del país.
El reporte emitido este jueves 29 de
noviembre por parte de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional
Nacional (Fusina) pone en riesgo a líderes comunitarios que se oponen a
la instalación del Parque Solar Fotovoltáico Los Prados.
Fusina señala que se trata de “una
persona muerta del sexo masculino en la Aldea Brisas del Porvenir,
Namasigue Choluteca” y que el móvil es “ajustes de cuentas, según
información el occiso se estaba proponiendo como presidente del
patronato de la aldea de prados 1 por lo cual habían disputas con otros
vecinos del lugar por dicho puesto”.
Reyes Moreno el líder comunitario,
comerciante y pescador también formaba parte del grupo de 22 personas
criminalizadas por oponerse a esta concesión integrada por cinco
empresas.
Sin embargo, poco tiempo después de ser
acusado por los delitos de daños y amenazas, fue persuadido por la
empresa que funciona con financiamiento de la empresa transnacional Scatec Solar, para firmar un acuerdo conciliatorio (expediente judicial 0601-2017-0916).
Este documento establece su transformación a un promotor del proyecto, aumentando el fraccionamiento comunitario.
Según documentos en propiedad de Conexihon, dicho acuerdo firmado en 30 de enero de 2018, Reyes Moreno se comprometía a: “retirar la bandera y la toma, evitar que se
volviera a realizar el mismo acto; desistir a participar como autor
intelectual de actos en contra de dichos proyectos de energía; promover
la construcción del parque solar; motivar a parientes de abstenerse a
participar; así como informar a la compañía de acciones contra la
empresa y rendir declaraciones ante las autoridades como testigo”.
Posteriormente, el 10 de agosto del
2018, Reyes Moreno aparece como presidente del Comité de Desarrollo
Comunitario según la constancia firmada por Jaime Enrique López Peralta,
jefe de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Municipal.
De acuerdo con los pobladores que se
oponen a dicho proyecto, días después, Reyes Moreno entregó decenas de
láminas y bolsas de cemento a los habitantes que están a favor de la
empresa, con el afán de comprometer voluntades.
Igualmente, el 11 de noviembre del
presente año miembros de este Comité de forma arbitraria convocaron
unilateralmente a la elección de un nuevo patronato en la comunidad de
Los Prados número uno.
Esta acción contó con el respaldo de la
Alcaldía Municipal violentando los artículos, 3, 4, 22, 21, 20, 19, 17,
15, 14, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Patronatos, que establecen que
el procedimiento para esa convocatoria debe de ser meses antes, a través
de una junta electoral en una asamblea comunitaria y una vez que
termine el periodo de la junta directiva anterior.
La junta directiva actual termina su
periodo el próximo año, conforme a lo establecido en el marco de las
regulaciones de asociaciones civiles que cuentan con personería
jurídica.
Aumentando la tensión que ha sido
documentada por diferentes organizaciones de derechos humanos, la
vice-alcaldesa municipal, Claudia Esther Gómez, entregó el 21 de
noviembre de este año una nota en la que convoca a unas
nuevas elecciones el próximo sábado ocho de diciembre a las 8:00 a.m. en
el centro educativo de esa comunidad, violentando así la autonomía que
debe tener la comunidad para elegir sus representantes según lo
establece la normativa.
El Estado debe proteger a la comunidad que se manifiesta
La criminalización de estas 22 personas
constituye una vía equivocada que desnaturaliza el Estado democrático
establecida en la Constitución hondureña al ofrecer acciones penales a
conflictos sociales, cuando se ejerce el derecho humano legítimo a la
protesta social con el propósito de defender el derecho al agua y a un
ambiente, ausente de amenazas que pongan en precario su vida, sostienen
los abogados defensores de las personas criminalizadas.
El derecho a la libertad de expresión en
todas sus manifestaciones merece una protección especial y debe
otorgársele un peso privilegiado en situaciones de conflictos y
ponderación a otros derechos tal como lo establece el articula
79 constitucional que reconoce el derecho a la manifestación pacífica
por lo que no puede, crear una base para prohibir y mucho
menos criminalizar su ejercicio añaden.
Por qué protesta la comunidad
La aprobación de la concesión del
proyecto Fotovoltaico Los Prados integrada por Energías Solares, Foto
Sol, Fotovoltaica Los Prados, Generaciones Energéticas y Fotovoltaica
Sureña fue otorgada por el Estado hondureño sin consultar con
las comunidades de influencia del proyecto, ni agotar un mínimo proceso
de socialización del mismo, pese que es una obligación legal. Así lo
sostienen los afectados.
“A nosotros nunca nos llamaron a una
convocatoria comunal, cuando ingresó la planta un grupo no mayor de 40
personas nombraron su propio patronato y ellos firmaron para recibir
desembolsos, eso se ha ido en láminas y cemento, dicen que han dado
cinco millones a través de la alcaldía, pero no tenemos información
real de eso”.
Una nota enviada por la Gerente de
Sostenibilidad de empresa, Karla Peña, el 10 de noviembre de 2018, al
actual presidente del patronato de la comunidad indica que se han
llevado a cabo dos de tres desembolsos y niegan además la existencia de
nacimientos de agua, pese a que una de las cinco licencias ambientales
habla claramente de la existencia de lagunas de invierno.
Según lo divulgado por diferentes
organizaciones no gubernamentales el 20 de enero del 2014 el Congreso
Nacional aprobó 23 contratos de generación de energía solar de las
cuales 21 fueron creadas nueve meses antes de ser contratadas y vendidas cinco meses después.
Entre las empresas vendidas se encuentran las cinco que forman parte del Parque Fotovoltaico Los Prados cuyos
fundadores son: Jim Elloy Muñoz Gómez y Liana María Hueso Majano, esta
última fungió como apoderada legal de Coalianza, como apoderada legal
del zoológico Joya Grande incautado a los Cachiros, según la información
divulgada por sociedad civil.
El discurso arrancado de Reyes Moreno
Unos meses antes del acuerdo de
conciliación, Conexihon grabó las declaraciones de Reyes Moreno, en
ellas expresó: “Yo considero que es algo anti humano [el aumento de la
temperatura], quizá se pueda vivir ya con aires acondicionados, el 60
por ciento de los que vivimos en este país somos pobres y dichosos son
los que tienen una colchoneta y yo no tengo ni en que dormir”.
“Ustedes pudieron verificar ya por
cuenta propia que el calor es incesante y la temperatura y que estamos
en una época de invierno que baja la temperatura y en marzo la
temperatura estamos como en 38 grados y sumado al calentamiento global,
lo alteran las plantas solares”, agregó.
Coincidiendo con la percepción empírica
de Reyes Moreno, informes públicos dan cuenta del aumento de la
temperatura ambiente en zonas donde se han instalado las plantas
solares, esto producto de la perdida de la calidad de la
corteza terrestre, más no así del calentamiento del silicio, o el
aluminio material con el que se fabrican los paneles.
Fuente: http://www.conexihon.hn/
Dictan detención judicial contra defensor del Bajo Aguán
Por: Redacción CRITERIO redacción@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial al campesino
Jeremías Martínez Cruz de 63 años de edad, quien fue denunciado por
defender el territorio, el agua y la vida de su comunidad.
Jeremías
está muy delicado de su salud y ayer en horas de la tarde fue detenido
en su casa de habitación sin habérsele mostrado una orden de captura y
con la presencia policial al interior de su vivienda.
La
audiencia de declaración de imputado celebrada este viernes en la
ciudad de San Pedro Sula, solo fue el reflejo de lo servil que es la
institucionalidad hondureña para quienes despojan y violentan los
derechos de la población, comentaron los defensores del Movimiento
Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)
A
Jeremías Martínez se le acusa de los delitos de usurpación y daños en
perjuicio de la empresa minera Inversiones Los Pinares y el Estado de
Honduras.
El
expediente contiene 18 ordenes de captura en contra de los defensores y
ambientalistas que han estado en defensa del agua y la vida en la
comunidad de Guapinol.
La
audiencia inicial quedó programada para el próximo miércoles 5 de
diciembre del 2018, el campesino será trasladado al centro penal de La
Ceiba mientras Inversiones los Pinares goza de la protección e impunidad
que le garantiza el corrupto sistema de justicia hondureño.
En febrero de 2017 asesinaron a su hijo Roque Martínez Ramos, en el sector de Zamora, en Tocoa, Colón.
Según relato del propio padre, su hijo se encontraba laborando para la empresa “5 de Enero” cuando ocurrió el ataque.
Pobladores de El Guapinol demandan cabildo abierto para declarar a Tocoa libre de minería
En El Guapinol ahora hay un ambiente de guerra y terror: Elsy Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones del Bajo Aguán (COPA)
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Los
pobladores de la comunidad de El Guapinol, en el municipio de Tocoa,
Colón, aclararon este miércoles que su demanda gira en torno a la
convocatoria de un cabildo abierto para declarar libre de minería al
municipio y no un plebiscito para preguntarle a los pobladores sobre sí
quieren o no la continuidad del proyecto minero que les está generando
conflicto.
El
planteamiento—según los líderes locales—es porque la empresa
Inversiones Pinares tiene cinco años de estar implantada en la zona sin
antes consultar a la comunidad.
Los líderes comunitarios de El Guapinol han convocado a una asamblea para el domingo 25 de noviembre, en la que se abordará la temática.
Noticia Relacionada: Coalición Contra la Impunidad constata terrible violación de derechos humanos en El Guapinol, Tocoa, Colón
A
raíz del conflicto, la corporación municipal de Tocoa, que encabeza el
alcalde Adán Fúnez, propuso la convocatoria de un plebiscito a través
del Congreso Nacional y bajo el arbitraje del Tribunal Supremo Electoral
(TSE). Sin embargo, los pobladores rechazan el planteamiento porque
dicen que no creen en el máximo ente electoral porque en noviembre
pasado—durante las elecciones generales—validó y perpetuó un fraude
electoral.
Fúnez,
se comprometió además a proceder con la cancelación de los proyectos
mineros, lo que a juicio de Elsy Banegas de la Coordinadora de
Organizaciones del Bajo Aguán (COPA), es un discurso nada más porque
hasta el momento no ha mostrado voluntad política para hacerlo.
Banegas
acusó a Fúnez de estar incumpliendo los estatutos de su Partido
Libertad y Refundación (Libre) que establecen una oposición a los
proyectos del modelo extractivo.
La
líder comunitaria resumió que durante el conflicto se ha registrado el
asesinato de uno de sus compañeros de lucha y otro resultó herido.
Además, se contabiliza la muerte de dos militares, la quema de un bus y
de una casa y el desplazamiento de varias familias.
También
condenó la militarización de la zona y el establecimiento de cinco
retenes, entre la comunidad de El Guapinol y Tocoa, donde hay una
distancia de menos de cinco kilómetros.
