HONDURAS: Histórico juicio por narcotráfico en EE. UU. deja sangriento rastro en Honduras // Al menos 13 muertos y 15 heridos en cárcel de Tela, Atlántida // Narco reveló antes de morir que lo presionaron para que ayudara a Tony Hernández // La guerra contra las drogas de los EE.UU. está potenciando a las élites corruptas en Honduras //Asesinan a director de «El Pozo» que presenció crimen de Magdaleno Meza // Director de “El Pozo” había sido acusado de facilitar la fuga de dos privados de libertad // Asesinan a abogado defensor de Magdaleno Meza // Diputada alemana pide a Fiscal General Óscar Chinchilla castigar asesinos intelectuales de Berta Cáceres // Honduras. Vía Campesina: La militarización del sector agrícola creará crisis alimentaria // Por falta de equidad y excesivo gasto en defensa y seguridad, Libre no aprueba presupuesto para el año 2020 // El CNA denuncia por fraude a exmagistrados del TSE

 

Histórico juicio por narcotráfico en EE. UU. deja sangriento rastro en Honduras

diciembre 20, 2019 Redacción

Tomado de: InSightCrime
El director de una prisión de máxima seguridad de Honduras fue asesinado a plena luz del día, lo que representa el crimen más reciente de una cadena de homicidios que se han cometido tras la condena por narcotráfico dictada en Estados Unidos contra Tony Hernández, hermano del presidente hondureño.
El 12 de diciembre pasado, varios hombres armados le propinaron por lo menos seis tiros a Pedro Ildefonso Armas, director de la prisión El Pozo en el norte de Honduras, cuando este se desplazaba en una camioneta Toyota por la carretera panamericana, cerca de Marillal, en el departamento de Choluteca, al sur del país.
Aunque no es claro por qué se produjo el ataque contra Armas, él había denunciado amenazas de muerte recientemente. El funcionario había sido suspendido de sus funciones como director de El Pozo, centro carcelario de estilo estadounidense en el departamento de Santa Bárbara, en límites con Guatemala, como parte de una investigación por el homicidio de Nery Orlando López, ocurrido el 26 de octubre último, según La Prensa.
Armas se encontraba hablando con López cuando un grupo de reclusos irrumpieron y le propinaron disparos y puñaladas en repetidas ocasiones hasta matarlo, en una escabrosa escena captada por una cámara de seguridad. 
López, quien antes de su captura se había cambiado de nombre por el de Magdaleno Meza para eludir a las autoridades, tuvo un rol destacado en el caso por narcotráfico que se llevó en Estados Unidos contra el exdiputado hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Las narcolibretas que las autoridades confiscaron durante el arresto de Meza —en las que se detallaban numerosas transacciones de cargamentos de cocaína recibidos por Tony Hernández y enviados a nombre suyo— constituyeron una evidencia crucial que los fiscales usaron para condenar al exparlamentario.
El juicio acaparó los titulares durante dos semanas y reveló no solo la colusión del Gobierno con los narcotraficantes, sino además un soborno de US$1 millón que el exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, supuestamente entregó en persona a Tony Hernández y que debía llegar al presidente mismo.
Luego del asesinato de Armas y de la matanza de otros cinco presos en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva el 17 de diciembre, el secretario de Estado de la presidencia anunció un estado de emergencia en el sistema penitenciario. Todos los empleados carcelarios fueron suspendidos y se delegó temporalmente el control de las cárceles a las fuerzas armadas, como informó La Prensa.
Análisis de InSight Crime
Las secuelas de la condena de Tony Hernández en Estados Unidos dejan un rastro de sangre en Honduras.
El día antes de que López fuera asesinado, Marco Tulio Amador Varela fue abaleado dentro de la prisión de La Tolva. Según La Tribuna, Amador Varela era presuntamente la “mano derecha” del exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexánder Ardón Soriano. Los fiscales estadounidenses imputaron a Ardón en enero de 2019, acusándolo de que él también había participado en la conspiración de narcotráfico de Tony Hernández.
Apenas dos días después del asesinato de López, las autoridades anunciaron la captura de cuatro de los presos sospechosos de haber participado en su asesinato, según un comunicado oficial del Ministerio Público. Sin embargo, se observó que seis personas perpetraron el ataque. No es claro qué sucedió con las otras dos, o quién pudo haber ordenado el homicidio. Luego de su detención, se dice que López supuestamente estaba colaborando con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), según Univisión.
Pero la matanza no paró ahí.
Uno de los abogados de López, José Luis Pinto —quien también representó a los hermanos Valle Valle, cabezas de uno de los principales grupos del crimen organizado de Honduras— fue ultimado a tiros el 9 de diciembre, informó La Prensa. Sin mediar palabra, varios sicarios entraron a una cafetería en La Entrada, municipio del departamento de Copán, oeste del país, donde Pinto se encontraba comiendo, le dispararon y salieron.
Las autoridades aún no han capturado a nadie por la muerte de Pinto. Otros abogados del equipo de defensa de López también han denunciado amenazas de muerte. “Es lamentable que hasta la fecha el Estado de Honduras y el Ministerio Público no tengan una política efectiva” para hacer responder a los asesinos de abogados, según se pronunció el Colegio de Abogados de Honduras en un comunicado emitido el 11 de diciembre.
Aunque Tony Hernández fue quien compareció en juicio en Estados Unidos, el presidente Hernández es quien está en la picota pública. Uno de los registros en las libretas de López identificaba un pago por US$440.000 a “JOH y sus socios”. No es claro si las iniciales se refieren al presidente, pero desde hace mucho tiempo los hondureños lo han llamado por sus iniciales.
El presidente Hernández ha negado reiteradamente las acusaciones que se le hacen de haber aceptado dinero del narcotráfico o de tener vínculos con grupos del crimen organizado, y califica esos alegatos de “absurdos y ridículos” y “menos serios que Alicia en el País de las Maravillas”. El hermano del presidente también ha negado que tuviera conexiones con narcotraficantes.
Luego del asesinato de López en la prisión, las autoridades hondureñas arrestaron a Seth y Roberto Paisano Wood, dos hermanos de un poderoso clan político, quienes eran considerados los narcos más importantes de la costa Atlántica del país. Al mes siguiente, las autoridades en la vecina Guatemala arrestaron a Haroldo Lorenzana, un símbolo del mundo del narcotráfico en toda la frontera entre Guatemala y Honduras, a quien las autoridades estadounidenses tenían en la mira desde 2010.
Los tres eran socios cercanos de López y se cree que tenían profundos vínculos con el gobierno hondureño, lo que indica que el “posible caso contra el presidente Hernández sigue en construcción”, según expertos consultados por Univisión.
Este podría ser el momento perfecto para que continúen los asesinatos que buscan silenciar nuevas revelaciones sobre el eslabón de la narcopolítica en Honduras. El mandato  de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), está a punto de expirar en menos de un mes. No es claro si el organismo anticorrupción podrá seguir trabajando en 2020, aunque quienes evaluaron su labor recientemente recomendaron su permanencia.

Al menos 13 muertos y 15 heridos en cárcel de Tela, Atlántida

diciembre 20, 2019 Redaccion 

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Al menos trece privados de libertad muertos y 15 heridos  se han registrado esta noche en el centro penal de Tela, Atlántida, según información preliminar de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina).
Los militares, que tienen el control de los centros penales a través de Fusina, han mantenido el hecho violento en hermetismo. En primera instancia habían informado sobre la muerte de tres  privados de libertad.
Ante el hermetismo los familiares de los privados de libertad se han acercado al centro penal a exigir la lista de los sobrevivientes, pues temen que más personas estén muertas y que se esté ocultando información, e incluso, insinúan que las víctimas podrían ascender a 20.

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El incidente se produjo luego que el pasado 16 de diciembre el gobierno declarara estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional por un periodo de seis meses, proceso mediante el cual los militares han asumido varias funciones en el sistema penitenciario.

La emergencia se adoptó luego de varios crímenes cometidos al interior de los centros penitenciarios, amotinamientos y fugas de privados de libertad, con la displicencia de la directora y subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, Rosa Gudiel y German McNeil, quienes fueron suspendidos de sus cargos por el tiempo que dure la emergencia al igual que las demás autoridades penitenciarias.

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En el marco de la emergencia se nombró una Comisión Interventora, integrada en pleno por la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina) que se encargará del control del Instituto Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores.
La intervención en el sistema penitenciario, fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que es presidida por el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien asumió todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia.

Narco reveló antes de morir que lo presionaron para que ayudara a Tony Hernández

Por Libertad Digital

Publicado el 10 Diciembre, 2019

Días antes de la muerte de Magdaleno Meza o Nery Orlando Lòpez Sanabria, habría sostenido contactos con funcionarios antidroga de EE.UU., con quienes estaba dispuesto a colaborar a fin de esclarecer cuáles fueron sus nexos con Tony Hernández y Juan Orlando Hernández en el trasiego de drogas rumbo a la nación del norte.
En una serie de audios, el fallecido socio de Tony narró còmo fue el encuentro que sostuvo con el investigador privado Chase Lalani, quien lo visitó mientras estuvo recluido en el penal de ultra alta seguridad santabarbarense de el Pozo, en donde fue asesinado por miembros de una pandilla en octubre anterior, ya que poseía suficiente información que comprometía al inquilino del palacio José Cecilio del Valle.
En las grabaciones que realizó el ahora occiso, compromete a un reconocido abogado, quien -según él- «por error» lo tenía en ese presidio.
En las notas de voz que tuvo acceso este periódico, señalan que Lalani pretendió sustraer información sin garantías de seguridad o de trasladarlo a otro penal donde pudiera estar a salvo de las amenazas que recibía de manera constante. «Vino un investigador privado de la USA (EE.UU.) que quería todo lo que sabía de TH, si no me está beneficiando en nada, a mí me traés un acuerdo en qué me vas a ayudar y te diré lo que sé y se molestó…», dijo Meza.
«Si te transfiero de centro penal, me dijo, voy a volver a hablar contigo… y con mis abogados americanos presentes y con un agente de la DEA -le dije yo-, y eso no le gustó porque quiere que le dé toda la información sin nada a cambio», dijo.
Añadió que fue poco lo que le dijo al investigador privado y que estaba en prisión «por un error de un abogado» a quien identificó como Marlon Duarte «un abogado famoso» y que fue a parar a el Pozo porque, supuestamente, le habrìa dado dinero a funcionarios del sistema pentenciario.
«Me preguntó por qué me habían enviado para acá y le dije que por dinero y cuanto le diste, tanto, y ¿por qué te mandaron para acá?, porque (Duarte) le dio tanto a la gente del instituto Penitenciario y me mandaron para acá y porque se le hace más fácil a ellos mandarme a este lugar que pagarme mi dinero», reza la conversación que Meza sostuvo con Lalani unas semanas antes de ser eliminado.
Lo que pretendía el investigador -añadió- era obtener información sin garantías de seguridad, ya que solamente buscaba obtener datos que ayudaran a salvar a Hernández de una larga condena en prisión y que las pocas promesas estaban orientadas a cambiarlo de prisión y quitarle el régimen de confinamiento al que estaba sometido, «no tengo por qué darte explicaciones a vos si no sos un agente de la DEA o me traés un acuerdo firmado por la fiscalía de allá (Nueva York) y por mis abogados presentes».
No obstante, su interlocutor lo amenazó al decirle que no podría ayudarlo a «quitarle el régimen de castigo» que estaba padeciendo. «Si querés que hablemos, transferime de este centro penal a otro», le exigió el difunto a Lalani, quien estaba colaborando con la defensa de Tony en el juicio que se realizó en octubre anterior.
«El hijo de puta me amenazó y me dijo que iba ir ‘donde los otros muchachos’, ¿sabés quién te puso el dedo (acusó) a vos? Sí, sé. ¿Sabés cuánto tiempo tenían de investigación? Sí sé, meses atrás. ¿Sabés quién te puso el dedo a vos?, y me mencionó a los que estaban presos y yo sé por qué venis, no me hago el pendejo, ¿querés ayudar a Tony o hundirlo y me dijo que quería ayudarlo, porque venía de parte del defensor y si lo querés ayudar, transferime de centro penal y hablamos. Me dijo que iba a hablar con los otros muchachos que están presos y si ellos me dicen otra cosa, no respondo, así como amenazándome», señala otro audio al que tuvo acceso Radio Globo y ConfidencialHN. 
Ambos medios revelaron en mayo anterior que la cabeza del presunto narcotraficante estaba tasada en 10 millones de lempiras; en su momento, el apoderado Carlos Chajtur consideró como «grave» la muerte de su cliente, ya que era sujeto de investigación por la justicia de EE.UU. por sus nexos con el narcotráfico.
De hecho, reafirmó que desde hace varios meses venía pidiendo el traslado de su cliente a una prisión militar donde pudiera estar seguro ya que su vida corría peligro.
Asimismo, advirtió que la esposa de Meza, Julissa Bandy García «está en extremo peligro» ya que esta recluida en la cárcel de mujeres de Támara, en la periferia norte capitalina.
Chajtur dijo “el único responsable es el gobierno de Honduras ya que habíamos solicitado el traslado en más de una ocasión; el juez que conoce la causa no tuvo el valor de autorizar el traslado”.
De acuerdo a investigaciones el narcotraficante, tres años atrás fingió su muerte y preparó su entierro al que pocas personas asistieron, además se mostró una fotografía de un cadáver en el ataúd que supuestamente había sido sepultado.
FUENTE: https://confidencialhn.com/meza-revelo-que-investigador-privado-lo-presiono-para-que-ayudara-a-tony-hernandez/

La guerra contra las drogas de los EE.UU. está potenciando a las élites corruptas en Honduras

diciembre 12, 2019 Redacción

Tomado de: foreignpolicy.com
Por: Antony Loewenstein
Foto portada: Orlando Sierra
Honduras es un país de tránsito clave para el tráfico de drogas a los Estados Unidos desde América del Sur, especialmente para los «aviones cargados de cocaína que salen de América del Sur», señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2018.
Como resultado, Honduras es uno de los países más violentos del mundo. Un gran número de hondureños y otros ciudadanos centroamericanos están huyendo debido a las actividades relacionadas con las drogas y las pandillas. Muchos se han dirigido a Estados Unidos, desesperados por escapar de la inestabilidad causada a menudo por el apoyo de Washington a la llamada guerra contra las drogas. Aproximadamente 425,000 migrantes no autorizados de origen hondureño se registraron en los Estados Unidos en 2016.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, está sumido en la controversia, acusado de manipular fraudulentamente las elecciones de 2017 a su favor. Y, sin embargo, la administración Trump sigue siendo un firme defensor de su gobierno debido a su respaldo a las políticas de inmigración y drogas de Washington.
Viajar por el interior hondureño revela el alcance del descenso del país al caos. No es una zona de guerra en el sentido tradicional; los insurgentes no están apuntando a extranjeros o participando en ataques que matan indiscriminadamente. Pero el campo es el hogar de soldados y pandillas alborotados, junto con la policía que habitualmente acosa a los locales.
Prácticamente todos los que conocí en una visita en 2016 estaban asustados o cautelosos cuando hablaban del gobierno y las fuerzas de seguridad. La calma relativa era engañosa incluso en una ciudad bonita como La Esperanza, ubicada en el suroeste del país. En su centro había bulliciosos mercados de frutas y verduras, y los niños jugaban al fútbol en un campo verde. El nombre «Berta» fue pintado con spray en todas partes, en referencia a la activista ambiental Berta Cáceres, quien fue asesinada en la ciudad en 2016. Incluso en las paredes exteriores de la prisión local, había dos murales en color masivos de su cara. Al lado de uno había un mensaje sobre escuadrones de la muerte de la policía que decía: «Cara de policía». En otra parte decía: «Policía golpeado». Las autoridades no los habían eliminado.
El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización local fundada por Cáceres, opera una red de servicios comunitarios en el área, incluida la Casa de Curación para víctimas de violencia doméstica. Su gerente, Lilian Esperanza López, explicó que su propósito era «combatir el machismo», apoyar a las mujeres agredidas en una sociedad que rara vez lo hacía y respaldar a las familias que habían sido desplazadas por la deforestación. 

«Berta nos enseñó a resistir», dijo. Después del golpe de 2009, que derrocó al presidente electo democráticamente Manuel Zelaya, lo reemplazó con Roberto Micheletti y recibió el apoyo de la administración del presidente estadounidense Barack Obama, la anticoncepción de emergencia para mujeres fue prohibida y el aborto ahora está prohibido en todas las circunstancias, a pesar de que el país tiene una de las tasas más altas de violencia sexual en el mundo fuera de una zona de guerra oficial. La sede de Copinh, que se llamaba Utopía, estaba en un campo verde exuberante. Tenía la sensación de un centro comunitario con instalaciones de capacitación, dormitorios y grandes espacios para reuniones.
Uno de los líderes de Copinh fue José Asunción Martínez, un hombre de aspecto amable con gorra, bufanda colorida, chaqueta vaquera y jeans. Vivía en Santa Elena, una comunidad cerca de la frontera con El Salvador. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera protegida cuando la lluvia comenzó a llover. Un perro comenzó a perseguir a un toro cercano, lo que provocó que los pollos se rebelaran y graznaran. Al igual que muchos miembros de Copinh, Asunción Martínez ofreció un análisis político que no era teórico, sino que se ganaba al vivir con la amenaza diaria de asesinato del estado.
«El papel de Washington es trabajar con el gobierno hondureño para reprimir a las comunidades indígenas en el país», dijo. “El 35% de Honduras tiene concesiones para proyectos de petróleo, gas e hidroelectricidad en tierras indígenas. … Es ilegal «. Llamó a las concesiones, a menudo otorgadas sin consultar a las comunidades locales,» proyectos de muerte «, principalmente proyectos mineros y de energía hidroeléctrica. Martínez se opone a la presencia de Estados Unidos y la Unión Europea en su país, porque su agenda nunca ha sido admitida públicamente.
«Dicen que están aquí para respaldar al gobierno hondureño y fortalecer a los militares, pero en realidad es solo una forma de hacer crecer las bases estadounidenses», dijo. “El gobierno hondureño permite más bases estadounidenses a pesar de que afirma que está peleando la guerra contra las drogas. Está militarizando la tierra indígena «. Aunque Asunción Martínez creía que el asesinato de Cáceres había fortalecido la lucha de Copinh, reconoció que Honduras estaba infectada con el dinero de las drogas. «Nuestro país es un narco-estado con narco-alcaldes y narco-parlamentarios», dijo. «Los financian los narcotraficantes, y cuando llegan al poder tienen que pagar a los traficantes».
En el norte del país, los ciudadanos enfrentan amenazas similares. En la ciudad de La Ceiba, las pandillas controlan cada vez más las calles. Los autobuses públicos han sido atacados, con conductores amenazados y asesinados. Me mostraron un impactante video en un teléfono celular, en blanco y negro sin audio, de una pandilla que apuntaba con una pistola al conductor de un autobús mientras conducía. Ella lo mató a tiros. Los pasajeros estaban aterrorizados y el autobús se estrelló. La mujer finalmente fue atrapada después de ser identificada en Facebook.
En la cercana Tocoa, fueron los líderes y campesinos indígenas quienes sintieron la ira del estado. Vitalino Álvarez, de 53 años con siete hijos, era un miembro de alto perfil del Movimiento Campesino Unido y un líder campesino. Su nombre apareció en una lista de éxitos militares, junto con la de Berta Cáceres y docenas de otros activistas ambientales y sociales, utilizados por las fuerzas especiales entrenadas por los Estados Unidos para eliminar enemigos. Después de haber sobrevivido al menos cuatro intentos de asesinato desde 2010, Álvarez fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014 por necesitar protección urgente.
Nunca lo recibió. «Cuando Berta fue asesinada, me convertí en el primero de la lista», dijo Álvarez. “Diecisiete días después del asesinato de Berta, intentaron matarme. Había participado en protestas y la había apoyado. Los hombres en motocicletas se acercaron a mi arrendador y querían saber dónde estaba, pero no estaba en casa. Estaban enojados. Salí del área con mis dos hijos inmediatamente en taxi. Les di dinero en caso de que me mataran o lesionaran «.
Además, gran parte de los medios hondureños reforzaron la naturaleza religiosa del país y rara vez informaron honestamente sobre la corrupción política endémica. Mientras hablábamos, apareció una encuesta en la televisión estatal hondureña: «¿Qué tan creíble para usted es el hecho de que la Virgen María está llorando hoy?» El setenta y siete por ciento dijo que era muy creíble. Tales encuestas fueron una distracción conveniente para un público en general que conocía muy bien la realidad disfuncional.

Otro líder campesino fue Johnny Rivas, miembro del Movimiento Campesino Unido en la región del Bajo Aguán. También fue colocado en la lista de éxitos militares. Durante una reunión de agricultores en Tocoa, me dijo que gran parte de las tierras de cultivo de su pueblo en este corazón agrícola se habían convertido en plantaciones de aceite de palma propiedad de la empresa multimillonaria Miguel Facussé Barjum, Dinant. Diez familias oligarcas dominan la industria y la mayor parte del país, y algunas estimaciones afirman que poseen el 90 por ciento de la riqueza del país. La obsesión de Occidente por reducir su huella de carbono está directamente relacionada con la guerra sucia en Honduras y la expansión masiva de la producción de aceite de palma.
El Banco Mundial respaldó estos programas hace dos décadas, que tomaron por la fuerza tierras de los agricultores locales y se las dieron a los agronegocios para desarrollar palmas africanas. Estas plantas se enviaron a todo el mundo para biocombustibles y, a menudo, se intercambiaron en un lucrativo mercado de créditos de carbono.
A pesar de las enormes ganancias que trajo el biocombustible, los traficantes también han utilizado la misma tierra de cultivo para contrabandear drogas. Honduras es un punto medio conveniente en una ruta de vuelo desde Colombia a los Estados Unidos, y una gran cantidad de cocaína ahora fluye desde Colombia, a través de Honduras y hacia el mercado estadounidense.
Honduras es un punto medio conveniente en una ruta de vuelo desde Colombia hacia el Estados Unidos, y una gran cantidad de cocaína ahora fluye desde Colombia, a través de Honduras, hacia el mercado estadounidense.
«Los narcotraficantes compran tierras y tienen ganado aquí, pero esto es una cobertura para construir pistas de aterrizaje», para facilitar el transporte de drogas desde América del Sur a Estados Unidos, dijo Rivas. «Las drogas no se producen aquí, solo se entregan», aunque hay evidencia de que los cárteles están cultivando coca en Honduras cada vez más.
El narcotráfico ha afectado a la región del Bajo Aguán. Ha reducido las propiedades de los campesinos, pero su conflicto no es con los traficantes. “No tenemos fricciones con los narcotraficantes, pero las compañías de seguridad privadas, que protegen a los terratenientes, trabajan con la policía, el ejército y los traficantes. Los traficantes se mantienen solos y no nos molestan «, dijo Rivas.
Los cables del departamento de estado de WikiLeaks confirmaron lo que había escuchado en la región del Bajo Aguán. Desde el golpe de 2009, el gobierno había trabajado con los terratenientes de la zona para asegurar el territorio para la producción de biocombustibles mediante la intimidación, la coerción y el soborno. Uno de los principales empresarios fue Facussé Barjum, quien murió en 2015, y sus guardias de seguridad privados fueron acusados de matar a docenas de activistas campesinos que se resistieron a sus movimientos. Sus guardias trabajaron con la policía y el ejército hondureño, quienes recibieron grandes cantidades de fondos del gobierno de los EE. UU. Para luchar en su guerra contra las drogas.
Los cables mostraron que el gobierno de los Estados Unidos había estado al tanto del papel de Facussé como importador de cocaína desde 2004, pero no había hecho nada para evitar que su dinero se destinara a financiar, entrenar y mantener a las fuerzas hondureñas trabajando junto a su equipo. Un cable de 2004, titulado, «Avión de drogas quemado en propiedad prominente de Honduras, declaró que,» un conocido vuelo de narcotráfico con un envío de cocaína de 1,000 kilo desde Colombia … aterrizó con éxito el 14 de marzo en la propiedad privada de Miguel Facussé». al menos una quinta parte de la tierra en la región del Bajo Aguán: 22,000 acres con palmeras africanas que cubren el territorio para su floreciente negocio de biocombustibles.
Ir más allá en el área controlada por los traficantes reveló una desesperación aún mayor entre los civiles. El viaje desde Tocoa a la aldea de Vallecito fue principalmente por caminos de tierra; Había 30 familias en casas de ladrillo y concreto, con muchas estructuras nuevas construidas con estaño y madera.
A mi llegada, mi guía, reparador y yo fuimos alimentados con una comida básica de pescado fresco, arroz y frijoles por una familia local. Las cercas de punta blanca que se extienden por millas indicaron que, hace años, como en otras partes del país donde tales cercas significaban actividad de contrabando de drogas, la propiedad detrás de ellas pertenecía a la familia del cártel de drogas Los Cachiros. Solían controlar la tierra, pero los jefes de familia fueron extraditados a los Estados Unidos por cargos de drogas, y sus propiedades fueron transferidas al gobierno hondureño.
Lo que les sucedió a los dos hermanos detrás de la pandilla Los Cachiros reveló una táctica familiar empleada por la Administración de Control de Drogas de los EE. UU. En Honduras y en todo el mundo: ofrecer clemencia al grupo Los Cachiros u otros carteles importantes, a cambio de evidencia de colaboración entre los traficantes y los narcotraficantes. élites (no las élites favoritas, relacionadas con las drogas del gobierno de los EE. UU., sino los carteles de la droga que tanto Washington como Los Cachiros querían derribar). Era imposible saber qué pensaban las familias de las víctimas en Honduras sobre el acuerdo, ya que nunca se les preguntó al respecto.

Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Eriberto Rivera Maradiaga dirigieron una empresa brutal mientras vivían lujosamente, mataron al menos a 78 personas desde 2003 y construyeron un imperio como intermediarios al trasladar enormes cantidades de drogas desde pistas de aterrizaje ocultas en Honduras a carteles mexicanos (que luego lo enviaron a los Estados Unidos).
Compraron políticos, supuestamente incluidos el ex presidente Porfirio Lobo y su hijo Fabio (quien fue declarado culpable en un tribunal de los Estados Unidos en 2017 por importar cocaína) y presuntamente el presidente Juan Orlando Hernández, cuyo hermano, Tony Hernández, fue recientemente declarado culpable de cocaína.  
Los hermanos Rivera se acercaron a la DEA e hicieron una oferta ya en 2013; sabían que la agencia los estaba investigando, por lo que esto le dio a la DEA una oportunidad única para captar algunas figuras importantes en el tráfico de drogas.
 Los hermanos Rivera se acercaron a la DEA e hicieron una oferta ya en 2013; sabían que la agencia los estaba investigando, por lo que esto le dio a la DEA una oportunidad única de capturar algunas figuras importantes en el tráfico de drogas. Aunque ambos hombres tuvieron que confesar los crímenes que habían cometido, evitaron largas condenas de prisión y se cree que se le ofreció la admisión al programa de protección de testigos, mientras que a algunos miembros de su familia se les concedió permiso para mudarse a los Estados Unidos.
La DEA aceptó el acuerdo e implicó que disminuiría el uso de Honduras como país de tránsito de drogas. No hay evidencia para apoyar esta afirmación, ya que el país sigue siendo una nación clave de contrabando de cocaína.
Mientras continuamos conduciendo, rodeados de verdes colinas onduladas con vacas y ovejas pastando en los campos, nos detuvieron constantemente en los puestos de control militares a lo largo del camino. Hombres armados y policías pidieron nuestras identificaciones y quisieron saber a dónde nos dirigíamos. Algunas de las carreteras habían sido utilizadas por narcotraficantes como pistas de aterrizaje.

Asesinan a director de «El Pozo» que presenció crimen de Magdaleno Meza

diciembre 13, 2019 Redaccion

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Pedro Idelfonso Armas, fue asesinado la tarde de este viernes en la carretera Panamericana, entre la ciudad de Choluteca y San Lonrenzo, Valle.
Armas fue testigo del crimen del supuesto socio del narcotraficante, Juan Antonio, alias Tony Hernández, Nery Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza Fúnez, quien fue asesinado el 26 de octubre en la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Pozo”, ubicada en Ilama, Santa Bárbara.

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El director del centro penal recibió al menos ocho impactos de bala, según datos preliminares de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), informaron esta tarde medios locales.
La víctima se conducía en un vehículo gris tipo pick up, marca Toyota, placa HAM 8593.
había sido suspendido como director para investigación por el caso de la muerte de Magdaleno Meza, propietario de las «narcolibretas» presentadas durante el juicio a Tony Hernández en Nueva York, que inculparon al jefe del gobierno de Honduras, Juan Hernández, de recibir dinero de los narcotraficantes para financiar sus campañas políticas.
A Armas, que había sido suspendido del cargo de director de El Pozo, tras el crimen de Magdaleno Meza, se le dictó auto de formal procesamiento en junio de 2016 por el supuesto delito de violación de los deberes de los funcionarios en concurso real en perjuicio de la administración pública. En aquel entonces fungía como subdirector del centro penal de Santa Rosa de Copán.
De acuerdo con el expediente investigativo del Ministerio Público, el clase III del Instituto Penitenciario propició la fuga de los internos Elder Raúl Paredes y Lucas Abrego, quienes, aunque ya habían conmutado la pena por un delito, todavía tenían otros procesos penales por los que guardar prisión.

Director de “El Pozo” había sido acusado de facilitar la fuga de dos privados de libertad

diciembre 13, 2019 Redaccion

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –El 20 de junio de 2016 el Ministerio Público dictó auto de formal procesamiento contra, Pedro Idelfonso Armas, subdirector, en aquel entonces, del centro penal de Santa Rosa de Copán.

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Armas, quien era actualmente el director de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara—más conocida como El Pozo— fue asesinado hoy en la zona sur. En el 2006 la Fiscalía lo acusó por el supuesto delito de violación de los deberes de los funcionarios en concurso real en perjuicio de la administración pública por haber facilitado la fuga de los privados de libertad Elder Raúl Paredes y Lucas Abrego.
Pese a la acusación, Armas fue nombrado director de “El Pozo” un centro penal que se supone es de máxima seguridad, luego de un supuesto proceso de depuración emprendido por las autoridades de seguridad, que aseguran han nombrado a personas probas para ocupar cargos de dirección en los centros penales de Honduras.
Magdaleno Meza
Armas estuvo presente el 26 de octubre pasado, cuando privados de libertad asesinaron con saña en la cárcel de El Pozo a Magdaleno Meza Fúnez.
El extinto funcionario penitenciario había sido suspendido como director de El Pozo, supuestamente, para ser objeto de investigación en el crimen de Magdaleno Meza, propietario de las “narcolibretas” presentadas durante el juicio a Tony Hernández en Nueva York. Las “narcolibretas” inculparon al jefe del gobierno de Honduras, Juan Hernández, de recibir dinero de los narcotraficantes para financiar sus campañas políticas.
En las últimas horas medios de comunicación han difundido audios mediante los cuales Magdaleno Meza Fúnez manifiesta su intención de colaborar con las autoridades de los Estados Unidos en los procesos de investigación del narcotráfico, por lo que se sospecha que su crimen podría haber sido ordenado desde las más altas esferas de poder.

Asesinan a abogado defensor de Magdaleno Meza

diciembre 9, 2019 Redaccion

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-José Luis Pinto (38), uno de los abogados que conforma el equipo de la defensa legal de Nery Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza Fúnez, fue asesinado este lunes al interior de una cafetería en la comunidad de la Entrada Copán, en el occidente de Honduras.

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Magdaleno Meza, el supuesto socio de Juan Antonio, alias “Tony” Hernández, fue asesinado con saña el sábado 26 de octubre en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, más conocida como “El Pozo”.
Esta noche el abogado Carlos Chajtur lamentó el crimen de su colega y compañero.
En las últimas horas Univisión publicó un audio mediante el cual Meza Fúnez se comprometía a colaborar con la justicia estadounidense para detallar sobre sus vínculos y la de sus socios en el narcotráfico.
Durante el juicio a Tony Hernández, la Fiscalía de Nueva York presentó varias narcolibretas en las que Meza Fúnez había escrito que el gobernante hondureño, Juan Hernández había recibido dos millones de dólares de los narcotraficantes.

“LA VIDA DE DAVID HOY MÁS QUE NUNCA ESTÁ EN RIESGO”: LIDIETH DÍAZ

Publicado: 11 Diciembre 2019

La periodista hondureña Lidieth Díaz, ha denunciado en el programa “Interpretando la Noticia” de Radio Globo, que existe un plan para acabar con la vida de su esposo, David Romero Ellner, preso desde el pasado mes de marzo para cumplir condena de diez años por delitos de calumnia y difamación.

Según Díaz, el gobernante Juan Hernández y el director del Instituto Penitenciario, Germán Mcneil “están desesperados por quitarle la vida a David”.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. “La vida de David (Romero) está en riesgo y se los estoy diciendo con conocimiento de causa”, advirtió con tono entrecortado, de impotencia y desahogo, la periodista Lidieth Díaz, en el espacio “Interpretando la Noticia” de Radio Globo de Honduras.

Díaz, esposa del periodista David Romero –quien guarda prisión desde marzo pasado cuando fue capturado por la Fuerza Especial “Tigres” mientras conducía su programa vespertino–, alertó que existe un plan para acabar con la vida del comunicador.

Este miércoles la informadora se abocó a la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), para solicitar que el director de “la Globo” sea trasladado a otro centro penal. En su programa de ayer, mencionó: “Espero que el presidente del Colegio de Periodistas nos ayude. Y que así como el comisionado (del Conadeh) Herrera Cáceres se ha preocupado por Ebal Díaz, ojalá actué en el caso de David”.

“El sistema, Juan Orlando Hernández junto con German Mcneil, están desesperados por quitarle la vida a David y es una denuncia que la hago públicamente. David no puede seguir en el Segundo Batallón ¿cuántas veces les hemos dicho que lo pasen al primero donde está Miguel Pastor? Allí no corre riesgo”, dijo Díaz.

La presentadora de “la Globo” alertó que Romero Ellner no puede seguir en ese lugar, “David no es ningún privado de libertad que ha cometido un delito, el delito de injuria es penado aquí en Honduras porque es un país violador de los derechos humanos, es un país violador de la libertad de expresión”. 

Además refirió que: “Si a David lo trasladan a un pozo, a una de esas cárceles es automáticamente para quitarle la vida o aunque lo trasladen a Támara es para quitarle la vida porque Juan Orlando Hernández está desesperado por quitarle la vida”.

Díaz hace esta petición tomando el ejemplo del crimen contra Magdaleno Meza, dueño de las “narcolibretas” que sentenciaron al hermano del gobernante Juan Hernández, asesinado en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo” en Santa Bárbara.

“La vida de David hoy más que nunca está en riesgo”, cerró la comunicadora recalcando que urge el acompañamiento del Conadeh y otros organismos no afines al régimen para interceder por su esposo y veterano en las tribunas informativas del país.

HOMENAJE A DOS MUJERES HONDUREÑAS UNIVERSALES

Por defensores -

8 diciembre, 2019

El viernes anterior, en la Plaza La Merced, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) hizo eco del homenaje internacional a Miriam Miranda, mujer símbolo de la lucha del pueblo garífuna en la costa atlántica.
La Fundación Ebert, cuya sede de origen está en Berlín, la capital de Alemania, eligió a Miriam como la ganadora del Premio Anual de Derechos Humanos de esa organización mundial, por su lucha en defensa de los humedales, las costas, litorales y territorios garífunas amenazados por el turismo cinco estrellas que no respeta a su madre.
“Enfrentamos una narco dictadura que viola los derechos humanos del pueblo hondureño, que incumple las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos a favor de los garífunas, y que entrega la soberanía territorial del país al sucio capital transnacional”, denunció Miranda en su discurso de aceptación del premio en Berlin.
Casi al mismo tiempo que la coordinadora de la OFRANEH alzaba su voz en Europa esta semana, un tribunal en Tegucigalpa individualizaba las penas a los ejecutores materiales del crimen contra Berta Cáceres ejecutado el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza.
“Los autores intelectuales de este crimen permiten una sentencia condenatoria de hasta 50 años de prisión a los asesinos materiales de Berta Cáceres, para simular que la justicia funciona en Honduras, y que todo vuelve a la paz y a la normalidad”, denunció Radio Progreso el miércoles, aludiendo el poder del “bienhechor” clan árabe-palestino que financió el asesinato de Berta.
“Una empresa legalmente constituida para la industria extractiva y la construcción de proyectos hidroeléctricos, con pleno apoyo financiero de Europa, liderada por la familia Atala, es la que ahora busca escabullir la responsabilidad legal de un asesinato que cae sobre sus espaldas”, dijo claramente la emisora jesuita señalando a DESA.
Durante su plantón de ayer, el Cofadeh acompañó esa denuncia de los jesuitas hondureños, porque Camilo, Pedro, Eduardo y otros miembros del clan Atala Zablah son parte del hilo financiero que comienza desde el FMO y FindFond en Europa, que sigue hacia el Banco Centroamericano y al Grupo Financiero FICOHSA en Tegucigalpa, hasta desembocar en Desarrollos Eléctricos, SA (DESA) en San Francisco de Ojuera. Y los Atala son ejecutivos en toda esta cadena de negocios.
Ningún grupo de hombres con tanto poder podía estar tranquilo con la presencia y la palabra de Berta Cáceres, que rechazaba las represas, las mineras metálicas a cielo abierto, las eólicas y las otras falsas empresas de energía verde financiadas por los fondos Red Plus de la banca internacional.
“Los hombres poderosos no pudieron controlar a la mujer que ganaba esa batalla en Honduras y que los humillaba. Y tanto los desafiaba que puso en peligro sus empresas y decidieron planificar su muerte”, subrayó la emisora que emite desde El Progreso, Yoro, al norte de Honduras.
Las noticias de estas dos mujeres extraordinarias, Miriam y Berta, llegaron a la Plaza de los Desaparecidos al mismo tiempo que el impostor Juan Hernández pedía en Madrid mil millones de dólares del Fondo Verde para la resiliencia al cambio climático, alegando con mentiras que actualmente su régimen sacrifica los presupuestos de salud y educación para ese cometido.
El Cofadeh hizo la corrección en la Plaza. Dijo que los militares y policías parásitos, perversos al atacar la rebeldía del pueblo digno de Honduras, son quienes absorben ese presupuesto gigantesco que tiene en precariedad máxima la salud y la educación del pueblo, en tanto la violencia continúa su galope macabro a nivel nacional.
Además de ese cinismo oficial, señaló la organización humanitaria, es una tremenda estupidez que en medio de acusaciones serias por narcotráfico y corrupción contra la élite impostora, ésta haya aceptado convertir a Honduras en un “país seguro” para acoger migrantes retornados que van o vienen de Estados Unidos. Y una estupidez que Estados Unidos haga tratos con delincuentes.
Este señalamiento fue hecho en momentos cuando la prensa mostraba las condiciones precarias de los primeros migrantes retornados de Estados Unidos. Estamos hablando de hermanos migrantes de diversas nacionalidades que empiezan a formar en Tegucigalpa, y en otras ciudades, la gran represa humana que el supremacismo blanco quiere lejos de las fronteras de Estados Unidos, sin importarle en qué circunstancias.
“Es una tremenda estupidez haber aceptado esta imposición a Honduras, dijo el cofadeh, porque el país ya era desde hace 15 años una máquina expulsora de su gente, una olla caliente por las violencias del golpe de Estado, las desigualdades generadas por el crimen organizado y los corruptos, que han sacrificado la esperanza de la población”. En resumen, un país inseguro.
En un texto difundido en el centro histórico de Tegucigalpa, el Comité de víctimas acusa al Comando Sur de Estados Unidos por esta nueva tragedia impuesta a Honduras, que es contradictoria con su política de puertas abiertas a los narcotraficantes y a los guerreristas que ocupan el país con bases de marines, agentes del FBI, de la DEA y la CIA, que son corresponsables de violaciones graves a los derechos humanos en nuestro territorio.
Además de esta lectura crítica de “país seguro” al servicio de la política militar antimigratoria de Estados Unidos, el cofadeh aprovechó su último plantón del año, para denunciar que el régimen corrupto controlado por el Cartel de Lempira, busca prolongar la existencia de la MACCIH a su manera, es decir, sin facultades de investigación ni de acusación penal.
En otras palabras, el Comité sugirió que la intención es mantener en el país una misión de la OEA para hablar sobre la corrupción y la impunidad, pero sin ninguna consecuencia para los grandes autores de hechos criminales ni para el flamante sistema que les protege. En este sentido, ni el presidente de la Red, Mauricio Oliva, ni el versage líder de la manada de la Casa Presidencial ni su esposa, suegra ni socios de Río Grande, podrían ser llevados a la Corte Suprema o al distrito sur de Nueva York. Y menos los generales de fusina y los empresarios lavadores de dinero sucio, ensangrentado.
También en su plantón de ayer, la organización de víctimas que viene de conmemorar su 37 aniversario de existencia el pasado 30 de noviembre, denunció que el lobby nacional e internacional de la dictadura está socavando la permanencia de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Honduras.
Según el cofadeh, el régimen impostor de Juan Orlando Hernández ya fijó una fecha en febrero del próximo año para finalizar el mandato de la Alta Comisionada. Los lobistas alegan que el personal responsable de la oficina sólo acompaña comunidades y personas opositoras, y que escucha frecuentemente a la ciudadanía en menoscabo del régimen.
El Comité no abundó detalles en su comunicado público del viernes, pero dejó sugerido que si la dictadura concreta sus planes macabros de expulsar a los organismos internacionales de vigilancia e intervención positiva, como la MACCIH y la Alta Comisionada de la ONU, el país quedará completamente en manos del crimen organizado violento que mantiene secuestrado el Estado.
El balance de la organización humanitaria fue preciso: Ambos organismos intervinientes no lograron hasta la fecha ningún cambio relevante de la realidad. Apenas avanzaron a identificar los autores con poder político que operan amplias redes delictivas desde el Congreso, la Corte, el Poder Ejecutivo y los bunquers militares de Mateo, pero que no gozan de una confianza plena de la ciudadana. Sin embargo, la organización reconoce que ambas instancias escuchan y a veces acompañan en el terreno casos graves de violencias estatales contra las comunidades, pero siempre limitadas por las formalidades burocráticas.
Hasta aquí nuestro resumen editorial del documento público difundido ayer por el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras en su cita infaltable el primer viernes de cada mes. En próximas ocasiones vamos a meditar qué más hacer frente a estos hechos.
Buenas noches!

 

Diputada alemana pide a Fiscal General Óscar Chinchilla castigar asesinos intelectuales de Berta Cáceres

diciembre 12, 2019 Redacción 

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn 
Tegucigalpa.- La diputada Heike Hänsel de la bancada Die Linke del Parlamento Alemán envió un carta al fiscal General de Honduras “haciéndole un llamado urgente para que se avance de manera sustancial con las investigaciones respectivas en contra de personas supuestamente involucradas de parte de la empresa DESA.
La parlamentaria recordó que durante una visita a del grupo parlamentario germano-centroamericano a finales de octubre intercambiaron puntos de vista sobre la situación política interna de Honduras.
En la misiva señala que el caso de Berta Cáceres, una activista feminista y ecologista asesinada en 2016, también jugó un papel en varias conversaciones y que la delegación aseguró a los familiares de Berta Cáceres que haría todo lo posible para que el caso se investigara a fondo.
Apunta que celebra la sentencia del pasado 2 de diciembre, como un primer paso hacia la identificación y sanción de todos los responsables del asesinato de Berta Cáceres.
Teniendo en cuenta la división de poderes, hace un llamado  respetuoso y urgente para que se avance de manera sustancial con las investigaciones respectivas en contra de personas supuestamente involucradas de parte de la empresa DESA y determinar posibles responsabilidades de partes de actores estatales.
Finalmente hace un llamado a las autoridades correspondientes para empezar con los procedimientos de revocación de la concesión de la represa „Agua Zarca» y así mismo garantizar la integridad y seguridad de los y las defensores de Derechos Humanos en las comunidades lencas de Río Blanco, quienes siguen siendo amenazados y atacados.

Honduras. Vía Campesina: La militarización del sector agrícola creará crisis alimentaria

Por Dina Meza  Última actualización Nov 9, 2019 - KAOS EN LA RED

La Vía Campesina a través de una conferencia de prensa este 06 de noviembre de 2019, rechazó que las Fuerzas Armadas manejen más de cuatro mil millones de lempiras para intervenir en el sector agrario, según decisión del presidente Juan Orlando Hernández, lo que vendrá profundizar la militarización y la crisis alimentaria,  afectando a miles de familias que están en situación precaria por la falta de recursos para desarrollar el sector.

Los campesinos y campesinas llegan todos los años desde sus comunidades a demandar ante el gobierno que destine fondos para salir de la pobreza contribuir al desarrollo del país, sin embargo sus voces queda ahogadas en las paredes, pues las autoridades hacen de oídos sordos.

JOH quiere seguir fortaleciendo FFAA para mantenerse en el poder

Líderes campesinos y campesinas se pronuncian en contra del Decreto Ejecutivo número PCM 052-2019 aprobado el pasado 05 de septiembre y publicado posteriormente el 18 de octubre del presente año en el diario oficial “La Gaceta” que faculta a la Fuerzas Armadas de Honduras,(FFAA), la administración de 4 mil millones de lempiras para proyectos agrícolas a través del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDHA),

Cabe mencionar que las instituciones del sector público agrícola como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Nacional Agrario, (INA), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y EL Instituto de la Propiedad, (IP), estarán subordinadas al PDHA.

Este mismo programa será anexado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, a través de la creación de una Dirección de Desarrollo Agrícola, manejada por la Jefatura del Estado Mayor Conjunto de la FFAA.

Los campesinos se muestran preocupados porque elEejecutivo ha delegado responsabilidades administrativas en temas agrarios a los militares, usurpando funciones de las instituciones públicas agrarias, creando una división militar agrícola.

El decreto autoriza a la Secretaría de Finanzas poner a disposición el fidecomiso del fondo de Solidaridad y Protección Social de la Reducción de la Pobreza, el Fidecomiso de Inversiones y Asignaciones, (FINA), y puede gestionar capital financiero nacional e internacional en instituciones públicas y privadas, lo que podría incrementar el fondo asignado inicialmente de cuatro mil millones de lempiras.

Para los y las trabajadoras del campo es evidente que existe un interés político de fortalecer técnica y económicamente a las Fuerzas Armadas para consolidar el poder de la dictadura y que lo más preocupante es que se agudizará la criminalización, asesinatos, impunidad, corrupción y la militarización del sector.

Decreto debe derogarse

Wendy Cruz, de la Vía Campesina

 La coordinadora de mujeres campesinas, Wendy Cruz, manifiestó que la exigencia es “que se derogue el decreto , porque es violatorios a los derechos humanos del campesinado. Las Fuerzas Armadas han dejado muertes y altos niveles de embarazos de mujeres adolescentes cuando llegan a nuestro territorio”

Agregó quelas mujeres campesinas llevan cinco años demandando la implementación del Programa de Crédito Solidario denominado “Credi Mujer”, cuyo préstamo está enfocado bajo la perspectiva de género, ya que como mujeres organizadas del campo no han podido acceder a créditos por la incapacidad de quienes dirigen las instituciones del Estado.

Las demandas del agro son contundentes al pedir la derogación inmediata PCM052-2019 por violentar la Constitución de la República y la Ley de Reforma Agraria del país,por consiguiente le exigen al Congreso Nacional no asignar fondos que no están contemplados en el marco de la Constitución y leyes secundarias.

El gobernante Juan Orlando Hernández ha justificado que se respalda para otorgar esa función a las FFAA en el artículo 274 de la Constitución de la República que da la facultad a las Fuerzas Armadas para colaborar en distintas secretarías del Estado.

El artículo 274señala que “ Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento. Cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria y situaciones de emergencia”.

No obstante, es preciso recordar que anualmente a la Secretaría que más se le destina dinero del presupuesto anual es a la Secretaría de Seguridad y Defensa.

http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/item/2604-via-campesina-la-militarizacion-del-sector-agricola-creara-crisis-alimentaria

La región ha subestimado la desigualdad: CEPAL

diciembre 11, 2019 Redacción 

La comisión económica mantuvo la tendencia al alza de la pobreza en América Latina y llamó a renovar la construcción de pactos sociales integrales y universales, durante el lanzamiento hoy en Chile de su informe Panorama Social 2019.

Por: redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
“Por casi una década, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha posicionado a la igualdad como fundamento del desarrollo. Hoy constatamos nuevamente la urgencia de avanzar en la construcción de Estados de Bienestar, basados en derechos y en la igualdad, que otorguen a sus ciudadanos y ciudadanas acceso a sistemas integrales y universales de protección social y a bienes públicos esenciales, como salud y educación de calidad, vivienda y transporte. El llamado es a construir pactos sociales para la igualdad”, dijo hoy Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del organismo regional, durante el lanzamiento del informe Panorama Social de América Latina 2019.
La disminución de la desigualdad de ingresos es clave para retomar la senda de reducción de la pobreza y cumplir las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de la Agenda 2030. “Es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas”, dice la CEPAL en el estudio presentado en conferencia de prensa hoy en Santiago de Chile.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, durante la presentación del informe Panorama Social de América Latina 2019. Foto: Carlos Vera/CEPAL
El documento destaca el crecimiento de los estratos de ingresos medios, aunque estos siguen experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos, alerta la Comisión. Entre 2002 y 2017, la participación de los estratos de ingresos bajos en el total de la población disminuyó de 70,9% a 55,9% (porcentaje que incluye a las personas en situación pobreza extrema, pobreza y en estratos bajos no pobres). A su vez, la participación de los estratos de ingresos medios (divididos en medios-bajos, medios-intermedios y medios-altos) creció del 26,9% al 41,1%. De esta forma, el 76,8% de la población de América Latina pertenece a estratos de ingresos bajos o medios-bajos, subraya la CEPAL. Por último, las personas pertenecientes a los estratos de ingresos altos pasaron del 2,2% al 3,0%.
Del total de la población adulta perteneciente a los estratos de ingresos medios, más de la mitad no había completado la enseñanza secundaria en 2017; el 36,6% se insertaba en ocupaciones con alto riesgo de informalidad y precariedad (trabajadores por cuenta propia no profesionales, asalariados no profesionales en la microempresa y en el servicio doméstico); y solo la mitad de las personas económicamente activas estaba afiliada o cotizaba en un sistema de pensiones. El perceptor principal de ingresos laborales de estos estratos percibe en promedio 664 dólares mensuales, mientras que en los estratos bajos este ingreso desciende a 256 dólares. Así, el informe evidencia que una alta proporción de la población de ingresos medios experimenta importantes déficits de inclusión social y laboral y un alto grado de vulnerabilidad a volver a caer en la pobreza ante cambios provocados por el desempleo, por la caída de sus ingresos u otros eventos catastróficos como enfermedades graves y desastres.
Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la CEPAL.
Esto significa que aproximadamente 185 millones de personas se encontraban bajo el umbral de la pobreza en 2018, de los cuales 66 millones de personas estaban en la pobreza extrema, indica el Panorama Social de América Latina 2019. En 2019, el número de personas en la pobreza aumentaría a 191 millones, de los cuales 72 millones estarían en la pobreza extrema. Destaca, en esa evolución, el hecho de que prácticamente todas las personas que se suman este año a la estadística de la pobreza se integran directamente a la pobreza extrema. 
El alza de 2,3 puntos porcentuales de la pobreza entre 2014 y 2018 en el promedio regional se explica básicamente por el incremento registrado en Brasil y Venezuela. En el resto de los países la tendencia dominante en ese período fue hacia una disminución, debido, principalmente, a un aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos, pero también a transferencias públicas de los sistemas de protección social, y privadas, como las remesas en algunos países. La pobreza afecta mayormente a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y afrodescendientes, a los residentes en zonas rurales y a quienes están desempleados.
El estudio de la CEPAL también señala que la desigualdad en la distribución del ingreso -expresada en el índice de Gini con base en las encuestas de hogares- ha continuado su tendencia a la baja (en promedio cayó de 0,538 en 2002 a 0,465 en 2018 en 15 países), pero a un ritmo menor que en años recientes:  mientras entre 2002 y 2014 se redujo 1,0% anual, entre 2014 y 2018 la caída fue de 0,6% por año. No obstante, si se corrige el índice de Gini utilizando otras fuentes de información, capaces de captar mejor los ingresos del 1% más rico, se observa que la desigualdad es más elevada y la tendencia al descenso se atenúa en comparación con la estimada solamente a partir de las encuestas de hogares.
Por ejemplo, en Brasil, en 2014, la participación del 1% más rico en el total del ingreso del país alcanzaba a 9,1% de acuerdo con las encuestas de hogares, porcentaje que se elevaba a 27,5% tomando en cuenta la información tributaria. En Chile (dato para 2015), la participación del 1% más rico en el ingreso total, también medida por las encuestas de hogares, alcanzaba a 7,5%, proporción que subía a 22,6% considerando la información de los registros tributarios y a 26,5% en el caso de la riqueza neta (activos financieros y no financieros menos pasivos) y en Uruguay (dato para 2014) las proporciones también aumentan: 7,3% (con encuestas de hogares), 14% (información tributaria) y 17,5% (riqueza neta).
Por otra parte, el Panorama Social de América Latina 2019 señala que el gasto social del gobierno central aumentó de 10,3% a 11,3% del PIB entre 2011 y 2018, alcanzando a 52,5% del gasto público total. América del Sur tiene el promedio de gasto público social más alto de la región (13,2% en 2018), mientras que en Centroamérica, México y República Dominicana esa cifra es de 9,1%. En el Caribe, el gasto social promedio respecto al PIB es más alto (12,2%), pero en 2018 volvió a niveles de 2014, con un peso equivalente a 43,2% del gasto público total. El estudio alerta que justamente aquellos países que enfrentan mayores desafíos para cumplir las metas de la Agenda 2030 son los que presentan niveles más bajos de gasto social.
Finalmente, el documento llama a atender las causas estructurales de la migración y a reforzar la cooperación multilateral para asegurar la protección social y la inclusión social y laboral de las personas migrantes en todas las etapas del ciclo migratorio. Entre 2010 y 2019, el número de personas migrantes en América Latina y el Caribe aumentó de 30 a 40,5 millones, lo que equivale a 15% del total de migrantes a nivel mundial. Entre 2000 y 2019, la proporción de migrantes intrarregionales aumentó de 57% a 70% del total.
Las remesas desempeñan un papel importante en el alivio de la pobreza en varios países, plantea el documento. En El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, la incidencia de la pobreza sobre el total de la población sería entre 1,5 y 2,4 puntos porcentuales más elevada si no fuera por estas transferencias de dinero.
En el informe, la CEPAL enfatiza que para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad de los estratos de ingresos bajos y medios son necesarias políticas de inclusión social y laboral. También se requiere un mercado de trabajo que garantice empleo de calidad y remuneraciones dignas, eliminar las barreras de inserción laboral de las mujeres y fortalecer el desarrollo de sistemas integrales y universales de protección social en el marco de Estados de Bienestar centrados en los derechos y la igualdad.

HONDURAS: PAGO DE DEUDA ES PRIORIDAD EN PRESUPUESTO PARA 2020

Publicado: 13 Diciembre 2019

Anoche el Congreso Nacional aprobó el monto de 282,405 millones de lempiras como Presupuesto General de la República para 2020, de esa cifra, Honduras destinará 42,535 millones al pago del servicio de la deuda. En tanto Educación sólo percibirá 29,820 millones y Salud 15,765 millones.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. De manera oficial el Presupuesto General de la República para 2020 será de 282,405 millones de lempiras tras la aprobación a un solo debate del Congreso Nacional. El informe que entregó la Secretaría de Finanzas (Sefin), reporta que en la distribución se destinarán 42,535 millones al pago del servicio de la deuda.

La cifra abarca un 27 por ciento de los 155,570 millones de lempiras asignados a la administración central. En tanto, la administración descentralizada percibirá un monto de 126,834 millones.

El servicio del pago de la deuda, percibirá más dinero que el sector de educación, que contará con 29,820 millones de lempiras y, por su parte, la Salud de los hondureños contará únicamente con 15,765 millones.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa, contarán con presupuestos de 6,582 y 8,477 millones de lempiras respectivamente.

La asignación al pago de la deuda ha sido uno de los aspectos más cuestionados por analistas del campo económico, que desde hace varios años critican la estrategia del Gobierno de “sacrificar” la proyección social a beneficio del pueblo con tal de quedar como “buen pagador” ante organismos financieros internacionales.

En ese contexto, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), ha hecho hincapié en que el Presupuesto General puede ser utilizado como una “herramienta de desarrollo” con una proyección a la reducción de la pobreza, desigualdad y migración, repercutiendo en mayor seguridad, salud y educación.

La novedad del presupuesto aprobado anoche, es que los nuevos órganos electorales: El Consejo nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), ya cuentan con fondos para entrar en funcionamiento.

La autoridad ha delegado 133,500 millones de lempiras al CNE y 33 millones de lempiras al TJE. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mantendrá el beneficio del seis por ciento del Presupuesto General, que para 2020 será de 4,958 millones.

Por falta de equidad y excesivo gasto en defensa y seguridad, Libre no aprueba presupuesto para el año 2020

diciembre 12, 2019 Redacción

Mientras a las Secretaría de Defensa le han aumentado el 303.4% a la de Seguridad el 151.8% a Educación solo le han aumentado el 47% y a Salud el 73%

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn  
Tegucigalpa. –  La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), se pronuncia en contra de la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos del año 2020 por excesivo gasto en las secretarías de Defensa y Seguridad y poca inversión en Salud y Educación. 
En un comunicado emitido esta tarde noche señala que se pronuncia en contra debido a la falta de transparencia absoluta y ausencia de participación ciudadana en su elaboración y discusión, lo que facilita saqueo y malversación de los fondos públicos.
Los diputados de Libre señalan que no hay liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2019, por o tanto no se puede aprobar un presupuesto para el año 2020, sin la liquidación presupuestaria del año que finaliza, al menos al tercer trimestre del 2019.
Otro de los señalamientos del principal partido de oposición es la falta de equidad en la asignación de los recursos del presupuesto al sector social, especialmente al sector de Salud y Educación, priorizando desproporcionadamente el gasto en seguridad y defensa.
En los últimos diez años el presupuesto de la Secretaría de Defensa se ha aumentado en 303.4 % al pasar de L. 2,101.3 millones en el año 2009 a L. 8.530.3 millones en el año 2020.
En la Secretaría de Seguridad se ha incrementado en 151.8% al pasar de L. 2.704.10 millones en el 2009 a L 6,569.5 millones en el año 2020.
En contraposición de los aumentos en la Secretaría de Salud de 73.6% al pasar de L. 9,079.8 millones en el año 2009 a L 15,765.2 millones en el año 2020 y en la Secretaría de Educación de 47.9% al pasar de L 20.163.10 millones en el año 2009 a L. 29.820.6 millones en el año 2020.
Por otra parte. asignación del pago de la deuda pública ha tenido un incremento de 660.8% al pasar de L 5.666.2 Millones en el 2009 a L 42. 500.0 millones en año 2020. El aumento de la deuda en el periodo ha sido exagerado, el cual ha sido destinado a gasto corriente y gastos populistas como por ejemplo en el programa «vida mejor”, Bono 10,000, tarjeta La Cachureca y otros que eventualmente serán potenciados en la campaña política del Partido Nacional.
El proyecto de presupuesto del 2020 registra una subestimación de los ingresos tributarios, dado que refleja una caída de la recaudación tributaria que pasaría de 18, en el 2019 a 16 5.4, en 2020, es decir más de L 10,000 millones de lempiras, está reducción no está en consonancia con el comportamiento económico publicado por el Banco Central de Honduras y hace que esta disminución no tenga ninguna justificación técnica ni económica y la permite al gobierno central más discrecionalidad desproporcionada en la utilización de los impuestos. por ejemplo, en la compra de buques de guerra Buque General José Trinidad Cabañas, el cual zarpó el 5 de diciembre 2020 del puerto de Israel, así como otros gastos en defensa en detrimento de los programas sociales.
En adición, nuestro país no está en guerra ni tiene amenazas de ningún país vecino, la guerra deberla de ser contra el hambre, pobreza y pobreza extrema
En el sexto punto el comunicado reza que las disposiciones presupuestarias se han convertido en una SUPRALEY, al estar sobre la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Honduras, La Ley de Administración Pública y otras Leyes, cabe destacar el artículo 7 de la Ley de Administración Pública establece que los actos de Administración Pública deberán y deben sujetarse a la jerarquía de leyes antes descrita
Por lo anterior apoyamos y ratificamos el planteamiento hecho por el FOSDEH, en la que hace referencia de otras aprobaciones del Congreso Nacional como las contenidas en acuerdos por intermedio de PCMs, que hacen reservas especiales relacionadas a las Exoneraciones Fiscales, Transferencias a los Tres Poderes del Estado sobre gastos de Seguridad del Estado y Seguridad Nacional, Las acciones y decisiones aprobadas en el país. como la actual, promueven el crecimiento de la corrupción y la impunidad No es en vano que cataloguen a Honduras como un país altamente corrupto.
Según Transparencia Internacional, el índice de Percepción de la Corrupción ubica a Honduras en el puesto 132 con una puntuación de 29 para el 2018.
 Adicionalmente la Encuesta de Presupuesto Abierto de International Budget Partners-hip para el año 2017 arrojó en materia de Participación Ciudadana, 7 puntos de 100, uno de los más bajos a nivel mundial, finaliza el documento de Libre.

El CNA denuncia por fraude a exmagistrados del TSE

diciembre 13, 2019 Redaccion 

La denuncia es por alquiler de escáneres para el proceso electoral de 2017 identificando un perjuicio por más de 41 millones de lempiras

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn

• El Pleno de magistrados alquiló más de 2 mil máquinas digitales que fueron utilizadas para fines contrarios a los estipulados en el contrato
• Quien recomendó la adjudicación para el arrendamiento de este equipo fue un comerciante individual que el CNA ya había denunciado anteriormente por haber sido beneficiado en contrataciones irregulares en el TSE

Tegucigalpa. –El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó hoy ante el Ministerio Público (MP) una nueva denuncia contra el pleno de exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del periodo 2014-2019, por el delito de fraude en el alquiler de escáneres que no fueron utilizados como estaba estipulado en el contrato que suscribieron con un comerciante individual hondureño, generando un perjuicio económico por más de L. 41 millones.

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Los dispositivos se iban a emplear para desarrollar un sistema de escrutinio automatizado para escanear los votos de los tres niveles electivos de las votaciones internas y generales celebradas en 2017, según el acuerdo contractual.
De acuerdo con la documentación presentada por el CNA, exfuncionarios del Sistema Integrado de Escrutinio y Divulgación Electoral del TSE recomendaron en 2016 al pleno de magistrados, mediante un informe de evaluación de simulacros y pruebas controladas elaborado por la empresa del profesional independiente, que en ese momento era consultor técnico del pleno, la adjudicación directa del contrato millonario para el arrendamiento de 2,711 aparatos a una empresa colombiana.
La propuesta técnica de la compañía extranjera fue considerada como la más viable, porque su equipo cumplía con los requerimientos necesarios a fin de usar un software desarrollado por el empresario nacional, que permitía al escáner realizar el escrutinio automatizado, lo que demuestra que todo se trataba de un plan preconcebido con la intención de favorecer a este particular, dice la organización de sociedad civil en la denuncia.
Otro hecho relevante que arroja esta investigación es que la representante en Honduras de la sociedad colombiana fue la apoderada legal de la empresa del comerciante, situación que muestra que ambas partes estaban confabuladas con el objetivo de asegurar el contrato objeto de la presente investigación. El pleno del TSE celebró una sesión que comenzó el 1 de noviembre de 2016 y se reanudó el 4 del mismo mes y año, en la que resolvió que no se le podía adjudicar el contrato de alquiler de las herramientas a la empresa colombiana debido a que si lo hacía se tenía que crear por medio de una licitación pública internacional, lo que era imposible desarrollar debido a que no se iba a poder cumplir con el cronograma electoral establecido, en vista que las elecciones estaban pronto a celebrarse.
El 2 de noviembre de 2016, durante el impasse de la sesión antes mencionada, el contratista remitió un oficio al pleno definiendo el monto por el cual se tenía que suscribir el alquiler de los 2,711 escáneres, y que correspondía a L 41 millones.
Además, en la misma nota, el negociante accede a ser contratado por el TSE para alquilar los equipos de escaneo de papeletas de votación y servicio de escrutinio automatizado, por las razones que imposibilitaron al pleno para contratar el servicio con la compañía colombiana.
Es por ello que el TSE resuelve efectuar la contratación directa con la empresa del proveedor debido a que resultó ser la más ventajosa para los intereses que pretendía hacer cumplir este ente electoral con el desarrollo de las elecciones primarias y posteriormente las generales.
El TSE no cuenta con un informe final y liquidación del proyecto que determine cuál fue el porcentaje real del uso de los instrumentos digitales.
Aunque parte de los equipamientos se usaron para digitalizar actas de cierre de los comicios primarios y generales, con esto no se logró el objetivo de transparentar el proceso eleccionario transmitiendo en tiempo real los votos.
El actual gobernante, Juan Hernández, fue declarado ganador de las elecciones del 26 de noviembre por el TSE, el 17 de diciembre, 21 días después de los comicios, que estuvieron marcados por una ilegitima reelección y por un fraude electoral que hizo que la población hondureña se lanzara masivamente a las calles. Ese mismo día, la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en el informe de la misión de observación, sugirió que se repitieran los comicios porque no había certeza en los resultados.
Con la  denuncia del CNA toma vigencia las denuncias del fraude electoral que generó una crisis política y social sin precedentes en Honduras. En esta oportunidad la gente salió masivamente a las calles a rechazar el fraude, que se concretó 21 días después cuando el TSE declaró ganador a Hernández, pese a que los primeros conteos, con el 76 % de los votos escrutados, daban como ganador a Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

DENUNCIAN A “CUQUI” MEJÍA POR “PLANILLAS FANTASMA” EN LA ENEE

Publicado: 10 Diciembre 2019

Una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reveló que el exgerente de la ENEE del periodo 2016-2019, habría defraudado cerca de doce millones de lempiras a través de “planillas fantasma” por lo que se apersonó hoy al Ministerio Público a presentar una nueva denuncia. Cabe mencionar que durante el periodo en mención, la estatal de energía fue gerenciada por el nacionalista Jesús “Cuqui” Mejía (foto).

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este lunes una denuncia contra el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), del periodo 2016-2019 por la supuesta creación de “planillas fantasma” mediante la que habría defraudado 11.9 millones de lempiras.  

De acuerdo con la investigación del CNA, también el exdirector de Recursos Humanos está vinculado en la denuncia. Cabe recordar que durante ese periodo, fungió como gerente Jesús Mejía quien pertenece al gobernante Partido Nacional.

En un comunicado, la oenegé afirma que constató la contratación “fraudulenta” de 18 personas para ocupar cargos de supervisión de proyectos y oficinas con un salario promedio de 28 mil lempiras mensuales.

“De acuerdo a los contratos suscritos entre el exgerente general y las 18 personas que también fueron parte de este fraude y por lo cual se les denunció, estas debieron laborar en la Oficina de Electrificación Social / Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (OES/FOSODE)”, señala el documento.

El CNA cuestiona que tras las investigaciones, se logró verificar que ninguno de los contratados ejerció su función, pero sí cobró el sueldo pautado. Y además, se denunció que dentro de estos figuraron familiares del exdirector de Recursos Humanos, incluso “parientes de actuales secretarios de Estado que fueron contratados de manera irregular”.

El documento destaca que: “Sumado a lo anterior, se logró constatar que dentro de las personas que fueron contratadas por el ex gerente general, existían algunas que laboraban de manera simultánea en otras instituciones estatales, como ser la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), entre otras”.

Por otro lado, el CNA hace mención que hay graves indicios que estas “planillas fantasma” sirven como preámbulo a otros casos de contratación irregular en la ENEE, la estatal anunció al cierre de 2018 una quiebra inminente. En agosto pasado, Mejía notificó su renuncia porque se dedicaría a buscar un cargo de elección popular y, actualmente, es el director electoral del Partido Nacional.

“Esta instancia de sociedad civil anuncia que en los próximos días presentará nuevas líneas de investigación que vinculan al ex gerente general y otros funcionarios de la ENEE, así como particulares, por otros actos de corrupción”, cierra el comunicado.

Aunque el CNA no menciona su nombre, Mejía reaccionó momentos después de conocer la denuncia, dijo que está abierto a investigación y que “yo jamás tomé algo que no correspondía más que mi sueldo”.

A continuación el comunicado de forma íntegra: