Ninguna sentencia que no incluya asesinos intelectuales es capaz de hacer justicia a la vida y causa de Berta Cáceres
- 02/12/2019
Los que planearon el asesinato de Berta Cáceres sabían que matarían a una persona a la que nunca podrían controlar. Pero no esperaban la repercusión mundial que adquirió su asesinato. Nadie en el poder dimensionó lo importante, lo querida y lo reconocida que era en el mundo Berta Cáceres.
Los más altos propietarios y accionistas de DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) son los poderosísimos hombres supuestos responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Una empresa legalmente constituida para la industria extractiva y construcción de proyectos hidroeléctricos, con pleno apoyo financiero de Europa, liderada por la familia Atala, es la que busca escabullir la responsabilidad legal de un asesinato que cae sobre sus espaldas.
A Berta la mataron por ser mujer que desafió el poder de los hombres poderosísimos de Honduras. Ningún hombre con tanto poder podía estar tranquilo con la presencia y la palabra de Berta Cáceres. Los hombres poderosos no pudieron controlarla. El poder de Berta desafiaba el de ellos. Y tanto los desafiaba que puso en peligro sus empresas.
Los altos empresarios detrás de DESA Tenían que matarla. Una mujer les había ganado la batalla. Y esa humillación no la podían tolerar. Cegados por el poder humillado, planificaron su muerte, olvidando que ya para entonces Berta tenía un liderazgo nacional y un gran reconocimiento internacional.
En el asesinato de Berta Cáceres existe un patrón que acompaña a los hombres con poder para sacudirse a quienes les estorban. Con Berta este patrón funcionó a rajatabla:
El primer paso es ignorar o invisibilizar a quien reclama y tiene liderazgo social y político; Berta derrotó el silencio social, político y mediático. El segundo paso es sobornar y seducir para que la voz de quien protesta se calle. Una seducción que incluso es sexual como en el caso del oficial retirado y subjefe de la seguridad de DESA. La acoso sobre la divisa de que “toda mujer puede ser conquistada, es cuestión de dar con el camino para lograrlo”. El tercer paso es la estigmatización y descrédito: a Berta la llamaron revoltosa, opuesta al desarrollo, terrorista, “marimacha”. Berta derrotó la estigmatización con persistencia. Cuando en Honduras era llamada “enemiga del desarrollo” en Estados Unidos era premiada con el Premio Goldman. Y cuando en el país era desacreditada por oponerse a la Iglesia, era premiada, también en Estados Unidos, con el reconocimiento “Monseñor Romero” y el Papa Francisco la recibía con un abrazo en el Vaticano.
El cuarto paso es la criminalización de quien se opone, de quien denuncia, de quien protesta. Berta fue criminalizada. Fue a los tribunales y a la cárcel. Querían quitarla de en medio. Y querían debilitar las luchas indígenas y populares que encabezaba el COPINH. También querían sembrar el miedo en quienes veían en Berta un referente. El quinto paso es la eliminación física, la muerte. A Berta la mataron porque ni pudieron ignorarla ni sobornarla ni vencerla en juicio. Por su persistencia y su tenacidad, Berta se colocó ante los hombres poderosos en el paso de la muerte. A una mujer de ese tamaño no podían permitirle que siguiera viviendo. Estaba en juego el honor de los hombres. Dejarla viva significaba aceptar la humillación que ella había infligido a los hombres del poder.
Los hombres que dispararon contra de Berta Cáceres están identificados, enjuiciados y sentenciados. Los autores intelectuales del crimen están impunes, y están al alcance de la justicia si la misma quiere actuar. Ellos habitan entre los más altos accionistas de DESA. Muy probablemente participan activamente en obras filantrópicas y de beneficencia y puede que asistan asiduamente al templo, en donde son reconocidos como bienhechores.
Berta trazó el camino. No es fácil seguirla, pero dejó sus huellas y su espíritu. Mientras las estructuras de poder que mataron a Berta sigan intactas, las mujeres seguirán amenazadas.El camino que trazó Berta es lucha frontal contra el patriarcado, y desde esa convicción convoca a luchar tenazmente por romper con la impunidad que protege a los asesinos intelectuales. La sentencia condenatoria de los asesinos materiales es un paso. Hace creer que ya se hizo justicia, es todavía espejismo.Las estructuras y los criminales están intactos. Están impunes. La defensa auténtica de las mujeres y de los hombres que con ellas luchan en contra del patriarcado y de quienes amenazan la vida de las comunidades con sus proyectos extractivos, reside en ir mucho más allá de la actual sentencia. El camino se ha de proseguir hasta lograr enjuiciar y sentenciar a los asesinos intelectuales. Solo entonces estaremos en paz con la memoria de Berta, y podremos llamarnos herederos y herederas de sus sueños, sus luchas y sus ríos. Solo entonces.
(P. Melo)
Sentencia Berta Cáceres: Un primer paso en el camino de justicia
Giorgio Trucchi
03/12/2019
Condenas de entre 30 y 50 años de prisión para autores materiales
Este 2 de diciembre, cuando se cumplen 45 meses del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia impuso penas de entre 30 y 50 años de cárcel a los autores materiales del crimen.
Los siete acusados habían sido declarados culpables el 29 de noviembre del 2018 a través de un fallo oral, pero los jueces tardaron más de un año para dictar una sentencia escrita, generando muchas suspicacias y profunda preocupación entre los familiares de Cáceres y provocando inseguridad jurídica en el caso.
Los jueces condenaron a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), y a Douglas Bustillo, sargento retirado y ex subjefe de seguridad de DESA, a 30 años y 6 meses de prisión. Mariano Díaz, mayor de las FFAA de Honduras, fue condenado a 30 años.
En el caso de los otros cuatro imputados, a la condena por el asesinato de Berta Cáceres se le sumó la condena por el delito de asesinato en su grado de tentativa en perjuicio de Gustavo Castro, único testigo del crimen.
Henry Hernández, también militar retirado, Edilson Duarte, Elvin Rápalo y Oscar Torres fueron condenados a 50 años y 4 meses de prisión.
“Solamente es un primer paso en el camino por la justicia. Se han condenado a los autores materiales del crimen y esto no es suficiente para romper el muro de impunidad. Seguimos demandando justicia integral, es decir la condena de todas las personas involucradas”, dijo Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres, después de la sentencia.
La actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañada por su hermano menor Salvador Zúniga Cáceres, recordó que el fallo oral del año pasado señalaba que altos directivos de DESA, empresa titular del proyecto energético Agua Zarca contra el cual tanto Berta Cáceres como el Copinh lucharon durante años, participaron en la planificación del crimen.
En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, miembros de comunidades lenca organizadas en el Copinh y de diferentes organizaciones sociales y populares realizaron un plantón pacífico en exigencia de justicia para Berta Cáceres. A pocas decenas de metros del lugar del plantón, un fuerte contingente policial controlaba la situación.
Una vez dictada la sentencia condenatoria, Bertha y Salvador Zúniga Cáceres dieron lectura a un comunicado del Copinh, donde volvieron a exigir que se proceda contra el ex oficial de inteligencia militar y ex presidente de DESA, David Castillo, y contra los integrantes de la familia Atala Zablah.
"Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen, y es consecuencia de la tenacidad de la lucha del Copinh, la familia y la solidaridad nacional y del mundo.
Berta, nuestra hermana, seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida, y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura.
Esta sentencia -concluye el comunicado- es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras".
Fuente: LINyM
https://nicaraguaymasespanol.
Este 2 de diciembre, cuando se cumplen 45 meses del asesinato de la dirigente indígena lenca Berta Cáceres, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia impuso penas de entre 30 y 50 años de cárcel a los autores materiales del crimen.
Los siete acusados habían sido declarados culpables el 29 de noviembre del 2018 a través de un fallo oral, pero los jueces tardaron más de un año para dictar una sentencia escrita, generando muchas suspicacias y profunda preocupación entre los familiares de Cáceres y provocando inseguridad jurídica en el caso.
Los jueces condenaron a Sergio Rodríguez, gerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), y a Douglas Bustillo, sargento retirado y ex subjefe de seguridad de DESA, a 30 años y 6 meses de prisión. Mariano Díaz, mayor de las FFAA de Honduras, fue condenado a 30 años.
En el caso de los otros cuatro imputados, a la condena por el asesinato de Berta Cáceres se le sumó la condena por el delito de asesinato en su grado de tentativa en perjuicio de Gustavo Castro, único testigo del crimen.
Henry Hernández, también militar retirado, Edilson Duarte, Elvin Rápalo y Oscar Torres fueron condenados a 50 años y 4 meses de prisión.
“Solamente es un primer paso en el camino por la justicia. Se han condenado a los autores materiales del crimen y esto no es suficiente para romper el muro de impunidad. Seguimos demandando justicia integral, es decir la condena de todas las personas involucradas”, dijo Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres, después de la sentencia.
La actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañada por su hermano menor Salvador Zúniga Cáceres, recordó que el fallo oral del año pasado señalaba que altos directivos de DESA, empresa titular del proyecto energético Agua Zarca contra el cual tanto Berta Cáceres como el Copinh lucharon durante años, participaron en la planificación del crimen.
En las afueras de la Corte Suprema de Justicia, miembros de comunidades lenca organizadas en el Copinh y de diferentes organizaciones sociales y populares realizaron un plantón pacífico en exigencia de justicia para Berta Cáceres. A pocas decenas de metros del lugar del plantón, un fuerte contingente policial controlaba la situación.
Una vez dictada la sentencia condenatoria, Bertha y Salvador Zúniga Cáceres dieron lectura a un comunicado del Copinh, donde volvieron a exigir que se proceda contra el ex oficial de inteligencia militar y ex presidente de DESA, David Castillo, y contra los integrantes de la familia Atala Zablah.
"Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen, y es consecuencia de la tenacidad de la lucha del Copinh, la familia y la solidaridad nacional y del mundo.
Berta, nuestra hermana, seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida, y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura.
Esta sentencia -concluye el comunicado- es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras".
Fuente: LINyM
https://nicaraguaymasespanol.
Honduras, radiografía actual a diez años del golpe
Grupos
de jóvenes protagonizaron en diciembre de 2017 cortes de ruta,
barricadas y, en algunos casos, saqueos, en carreteras y calles de todo
el país como parte de las protestas contra el fraude en las elecciones.
(Ariel Sosa)
La propuesta de consulta popular en 2009 para impulsar una Asamblea Constituyente será la gota que colme el vaso y que justifique el golpe.
El golpe no cuidó especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola (al lado de Tegucigalpa) y enviado por avión a Costa Rica
Zelaya, además de “traidor de clase” para las elites del país, había intentado redefinir el papel geopolítico asignado históricamente a Honduras (ser plataforma contrarrevolucionaria contra los países del entorno, principalmente Nicaragua y El Salvador), por lo que el Pentágono planificó su caída.
El golpe no cuidó especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola (al lado de Tegucigalpa) y enviado por avión a Costa Rica. Al día siguiente, el parlamento quiso legitimar el golpe presentando una supuesta carta de renuncia del presidente, que este mismo denunció como falsa.
LABORATORIO DE DISTOPÍA
El régimen que desde hace una década se ha impuesto en Honduras es una combinación de autoritarismo político y ultra-liberalismo económico, por lo que lo “liberal” se vacía de la ecuación política, pero se radicaliza en el plano económico. Es un ejemplo del nuevo tipo de régimen que se está ensayando en algunas zonas del planeta en el que se articula un capitalismo cada vez más extremo con sistemas políticos no literalmente dictatoriales, pero si en transición hacia un post-Estado de Derecho. En síntesis, una muestra del laboratorio de distopías del siglo XXI.
El nuevo régimen político post-liberal se expresa en la hibridación de un modelo de elección fraudulento con un modelo de administración del poder cada vez más coercitivo
El nuevo régimen político post-liberal se expresa en la hibridación de un modelo de elección fraudulento con un modelo de administración del poder cada vez más coercitivo. Por un lado, las dos últimas elecciones presidenciales (2013 y 2017) han sido ganadas por la oposición de centro-izquierda (Partido LIBRE y aliados), pero ha continuado gobernando la derecha golpista (Partido Nacional) a través de un fraude avalado por las potencias occidentales. El modelo electoral, por tanto, permite comicios multipartidistas, pero la presidencia no la ocupa quien realmente gana sino quien conviene que gobierne, suprimiendo abruptamente uno de los principios básicos del liberalismo electoral. En resumen, se garantiza el derecho a presentarse (‘no es una dictadura tradicional’) pero se hace inviable el derecho a gobernar.
El segundo pilar del nuevo régimen es un modelo de administración de gobierno en el que el ‘poder coercitivo’ tiene cada vez más peso frente al ‘poder persuasivo’. Generar consenso cada vez importa menos, por lo que se prioriza la coerción, la cual se ejerce combinando instrumentos legales e ilegales.
El actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represión de los años 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una ‘tasa de seguridad’ para financiar la escalada represiva
La represión ‘legal’ se está materializando a través de tres vías principales: la militarización, la judicialización y el encarcelamiento. COFADEH, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del país ha denunciado la creciente militarización, con la creación de una policía militar y el destino de las Fuerzas Armadas a labores policiales, además de la creciente presencia de asesores del MOSAD, del DAS y obviamente de la CIA. El actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represión de los años 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una ‘tasa de seguridad’ para financiar la escalada represiva.
La judicialización es otro instrumento privilegiado de la represión ya que se está haciendo un uso perverso de figuras penales muy duras (terrorismo, usurpación) para imponer penas desproporcionadas a líderes del movimiento popular. Además, en noviembre el Congreso pretende aprobar un nuevo código penal sumamente represivo. Lo anterior se complementa con un incremento sustancial del número de presos políticos y la creación de cárceles de máxima seguridad (formalmente para narcotraficantes, pero de facto para defensoras de la tierra y el territorio).
El régimen articula la represión legal con el uso de instrumentos ilegales de todo tipo. Por un lado, el movimiento campesino e indígena denuncia la infiltración para generar división al interior de las comunidades. Por otro lado, destacan las campañas de criminalización, caracterizando a líderes sociales como pandilleros, narcotraficantes o terroristas, para así legitimar acciones en su contra. A su vez, las amenazas y seguimientos han obligado a que un gran número de líderes populares vivan con fuertes medidas de seguridad y en algunos casos en régimen de semi-clandestinidad. Por último, las agresiones y asesinatos están a la orden del día, con un fuerte incremento de los feminicidios, apunta Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer. Esto en un contexto de impunidad de más del 90% de los crímenes. Para Berta Oliva, directora del COFADEH, “no estamos en un Estado de Derecho sino en uno de Desecho”.
RÉGIMEN ECONÓMICO ULTRA-LIBERAL
Uno de los principales objetivos del golpe fue la restitución del modelo neoliberal y a su vez una radicalización de este. Los pilares del actual modelo son: intensificación del extractivismo y de la agroindustria, contra-reforma agraria, reducción abrupta del salario y privatizaciones. A través de la denominada “diarrea legislativa” (Nueva Ley de Minería de 2013, etc.) se ha favorecido la entrega masiva de territorio a proyectos transnacionales mineros y energéticos. La minería ha aumentado un 100%, pero si sumamos los proyectos pendientes el incremento es del 450%. Desde La Vía Campesina de Honduras (LVC) denuncian que es habitual la entrega irregular de licencias ambientales. Los impactos de todos estos proyectos en las comunidades campesinas e indígenas que habitan o viven cerca de los territorios concesionados son múltiples. Uno de los más destacados por LVC es la restricción del acceso al agua por la privatización de cuencas, el desvío de cauces y la contaminación de acuíferos. También destacan la restricción del acceso a recursos forestales por la tala masiva. La contra-reforma agraria que viene de los años 90 (Ley de ‘modernización’ agraria) se ha intensificado con la expansión del modelo agro-industrial y la consiguiente expulsión de masas de campesinos de sus tierras. La concentración de tierra se ha acelerado en torno a los productos ‘estrella’ de exportación: café, banano, palma de aceite y caña de azúcar. Paralelamente, la importación de alimentos básicos se ha acelerado, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria.
En la última década más de 8.000 campesinos/as han sido detenidas tras desalojos de tierras
Rafael Alegría, dirigente histórico campesino, señala que el movimiento campesino sigue solicitando tierras al INA (Instituto Nacional Agrario), pero como este no cumple su función las familias se ven obligadas a ocupar (‘recuperar’ lo robado históricamente), y entonces el Estado activa el protocolo de desalojo, generando un alto nivel de conflictividad y represión. En la última década más de 8.000 campesinos/as han sido detenidas tras desalojos.
La reducción del salario de las clases trabajadoras se ha ejecutado a través de la Ley de Empleo por Hora de 2014, que permite pagar menos del salario mínimo. En cuanto a las privatizaciones, además de las vías terrestres, el gobierno ha intentado privatizar en 2019 la salud y la educación, pero no lo ha logrado producto de la movilización popular. Por otro lado, el proyecto estrella de la década han sido las ZEDES (Zonas Especiales de Desarrollo Económico), popularmente conocidas como “ciudades modelo”, donde no solo se entrega el territorio al capital transnacional, sino que además se autogobiernan y disponen de policía y administración de justicia propia. En síntesis, supresión radical de la soberanía nacional.
Las consecuencias sociales de este laboratorio de distopía son dramáticas ya que han llevado al país a una situación de evidente “emergencia social”. Sin embargo, el apagón mediático global invisibiliza esta realidad. En la actualidad, dos de cada tres personas son pobres y más de un 40% sufren pobreza extrema. A su vez, la emigración se ha disparado. Según Eugenio Sosa, sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un 40% de la población tiene planificado migrar y un 20% más no descarta hacerlo.
RESISTENCIA POPULAR
A pesar de esta radiografía dramática, Sosa subraya una serie de elementos que muestran que existe una importante resistencia al modelo. Asegura que a lo largo de estos 10 años se ha desarrollado una lucha constante y que se ha producido un proceso de fuerte politización en los sectores populares. Destaca una serie de luchas que han simbolizado una década de resistencia: la larga lucha, de muchos meses, contra el golpe de Estado; la lucha diaria contra el extractivismo en todo el país; la reactivación del movimiento estudiantil; el gran movimiento contra el fraude electoral de 2017 y la más reciente movilización (exitosa) contra el intento de privatización de la salud y la educación. Concluye augurando una intensificación del conflicto y de la disputa entre el bloque golpista en el poder y el bloque popular del cambio.
Diputado suplente de LIBRE denuncia amenazas a muerte tras dar declaraciones en el CN
Por defensores -
4 diciembre, 2019
Tegucigalpa, Honduras.- Unos
empleados del Congreso Nacional se acercaron Brayan Alonso Rubí,
diputado suplente de Jari Dixon Herrera, y lo amenazaron al decirle que
sino dejaba de dar declaraciones lo iban a matar, denunció ante el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH),
el 28 de noviembre.
Rubí, diputado suplente por el
departamento de Francisco Morazán, detalló que ese día en la mañana,
convocó a una rueda de prensa dentro del Congreso Nacional, como derecho
a réplica, ante la manipulación de unas declaraciones que él dio en el
marco de la visita del ilegal presidente Juan Hernández, que llegó a
inaugurar el estadio municipal de El Porvenir.
El representante del partido Libertad y
Refundación (LIBRE), se vio obligado a aclarar un mensaje emitido
–supuestamente- por Salvador Nasralla, desde su cuenta de twitter, que
dice: Salvador Nasralla @SalvaPresidente 27 nov.
Captura de pantalla del Twitter en mención
“Diputado de Libre en CN de Honduras, a
favor de la reelección que prohíbe la Constitución, admira a CC4 lo
invita a reelegirse de nuevo, le agradece por una obra hecha con $ del
pueblo. Hoy no hubo sesión en CN por falta de quórum. Cuántos diputados
del PL y de Libre piensan así?”
Por lo que Rubí de 31 años, lamentó que
Nasrralla, representante en los comicios electorales pasados, por la
Alianza de Oposición, cayera en la trampa de los que dirigen el Partido
Nacional de Honduras, que ostenta el poder mediante la imposición de
Hernández,
“El día martes se presentó el presidente
autonombrado, Juan Orlando Hernández, al municipio de El Porvenir, para
la inauguración del estadio municipal y dentro de su intervención, yo
pedí la palabra para decirle que por muchas obras que llevara a nuestro
pueblo, se le terminaba la alegría cuando escuchaba los rumores que la
cárcel que fue a implantar a nuestro municipio, y que se rumora que se
va a convertir en cárcel de máxima seguridad, tenía preocupados a todos
los pobladores”, declaró el diputado suplente.
Agregó que, ante la presencia de
Hernández, también le dijo que para hacer todos los proyectos que
benefician o afectan al pueblo, tiene que hacer uso del plebiscito y el
referendo para que el pueblo elija si quiere o no este tipo de
proyectos.
Entre las aclaraciones, Rubí afirmó lo
siguiente “es admirable que, alguien que se ha robado tres veces las
elecciones se mantenga en el poder. Que yo también estoy de acuerdo con
la relección pero que se le consulte al pueblo y que nuestro máximo
líder –Manuel Zelaya- sea quien nos represente”.
En la rueda de prensa –según sus
declaraciones- se dirigió a Nasrralla, a quien lo llamó traicionero
porque después de las elecciones se fue a los Estados Unidos a pedir que
los ‘gringos’ lo pusieran en la presidencia, mientras el pueblo estaba
en las calles.
Dedtalló que la convocatoria de prensa
“Lo tomé como derecho a réplica porque los medios de comunicación
editaron lo que dije en El Porvenir”, y que también omitieron la
amenazas y denuncias posteriores.
Y después de dar estas declaraciones –en
el hemiciclo- con unos empleados del régimen me mandaron a decir que si
no me callaba, que si no dejaba de dar declaraciones me iban a matar.
Una de las personas que me amenazó es muy cercana a la junta directiva
del Congreso Nacional que preside el nacionalista Mauricio Oliva. Los
diputados nacionalistas me volteaban a ver mal.
“Extrañamente me dijeron que me sentara y
que votara. Les dije que me dieran la palabra, que era la única forma
de sentarme para denunciar lo que estaba sucediendo, me sentí amenazado y
que podían atentar contra mi vida”, afirmó el diputado suplente, quien
dejó hasta su vehículo en el estacionamiento del Legislativo, por temor
que atetaran contra su vida.
También denunció que le informaron sobre
una convocatoria de militantes del partido Nacional, quienes se harían
pasar por LIBRE para que lo lincharan una vez fuera del edificio en el
centro de Tegucigalpa.
El líder político originario de El
Porvenir, en el Valle de Siria, es opositor a los planes de manejo y
proyectos de desarrollo que se instalan sin el debido proceso. Aunque
exista un riesgo contra su vida, afirmó que no importa, si lo que hace
para ayudar a cambiar este sistema.
Se define como un hombre combativo y
revolucionario que se ha mantenido fiel a la línea del partido LIBRE
(brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular). Agregó que
es un militante activo, pero en la dictadura que se ha montado en el
país ataca a las personas que luchan contra el sistema opresor, los
tildan de corruptos y hasta los someter a ser presos políticos.
No importa si me muero o me matan, pero
tengo hijos y familia, y espero que vivan en un mejor país, yo siempre
me mantengo al lado del pueblo y así voy a estar, concluyó en esta
denuncia, Brayan Alonso Rubí, diputado suplente de Jari Dixon Herrera,
quien lo acompañó junto a otras personas al COFADEH, tras las amenazas
la semana pasada.
Más de 80 periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras
- 28/11/2019
En su mayoría los asesinatos de periodistas y comunicadores están en impunidad.
Luego del crimen contra
el periodista José Arita, quien conducía el programa La Hora de la Verdad, en
el canal Puerto Visión en Puerto Cortés, el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE,
indica que, desde el año 2001 hasta la fecha, 82 comunicadores, comunicadoras y
periodistas han sido asesinados en Honduras.
Amada Ponce, coordinadora de comunicaciones de C-LIBRE, informa que, del total de los asesinatos contra periodistas, el 93% permanecen completamente impunes, es decir que solo en siete de los 82 casos existe una persona acusada o detenida por participar directamente en el crimen.
“Desde de 2001 hasta la fecha han asesinado más de 82 periodistas y comunicadores, cuatro han sido mujeres y dos comunicadores miembros de la comunidad LGTBI. El 93% de los asesinatos están en la impunidad”, narró Ponce.
Detalla que la mayoría de los periodistas asesinados ejercían su labor en canales televisivos y en programas de corte crítico, por ejemplo, José Arita, antes de ser asesinado había denunciado el bloqueo informativo por parte de la alcaldía de Puerto Cortés. Asimismo, anunció que en la siguiente emisión de La Hora de la Verdad abordaría las acciones que se estaban desarrollando con el nuevo Código Penal que aún está en Vacatio Legis.
Ponce recordó que, una comunicadora también fue asesinada el 21 de noviembre pasado en Catacamas, Olancho, Johana Alvarado de 21 años. La joven laboraba como presentadora en el canal 45TV de Catacamas y hasta ahora se desconoce el móvil del crimen porque las autoridades de investigación no han dado información sobre el hecho violento.
“La mayoría de los periodistas y comunicadores pertenecían a medios privados radiales y televisivos, conducían espacios noticioso muy críticos, eran espacios independientes pagados por los mismo comunicadores. La mayoría de los periodistas asesinados son del interior del país”, manifestó Amada Ponce.
La representante de C-LIBRE dice que solicitan al Mecanismo de Protección que ponga atención a lo que está ocurriendo con los comunicadores porque desde su organización lo han denunciado hace varios meses. “El Mecanismo no ha estado poniendo a tención a estas denuncias sobre el bloqueo de información que denuncian periodistas y comunicadores”, denunció Amada Ponce, coordinadora de comunicaciones de C-libre.
Actualmente los periodista y defensores de derechos humanos son los más amenazados en Honduras, según el Mecanismo de Protección que fue creado el 2015 para dar respuesta a las amenazas que están recibiendo este segmento de la población.
Al cumplirse dos años del fraude electoral en Honduras, Carlos Paz,
Director de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula,
sostiene que cuando se busca justicia en el país para las víctimas de
la violación de sus derechos humanos se encuentra con un ambiente de
evasión. Con un servicio de justicia completamente plegado al poder, con
un Ministerio Público que no está comprometido con la búsqueda de la
verdad, la investigación y el acceso a la justicia.
“Encontramos un Poder Judicial completamente plegado. Un Poder Judicial que no dirime las causas en razón de la verdad, de la justicia, sino con intereses creados y todos esos elementos frenan y generan impunidad”, manifestó Paz.
El pasado 26 de noviembre se cumplieron dos años del fraude electoral que dejó cerca de 30 personas asesinadas, produjo más de 20 presos políticos, provocó el desplazamiento forzado de muchos ciudadanos y ciudadanas que defendía, por medio de la protesta, su derecho a elegir.
El fraude instaló en el poder a un gobierno que se impuso en base a la fuerza de las armas, el chantaje y la manipulación.
Radio Progreso (RP) dialogó con Carlos Paz (CP) sobre el trabajo que
se ha venido haciendo en este tiempo de inestabilidad política que por
más de 10 años se arrastra en Honduras.
RP. Hace dos años, Cáritas estaba con mucho trabajo en materia de derechos humanos
CP. Sí. Habíamos comenzado antes porque en ese año Cáritas entró en un proceso de formación en derechos civiles y políticos en la Escuela de derechos humanos, de tal manera esperamos que al final del proceso formativo pudiéramos acompañar las elecciones, así que muchos procuradores y procuradoras estuvieron allí, al pie de urna intentando documentar todas aquellas incidencias que pudieran ser de carácter irregular para luego emitir un informe.
RP. ¿Eso cambió con lo que pasó tras terminadas las votaciones?
CP. La labor de defensoría se volcó a las calles. Salimos de lo electoral para acompañar proceso de defensa del voto en aquel momento. En ese contexto se derivaron una serie de irregularidades de carácter violento, de violaciones de derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza y el uso directo de armas letales que derivaron en varios asesinatos que todavía están documentados y estamos buscando justicia para ellos.
RP. ¿Qué ha pasado en estos dos años en Honduras?
CP. En materia de derechos humanos uno puede distinguir varios elementos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. Otro es como se ha consolidado y concentrado el poder en el ejecutivo, tal y como lo dice el informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), mermando el poder en el judicial y en el legislativo. Hay un control que limita la confianza en la ciudadanía y que tiene un impacto directo en la pobreza y desigualdad.
El
cardenal Óscar Andrés Rodríguez, hombre de confianza del papa, de nuevo
destaca por su espíritu anti social y simpatía por regímenes
totalitarios; esta vez su postura en contra del derecho del pueblo
hondureño a decidir su destino la trasladó a burla de las víctimas y
crítica de las protestas masivas en Chile y Colombia.
En Honduras, el sacerdote Rodríguez es conocido por ser uno de los principales inspiradores del golpe de Estado en 2009 y por haber advertido un “baño de sangre” (y lo hubo contra el pueblo opuesto a dictadura); ahora ha llamado “caricias” a casi 60 muertos y miles de heridos por militares y policías de Chile, Bolivia y Colombia.
Desde el COPINH nos alegramos y abrazamos a nuestra hermana Miriam
Miranda, coordinadora de la OFRANEH por el reconocimiento dado por su
lucha en defensa de la vida, los derechos y territorios ancestrales del
pueblo garífuna.
Desde COPINH reconocemos las luchas de nuestra hermana Miriam por el pueblo garífuna y el pueblo hondureño, la solidaridad con nuestra organización y agradecemos su apoyo incondicional en la búsqueda de justicia por nuestra compañera Berta Cáceres.
Amada Ponce, coordinadora de comunicaciones de C-LIBRE, informa que, del total de los asesinatos contra periodistas, el 93% permanecen completamente impunes, es decir que solo en siete de los 82 casos existe una persona acusada o detenida por participar directamente en el crimen.
“Desde de 2001 hasta la fecha han asesinado más de 82 periodistas y comunicadores, cuatro han sido mujeres y dos comunicadores miembros de la comunidad LGTBI. El 93% de los asesinatos están en la impunidad”, narró Ponce.
Detalla que la mayoría de los periodistas asesinados ejercían su labor en canales televisivos y en programas de corte crítico, por ejemplo, José Arita, antes de ser asesinado había denunciado el bloqueo informativo por parte de la alcaldía de Puerto Cortés. Asimismo, anunció que en la siguiente emisión de La Hora de la Verdad abordaría las acciones que se estaban desarrollando con el nuevo Código Penal que aún está en Vacatio Legis.
Ponce recordó que, una comunicadora también fue asesinada el 21 de noviembre pasado en Catacamas, Olancho, Johana Alvarado de 21 años. La joven laboraba como presentadora en el canal 45TV de Catacamas y hasta ahora se desconoce el móvil del crimen porque las autoridades de investigación no han dado información sobre el hecho violento.
“La mayoría de los periodistas y comunicadores pertenecían a medios privados radiales y televisivos, conducían espacios noticioso muy críticos, eran espacios independientes pagados por los mismo comunicadores. La mayoría de los periodistas asesinados son del interior del país”, manifestó Amada Ponce.
La representante de C-LIBRE dice que solicitan al Mecanismo de Protección que ponga atención a lo que está ocurriendo con los comunicadores porque desde su organización lo han denunciado hace varios meses. “El Mecanismo no ha estado poniendo a tención a estas denuncias sobre el bloqueo de información que denuncian periodistas y comunicadores”, denunció Amada Ponce, coordinadora de comunicaciones de C-libre.
Actualmente los periodista y defensores de derechos humanos son los más amenazados en Honduras, según el Mecanismo de Protección que fue creado el 2015 para dar respuesta a las amenazas que están recibiendo este segmento de la población.
Tegucigalpa, Honduras.-
A once meses de este año, el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH) registra el asesinato de nueve
personas relacionadas a los medios de comunicación en el país. Los casos
permanecen en la impunidad.
El impacto contra la libertad de
expresión y libertad de prensa que ha cobrado la vida de periodistas y
comunicadores sociales en los departamentos de Valle, Santa Bárbara,
Copán, Gracias a Dios, Olancho y Cortés, en este último, ayer sepultaron
los restos de José Arita, asesinado la noche del lunes 25 de noviembre,
tras culminar su programa de televisión “La hora de la verdad” en canal
12 de Puerto Visión.
-En ese mismo canal, laboraba Santiago
Carvajal, un comunicador social y miembro de la diversidad sexual, que
conducía el programa “La galaxia de Santi”. Fue atacado a disparos el
viernes 05 de julio y falleció al siguiente día en el hospital “Mario
Catarino Rivas” de San Pedro Sula-.
En el caso de Arita, se difundió en
medios locales que recién salía de presentar su programa y tras
detenerse a realizar una compra, fue atacado a balazos por desconocidos,
quienes huyeron en un vehículo turismo, entre la segunda y tercera
calle de la ciudad ubicada en la costa norte del país.
En su último programa, denunció ser
excluido de algunas conferencias de prensa. “Es raro que inviten a Arita
o ‘La Hora de la Verdad’ y lo digo públicamente al alcalde, a las
instituciones públicas y privadas que no sé cuál es el temor que tienen
que yo vaya a una conferencia de prensa”, detalla una alerta emitida por
el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Según el portavoz del Ministerio Público
en San Pedro Sula, Elvin Guzmán, las investigaciones del crimen van por
buen camino, en base a declaraciones e inspecciones en cámaras
municipales, privadas y del 911 (policía). Este caso se da en el uno de
los países más peligrosos para el ejercicio periodísticos, donde más de
80 personas trabajadoras de la comunicación has sido asesinadas.
Los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección.
En 2017 no se registró ningún asesinato
en este ámbito, pero el 2019 ya contabiliza a ocho hombres y una mujer,
cuyas voces fueron silenciadas, justo en el país que desde 2015 tiene
una Ley de protección para defensores de derechos humanos, periodistas,
comunicadores sociales, abogados y operadores de justicia; y un
Mecanismo Nacional de Protección que a veces desestima las peticiones de
periodistas denunciantes de riesgos.
Otra formar de callar a la prensa, desde
las instancias gubernamentales, es mediante leyes mordazas que se
contemplan en el supuesto nuevo Código Penal que está en periodo de
Vacatio Legis, y entraría en vigencia hasta mayo del 2020, pese a la
oposición que este no sea aprobado, como es la exigencia de la
Convergencia Contra el Continuismos (CCC), de la cual forma parte del
COFADEH.
La prensa hondureña en el mundo
Represión a protesta social
Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:
El informe de 2019 de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras
(RSF), coloca a Honduras entre las naciones con peores condiciones para
ejercer la libertad de prensa, ubicándolo en la posición 146 de 180
países. Siendo el tercero más peligroso en el continente; y el Centro
América los supera a todos, pese a no estar en un conflicto bélico
armado.
Por su parte, la organización C-Libre ha
emitido (hasta el asesinato de Arita) 117 alertas por violaciones a la
libertad de expresión, que van desde ataques por parte de las fuerzas
represoras del régimen de Juan Hernández contra la prensa que da
cobertura a protestas sociales, y asesinatos –sin investigar- en el peor
de los casos.
Según monitoreo a través de medios de comunicación y en otras ocasiones de manera directa con familiares de las víctimas, el COFADEH hasta la fecha ha registrado los siguientes casos de asesinatos contra periodistas y comunicadores sociales:
1.- José Arita, fue asesinado en Puerto Cortés el 25 de noviembre. Laboraba en el canal 12 de Puerto Visión.
- Johana Alvarado, una joven de 25 años, fue asesinada en Catacamas, Olancho, el jueves 21 de noviembre. Fue presentadora de noticias deportivas en el canal 45 de televisión local.
- Buenaventura Calderón Ramírez, 73 años, fue asesinado en Puerto Lempira, Gracias a Dios, el 31 de octubre. Iba acompañado de su esposa que falleció momentos después. Era comunicador social en la radio Católica, coordinador departamental del partido Libertad y Refundación (LIBRE), amante de su tierra, defensor del territorio y de su lengua materna miskita. Fue referente para el COFADEH en temas de Memoria Histórica.
- Jorge Alberto Rivas, 33 años, un joven disc-jockey (DJ), asesinado una discoteca, en Amapala, Valle.
- Kerin Francisco Cerna Hernández, 29 años, asesinado el viernes 11 de octubre en la ciudad de Ruinas, Copán. Era presentador de un programa de videos musicales en CableMar TV, animador y cantante.
- Edgar Joel Aguilar, ultimado el sábado 31 de agosto, en Nueva Arcadia, Copán. Era corresponsal de noticias de Canal 6 a nivel nacional, y presentador de noticias de CableMar TV, en la ciudad de La Entrada.
- Melvin Odil Tinoco, 46 años, ejecutado el 25 de agosto en Concepción Sur, Santa Bárbara. Era propietario de la radioemisora cristiana “Bendición” 101.9 f.m. y líder de una iglesia evangélica.
- Santiago Carvajal, murió el sábado 6 de julio luego de ser atacado a balazos en Puerto Cortés, Cortés. El comunicador social dirigía la revista de corte crítico La Galaxia de Santi, en canal 12, Puerto Visión.
- Gabriel Hernández, 54 años, asesinado el domingo 17 de marzo en Nacaome, Valle. Dirigía el programa “Hablando con el Pueblo” en Valle TV.
Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:
- Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;
- Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;
- Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Más aún, la falta de debida diligencia
en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables
puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la
justicia y a las garantías judiciales.
Fuente: OEAA dos años del fraude electoral, acceso a la justicia es inalcanzable
- 29/11/2019
Al cumplirse dos años del fraude electoral en Honduras, Carlos Paz,
Director de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula,
sostiene que cuando se busca justicia en el país para las víctimas de
la violación de sus derechos humanos se encuentra con un ambiente de
evasión. Con un servicio de justicia completamente plegado al poder, con
un Ministerio Público que no está comprometido con la búsqueda de la
verdad, la investigación y el acceso a la justicia.“Encontramos un Poder Judicial completamente plegado. Un Poder Judicial que no dirime las causas en razón de la verdad, de la justicia, sino con intereses creados y todos esos elementos frenan y generan impunidad”, manifestó Paz.
El pasado 26 de noviembre se cumplieron dos años del fraude electoral que dejó cerca de 30 personas asesinadas, produjo más de 20 presos políticos, provocó el desplazamiento forzado de muchos ciudadanos y ciudadanas que defendía, por medio de la protesta, su derecho a elegir.
El fraude instaló en el poder a un gobierno que se impuso en base a la fuerza de las armas, el chantaje y la manipulación.
Radio Progreso (RP) dialogó con Carlos Paz (CP) sobre el trabajo que
se ha venido haciendo en este tiempo de inestabilidad política que por
más de 10 años se arrastra en Honduras.RP. Hace dos años, Cáritas estaba con mucho trabajo en materia de derechos humanos
CP. Sí. Habíamos comenzado antes porque en ese año Cáritas entró en un proceso de formación en derechos civiles y políticos en la Escuela de derechos humanos, de tal manera esperamos que al final del proceso formativo pudiéramos acompañar las elecciones, así que muchos procuradores y procuradoras estuvieron allí, al pie de urna intentando documentar todas aquellas incidencias que pudieran ser de carácter irregular para luego emitir un informe.
RP. ¿Eso cambió con lo que pasó tras terminadas las votaciones?
CP. La labor de defensoría se volcó a las calles. Salimos de lo electoral para acompañar proceso de defensa del voto en aquel momento. En ese contexto se derivaron una serie de irregularidades de carácter violento, de violaciones de derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza y el uso directo de armas letales que derivaron en varios asesinatos que todavía están documentados y estamos buscando justicia para ellos.
RP. ¿Qué ha pasado en estos dos años en Honduras?
CP. En materia de derechos humanos uno puede distinguir varios elementos que tienen que ver con los derechos civiles y políticos. Otro es como se ha consolidado y concentrado el poder en el ejecutivo, tal y como lo dice el informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), mermando el poder en el judicial y en el legislativo. Hay un control que limita la confianza en la ciudadanía y que tiene un impacto directo en la pobreza y desigualdad.
La migración masiva incrementó desde la crisis post electoral.
RP. Dos años después ¿hay calma en el pueblo hondureño?
CP. El pueblo ha estado 10 años permanentemente en lucha y creo que evidentemente se percibe una situación de desgaste, de cansancio, pero subyace una situación de inconformidad, de peligrosa calma que tarde o temprano va a derivar en una nueva crisis.
RP. Es decir que la olla sigue tomando presión.
CP. Así es. Creo que mientras exista desigualdad, mientras siga creciendo la pobreza, mientras siga la violencia en las calles, mientras siga la concentración de la riqueza en pocas manos, seguirá una olla de presión a punto de explotar.
RP. ¿Y si explota se vienen caminos peligrosos y difíciles?
CP. Lo primero que hay que lamentar es que esto deriva en personas, en personas concretas, en el dolor de las familias que muchas de ellas han visto morir a sus seres en este contexto. Otras han sido torturadas, han sido víctimas de tratos crueles y otras de penas inhumanas y degradantes como el caso de Guapinol donde los defensores y defensoras han sido criminalizados.
RP. ¿Esta crisis de 10 años cómo ha impactado en la ciudadanía?
CP. Lo primero es un temor. Aquí en la institución (Cáritas) tenemos la oportunidad de trabajar directamente con las comunidades y hemos percibo el temor, no hay confianza en la policía, no hay confianza en el Ejército y la gente más bien lo que tiene es miedo, y una sociedad en esas condiciones es difícil poder buscar caminos de salida, pero la ciudadanía está buscando, desde diferentes aspectos, cómo encontrar fuerzas, articularse, organizarse para hacerle frente a esta situación, y eso es motivo de esperanza.
RP. ¿Cómo ha sido la labor de defensoría de los derechos humanos?
CP. La parte más difícil es lidiar el dolor con la gente. Creo que allí hay una empatía, hay una labor de solidaridad humana, de sentir el dolor de la víctima y en base a eso sacar fuerzas para adquirir un compromiso fuerte por la búsqueda de la justicia.
RP. En la búsqueda de la justicia ¿con qué se encuentran?
CP. Encontramos evasión. Un servicio de justicia completamente plegado al poder, encontramos un Ministerio Público que no está comprometido con la búsqueda de la verdad, la investigación y el acceso a la justicia. Encontramos un Poder Judicial completamente plegado, que no dirime las causas en razón de la verdad, de la justicia, sino con intereses creados y todos esos elementos frenan y generan impunidad.
RP. ¿Cómo han reaccionado las organizaciones?
CP. Es un elemento positivo. Las organizaciones hondureñas, de sociedad civil hemos logrado ir articulando fuerzas, organizándonos, lo que una organización no tiene lo va supliendo otra, ese es un elemento de carácter esperanzador y eso nos ha dado fuerzas.
RP. ¿Qué tipo de Democracia tenemos en Honduras?
CP. Una Democracia autoritaria, una Democracia que tiene ciertos rasgos que parecen contradictorios. El sistema neoliberal ha ido dando muestras de unas características muy peculiares. Todo este cambio de época que ha generado el sistema neoliberal ha ido construyendo nuevos híbridos, y este es uno de ellos. Cómo es posible que el autoritarismo se revista de Democracia, es porque utiliza el sistema toda la institucionalidad para ser muestras de esa autoridad, de ese autoritarismo. Otro ejemplo es cómo se utiliza las instituciones del Estado para la criminalidad organizada.
RP. ¿Es válida la Democracia como sistema político?
CP. Aún y cuando seamos crítico de la Democracia, sigue siendo un sistema válido, y por eso es importante reflejar la urgencia de rescatar el Estado Democrático de derecho, y cómo se logra, a partir de la defensa y protección de los derechos humanos de toda la población, y es por eso que no debería haber ningún hondureño y hondureña que no tenga un compromiso efectivo por los derechos humanos, en la medida que lo hagamos en esa medida vamos a rescatar la Democracia.
RP. Si éste es un gobierno débil, ¿quién lo sostiene?
CP. Los intereses del gobierno de Estados Unidos aquí en la región. Creo que, si no tuviéramos ese elemento desde el primer momento de que ellos se dieron cuenta que el Estado de Honduras está cooptada sus instituciones en favor de la persona que concentra el poder y que tiene vínculos con la criminalidad organizada, desde ese momento habría sido removido, pero como pesan más los intereses geopolíticos, esa es la razón fundamental por la que se sostiene. Y el otro elemento es el control de la fuerza militar. Mientras los militares sigan en las calles, Honduras seguirá siendo un país en el que su población estará en vilo, limitada en su organización. Y el tercer elemento es, el poder judicial, la búsqueda de justicia en nuestro país es casi un sueño.
RP. ¿Vivimos en una dictadura?
CP. Ya no sólo lo dice el pueblo hondureño, sino que, en el informe de la CIDH, allí se menciona. Cuando uno lee la concentración del poder en manos del Ejecutivo, en otras palabras y en términos más maquillados, más diplomáticos, allí se está hablando de la concentración de poder, y no sólo eso, también habla de la pérdida de confianza de la ciudadanía, en otras palabras, no hay legitimidad.
RP. ¿Qué escenarios nos esperan?
CP. Hay dos grandes esferas, una vinculada al cambio de actitudes, a la construcción de valores de carácter social que la Conferencia Episcopal, en su último comunicado, lo revela en términos de conversión, y eso tiene que ver con un cambio de actitud y con la construcción de valores en torno a los valores ya establecidos en la doctrina social de la Iglesia como el bien común, la búsqueda de solidaridad, justicia. El otro elemento es el que tiene que ver con los espacios de organización, de articulación, de generar conciencia, de develar el sistema y allí hay una gran tarea. Y lo último es el trabajo en red. Tenemos que adquirir conciencia que ninguna organización podemos resolver, solos y solas, la situación que estamos viviendo.
RP. ¿Qué hacer con la actitud de quienes toman las decisiones en el país?
CP. Creo que la suerte está echada. Como dice el refrán popular: no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. En los próximos años, o en los próximos meses quizás, vamos a ver caer esta situación, sino ocurre estará un pueblo listo para seguir emprendiendo la lucha.
CP. El pueblo ha estado 10 años permanentemente en lucha y creo que evidentemente se percibe una situación de desgaste, de cansancio, pero subyace una situación de inconformidad, de peligrosa calma que tarde o temprano va a derivar en una nueva crisis.
RP. Es decir que la olla sigue tomando presión.
CP. Así es. Creo que mientras exista desigualdad, mientras siga creciendo la pobreza, mientras siga la violencia en las calles, mientras siga la concentración de la riqueza en pocas manos, seguirá una olla de presión a punto de explotar.
RP. ¿Y si explota se vienen caminos peligrosos y difíciles?
CP. Lo primero que hay que lamentar es que esto deriva en personas, en personas concretas, en el dolor de las familias que muchas de ellas han visto morir a sus seres en este contexto. Otras han sido torturadas, han sido víctimas de tratos crueles y otras de penas inhumanas y degradantes como el caso de Guapinol donde los defensores y defensoras han sido criminalizados.
RP. ¿Esta crisis de 10 años cómo ha impactado en la ciudadanía?
CP. Lo primero es un temor. Aquí en la institución (Cáritas) tenemos la oportunidad de trabajar directamente con las comunidades y hemos percibo el temor, no hay confianza en la policía, no hay confianza en el Ejército y la gente más bien lo que tiene es miedo, y una sociedad en esas condiciones es difícil poder buscar caminos de salida, pero la ciudadanía está buscando, desde diferentes aspectos, cómo encontrar fuerzas, articularse, organizarse para hacerle frente a esta situación, y eso es motivo de esperanza.
RP. ¿Cómo ha sido la labor de defensoría de los derechos humanos?
CP. La parte más difícil es lidiar el dolor con la gente. Creo que allí hay una empatía, hay una labor de solidaridad humana, de sentir el dolor de la víctima y en base a eso sacar fuerzas para adquirir un compromiso fuerte por la búsqueda de la justicia.
RP. En la búsqueda de la justicia ¿con qué se encuentran?
CP. Encontramos evasión. Un servicio de justicia completamente plegado al poder, encontramos un Ministerio Público que no está comprometido con la búsqueda de la verdad, la investigación y el acceso a la justicia. Encontramos un Poder Judicial completamente plegado, que no dirime las causas en razón de la verdad, de la justicia, sino con intereses creados y todos esos elementos frenan y generan impunidad.
RP. ¿Cómo han reaccionado las organizaciones?
CP. Es un elemento positivo. Las organizaciones hondureñas, de sociedad civil hemos logrado ir articulando fuerzas, organizándonos, lo que una organización no tiene lo va supliendo otra, ese es un elemento de carácter esperanzador y eso nos ha dado fuerzas.
RP. ¿Qué tipo de Democracia tenemos en Honduras?
CP. Una Democracia autoritaria, una Democracia que tiene ciertos rasgos que parecen contradictorios. El sistema neoliberal ha ido dando muestras de unas características muy peculiares. Todo este cambio de época que ha generado el sistema neoliberal ha ido construyendo nuevos híbridos, y este es uno de ellos. Cómo es posible que el autoritarismo se revista de Democracia, es porque utiliza el sistema toda la institucionalidad para ser muestras de esa autoridad, de ese autoritarismo. Otro ejemplo es cómo se utiliza las instituciones del Estado para la criminalidad organizada.
RP. ¿Es válida la Democracia como sistema político?
CP. Aún y cuando seamos crítico de la Democracia, sigue siendo un sistema válido, y por eso es importante reflejar la urgencia de rescatar el Estado Democrático de derecho, y cómo se logra, a partir de la defensa y protección de los derechos humanos de toda la población, y es por eso que no debería haber ningún hondureño y hondureña que no tenga un compromiso efectivo por los derechos humanos, en la medida que lo hagamos en esa medida vamos a rescatar la Democracia.
RP. Si éste es un gobierno débil, ¿quién lo sostiene?
CP. Los intereses del gobierno de Estados Unidos aquí en la región. Creo que, si no tuviéramos ese elemento desde el primer momento de que ellos se dieron cuenta que el Estado de Honduras está cooptada sus instituciones en favor de la persona que concentra el poder y que tiene vínculos con la criminalidad organizada, desde ese momento habría sido removido, pero como pesan más los intereses geopolíticos, esa es la razón fundamental por la que se sostiene. Y el otro elemento es el control de la fuerza militar. Mientras los militares sigan en las calles, Honduras seguirá siendo un país en el que su población estará en vilo, limitada en su organización. Y el tercer elemento es, el poder judicial, la búsqueda de justicia en nuestro país es casi un sueño.
RP. ¿Vivimos en una dictadura?
CP. Ya no sólo lo dice el pueblo hondureño, sino que, en el informe de la CIDH, allí se menciona. Cuando uno lee la concentración del poder en manos del Ejecutivo, en otras palabras y en términos más maquillados, más diplomáticos, allí se está hablando de la concentración de poder, y no sólo eso, también habla de la pérdida de confianza de la ciudadanía, en otras palabras, no hay legitimidad.
RP. ¿Qué escenarios nos esperan?
CP. Hay dos grandes esferas, una vinculada al cambio de actitudes, a la construcción de valores de carácter social que la Conferencia Episcopal, en su último comunicado, lo revela en términos de conversión, y eso tiene que ver con un cambio de actitud y con la construcción de valores en torno a los valores ya establecidos en la doctrina social de la Iglesia como el bien común, la búsqueda de solidaridad, justicia. El otro elemento es el que tiene que ver con los espacios de organización, de articulación, de generar conciencia, de develar el sistema y allí hay una gran tarea. Y lo último es el trabajo en red. Tenemos que adquirir conciencia que ninguna organización podemos resolver, solos y solas, la situación que estamos viviendo.
RP. ¿Qué hacer con la actitud de quienes toman las decisiones en el país?
CP. Creo que la suerte está echada. Como dice el refrán popular: no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. En los próximos años, o en los próximos meses quizás, vamos a ver caer esta situación, sino ocurre estará un pueblo listo para seguir emprendiendo la lucha.
“Caricias” llama cardenal hondureño a muertes y heridos en protestas de América Latina
- Publicado: 28 Noviembre 2019
El
cardenal Óscar Andrés Rodríguez, hombre de confianza del papa, de nuevo
destaca por su espíritu anti social y simpatía por regímenes
totalitarios; esta vez su postura en contra del derecho del pueblo
hondureño a decidir su destino la trasladó a burla de las víctimas y
crítica de las protestas masivas en Chile y Colombia. En Honduras, el sacerdote Rodríguez es conocido por ser uno de los principales inspiradores del golpe de Estado en 2009 y por haber advertido un “baño de sangre” (y lo hubo contra el pueblo opuesto a dictadura); ahora ha llamado “caricias” a casi 60 muertos y miles de heridos por militares y policías de Chile, Bolivia y Colombia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que una vez fue ejemplo de humanidad, dejó de serlo cuando mostró su simpatía por los opresores del pueblo hondureño y, ahora de América Latina.
En 2009, sin rodeos, Rodríguez bendijo el golpe de Estado en Honduras y la salvaje represión contra la ciudadanía opuesta la dictadura, que en la última década dejó al Estado fallido, unos 70 mil homicidios (país más peligroso del mundo), caravanas de migrantes, economía quebrada, sociedad dividida y militarizada, crisis política permanente y nexos de la élite gobernante con el narcotráfico.
Ahora trasciende un video donde se dirige a una comunidad, aparentemente católica, donde ratifica su espíritu anti social
y próximo a gobiernos crueles y despóticos. En una parte comenta: “Ayer
que estaba en Bogotá hubo una manifestación de cerca de un millón sólo
en la ciudad ¿y qué querían? también destruir, sólo que allí los
pusieron en orden con unas caricias que les daban con bastones (sonríe
complacido)”.
Las “caricias” a que se refiere el cardenal dejaron en las multitudinarias movilizaciones sociales de Chile,
hasta el 21 de noviembre pasado, 23 muertos y 2,200 heridos, sin contar
detenidos, desaparecidos, asesinatos con tortura de manifestantes y la
cacería a dirigentes que siempre acontece en el tiempo contra los
lideres tras los levantamientos civiles por mejora en las condiciones
económicas, políticas y humanas.
Así mismo, recientemente en Colombia
en cinco días de protesta hubo al menos tres muertos y decenas de
heridos y detenidos, y en Bolivia, desde el pasado 11 de noviembre a la
fecha, tras el “golpe suave” y militar contra el presidente Evo Morales,
se ha confirmado 32 muertos y cientos de heridos por la violencia de
los cuerpos de seguridad contra la ciudadanía que reclama el retorno del
orden constitucional.
Tocoa se declara libre de minería en medio del repudio a sus autoridades municipales
- 29/11/2019
Cabildo abierto de Tocoa, 29 de noviembre de 2019
El pueblo de Tocoa, Colón, al norte de Honduras, ha logrado un
triunfo importante en el camino por derogar las 33 concesiones que el
Estado Honduras ha otorgado para la explotación minera a cielo abierto
en el municipio.
La declaratoria de “Territorio Libre de Minería”, ha sido una demanda permanente de las comunidades del sector de Guapinol y Ceibita; afectadas con la instalación del proyecto minero Inversiones los Pinares.
La declaratoria se hizo a través de un cabildo abierto, donde la gente participó masiva y activamente para dejar clara su postura contra la minera Los Pinares y en contra de las decisiones administrativas que ha tomado el alcalde Adán Fúnez, quien es señalado por favorecer con permisos de operación a la empresa para que opere sin problemas en el sector.
Tal como lo habían advertido las comunidades y organizaciones que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, el cabildo se realizó con una carga de activismo político liderada por el alcalde e incluso por el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) Manuel Zelaya, imponiendo su agenda y dejando por fuera a la gente afectada por la minera.
Acción que fue rechazada de principio a fin porque se esperaba la celebración de una “fiesta cívica” y no la concentración de un partido político, que tiene como a alcalde a una persona que ha ignorado constantemente las demandas de la gente, dijo Esly Banegas lideresa social e integrante del Comité Municipal.
Aunque el cabildo abierto estaba programado para las 10 de la mañana, la gente llegó desde las 7 am al instituto Ramón Rosa, donde se acomodaron para cubrirse de la fuerte lluvia que azotó a la ciudad muy temprano.
Algunas personas comentaron que viajaron un día antes desde sus comunidades en la montaña para no perderse el evento. Otras comenzaron a caminar desde las 3 de la madrugada para llegar a tiempo. Hombres y mujeres portaban pancartas y mantas con las consigas “Fuera Mina” y “Tocoa libre de minería”. Parecía que todos y todas las asistentes estaban en sintonía contra el modelo de económico de explotación que amenaza el agua, la libertad y vida.
Al estrado principal tres personas cercanas a la alcaldía
representando a algunos sectores del municipio. En su discurso alabaron
al alcalde, pero solicitaron la no explotación minera.
Cada vez que sonaba el nombre de Adán Fúnez la gente abucheaba y gritaba “Fuera”, como una auténtica protesta contra el funcionario quien retrasó la realización del cabildo desde julio de 2017, cuando las comunidades comenzaban a manifestarse por la llegada de la minera a la zona.
En un claro abuso de autoridad el alcalde le entregó el micrófono a Manuel Zelaya Rosales para tratar de calmar a la gente. Pero el remedio le salió más caro que la enfermedad, ya que “Mel” acusó al pueblo de querer boicotear el cabildo, asegurando que no tenían la capacidad y el nivel para tomar una decisión tan importante.
En entrevista con Radio Progreso, Mel Zelaya aseguró desconocer el conflicto socio ambiental que se vive en Tocoa, producto de la concesión minera a favor del empresario Lenir Pérez.
Por su parte Adán, se enfocó en afirmar que es víctima del conflicto, porque no está vinculado a la empresa ni ha otorgado la concesión y que son las organizaciones de derechos humanos quienes se están beneficiando económicamente con la lucha contra la minería.
La declaratoria de “Territorio Libre de Minería”, ha sido una demanda permanente de las comunidades del sector de Guapinol y Ceibita; afectadas con la instalación del proyecto minero Inversiones los Pinares.
La declaratoria se hizo a través de un cabildo abierto, donde la gente participó masiva y activamente para dejar clara su postura contra la minera Los Pinares y en contra de las decisiones administrativas que ha tomado el alcalde Adán Fúnez, quien es señalado por favorecer con permisos de operación a la empresa para que opere sin problemas en el sector.
Tal como lo habían advertido las comunidades y organizaciones que integran el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, el cabildo se realizó con una carga de activismo político liderada por el alcalde e incluso por el coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) Manuel Zelaya, imponiendo su agenda y dejando por fuera a la gente afectada por la minera.
Acción que fue rechazada de principio a fin porque se esperaba la celebración de una “fiesta cívica” y no la concentración de un partido político, que tiene como a alcalde a una persona que ha ignorado constantemente las demandas de la gente, dijo Esly Banegas lideresa social e integrante del Comité Municipal.
Aunque el cabildo abierto estaba programado para las 10 de la mañana, la gente llegó desde las 7 am al instituto Ramón Rosa, donde se acomodaron para cubrirse de la fuerte lluvia que azotó a la ciudad muy temprano.
Algunas personas comentaron que viajaron un día antes desde sus comunidades en la montaña para no perderse el evento. Otras comenzaron a caminar desde las 3 de la madrugada para llegar a tiempo. Hombres y mujeres portaban pancartas y mantas con las consigas “Fuera Mina” y “Tocoa libre de minería”. Parecía que todos y todas las asistentes estaban en sintonía contra el modelo de económico de explotación que amenaza el agua, la libertad y vida.
Al estrado principal tres personas cercanas a la alcaldía
representando a algunos sectores del municipio. En su discurso alabaron
al alcalde, pero solicitaron la no explotación minera.Cada vez que sonaba el nombre de Adán Fúnez la gente abucheaba y gritaba “Fuera”, como una auténtica protesta contra el funcionario quien retrasó la realización del cabildo desde julio de 2017, cuando las comunidades comenzaban a manifestarse por la llegada de la minera a la zona.
En un claro abuso de autoridad el alcalde le entregó el micrófono a Manuel Zelaya Rosales para tratar de calmar a la gente. Pero el remedio le salió más caro que la enfermedad, ya que “Mel” acusó al pueblo de querer boicotear el cabildo, asegurando que no tenían la capacidad y el nivel para tomar una decisión tan importante.
En entrevista con Radio Progreso, Mel Zelaya aseguró desconocer el conflicto socio ambiental que se vive en Tocoa, producto de la concesión minera a favor del empresario Lenir Pérez.
Por su parte Adán, se enfocó en afirmar que es víctima del conflicto, porque no está vinculado a la empresa ni ha otorgado la concesión y que son las organizaciones de derechos humanos quienes se están beneficiando económicamente con la lucha contra la minería.
El coordinador de Libre estuvo en la mesa principal durante la realización del cabildo.
Para las comunidades que públicamente se han expresado contra la
empresa minera Inversiones Los Pinares, los acontecimientos del pasado
provocados por la concesión son importantes, porque las autoridades
nacionales y locales han violentado el derecho humano al agua, el
derecho a la libre expresión y organización, ya que el pueblo que no fue
consultado si quería o no el proyecto antes de otorgar los permisos.
Un conflicto de sangre y cárcel
Tras la aprobación de la concesión minera, más de 30 personas han sido criminalizadas por denuncias interpuestas por Inversiones Los Pinares ante el Ministerio Público. A la fecha, 8 líderes comunitarios están presos en Olanchito, Yoro y en La Ceiba en Atlántida. Por otra parte, más de 6 personas han sido asesinadas y hasta el momento no se ha realizado una investigación para deducir responsabilidad a quienes hayan cometido los crímenes.
Al final el cabildo fue cerrado. Las autoridades municipales y Manuel Zelaya salieron de prisa bajo un fuerte resguardo de seguridad. No hubo participación del Comité a pesar que la gente gritaba “Que hable Juan López”, reconocido delegado de la Palabra de Dios y dirigente social, quien forma parte de los más de 30 pobladores criminalizados.
Cuando los funcionarios y activistas políticos se marcharon, Juan
habló a la multitud para animarla a continuar la lucha en defensa del
agua y el territorio. Él lamentó que el cabildo se haya convertido en un
mitin político donde el alcalde buscaba a través de Zelaya ganarse
nuevamente la simpatía de la gente.
López les recordó que, a pesar de los intereses políticos de Libre, existe en Tocoa una declaratoria de “Libre de minera” verbal que tendrá que ratificarse por la corporación municipal y entregar a las comunidades dentro de 15 días. “Mientras tanto, hay que reforzar la lucha para seguir demandando respeto a nuestros derechos y libertad para los presos políticos”, dijo Juan.
Un conflicto de sangre y cárcel
Tras la aprobación de la concesión minera, más de 30 personas han sido criminalizadas por denuncias interpuestas por Inversiones Los Pinares ante el Ministerio Público. A la fecha, 8 líderes comunitarios están presos en Olanchito, Yoro y en La Ceiba en Atlántida. Por otra parte, más de 6 personas han sido asesinadas y hasta el momento no se ha realizado una investigación para deducir responsabilidad a quienes hayan cometido los crímenes.
Al final el cabildo fue cerrado. Las autoridades municipales y Manuel Zelaya salieron de prisa bajo un fuerte resguardo de seguridad. No hubo participación del Comité a pesar que la gente gritaba “Que hable Juan López”, reconocido delegado de la Palabra de Dios y dirigente social, quien forma parte de los más de 30 pobladores criminalizados.
Cuando los funcionarios y activistas políticos se marcharon, Juan
habló a la multitud para animarla a continuar la lucha en defensa del
agua y el territorio. Él lamentó que el cabildo se haya convertido en un
mitin político donde el alcalde buscaba a través de Zelaya ganarse
nuevamente la simpatía de la gente.López les recordó que, a pesar de los intereses políticos de Libre, existe en Tocoa una declaratoria de “Libre de minera” verbal que tendrá que ratificarse por la corporación municipal y entregar a las comunidades dentro de 15 días. “Mientras tanto, hay que reforzar la lucha para seguir demandando respeto a nuestros derechos y libertad para los presos políticos”, dijo Juan.
Tocoa es declarada libre de minería, pero proyecto conflictivo sigue firme
noviembre 29, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. – El cabildo abierto mediante el cual la corporación municipal de Tocoa declaró libre de la actividad minera a este territorio ubicada en el departamento de Colón, provocó el malestar de los pobladores porque las autoridades se abstrajeron de tomar decisiones alrededor del conflictivo proyecto de la empresa Inversiones Los Pinares.
El cabildo abierto fue liderado por la corporación municipal de Tocoa, encabezada por el alcalde, Adán Funez; el coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales y diputados de esta institución partidaria. Durante la asamblea popular solo se escuchó los planteamientos de los miembros de la mesa principal y se ignoró la participación de los pobladores.
Una vez finalizada la reunión, tanto el alcalde como los diputados y el expresidente Zelaya, abandonaron el lugar sin responder la demanda de los pobladores que pedían la cancelación del proyecto Los Pinares, que está generando conflicto en la comunidad de Guapinol.
En declaraciones a la prensa algunos diputados de Libre manifestaron que el conflicto con la empresa Inversiones Los Pinares, pasa por una decisión en el Congreso Nacional.
En virtud de la desidia política y los intereses económicos, los pobladores de Tocoa están preparando la presentación de una iniciativa ciudadana ante el Congreso Nacional para exigir la cancelación de la concesión del proyecto minero. En el pasado reciente han presentado varios recursos de inconstitucionalidad sobre la concesión.
La líder comunitaria e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, Adilia Castro, calificó la reunión de cabildo abierto como una violación a la autonomía municipal, una imposición y una actividad partidaria de Libre.
Asimismo, lamentó que Zelaya Rosales haya llegado a imponer nuevamente a Funez y no a buscar una solución de cómo se van a suspender las concesiones mineras que se han otorgado en Tocoa.
Por su parte Esly Flores, también del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, calificó el desarrollo el cabildo abierto como un pequeño logro, y el acuerdo mediante el cual se declaró a Tocoa libre de minas, como un nuevo paso en el proceso de lucha.
Flores coincidió con Adilia Castro en cuanto a que hubo falta de respeto a la comunidad y en particular al Comité Municipal por parte de la corporación municipal.
Lejos de responder a las demandas de la comunidad, Flores considera que el interés de la alcaldía municipal y del partido Libre, está en proteger los intereses de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
La concesión, otorgada en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP, afecta directamente las aguas del río Guapinol. La empresa beneficiaria de la concesión ha instalado un plantel para el procesamiento de minerales que el proyecto minero generará.
El grupo empresarial tiene la misión de convertir el plantel, instalado bajo la denominación empresarial Ecotek, en la empresa más grande de Centroamérica en la producción de acero.
Por Riccy Ponce
Comayagua.- Dictan sobreseimiento definitivo a Carlos Geovanni Cálix López, integrante de la empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, ubicada en Tutule, La Paz, quien estaba siendo acusado por el delito de usurpación en perjuicio de Benjamín Arriaga.
Un tribunal de Sentencias del Juzgado de Comayagua, y por falta de pruebas aportadas por el Ministerio Público, emitió su fallo sobre el juicio oral y público dictando sobreseimiento definitivo a Càlix López, y ordena se le entregue su carta de libertad definitiva.
El joven llegó al juzgado acompañado de sus familiares, amigos y compañeros, así como de la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras(COFADEH), quien hace equipo de defensa con La Vía Campesina (LVC) a escuchar el fallo del Juez.
Carlos Geovanni Cálix López, al salir del juzgado con su carta de libertad, no pudo evitar su alegría, quien con la voz entre cortada y lágrimas en los ojos expresó “me siento alegre y agradecido con mis compañeros y con las abogadas, porque es triste estar detenido por algo que en el caso de nosotros como pobres que somos, solo queremos salir adelante, y la justicia, que es injusta con uno; pero hoy me siento alegre y agradecido, porque hoy ya tengo mi carta de libertad en la mano, regreso más tranquilo con mi familia, ya sin miedo a ser detenido nuevamente por este proceso”.
Doris Isabel Martínez, esposa de Cálix, dijo que es una noticia excelente, me siento feliz y contenta con mis dos hijas al lado, también porque no es fácil estar adentro de un presidio y uno afuera, le doy gracias a las abogadas a COFADEH, estoy muy agradecida por la ayuda que nos han brindado.
Mariana Cálix, su madre, añadió “le doy gracias a Dios porque él ya está afuera y gracias a ustedes porque me lo han sacado adelante, voy a tener una celebración, a Dios en agradecimiento”.
Por su parte Eduar Esaú Salinas, presidente de la Base Campesina 9 de Julio dijo que “nosotros estamos alegres porque el compañero salió, el Ministerio Público no tenía pruebas suficientes para que el compañero fuera condenado, los jueces tuvieron que declararlo inocente. Estamos alegres por eso porque nosotros solo queremos darle una mejor vida a nuestra familia, no somos culpables de nada, solo queremos recuperar una parcela de tierra y así poder darles un mejor futuro a nuestros hijos”.
Cálix López, junto a Samuel Martínez, estuvo recluido en un centro penal desde el 18 de julio hasta el 11 de noviembre de 2017, que salieron bajo medidas distintas a la prisión preventiva, llegando hasta el juicio oral y público, donde finalmente se entregó su carta de libertad definitiva, y seguramente lo mismo hubiera pasado con Samuel Martínez, pero murió en circunstancias no esclarecidas por las autoridades hasta el momento.
Cabe señalar que este proceso fue largo, ya que en dos ocasiones se suspendió el juicio oral y público contra el campesino por la no comparecencia de los testigos que lo acusaban, haciendo más lento el proceso, y con esto alargando más la agonía de su familia y el sacrificio que hacen para poder acompañarlo y que no se sienta solo con un proceso que era injusto.
El campesino e integrante de la 9 de julio fue acompañado en todo momento por la Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de la paz (REDHIL- PAZ) y la Red de defensores y Defensores de la Tierra y el Territorio (RENADETT), quienes permanecen vigilantes a que se les respete el debido proceso y no se comentan violaciones a los derechos humanos a los campesinos en el departamento de La Paz.
Tegucigalpa. – El cabildo abierto mediante el cual la corporación municipal de Tocoa declaró libre de la actividad minera a este territorio ubicada en el departamento de Colón, provocó el malestar de los pobladores porque las autoridades se abstrajeron de tomar decisiones alrededor del conflictivo proyecto de la empresa Inversiones Los Pinares.
Noticia Relacionada: A sangre y fuego se impuso proyecto minero en El Guapinol
Lejos de satisfacer la demanda comunitaria, la reunión de cabildo abierto abrió un espacio de inconformidad entre los pobladores y líderes comunitarios, que calificaron la declaratoria como un acto demagógico del Partido Libertad y Refundación (Libre).El cabildo abierto fue liderado por la corporación municipal de Tocoa, encabezada por el alcalde, Adán Funez; el coordinador de Libre y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales y diputados de esta institución partidaria. Durante la asamblea popular solo se escuchó los planteamientos de los miembros de la mesa principal y se ignoró la participación de los pobladores.
Una vez finalizada la reunión, tanto el alcalde como los diputados y el expresidente Zelaya, abandonaron el lugar sin responder la demanda de los pobladores que pedían la cancelación del proyecto Los Pinares, que está generando conflicto en la comunidad de Guapinol.
En declaraciones a la prensa algunos diputados de Libre manifestaron que el conflicto con la empresa Inversiones Los Pinares, pasa por una decisión en el Congreso Nacional.
En virtud de la desidia política y los intereses económicos, los pobladores de Tocoa están preparando la presentación de una iniciativa ciudadana ante el Congreso Nacional para exigir la cancelación de la concesión del proyecto minero. En el pasado reciente han presentado varios recursos de inconstitucionalidad sobre la concesión.
La líder comunitaria e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, Adilia Castro, calificó la reunión de cabildo abierto como una violación a la autonomía municipal, una imposición y una actividad partidaria de Libre.
Asimismo, lamentó que Zelaya Rosales haya llegado a imponer nuevamente a Funez y no a buscar una solución de cómo se van a suspender las concesiones mineras que se han otorgado en Tocoa.
“Es una falta de respeto enorme la que se nos ha dado hoy en este municipio, no aceptamos, rechazamos, condenamos totalmente que Mel Zelaya, el coordinador de Libre haya venido a jugar ese papel. Es vergonzoso y es humillante para este pueblo de Tocoa, que es Libre y que ha dado el voto por ellos y que hoy vienen a darle la espalda y respaldan a Adán Funez que está traicionando, desde que llegó al gobierno, a todo el pueblo de Tocoa”, Adilia Castro, líder comunitaria de Tocoa.Castro manifestó que la población de Tocoa ha sido fiel seguidora de Libre porque había considerado que era la oportunidad para los cambios, sin embargo, “quiero decirle al presidente Mel Zelaya que se ha equivocado con este pueblo, nosotros somos un pueblo con dignidad y vamos a sacar a Inversiones Los Pinares. Vamos a exigir a Adán Funez que salga de este municipio, porque no nos representa”, expresó.
Por su parte Esly Flores, también del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales, calificó el desarrollo el cabildo abierto como un pequeño logro, y el acuerdo mediante el cual se declaró a Tocoa libre de minas, como un nuevo paso en el proceso de lucha.
Flores coincidió con Adilia Castro en cuanto a que hubo falta de respeto a la comunidad y en particular al Comité Municipal por parte de la corporación municipal.
Lejos de responder a las demandas de la comunidad, Flores considera que el interés de la alcaldía municipal y del partido Libre, está en proteger los intereses de la empresa minera Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
La concesión, otorgada en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP, afecta directamente las aguas del río Guapinol. La empresa beneficiaria de la concesión ha instalado un plantel para el procesamiento de minerales que el proyecto minero generará.
El grupo empresarial tiene la misión de convertir el plantel, instalado bajo la denominación empresarial Ecotek, en la empresa más grande de Centroamérica en la producción de acero.
Medidas sustitutivas a la prisión dictan a defensores de Zacate Grande
Por defensores -
27 noviembre, 2019
Santos, María y Abel/ foto: Allan Torres
Tegucigalpa, Honduras.-
Este martes en horas de la tarde, los defensores de derechos humanos la
tierra, playa y territorio Abel Pérez, Santos Hernández y María
Hernández, volvieron a sus hogares en Playa Blanca, tras permanecer una
noche detenidos en celdas policiales de la Isla del Tigre, Amapala.
Abel Pérez, es el presidente de
Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA),
además miembro de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur
(REDEHSUR), acompañada y formada por el Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que con esta acusación
por el supuesto delito de usurpación es el tercer proceso legal en su
contra.
El defensor de 36 años, fue capturado
frente al Juzgado de Letras de Amapala, municipio de Valle, en el
pacífico hondureño, el lunes 25 de noviembre a las 3:30 de la tarde,
cuando acompañaba a vocal III de ADEPZA, María Hernández, que acudía a
la Audiencia Inicial tras su captura el 22 de septiembre; y al mismo
tiempo se había acordado la presentación voluntaria del miembro de la
organización de la península, Santos Hernández, que suma a seis
requerimientos fiscales en el marco de esta persecución por la defensa
de la tierra.
Las tres personas debían responder por
el delito de usurpación en perjuicio del terrateniente Jorge Luís
Cassis, supuesto dueño de las tierras en Playa Blanca y Puerto Sierra.
Pérez declaró a Defensores en Línea, que
la criminalización ha afectado emocionalmente a María, quien fue
llevada detenida por segunda vez, en esta ocasión su hijo de 10 años
también iba dentro de la patrulla policial; mientras que a Abel y Santos
(compañero de vida de María y papá del menor) los custodiaron hasta que
se subieran en la paila del vehículo, el lunes por la tarde.
Ese día, el fiscal le avisó a la policía
de que las audiencias habían concluido, entonces llegaron varios
agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para darme
captura, ahora por un nuevo proceso que es de octubre del 2019, ya que
tengo uno de noviembre del 2018 y la sentencia condenatoria por el caso
del 2015, explicó el defensor.
“Traté de guardar la calma, le decía a
Santos y María que íbamos a salir de está”, detalló Abel, quien ya
estuvo en prisión durante 101 días en el 2016, el Nacaome junto a Santos
Hernández. Ese expediente está en Casación tras dictarse condena de
cinco años y un mes, según información proporcionada por el COFADEH que
forma parte del equipo de defensa.
Para el actual proceso, la audiencia
inicial será el 9 de diciembre a las 8 de la mañana, cuando nuevamente
se enfrentarán al poder judicial coludido con los terratenientes, que
criminalizan a quienes defienden los bienes comunes. En este caso, los y
las vecinas de Playa Blanca velan por un predio que sirve desde
siempre como paso público y espacio de carga y descarga. Cassis se dice
dueño del plantel, lo manda a cercar y hay personas que quitan los
obstáculos para pasar, y de esto se señala a los criminalizados.
“Este señor (Cassis) ha llegado a la
zona aduciendo ser dueño de la tierra en que está asentada la comunidad
desde hace más de 50 años, cabe mencionar que este hombre es el mismo
que acusó en el año 2003 a la familia Cárcamo, quien fue desalojada del
lugar conocido como “Playa las Gaviotas” lugar donde construyó su enorme
casa de playa el empresario Freddy Nasser, yerno del difunto Miguel
Facussé”, denunció ADEPZA en su perfil de la red social Facebook.
Agrega que, continúan enfrentándose a
una élite empresarial que tiene controladas las instituciones del Estado
“nos quieren despojar del territorio, de las playas, del manglar NO SE
LOS VAMOS A PERMITIR”.
Por su parte el defensor de derechos
humanos de la REDEHSUR, Allan Torres afirmó que, este martes fue un día
lleno de tensión, en horas de la tarde militarizan los juzgados de la
isla del Tigre llevando militares de la base naval que junto a policías
nacionales y de la DPI se apostaron frente a la entrada de dicho lugar,
pero al final el resultado fue positivo ya que los Defensores Santos
Hernández Abel Pérez y la Defensora María Hernández quedaron en
LIBERTAD.
Sobreseimiento definitivo para integrante de la Base Campesina 9 de Julio
Por defensores -
27 noviembre, 2019Comayagua.- Dictan sobreseimiento definitivo a Carlos Geovanni Cálix López, integrante de la empresa Asociativa Campesina 9 de Julio, ubicada en Tutule, La Paz, quien estaba siendo acusado por el delito de usurpación en perjuicio de Benjamín Arriaga.
Un tribunal de Sentencias del Juzgado de Comayagua, y por falta de pruebas aportadas por el Ministerio Público, emitió su fallo sobre el juicio oral y público dictando sobreseimiento definitivo a Càlix López, y ordena se le entregue su carta de libertad definitiva.
El joven llegó al juzgado acompañado de sus familiares, amigos y compañeros, así como de la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras(COFADEH), quien hace equipo de defensa con La Vía Campesina (LVC) a escuchar el fallo del Juez.
Carlos Geovanni Cálix López, al salir del juzgado con su carta de libertad, no pudo evitar su alegría, quien con la voz entre cortada y lágrimas en los ojos expresó “me siento alegre y agradecido con mis compañeros y con las abogadas, porque es triste estar detenido por algo que en el caso de nosotros como pobres que somos, solo queremos salir adelante, y la justicia, que es injusta con uno; pero hoy me siento alegre y agradecido, porque hoy ya tengo mi carta de libertad en la mano, regreso más tranquilo con mi familia, ya sin miedo a ser detenido nuevamente por este proceso”.
Doris Isabel Martínez, esposa de Cálix, dijo que es una noticia excelente, me siento feliz y contenta con mis dos hijas al lado, también porque no es fácil estar adentro de un presidio y uno afuera, le doy gracias a las abogadas a COFADEH, estoy muy agradecida por la ayuda que nos han brindado.
Mariana Cálix, su madre, añadió “le doy gracias a Dios porque él ya está afuera y gracias a ustedes porque me lo han sacado adelante, voy a tener una celebración, a Dios en agradecimiento”.
Por su parte Eduar Esaú Salinas, presidente de la Base Campesina 9 de Julio dijo que “nosotros estamos alegres porque el compañero salió, el Ministerio Público no tenía pruebas suficientes para que el compañero fuera condenado, los jueces tuvieron que declararlo inocente. Estamos alegres por eso porque nosotros solo queremos darle una mejor vida a nuestra familia, no somos culpables de nada, solo queremos recuperar una parcela de tierra y así poder darles un mejor futuro a nuestros hijos”.
Cálix López, junto a Samuel Martínez, estuvo recluido en un centro penal desde el 18 de julio hasta el 11 de noviembre de 2017, que salieron bajo medidas distintas a la prisión preventiva, llegando hasta el juicio oral y público, donde finalmente se entregó su carta de libertad definitiva, y seguramente lo mismo hubiera pasado con Samuel Martínez, pero murió en circunstancias no esclarecidas por las autoridades hasta el momento.
Cabe señalar que este proceso fue largo, ya que en dos ocasiones se suspendió el juicio oral y público contra el campesino por la no comparecencia de los testigos que lo acusaban, haciendo más lento el proceso, y con esto alargando más la agonía de su familia y el sacrificio que hacen para poder acompañarlo y que no se sienta solo con un proceso que era injusto.
El campesino e integrante de la 9 de julio fue acompañado en todo momento por la Red de Defensores y Defensoras Indígenas Lencas de la paz (REDHIL- PAZ) y la Red de defensores y Defensores de la Tierra y el Territorio (RENADETT), quienes permanecen vigilantes a que se les respete el debido proceso y no se comentan violaciones a los derechos humanos a los campesinos en el departamento de La Paz.
Integrante de la REDHILPAZ asume presidencia mundial del Caucus Indígena
Por defensores -
29 noviembre, 2019
Por: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.-
Donatila Girón Cálix es una lideresa Lenca y comunicadora social del
departamento de La Paz, que por un año representará a los pueblos
indígenas a nivel mundial.
La defensora es reconocida en el país
por su beligerante lucha para que se respeten los derechos de los
pueblos originarios, actualmente preside las coordinaciones de soberanía
alimentaria y de finanzas del Movimiento Indígena Lenca de La Paz-
Honduras (MILPAH), desde la cual da acompañamiento en defensoría de
derechos humanos.
Asimismo, es integrante de la Red de
Defensores de Derechos Indígenas de La Paz (REDHILPAZ), que desde hace
dos años organiza, forma y acompaña el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en 10 municipios del departamento
ubicado en el centro del país.
Donatila asistió al foro de Empresa y
Derechos Humanos realizado en Ginebra, Suiza, dónde se llevó a elección
el cargo que hoy ostenta. También se hicieron presentes integrantes del
gabinete ilegal hondureño, como ser el secretario de Energía, Roberto
Ordóñez; y la secretaria de Derechos Humanos, Karla Cuevas.
Les exigimos que respeten nuestros
territorios indígenas ancestrales basándonos en los principios ya
establecidos, para que reparen los daños que han hecho a los pueblos
indígenas, declaró a Defensores en Línea.
En el Caucus (encuentro) Indigna mundial,
se eligió a la defensora hondureña, que será acompañada en la
vicepresidencia por una representante de China, quiénes fueron las
encargadas de entregar un documento a las comisiones presentes y a la
Organización de Naciones Unidas (ONU). La delegación –numerosa- de
Honduras, no habló públicamente, afirmó Donatila.
“Ha sido de mucha alegría estar aquí, es un gran espacio en el que estamos participando. Me ha tocado dar mis aportes, como mujer e indígena ha sido un privilegio y se lo debo a mucha gente que me ha formado entre ellos a ustedes –COFADEH-”. Donatila Girón Cálix.
Ella lucha porque quiere un mejor
territorio para sus hijos, un mejor país para su familia, y al pueblo
hondureño heredarle toda su lucha.
Fue la oportunidad para mostrar la
situación de Honduras, un país con nueve pueblos indígenas, los cuales
están abandonados históricamente por el Estado, que no responde a los
principios y leyes nacionales e internaciones que nos deben proteger,
expresó la lideresa este viernes en comunicación telefónica con este
medio de comunicación.
Tenemos las puertas abiertas en Ginebra
para enviar información sobre lo que sucede en Honduras, detalló
Donatila, quien además debe velar por los pueblos indígenas de todo el
planeta.
Leer documentoDeclaración Caucus indígena2019UNBHR REV SH and JM 27 nov (1) que presentó el Caucus Indigna mundial esta semana en Ginebra, en el foro de Empresa y Derechos Humanos. Abrazamos a nuestra hermana Miriam
Desde el COPINH nos alegramos y abrazamos a nuestra hermana Miriam
Miranda, coordinadora de la OFRANEH por el reconocimiento dado por su
lucha en defensa de la vida, los derechos y territorios ancestrales del
pueblo garífuna. Desde COPINH reconocemos las luchas de nuestra hermana Miriam por el pueblo garífuna y el pueblo hondureño, la solidaridad con nuestra organización y agradecemos su apoyo incondicional en la búsqueda de justicia por nuestra compañera Berta Cáceres.
Miriam Miranda: Primera hondureña galardonada con Premio de Derechos Humanos de la FES Alemania
Thursday, 28 November 2019 21:28 Written by Bersely García Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto:enaltavoz.com
Miriam Miranda, defensora de los derechos humanos y Coordinadora
de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) , fue
seleccionada entre hombres y mujeres de 100 países de distintas regiones
como ganadora por su activismo constante desde hace 30 años en defensa
de los derechos fundamentales. El premio se lo entregó en Berlin, este
27 de noviembre de 2019, por Kurt Beck, presidente de la Fundación
Friedrich Ebert, FES.
Hace 30 años Miranda lucha constantemente por los derechos de la
población garífuna y para combatir las consecuencias del cambio
climático en el país, Es una de las activistas más respetada en la
región por su compromiso y valentía.
Sin embargo, mientras en Alemania es galardonada, en Honduras su labor se criminaliza por el Estado. Ha sido sometida en diferentes ocasiones a detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, persecución, hostigamiento y amenazas a muerte.
Cabe mencionar que Miranda ha contribuido al empoderamiento y a la organización de movimientos de mujeres campesinas. se ha distinguido por su defensa frente a las amenazas como el desplazamiento y el robo de tierras, el narcotráfico y el cambio climático.
En el 2016 Miriam había sido declarada por La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), co-ganadora del “Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos”, junto a la ambiental Berta Cáceres, poco antes que esta última fuera asesinada por su labor en defensa del territorio, el ambiente y el pueblo lenca.
El galardón es otorgado por la FES desde 1994. Fue creado por una pareja que apoyaba el movimiento obrero de Alemania, quienes dejaron la herencia a la fundación, con la que crearon el premio para ser entregado a organizaciones y a personas que contribuyen a la defensa de los derechos humanos.
Cabe destacar que para obtener este premio, los países postulan a un o una candidata por país, entre 100 naciones del mundo que rotan las zonas. Esta vez le tocó el turno a Latinoamérica.
Para ser postulante la organización o la persona tiene que estar comprometida con la defensa de los derechos humanos, en una lucha genuina, activa y de larga data sobre todo en temas relacionados con el cambio climático, la lucha contra el extrativismo, la defensa de los derechos laborales, niños y personas con discapacidad. También el premio se ha rotado para temas políticos por la paz.
Miriam Miranda tiene una apuesta transformadora por Honduras
En una entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com a Jennifer
Eraz, coordinadora de la Fundación Friedrich Ebert en Honduras, expresó
que “Miriam Miranda tiene una apuesta transformadora por Honduras, sobre
todo por Vallecito, en el departamento de Colon, en la zona del caribe
hondureño, que le hace frente al narcotráfico, el cambio climático,
por los derechos humanos, el derecho de las mujeres y el pueblo garífuna
“.
Por esta razón Miranda fue postulada al galardón de la fundación por llenar el perfil que esta institución busca visibilizar y sobre todo porque el país se encuentra en una situación crítica en lo que se refiere a temas de defensa de derechos humanos.
La activista fue nominada a través de un tribunal de selección y es la primera hondureña en ganar este premio y la cuarta persona en Latinoamérica.
Miriam es tomada en cuenta para esta nominación por su dinamismo y la poca visibilidad de la lucha de los territorios en Europa.
Erazo añadió que “Ella fue seleccionada como ganadora entre varias postulaciones de América Latina e inclusive entre otras regiones del mundo”
Erazo también comentó que “La Fundación Friedrich Ebert se siente muy honrada porque Miriam Miranda aceptara el premio, porque sabemos que ella es una persona muy discreta y conocemos que no le gusta estar frente las cámaras y su lucha la hace de forma silenciosa, pero es una lucha muy profunda”
“Para Miranda este premio significa una ayuda al fortalecimiento de la lucha garífuna y para los espacios educativos que se están planteando en Vallecito”, según lo expresado por Jennifer Erazo.
La coordinadora de la Fundación en Honduras añade que le preocupa la seguridad de Miriam al volver de Alemania, porque la coloca más en la mira teniendo en cuenta la serie de violaciones a sus derechos como mujer y ciudadana por la labor que ella desempeña como defensora de los derechos humanos.
Cabe destacar que parte del discurso del presidente de la FES, hizo un llamado al Estado de Honduras para reforzar la seguridad de Miriam Miranda y la del pueblo garífuna, para continuar con la labor enorme en defensa de los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2001 declaró la lengua, danza y música de los Garífunas como “Patrimonio Vivo de la Humanidad”, en respuesta a una iniciativa conjunta presentada por los gobiernos de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Las palabras de ceremonia fueron pronunciadas por la parlamentaria alemana, la doctora Bärbel Kofler.
En su discurso Miriam Miranda dijo que el premio era un reconocimiento para el pueblo garífuna, porque la lucha es colectiva y comunitaria, porque están luchando en un escenario muy peligroso donde la destrucción de la institucionalidad hace difícil la lucha por los derechos humanos.
El luchar por los recursos naturales se vuelve algo peligroso, no se puede perseguir a la gente que lucha por el medio ambiente, hay una apuesta que este premio contribuya a poner la mirada en un país tan pequeño como Honduras, dijo.
Demando ó justicia para Berta Cáceres, asesinado por la defensa de los territorios del pueblo lenca, del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras. asimismo demandó que el Estado de Honduras cumpla con las dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respete los derechos ancestrales del pueblo garífuna.
Levantó la voz para decir que no se debe seguir aceptando un gobierno como el de Juan Orlando Hernández que tiene una política de exterminio contra el pueblo de Honduras.
Sin embargo, mientras en Alemania es galardonada, en Honduras su labor se criminaliza por el Estado. Ha sido sometida en diferentes ocasiones a detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, persecución, hostigamiento y amenazas a muerte.
Cabe mencionar que Miranda ha contribuido al empoderamiento y a la organización de movimientos de mujeres campesinas. se ha distinguido por su defensa frente a las amenazas como el desplazamiento y el robo de tierras, el narcotráfico y el cambio climático.
En el 2016 Miriam había sido declarada por La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), co-ganadora del “Premio Óscar Romero a los Derechos Humanos”, junto a la ambiental Berta Cáceres, poco antes que esta última fuera asesinada por su labor en defensa del territorio, el ambiente y el pueblo lenca.
El galardón es otorgado por la FES desde 1994. Fue creado por una pareja que apoyaba el movimiento obrero de Alemania, quienes dejaron la herencia a la fundación, con la que crearon el premio para ser entregado a organizaciones y a personas que contribuyen a la defensa de los derechos humanos.
Cabe destacar que para obtener este premio, los países postulan a un o una candidata por país, entre 100 naciones del mundo que rotan las zonas. Esta vez le tocó el turno a Latinoamérica.
Para ser postulante la organización o la persona tiene que estar comprometida con la defensa de los derechos humanos, en una lucha genuina, activa y de larga data sobre todo en temas relacionados con el cambio climático, la lucha contra el extrativismo, la defensa de los derechos laborales, niños y personas con discapacidad. También el premio se ha rotado para temas políticos por la paz.
Miriam Miranda tiene una apuesta transformadora por Honduras
 Jennifer Erazo-Coordinadora FES-Honduras |
Por esta razón Miranda fue postulada al galardón de la fundación por llenar el perfil que esta institución busca visibilizar y sobre todo porque el país se encuentra en una situación crítica en lo que se refiere a temas de defensa de derechos humanos.
La activista fue nominada a través de un tribunal de selección y es la primera hondureña en ganar este premio y la cuarta persona en Latinoamérica.
Miriam es tomada en cuenta para esta nominación por su dinamismo y la poca visibilidad de la lucha de los territorios en Europa.
Erazo añadió que “Ella fue seleccionada como ganadora entre varias postulaciones de América Latina e inclusive entre otras regiones del mundo”
Erazo también comentó que “La Fundación Friedrich Ebert se siente muy honrada porque Miriam Miranda aceptara el premio, porque sabemos que ella es una persona muy discreta y conocemos que no le gusta estar frente las cámaras y su lucha la hace de forma silenciosa, pero es una lucha muy profunda”
“Para Miranda este premio significa una ayuda al fortalecimiento de la lucha garífuna y para los espacios educativos que se están planteando en Vallecito”, según lo expresado por Jennifer Erazo.
La coordinadora de la Fundación en Honduras añade que le preocupa la seguridad de Miriam al volver de Alemania, porque la coloca más en la mira teniendo en cuenta la serie de violaciones a sus derechos como mujer y ciudadana por la labor que ella desempeña como defensora de los derechos humanos.
Cabe destacar que parte del discurso del presidente de la FES, hizo un llamado al Estado de Honduras para reforzar la seguridad de Miriam Miranda y la del pueblo garífuna, para continuar con la labor enorme en defensa de los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el año 2001 declaró la lengua, danza y música de los Garífunas como “Patrimonio Vivo de la Humanidad”, en respuesta a una iniciativa conjunta presentada por los gobiernos de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Las palabras de ceremonia fueron pronunciadas por la parlamentaria alemana, la doctora Bärbel Kofler.
En su discurso Miriam Miranda dijo que el premio era un reconocimiento para el pueblo garífuna, porque la lucha es colectiva y comunitaria, porque están luchando en un escenario muy peligroso donde la destrucción de la institucionalidad hace difícil la lucha por los derechos humanos.
El luchar por los recursos naturales se vuelve algo peligroso, no se puede perseguir a la gente que lucha por el medio ambiente, hay una apuesta que este premio contribuya a poner la mirada en un país tan pequeño como Honduras, dijo.
Demando ó justicia para Berta Cáceres, asesinado por la defensa de los territorios del pueblo lenca, del medio ambiente y de los derechos humanos en Honduras. asimismo demandó que el Estado de Honduras cumpla con las dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respete los derechos ancestrales del pueblo garífuna.
Levantó la voz para decir que no se debe seguir aceptando un gobierno como el de Juan Orlando Hernández que tiene una política de exterminio contra el pueblo de Honduras.
