“Nadie pudo parar la búsqueda de verdad y la exigencia de justicia”
Por defensores -
3 diciembre, 2019
Bertha Oliva | Foto: Giorgio Trucchi | Rel UITA
Giorgio TrucchiEste 30 de noviembre, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) celebró su 37 aniversario, rodeado de amigos y amigas que viajaron hasta el Hogar contra el Olvido, lugar emblemático de memoria dedicado a los desaparecidos y desaparecidas de la década de los ochenta.
-¿Qué representan estos 37 años de vida del Cofadeh?
-Estamos en plena madurez política y sabemos que nunca estuvimos equivocadas en la búsqueda de verdad, la exigencia de justicia, y en nuestra forma de interactuar con el pueblo hondureño, con los más débiles.
La gente que hoy nos acompaña es pueblo. Así lo quisimos hace 37 años y así queremos que siga siendo.
Nunca hemos perdido la esperanza. Cada año nos animamos más y trasladamos esta esperanza a nuestro alrededor, a nuestra gente, a amigos y amigas a nivel nacional e internacional, como por ejemplo la Rel UITA.
Con todas estas personas armamos sueños, plasmamos esperanza, rompiendo las cadenas de la impunidad y del silencio. Por eso hay tantas voces que en el mundo están atentas a lo que pasa en Honduras.
Soñamos socializar y dinamizar la memoria, porque la memoria es el poder que tienen los pueblos y es a través de la memoria que hacemos acciones dignas de reivindicación.
También sabemos que está en marcha un proceso de manipulación para que la juventud no tenga memoria. Debemos articular la lucha para detener esta embestida criminal y salvaje.
Dar vida a la muerte
-¿Qué significado tiene para Cofadeh la frase “ni olvido, ni perdón”?
-Por esta frase han venido satanizándonos, acusándonos de tener el corazón lleno de rencor y odio, de querer venganza por lo que pasó a nuestros seres queridos.
Por supuesto que no se trata de eso. En mi corazón no hay ni rencor, ni odio, sino dolor y sed de verdad y justicia.
Sin esto, no pueden exigirnos olvido y perdón. Además, son los mismos represores que piden que olvidemos y perdonemos, y esto tiene un gran contenido político.
En estos 37 años de trabajo sin descanso por la verdad y la justicia, contra el olvido, la violación de los derechos humanos y la desaparición forzada, he aprendido a sonreírle a la vida, a amar al pueblo, a los procesos de recuperación de la memoria para construir futuro.
-¿Qué representa el Hogar contra el Olvido?
-Es un lugar de memoria que nos proyecta hacia el futuro. Este proyecto, por ejemplo, de “Un árbol por cada vida que perdimos” es hermosísimo. Es como traer la vida de las detenidas y detenidos desaparecidas a través de estos árboles.
Todo lo que estamos construyendo en este terreno es para que la gente se sienta parte de la memoria y de la historia.
También está el proyecto de la casa en Amarateca, donde operó una cárcel clandestina y donde se torturó y asesinó. Queremos transformar el horror en amor y esperanza. Vamos a dar vida a la muerte.
El llamado que hacemos a todo el mundo es que está prohibido olvidar.
Periodistas son asesinados en la ruta de la narcopolítica en Honduras
diciembre 2, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Los periodistas en Honduras están siendo asesinados, y en 2019, siete han muerto en la misma ruta donde está operando la narcopolítica y donde se supone que operaba Tony Hernández, hermano del mandatario hondureño, Juan Hernández.
Lo anterior lo dio a conocer la periodista Wendy Funes, quien ha realizado una investigación al respecto y señaló que hay que tener en cuenta este entorno para conocer cómo se está haciendo periodismo en Honduras.
Recordó que en los últimos años han sido asesinados 82 periodistas en Honduras y nadie presta atención.
El mundo no está preocupado por lo que sucede en el país y mientras las amenazas contra la prensa han aumentado, no se han aumentado las capacidades.
Funes detalló que este año han asesinado periodistas en La Mosquitia, al norte del departamento de Copán en la zona sur de Honduras que son territorios señalados por actividades de narcotráfico.
La comunicadora señaló que es bueno visualizarlo porque es como un mecanismo de protección aunque en un Estado que está gobernado por la criminalidad, no se sabe qué puede pasar.
Funes apuntó que el caso del periodista Gabriel Hernández, asesinado el 17 de marzo del presente año , se habla que el comunicador mencionaba mucho a dos políticos de ese sector, pero la fiscalía dice que el caso está relacionado con el narcomenudeo.
Tegucigalpa. – Oficiales de las Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 79 personas por violaciones civiles y penales, incluidos delincuentes violentos, pandilleros y delincuentes sexuales, fugitivos de la justicia, reportó la agencia en un comunicado.
Agregó que también detuvo a “personas que representan una amenaza importante para la seguridad pública” durante el operativo realizado del 12 al 20 de noviembre en Virginia y Washington, D.C. En una de las movilizaciones se arrestó a 56 extranjeros y en otra a 23.
La autoridad afirma que entre los detenidos hay miembros de varias organizaciones criminales transnacionales, como las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Los arrestos se realizaron como parte de la Operación Escudo del Águila, dirigida a amenazas notables a la seguridad pública en todo, apuntó ICE sobre los arrestos hechos en Fredericksburg (14), Washington, DC (9), Fairfax (6), Falls Church (6), Alexandria (5), Leesburg (5), Manassas (5), Herndon (2), Woodbridge (2), District Heights (1) y Sterling (1).
También se hicieron en Richmond (13), Henrico (3), Chester (2), North Chesterfield (2), Chesterfield (1), Petersburg (1) y Hanover (1).
“Los oficiales de ICE persiguen amenazas a la seguridad pública todos los días”, defendió el director de la Oficina de Campo de ERO Washington, Russell Hott. “Estas personas no solo ignoraron las leyes de inmigración de nuestra nación, sino que también cometieron delitos graves aquí en los Estados Unidos”.
Entre las personas arrestadas están un hondureño condenado por agresión sexual, otro del mismo país identificado como miembro de la MS-13 con una orden de detención por abuso sexual y un salvadoreño, previamente deportado, identificado como miembro de MS-13 con tres condenas anteriores por estar borracho en público.
ICE continuará con este tipo de operativos especiales, donde es posible que también detenga a alguien que considere sospechoso de estar en el país como indocumentado.
La estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco, Texas, EE.UU.Joel Martinez / The Monitor / AP
Poco después, se despertó su compañero de celda y tras descubrirlo inmóvil en el baño llamó a los agentes, pero para entonces Carlos Gregorio ya estaba muerto.
La versión oficial de la CBP es que sus empleados sí estaban pendientes del estado de Carlos y lo visitaron tres veces durante aquella noche. El medio pone en duda esta afirmación, ya que la posición del cuerpo de Carlos no cambió durante las cuatro horas posteriores a que se cayera en el baño.
Tegucigalpa.- Los periodistas en Honduras están siendo asesinados, y en 2019, siete han muerto en la misma ruta donde está operando la narcopolítica y donde se supone que operaba Tony Hernández, hermano del mandatario hondureño, Juan Hernández.
Lo anterior lo dio a conocer la periodista Wendy Funes, quien ha realizado una investigación al respecto y señaló que hay que tener en cuenta este entorno para conocer cómo se está haciendo periodismo en Honduras.
Recordó que en los últimos años han sido asesinados 82 periodistas en Honduras y nadie presta atención.
El mundo no está preocupado por lo que sucede en el país y mientras las amenazas contra la prensa han aumentado, no se han aumentado las capacidades.
Funes detalló que este año han asesinado periodistas en La Mosquitia, al norte del departamento de Copán en la zona sur de Honduras que son territorios señalados por actividades de narcotráfico.
La comunicadora señaló que es bueno visualizarlo porque es como un mecanismo de protección aunque en un Estado que está gobernado por la criminalidad, no se sabe qué puede pasar.
Funes apuntó que el caso del periodista Gabriel Hernández, asesinado el 17 de marzo del presente año , se habla que el comunicador mencionaba mucho a dos políticos de ese sector, pero la fiscalía dice que el caso está relacionado con el narcomenudeo.
Familiares de Migrantes desaparecidos interponen Recurso de Amparo contra acuerdo de país seguro
Friday, 06 December 2019 13:27 Written by Dina Meza Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Un Recurso de Amparo para que se decrete con carácter de urgente
la medida precautoria de suspensión de la ejecución del “Acuerdo de
Tercer País Seguro”, presentaron familiares de migrantes desaparecidos
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este
25 de noviembre de 2019.
Se trata de un grupo de ciudadanas y ciudadanos integrantes activos
de Comitès de Familiares de Familiares Migrantes Desaparecidos de las
organizaciones COFAMIPRO, COFAMICENH, COFAMIGUA y COFAMIDEAF*, que
consideran que el Gobierno de Honduras ha facilitado y colaborado
activamente en la deportación forzada y “express” de hondureños sin ser
identificados previamente en el país norteamericano.
El argumento se centra en que Honduras es un país donde se violan los derechos humanos de forma sistemática y al firmar este acuerdo junto con Guatema y El Salvador, servirá de excusa para “limitar, coartar o impedir a las personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y de otras nacionalidades, a que ejerzan su derecho a solicitar asilo, protección y/o refugio en los Estados Unidos de América, cuando huyen de sus países de origen, sumidos en la violencia, la persecución de entes estatales y paraestatales de seguridad, maras, pandillas; así como, la pobreza, la falta de una educación y servicios de salud que les ofrezcan condiciones mínimas de supervivencia”.
En un comunicado de prensa los peticionarios ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hondureña destacan que el acuerdo no se puede poner en marcha mientras no ofrezca las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de circular libremente, -a salir del territorio nacional, -a solicitar asilo, -a la protección y/o –al refugio, -a un debido proceso que ofrezca las garantías mínimas para examinar solicitudes de asilo y/o refugio, -al no retorno ni devolución forzada a su país de origen o a “terceros países seguros” que no serán capaces de velar por su derecho -a la vida, -a la seguridad individual, -a la libertad, -a la integridad física, psíquica y moral, -a no recibir tratos inhumanos, degradantes o crueles, mientras dicha solicitud se tramita.
De ser aceptado el Recurso, éste echaría por tierra la estrategia norteamericana de deshacerse de los migrantes que huyen de los tres países centroamericanos en inmensas caravanas, con el objetivo de buscar mejores derroteros.
Aunque hay sospechas que la Embajada de Estados Unidos en Honduras va a ejercer mucha presión ante esta instancia de justicia hondureña debido a la intervención que desde hace décadas mantiene en Honduras, con mayor énfasis desde el golpe de Estado de 2009.
Lea el comunicado completo de los familiares de migrantes desaparecidos:
NOTA DE PRENSA.- Integrantes de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos, presentan recurso de Amparo contra “Acuerdo de Tercer País Seguro”
En la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el presente 25 de Noviembre del 2019, un grupo de ciudadanas y ciudadanos integrantes activos de Comitès de Familiares de Familiares Migrantes Desaparecidos (COFAMIPRO, COFAMICENH, COFAMIGUA & COFAMIDEAF), presentó, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del “Acuerdo de Tercer País Seguro” firmado por los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos el pasado 25 de Septiembre del presente año. Desde la firma del mencionado “Acuerdo de Tercer País Seguro” el Gobierno de Honduras ha facilitado y colaborado activamente en la deportación forzada y “express” de hondureños sin ser identificados previamente en el país norteamericano, así como también ha dejado abierta la posibilidad, a discreción del Gobierno de Estados Unidos, que Honduras como “país seguro” reciba personas extranjeras para brindarles “refugio” mientras aguardan la resolución de solicitud de asilo presentada en el país del Norte.
Dicho acuerdo se suscribe en el contexto de firmas de acuerdos idénticos entre el gobierno de los Estados Unidos de América a y los Gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Según declaraciones de diversos funcionarios estadounidense, los acuerdos tienen como objetivo, limitar, coartar o impedir a las personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y de otras nacionalidades, a que ejerzan su derecho a solicitar asilo, protección y/o refugio en los Estados Unidos de América, cuando huyen de sus países de origen, sumidos en la violencia, la persecución de entes estatales y paraestatales de seguridad, maras, pandillas; así como, la pobreza, la falta de una educación y servicios de salud que les ofrezcan condiciones mínimas de supervivencia.
El recurso de Amparo se presentó solicitando a la Sala de lo Constitucional decrete con carácter de urgente, la medida precautoria de suspensión de la ejecución del “Acuerdo de Tercer País Seguro”, hasta tanto el mismo no ofrezca las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de circular libremente, -a salir del territorio nacional, -a solicitar asilo, -a la protección y/o –al refugio, -a un debido proceso que ofrezca las garantías mínimas para examinar solicitudes de asilo y/o refugio, -al no retorno ni devolución forzada a su país de origen o a “terceros países seguros” que no serán capaces de velar por su derecho -a la vida, -a la seguridad individual, -a la libertad, -a la integridad física, psíquica y moral, -a no recibir tratos inhumanos, degradantes o crueles, mientras dicha solicitud se tramita.
El “Acuerdo de Tercer País Seguro”, que ha sido negociado y firmado en un ambiente de ocultamiento de información, desinformación y declaraciones contradictorias sobre el alcance y contenido; violenta las garantías constitucionales arriba señaladas, especialmente la de “No Devolución o expulsión”, poniendo en riesgo la vida de nacionales y extranjeros, limitando o impidiendo que las personas que buscan protección la obtengan, obligándoles a esperar a la resolución de su solicitud de asilo en terceros países con condiciones socioeconómicas y de violencia iguales o peores que de los países que huyen. Honduras específicamente, no es un país seguro para recibir refugiados, su Gobierno no es capaz de garantizar el respeto a los derechos humanos ni siquiera de sus connacionales, todo de acuerdo al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en el presente mes de Noviembre.
De igual forma, dicho Acuerdo contradice abiertamente disposiciones constitucionales, tratados internacionales de los que Honduras es signataria y leyes secundarias, por lo que el Presidente de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, están en la obligación de someter el acuerdo impugnado, a la aprobación del Congreso Nacional bajo el procedimiento de reforma de la constitución, es decir con una mayoría calificada, previo a que el mismo entre en vigencia. La usurpación de facultades de un Poder del Estado, de acuerdo a la Constitución, es delito y da además como resultado la nulidad absoluta de los actos de la administración ejecutados usurpando funciones.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Justicia Constitucional, la Sala ante quien se presentó el recurso de amparo, debe resolver sobre su admisión y la urgente suspensión del “Acuerdo de Tercer País Seguro” el día que se presenta el recurso o el día hábil siguiente.
*Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), Comité de Familiares de Migrantes Desparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), Comitè de Familiares Desaparecidos de La Guadalupe (Cofamigua) y Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (Cofamideaf).
El argumento se centra en que Honduras es un país donde se violan los derechos humanos de forma sistemática y al firmar este acuerdo junto con Guatema y El Salvador, servirá de excusa para “limitar, coartar o impedir a las personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y de otras nacionalidades, a que ejerzan su derecho a solicitar asilo, protección y/o refugio en los Estados Unidos de América, cuando huyen de sus países de origen, sumidos en la violencia, la persecución de entes estatales y paraestatales de seguridad, maras, pandillas; así como, la pobreza, la falta de una educación y servicios de salud que les ofrezcan condiciones mínimas de supervivencia”.
En un comunicado de prensa los peticionarios ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hondureña destacan que el acuerdo no se puede poner en marcha mientras no ofrezca las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de circular libremente, -a salir del territorio nacional, -a solicitar asilo, -a la protección y/o –al refugio, -a un debido proceso que ofrezca las garantías mínimas para examinar solicitudes de asilo y/o refugio, -al no retorno ni devolución forzada a su país de origen o a “terceros países seguros” que no serán capaces de velar por su derecho -a la vida, -a la seguridad individual, -a la libertad, -a la integridad física, psíquica y moral, -a no recibir tratos inhumanos, degradantes o crueles, mientras dicha solicitud se tramita.
De ser aceptado el Recurso, éste echaría por tierra la estrategia norteamericana de deshacerse de los migrantes que huyen de los tres países centroamericanos en inmensas caravanas, con el objetivo de buscar mejores derroteros.
Aunque hay sospechas que la Embajada de Estados Unidos en Honduras va a ejercer mucha presión ante esta instancia de justicia hondureña debido a la intervención que desde hace décadas mantiene en Honduras, con mayor énfasis desde el golpe de Estado de 2009.
Lea el comunicado completo de los familiares de migrantes desaparecidos:
NOTA DE PRENSA.- Integrantes de Comités de Familiares de Migrantes Desaparecidos, presentan recurso de Amparo contra “Acuerdo de Tercer País Seguro”
En la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el presente 25 de Noviembre del 2019, un grupo de ciudadanas y ciudadanos integrantes activos de Comitès de Familiares de Familiares Migrantes Desaparecidos (COFAMIPRO, COFAMICENH, COFAMIGUA & COFAMIDEAF), presentó, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en contra del “Acuerdo de Tercer País Seguro” firmado por los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos el pasado 25 de Septiembre del presente año. Desde la firma del mencionado “Acuerdo de Tercer País Seguro” el Gobierno de Honduras ha facilitado y colaborado activamente en la deportación forzada y “express” de hondureños sin ser identificados previamente en el país norteamericano, así como también ha dejado abierta la posibilidad, a discreción del Gobierno de Estados Unidos, que Honduras como “país seguro” reciba personas extranjeras para brindarles “refugio” mientras aguardan la resolución de solicitud de asilo presentada en el país del Norte.
Dicho acuerdo se suscribe en el contexto de firmas de acuerdos idénticos entre el gobierno de los Estados Unidos de América a y los Gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Según declaraciones de diversos funcionarios estadounidense, los acuerdos tienen como objetivo, limitar, coartar o impedir a las personas de nacionalidad guatemalteca, salvadoreña, hondureña y de otras nacionalidades, a que ejerzan su derecho a solicitar asilo, protección y/o refugio en los Estados Unidos de América, cuando huyen de sus países de origen, sumidos en la violencia, la persecución de entes estatales y paraestatales de seguridad, maras, pandillas; así como, la pobreza, la falta de una educación y servicios de salud que les ofrezcan condiciones mínimas de supervivencia.
El recurso de Amparo se presentó solicitando a la Sala de lo Constitucional decrete con carácter de urgente, la medida precautoria de suspensión de la ejecución del “Acuerdo de Tercer País Seguro”, hasta tanto el mismo no ofrezca las garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de circular libremente, -a salir del territorio nacional, -a solicitar asilo, -a la protección y/o –al refugio, -a un debido proceso que ofrezca las garantías mínimas para examinar solicitudes de asilo y/o refugio, -al no retorno ni devolución forzada a su país de origen o a “terceros países seguros” que no serán capaces de velar por su derecho -a la vida, -a la seguridad individual, -a la libertad, -a la integridad física, psíquica y moral, -a no recibir tratos inhumanos, degradantes o crueles, mientras dicha solicitud se tramita.
El “Acuerdo de Tercer País Seguro”, que ha sido negociado y firmado en un ambiente de ocultamiento de información, desinformación y declaraciones contradictorias sobre el alcance y contenido; violenta las garantías constitucionales arriba señaladas, especialmente la de “No Devolución o expulsión”, poniendo en riesgo la vida de nacionales y extranjeros, limitando o impidiendo que las personas que buscan protección la obtengan, obligándoles a esperar a la resolución de su solicitud de asilo en terceros países con condiciones socioeconómicas y de violencia iguales o peores que de los países que huyen. Honduras específicamente, no es un país seguro para recibir refugiados, su Gobierno no es capaz de garantizar el respeto a los derechos humanos ni siquiera de sus connacionales, todo de acuerdo al último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en el presente mes de Noviembre.
De igual forma, dicho Acuerdo contradice abiertamente disposiciones constitucionales, tratados internacionales de los que Honduras es signataria y leyes secundarias, por lo que el Presidente de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, están en la obligación de someter el acuerdo impugnado, a la aprobación del Congreso Nacional bajo el procedimiento de reforma de la constitución, es decir con una mayoría calificada, previo a que el mismo entre en vigencia. La usurpación de facultades de un Poder del Estado, de acuerdo a la Constitución, es delito y da además como resultado la nulidad absoluta de los actos de la administración ejecutados usurpando funciones.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Justicia Constitucional, la Sala ante quien se presentó el recurso de amparo, debe resolver sobre su admisión y la urgente suspensión del “Acuerdo de Tercer País Seguro” el día que se presenta el recurso o el día hábil siguiente.
*Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (Cofamipro), Comité de Familiares de Migrantes Desparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), Comitè de Familiares Desaparecidos de La Guadalupe (Cofamigua) y Comitè de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (Cofamideaf).
Detienen 79 inmigrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y México
diciembre 3, 2019
Redacción
Tomado de: laopinión.comLa Migra’ continúa con los operativos donde «cualquier sospechoso» podría ser detenido
Tegucigalpa. – Oficiales de las Operaciones de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a 79 personas por violaciones civiles y penales, incluidos delincuentes violentos, pandilleros y delincuentes sexuales, fugitivos de la justicia, reportó la agencia en un comunicado.
Agregó que también detuvo a “personas que representan una amenaza importante para la seguridad pública” durante el operativo realizado del 12 al 20 de noviembre en Virginia y Washington, D.C. En una de las movilizaciones se arrestó a 56 extranjeros y en otra a 23.
La autoridad afirma que entre los detenidos hay miembros de varias organizaciones criminales transnacionales, como las pandillas MS-13 y Barrio 18.
Los arrestos se realizaron como parte de la Operación Escudo del Águila, dirigida a amenazas notables a la seguridad pública en todo, apuntó ICE sobre los arrestos hechos en Fredericksburg (14), Washington, DC (9), Fairfax (6), Falls Church (6), Alexandria (5), Leesburg (5), Manassas (5), Herndon (2), Woodbridge (2), District Heights (1) y Sterling (1).
También se hicieron en Richmond (13), Henrico (3), Chester (2), North Chesterfield (2), Chesterfield (1), Petersburg (1) y Hanover (1).
“Los oficiales de ICE persiguen amenazas a la seguridad pública todos los días”, defendió el director de la Oficina de Campo de ERO Washington, Russell Hott. “Estas personas no solo ignoraron las leyes de inmigración de nuestra nación, sino que también cometieron delitos graves aquí en los Estados Unidos”.
Entre las personas arrestadas están un hondureño condenado por agresión sexual, otro del mismo país identificado como miembro de la MS-13 con una orden de detención por abuso sexual y un salvadoreño, previamente deportado, identificado como miembro de MS-13 con tres condenas anteriores por estar borracho en público.
ICE continuará con este tipo de operativos especiales, donde es posible que también detenga a alguien que considere sospechoso de estar en el país como indocumentado.
VIDEO: Muere un menor migrante enfermo al que dejaron sin atención médica bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.
Publicado:
6 dic 2019 19:36 GMT - RT
Carlos Gregorio Hernández Vásquez tenía fiebre alta y
los agentes debían revisar su estado cada 2 horas, pero lo dejaron
desatendido.
El medio de investigación periodística ProPublica ha
mostrado este 5 de diciembre un video que revela en qué circunstancias
murió el menor guatemalteco Carlos Gregorio Hernández Vásquez, detenido 13 de mayo cerca de la ciudad texana de Hidalgo por la Patrulla Fronteriza de EE.UU.
El medio destaca que las imágenes fueron obtenidas del Departamento de Policía de Weslaco (Texas), que a su vez las obtuvo de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el marco de la investigación de la muerte de este joven inmigrante el pasado 20 de mayo.
Al principio del metraje, Carlos Gregorio regresa del baño, que se encuentra en la misma celda, e intenta descansar sobre un banco de hormigón, pero tras unos momentos se levanta y se dirige a la puerta de su celda, por lo que desaparece unos minutos. De repente, aparece en el plano cayendo al suelo tras desplomarse.
El adolescente sufre convulsiones y permanece tumbado casi 10 minutos, pero nadie acudió en su ayuda. En un último intento, Carlos Gregorio logró incorporarse y se dirigió al baño de nuevo, donde se derrumbó y volvió a convulsionar hasta que se quedó completamente inmóvil.
ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD
https://youtu.be/YN_CXOS3yuc
El video, que empieza a las 01:20, se corta en este momento, a las 01:47 de la madrugada. La segunda parte empieza solo a las 05:48. Se puede observar que Carlos sigue en la misma posición.El medio destaca que las imágenes fueron obtenidas del Departamento de Policía de Weslaco (Texas), que a su vez las obtuvo de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el marco de la investigación de la muerte de este joven inmigrante el pasado 20 de mayo.
Últimos momentos de vida
En las imágenes se ve a Carlos Gregorio, de 16 años, en una celda de hormigón de la estación de la Patrulla Fronteriza en Weslaco (valle de Río Grande, Texas), donde la CBP lo puso en aislamientopor su gripe. En la celda ya se encontraba otro menor enfermo que estaba descansando abrigado con una manta de papel de aluminio.Al principio del metraje, Carlos Gregorio regresa del baño, que se encuentra en la misma celda, e intenta descansar sobre un banco de hormigón, pero tras unos momentos se levanta y se dirige a la puerta de su celda, por lo que desaparece unos minutos. De repente, aparece en el plano cayendo al suelo tras desplomarse.
El adolescente sufre convulsiones y permanece tumbado casi 10 minutos, pero nadie acudió en su ayuda. En un último intento, Carlos Gregorio logró incorporarse y se dirigió al baño de nuevo, donde se derrumbó y volvió a convulsionar hasta que se quedó completamente inmóvil.
ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD
Exclusive: New Video Shows Border Patrol Account of Child’s Death Was Not True
Video obtained by ProPublica shows the Border Patrol held a sick teen in a concrete cell without proper medical attention and did not discover his body until his cellmate alerted guards. The video doesn’t match the Border Patrol's account of his death.
Read our investigation: https://propub.li/2YkKUZB
VIDEO:
Poco después, se despertó su compañero de celda y tras descubrirlo inmóvil en el baño llamó a los agentes, pero para entonces Carlos Gregorio ya estaba muerto.
Video contradice a la versión de la CBP
ProPublica hace hincapié en que los agentes debían revisar la temperatura corporal de Carlos cada 2 horas, de acuerdo con las indicaciones de una enfermera del centro de procesamiento de la CBP en McAllen (Texas). Ella registró que el adolecente tenía una fiebre de 39,4 ºC, le diagnosticó la gripe y avisó de que le debían llevar a urgencias si se ponía peor.La versión oficial de la CBP es que sus empleados sí estaban pendientes del estado de Carlos y lo visitaron tres veces durante aquella noche. El medio pone en duda esta afirmación, ya que la posición del cuerpo de Carlos no cambió durante las cuatro horas posteriores a que se cayera en el baño.
Además, desde la CBP aseguran que fueron sus agentes quienes encontraron a Carlos sin vida, pero el video demuestra lo contrario.
A ello se suma el hecho de que el adolescente fue retenido en este
centro de inmigración durante 6 días, en vez de ser trasladado en las
primeras 72 horas, como es debido.
"Mientras las autoridades de inmigración se sentaban cerca, un niño yacía moribundo por la gripe en una losa de hormigón en un charco de su propio vómito al lado de un inodoro", ha denunciado, Jess Morales Rocketto, presidenta de la organización Families Belong Together, que lucha por la reunificación de las familias de los inmigrantes.
En el mismo comunicado la mujer ha aseverado que "la muerte de Carlos Gregorio Hernández Vásquez fue evitable".
En este sentido, Morales Rocketto ha indicado que "a medida que se acerca la temporada de gripe, la administración Trump ha ignorado las demandas" de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. "de vacunar a los niños en sus cárceles de inmigración".
Asimismo, ha destacado que en el último año 3 niños inmigrantes murieron de enfermedades relacionadas con la gripe bajo la custodia de la administración Trump. "Necesitamos medidas de inmediato para que los niños reciban la atención vital que se merecen y asegurar que no mueran más niños en jaulas", ha concluido.
Crítica a las autoridades migratorias
Los recientes detalles de la muerte de Carlos Gregorio Hernández Vásquez han reavivado la fuerte polémica en torno de las prácticas de la administración Trump en el ámbito de la inmigración ilegal en EE.UU., así como una fuerte crítica hacia las autoridades de inmigración, sobre todo, en relación con el trato a los inmigrantes menores de edad."Mientras las autoridades de inmigración se sentaban cerca, un niño yacía moribundo por la gripe en una losa de hormigón en un charco de su propio vómito al lado de un inodoro", ha denunciado, Jess Morales Rocketto, presidenta de la organización Families Belong Together, que lucha por la reunificación de las familias de los inmigrantes.
En el mismo comunicado la mujer ha aseverado que "la muerte de Carlos Gregorio Hernández Vásquez fue evitable".
En este sentido, Morales Rocketto ha indicado que "a medida que se acerca la temporada de gripe, la administración Trump ha ignorado las demandas" de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. "de vacunar a los niños en sus cárceles de inmigración".
Asimismo, ha destacado que en el último año 3 niños inmigrantes murieron de enfermedades relacionadas con la gripe bajo la custodia de la administración Trump. "Necesitamos medidas de inmediato para que los niños reciban la atención vital que se merecen y asegurar que no mueran más niños en jaulas", ha concluido.
CTXT. Contexto y Acción
Alka Pradhan / Abogada de derechos humanos
“Las políticas migratorias de EE. UU. tienen sus raíces en Guantánamo”
Azahara Palomeque
Alka Pradhan.
Ryan Pfluger
Ryan Pfluger
4 de
Diciembre de
2019
Han pasado más de dieciocho años desde el atentado de las
Torres Gemelas, el mayor ataque terrorista de la historia de Estados
Unidos y aquél que llevó a su entonces presidente, George W. Bush, a
iniciar una “guerra contra el terror” sin precedentes. Su cruzada dio
paso a una serie de violaciones de derechos humanos, muchas de ellas
perpetradas en Guantánamo, la base militar usada como centro de
detención y tortura. La mayoría de los detenidos allí han sido
liberados, pero unos 40 hombres permanecen bajo arresto, entre ellos,
cinco de los acusados de haber cometido el atentado. Alka Pradhan es la
abogada defensora de uno de ellos, Ammar-Al-Baluchi. Aunque trabaja en
Washington, va con frecuencia a la base para reunirse con su cliente,
“que es humano y tiene derechos”, enfatiza. Lleva cuatro años trabajando
en el caso, pero el juicio por el 11-S empezará a celebrarse a partir
de enero de 2021, una fecha anunciada recientemente. En una conversación
por correo electrónico, Pradhan denuncia una marea de ilegalidades,
entre las que destaca la tortura a la que sigue sometido su cliente,
pero también la cantidad de información que permanece aún clasificada y
el espionaje que sufren los abogados defensores por parte del FBI y la
CIA. Como abogada de oficio, Pradhan trabaja para el mismo Estado al que
acusa, algo que valora como un resquicio de justicia: “Si no hiciéramos
esta labor, estos hombres no tendrían voz”.
Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos fabricó un sistema legal completamente nuevo para capturar, torturar y detener a presuntos terroristas. ¿Cómo se enfrenta a este sistema?
La prisión de Guantánamo fue concebida para estar completamente fuera del sistema legal estadounidense. Es un sistema completamente corrupto. Está diseñado para encarcelar sin cargos –y principalmente sin juicio– a hombres musulmanes extranjeros. Es básicamente un sistema legal creado para una minoría, algo ilegal según el Derecho internacional. Estados Unidos se arrogó el derecho a detener a estos hombres al decir “estamos en guerra" con Al Qaeda, pero al mismo tiempo no quería otorgarles ninguno de los derechos correspondientes a las leyes de la guerra. Así que los abogados estadounidenses hemos tenido que luchar en los tribunales por los pocos derechos que los detenidos tienen hoy: el derecho a impugnar su detención y las condiciones de reclusión en virtud del recurso de habeas corpus, y el derecho a un trato digno. A los prisioneros en Guantánamo no les están permitidas las visitas familiares y carecen de la atención médica adecuada para las torturas a la que fueron sometidos, en Guantánamo o en los centros clandestinos de la CIA –los llamados black sites.
Guantánamo es un territorio que se encuentra en Cuba, regido por la jurisdicción de Estados Unidos pero donde las leyes estadounidenses no tienen efecto. ¿Cuáles son las principales dificultades de trabajar en lo que se ha denominado “el equivalente legal al espacio exterior”?
Hay muchos problemas prácticos. Guantánamo es una base naval pequeña con muy pocos recursos. La electricidad y el acceso a internet van y vienen, y los edificios se pudren por el salitre. Existe una gran cantidad de información clasificada en relación a los detenidos, principalmente porque el gobierno de EE. UU. ha clasificado información referida a las torturas, por lo que los documentos deben manejarse con mucho cuidado, lo cual es difícil cuando sólo ciertas impresoras funcionan y el espacio de almacenamiento es limitado. Legalmente, el hecho de que la mayoría de las leyes estadounidenses no se apliquen significa que no se puede asumir que los detenidos tengan los derechos fundamentales de un sistema legal justo.
¿Cuáles son los cargos contra su cliente, Ammar Al-Baluchi?
Ammar está siendo acusado, junto a otros cuatro detenidos, por delitos relacionados con los ataques del 11 de septiembre. Los cargos específicos incluyen asesinato y destrucción de la propiedad en violación del derecho de guerra, y terrorismo –que nunca ha sido un crimen de guerra, sino más bien un delito doméstico tramitado en tribunales ordinarios. Las acusaciones contra Ammar afirman que él ayudó con el traslado de dinero a los secuestradores del 11 de septiembre, cosa que el gobierno de los Estados Unidos aún no ha demostrado. Sabemos que Ammar nunca fue miembro de Al Qaeda y que nunca luchó contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán o en cualquier otro lugar.
No hay palabras para describir lo brutal que fue la tortura de Ammar en los black sites. Todo el gobierno, desde la CIA hasta la Casa Blanca pasando por el Departamento de Justicia, participó en la autorización y ejecución de su tortura, y cada aspecto de este proceso era ilegal. Le golpearon la cabeza contra una pared docenas de veces hasta que sufrió un traumatismo cerebral; lo desnudaron y lo mantuvieron bajo cero largos períodos de tiempo; le pegaron; lo encadenaron en dolorosas posiciones durante meses; fue privado de sueño continuamente, primero con música estridente y luego con una luz fluorescente las veinticuatro horas del día. Y le practicaron waterdousing, que es similar al waterboarding (ahogamiento simulado) pero usando una lona de plástico en lugar de una tabla. Ammar fue amenazado de muerte continuamente e interrogado a lo largo de los tres años y medio que duraron estas técnicas de tortura. Las declaraciones que hizo mientras lo torturaban fueron enviadas a Estados Unidos como “inteligencia”.
Dieciséis años después de su detención, ¿cuáles son las consecuencias de la tortura para su salud?
Ammar tiene sólo 42 años, pero sufre los problemas médicos de alguien décadas mayor. Nunca se le ha brindado la atención médica adecuada para sus lesiones, incluyendo el traumatismo cerebral, o se le ha ofrecido rehabilitación para las articulaciones dañadas por los años de encadenamiento en posiciones de estrés. Los años de insomnio forzado significan que no puede dormir más de un par de horas seguidas sin despertarse por miedo a ser asesinado. Sus habilidades cognitivas están empezando a deteriorarse rápidamente.
Ha dicho alguna vez que, al negarle a su cliente atención médica, éste continúa siendo torturado. ¿Es la tortura una práctica común en Estados Unidos?
Por desgracia, las prácticas que se consideran tortura según el Derecho internacional, como el confinamiento solitario y la negación de atención médica adecuada para los prisioneros, son bastante comunes en Estados Unidos. Pero el tipo de técnicas de tortura que se usaron con los detenidos de Guantánamo no son rutinarias en Estados Unidos, esa es la razón por la que el gobierno continúa ejerciéndolas en Guantánamo, de donde se publica la mínima información posible. La tortura lo corrompe todo en Guantánamo.
Antes de dedicarse exclusivamente a la defensa de Ammar, representó a varios detenidos de Guantánamo en la ONG Reprieve. ¿Qué tipo de abusos vio con esos clientes?
Muchos de mis antiguos clientes habían sido vendidos a Estados Unidos a cambio de recompensas, y torturados en Bagram o Kandahar antes de ser enviados a Guantánamo para ser torturados allí. En Afganistán, estos detenidos estaban siendo torturados por los militares, y era una violencia muy básica y terrible: palizas, puñetazos, encadenamiento en posturas dolorosas, privación sensorial, hambre forzada. En Guantánamo, varios de mis clientes fueron sometidos a humillación sexual: varias guardias de seguridad mujeres les untaron un líquido rojo diciéndoles que era sangre menstrual. Los amenazaron de muerte o con la muerte de sus familiares. Varios de ellos fueron violados analmente en las llamadas “búsquedas en cavidades corporales” no autorizadas.
Una de sus quejas ha sido la incapacidad de reunir pruebas para el juicio del 11-S porque hay mucha información clasificada. Incluso sospecha que el FBI y la CIA la espían. ¿Cómo puede hacer su trabajo en esas circunstancias?
La mayor parte de la información clasificada tiene que ver con la tortura de detenidos por parte de la CIA, y está clasificada porque es una vergüenza para Estados Unidos. Las autorizaciones top secret nos dan cierto acceso a esa información, pero el gobierno decide los límites. Por ejemplo, ha decidido que la ubicación real de los black sites de la CIA y muchas de las fechas específicas en que los detenidos fueron transferidos o torturados están clasificadas. Esto significa que no podemos confirmar ni negar ningún informe sobre dónde estuvo Ammar durante los tres años y medio de detención en régimen de incomunicación. También significa que es extremadamente difícil investigar dónde estaba y en qué condiciones. Por otra parte, el gobierno ha confirmado en numerosas ocasiones que ha espiado a los abogados defensores (mediante dispositivos de escucha en las salas de reuniones con los clientes o accediendo a nuestro correo electrónico) o han colocado informantes en los equipos de defensa. Así que nuestra preocupación por ser espiados se basa en una realidad. Es muy difícil hacer nuestro trabajo en estas condiciones, cuando se sabe que en cualquier momento el gobierno podría estar escuchando información privilegiada.
Kathryn Bigelow, la directora de la película Zero Dark Thirty, tuvo acceso a información sobre Ammar, y hasta aparece un personaje basado en tu cliente. ¿Qué ocurrió exactamente?
Lo que ocurrió fue que en el 2011-2012, cuando se estaba rodando Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow pidió ayuda a la CIA para contar una historia “rigurosa”. La CIA sabía que el Senado estaba cerca de finalizar y publicar parte de un informe que confirmaría que habían torturado innecesariamente a detenidos durante años, y que la información obtenida mediante tortura había sido inútil. Así que la CIA aprovechó la oportunidad para colocar su propaganda en la película; a Kathryn Bigelow le dieron acceso a información clasificada sobre la tortura y los interrogatorios de Ammar, y dieron a entender que la tortura de Ammar condujo al asesinato de Osama bin Laden. Esto es completamente falso. La única parte verdadera fueron las técnicas brutales utilizadas con Ammar en la película; de algunas de ellas sus abogados sólo tuvimos conocimiento después de que salieran la película. Del waterdousing, por ejemplo, nos enteramos por la película. La colaboración de la CIA fue muy eficaz. La mayoría de los estadounidenses no va a leer un informe de tortura del Senado, pero sí que irán a ver un taquillazo de Hollywood, por lo que mucha gente todavía cree que la tortura de Ammar (y la tortura en general) surtió efecto.
A pesar de sus esfuerzos para cerrar la base, Guantánamo siguió operativo durante la presidencia de Obama. ¿Es probable que las violaciones de derechos humanos continúen incluso si gana un candidato demócrata en las próximas elecciones?
Lamentablemente, la respuesta es, por descontado, sí. A la gente en Estados Unidos no le importa que un grupo de hombres musulmanes extranjeros permanezca recluido para siempre, por lo que tanto demócratas como republicanos han decidido que no tiene sentido desatar la controversia intentando cerrar Guantánamo. Hasta la fecha, ninguno de los más de 20 candidatos demócratas a la presidencia ha hecho ninguna declaración pública sobre Guantánamo. Esto a pesar de que ahora sabemos que sólo unos pocos de los casi 800 detenidos en Guantánamo tuvieron algo que ver con el 11 de septiembre o lucharon contra Estados Unidos.
La defensa siempre ha dicho que estamos preparados para ir a juicio siempre que el gobierno cumpla con su obligación legal de entregar toda la información que pueda ser exculpatoria. Hasta ahora, el gobierno no ha hecho eso, pero estaremos listos si lo hacen.
¿Cree que puedes ganar el caso?
Según el Derecho internacional y nacional, no hay forma de juzgar a Ammar en Guantánamo. La comisión militar no tiene jurisdicción personal sobre los civiles –Ammar nunca fue miembro de Al Qaeda ni de ninguna fuerza militar–, y algunos de los cargos de los que es acusado (conspiración, secuestro y terrorismo) no son crímenes de guerra tradicionales y, por lo tanto, no deberían serle imputados.
Pero el mayor problema para el gobierno es que, después de torturar a Ammar durante tres años y medio, todas sus declaraciones están irrevocablemente contaminadas. La CIA interrogó a Ammar sobre presuntos delitos mientras lo ahogaba y lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente y lo privaba de sueño durante años. Después Ammar fue llevado a Guantánamo en 2007, todavía sin abogados, e interrogado por el FBI sobre los mismos temas, con las mismas preguntas. Eso es lo que el gobierno ahora quiere usar como prueba principal para ejecutar a Ammar, pero casi no hay posibilidad de que las respuestas a esas preguntas sean diferentes de las expresadas bajo tortura. Es por eso que la tortura no sólo es moralmente incorrecta, sino también contraproducente: la información obtenida bajo tortura no es fiable. No hay forma de condenar legalmente a Ammar con esas declaraciones contaminadas. Pero ésa es también la razón por la que está siendo procesado en Guantánamo, donde las leyes de las comisiones militares permiten que se admitan “pruebas coercitivas”, violando el Derecho internacional. En un sistema de justicia normal, los cargos serían fácilmente desestimados o reducidos, y se descartarían las pruebas del gobierno. Pero éste no es un sistema de justicia normal: fue diseñado para ejecutar a estos hombres fuera de la ley.
¿Qué principios del Derecho internacional y estadounidense se han violado?
Los Convenios de Ginebra han sido gravemente violados, ya sea el Tercer Convenio –sobre los derechos y privilegios de los prisioneros de guerra– o el Artículo 3 común a los cuatro convenios –sobre el trato digno a los detenidos. La prohibición de la tortura consagrada en la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ha sido aniquilada. Los derechos de detención y juicio justo contenidos en los Convenios de Ginebra, el PIDCP y en la Constitución continúan siendo violados hasta hoy.
En una entrevista concedida al New York Times, dijo que este sistema legal fue inventado para “hombres musulmanes no ciudadanos”, que si se tratara de franceses blancos no habrían sido torturados. ¿Todo el sistema está basado en el racismo?
Sí, todo el concepto de Guantánamo se basa en el racismo. Bajo ninguna circunstancia habría habido hombres o mujeres blancos detenidos en una cárcel como ésta, fuera de la ley durante décadas. Las protestas de otros países y, probablemente, de los propios americanos, habrían terminado el experimento hace mucho tiempo. Esto ocurre únicamente porque los hombres detenidos son de piel oscura y musulmanes.
Estamos viendo que el racismo actúa como catalizador para la implementación de las políticas migratorias actuales. El racismo está increíblemente arraigado en la ley estadounidense.
Las políticas migratorias actuales de Estados Unidos tienen sus raíces en Guantánamo. Una vez que se volvió aceptable retener a hombres musulmanes no ciudadanos en campos de detención, en condiciones terribles durante años, sin consecuencias legales o políticas, quedó claro que alguna administración –en este caso la de Trump– trataría de expandir ese poder. Y ahora vemos que el público estadounidense tolera que niños y familias enteras estén confinados en campos de concentración, que sean torturados física y psicológicamente, durante meses o años, si son de piel oscura. No se está haciendo una valoración o una revisión legal de amenazas reales más allá del color de la piel. Nuestro programa de “seguridad nacional” está enteramente basado en el racismo.
En The Trial, el documental producido por The Guardian, sale usted escuchando respetuosamente el himno nacional en Guantánamo, y luego declarando cuán “incongruente” es que suene el himno en ese contexto. ¿Es usted patriota?
Soy el tipo de patriota más necesario. Soy el patriota que ve los valores sobre los que se construyó este país, que ve los problemas de nuestras políticas e intenta mejorar esas políticas para que coincidan con nuestros valores.
Después de los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos fabricó un sistema legal completamente nuevo para capturar, torturar y detener a presuntos terroristas. ¿Cómo se enfrenta a este sistema?
La prisión de Guantánamo fue concebida para estar completamente fuera del sistema legal estadounidense. Es un sistema completamente corrupto. Está diseñado para encarcelar sin cargos –y principalmente sin juicio– a hombres musulmanes extranjeros. Es básicamente un sistema legal creado para una minoría, algo ilegal según el Derecho internacional. Estados Unidos se arrogó el derecho a detener a estos hombres al decir “estamos en guerra" con Al Qaeda, pero al mismo tiempo no quería otorgarles ninguno de los derechos correspondientes a las leyes de la guerra. Así que los abogados estadounidenses hemos tenido que luchar en los tribunales por los pocos derechos que los detenidos tienen hoy: el derecho a impugnar su detención y las condiciones de reclusión en virtud del recurso de habeas corpus, y el derecho a un trato digno. A los prisioneros en Guantánamo no les están permitidas las visitas familiares y carecen de la atención médica adecuada para las torturas a la que fueron sometidos, en Guantánamo o en los centros clandestinos de la CIA –los llamados black sites.
Guantánamo es un territorio que se encuentra en Cuba, regido por la jurisdicción de Estados Unidos pero donde las leyes estadounidenses no tienen efecto. ¿Cuáles son las principales dificultades de trabajar en lo que se ha denominado “el equivalente legal al espacio exterior”?
Hay muchos problemas prácticos. Guantánamo es una base naval pequeña con muy pocos recursos. La electricidad y el acceso a internet van y vienen, y los edificios se pudren por el salitre. Existe una gran cantidad de información clasificada en relación a los detenidos, principalmente porque el gobierno de EE. UU. ha clasificado información referida a las torturas, por lo que los documentos deben manejarse con mucho cuidado, lo cual es difícil cuando sólo ciertas impresoras funcionan y el espacio de almacenamiento es limitado. Legalmente, el hecho de que la mayoría de las leyes estadounidenses no se apliquen significa que no se puede asumir que los detenidos tengan los derechos fundamentales de un sistema legal justo.
¿Cuáles son los cargos contra su cliente, Ammar Al-Baluchi?
Ammar está siendo acusado, junto a otros cuatro detenidos, por delitos relacionados con los ataques del 11 de septiembre. Los cargos específicos incluyen asesinato y destrucción de la propiedad en violación del derecho de guerra, y terrorismo –que nunca ha sido un crimen de guerra, sino más bien un delito doméstico tramitado en tribunales ordinarios. Las acusaciones contra Ammar afirman que él ayudó con el traslado de dinero a los secuestradores del 11 de septiembre, cosa que el gobierno de los Estados Unidos aún no ha demostrado. Sabemos que Ammar nunca fue miembro de Al Qaeda y que nunca luchó contra las fuerzas estadounidenses en Afganistán o en cualquier otro lugar.
las prácticas que se consideran tortura según el Derecho internacional son bastante comunes en Estados UnidosSu cliente fue capturado en 2003, luego transferido a black sites de la CIA, donde fue retenido y torturado durante tres años, antes de ser enviado a Guantánamo. Todo eso es ilegal…
No hay palabras para describir lo brutal que fue la tortura de Ammar en los black sites. Todo el gobierno, desde la CIA hasta la Casa Blanca pasando por el Departamento de Justicia, participó en la autorización y ejecución de su tortura, y cada aspecto de este proceso era ilegal. Le golpearon la cabeza contra una pared docenas de veces hasta que sufrió un traumatismo cerebral; lo desnudaron y lo mantuvieron bajo cero largos períodos de tiempo; le pegaron; lo encadenaron en dolorosas posiciones durante meses; fue privado de sueño continuamente, primero con música estridente y luego con una luz fluorescente las veinticuatro horas del día. Y le practicaron waterdousing, que es similar al waterboarding (ahogamiento simulado) pero usando una lona de plástico en lugar de una tabla. Ammar fue amenazado de muerte continuamente e interrogado a lo largo de los tres años y medio que duraron estas técnicas de tortura. Las declaraciones que hizo mientras lo torturaban fueron enviadas a Estados Unidos como “inteligencia”.
Dieciséis años después de su detención, ¿cuáles son las consecuencias de la tortura para su salud?
Ammar tiene sólo 42 años, pero sufre los problemas médicos de alguien décadas mayor. Nunca se le ha brindado la atención médica adecuada para sus lesiones, incluyendo el traumatismo cerebral, o se le ha ofrecido rehabilitación para las articulaciones dañadas por los años de encadenamiento en posiciones de estrés. Los años de insomnio forzado significan que no puede dormir más de un par de horas seguidas sin despertarse por miedo a ser asesinado. Sus habilidades cognitivas están empezando a deteriorarse rápidamente.
Ha dicho alguna vez que, al negarle a su cliente atención médica, éste continúa siendo torturado. ¿Es la tortura una práctica común en Estados Unidos?
Por desgracia, las prácticas que se consideran tortura según el Derecho internacional, como el confinamiento solitario y la negación de atención médica adecuada para los prisioneros, son bastante comunes en Estados Unidos. Pero el tipo de técnicas de tortura que se usaron con los detenidos de Guantánamo no son rutinarias en Estados Unidos, esa es la razón por la que el gobierno continúa ejerciéndolas en Guantánamo, de donde se publica la mínima información posible. La tortura lo corrompe todo en Guantánamo.
Antes de dedicarse exclusivamente a la defensa de Ammar, representó a varios detenidos de Guantánamo en la ONG Reprieve. ¿Qué tipo de abusos vio con esos clientes?
Muchos de mis antiguos clientes habían sido vendidos a Estados Unidos a cambio de recompensas, y torturados en Bagram o Kandahar antes de ser enviados a Guantánamo para ser torturados allí. En Afganistán, estos detenidos estaban siendo torturados por los militares, y era una violencia muy básica y terrible: palizas, puñetazos, encadenamiento en posturas dolorosas, privación sensorial, hambre forzada. En Guantánamo, varios de mis clientes fueron sometidos a humillación sexual: varias guardias de seguridad mujeres les untaron un líquido rojo diciéndoles que era sangre menstrual. Los amenazaron de muerte o con la muerte de sus familiares. Varios de ellos fueron violados analmente en las llamadas “búsquedas en cavidades corporales” no autorizadas.
tanto demócratas como republicanos han decidido que no tiene sentido desatar la controversia intentando cerrar GuantánamoEl único método de protesta que tenían estos hombres era hacer huelga de hambre. Cuando se pusieron en huelga, los médicos de Guantánamo procedieron a la alimentación forzada dos o tres veces al día, usando unas sondas demasiado grandes para sus fosas nasales o esófagos, causándoles hemorragias internas. Nadie, culpable o inocente, debería ser tratado así. Ahora sabemos que la mayoría de los casi 800 detenidos en Guantánamo fueron vendidos por recompensas o capturados por las fuerzas estadounidenses en Afganistán y Pakistán. De hecho, a la mayoría de los clientes que representé el gobierno de Estados Unidos los dejó en libertad, después de haber perdido años de vida y haber sido torturados y detenidos ilegalmente lejos de sus casas.
Una de sus quejas ha sido la incapacidad de reunir pruebas para el juicio del 11-S porque hay mucha información clasificada. Incluso sospecha que el FBI y la CIA la espían. ¿Cómo puede hacer su trabajo en esas circunstancias?
La mayor parte de la información clasificada tiene que ver con la tortura de detenidos por parte de la CIA, y está clasificada porque es una vergüenza para Estados Unidos. Las autorizaciones top secret nos dan cierto acceso a esa información, pero el gobierno decide los límites. Por ejemplo, ha decidido que la ubicación real de los black sites de la CIA y muchas de las fechas específicas en que los detenidos fueron transferidos o torturados están clasificadas. Esto significa que no podemos confirmar ni negar ningún informe sobre dónde estuvo Ammar durante los tres años y medio de detención en régimen de incomunicación. También significa que es extremadamente difícil investigar dónde estaba y en qué condiciones. Por otra parte, el gobierno ha confirmado en numerosas ocasiones que ha espiado a los abogados defensores (mediante dispositivos de escucha en las salas de reuniones con los clientes o accediendo a nuestro correo electrónico) o han colocado informantes en los equipos de defensa. Así que nuestra preocupación por ser espiados se basa en una realidad. Es muy difícil hacer nuestro trabajo en estas condiciones, cuando se sabe que en cualquier momento el gobierno podría estar escuchando información privilegiada.
Kathryn Bigelow, la directora de la película Zero Dark Thirty, tuvo acceso a información sobre Ammar, y hasta aparece un personaje basado en tu cliente. ¿Qué ocurrió exactamente?
Lo que ocurrió fue que en el 2011-2012, cuando se estaba rodando Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow pidió ayuda a la CIA para contar una historia “rigurosa”. La CIA sabía que el Senado estaba cerca de finalizar y publicar parte de un informe que confirmaría que habían torturado innecesariamente a detenidos durante años, y que la información obtenida mediante tortura había sido inútil. Así que la CIA aprovechó la oportunidad para colocar su propaganda en la película; a Kathryn Bigelow le dieron acceso a información clasificada sobre la tortura y los interrogatorios de Ammar, y dieron a entender que la tortura de Ammar condujo al asesinato de Osama bin Laden. Esto es completamente falso. La única parte verdadera fueron las técnicas brutales utilizadas con Ammar en la película; de algunas de ellas sus abogados sólo tuvimos conocimiento después de que salieran la película. Del waterdousing, por ejemplo, nos enteramos por la película. La colaboración de la CIA fue muy eficaz. La mayoría de los estadounidenses no va a leer un informe de tortura del Senado, pero sí que irán a ver un taquillazo de Hollywood, por lo que mucha gente todavía cree que la tortura de Ammar (y la tortura en general) surtió efecto.
A pesar de sus esfuerzos para cerrar la base, Guantánamo siguió operativo durante la presidencia de Obama. ¿Es probable que las violaciones de derechos humanos continúen incluso si gana un candidato demócrata en las próximas elecciones?
Lamentablemente, la respuesta es, por descontado, sí. A la gente en Estados Unidos no le importa que un grupo de hombres musulmanes extranjeros permanezca recluido para siempre, por lo que tanto demócratas como republicanos han decidido que no tiene sentido desatar la controversia intentando cerrar Guantánamo. Hasta la fecha, ninguno de los más de 20 candidatos demócratas a la presidencia ha hecho ninguna declaración pública sobre Guantánamo. Esto a pesar de que ahora sabemos que sólo unos pocos de los casi 800 detenidos en Guantánamo tuvieron algo que ver con el 11 de septiembre o lucharon contra Estados Unidos.
todo el concepto de Guantánamo se basa en el racismoEl gobierno acaba de anunciar que el juicio contra estos cinco presuntos terroristas comenzará el 11 de enero de 2021. ¿Son buenas noticias?
La defensa siempre ha dicho que estamos preparados para ir a juicio siempre que el gobierno cumpla con su obligación legal de entregar toda la información que pueda ser exculpatoria. Hasta ahora, el gobierno no ha hecho eso, pero estaremos listos si lo hacen.
¿Cree que puedes ganar el caso?
Según el Derecho internacional y nacional, no hay forma de juzgar a Ammar en Guantánamo. La comisión militar no tiene jurisdicción personal sobre los civiles –Ammar nunca fue miembro de Al Qaeda ni de ninguna fuerza militar–, y algunos de los cargos de los que es acusado (conspiración, secuestro y terrorismo) no son crímenes de guerra tradicionales y, por lo tanto, no deberían serle imputados.
Pero el mayor problema para el gobierno es que, después de torturar a Ammar durante tres años y medio, todas sus declaraciones están irrevocablemente contaminadas. La CIA interrogó a Ammar sobre presuntos delitos mientras lo ahogaba y lo golpeaba hasta dejarlo inconsciente y lo privaba de sueño durante años. Después Ammar fue llevado a Guantánamo en 2007, todavía sin abogados, e interrogado por el FBI sobre los mismos temas, con las mismas preguntas. Eso es lo que el gobierno ahora quiere usar como prueba principal para ejecutar a Ammar, pero casi no hay posibilidad de que las respuestas a esas preguntas sean diferentes de las expresadas bajo tortura. Es por eso que la tortura no sólo es moralmente incorrecta, sino también contraproducente: la información obtenida bajo tortura no es fiable. No hay forma de condenar legalmente a Ammar con esas declaraciones contaminadas. Pero ésa es también la razón por la que está siendo procesado en Guantánamo, donde las leyes de las comisiones militares permiten que se admitan “pruebas coercitivas”, violando el Derecho internacional. En un sistema de justicia normal, los cargos serían fácilmente desestimados o reducidos, y se descartarían las pruebas del gobierno. Pero éste no es un sistema de justicia normal: fue diseñado para ejecutar a estos hombres fuera de la ley.
¿Qué principios del Derecho internacional y estadounidense se han violado?
Los Convenios de Ginebra han sido gravemente violados, ya sea el Tercer Convenio –sobre los derechos y privilegios de los prisioneros de guerra– o el Artículo 3 común a los cuatro convenios –sobre el trato digno a los detenidos. La prohibición de la tortura consagrada en la Convención contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ha sido aniquilada. Los derechos de detención y juicio justo contenidos en los Convenios de Ginebra, el PIDCP y en la Constitución continúan siendo violados hasta hoy.
En una entrevista concedida al New York Times, dijo que este sistema legal fue inventado para “hombres musulmanes no ciudadanos”, que si se tratara de franceses blancos no habrían sido torturados. ¿Todo el sistema está basado en el racismo?
Sí, todo el concepto de Guantánamo se basa en el racismo. Bajo ninguna circunstancia habría habido hombres o mujeres blancos detenidos en una cárcel como ésta, fuera de la ley durante décadas. Las protestas de otros países y, probablemente, de los propios americanos, habrían terminado el experimento hace mucho tiempo. Esto ocurre únicamente porque los hombres detenidos son de piel oscura y musulmanes.
Estamos viendo que el racismo actúa como catalizador para la implementación de las políticas migratorias actuales. El racismo está increíblemente arraigado en la ley estadounidense.
Las políticas migratorias actuales de Estados Unidos tienen sus raíces en Guantánamo. Una vez que se volvió aceptable retener a hombres musulmanes no ciudadanos en campos de detención, en condiciones terribles durante años, sin consecuencias legales o políticas, quedó claro que alguna administración –en este caso la de Trump– trataría de expandir ese poder. Y ahora vemos que el público estadounidense tolera que niños y familias enteras estén confinados en campos de concentración, que sean torturados física y psicológicamente, durante meses o años, si son de piel oscura. No se está haciendo una valoración o una revisión legal de amenazas reales más allá del color de la piel. Nuestro programa de “seguridad nacional” está enteramente basado en el racismo.
En The Trial, el documental producido por The Guardian, sale usted escuchando respetuosamente el himno nacional en Guantánamo, y luego declarando cuán “incongruente” es que suene el himno en ese contexto. ¿Es usted patriota?
Soy el tipo de patriota más necesario. Soy el patriota que ve los valores sobre los que se construyó este país, que ve los problemas de nuestras políticas e intenta mejorar esas políticas para que coincidan con nuestros valores.
Autora: Azahara Palomeque
Es escritora, periodista y poeta. Exiliada de la crisis, ha vivido en Lisboa, São Paulo, y Austin, TX. Es doctora en Estudios Culturales por la Universidad de Princeton. Para Ctxt, disecciona la actualidad yanqui desde Philadelphia. Su voz es la del desarraigo y la protesta.
CÁRTEL DE SINALOA HABRÍA PAGADO SOBORNOS A VARIOS PRESIDENTES
En
su libro, “El Traidor, el diario secreto del hijo de Mayo”,
estructurado por documentos y testimonio del abogado de uno de los
líderes del Cártel de Sinaloa, la periodista mexicana Anabel Hernández
revela que esta organización criminal supuestamente sobornó a tres
exmandatarios de México.Según la comunicadora, los exjefes de Estado sobornados son: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Cabe recordar que durante el juicio del exfuncionario hondureño “Tony” Hernández, salió a la luz pública que este cártel de droga, tambien habría financiado la carrera electoral del actual gobernante Juan Hernández.
Agencias / EL LIBERTADOR.
México. La
periodista mexicana Anabel Hernández (foto), ha revelado en su nuevo
libro: “El Traidor, el diario secreto del hijo de Mayo”, basado en una
entrevista con el abogado de Vicente Zambada Niebla “Vicentillo” y
varios documentos, que Ismael “Mayo” Zambada siempre fue el “verdadero
líder del Cártel de Sinaloa”; y además, que está organización criminal
supuestamente pagó sobornos a los exmandatarios: Vicente Fox, Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto.
Vicentillo
es hoy el principal testigo en el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán,
quien se abanderó el liderazgo del Cártel de Sinaloa y, según cuenta
Hernández, el libro fue preparado con varios documentos que en 2011 se
le hicieron llegar a través del abogado Fernando Gaxiola.
En
ese contexto, Gaxiola compartió detalles sobre cómo funcionaba el
Cártel de Sinaloa, la presunta colaboración de narcos con la DEA y altos
funcionarios del Gobierno mexicano e incluso el supuesto pago de
sobornos millonarios a los tres expresidentes mencionados.
En
México analizan que los datos revelados por Hernández, galardonada por
Deutsche Welle (DW) en mayo pasado, podría ocasionar una “implosión” en
el Cártel de Sinaloa, catalogado como el principal distribuidor de
cocaína a nivel mundial.
Cabe
mencionar que en el juicio de Antonio “Tony” Hernández, hermano del
actual gobernante del país, el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander
Ardón alias “Chande”, reveló que esta organización criminal, a través
del Chapo Guzmán tuvo presencia en Honduras.
Según
el testimonio de “Chande”, el Chapo le presionó tras conocerse la
captura de los hermanos Valle Valle, alegando que ya se había pagado un
soborno de un millón de dólares para protegerlos. Además, dijo que
“Tony” le mencionó al narco mexicano que si su hermano Juan Hernández
ganaba las elecciones, “se le podía proporcionar seguridad para los
envíos de cocaína”.
Esta
vinculación relució en la primera audiencia de “Tony”, cuando la
información fue brindada por el fiscal jason Richman. Según la
investigación el Chapo sostuvo varias reuniones en Honduras, la primera
en 2013 donde “Tony” le prometió seguridad para traficar cocaína, y en
una reunión posterior en casa de “Chande”, el mexicano entregó el millón
de dólares que irían para la campaña de Juan Hernández.
El
gobernante hondureño, tras esa vinculación, alegó que se trataba de
información falsa y que cada testimonio usado en el juicio de su hermano
respondía a una “venganza” de los narcos extraditados. Finalmente,
“Tony” fue declarado culpable de los cuatro delitos vinculantes al
narcotráfico el pasado 18 de octubre.Cinco grupos se declararon intelectuales del asesinato de mi esposo: Viuda Landaverde
- Sábado, 07 Diciembre 2019 15:41 - PROCESO DIGITAL
Autor del artículo:
Proceso Digital
Tegucigalpa
- La esposa y viuda de Alfredo Landaverde, Hilda Caldera, manifestó que
cinco grupos se declararon como asesinos intelectuales del
excoordinador de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
“Hay
una persona que es el autor material que está procesado, sin embargo,
hay cinco grupos de personas que se declaran intelectuales”, declaró
Caldera al canal HCH, este sábado que se cumplen ocho años del crimen.
Mencionó
que uno de estos grupos es la Policía basándose en una publicación del
diario estadounidense The New York Times y los personajes que fueron
nombrados en el juicio al exlegislador Antonio “Tony” Hernández.
Hizo
un llamado al Ministerio Público para que asista a la Corte del
Distrito Sur de Nueva York a recoger las pruebas, testimonios y
evidencias de los asesinatos de su esposo y de 90 personas.
En su caso, Caldera señaló que solo queda recordarlo, pedir justicia a Dios y honrar su lucha por Honduras.
“Mi esposo amó a su patria y ahora es el momento que nosotros lo hagamos por él”, indicó.
Recordó
que Alfredo Landaverde luchó solo contra el narcotráfico, pero que ocho
años después, un país entero clama justicia por las víctimas.
Alfredo Landaverde murió acribillado un 7 de diciembre de 2011 en la colonia 21 de octubre en la ciudad de Tegucigalpa.
El 98% del trabajo doméstico es ejercido por mujeres migrantes e indígenas
- 05/12/2019
Las estadísticas se dieron a conocer en el “II Encuentro Regional de Trabajadoras Domésticas Remuneradas”, realizado en Tegucigalpa, al cual asistieron trabajadoras del hogar de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Según datos que dieron paso al análisis de realidad de las trabajadoras domésticas en la región Centroamericana, actualmente los ingresos de las trabajadoras domésticas son iguales o inferiores al 50% promedio de todas las personas ocupadas.
En el caso de Honduras, la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán precisó que el salario promedio para este sector es de 3 mil 277 lempiras, 133 dólares, mensuales que no equivalen ni a la mitad del salario mínimo estipulado por el Código del Trabajo.
Asimismo, se indicó que el 98% del trabajo doméstico es ejercido por mujeres pobres, migrantes e indígenas, realidad que refleja que “la explotación de los cuerpos de las mujeres continúa a favor de una lógica capitalista, neoliberal y machista que se puede constatar en la expulsión de sus territorios y viéndose en la obligación de migrar a países como España, México y Estados Unidos”.
La anterior realidad de las trabajadoras domésticas da paso a la Cadena Global de los Cuidados, es decir que “una mujer que se inserta en el mercado laboral y contrata a una trabajadora doméstica para que asuma las labores domésticas de su familia, y la trabajadora a su vez delega en otra mujer la tarea reproductiva de su propio núcleo familiar”.
Organización
En el encuentro regional, se señaló que el trabajo doméstico, al ser una ocupación asociada con las tareas que histórica y culturalmente se han asignado a las mujeres, se invisibiliza como trabajo y como aporte a las economías de las familias y a las economías de los países.Tras comentar que la situación en su país es similar a la de Honduras, Susana Vásquez, de la Asociación de Trabajadoras de la Maquila, Hogar y Similares de Guatemala (ATRAHDOM), manifiesta que: “las mujeres, yo lo he dicho, no somos vulnerables, vulnerables nos hace este sistema machista, misógino, y que, por lo tanto, nosotras como trabajadoras domésticas tenemos que estar organizadas discutiendo nuestra demanda, para poder lograr mínimamente la justicia laboral”.
Flérida Guzmán, feminista e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México (FLACSO-México), apunta que la marginalización de las trabajadoras domésticas se da en términos de su ubicación espacial en el trabajo, de su doble jornada en la casa y en el empleo remunerado, pero también en términos de sus salarios, “es un empleo catalogado como informal y precario, entonces se hace una doble marginación, en términos de su participación y en términos de sus condiciones laborales”.
Por su parte, Glenda Aguilar, integrante de la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán, expresa que las realidades son similares, tanto en El Salvador, en Honduras como en Guatemala, pues no hay condiciones de derechos laborales para las trabajadoras domésticas y del hogar, entonces “nosotras nos hemos visto en la necesidad de hacer una alianza a nivel de región para que se escuchen nuestras voces”.
En ese sentido, Flérida Guzmán comenta que la visibilización se logra a través de la conformación de alianzas: “yo diría de hasta coaliciones promotoras de sus propios intereses que es la demanda de los derechos laborales y humanos”.
Según la Red de Trabajadoras Domésticas de Francisco Morazán, en Honduras el 40.2% de mujeres que laboran en ese sector lo hacen bajo un horario mixto, días y fines de semana, a puerta cerrada, lo que indica que no gozan de días libres o permisos para visitar a sus familiares, ya que muchas cohabitan en la casa de sus empleadores.
Tocoa: lucha contra modelo que explota, desplaza y criminaliza
- 06/12/2019
Más de 6 solicitudes escritas y una cumbre por el agua que reunió a más de 5 mil personas en el municipio el pasado 20 de enero de 2019, obligaron a las autoridades municipales a convocar a un cabildo abierto para hacer la declaratoria.
El cabildo se realizó el 29 de noviembre, bajo la demanda “Fuera Minas”, “Tocoa libre de minería”, “Fuera Adán”, haciendo referencia al actual alcalde municipal Adán Fúnez, denunciado por supuestos vínculos con la empresa Minera “Inversiones Los Pinares”.
Las comunidades de Tocoa que se oponen públicamente a la explotación minera, acusan al alcalde de tener fuertes intereses económicos en las concesiones ASP 01 y ASP 02, así como en la fábrica peletizadora Ecotek, que construye el empresario minero Lenir Pérez en el Sector de Ceibita, para procesar la piedra con hierro que extraerá de la montaña.
Inversiones Los Pinares ha publicitado que esa fábrica será la más grande de Centroamérica en la producción de hierro. El terreno donde se construye la fábrica pertenecía a la cooperativa de Guapinol, quien vendió cada manzana de tierra a 2 millones de lempiras, evidenciando el poder adquisitivo del empresario.
“Desde la municipalidad se renuevan los permisos de operación”, a pesar que las comunidades han exigido al alcalde no otorgarlos más, porque se está violentando el legítimo derecho al agua y la libertad de la gente que vive en Guapinol y Ceibita, dice Esly Banegas afirmando que, son millones de lempiras los que están en juego con esa concesión, por ende, las autoridades municipales y del gobierno central han dejado clara su postura a favor de la empresa, a pesar que se está pasando por encima de la dignidad y vida de la gente.
La concesión minera en la montaña Carlos Escaleras se dio en 2013, cuando era presidente del Congreso Nacional Juan Orlando Hernández, actual gobernante inconstitucional de Honduras. Previo a la concesión, ese congreso aprobó la reducción de la zona núcleo del parque en 217 hectáreas, las que fueron entregadas en concesión a Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé propietarios de Inversiones Los Pinares.
En Tocoa desde el 2012 reina la incertidumbre por las amenazas de explotación minera. En ese año las comunidades de la Abisinia comenzaron a organizarse ante los rumores que tomaron fuerza con la visita de algunos empresarios mineros en la zona y de políticos del Partido Nacional.
Pero fue hasta 2016, cuando se publicó la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras, a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) “, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) en coordinación con el Colegio para la Salud Pública y la Justicia Social de la Universidad de Saint Louis Missouri, que las comunidades se informaron sobre la cantidad de concesiones mineras que el Estado ha otorgado en el departamento de Colón.
El estudio refleja que hasta 2016, solo en departamento de Colón existen 28 concesiones mineras en etapa de exploración, 25 en solicitud y 7 en operación. Siendo el municipio de Tocoa el más afectado con un total de 34 concesiones para la explotación minera a cielo abierto.
En Honduras los proyectos mineros a cielo abierto como: Entre Mares
en el Valle de Siria, Francisco Morazán y Minosa en Copán, han sido
denunciados por la contaminación ambiental y por el desplazamiento
forzado de comunidades enteras. Además, por los daños severos en la
salud de la gente. También son denunciados los proyectos mineros que se
desarrollan en el Corpus, Choluteca, al sur del país.Retos
En entrevista a Radio Progreso Esly Banegas contó que luego de la declaratoria de “Territorio Libre de Minería”, las comunidades tienen el enorme reto de hacerla efectiva. “Nos enfrentamos a un modelo feroz y a políticos tradicionales que solo buscan su propio beneficio”, apuntó.Adán Fúnez es alcalde por el partido Libertad y Refundación (Libre), catalogado como oposición en el país porque nació luego de las protestas del Golpe de Estado de 2009, y es coordinado por Manuel Zelaya Rosales quien fue derrocado de la presidencia ese año.
Para algunos sectores Libre significa la esperanza y transformación de Honduras, para otros, es un partido acaparado por políticos tradicionales que emigraron del bipartidismo para aprovecharse de la indignación ciudadana. A nivel nacional alrededor 30 alcaldías son gobernadas por este partido.
La gente de Tocoa está cansada de escuchar las mentiras de su alcalde, quien se rehusaba a convocar el cabildo abierto bajo el argumento de que podía ir a prisión si declaraba el municipio libre de mineras. “Más de 80 municipios se han declarado libre de extractivismo y no hay ningún alcalde preso por eso”, dice Esly.
Al ser consultado por Radio Progreso, Adán Fúnez, lejos de asumir su responsabilidad en el conflicto socio ambiental que ha generado la criminalización de más de 30 personas, 8 de ellas en prisión y más de 5 personas asesinadas, se defiende señalando que el Comité Municipal Ambiental se ha beneficiado de la lucha al recibir un millón 300 mil euros a través de la Fundación San Alonso Rodríguez, organización que impulsa un proyecto de vivienda y desarrollo alternativo sostenible y además formación en derechos humanos y bienes naturales.
Para Esly esas declaraciones son irresponsables y se suman a la campaña de desprestigio contra los ambientalistas que impulsa Inversiones Los Pinares a través de redes sociales y medios de comunicación nacional y local. También demuestran que a las autoridades no les importa que 8 personas estén privadas de libertad injustamente en la cárcel de Olanchito, Yoro y La Ceiba en Atlántida señaló la lideresa social.
La corporación municipal de Tocoa, tiene como fecha máxima hasta el 15 de diciembre, para entregar a la ciudadanía la certificación del cabildo abierto, donde se declaró al municipio libre de mineras. “Toca presionar para que esa declaratoria sea una realidad”, dice Esly a pesar de la incertidumbre y el ambiente de amenazas que existen, porque no confían en el alcalde y sus regidores, y porque temen a las represalias que puedan venir de la empresa y las fuerzas de seguridad del Estado de Honduras.
El río Cuyamel, piratas de las térmicas y el derecho a la Consulta Previa
El pasado 3 de noviembre la Fiscalía de las Etnias emitió un
requerimiento fiscal en relación a la hidroeléctrica La Ensenada, la que
familias de los herederos de Marcelino Ponce pretendieron construir
desde hace muchos años en río Cuyamel, de la comunidad Garífuna de
Sambo Creek.
La fiscalía tardó nueve años en emitir el requerimiento fiscal contra el exviceministro de la otrora denominada Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), el Sr. Norman Gilberto Ochoa Henríquez, quien emitió en un lapso de 40 días la licencia ambiental para el proyecto, sin haber efectuado una consulta previa con la comunidad de Sambo Creek.
Los hechos ocurrieron entre diciembre 2000 a finales de enero del 2019, cuando en el régimen de Micheleti, se inició la privatización de las cuencas hidrográficas del país, que pasaron a manos de familias ligadas a los promotores del golpe de estado de 2009.
La parsimonia del Ministerio Público en cuanto a los procesos relacionados con la violación a la consulta previa, forma parte de la estrategia de despojo que se viene dando en Honduras en contra de los pueblos indígenas que ocupamos las zonas de mayor biodiversidad del país. El estado de Honduras desde la ratificación del convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales, ha violado reiteradamente la aplicación de la consulta previa – uno de los pilares de los derechos colectivos que poseemos los pueblos indígenas- convirtiendo la consulta un simple método de socialización.
La manipulación de la consulta previa ha sido demostrada una vez más, con el proceso impulsado por el PNUD y DINAFROH, los que encaminaron la elaboración de una anteproyecto de Ley, que desdeñó el trabajo realizado por las organizaciones indígenas, incluso del mismo Estado, para adoptar una versión que es una caricatura de la cuestionada Ley de Consulta del Perú.
El desconocimiento de la obtención del consentimiento, en la versión de ley PNUD demuestra que al Estado, solo le interesa beneficiar los proyectos extractivos y el ecocidio que se ha establecido como la norma en Honduras amparado bajo la visión de un modelo de desarrollo obsoleto que hoy por hoy se ha convertido en origen de la crisis Climática que enfrenta el planeta.
La represa hidroeléctrica de La Ensenada si bien no fue construida, el proceso de subasta de la cuenca del Río Cuyamel continuó su curso, variando el objetivo. La hidroeléctrica pasó a convertirse en una termoeléctrica de 70 megavatios a base de búnker C, la que fue instalada sin contar con licencia ambiental, entre dos áreas protegidas.
MIAMBIENTE – nombre con el cual se conoce al ministerio que previamente se llamaba SERNA, finiquito las licencias ambientales convirtiéndolas en “Permisos Operativos”, a través del acuerdo presidencial 008-2015, el que dio lugar a una maquila de permisos operativos y licencias ambientales, desconociendo las posibles consecuencias de la destrucción de las áreas protegidas.
La ausencia en Honduras de auditorías ambientales por parte del Estado, y la siniestra maquila de licencias, ha generado resultados desastrosos para el medio ambiente y las comunidades que las protegen, quienes son procesadas, perseguidas y hasta asesinadas.
En el caso de la termoeléctrica de la empresa Laeiz, construida en La Ensenada es un típico ejemplo de la situación de país. Honduras en las últimas décadas se ha convertido en un rehén de la mafia de las térmicas, los que desde 1994 han utilizado la escasez de producción hidroeléctrica para imponer contratos y precios, manteniendo un mercado cautivo con la venia de políticos que se han lucrado de forma fraudulenta.
Es inaudito que buena parte de la costa norte de Honduras y el valle del Aguán no se encuentren interconectados al Valle de Sula y el resto de Centroamérica a través del SIEPAC, teniendo como resultado la extorison practicado por los empresarios térmicos que con el costo de kwh, estrangulan la economía del país.
En Honduras el derecho a la Consulta Previa se ha tergiversado de forma sistemática e ignorado a los pueblos indígenas ignorados en las toma de decisiones en relación a proyectos o leyes que afectan nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas. desde la consulta de Ley de Propiedad en San Juan Tela (2003) la cual el Estado asegura no se efectuó; hasta la entrega de la plataforma marítima de la Moskitia, en la cual se dio una farsa de consulta realizada de forma posterior a la firma del contrato con la petrolera BG, sentando el precedente de consultas a priori, diluyendo de esta forma el Convenio 169 de la OIT.
La fiscalía tardó nueve años en emitir el requerimiento fiscal contra el exviceministro de la otrora denominada Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), el Sr. Norman Gilberto Ochoa Henríquez, quien emitió en un lapso de 40 días la licencia ambiental para el proyecto, sin haber efectuado una consulta previa con la comunidad de Sambo Creek.
Los hechos ocurrieron entre diciembre 2000 a finales de enero del 2019, cuando en el régimen de Micheleti, se inició la privatización de las cuencas hidrográficas del país, que pasaron a manos de familias ligadas a los promotores del golpe de estado de 2009.
La parsimonia del Ministerio Público en cuanto a los procesos relacionados con la violación a la consulta previa, forma parte de la estrategia de despojo que se viene dando en Honduras en contra de los pueblos indígenas que ocupamos las zonas de mayor biodiversidad del país. El estado de Honduras desde la ratificación del convenio 169 de la OIT para pueblos indígenas y tribales, ha violado reiteradamente la aplicación de la consulta previa – uno de los pilares de los derechos colectivos que poseemos los pueblos indígenas- convirtiendo la consulta un simple método de socialización.
La manipulación de la consulta previa ha sido demostrada una vez más, con el proceso impulsado por el PNUD y DINAFROH, los que encaminaron la elaboración de una anteproyecto de Ley, que desdeñó el trabajo realizado por las organizaciones indígenas, incluso del mismo Estado, para adoptar una versión que es una caricatura de la cuestionada Ley de Consulta del Perú.
El desconocimiento de la obtención del consentimiento, en la versión de ley PNUD demuestra que al Estado, solo le interesa beneficiar los proyectos extractivos y el ecocidio que se ha establecido como la norma en Honduras amparado bajo la visión de un modelo de desarrollo obsoleto que hoy por hoy se ha convertido en origen de la crisis Climática que enfrenta el planeta.
La represa hidroeléctrica de La Ensenada si bien no fue construida, el proceso de subasta de la cuenca del Río Cuyamel continuó su curso, variando el objetivo. La hidroeléctrica pasó a convertirse en una termoeléctrica de 70 megavatios a base de búnker C, la que fue instalada sin contar con licencia ambiental, entre dos áreas protegidas.
MIAMBIENTE – nombre con el cual se conoce al ministerio que previamente se llamaba SERNA, finiquito las licencias ambientales convirtiéndolas en “Permisos Operativos”, a través del acuerdo presidencial 008-2015, el que dio lugar a una maquila de permisos operativos y licencias ambientales, desconociendo las posibles consecuencias de la destrucción de las áreas protegidas.
La ausencia en Honduras de auditorías ambientales por parte del Estado, y la siniestra maquila de licencias, ha generado resultados desastrosos para el medio ambiente y las comunidades que las protegen, quienes son procesadas, perseguidas y hasta asesinadas.
En el caso de la termoeléctrica de la empresa Laeiz, construida en La Ensenada es un típico ejemplo de la situación de país. Honduras en las últimas décadas se ha convertido en un rehén de la mafia de las térmicas, los que desde 1994 han utilizado la escasez de producción hidroeléctrica para imponer contratos y precios, manteniendo un mercado cautivo con la venia de políticos que se han lucrado de forma fraudulenta.
Es inaudito que buena parte de la costa norte de Honduras y el valle del Aguán no se encuentren interconectados al Valle de Sula y el resto de Centroamérica a través del SIEPAC, teniendo como resultado la extorison practicado por los empresarios térmicos que con el costo de kwh, estrangulan la economía del país.
En Honduras el derecho a la Consulta Previa se ha tergiversado de forma sistemática e ignorado a los pueblos indígenas ignorados en las toma de decisiones en relación a proyectos o leyes que afectan nuestra sobrevivencia como culturas diferenciadas. desde la consulta de Ley de Propiedad en San Juan Tela (2003) la cual el Estado asegura no se efectuó; hasta la entrega de la plataforma marítima de la Moskitia, en la cual se dio una farsa de consulta realizada de forma posterior a la firma del contrato con la petrolera BG, sentando el precedente de consultas a priori, diluyendo de esta forma el Convenio 169 de la OIT.
EMPRESARIOS RECLAMAN ILEGAL CONCESIÓN DE TONCONTÍN Y PALMEROLA
- Publicado: 07 Diciembre 2019
El
Congreso Nacional decidió el pasado jueves que el aeropuerto
internacional de Toncontín de la capital hondureña será dirigido por la
sociedad mercantil Emco, sin la licitación correspondiente. Esta empresa
además tendrá una ampliación de cinco años en el contrato del aeródromo
Palmerola, términos que han sido criticados por la empresa privada que
exige se cumplan los contratos “de buena fe”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En la sesión legislativa el pasado jueves, el Congreso Nacional (CN)
aprobó traspasar la concesión del Aeropuerto Internacional de Toncontín a
la empresa Emco S.A. de C.V, sociedad mercantil que también está a
cargo de la construcción y administración del aeródromo Palmerola y cuyo
contrato será válido durante los próximos 35 años ya que el parlamento
también dio visto bueno para extender el plazo con cinco años más.
La
decisión del legislativo llegó sin una licitación, como demanda la ley
siendo este el punto que más se ha cuestionado a los diputados del
gobernante Partido Nacional. Y es que el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada (Cohep) ha lamentado que las leyes y contratos no se están
cumpliendo de “buena fe”.
El
presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy ha dicho: “Si estas acciones
se hicieron sin el sustento legal correspondiente, el mensaje que se
manda es negativo ya que uno de los retos más grandes es promover la
transparencia”.
La
concesión de Toncontín y los aeropuertos de La Ceiba, San Pedro Sula y
Roatán, está en poder de la empresa Aeropuertos de Honduras, que
pertenece al Grupo Terra y cuyo contrato se vence en septiembre de 2020,
lo que significa que Emco operará a partir de octubre.
Según
ha trascendido, los diputados modificaron varios términos del contrato
de concesión posibilitando a Emco las operaciones aéreas nacionales e
internacionales de la terminal capitalina sin haber entrado en operación
Palmerola, que sigue en construcción.
Los
congresistas también extendieron la concesión de Palmerola de 30 a 35
años mediante un añadido al contrato original, porque la empresa
solicitó una extensión tomando en cuenta de la ganancia que dejará de
percibir porque el aeródromo de Comayagua, donde también funciona una
base militar de Estados Unidos, apenas empieza a tomar forma.
Las
bancadas de oposición en el Congreso denunciaron que esta medida se
aprobó sólo para favorecer económicamente al grupo económico que está
ligado a la empresa Alutech. Y es que cabe mencionar que al momento de
la licitación de Palmerola, se acordó que la empresa invertiría 87.1
millones de dólares.
Sin
embargo, Honduras a través del Programa de Conversion de deuda frente a
España contribuiría con 53.2 millones de dólares, a estos se suman los
22.8 millones de dólares de la Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos (Insep) y, por si fuera poco, en mayo pasado el Congreso
aprobó añadir 46.2 millones de dólares.
En
total, Honduras aportará 122.2 millones de dólares, más de 3,000
millones de lempiras, lo que significa una inversión de más de 35.1
millones de dólares más que el operador.
¿Consolidación democrática en Honduras en el capitalismo tardío?
diciembre 5, 2019
Redaccion
Josué Sabillón, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Tegucigalpa. –El
símbolo de la modernidad en Centroamérica es el de la sociedad
democrática, la cual al haber sido instaurada por las élites económicas y
militares ha tenido un recorrido lleno de piedras. Hablar de la
consolidación de la democracia procedimental en Honduras en apenas 38
años de práctica, se vuelve complejo, porque es hablar acerca de avances
y enormes retrocesos, en ese sentido diría Samuel P. Huntington, la
democracia resuelve el problema de la tiranía, pero no toda la
problemática de un país, y a la cual nos insertamos hasta en la tercera
ola democrática. La democracia teóricamente es definida como la
participación que tiene la ciudadanía de elegir periódicamente a quienes
controlaran el Estado, dicha elección se hace a través de una
institución que garantiza el proceso, y por medio de los partidos
políticos y un sistema de partidos.
En los años posteriores, se tuvieron seis presidentes elegidos democráticamente, todo parecía ir bien, pero cuando asumió la presidencia el Sr. Manuel Zelaya Rosales, tuvo pequeños acercamientos con Venezuela y Cuba, lo que no es bien visto para el actual modelo de acumulación y culminó en un golpe militar en el 2009, el cual tuvo el visto bueno de los EE. UU. y la élite político-económica, y se le llamó en algunos círculos académicos y diplomáticos, sucesión presidencial.
Posterior al golpe de Estado, se asiste a una crisis de legitimidad, al igual que en el resto de América Latina. Los hondureños, en su mayoría, no confían en sus gobernantes, tampoco en la institucionalidad, y el problema se agrava por la corrupción generalizada al grado que se ha recurrido a la intervención de la OEA con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual tiene un futuro incierto por amenazar la institucionalidad del país, según sus oponentes, aunque puede tener otros trasfondos. La preocupación real debe ser que se está esperando que sean organismos internacionales quienes vengan a poner orden al país; por la misma crisis de legitimidad, se ha colocado a los EE. UU. (en estos últimos años más que antes) como el juez que, si imparte justicia, luego del apresamiento del hermano del actual presidente y la histeria o alegría colectiva parece llenar a la sociedad hondureña. La democracia, en teoría, es además el método para resolver el problema de quien ostentará el poder, al menos procedimentalmente hablando, el problema del caso hondureño es como el del caso de Perú con el expresidente Fujimori, que se están utilizando procedimientos legales que parecen democráticos, pero que violan el espíritu mismo de la democracia, tal como mencionan Steven Levitsky y Daniel Zibaltt en su libro Cómo mueren las democracias. Es con mecanismos legales o vacíos en los mismos que sucede lo anterior, además de la apatía de muchos “guardianes” de la democracia, como ser el sistema de partidos que debería detectar demagogos antes de participar en cargos de elección popular y así evitar que lleguen al poder los tíranos, refiriéndose los anteriores autores, al caso del presidente Trump.
En el caso hondureño, aunque los militares en papel entregaron el poder en 1981, su presencia no ha dejado la palestra pública del todo, de hecho, en el actual gobierno están ocupando cargos en oficinas públicas de gran envergadura y el presidente hondureño alega que son personas con gran trayectoria académica y que es un desperdicio de recursos no ocuparlos en dichos puestos. Lo anterior fue una advertencia de Huntington para las recientes democracias de América Latina, los líderes del Ejecutivo que desean perpetuarse en el poder y la presencia de los militares en todos los espacios del poder, tal es el caso que en la actualidad el Ejecutivo ha asignado una partida de recursos para que los militares “ayuden” al problema del agro, existiendo ya instancias respectivas para dicho propósito.
Ahora bien, hablar de democracia en el capitalismo tardío en Honduras se vuelve un tema con muchos claroscuros, primero, se debe tener en cuenta el discurso del sub-desarrollo impuesto luego que el presidente Harry Truman dijera en 1949 que los países de América Latina son sub-desarrollados por no tener valores, costumbres y creencias de los llamados países desarrollados, en esa lógica nos reconocimos como sub-desarrollados y adquirimos las recomendaciones de la llamada teoría de la modernización, que lo que ha provocado son residuales estructurales convertidos en una especie de heterogeneidad estructural aunado al hecho de contar con importantes cifras de ruralidad que no es uno de los requisitos para la llamada democracia ni para el capitalismo tardío planteado por Habermas, que ejecuta formas de acumulación avanzada en los países del centro.
En Honduras, no se puede hablar siquiera de un capitalismo liberal, el cual en la actualidad ha tenido serias críticas luego de la crisis económica de 2008 en EE. UU. donde el gobierno de Obama tuvo que intervenir con millonarias sumas de dinero para que el efecto derrumbe no se siguiera produciendo, quedando así en ridículo la premisa del modelo neoliberal en cuanto a que el Estado debe ser fuerte pero mínimo. En nuestro país podemos hablar de un capitalismo de competencia donde la mayor concentración de trabajadores se focaliza en la llamada economía informal, y las intervenciones del Estado en las empresas privadas vienen acompañadas por importantes concesiones históricas, primeramente a las bananeras y a las mineras, y en la actualidad con el no cobro de varios impuestos, así como las prebendas para el capital extranjero con el afán de atraerlos, también con la inversión en infraestructura, sobre todo vial, y una desesperada medida entreguista a través de las llamadas ZEDEs, o ciudades modelos, en la que se pretende dividir el país en zonas de desarrollo para una nueva especie de enclave.
Existe por lo tanto una prevalencia del capitalismo de competencia con una incipiente industria de uso intensivo del trabajo y con obreros no organizados en la que se reporta un 73.2% de precariedad laboral en el sector formal en hombres, y un 70.5% entre las mujeres en edades oscilantes entre los 31 a 50 años, en los que además el poder adquisitivo de la población es bajo. Según la CEPAL, para el año 2018 la pobreza total en Honduras es de 55.8%, y la pobreza extrema 19.4%, cabe mencionar que las cifras anteriores han recibido cuestionamientos por la metodología empleada ya que se pretende estandarizar una canasta básica para toda América Latina, y al aplicarse de esa forma, los porcentajes en Honduras obtienen una reducción significativa, pero aún con dicha fórmula son porcentajes muy altos de pobreza.
Con todo lo anterior, aunado al hecho de que la democracia representativa requiere para su buen funcionamiento no sólo una población urbanizada, sino con altos niveles educativos (nuestros años de escolaridad rondan los 7.4 años), conectados a las redes de información (casi el 70% según la EPH 2017 no tienen acceso a internet) y otros requisitos, en Honduras se vuelve un reto mantener la democracia, además de los múltiples asaltos a los que es sometida. Entonces es de preguntarse ¿Por qué seguir apuntando por una democracia representativa? Bueno, habrá que pensar en el hecho que aunque en los últimos años se está fomentando el sentimiento de nacionalismo, así como la centralización ejercida por los gobernantes de América Latina, seguimos inmersos en el sistema-mundo que es el capitalismo, y a éste le conviene una democracia representativa y no los focos revolucionarios que puedan surgir producto de la mala praxis de la misma, se debe revisar también aspectos religiosos arraigados en la población latinoamericana y el peligroso ascenso de los evangélicos en alianza con los católicos aspirando a puestos de toma de decisiones, pero la cuestión va más allá, no se trata sólo de hablar de un cambio de régimen o ideología, ya que en cualquier sistema económico activo, la democracia, que más parece la democracia burguesa porque surge en el seno del capitalismo, también se práctica en proyectos socialistas, entonces, el reto consiste en combatir las malas praxis democráticas con más democracia.
Artículo Relacionado: Una aproximación al capitalismo en Honduras
Para efectos de este artículo no se usará el término democracia real, que son básicamente aquellas prácticas que se dan ya en la realidad social de un determinado país, sino más bien de ejercicios democráticos para el caso hondureño, que luego de un largo periodo de triunvirato militar, en el año de 1981, se celebró una Asamblea Nacional Constituyente, que dio como primer presidente al Sr. Roberto Suazo Córdoba, quien con gran presencia militar y con prestación del territorio a la ocupación contrarrevolucionaria sandinista dirigida por los Estados Unidos, no se vio si quiera en la necesidad de devaluar la moneda como lo exigía la primera fase del nuevo modelo económico en curso, el neoliberalismo, ya que la financiación de dicho ejercito permitía gran flujo del dólar en el país. El mismo presidente, luego de su mandato, intentó modificar la Constitución para quedarse un nuevo periodo de gobierno, pero la influencia norteamericana no se lo permitió, porque el neoliberalismo necesita un espejismo de democracia para poder instaurarse.En los años posteriores, se tuvieron seis presidentes elegidos democráticamente, todo parecía ir bien, pero cuando asumió la presidencia el Sr. Manuel Zelaya Rosales, tuvo pequeños acercamientos con Venezuela y Cuba, lo que no es bien visto para el actual modelo de acumulación y culminó en un golpe militar en el 2009, el cual tuvo el visto bueno de los EE. UU. y la élite político-económica, y se le llamó en algunos círculos académicos y diplomáticos, sucesión presidencial.
Posterior al golpe de Estado, se asiste a una crisis de legitimidad, al igual que en el resto de América Latina. Los hondureños, en su mayoría, no confían en sus gobernantes, tampoco en la institucionalidad, y el problema se agrava por la corrupción generalizada al grado que se ha recurrido a la intervención de la OEA con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual tiene un futuro incierto por amenazar la institucionalidad del país, según sus oponentes, aunque puede tener otros trasfondos. La preocupación real debe ser que se está esperando que sean organismos internacionales quienes vengan a poner orden al país; por la misma crisis de legitimidad, se ha colocado a los EE. UU. (en estos últimos años más que antes) como el juez que, si imparte justicia, luego del apresamiento del hermano del actual presidente y la histeria o alegría colectiva parece llenar a la sociedad hondureña. La democracia, en teoría, es además el método para resolver el problema de quien ostentará el poder, al menos procedimentalmente hablando, el problema del caso hondureño es como el del caso de Perú con el expresidente Fujimori, que se están utilizando procedimientos legales que parecen democráticos, pero que violan el espíritu mismo de la democracia, tal como mencionan Steven Levitsky y Daniel Zibaltt en su libro Cómo mueren las democracias. Es con mecanismos legales o vacíos en los mismos que sucede lo anterior, además de la apatía de muchos “guardianes” de la democracia, como ser el sistema de partidos que debería detectar demagogos antes de participar en cargos de elección popular y así evitar que lleguen al poder los tíranos, refiriéndose los anteriores autores, al caso del presidente Trump.
En el caso hondureño, aunque los militares en papel entregaron el poder en 1981, su presencia no ha dejado la palestra pública del todo, de hecho, en el actual gobierno están ocupando cargos en oficinas públicas de gran envergadura y el presidente hondureño alega que son personas con gran trayectoria académica y que es un desperdicio de recursos no ocuparlos en dichos puestos. Lo anterior fue una advertencia de Huntington para las recientes democracias de América Latina, los líderes del Ejecutivo que desean perpetuarse en el poder y la presencia de los militares en todos los espacios del poder, tal es el caso que en la actualidad el Ejecutivo ha asignado una partida de recursos para que los militares “ayuden” al problema del agro, existiendo ya instancias respectivas para dicho propósito.
Ahora bien, hablar de democracia en el capitalismo tardío en Honduras se vuelve un tema con muchos claroscuros, primero, se debe tener en cuenta el discurso del sub-desarrollo impuesto luego que el presidente Harry Truman dijera en 1949 que los países de América Latina son sub-desarrollados por no tener valores, costumbres y creencias de los llamados países desarrollados, en esa lógica nos reconocimos como sub-desarrollados y adquirimos las recomendaciones de la llamada teoría de la modernización, que lo que ha provocado son residuales estructurales convertidos en una especie de heterogeneidad estructural aunado al hecho de contar con importantes cifras de ruralidad que no es uno de los requisitos para la llamada democracia ni para el capitalismo tardío planteado por Habermas, que ejecuta formas de acumulación avanzada en los países del centro.
En Honduras, no se puede hablar siquiera de un capitalismo liberal, el cual en la actualidad ha tenido serias críticas luego de la crisis económica de 2008 en EE. UU. donde el gobierno de Obama tuvo que intervenir con millonarias sumas de dinero para que el efecto derrumbe no se siguiera produciendo, quedando así en ridículo la premisa del modelo neoliberal en cuanto a que el Estado debe ser fuerte pero mínimo. En nuestro país podemos hablar de un capitalismo de competencia donde la mayor concentración de trabajadores se focaliza en la llamada economía informal, y las intervenciones del Estado en las empresas privadas vienen acompañadas por importantes concesiones históricas, primeramente a las bananeras y a las mineras, y en la actualidad con el no cobro de varios impuestos, así como las prebendas para el capital extranjero con el afán de atraerlos, también con la inversión en infraestructura, sobre todo vial, y una desesperada medida entreguista a través de las llamadas ZEDEs, o ciudades modelos, en la que se pretende dividir el país en zonas de desarrollo para una nueva especie de enclave.
Existe por lo tanto una prevalencia del capitalismo de competencia con una incipiente industria de uso intensivo del trabajo y con obreros no organizados en la que se reporta un 73.2% de precariedad laboral en el sector formal en hombres, y un 70.5% entre las mujeres en edades oscilantes entre los 31 a 50 años, en los que además el poder adquisitivo de la población es bajo. Según la CEPAL, para el año 2018 la pobreza total en Honduras es de 55.8%, y la pobreza extrema 19.4%, cabe mencionar que las cifras anteriores han recibido cuestionamientos por la metodología empleada ya que se pretende estandarizar una canasta básica para toda América Latina, y al aplicarse de esa forma, los porcentajes en Honduras obtienen una reducción significativa, pero aún con dicha fórmula son porcentajes muy altos de pobreza.
Con todo lo anterior, aunado al hecho de que la democracia representativa requiere para su buen funcionamiento no sólo una población urbanizada, sino con altos niveles educativos (nuestros años de escolaridad rondan los 7.4 años), conectados a las redes de información (casi el 70% según la EPH 2017 no tienen acceso a internet) y otros requisitos, en Honduras se vuelve un reto mantener la democracia, además de los múltiples asaltos a los que es sometida. Entonces es de preguntarse ¿Por qué seguir apuntando por una democracia representativa? Bueno, habrá que pensar en el hecho que aunque en los últimos años se está fomentando el sentimiento de nacionalismo, así como la centralización ejercida por los gobernantes de América Latina, seguimos inmersos en el sistema-mundo que es el capitalismo, y a éste le conviene una democracia representativa y no los focos revolucionarios que puedan surgir producto de la mala praxis de la misma, se debe revisar también aspectos religiosos arraigados en la población latinoamericana y el peligroso ascenso de los evangélicos en alianza con los católicos aspirando a puestos de toma de decisiones, pero la cuestión va más allá, no se trata sólo de hablar de un cambio de régimen o ideología, ya que en cualquier sistema económico activo, la democracia, que más parece la democracia burguesa porque surge en el seno del capitalismo, también se práctica en proyectos socialistas, entonces, el reto consiste en combatir las malas praxis democráticas con más democracia.
México: Los LeBaron y una nueva expedición punitiva
por Miguel Ángel Ferrer
LA HAINE - 01/12/2019
La derecha demanda intervención militar de EEUU
La
derecha mexicana está intentando por todos los medios a su alcance
socavar al gobierno de López Obrador. En ese afán, el conservadurismo ha
recurrido en primer término al ataque mediático que pretende la
satanización del Presidente y de las acciones de la administración
obradorista.
Pero a pesar del gran esfuerzo realizado en ese ámbito, es claro que
el Presidente sigue gozando del más amplio y enfático apoyo popular.
Éste no ha bajado, desde el primer día de diciembre de 2018, del 70 por
ciento.
En sus propósitos subversivos y desestabilizadores, la derecha también ha desarrollado ingentes esfuerzos por crear un movimiento castrense dispuesto a la aventura del golpe de Estado. Sólo que a las primeras muestras públicas de ese esfuerzo organizativo, los altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional salieron al paso de los sediciosos, y éstos no tuvieron más remedio que recular en espera de mejores tiempos para la aventura golpista.
Del fracaso de la satanización mediática y del golpismo en ciernes, el conservadurismo decidió jugar su carta maestra: la demanda de una intervención militar de EEUU en México como la única medida capaz de lograr el derrocamiento de López Obrador.
La fase inicial de este macabro plan corrió a cargo de la tristemente célebre familia LeBarón, la que sin tapujos ni rubores y con todas sus letras solicitó a Donald Trump el envío a territorio mexicano de policías y soldados yanquis so pretexto, en una nueva expedición punitiva, de aprehender a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nueve miembros de esa familia.
Ni tardo ni perezoso, el jefe del imperio dio comienzo a la tarea solicitada. Y empezó por calificar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico. Recuérdese que el combate al narco y al terrorismo es el pretexto perfecto para las aventuras militares de Washington.
La demanda lebaronesca de una invasión militar de México por las fuerzas armadas yanquis generó una enorme repulsa en el pueblo mexicano. Tan amplia y categórica que hasta los más conspicuos miembros y voceros del conservadorismo empezaron a deslindarse de tan criminal y antimexicana demanda.
Digamos que a los impulsores de la solicitud de una intervención militar yanqui para derrocar a López Obrador se les pasó la mano y decidieron rectificar más rápido que aprisa. Porque una cosa es ser calificado de antiobradorista y otra ser señalado como traidor a la patria.
economiaypoliticahoy.
En sus propósitos subversivos y desestabilizadores, la derecha también ha desarrollado ingentes esfuerzos por crear un movimiento castrense dispuesto a la aventura del golpe de Estado. Sólo que a las primeras muestras públicas de ese esfuerzo organizativo, los altos mandos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional salieron al paso de los sediciosos, y éstos no tuvieron más remedio que recular en espera de mejores tiempos para la aventura golpista.
Del fracaso de la satanización mediática y del golpismo en ciernes, el conservadurismo decidió jugar su carta maestra: la demanda de una intervención militar de EEUU en México como la única medida capaz de lograr el derrocamiento de López Obrador.
La fase inicial de este macabro plan corrió a cargo de la tristemente célebre familia LeBarón, la que sin tapujos ni rubores y con todas sus letras solicitó a Donald Trump el envío a territorio mexicano de policías y soldados yanquis so pretexto, en una nueva expedición punitiva, de aprehender a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nueve miembros de esa familia.
Ni tardo ni perezoso, el jefe del imperio dio comienzo a la tarea solicitada. Y empezó por calificar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico. Recuérdese que el combate al narco y al terrorismo es el pretexto perfecto para las aventuras militares de Washington.
La demanda lebaronesca de una invasión militar de México por las fuerzas armadas yanquis generó una enorme repulsa en el pueblo mexicano. Tan amplia y categórica que hasta los más conspicuos miembros y voceros del conservadorismo empezaron a deslindarse de tan criminal y antimexicana demanda.
Digamos que a los impulsores de la solicitud de una intervención militar yanqui para derrocar a López Obrador se les pasó la mano y decidieron rectificar más rápido que aprisa. Porque una cosa es ser calificado de antiobradorista y otra ser señalado como traidor a la patria.
economiaypoliticahoy.
López Obrador responde a Trump sobre designar a narcos como terroristas: "Cooperación sí, intervencionismo no"
Publicado:
27 nov 2019 14:10 GMT - RT
De manera escueta, el mandatario mexicano informó que
será el canciller Marcelo Ebrard quien fije una postura sobre este tema.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el intervencionismo extranjero, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump,
revelase que lleva tres meses trabajando en una iniciativa de ley
para designar a narcotraficantes mexicanos como terroristas, lo que
compromete la soberanía de México.
"En mi caso no quiero polemizar este día, ni mañana. Solo decir: cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos", señaló López Obrador. "No a la confrontación política", agregó.
El mandatario mexicano explicó que no quiere emitir un posicionamiento más amplio debido a que en estos días se celebra el Día de Acción de Gracias en EE.UU. y prefiere no polemizar sobre el tema.
"El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana", dijo el presidente mexicano. "No hay nada qué temer", añadió.
El canciller Marcelo Ebrard informó que ya entabló contacto con el Gobierno estadounidense para abordar el tema.
"Ya en comunicación con el gobierno de EE.UU. Haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y decisiones propias. Saldremos adelante. Les informo avances", señaló en redes.
Horas antes, Ebrard publicó un mensaje en Twitter en el que expresó: "México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a EE.UU. así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia trasnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación".
En una entrevista con Bill O'Reilly, expresentador de Fox News, el mandatario estadounidense indicó que lleva trabajando "los últimos 90 días" en el proceso de denominar terrorista a una entidad, proceso que —dijo— "no es tan fácil". "Tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso", aseveró Trump.
"Mire, estamos perdiendo 100.000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que viene a través de México", agregó el presidente, refiriéndose a las muertes relacionadas con el tráfico de drogas.
En conformidad con las leyes estadounidenses, una vez que un grupo es designado como organización terrorista, esto convierte en delincuentes a los individuos que se encuentren en EE.UU. o estén sujetos a su jurisdicción y que le presten fondos u otro apoyo material.
Familia
LeBron en el lugar en el que fueron asesinados varios de sus miembros,
Bavispe, estado Sonora state, México, 5 de noviembre de 2019.Jose Luis Gonzalez / ReutersDe
este modo, designar como terroristas a narcotraficantes mexicanos
facultaría legalmente a EE.UU., según sus propias leyes, para intervenir de manera directaen territorio mexicano con el fin de erradicar a los cárteles de la droga.
Tras la masacre de las familias mormonas LeBarón y Langford, a principios de noviembre, congresistas estadounidenses pidieron intervenir con agentes armados en territorio mexicano, luego de que el presidente Trump ofreciera apoyo militar al presidente López Obrador para erradicar a los cárteles de la droga.
Un ofrecimiento que fue rechazado por el Gobierno mexicano, a pesar de que se permitió a agentes del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) ingresar a México para coadyuvar en las investigaciones para resolver el asesinato de tres mujeres y seis niños que contaban con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.
"En mi caso no quiero polemizar este día, ni mañana. Solo decir: cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos", señaló López Obrador. "No a la confrontación política", agregó.
El mandatario mexicano explicó que no quiere emitir un posicionamiento más amplio debido a que en estos días se celebra el Día de Acción de Gracias en EE.UU. y prefiere no polemizar sobre el tema.
"El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana", dijo el presidente mexicano. "No hay nada qué temer", añadió.
El canciller Marcelo Ebrard informó que ya entabló contacto con el Gobierno estadounidense para abordar el tema.
"Ya en comunicación con el gobierno de EE.UU. Haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y decisiones propias. Saldremos adelante. Les informo avances", señaló en redes.
Horas antes, Ebrard publicó un mensaje en Twitter en el que expresó: "México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a EE.UU. así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia trasnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación".
Las declaraciones de Trump
Trump declaró el martes que EE.UU. considerará terroristas a los cárteles del narco mexicanos por su papel en el tráfico de drogas y de personas, lo que, de acuerdo a su visión, pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense.En una entrevista con Bill O'Reilly, expresentador de Fox News, el mandatario estadounidense indicó que lleva trabajando "los últimos 90 días" en el proceso de denominar terrorista a una entidad, proceso que —dijo— "no es tan fácil". "Tienes que pasar por un proceso, y estamos bien en ese proceso", aseveró Trump.
"Mire, estamos perdiendo 100.000 personas al año por lo que está sucediendo y lo que viene a través de México", agregó el presidente, refiriéndose a las muertes relacionadas con el tráfico de drogas.
En conformidad con las leyes estadounidenses, una vez que un grupo es designado como organización terrorista, esto convierte en delincuentes a los individuos que se encuentren en EE.UU. o estén sujetos a su jurisdicción y que le presten fondos u otro apoyo material.
Tras la masacre de las familias mormonas LeBarón y Langford, a principios de noviembre, congresistas estadounidenses pidieron intervenir con agentes armados en territorio mexicano, luego de que el presidente Trump ofreciera apoyo militar al presidente López Obrador para erradicar a los cárteles de la droga.
Un ofrecimiento que fue rechazado por el Gobierno mexicano, a pesar de que se permitió a agentes del Buró Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI) ingresar a México para coadyuvar en las investigaciones para resolver el asesinato de tres mujeres y seis niños que contaban con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense.
Senado mexicano rechaza cualquier intento de intervención ante declaración de Trump para designar a narcos como terroristas
Publicado:
29 nov 2019 00:01 GMT - RT
La cámara alta ratifica su postura de irrestricta defensa de la soberanía del país latinoamericano.
La
cámara alta de México rechazó este jueves la intervención de cualquier
otro Estado en la nación latinoamericana, luego de que el presidente de
EE.UU., Donald Trump, revelase que lleva tres meses trabajando en una iniciativa de ley para designar a narcotraficantes mexicanos como terroristas.
A través de un pronunciamiento, la Junta de Coordinación de Política del Senado rechazó las declaraciones Trump y, con ello, "cualquier intento de intervención por parte de otro Estado", se lee en el documento.
El cuerpo legislativo ratificó "la irrestricta" defensa de la soberanía de México y expresó que la aplicación de la ley en su territorio y, en particular, la persecución de los delitos cometidos en él es competencia exclusiva de las autoridades nacionales, sin perjuicio de la cooperación con otro Estado, en los términos del derecho internacional.
"Tal cooperación, empero, jamás implicará que gobiernos extranjeros asuman atribuciones que sólo corresponden al Gobierno de México", destaca el texto oficial.
Asimismo, el Senado de la República respaldó plenamente las gestiones del Ejecutivo Federal a fin de defender la vía de la cooperación como mecanismo que permita a ambas naciones a hacer frente a los asuntos comunes, como el tráfico de armas y el crimen organizado.
Un día antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó también el intervencionismo de EE.UU., aunque aceptó la posible cooperación para el combate el crimen organizado. Mientras que la cancillería mexicana ya entabló contacto con el Gobierno estadounidense para abordar el tema.
Trump declaró el 26 de noviembre que EE.UU. considerará terroristas a los cárteles del narco mexicanos por su papel en el tráfico de drogas y de personas, lo que, de acuerdo a su visión, pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense.
A través de un pronunciamiento, la Junta de Coordinación de Política del Senado rechazó las declaraciones Trump y, con ello, "cualquier intento de intervención por parte de otro Estado", se lee en el documento.
El cuerpo legislativo ratificó "la irrestricta" defensa de la soberanía de México y expresó que la aplicación de la ley en su territorio y, en particular, la persecución de los delitos cometidos en él es competencia exclusiva de las autoridades nacionales, sin perjuicio de la cooperación con otro Estado, en los términos del derecho internacional.
"Tal cooperación, empero, jamás implicará que gobiernos extranjeros asuman atribuciones que sólo corresponden al Gobierno de México", destaca el texto oficial.
Asimismo, el Senado de la República respaldó plenamente las gestiones del Ejecutivo Federal a fin de defender la vía de la cooperación como mecanismo que permita a ambas naciones a hacer frente a los asuntos comunes, como el tráfico de armas y el crimen organizado.
Un día antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó también el intervencionismo de EE.UU., aunque aceptó la posible cooperación para el combate el crimen organizado. Mientras que la cancillería mexicana ya entabló contacto con el Gobierno estadounidense para abordar el tema.
Trump declaró el 26 de noviembre que EE.UU. considerará terroristas a los cárteles del narco mexicanos por su papel en el tráfico de drogas y de personas, lo que, de acuerdo a su visión, pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense.
Qué pasó 90 días antes del plan de Trump para combatir el 'narcoterrorismo' (y por qué es importante)
Publicado:
28 nov 2019 00:49 GMT - RT
El mandatario estadounidense inició su proyecto para
declarar como terroristas a los cárteles mexicanos cuando aumentaron las
presiones políticas que desembocaron en un juicio político en su
contra.
El
presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció haber iniciado un
proyecto de reforma de ley para declarar como terroristas a
narcotraficantes mexicanos, al mismo tiempo que sus opositores del
Partido Demócrata preparaban un juicio político contra el mandatario, a
un año de las elecciones presidenciales estadounidenses.
En medio de una guerra política en EE.UU., Trump aprovechó algunos sucesos de alto impacto ocurridos en México para posicionar el tema de los cárteles de la droga como una amenaza terrorista a la seguridad nacional de los estadounidenses.
Acontecimientos donde la intervención de funcionarios estadounidenses ha encendido las señales de alarma en el Gobierno de México, ante una serie de posibles cambios legales promovidos por Trump para facilitar una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.
De este modo, el juicio político y el plan para combatir el narcoterrorismo poseen una cronología paralela con Trump como protagonista común.
"No quiero decir qué voy a hacer, pero serán designados. Ya ofrecí ayuda a México", dijo Trump, quien resaltó la buena relación que tiene con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y agregó: "le ofrecí que nos dejara entrar y limpiar, hasta el momento él ha rechazado la oferta, pero en algún punto algo debe hacerse".
Cuando se le preguntó directamente si clasificará a organizaciones de narcotraficantes mexicanos como terroristas, el mandatario estadounidense respondió afirmativamente.
"Lo haré, absolutamente, he trabajado en esto los últimos 90 días. La designación no es nada fácil. Hay un proceso", dijo Trump.
Según la versión del mandatario, el tema habría empezado a impulsarse desde finales de agosto o principios de septiembre de 2019, sin que se hablara públicamente en la agenda mediática mexicana y estadounidense.
Durante la inusual visita del director de la DEA estuvo presente el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; el ministro consejero de la Embajada de EE.UU. en México, John S. Creamer. También participaron representantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Marina.
Posteriormente, el secretario de Marina de México, Rafael Ojeda, confirmó que dos fiscales estadounidenses y personal de la DEA fueron trasladados a Culiacán desde la Ciudad de México, el 12 de septiembre. Ojeda dijo que por esas fechas se acababa de descubrir un laboratorio para la fabricación de droga y "ahí en esos momentos en el estado había personal de EE.UU.", por lo cual "se aprovechó que estaba el helicóptero ahí para llevar a esa gente".
Aunque el Gobierno de Sinaloa señaló que la reunión con la DEA y la Embajada de EE.UU. fue para informar sobre los avances del estado en el combate a la delincuencia, solicitar asistencia técnica y pedir al Gobierno estadounidense retirar la alerta para impedir que ciudadanos de aquel país visitaran Sinaloa, las motivaciones de ese encuentro quedaron rodeados en el misterio y generaron sospechas entre los periodistas que lo cubrieron.
"Nos pareció muy extraña, insólita e ingenua, porque ocurrió meses después de que sentenciaron a Joaquín 'Chapo' Guzmán", dijo en esa oportunidad Ismael Borjórquez, director del semanario Ríodoce, medio sinaloense que documentó que desde junio pasado existían reportes de al menos 150 agentes de la DEA realizando operaciones en Sinaloa, situación que puso en alerta a los narcotraficantes.
"Este tipo de reuniones no se había dado en México, esta es la primera que yo conozco, que se haya dado de manera abierta, entre altísimos funcionarios estadounidenses en materia de drogas con un gobernador", dijo en entrevista con Aristegui Noticias.
De acuerdo con documentos judiciales, en 2009 agentes de la DEA se entrevistaron y aliaron con Vicente Zambada-Niebla, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, para realizar operaciones clandestinas y debilitar a organizaciones rivales en México, según una investigación publicada en El Universal. En el último año, el Departamento de Justicia presentó una serie de audios y documentos que prueban la cooperación entre la DEA y el Cártel de Sinaloa, durante el juicio del 'Chapo' Guzmán en Nueva York.
La situación provocó que el Ejército liberara a Ovidio Guzmán para impedir la muerte de civiles, de acuerdo con López Obrador.
Soldados patrullan Culiacán, Sinaloa, Mexico, 18 de octubre de 2019.Alfredo Estrella / AFPEl operativo evidenció
la debilidad del Estado mexicano frente a los cárteles de la droga y
generó una amplia cobertura de la prensa mexicana e internacional.
En medio de una crisis política, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán se produjo para cumplir con una solicitud de extradición hecha por EE.UU. a México el pasado 13 de septiembre, precisamente el mismo día en que se produjo la reunión entre el director de la DEA y el Gobernador de Sinaloa.
Ese día, casi al mismo tiempo en que ocurrieron los ataques, el embajador de EE.UU. en México, Cristopher Landau, anunció que viajaría al estado de Sonora para sostener algunas reuniones de trabajo.
Al
tratarse de un asesinato masivo de personas que tenían doble
nacionalidad, mexicana y estadounidense, la resonancia del caso provocó
que Trump ofreciera
a México apoyo militar para "borrar" y "hacer la guerra a los cárteles"
mexicanos, señalados como autores de la matanza. El ofrecimiento
fue rechazado por el presidente López Obrador.
Congresistas y medios estadounidenses hicieron un llamado a que el Gobierno de EE.UU. interviniera militarmente en territorio mexicano para contener la violencia de los narcotraficantes y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Fue entonces cuando algunos senadores republicanos afines a Trump, como Lindsey Graham, afirmaron que revisarían la posibilidad de declarar legalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que facilitaría una intervención armada de EE.UU. en México.
Una postura que fue rechazada por la Administración de López Obrador, aún cuando el país latinoamericano accedió a que agentes del FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE.UU.) participaran en la investigación del caso en territorio mexicano.
Vehículo donde viajaba una de las familias mormonas asesinadas en Bavispe, Sonora, México, 5 de noviembre de 2019.Jose Luis Gonzalez / ReutersDe
acuerdo con una investigación preliminar del Gobierno mexicano, la
masacre contra la familia LeBarón habría sido consecuencia de una
"confusión", en medio de una guerra entre los cárteles de La Línea y Los Salazar.
Esa es la hipótesis que se mantiene, aún cuando los ataques contra las
camionetas en que viajaban mujeres y niños ocurrieron en dos eventos
separados: el primero a las 9:40 horas y el segundo a las 11:00 horas.
Además, testimonios de los niños sobrevivientes afirman que una de las mujeres que conducía una de las camionetas bajó del vehículo con las manos arriba para proteger a su bebé, pero terminó siendo asesinada, lo que abre dudas sobre la versión de una posible "confusión", como aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
Posteriormente, integrantes de la familia LeBarón, inconformes con las indagatorias del caso, solicitaron al Gobierno de EE.UU. designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
"No queremos injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución. No somos vendepatrias. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", dijo el mandatario mexicano el pasado lunes.
En el mismo sentido, el canciller Marcelo Ebrard explicó que clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas implicaría legalmente "acceder a que haya una acción directa de EE.UU." en territorio mexicano. "Eso nunca lo vamos a aceptar", agregó.
El presidente Andrés Manuel López Orbador y el canciller Márcelo Ebrard en Ciudad de México, 12 de noviembre de 2019.Marco Ugarte / APDos
días después, Trump reiteraría su intención de clasificar a los
cárteles como terroristas, proyecto en el cual, dijo, llevaba trabajando
tres meses. Su anuncio desató así una nueva crisis diplomática
con México, luego de que en junio pasado el Ejecutivo estadounidense
amenazara con imponer aranceles a todas las mercancías del país
latinoamericano, en represalia a la política migratoria de López
Obrador.
El Gobierno de México informó el martes que sostendría una reunión con funcionarios de EE.UU. para conocer a fondo los alcances y las implicaciones de la iniciativa preparada por Trump.
Para el 6 de septiembre, los demócratas ya preparaban el 'impeachment'. El 24 del mismo mes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció formalmente el juicio político contra Trump.
Al día siguiente, la Casa Blanca se vio obligada a difundir el contenido de la llamada telefónica en la que Trump condicionó ayuda financiera al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a cambio de investigar al hijo de un opositor político estadounidense y posible contendiente en la elección presidencial de EE.UU. en 2020, Joe Biden, caso por el que los demócratas acusaron al mandatario de "traición a la patria".
Las tensiones políticas en EE.UU. siguieron las semanas posteriores, hasta que la masacre de la familia LeBarón y Langford, que contó con una amplia cobertura en medios estadounidenses, dio pie a que Trump ofreciera apoyo militar a México.
Posteriormente, en la Cámara de Representantes testificaron al menos 12 personas en el juicio político contra Trump, del 13 al 21 de noviembre.
Tras la serie de testimonios comprometedores sobre Trump, en torno al presunto uso de la Casa Blanca con fines personales, el mandatario estadounidense volvió a posicionar el tema de nombrar a narcotraficantes mexicanos como terroristas.
De este modo, los escándalos por el juicio político que buscan la destitución del presidente estadounidense y el plan para nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas tienen en común una serie de acontecimientos, que podrían ayudar a entender mejor el escenario político en el que se desarrollan ambos casos.
¿El plan de Trump para designar a los narcotraficantes como terroristas es parte de una estrategia política para tratar de contrarrestar los ataques en su contra, a un año de las elecciones presidenciales de EE.UU.? Es la pregunta que queda en el aire.
Manuel Hernández Borbolla
En medio de una guerra política en EE.UU., Trump aprovechó algunos sucesos de alto impacto ocurridos en México para posicionar el tema de los cárteles de la droga como una amenaza terrorista a la seguridad nacional de los estadounidenses.
Acontecimientos donde la intervención de funcionarios estadounidenses ha encendido las señales de alarma en el Gobierno de México, ante una serie de posibles cambios legales promovidos por Trump para facilitar una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.
De este modo, el juicio político y el plan para combatir el narcoterrorismo poseen una cronología paralela con Trump como protagonista común.
1. Revela plan secreto
El presidente Trump reveló el pasado 26 de noviembre, durante una entrevista con el presentador Bill O'Reilly, que llevaba 90 días trabajando en una iniciativa de ley para tipificar a narcotraficantes mexicanos como terroristas, lo que daría facultades a EE.UU., de acuerdo a su legislación interna, para realizar acciones directas en territorio mexicano."No quiero decir qué voy a hacer, pero serán designados. Ya ofrecí ayuda a México", dijo Trump, quien resaltó la buena relación que tiene con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y agregó: "le ofrecí que nos dejara entrar y limpiar, hasta el momento él ha rechazado la oferta, pero en algún punto algo debe hacerse".
Cuando se le preguntó directamente si clasificará a organizaciones de narcotraficantes mexicanos como terroristas, el mandatario estadounidense respondió afirmativamente.
"Lo haré, absolutamente, he trabajado en esto los últimos 90 días. La designación no es nada fácil. Hay un proceso", dijo Trump.
Según la versión del mandatario, el tema habría empezado a impulsarse desde finales de agosto o principios de septiembre de 2019, sin que se hablara públicamente en la agenda mediática mexicana y estadounidense.
2. La DEA en Sinaloa
El 13 de septiembre, Uttam Dhillon, director interino de la DEA (Administración para el Control de Drogas en EE.UU.) visitó la ciudad de Culiacán, Sinaloa, por invitación del Gobierno estatal.Durante la inusual visita del director de la DEA estuvo presente el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; el ministro consejero de la Embajada de EE.UU. en México, John S. Creamer. También participaron representantes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Marina.
Posteriormente, el secretario de Marina de México, Rafael Ojeda, confirmó que dos fiscales estadounidenses y personal de la DEA fueron trasladados a Culiacán desde la Ciudad de México, el 12 de septiembre. Ojeda dijo que por esas fechas se acababa de descubrir un laboratorio para la fabricación de droga y "ahí en esos momentos en el estado había personal de EE.UU.", por lo cual "se aprovechó que estaba el helicóptero ahí para llevar a esa gente".
Aunque el Gobierno de Sinaloa señaló que la reunión con la DEA y la Embajada de EE.UU. fue para informar sobre los avances del estado en el combate a la delincuencia, solicitar asistencia técnica y pedir al Gobierno estadounidense retirar la alerta para impedir que ciudadanos de aquel país visitaran Sinaloa, las motivaciones de ese encuentro quedaron rodeados en el misterio y generaron sospechas entre los periodistas que lo cubrieron.
"Nos pareció muy extraña, insólita e ingenua, porque ocurrió meses después de que sentenciaron a Joaquín 'Chapo' Guzmán", dijo en esa oportunidad Ismael Borjórquez, director del semanario Ríodoce, medio sinaloense que documentó que desde junio pasado existían reportes de al menos 150 agentes de la DEA realizando operaciones en Sinaloa, situación que puso en alerta a los narcotraficantes.
"Este tipo de reuniones no se había dado en México, esta es la primera que yo conozco, que se haya dado de manera abierta, entre altísimos funcionarios estadounidenses en materia de drogas con un gobernador", dijo en entrevista con Aristegui Noticias.
De acuerdo con documentos judiciales, en 2009 agentes de la DEA se entrevistaron y aliaron con Vicente Zambada-Niebla, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, para realizar operaciones clandestinas y debilitar a organizaciones rivales en México, según una investigación publicada en El Universal. En el último año, el Departamento de Justicia presentó una serie de audios y documentos que prueban la cooperación entre la DEA y el Cártel de Sinaloa, durante el juicio del 'Chapo' Guzmán en Nueva York.
3. Los hechos de Culiacán
Semanas después, el 19 de octubre, el Gobierno de México implementó un operativo para capturar al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, lo que derivó en una guerra entre el Cártel de Sinaloa y las fuerzas armadas.La situación provocó que el Ejército liberara a Ovidio Guzmán para impedir la muerte de civiles, de acuerdo con López Obrador.
En medio de una crisis política, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán se produjo para cumplir con una solicitud de extradición hecha por EE.UU. a México el pasado 13 de septiembre, precisamente el mismo día en que se produjo la reunión entre el director de la DEA y el Gobernador de Sinaloa.
4. La masacre de la familia LeBarón
El 4 de noviembre fueron masacradas tres mujeres y seis niños de las familias mormonas LeBarón y Langford, en Bavispe, Sonora, en el norte de México. Luego de los hechos, ocho niños sobrevivieron a los ataques perpetrados por hombres armados.Ese día, casi al mismo tiempo en que ocurrieron los ataques, el embajador de EE.UU. en México, Cristopher Landau, anunció que viajaría al estado de Sonora para sostener algunas reuniones de trabajo.
Congresistas y medios estadounidenses hicieron un llamado a que el Gobierno de EE.UU. interviniera militarmente en territorio mexicano para contener la violencia de los narcotraficantes y garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Fue entonces cuando algunos senadores republicanos afines a Trump, como Lindsey Graham, afirmaron que revisarían la posibilidad de declarar legalmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que facilitaría una intervención armada de EE.UU. en México.
Una postura que fue rechazada por la Administración de López Obrador, aún cuando el país latinoamericano accedió a que agentes del FBI (Buró Federal de Investigaciones de EE.UU.) participaran en la investigación del caso en territorio mexicano.
Además, testimonios de los niños sobrevivientes afirman que una de las mujeres que conducía una de las camionetas bajó del vehículo con las manos arriba para proteger a su bebé, pero terminó siendo asesinada, lo que abre dudas sobre la versión de una posible "confusión", como aseguró la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
Posteriormente, integrantes de la familia LeBarón, inconformes con las indagatorias del caso, solicitaron al Gobierno de EE.UU. designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
5. Rechazo y tensión diplomática
Ante el aumento de las voces que solicitaban la intervención armada de EE.UU. en territorio mexicano, incluyendo sectores de la derecha nacional, el presidente mexicano denunció que existían "presiones" y criticó que algunos de sus adversarios políticos estuvieran plegados a esa misma demanda."No queremos injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Es muy clara nuestra Constitución. No somos vendepatrias. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención del extranjero", dijo el mandatario mexicano el pasado lunes.
En el mismo sentido, el canciller Marcelo Ebrard explicó que clasificar a los cárteles mexicanos como terroristas implicaría legalmente "acceder a que haya una acción directa de EE.UU." en territorio mexicano. "Eso nunca lo vamos a aceptar", agregó.
El Gobierno de México informó el martes que sostendría una reunión con funcionarios de EE.UU. para conocer a fondo los alcances y las implicaciones de la iniciativa preparada por Trump.
6. Disputa por el poder en EE.UU.
Según Trump, su trabajo para declarar como terroristas a los cárteles mexicanos inició entre finales de agosto y principios de septiembre, fechas que coinciden con el plazo en que la Cámara de Representantes de EE.UU. inició un procedimiento de juicio político en su contra.Para el 6 de septiembre, los demócratas ya preparaban el 'impeachment'. El 24 del mismo mes, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció formalmente el juicio político contra Trump.
Al día siguiente, la Casa Blanca se vio obligada a difundir el contenido de la llamada telefónica en la que Trump condicionó ayuda financiera al presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a cambio de investigar al hijo de un opositor político estadounidense y posible contendiente en la elección presidencial de EE.UU. en 2020, Joe Biden, caso por el que los demócratas acusaron al mandatario de "traición a la patria".
Las tensiones políticas en EE.UU. siguieron las semanas posteriores, hasta que la masacre de la familia LeBarón y Langford, que contó con una amplia cobertura en medios estadounidenses, dio pie a que Trump ofreciera apoyo militar a México.
Posteriormente, en la Cámara de Representantes testificaron al menos 12 personas en el juicio político contra Trump, del 13 al 21 de noviembre.
Tras la serie de testimonios comprometedores sobre Trump, en torno al presunto uso de la Casa Blanca con fines personales, el mandatario estadounidense volvió a posicionar el tema de nombrar a narcotraficantes mexicanos como terroristas.
De este modo, los escándalos por el juicio político que buscan la destitución del presidente estadounidense y el plan para nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas tienen en común una serie de acontecimientos, que podrían ayudar a entender mejor el escenario político en el que se desarrollan ambos casos.
¿El plan de Trump para designar a los narcotraficantes como terroristas es parte de una estrategia política para tratar de contrarrestar los ataques en su contra, a un año de las elecciones presidenciales de EE.UU.? Es la pregunta que queda en el aire.
Manuel Hernández Borbolla
