HONDURAS / MASACRE 208 Y 32 ASESINATOS DEJÓ CELEBRACIÓN NAVIDEÑA
- Publicado: 26 Diciembre 2019
El
Sistema Estadístico Policial (Sepol) ha registrado un total de 32
homicidios entre el 24 y 25 de diciembre, registrando 12 casos en “noche
buena” y 20 en navidad. En lo que va de diciembre, este organismo
contabiliza 314 asesinatos, 16 más que 2018.
El
25 de diciembre se registró en Puerto Cortés la masacre número 208 en
lo que va de este año, según la documentación del Observatorio del
Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), que incluye los homicidios dobles, ya
que este organismo mide la magnitud de la violencia con la que opera el
crimen en el país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La tendencia del crimen sigue en alza para los hondureños, a la fecha
el mes de diciembre registra 314 homicidios. En tanto, sólo durante la
celebración de noche buena y navidad, los días 24 y 25, se
contabilizaron 32 homicidios, lo anterior, según datos del Sistema
Estadístico Policial (Sepol).
A
pesar que el conteo de Sepol revela que en 2018 ambos días registraron
un total de 42 asesinatos; sin embargo, la tendencia de homicidios en
2019 se alzó con 16 casos más.
Además,
en el municipio de Puerto Cortés, al norte del país se registró la
masacre número 208, de acuerdo al Observatorio del Crimen de EL
LIBERTADOR (OCEL), que documenta 553 ciudadanos asesinados en crímenes
múltiples.
En
2019, Sepol ha registrado a la fecha 3,920 homicidios impactando en la
tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes que cerró 2018 con 40 y
en este año, según lo confirma este portal de la Policía Nacional,
ascendió a 42.80.
Datos Sepol:
Condenan masacres de al menos 42 privados de libertad en Honduras
- 23/12/2019
Los centros penales en Honduras están intervenidos por los militares-
En las últimas semanas, al menos 42 personas privadas de libertad han
sido asesinadas dentro del sistema penitenciario hondureño. De acuerdo
con información confirmada por organizaciones de derechos humanos, estas
masacres ocurrieron el 14 diciembre en la cárcel de máxima seguridad La
Tolva, en la que 5 personas fueron asesinadas; el 20 de diciembre en
el centro penal de Tela, Atlántida, en la que al menos 19 personas
fueron asesinadas; y el día de ayer, domingo 22 de diciembre, en el
centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, en que se han registrado
alrededor de 18 muerte violentas. Adicionalmente, numerosas personas
han resultado heridas a partir de estos acontecimientos.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente estos hechos y denunciamos que el Estado de Honduras ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Todo lo contrario, las autoridades hondureñas han profundizado las condiciones de riesgo mediante medidas que violentan estándares internacionales de derechos humanos.
A raíz de la primera masacre en La Tolva, el Poder Ejecutivo de Honduras emitió el decreto PCM-068-2019, mediante el cual se declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional; se suspendió del ejercicio de las funciones a todas las autoridades superiores del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores por un periodo de seis meses; y se ordenó la militarización de todos los centros penitenciarios por ese mismo periodo mediante el nombramiento de una Comisión Interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
Aunque la militarización del sistema penitenciario hondureño no es un hecho novedoso, resulta preocupante que esta sea la respuesta del Estado ante el recrudecimiento de los hechos de violencia. En lugar de tomar medidas para proteger a las personas privadas de libertad, con la incorporación de militares en labores de seguridad y administración penitenciaria, el Estado, más bien, las expone a nuevas violaciones de derechos humanos.
Como ya ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sus sentencias contra Honduras, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Tortura, y el Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias, por el contrario, son las autoridades de carácter civil, debidamente capacitadas en derechos humanos, las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.
Ante los recientes hechos, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han continuado su labor de acompañamiento de las personas privadas de libertad; sin embargo, como represalia a su trabajo están enfrentando amenazas contra su vida e integridad, así como obstáculos a su labor de defensa de derechos humanos. Aunado a esto, las y los familiares de las víctimas han denunciado que el Estado de Honduras les ha negado el acceso a la información con respecto la situación en las cárceles y les ha expuesto a procesos revictimizantes.
Frente a estos hechos, desde CEJIL llamamos al Estado de Honduras a:
Desde CEJIL enviamos nuestra solidaridad y condolencias a todas las
familias y seres queridos de quienes han sido víctimas de estas
masacres, en particular frente al dolor que puede implicar perder a un
familiar en las épocas festivas. Durante estas fechas nos mantendremos
vigilantes de que el Estado de Honduras tome todas las medidas
necesarias para garantizar la vida, integridad y derechos humanos de la
población privada de libertad.
Cortesía de: Cejil.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente estos hechos y denunciamos que el Estado de Honduras ha fallado en su obligación de garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad. Todo lo contrario, las autoridades hondureñas han profundizado las condiciones de riesgo mediante medidas que violentan estándares internacionales de derechos humanos.
A raíz de la primera masacre en La Tolva, el Poder Ejecutivo de Honduras emitió el decreto PCM-068-2019, mediante el cual se declaró estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional; se suspendió del ejercicio de las funciones a todas las autoridades superiores del Instituto Nacional Penitenciario y del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores por un periodo de seis meses; y se ordenó la militarización de todos los centros penitenciarios por ese mismo periodo mediante el nombramiento de una Comisión Interventora integrada en pleno por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
Aunque la militarización del sistema penitenciario hondureño no es un hecho novedoso, resulta preocupante que esta sea la respuesta del Estado ante el recrudecimiento de los hechos de violencia. En lugar de tomar medidas para proteger a las personas privadas de libertad, con la incorporación de militares en labores de seguridad y administración penitenciaria, el Estado, más bien, las expone a nuevas violaciones de derechos humanos.
Como ya ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en sus sentencias contra Honduras, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Tortura, y el Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, las fuerzas armadas no están capacitadas para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias, por el contrario, son las autoridades de carácter civil, debidamente capacitadas en derechos humanos, las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.
Ante los recientes hechos, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos han continuado su labor de acompañamiento de las personas privadas de libertad; sin embargo, como represalia a su trabajo están enfrentando amenazas contra su vida e integridad, así como obstáculos a su labor de defensa de derechos humanos. Aunado a esto, las y los familiares de las víctimas han denunciado que el Estado de Honduras les ha negado el acceso a la información con respecto la situación en las cárceles y les ha expuesto a procesos revictimizantes.
Frente a estos hechos, desde CEJIL llamamos al Estado de Honduras a:
| Derogar el decreto
PCM-068-2019 en que se faculta a las fuerzas militares a realizar
labores de administración penitenciaria por los próximos seis meses;
tomar todas las medidas para erradicar la militarización que se ha
instalado en las cárceles del país; y garantizar que las autoridades de carácter civil sean las encargadas de la administración carcelaria. Crear un mecanismo en que se garantice la participación de sociedad civil, de la CIDH y de la a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para dar respuesta oportuna a la gestión y administración de los centros penitenciarios, así como promover la investigación y juzgamiento de los responsables de los hechos arriba enunciados. Abstenerse de estigmatizar y obstruir la labor de defensa de derechos humanos que ejercen personas y organizaciones que acompañan a la población privada de libertad, y garantizar las condiciones necesarias para que puedan realizar su labor libres de riesgos. Dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias de los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, emitidas desde 2006 y 2012 respectivamente. En particular a las medidas relativas a:Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándolas a los estándares internacionalesImplementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales. Implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios. |
Cortesía de: Cejil.
SICARIOS DE PERIODISTAS VILLATORO Y BARROW ASESINADOS EN CÁRCEL DE EL PORVENIR
- Publicado: 27 Diciembre 2019
Entre
las 18 víctimas mortales de la masacre en la prisión de máxima
seguridad de El Porvenir, Francisco Morazán, figuran los nombres de
Héctor Noé Baquedano, sentenciado a 55 años por secuestrar y matar al
periodista Anibal Barrow (der.). Y también Marvin Alonso Gómez,
condenado por el crimen contra el director de noticias de HRN, Alfredo
Villatoro (izq.).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En
la masacre de 18 reos ocurrida el 22 de diciembre en la cárcel de
máxima seguridad de Siria, ubicada en el municipio de El Porvenir,
Francisco Morazán, fueron asesinados los sicarios de los conocidos
periodistas Ángel Alfredo Villatoro y Anibal Barrow.
Se
trata de Marvin Alonso Gómez (foto más abajo), quien junto a los
hermanos Osman Fernando Osorio Arguijo y Edgar Francisco Osorio Arguijo
fueron condenados a prisión perpetua el 11 de junio de 2014, acusados de
ser los autores materiales del asesinato del director de noticias de la radioemisora HRN, Ángel Alfredo Villatoro, en mayo de 2012.
Gómez
figura en la lista como el número nueve, donde este periódico ha
constatado un error elemental en el nombre ya que en el parte policial
fue registrado como “Marvin Adolfo Gómez”.
En
la masacre de El Porvenir también perdió la vida Héctor Noé Baquedano
Galindo (foto más abajo) alias “El Gordo”, que cumplía desde 2017 una
condena de 55 años por robo agravado y asesinato contra el periodista
televisivo Anibal Barrow.
Barrow
fue secuestrado por sujetos armados el 23 de junio de 2013, en la
ciudad de San Pedro Sula. La policía encontró el cadáver en las inmediaciones de una laguna en el municipio Villanueva 24 horas después.
Baquedano,
según el expediente judicial era el líder “La banda del Gordo”, grupo
criminal que fue contratada para secuestrar y asesinar al periodista.
“El Gordo” fue enviado por un juez natural al extinto centro penal de
San Pedro Sula, debido a una orden de captura por delitos de asociación
ilícita, robo agravado y privación de libertad.
Tiempo
después, las investigaciones relacionadas al crimen contra Barrow,
basado en la declaración de un testigo protegido, se vinculó a la banda
de Baquedano como autores materiales, tras recibir 400 mil lempiras del
cártel de “Los Cachiros”.
Lo
anterior fue confirmado por el propio Devis Leonel Rivera Maradiaga en
una corte de Estados Unidos, cabe mencionar que este excapo de droga ha
colaborado con la autoridad para atestiguar contra otros narcos, como es
el caso del hermano del actual gobernante, Antonio “Tony” Hernández,
que sabrá su sentencia el próximo 17 de enero.
El
occiso aparece como el número seis en la lista oficial que giró la
autoridad sobre las víctimas mortales en la cárcel de máxima seguridad
“Siria” de El Porvenir, Francisco Morazán. En tanto, la muerte de
Villatoro, aún envuelta en misterio, entre otros datos de las
investigaciones, se revela que la autoría intelectual toca altas esferas
del poder político hondureño.
¡Incontrolable! 18 muertos en centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras
diciembre 22, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Al
menos 18 privados de libertad perdieron la vida de manera violenta este
domingo en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán a 115 kilómetros
de la capital.
El 16 de diciembre el gobierno decreto estado de emergencia en el sistema penitenciario y creó una comisión interventora rectorada por militares quienes tendrán el control absoluto de los centros penales a nivel nacional a través de la Fuerza Interinstitucional Nacional ( Fusina).
La intervención en el sistema penitenciario, fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que es presidida por el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien asumió todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia.
La Comisión Interventora dijo en un comunicado este domingo que las acciones violentas «son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que FUSINA, a través de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país».
En tanto, diversos sectores advierten que las muertes son parte de una estrategia del régimen de Juan Hernández para privatizar el sistema penitenciario, en el marco de la intervención militar.
Las muertes de hoy
Inicialmente los medios de comunicación habían informado sobre el deceso de dos privados de libertad, sin embargo, a eso de las 7:00 de la noche se advirtió que la cifra era de 18 fallecidos y de cuatro heridos que habían ingresado al Hospital Escuela Universitario de la capital.
El pasado 16 de diciembre, el Gobierno de Honduras declaró emergencia en las cárceles del país y suspendió de su cargo durante seis meses a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), debido a las últimas muertes de reos y constantes fugas de menores de edad de centros correccionales.
Según autoridades policiales, unos 40 reclusos han sido asesinados en las cárceles de Honduras.
Lista de los privados de libertad fallecidos este domingo:
1.-Bayron Ariel Pineda
2.-Cristián Josué Rivera
3-Wilson Pavón Núñez
4.-Mario Alberto Leiva
5.-Nilson Ramón Pérez Castellón
6.-Edwin Alexis Fernández
7.-René López Castellanos
8.-Gerson Leonel Villalobos
9.-Marvin Adolfo Gómez
10.-Dionisio Alberto Solís
11.-Josué Wilson Ruiz
12.-Héctor Noé Vaquedano
13.-Santos Pavón Grandez
14.-José Roberto Soriano
15.-Wilson Eduardo Valladares
16.-Nilson Arnulfo Alvarenga
17.-No identificado
18.-No identificado
Noticia Relacionada: Al menos 20 muertos y 16 heridos en cárcel de Tela, Atlántida
Las autoridades establecieron que la matanza conjunta se produjo por una reyerta entre los privados de libertad y se suma a varias muertes suscitadas en la última semana en otros centros penitenciarios.Imágenes divulgadas en redes sociales y medios de comunicación, refieren que las víctimas murieron de impactos de bala de armas de fuego y heridas de armas cortopunzantes.El viernes recién pasado 20 privados de libertad perdieron la vida y otros 16 más resultaron con heridas de gravedad. Mientras el fin de semana anterior cinco miembros de pandillas perecieron en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
El 16 de diciembre el gobierno decreto estado de emergencia en el sistema penitenciario y creó una comisión interventora rectorada por militares quienes tendrán el control absoluto de los centros penales a nivel nacional a través de la Fuerza Interinstitucional Nacional ( Fusina).
La intervención en el sistema penitenciario, fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que es presidida por el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien asumió todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia.
La Comisión Interventora dijo en un comunicado este domingo que las acciones violentas «son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que FUSINA, a través de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país».
En tanto, diversos sectores advierten que las muertes son parte de una estrategia del régimen de Juan Hernández para privatizar el sistema penitenciario, en el marco de la intervención militar.
Las muertes de hoy
Inicialmente los medios de comunicación habían informado sobre el deceso de dos privados de libertad, sin embargo, a eso de las 7:00 de la noche se advirtió que la cifra era de 18 fallecidos y de cuatro heridos que habían ingresado al Hospital Escuela Universitario de la capital.
El pasado 16 de diciembre, el Gobierno de Honduras declaró emergencia en las cárceles del país y suspendió de su cargo durante seis meses a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), debido a las últimas muertes de reos y constantes fugas de menores de edad de centros correccionales.
Según autoridades policiales, unos 40 reclusos han sido asesinados en las cárceles de Honduras.
Lista de los privados de libertad fallecidos este domingo:
1.-Bayron Ariel Pineda
2.-Cristián Josué Rivera
3-Wilson Pavón Núñez
4.-Mario Alberto Leiva
5.-Nilson Ramón Pérez Castellón
6.-Edwin Alexis Fernández
7.-René López Castellanos
8.-Gerson Leonel Villalobos
9.-Marvin Adolfo Gómez
10.-Dionisio Alberto Solís
11.-Josué Wilson Ruiz
12.-Héctor Noé Vaquedano
13.-Santos Pavón Grandez
14.-José Roberto Soriano
15.-Wilson Eduardo Valladares
16.-Nilson Arnulfo Alvarenga
17.-No identificado
18.-No identificado
PRESUNTO ASESINO DE HERMANO DE JOH EJECUTADO EN MASACRE DE PENALES
- Publicado: 27 Diciembre 2019
Entre
las 18 víctimas de la masacre en el centro penal de El Porvenir,
Francisco Morazán, figura Wilson Eduardo Valladares, presunto homicida
de Yester Hernández, hermano del gobernante Juan Hernández, asesinado el
29 de diciembre de 2008 en un motel capitalino.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
En la masacre de 18 privados de libertad en la cárcel de máxima
seguridad Siria, ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán, murió Wilson
Eduardo Valladares, supuesto asesino de Yester Saddy Hernández,
abogado, oficial retirado del ejército y hermano del mandatario
inconstitucional, Juan Orlando Hernández.
La
esposa de Wilson, quien por razones de seguridad omitió su nombre,
asegura que él era inocente del asesinato de Yester Hernández, puesto
que las pruebas de ADN indicaron que no participó en el crimen. Indica
que su esposo estuvo privado de libertad durante diez años en la
Penitenciaría Nacional Támara y hace dos meses había sido trasladado a
la cárcel en El Porvenir, Francisco Morazán.
El
hermano de JOH fue asesinado a puñaladas en un motel capitalino a eso
de las 10:00 de la mañana del 29 de diciembre de 2008 cuando el presunto
victimario era un joven, quien tras el crimen salió huyendo en el carro
de la víctima, meses después fue capturado.
Publicado el 18 Diciembre, 2019
Investigaciones de la Fiscalía revelan que los soldados habrían participado en el crimen del creador de las narcolibretas que fueron mencionadas en New York e involucran al presidente Juan Orlando Hernández.
De acuerdo a un medio de comunicación, un vaciado telefónico de los que estuvieron en la sala donde fue ultimado a balazos el presunto narcotraficante proporciona indicios de la participación de los militares.
Otro elementos probatorio que sería utilizado por el MP es el video que se filtró minutos después del asesinato.
El medio de comunicación detalló que una fuente de entero crédito reveló que “el grupo de militares fueron detectados entre el módulo donde estaba Magdaleno y de donde salieron los asesinos”.
Además, se detalló que la Fiscalía buscaba capturar al exdirector de “El Pozo”, Pedro Amas por su complicidad en el crimen.
El extitular penitenciario fue abatido a balazos, tras denunciar amenazas a muerte que se concretaron el viernes 13 de diciembre cuando hombres armados lo atacaron a balazos.
Masacres en cárceles refleja incapacidades del Estado en materia penal
- 23/12/2019
Centro penal de Tela, Atlántida.
Un fin de semana sangriento vivió Honduras. Inició el pasado viernes
cuando 19 personas fueron asesinadas y 18 resultaron heridas en el
centro penal de Tela, Atlántida. Cuarenta y ocho horas después, el país
se estremeció al conocer que, en la cárcel de mínima seguridad de El
Porvenir, Francisco Morazán, un amotinamiento dejaba el deceso violento
de 18 reclusos.
Estos hechos violentos se registran en el marco del proceso de intervención aprobado por el gobierno, que dio el control de las cárceles hondureñas a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA.
Escalada del mundo criminal
A través de una comparecencia de prensa, la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, aseguró que las recientes masacres ocurridas en las cárceles del país son una estrategia del mundo criminal para evitar que se avance con la intervención de los penales.
José Gonzales, director de la Comisión Interventora, dijo a los medios que los asesinatos son para evitar que FUSINA imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios.
Militares en el manejo de las cárceles
Muchas son las interrogantes que rodean la situación de violencia en el sistema Penitenciario, en particular un repunte a partir del fallo condenatorio en la Corte del Distrito Sur de New York contra el hermano del presidente, el ex diputado “Tony” Hernández. En los hechos ocurridos se utilizaron armas de fuego y arma blanca, en un sistema militarizado y con tecnología apropiada, cómo se explica esto.
Carlos Paz, director de la Pastoral Social Carita en San Pedro Sula, integrante de la Mesa Penitenciaria, espacio de la sociedad civil hondureña, dice que la respuesta ante la violencia en las cárceles ha sido desatinada, ya que la militarización contraria a lograr cambios, continúan instalando una política violenta y de ataques contra los privados de libertad.
“El gobierno lo que propone es la militarización, sin embargo, los militares son parte del problema. FUSINA siempre ha estado dentro del ruedo de la crisis. Ellos han sido reiteradamente denunciados”, expresa Carlos Paz
Paz advierte que FUSINA es un ente controlado desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, superestructura que dirige Juan Orlando Hernández y los jefes militares, que a su disposición.
Corrupción y tráfico de armas
La experta en criminología, Arabeska Sánchez, asegura que la corrupción y el tráfico de armas han dado paso a las masacres que se han registrado en los centros penales del país.
Sánchez dice que, “lo que hemos visto como caracterización generalizada de estas muertes sistémicas en cárceles de Honduras, es que casi siempre están ligadas a un mal manejo en cuanto a la gestión, sobre todo porque en el interior de las cárceles hay grupos antagónicos y generalmente se les coloca en los mismos espacios”.
Además, señala que se sigue detectando corrupción de los custodios, sobre todo en atención al tráfico de armas y municiones. “Se sigue presentando a lo interno de los centros penitenciarios del país el tráfico de armas, mismas que posteriormente sirven para cegarle la vida a los propios internos”, dice Arabeska Sánchez.
La criminóloga en declaraciones con Radio Progreso, dice que se flexibilizaron demasiado las medidas de seguridad en cuanto a la certificación del recurso humano que trabaja en los centros penales, sobre todo el que maneja la aduana penitenciaria. Además, cree que ha habido una desatención en el respeto de los derechos humanos de la población interna y de los mismos custodios.
No cree que sea propicio que los militares estén a cargo del sistema penitenciario en el país. “Por Convenciones internacionales eso no es lo ideal, pero fue una medida que se tomó por la crisis. Esperamos que en los próximos seis meses se estabilice el sistema y vuelva a manos de la conducción de civiles, tal como está establecido en los Convenios internacionales, puntualiza.
Dolor e indignación
A menos de un año de cumplir su condena, Santos Mario Grandez Pavón es una de las víctimas de la masacre en el centro penal de mínima seguridad Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán.
Doña Santos, hermana Santos Grandez, en las afueras de la morgue judicial en Tegucigalpa, recuerda que hace ocho meses fue la última comunicación que tuvo con su hermano. Manifiesta que él guardaba prisión luego de ser condenado por defenderse de un asalto.
A llanto abierto, doña Santos señalaba que en los centros penales no existe seguridad. “no entendemos por qué dejan entrar armas. No sé por qué hablan de seguridad, si los custodios dejan entrar todo tipo de armas. Aquí hay gato encerrado”, condenaba.
Piden investigación efectiva
Las voces de condena frente a los múltiples asesinatos en las cárceles de Honduras no se han hecho esperar.
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, dijo en una conferencia de prensa, que confía que la emergencia declarada en los centros penales, sólo sea una transición para poner de manera permanente el manejo en manos de los civiles.
También el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV, exigió al Estado adoptar medidas urgentes para cumplir con los once puntos resolutivos de la sentencia Pacheco Teruel y otros contra Honduras –donde se declaró la responsabilidad internacional del Estado.
Las tragedias siempre han acompañado a las cárceles de Honduras, catalogadas como «academias del crimen». En febrero de 2012, en un incendio murieron de 362 privados de libertad en la granja penal de Comayagua. En otro incendio en el penal de San Pedro Sula murieron 107 internos en abril de 2004. Y en junio de 2008 fueron 68 los que perecieron en otro incendio en El Porvenir en La Ceiba, Atlántida.
Estos hechos violentos se registran en el marco del proceso de intervención aprobado por el gobierno, que dio el control de las cárceles hondureñas a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA.
Escalada del mundo criminal
A través de una comparecencia de prensa, la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, aseguró que las recientes masacres ocurridas en las cárceles del país son una estrategia del mundo criminal para evitar que se avance con la intervención de los penales.
José Gonzales, director de la Comisión Interventora, dijo a los medios que los asesinatos son para evitar que FUSINA imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios.
Militares en el manejo de las cárceles
Muchas son las interrogantes que rodean la situación de violencia en el sistema Penitenciario, en particular un repunte a partir del fallo condenatorio en la Corte del Distrito Sur de New York contra el hermano del presidente, el ex diputado “Tony” Hernández. En los hechos ocurridos se utilizaron armas de fuego y arma blanca, en un sistema militarizado y con tecnología apropiada, cómo se explica esto.
Carlos Paz, director de la Pastoral Social Carita en San Pedro Sula, integrante de la Mesa Penitenciaria, espacio de la sociedad civil hondureña, dice que la respuesta ante la violencia en las cárceles ha sido desatinada, ya que la militarización contraria a lograr cambios, continúan instalando una política violenta y de ataques contra los privados de libertad.
“El gobierno lo que propone es la militarización, sin embargo, los militares son parte del problema. FUSINA siempre ha estado dentro del ruedo de la crisis. Ellos han sido reiteradamente denunciados”, expresa Carlos Paz
Paz advierte que FUSINA es un ente controlado desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, superestructura que dirige Juan Orlando Hernández y los jefes militares, que a su disposición.
Corrupción y tráfico de armas
La experta en criminología, Arabeska Sánchez, asegura que la corrupción y el tráfico de armas han dado paso a las masacres que se han registrado en los centros penales del país.
Sánchez dice que, “lo que hemos visto como caracterización generalizada de estas muertes sistémicas en cárceles de Honduras, es que casi siempre están ligadas a un mal manejo en cuanto a la gestión, sobre todo porque en el interior de las cárceles hay grupos antagónicos y generalmente se les coloca en los mismos espacios”.
Además, señala que se sigue detectando corrupción de los custodios, sobre todo en atención al tráfico de armas y municiones. “Se sigue presentando a lo interno de los centros penitenciarios del país el tráfico de armas, mismas que posteriormente sirven para cegarle la vida a los propios internos”, dice Arabeska Sánchez.
La criminóloga en declaraciones con Radio Progreso, dice que se flexibilizaron demasiado las medidas de seguridad en cuanto a la certificación del recurso humano que trabaja en los centros penales, sobre todo el que maneja la aduana penitenciaria. Además, cree que ha habido una desatención en el respeto de los derechos humanos de la población interna y de los mismos custodios.
No cree que sea propicio que los militares estén a cargo del sistema penitenciario en el país. “Por Convenciones internacionales eso no es lo ideal, pero fue una medida que se tomó por la crisis. Esperamos que en los próximos seis meses se estabilice el sistema y vuelva a manos de la conducción de civiles, tal como está establecido en los Convenios internacionales, puntualiza.
Dolor e indignación
A menos de un año de cumplir su condena, Santos Mario Grandez Pavón es una de las víctimas de la masacre en el centro penal de mínima seguridad Siria, ubicado en El Porvenir, Francisco Morazán.
Doña Santos, hermana Santos Grandez, en las afueras de la morgue judicial en Tegucigalpa, recuerda que hace ocho meses fue la última comunicación que tuvo con su hermano. Manifiesta que él guardaba prisión luego de ser condenado por defenderse de un asalto.
A llanto abierto, doña Santos señalaba que en los centros penales no existe seguridad. “no entendemos por qué dejan entrar armas. No sé por qué hablan de seguridad, si los custodios dejan entrar todo tipo de armas. Aquí hay gato encerrado”, condenaba.
Las voces de condena frente a los múltiples asesinatos en las cárceles de Honduras no se han hecho esperar.
Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, dijo en una conferencia de prensa, que confía que la emergencia declarada en los centros penales, sólo sea una transición para poner de manera permanente el manejo en manos de los civiles.
Por su parte la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, manifestó estar gravemente preocupada por los hechos suscitados en los últimos días en diferentes centros penales del país que han dejado como consecuencia luto en varias familias hondureñas.
La OACNUDH, expresó que, observa con alarma la violencia que se da en los centros penitenciarios e insta al Estado a garantizar la vida y respeto de derechos humanos de los privados de libertad y a proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente.También el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, MNP-CONAPREV, exigió al Estado adoptar medidas urgentes para cumplir con los once puntos resolutivos de la sentencia Pacheco Teruel y otros contra Honduras –donde se declaró la responsabilidad internacional del Estado.
Las tragedias siempre han acompañado a las cárceles de Honduras, catalogadas como «academias del crimen». En febrero de 2012, en un incendio murieron de 362 privados de libertad en la granja penal de Comayagua. En otro incendio en el penal de San Pedro Sula murieron 107 internos en abril de 2004. Y en junio de 2008 fueron 68 los que perecieron en otro incendio en El Porvenir en La Ceiba, Atlántida.
Con militarización del sistema penitenciario, Honduras incumple con estándares internacionales de DDHH en materia penitenciaria
Por defensores -
18 diciembre, 2019
Consideramos que, ante los 16 asesinatos ocurridos desde 2017 en las cárceles de máxima seguridad, es una decisión oportuna la suspensión de las máximas autoridades penitenciarias; sin embargo, vemos con profunda preocupación que se haya nombrado una comisión interventora compuesta mayoritariamente por militares, lo cual no es un hecho nuevo, sino una manifestación más del fenómeno de la militarización de los espacios públicos y de diversas funciones estatales que corresponden a otras instancias civiles del Estado, y que se ha profundizado a partir del golpe de Estado de 2009.
La creciente militarización del sistema penitenciario se ha traducido en la gestión cotidiana de facto de la mayoría de centros penales a cargo de funcionarios militares, sobre lo cual, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Tortura y el Relator Especial de la ONU sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, ya han manifestado su preocupación por contrariar los estándares internacionales de derechos humanos y la propia Ley del Sistema Penitenciario. Del mismo modo, es contrario a las sentencias López Álvarez y Pacheco Teruel y en las que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado hondureño, entre otras medidas, revisar y modificar la legislación nacional en lo que corresponde al personal penitenciario a fin de adaptarlo a los estándares internacionales exigidos, así como adoptar las medidas necesarias para que las condiciones en los centros penales sean adecuadas.
A la luz de tales estándares, “los funcionarios públicos de carácter civil, debidamente entrenados, son los idóneos para atender necesidades psicológicas, educativas, laborales, educativas, y de reinserción social, así como para realizar funciones de administración y seguridad interna respecto de las personas privadas de libertad”. Debido al incremento del riesgo en la comisión de violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran dentro de un régimen penitenciario militarizado, la CIDH ha establecido que la formación militar no es idónea para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias.
Asimismo, la participación de militares en la gestión carcelaria vulnera lo contenido en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que en su artículo 37.1 dispone que las autoridades de carácter civil son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria y que “no puede ingresar a la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional, quien […] Se encuentre activo o de alta en el servicio de carrera militar o policial”.
La Mesa de Seguimiento le exige al Estado de Honduras cumplir con las recomendaciones hechas por la CIDH en su informe especial sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras (2013) y sus informes sobre la situación de derechos humanos en Honduras (2015 y 2019), en el sentido de:
1. Garantizar que los centros penitenciarios sean administrados y custodiados por personal penitenciario especializado en materia penitenciaria, de carácter civil y con carácter de funcionarios públicos, e independiente de las fuerzas militares y policiales. 2. Establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material, de los centros penitenciarios al Instituto Nacional Penitenciario. 3. Asegurar de manera inmediata que la custodia de los centros penitenciarios esté a cargo de agentes penitenciarios, así como poner fin a la detención de personas en instalaciones militares. 4. Dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias de los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, pendientes desde 2006 y 2012 respectivamente. En particular, llamamos al Estado a cumplir con las medidas relativas a: a. Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios señalados en el párrafo 95 de la Sentencia, adecuándolas a los estándares internacionales b. Implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales. c. Implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios
Tegucigalpa, Honduras, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido de Honduras Casa Alianza Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura Caritas Diócesis de San Pedro Sula Pastoral Penitenciaria. Diócesis de San Pedro Sula Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Asociación de Jueces por la Democracia Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Prisiones de Centroamérica, universidades del delito y bases de negocios criminales
diciembre 23, 2019
Redacción
Tomado de: El Universal.mx
Convertidas en universidades del delito y en bases de negocios criminales y sin lograr regenerar a los prisioneros, las 149 cárceles de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá cayeron en una violenta crisis en una realidad numérica: con capacidad de alojar a 72 mil 235 reclusos, la población penal de los seis países es de casi el doble y sumó 143 mil 159 presos a 2018.
Los líos en los penales de Centroamérica se saldaron esta semana con un motín el martes en Panamá que dejó 12 reclusos muertos y 11 heridos. Honduras militarizó el mismo día el sistema carcelario, donde las sangrientas disputas entre redes del crimen organizado, maras o pandillas y delincuencia común dejaron 105 homicidios desde 2013 y 20 únicamente en 2019.
Los datos oficiales sobre las cárceles del área, extraídos del más reciente informe World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, con cifras a septiembre de 2018 y algunas actualizadas a octubre de 2019, revelaron que El Salvador, con 38 mil 939 presos y 604 por cada 100 mil habitantes, tiene el mayor número de reclusos del istmo.
Con capacidad para 18 mil 51 personas, la sobrepoblación en 25 prisiones en ese país llegó a 215.2% en junio de 2018, precisó.
Una crisis que se arrastra. «La crisis carcelaria en Centroamérica se arrastra hace muchos años. No se corrige nada», adujo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
El Instituto precisó que Guatemala alcanzó 25 mil 320 presos en 21 cárceles con capacidad para 6 mil 800, a 143 por 100 mil habitantes y una sobrepoblación de 357.6%. Honduras registró 20 mil 506 privados de libertad, con 229 por 100 mil habitantes en 27 instituciones con capacidad para 10 mil 600 reclusos y una sobreocupación de 193.58%, indicó.
Con posibilidad de albergar a 11 mil 781 prisioneros en nueve penales, Nicaragua reportó 20 mil 918, una sobrepoblación de 177.6% y 332 por 100 mil habitantes.
Costa Rica, con 19 mil 226 reos en 33 centros penales con capacidad para 9 mil 791, llegó a una sobreocupación de 139.4% y 374 por 100 mil personas.
Panamá llegó a 16 mil 953 reclusos en 24 cárceles con opción de recibir a 15 mil 222, para un exceso de 111.4% y 401 por 100 mil pobladores.
«Autoridades ayudan a la corrupción». «El hacinamiento es muy grave y sin atención integral para solventarlo. Las autoridades ayudan a la corrupción en los penales que, sin readaptación, son escuelas del crimen para salir a delinquir», declaró Montenegro a EL UNIVERSAL.
Su condición de privados de libertad tampoco les impidió comprar privilegios -lujos, placeres y acceso a armas, municiones, marihuana, cocaína o licores vía sobornos- y seguir ligados a sus contactos de afuera de las cárceles para controlar operaciones externas de extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y armamento, sicariato, estafas telefónicas y otras actividades ilícitas. Los motines son frecuentes y mortales.
Al advertir que «siempre hay abogados coludidos» con los presos, el viceministro de Seguridad de Honduras, Luis Suazo, reveló que tres empleados penitenciarios fueron detenidos porque cobraron 40 mil 500 dólares hace tres meses por introducir dos teléfonos celulares y un aparato de comunicación satelital a un penal para unos presos.
El caso demostró un alza, ya que el costo por insertar un teléfono celular a prisión era de unos 60 dólares, narró Suazo a la prensa hondureña. «Hay personas que se prestan para trasladar mensajes, dinero, armas», narró.
Convertidas en universidades del delito y en bases de negocios criminales y sin lograr regenerar a los prisioneros, las 149 cárceles de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá cayeron en una violenta crisis en una realidad numérica: con capacidad de alojar a 72 mil 235 reclusos, la población penal de los seis países es de casi el doble y sumó 143 mil 159 presos a 2018.
Los líos en los penales de Centroamérica se saldaron esta semana con un motín el martes en Panamá que dejó 12 reclusos muertos y 11 heridos. Honduras militarizó el mismo día el sistema carcelario, donde las sangrientas disputas entre redes del crimen organizado, maras o pandillas y delincuencia común dejaron 105 homicidios desde 2013 y 20 únicamente en 2019.
Los datos oficiales sobre las cárceles del área, extraídos del más reciente informe World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, con cifras a septiembre de 2018 y algunas actualizadas a octubre de 2019, revelaron que El Salvador, con 38 mil 939 presos y 604 por cada 100 mil habitantes, tiene el mayor número de reclusos del istmo.
Con capacidad para 18 mil 51 personas, la sobrepoblación en 25 prisiones en ese país llegó a 215.2% en junio de 2018, precisó.
Una crisis que se arrastra. «La crisis carcelaria en Centroamérica se arrastra hace muchos años. No se corrige nada», adujo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
El Instituto precisó que Guatemala alcanzó 25 mil 320 presos en 21 cárceles con capacidad para 6 mil 800, a 143 por 100 mil habitantes y una sobrepoblación de 357.6%. Honduras registró 20 mil 506 privados de libertad, con 229 por 100 mil habitantes en 27 instituciones con capacidad para 10 mil 600 reclusos y una sobreocupación de 193.58%, indicó.
Con posibilidad de albergar a 11 mil 781 prisioneros en nueve penales, Nicaragua reportó 20 mil 918, una sobrepoblación de 177.6% y 332 por 100 mil habitantes.
Costa Rica, con 19 mil 226 reos en 33 centros penales con capacidad para 9 mil 791, llegó a una sobreocupación de 139.4% y 374 por 100 mil personas.
Panamá llegó a 16 mil 953 reclusos en 24 cárceles con opción de recibir a 15 mil 222, para un exceso de 111.4% y 401 por 100 mil pobladores.
«Autoridades ayudan a la corrupción». «El hacinamiento es muy grave y sin atención integral para solventarlo. Las autoridades ayudan a la corrupción en los penales que, sin readaptación, son escuelas del crimen para salir a delinquir», declaró Montenegro a EL UNIVERSAL.
Su condición de privados de libertad tampoco les impidió comprar privilegios -lujos, placeres y acceso a armas, municiones, marihuana, cocaína o licores vía sobornos- y seguir ligados a sus contactos de afuera de las cárceles para controlar operaciones externas de extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y armamento, sicariato, estafas telefónicas y otras actividades ilícitas. Los motines son frecuentes y mortales.
Al advertir que «siempre hay abogados coludidos» con los presos, el viceministro de Seguridad de Honduras, Luis Suazo, reveló que tres empleados penitenciarios fueron detenidos porque cobraron 40 mil 500 dólares hace tres meses por introducir dos teléfonos celulares y un aparato de comunicación satelital a un penal para unos presos.
El caso demostró un alza, ya que el costo por insertar un teléfono celular a prisión era de unos 60 dólares, narró Suazo a la prensa hondureña. «Hay personas que se prestan para trasladar mensajes, dinero, armas», narró.
Demandan crear comisión de alta credibilidad que se encargue de centros penales de Honduras
diciembre 23, 2019
Redaccion
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Ante las múltiples muertes violentas de privados de libertad en el interior de los centros penales hondureños, defensores de derechos humanos demandaron este lunes la creación de una comisión de alta credibilidad, integrada por diversos sectores.
Tegucigalpa. –Ante las múltiples muertes violentas de privados de libertad en el interior de los centros penales hondureños, defensores de derechos humanos demandaron este lunes la creación de una comisión de alta credibilidad, integrada por diversos sectores.
La
comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, da
lectura al comunicado, junto a ella el director del Centro de
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura,
Juan Almendares Bonilla y el director del Centro de Investigación y
Promoción de los Derechos Humanos, Carlos Leiva.
La demanda, planteada por el Centro de
Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y
sus familiares, plantea además que se considere una profunda reforma
penitenciaria orientada por el modelo de obligaciones y derechos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) del enfoque sicosocial y
justicia restaurativa.
Según el planteamiento, la comisión deberá hacer recomendaciones de manera urgente sobre la grave situación que enfrenta el sistema penitenciario a raíz de más de 40 muertes violentas de privados de libertad en los últimos días y debido a la falta de credibilidad institucional emanada de la seguridad pública y de los operadores de justicia.
Los demandantes propusieron mediante un comunicado que la comisión de alta credibilidad debe ser integrada por la Mesa de Derechos Humanos, Colegio Médico, Colegio de Abogados, Conferencia Episcopal, Iglesia Luterana, Iglesia Agape, un representante de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas, representantes de organizaciones campesinas, indígenas, negras, misquitas, organizaciones de mujeres, feministas, comunidad LGTBI, familiares de personas privadas de libertad, Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conprev) y jueces de ejecución.
La mayoría de las organizaciones propuestas para integrar la comisión de alta credibilidad pertenece a los sectores más progresistas de Honduras, quienes denunciaron a la vez que la comisionada de Conaprev, Glenda Ayala, ratificada en dicho puesto por la sociedad desde el 13 de septiembre, aún no ha sido juramentada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, está siendo objeto de amenazas de muerte por miembros de la Fuerza Antimaras y Pandillas.
Producto de un acto violento suscitado el domingo en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, 19 privados de libertad perdieron la vida, mientras que el viernes otros 21 fallecieron y 15 resultaron con heridas de gravedad. Mientras el fin de semana anterior cinco miembros de pandillas perecieron en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
El 16 de diciembre el gobierno decreto estado de emergencia en el sistema penitenciario y creó una comisión interventora rectorada por militares quienes tendrán el control absoluto de los centros penales a nivel nacional a través de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina).
La intervención en el sistema penitenciario fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que es presidida por el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien asumió todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia.
La Comisión Interventora dijo en un comunicado ayer domingo que las acciones violentas «son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que FUSINA, a través de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país».
En tanto, diversos sectores advierten que las muertes son parte de una estrategia del régimen de Juan Hernández para privatizar el sistema penitenciario, en el marco de la intervención militar.
Según el planteamiento, la comisión deberá hacer recomendaciones de manera urgente sobre la grave situación que enfrenta el sistema penitenciario a raíz de más de 40 muertes violentas de privados de libertad en los últimos días y debido a la falta de credibilidad institucional emanada de la seguridad pública y de los operadores de justicia.
Los demandantes propusieron mediante un comunicado que la comisión de alta credibilidad debe ser integrada por la Mesa de Derechos Humanos, Colegio Médico, Colegio de Abogados, Conferencia Episcopal, Iglesia Luterana, Iglesia Agape, un representante de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas, representantes de organizaciones campesinas, indígenas, negras, misquitas, organizaciones de mujeres, feministas, comunidad LGTBI, familiares de personas privadas de libertad, Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conprev) y jueces de ejecución.
La mayoría de las organizaciones propuestas para integrar la comisión de alta credibilidad pertenece a los sectores más progresistas de Honduras, quienes denunciaron a la vez que la comisionada de Conaprev, Glenda Ayala, ratificada en dicho puesto por la sociedad desde el 13 de septiembre, aún no ha sido juramentada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, está siendo objeto de amenazas de muerte por miembros de la Fuerza Antimaras y Pandillas.
Noticia Relacionada: ¡Incontrolable! 18 muertos en centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, Honduras
Las muertesProducto de un acto violento suscitado el domingo en el centro penal de El Porvenir, Francisco Morazán, 19 privados de libertad perdieron la vida, mientras que el viernes otros 21 fallecieron y 15 resultaron con heridas de gravedad. Mientras el fin de semana anterior cinco miembros de pandillas perecieron en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
El 16 de diciembre el gobierno decreto estado de emergencia en el sistema penitenciario y creó una comisión interventora rectorada por militares quienes tendrán el control absoluto de los centros penales a nivel nacional a través de la Fuerza Interinstitucional Nacional (Fusina).
La intervención en el sistema penitenciario fue creada mediante resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, instancia que es presidida por el jefe de gobierno, Juan Hernández, quien asumió todas las competencias legales, tanto las establecidas en la Ley General de la Administración Pública y las especiales que rigen esta materia.
La Comisión Interventora dijo en un comunicado ayer domingo que las acciones violentas «son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que FUSINA, a través de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país».
En tanto, diversos sectores advierten que las muertes son parte de una estrategia del régimen de Juan Hernández para privatizar el sistema penitenciario, en el marco de la intervención militar.
Honduras está en medio de un reacomodamiento del narcotráfico, dice analista
- 20/12/2019
El analista considera torpe la manera de estar eliminando la competencia de manera bestial y brutal.
El juicio desarrollado contra Tony Hernández en Nueva York, Estados
Unidos puso en vilo a estructuras políticas, económicas y militares en
Honduras. Muchos nombres salieron a relucir en boca de narcotraficantes.
El asesinato de Magdaleno Meza (autor de las narcolibretas) y de otras personas ligadas a exlíderes del narcotráfico en Honduras, es reflejo del reacomodamiento de los carteles de la droga en el país, opina el abogado Celso Alvarado, experto en temas de seguridad.
“Al haber un vacío de poder en este tipo de organizaciones habrán muchos atrás que probablemente asuman la posición de liderazgo que quedó pendiente”.
“Otros aspectos relevantes, que el caso Colombia lo explica, es el hecho que en ocasiones los interesado en tomar el control tanto del territorio, como del negocio, utilizan la violencia o el terror para demostrar que tienen el poder necesario como para poder ascender a liderar ese vacío de poder que quedó”, dice Alvarado refiriéndose al liderazgo que significaba Tony Hernández.
El analista político dice que, seremos testigos del incremento de la violencia homicida. Recuerda como en ese proceso de disputa de territorios, en una masacre registrada el 23 de diciembre del 2004, un total de 28 personas fueron asesinadas por desconocidos que dispararon contra un autobús de la ruta urbana en San Pedro Sula.
Alvarado expresa que la disputa de poder no sólo la miramos a nivel de territorio, sino también a nivel de los centros penales.
“El hecho que misteriosamente estén apareciendo asesinadas personas con vínculos directos a testigos en el caso del juicio de Tony Hernández, indica que no sólo hay una lucha por el control del territorio, sino una venganza por declaraciones vertidas en el juicio”, concluye el analista.
Eliminar archivos vivientes
El abogado Fabricio Herrera, consultor en temas de seguridad, recuerda como en la década de los 80 en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, los militares procedieron a eliminar los denominados “archivos vivientes”, en ese sentido, está convencido que la misma fórmula se está aplicando en el país luego del juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández.
Herrera dice que, si bien es cierto se asesina a personas muy conocidas que han tenido algún vínculo con el narcotráfico y en el juicio contra Tony Hernández, también se está asesinando de manera selectiva a otras que podrían significar un peligro, pero que pasan como crímenes de delincuencia común.
El analista considera torpe la manera de estar eliminando la competencia de manera bestial y brutal.
“Lo que ocurre es un acto poco inteligente porque está toda la estructura de gobierno involucrada y no quieren otro caso como el de Tony Hernández, en donde salgan a la luz informaciones como las que se ventilaron en dicho juicio”.
“Torpemente están asesinando a personas que pueden brindar información en un segundo caso. En lugar de estar restando evidencia se están identificando más hacia los investigadores norteamericanos”, señala Herrera.
Recientemente el abogado de Magdaleno Meza, Carlos Chajtur, denunció que el Estado hondureño protege a los autores intelectuales del asesinato de su cliente. Y que el crimen podría ser una represalia por la información proporcionada a la DEA.
Desde el juicio contra el hermano del mandatario hondureño se ha desatado una ola de asesinatos de personas que podrían significar un peligro para la estabilidad y libertad del gobernante, concluyen los analistas.
El asesinato de Magdaleno Meza (autor de las narcolibretas) y de otras personas ligadas a exlíderes del narcotráfico en Honduras, es reflejo del reacomodamiento de los carteles de la droga en el país, opina el abogado Celso Alvarado, experto en temas de seguridad.
“Al haber un vacío de poder en este tipo de organizaciones habrán muchos atrás que probablemente asuman la posición de liderazgo que quedó pendiente”.
“Otros aspectos relevantes, que el caso Colombia lo explica, es el hecho que en ocasiones los interesado en tomar el control tanto del territorio, como del negocio, utilizan la violencia o el terror para demostrar que tienen el poder necesario como para poder ascender a liderar ese vacío de poder que quedó”, dice Alvarado refiriéndose al liderazgo que significaba Tony Hernández.
El analista político dice que, seremos testigos del incremento de la violencia homicida. Recuerda como en ese proceso de disputa de territorios, en una masacre registrada el 23 de diciembre del 2004, un total de 28 personas fueron asesinadas por desconocidos que dispararon contra un autobús de la ruta urbana en San Pedro Sula.
Alvarado expresa que la disputa de poder no sólo la miramos a nivel de territorio, sino también a nivel de los centros penales.
“El hecho que misteriosamente estén apareciendo asesinadas personas con vínculos directos a testigos en el caso del juicio de Tony Hernández, indica que no sólo hay una lucha por el control del territorio, sino una venganza por declaraciones vertidas en el juicio”, concluye el analista.
Eliminar archivos vivientes
El abogado Fabricio Herrera, consultor en temas de seguridad, recuerda como en la década de los 80 en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, los militares procedieron a eliminar los denominados “archivos vivientes”, en ese sentido, está convencido que la misma fórmula se está aplicando en el país luego del juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández.
Herrera dice que, si bien es cierto se asesina a personas muy conocidas que han tenido algún vínculo con el narcotráfico y en el juicio contra Tony Hernández, también se está asesinando de manera selectiva a otras que podrían significar un peligro, pero que pasan como crímenes de delincuencia común.
El analista considera torpe la manera de estar eliminando la competencia de manera bestial y brutal.
“Lo que ocurre es un acto poco inteligente porque está toda la estructura de gobierno involucrada y no quieren otro caso como el de Tony Hernández, en donde salgan a la luz informaciones como las que se ventilaron en dicho juicio”.
“Torpemente están asesinando a personas que pueden brindar información en un segundo caso. En lugar de estar restando evidencia se están identificando más hacia los investigadores norteamericanos”, señala Herrera.
Recientemente el abogado de Magdaleno Meza, Carlos Chajtur, denunció que el Estado hondureño protege a los autores intelectuales del asesinato de su cliente. Y que el crimen podría ser una represalia por la información proporcionada a la DEA.
Desde el juicio contra el hermano del mandatario hondureño se ha desatado una ola de asesinatos de personas que podrían significar un peligro para la estabilidad y libertad del gobernante, concluyen los analistas.
La boda del "Padrino” y el acuerdo en la Nochebuena
Le faltó imaginación a Mario Puzo, creador
de “El Padrino”. Un Michael Corleone, en una iglesia católica
resguardada por sus capos, presenciaba el bautizo de su sobrino, nadie
sospecha que en la solemnidad de aquel ritual y de aquel hombre, se
esconde la orden de la masacre de los líderes de las cinco familias, lo
que lo convierte en el rey del crimen, el dueño de la ciudad, se hace
“el Padrino”. “A nome del padre del figlio e dello spirito santo”.
Reflexión/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La noche se rompió con gritos, disparos y clamores; el trabajo estaba
hecho y 19 cuerpos cayeron al suelo. El viernes una carnicería se
ejecutó en la prisión de Tela. Horas después, el domingo 22 de
diciembre, las paredes se manchaban de sangre, 18 personas más fueron
asesinadas. Una mujer frente a la cámara llora y grita, que habló con su
esposo, que le dijo que ya habían entrado y que estaban disparando. En
dos días, sólo en prisiones hondureñas 37 seres humanos fueron
despedazados.
Pero no todo es obscuridad, la virgen en la basílica
de Suyapa deslumbraba con neón cuando fue asaltada por un contingente
militar, el sábado 21 de diciembre, el único día que no hubo una masacre
en las prisiones. Frente a una iglesia militarizada, el sacerdote
observaba a la novia que bendeciría y era entregada por su padre y su
padrastro a quien sería su marido, un vestido blanco en corte sirena y
un velo al estilo español, un blanco rebozo de seda la cubría. ¡Hermoso!
Solo faltó la glamurosa socialité hondureña, quizá no fueron invitados.
No era cualquier novia, era la hija de Hernández.
Y
mientras los monaguillos entraban con las arras y anillos sobre suaves
cojines, en las prisiones entraban los verdugos; cuando en la iglesia,
al unísono en el tiempo, la acústica hacía más bello el coro góspel,
anunciaba el amor para siempre, en las prisiones los muros eran testigo
de los gritos sordos de los fusiles que callaban en el pecho; mientras
las suaves manos se unían como promesa de amor, dos privados de libertad
se miraban fijamente sin salida en ese mortal adiós, en esa despedida a
la eternidad.
Le faltó imaginación a Mario Puzo, creador
de “El Padrino”. Un Michael Corleone, en una iglesia católica
resguardada por sus capos, presenciaba el bautizo de su sobrino, nadie
sospecha que en la solemnidad de aquel ritual y de aquel hombre, se
esconde la orden de la masacre de los líderes de las cinco familias, lo
que lo convierte en el rey del crimen, el dueño de la ciudad, se hace
“el Padrino”. “A nome del padre del figlio e dello spirito santo”
“Las
cárceles ahora son un infierno”, dijo Juan, cuando inauguraba las
prisiones de máxima seguridad y la siempre entregada prensa tradicional
daba fe de esas palabras: “Se pueden escuchar los gritos de los
criminales, su desesperación”, redactaban las manos temblorosas en las
oficinas de la “verdad en sus manos” (vaya Ud. A saber a qué verdad se
refieren), esas mismas que acaban de publicar: “Todas esas son promesas
incumplidas”.
¡Vaya
Ud. A saber!, el porqué siempre aparece el carismático Luis Suazo en el
tema de las prisiones que costaron a los hondureños un mil millones de
lempiras y que hoy una reportera nos enseñaba confundida el arsenal
encontrado en el pozo, uno no sabe si está viendo una prisión o si era
el anuncio de la nueva sucursal de la ferretería Larach o Jetstereo,
laptos, Iphone, modem, machetes y todo lo que Ud. necesite para esta
navidad.
Esto
ya aburre, pero el discurso es el mismo cuando la historia es la misma.
Lo diremos, pues, en otra forma. En cualquier país con cualquier
gobernante de medianía, por un mal manejo de un conflicto social
renuncia o se le hace un juicio político. ¡Claro!. Eso se llama
institucionalidad, democracia, gobernabilidad y todas las palabras que
los políticos vulgares usan en esta tierra. ¿Imaginan en Alemania un
gobernante con 60 asesinatos en dos días?, pero han hecho de esto un
potrero, donde es chiste un gordo ebrio y corrupto diciendo “Me la
Pela”, a eso nos han rebajado, a cualquier cosa.
Una
mujer en el boulevard Morazán, envía a sus hijos a pedir dinero, dibuja
a lo lejos una sonrisa que esconde maldad, los infantes son los
recolectores de la miseria, pero… ¿Qué es más degradante, la señora
vividora o quien la creó? ¿Quién produjo estas villas miseria, pueblos y
ciudades de desgracia? ¿Quién maquina en las sombras con el analista de
bananera y en la luz para sostener a Juan? Más allá del traje moteado
que aparece al fondo ¿Quién más?
¿Quién
te ha dicho que los pobres son plática de los ricos? Sólo se ordena que
la copa se llene, quien lo hace no importa. Así se forman las villas de
la desgracia, con acumulaciones obscenas de dinero sin sentido, gente
con pocas luces, faltos de letras y muy ambiciosos, a esos no les
importa sostener a Juan, Pinochet o Franco, siempre y cuando no deje de
facturar.
Que
la Maccih se renueve o no hoy, es sólo propaganda. ¿Cuánto vale la
palabra de Almagro? Que también se quiere reelegir, que habló de fraudes
y hoy se sienta y negocia y negocia los juegos sucios de los paísitos
que juegan a repúblicas, después de todo la OEA, es sólo un “sindicato
gordo” y muy malo por cierto como esos que matan las empresas públicas y
pierden todo. Tampoco es que eso le vaya a dar credibilidad a Juan, si
llegara a renovar el contrato, pero si pone en aprietos a Oliva, eso es
real, ya le dijimos Doctor, juegue sus cartas o la partida termina…
termina mal para Ud.
Las
iglesias desbordan de hipocresía, la mano que da caricias y dispara es
la que santifica, mientras las masacres truenan, los pocos que pueden
desbordan en los centros comerciales, indiferentes sin saber si esas
prisas durarán un año más, la Maccih fue tocada en el alma y después de
todo siempre se exigió la Cicig. Mientras Uds. beben y celebran, otros
cierran ataúdes, y otros cierran acuerdos y terminará la navidad antes
de lo que piensa. ¡Feliz Nochebuena!
Publicado el 20 Diciembre, 2019
A través de un comunicado de prensa el secretario de Estado, Michael Pompeo, detalló que el diputado “se benefició de la corrupción pública relacionada con la organización hondureña de narcotráfico Los Cachiros”.
Además, EEUU designa al hijo del legislador hondureño, Óscar Roberto Nájera.
Para el Departamento de Estado las acciones son una “fuerte señal que EEUU apoya a Honduras en la lucha contra la corrupción”.
Hace unos meses, Nájera indicó que le restaba importancia a las acusaciones de los EEUU en su contra.
“Me la pela, tengo profunda amistad con Los Cachiros y pos pro-gringo”, fueron las palabras de Nájera.
Hoy, estoy designando al congresista hondureño Oscar Ramón Nájera debido a su participación en una corrupción significativa. En su capacidad oficial, el Sr. Nájera participó y se benefició de la corrupción pública relacionada con la organización hondureña de narcotráfico Los Cachiros. En mayo de 2013, Estados Unidos identificó a Los Cachiros como un importante grupo de narcotraficantes extranjeros de conformidad con la Ley Kingpin.
Esta designación se realiza bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Programas de Operaciones Extranjeras y Programas Afines 2019 del Departamento de Estado (Div. F, PL 116-6), según enmendada. La Sección 7031 (c) establece que, en los casos en que el Secretario de Estado tiene información creíble, los funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una corrupción significativa, esas personas y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
La ley también requiere que el Secretario de Estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. Además del Sr. Nájera, estoy designando a su hijo, Oscar Roberto Nájera López.
La acción de hoy envía una fuerte señal de que Estados Unidos apoya a Honduras en su lucha contra la corrupción. El Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos en esta región y en todo el mundo, particularmente cuando esa corrupción está relacionada con el narcotráfico.
Publicado el 20 Diciembre, 2019
De esa forma EEUU prohibirá la entrada en su territorio al diputado nacionalista por Colón debido a irregularidades que le vinculan con la banda de narcotraficantes “Los Cachiros”.
El secretario de Estado, Mike Pompeo dio a conocer la noticia en su cuenta de redes sociales y en la página oficial del Departamento.
En ese sentido el Parlamentario hondureño calificó este día los señalamientos como “una burda mentira hacia el mundo entero”.
“Esto a quién afecta realmente es a mi persona, mi familia y a mis amigos verdaderos”, agregó.
La determinación prohibirá la entrada en su territorio del diputado hondureño en conformidad con la “Ley Kingpin”, la que otorga autoridad al gobierno norteamericano aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros.
A Nájera le parece que con el anuncio se quiere “hacer un drama” que le tendría “sin cuidado”, reiterando su posición que es «falso» todo lo antes mencionado.
Capitalinos no podrán quemar monigotes de JOH y Tony como año viejo
diciembre 27, 2019
Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- Como un símbolo de quemar lo malo que los hondureños han vivido en el año que finaliza cada 31 de diciembre, se queman monigotes o «pichingos» con figuras alusivas a los políticos con pésima ejecución en los 365 días que duró el año.
Pero este año la dictadura liderada por el mandatario Juan Hernández, ha dispuesto que en la capital de Honduras sea prohibido lo que ha sido una tradición durante décadas.
Las figuras a quemar son las del titular del régimen y la de su hermano Juan Antonio, alias «Tony» Hernández quien guarda prisión en una cárcel de la ciudad de Nueva York tras haber sido encontrado culpable de cuatro delitos de narcotráfico y tráfico de armas, por los cuales podría enfrentar una sentencia de cárcel de por vida.
Atendiendo las órdenes de Hernández y del alcalde capitalino Juan Asfura, la jueza de policía de Tegucigalpa, Miriam Reyes sentenció ayer jueves que es prohibido la quema de monigotes en los barrios y colonias de la capital.
Ademas, advirtió que cada monigote que encuentren será decomisado y se sancionará al responsable según ellos con la finalidad de evitar que algunos niños puedan resultar quemados.
Cabe señalar que los monigotes son confeccionados y manipulados por adultos y que además es la expresión del pueblo que al final del año tiene esa forma de expresar su malestar contra los funcionarios corruptos y en este caso el mandatario está señalado de ser cómplice de su hermano y de haber recibido varios millones de parte de los narcotraficantes, incluido el Chapo Guzmán.
Tegucigalpa.- Como un símbolo de quemar lo malo que los hondureños han vivido en el año que finaliza cada 31 de diciembre, se queman monigotes o «pichingos» con figuras alusivas a los políticos con pésima ejecución en los 365 días que duró el año.
Pero este año la dictadura liderada por el mandatario Juan Hernández, ha dispuesto que en la capital de Honduras sea prohibido lo que ha sido una tradición durante décadas.
Las figuras a quemar son las del titular del régimen y la de su hermano Juan Antonio, alias «Tony» Hernández quien guarda prisión en una cárcel de la ciudad de Nueva York tras haber sido encontrado culpable de cuatro delitos de narcotráfico y tráfico de armas, por los cuales podría enfrentar una sentencia de cárcel de por vida.
Atendiendo las órdenes de Hernández y del alcalde capitalino Juan Asfura, la jueza de policía de Tegucigalpa, Miriam Reyes sentenció ayer jueves que es prohibido la quema de monigotes en los barrios y colonias de la capital.
Ademas, advirtió que cada monigote que encuentren será decomisado y se sancionará al responsable según ellos con la finalidad de evitar que algunos niños puedan resultar quemados.
Cabe señalar que los monigotes son confeccionados y manipulados por adultos y que además es la expresión del pueblo que al final del año tiene esa forma de expresar su malestar contra los funcionarios corruptos y en este caso el mandatario está señalado de ser cómplice de su hermano y de haber recibido varios millones de parte de los narcotraficantes, incluido el Chapo Guzmán.
Fosdeh ve un panorama de incertidumbre en economía hondureña para 2020
diciembre 23, 2019
Redacción
El Banco Central de Honduras
señaló el 19 de diciembre que “la expectativa de crecimiento
económico para finales de 2019 se mantiene entre 2.7 y 3.1%”.
El año 2018 cerró con un crecimiento económico de 3.7%, el cual es menor con respecto al año 2017 (de 4.8%). El Programa Monetario 2019-2020 de marzo del presente año, registró una proyección entre 3.3 y 3.7%, un poco alentador a pesar de las señales económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales.
No obstante, en la revisión de sus proyecciones en agosto del presente año disminuyó la perspectiva de crecimiento económico situándose entre 3.0 y 3.4% “al incorporar la evolución reciente de la coyuntura económica, así como las últimas perspectivas de las principales variables macroeconómicas y financieras a nivel nacional e internacional” (BCH, 2019). Sin embargo, la posibilidad de llegar al mínimo proyectado en la revisión, es decir, de 3% de crecimiento económico real, es incierto.
Al segundo trimestre del 2019 se registró un crecimiento negativo con respecto al primer trimestre de -0.3% y una leve recuperación en el tercer trimestre de 1.4% con respecto al segundo trimestre. Además, “la serie original del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) refleja, a octubre de 2019, una variación acumulada de 2.7% por debajo de lo observado en la misma fecha del año previo (3.7% en igual período de 2018)”. Todo lo anterior demuestra que el panorama para el 2020 no sea diferente al 2019.
No sólo se trata de crecimiento económico, sino de los sectores productivos que aportan a dicho crecimiento y lo que representan en el Producto Interno Bruto (PIB), incidiendo directamente en la productividad, competitividad, empleo, ingreso de los hogares, y en las anomalías socio económicas, como; la desigualdad y la pobreza. En el año 2000 el rubro de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca representaba en el PIB Real un 14.4% para el año 2018 llega a 14.5%, en contraste, la Intermediación Financiera representó en el PIB Real del año 2000 un 4.8%, y en el año 2018 un 18.7%, relaciones que no concuerdan con la capacidad de generación de nuevos empleos. Ante la complejidad socio económica que se vive y se aproxima, se añade el mal manejo del Estado mismo, sus políticas y la administración de los recursos públicos que no abonan a mantener cierta certeza jurídica, social y política, un Estado de Derecho.
Se aprobó en el Congreso Nacional un Presupuesto General para el año 2020 de más de L 282,400 millones sin considerar una caída de ingresos tributarios de aproximadamente L 4,800 millones. Además, sin haber resuelto la debilidad institucional y la poca capacidad de respuesta de las instituciones para otorgar los bienes y servicios públicos a la población, aunado a los grandes problemas de corrupción, por lo que este próximo año es crucial mantener la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), apoyar las instancias nacionales como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aunado el fortalecimiento del Ministerio Público (y Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción -UFECIC), Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El Instituto Nacional de Estadística (INE) en la elaboración de sus datos 2019, estimó que la pobreza en Honduras ha disminuido. El FOSDEH ha observado inconsistencias técnicas, una de ellas, no se toman en cuenta en las estadísticas y en calidad de pobres los hogares que no declaran ingresos y que a nuestra consideración forman parte de los más pobres en nuestro país, contribuyendo con eso a una disminución del indicador de pobreza; por lo tanto, el FOSDEH no hará una mención pública al dato de pobreza. Pareciera que los cambios de metodología contribuyen a que la pobreza se disminuya.
El problema del desempleo, subempleo y la falta de los hogares de ganar un Salario Mínimo (que se ha convertido en un “Salario Máximo” en nuestro país) es el “pan de cada día” de los nuestros. La tasa de subempleo en los últimos siete años ha mostrado una tendencia al alza llegando a 60.6% del total de personas ocupadas para el 2019, aunada con la tasa de desempleo que oscila en 5.70% para el mismo año, se han convertido en especie de ancla que no les permite a los hondureños avanzar.
La desigualdad es un fenómeno persistente donde se ha podido demostrar que para el 2019, el ingreso per cápita de los hogares más ricos del país es 22.17 veces más alto que el ingreso per cápita de los hogares más pobres del país .
Honduras tuvo una inflación moderada de 4.22% en el año 2018, a noviembre del 2019, se registra una inflación acumulada de 3.65%. Inflación que se mide con una Canasta Básica de bienes y servicios de 282 variables utilizadas desde 1999, lo que impide identificar el nuevo comportamiento de consumo a la fecha.
Si se hiciera el ejercicio de tener una canasta básica popular actualizada, seguramente el indicador inflacionario sería muy diferente. Sin embargo, para el año 2020 se iniciará la actualización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para actualizar esta variable de suma importancia, ya que incide en las negociaciones del Salario Mínimo, por ejemplo, y da parámetros a otros indicadores, como; Tasas de Interés en el sistema financiero nacional.
En la apertura comercial, seguimos teniendo un déficit que aumenta de tal manera, que para diciembre de 2019 alcanza un monto de USD 4,898 millones, de los cuales USD 1,706.27 millones corresponden al comercio bilateral con Estados Unidos. Se añade a esto, el hecho que en los 14 años que han transcurrido desde la firma del CAFTA-RD, Honduras ha acumulado un saldo comercial negativo de USD 36,731.0 millones con Estados Unidos.
En este sentido, es altamente probable que, con la liberalización de los aranceles convenidos en el tratado de libre comercio se incremente este déficit, afectando colateralmente a los productores nacionales que no cuentan con los medios, recursos, ni tecnología para competir contra el mercado estadounidense.
La Inversión Extranjera Directa (IED) cayó cerca de 39% en los primeros seis meses del 2019 producto de la crisis social y política del país, asociada con la desaceleración mundial de la economía. El Gabinete Económico indicó el 14 de octubre de 2019 que el país estaría entrando en una “especie de recesión económica” y que se trabajará en un plan de respuesta rápida para contener el problema económico en el país, plan que hasta el día de la publicación de este documento no se ha hecho público.Por lo cual, desde el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) creemos que es necesario implementar un verdadero Plan Nacional de Rescate. Aplicando los correctivos a las políticas económicas de país, con una visión del bienestar común.
No sólo se tratará de resolver los problemas estructurales con la ilusión de un nuevo sistema electoral. Los males de Honduras persistirán si no se atacan las anomalías sistémicas que han llevado a Honduras a ser los “campeones” en lo negativo de las evaluaciones internacionales, tales como; Haciendo Negocios de Banco Mundial, Índice de Competitividad Mundial del Foro Económico Mundial, Cuenta del Milenio, Pobreza para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras…
El año 2018 cerró con un crecimiento económico de 3.7%, el cual es menor con respecto al año 2017 (de 4.8%). El Programa Monetario 2019-2020 de marzo del presente año, registró una proyección entre 3.3 y 3.7%, un poco alentador a pesar de las señales económicas, sociales y políticas nacionales e internacionales.
No obstante, en la revisión de sus proyecciones en agosto del presente año disminuyó la perspectiva de crecimiento económico situándose entre 3.0 y 3.4% “al incorporar la evolución reciente de la coyuntura económica, así como las últimas perspectivas de las principales variables macroeconómicas y financieras a nivel nacional e internacional” (BCH, 2019). Sin embargo, la posibilidad de llegar al mínimo proyectado en la revisión, es decir, de 3% de crecimiento económico real, es incierto.
Al segundo trimestre del 2019 se registró un crecimiento negativo con respecto al primer trimestre de -0.3% y una leve recuperación en el tercer trimestre de 1.4% con respecto al segundo trimestre. Además, “la serie original del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) refleja, a octubre de 2019, una variación acumulada de 2.7% por debajo de lo observado en la misma fecha del año previo (3.7% en igual período de 2018)”. Todo lo anterior demuestra que el panorama para el 2020 no sea diferente al 2019.
No sólo se trata de crecimiento económico, sino de los sectores productivos que aportan a dicho crecimiento y lo que representan en el Producto Interno Bruto (PIB), incidiendo directamente en la productividad, competitividad, empleo, ingreso de los hogares, y en las anomalías socio económicas, como; la desigualdad y la pobreza. En el año 2000 el rubro de la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca representaba en el PIB Real un 14.4% para el año 2018 llega a 14.5%, en contraste, la Intermediación Financiera representó en el PIB Real del año 2000 un 4.8%, y en el año 2018 un 18.7%, relaciones que no concuerdan con la capacidad de generación de nuevos empleos. Ante la complejidad socio económica que se vive y se aproxima, se añade el mal manejo del Estado mismo, sus políticas y la administración de los recursos públicos que no abonan a mantener cierta certeza jurídica, social y política, un Estado de Derecho.
Se aprobó en el Congreso Nacional un Presupuesto General para el año 2020 de más de L 282,400 millones sin considerar una caída de ingresos tributarios de aproximadamente L 4,800 millones. Además, sin haber resuelto la debilidad institucional y la poca capacidad de respuesta de las instituciones para otorgar los bienes y servicios públicos a la población, aunado a los grandes problemas de corrupción, por lo que este próximo año es crucial mantener la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), apoyar las instancias nacionales como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), aunado el fortalecimiento del Ministerio Público (y Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción -UFECIC), Poder Judicial y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En la Administración de lo público, se observa un franco deterioro de las Empresas Estatales; ENEE, Hondutel y el SANAA. Empresas que se encuentran operando en déficit, y acumulando una deuda inmensa, por ejemplo, la ENEE a septiembre del presente año arrastra más de L 70,000 millones, con un déficit superior a los L 5,000 millones (es posible que a finales del 2019 se alcance una cifra superior a los L 7,000 millones, como históricamente ha ocurrido).En el caso de Hondutel se estima de un déficit para el año 2019, de más de L350 millones (el año 2018, cerró con aproximadamente L200 millones). De igual manera, algunos Institutos de Previsión, reciben grandes cuestionamientos de su funcionamiento, un ejemplo de ello; la atención del IHSS. Este comportamiento desfavorable continuará impactando negativamente el resto de las finanzas públicas y el bienestar de la población.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) en la elaboración de sus datos 2019, estimó que la pobreza en Honduras ha disminuido. El FOSDEH ha observado inconsistencias técnicas, una de ellas, no se toman en cuenta en las estadísticas y en calidad de pobres los hogares que no declaran ingresos y que a nuestra consideración forman parte de los más pobres en nuestro país, contribuyendo con eso a una disminución del indicador de pobreza; por lo tanto, el FOSDEH no hará una mención pública al dato de pobreza. Pareciera que los cambios de metodología contribuyen a que la pobreza se disminuya.
El problema del desempleo, subempleo y la falta de los hogares de ganar un Salario Mínimo (que se ha convertido en un “Salario Máximo” en nuestro país) es el “pan de cada día” de los nuestros. La tasa de subempleo en los últimos siete años ha mostrado una tendencia al alza llegando a 60.6% del total de personas ocupadas para el 2019, aunada con la tasa de desempleo que oscila en 5.70% para el mismo año, se han convertido en especie de ancla que no les permite a los hondureños avanzar.
La desigualdad es un fenómeno persistente donde se ha podido demostrar que para el 2019, el ingreso per cápita de los hogares más ricos del país es 22.17 veces más alto que el ingreso per cápita de los hogares más pobres del país .
Honduras tuvo una inflación moderada de 4.22% en el año 2018, a noviembre del 2019, se registra una inflación acumulada de 3.65%. Inflación que se mide con una Canasta Básica de bienes y servicios de 282 variables utilizadas desde 1999, lo que impide identificar el nuevo comportamiento de consumo a la fecha.
Si se hiciera el ejercicio de tener una canasta básica popular actualizada, seguramente el indicador inflacionario sería muy diferente. Sin embargo, para el año 2020 se iniciará la actualización de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para actualizar esta variable de suma importancia, ya que incide en las negociaciones del Salario Mínimo, por ejemplo, y da parámetros a otros indicadores, como; Tasas de Interés en el sistema financiero nacional.
En la apertura comercial, seguimos teniendo un déficit que aumenta de tal manera, que para diciembre de 2019 alcanza un monto de USD 4,898 millones, de los cuales USD 1,706.27 millones corresponden al comercio bilateral con Estados Unidos. Se añade a esto, el hecho que en los 14 años que han transcurrido desde la firma del CAFTA-RD, Honduras ha acumulado un saldo comercial negativo de USD 36,731.0 millones con Estados Unidos.
En este sentido, es altamente probable que, con la liberalización de los aranceles convenidos en el tratado de libre comercio se incremente este déficit, afectando colateralmente a los productores nacionales que no cuentan con los medios, recursos, ni tecnología para competir contra el mercado estadounidense.
Cabe mencionar que, las exportaciones de los principales productos hondureños han caído en los últimos 3 años. En 2017, el valor de las exportaciones de café sumó USD 1,225 millones, en cambio para el 2019 solamente suma USD 881.50 millones, el banano pasó de USD 425 millones a 373.40 millones, y el aceite de palma de 335.70 millones a 251.70 millones respectivamente. Las remesas continúan siendo un refugio de esta economía “de incertidumbre” aportando al consumo de los hogares que reciben, mantener cierta calidad de vida, dinamizando algunos sectores de producción, comercio y servicio.Además, de la principal fuente de divisas, fortaleciendo las Reservas Internacionales, estabilizando de alguna medida al Lempira frente a las monedas internacionales, las remesas son tan nobles, que al momento de ingresar a la economía a través del consumo nutren las “arcas del Estado” con el pago de los impuestos. Al 12 de diciembre del 2019 se percibió USD 5,227.6 millones (las remesas podrían superar los USD 5,400 millones), representando el primero alrededor del 20% del PIB. Lo cual favorece el incremento de las Reservas Internacionales Netas, que a la misma fecha reportan USD 5,485.5 millones, que cubren cinco meses y medio de importaciones.
La Inversión Extranjera Directa (IED) cayó cerca de 39% en los primeros seis meses del 2019 producto de la crisis social y política del país, asociada con la desaceleración mundial de la economía. El Gabinete Económico indicó el 14 de octubre de 2019 que el país estaría entrando en una “especie de recesión económica” y que se trabajará en un plan de respuesta rápida para contener el problema económico en el país, plan que hasta el día de la publicación de este documento no se ha hecho público.Por lo cual, desde el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) creemos que es necesario implementar un verdadero Plan Nacional de Rescate. Aplicando los correctivos a las políticas económicas de país, con una visión del bienestar común.
No sólo se tratará de resolver los problemas estructurales con la ilusión de un nuevo sistema electoral. Los males de Honduras persistirán si no se atacan las anomalías sistémicas que han llevado a Honduras a ser los “campeones” en lo negativo de las evaluaciones internacionales, tales como; Haciendo Negocios de Banco Mundial, Índice de Competitividad Mundial del Foro Económico Mundial, Cuenta del Milenio, Pobreza para la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otras…
