Hijas e hijo de Berta Cáceres demandan al Fiscal General dejar las excusas y someter a juicio a los altos ejecutivos de DESA

Tuesday, 03 December 2019 20:42 Written by Dina Meza Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE

El Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla debe dejar de poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, entre otros, por el asesinato de Berta Cáceres, señalaron este 02 de diciembre el hijo e hijas de Berta Cáceres después de escuchar la lectura de la sentencia contra siete implicados materiales en el crimen.

El lunes 02 de diciembre la sala I del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dio lectura a la sentencia contra siete de los implicados en el crimen contra Berta Cáceres, cuatro de ellos recibieron una condena de 34 años de prisión por el asesinato y 16 por tentativa contra el mexicano Gustavo Castro. Mientras dos exmilitares y un gerente de la empresa hidroeléctrica DESA les asignaron únicamente 30 años de prisión.

Además señalaron que la falta de justicia crea la necesidad de establecer una comisión independiente para aplicar la Ley.
“Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen consecuencia de la tenacidad de la lucha del COPINH, la familia y la solidaridad nacional y del mundo”, señalaron en el comunido.
Lea el documento completo:
Comunicado sobre lectura sentencia causa Berta Cáceres
Las hijas e hijo de Berta Cáceres junto al COPINH tras la lectura de la sentencia del primer juicio contra los autores materiales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres hacemos conocer lo siguiente:
1. La impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales. Existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros por el asesinato de Berta Cáceres.
2. El Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla debe dejar de poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah, entre otros, por el asesinato de Berta Cáceres.
3. El Estado de Honduras enfrenta a procesos internacionales por la participación de funcionarios públicos y la omisión de investigar adecuadamente el asesinato de Berta Cáceres.
4. La falta de justicia en Honduras hace necesaria la instalación de una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres
5. Esta sentencia es una primera fisura al muro de impunidad total que sostiene a la estructura criminal responsable del crimen consecuencia de la tenacidad de la lucha del COPINH, la familia y la solidaridad nacional y del mundo.
Berta, nuestra hermana seguirá siendo un símbolo de lucha y esperanza para todos los territorios que hoy continúan la batalla en defensa de la vida y que hoy son perseguidos y criminalizados por esta dictadura. Esta sentencia es el inicio de un camino implacable de justicia para los pueblos y para Honduras.
En el COPINH seguimos con esperanza defendiendo la sangre de la tierra, construyendo para coexistir de manera justa, digna y por la vida. No desfallecemos en nuestra lucha en la que Berta vive y vive.
¡La impunidad no termina con una sentencia!
¡Castigo a los Atala!
¡Estado Asesino!
Dado a los 2 días del mes de diciembre de 2019 en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.
Fuente original de la información: https://copinh.org/2019/12/lectura-sentencia-causa-berta/

Condenan de 30 a 50 años de cárcel a los autores materiales del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres

Publicado: 3 dic 2019 01:06 GMT - RT

El tribunal de sentencia dictó condenas contra los siete imputados.

Condenan de 30 a 50 años de cárcel a los autores materiales del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres

Mujeres exigen justicia por el asesinato de Berta Cáceres en una marcha en San José, Costa Rica, el 8 de marzo de 2019.Juan Carlos Ulate / Reuters

A 45 meses del asesinato de Berta Cáceres, activista hondureña que luchaba en defensa del medio ambiente en el país centroamericano, el tribunal de sentencia dictó condenas de entre 30 y 50 años de prisión para los siete acusados de ser los autores materiales del crimen, informó este lunes el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Entre los condenados están los tres sicarios que efectuaron los disparos, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía.
La activista fue asesinada el 2 de marzo de 2016, luego de recibir amenazas de la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
A través de Twitter, la Misión de Observación Calificada por la Causa Berta Cáceres dio a conocer los nombres y sentencias de los imputados:

Sergio Ramón Rodríguez Orellana (empleado de DESA): 30 años 6 meses.
Douglas Geovanny Bustillo (sargento retirado y exempleado de DESA): 30 años 6 meses.
Mariano Díaz Chavéz (mayor activo de las fuerzas armadas): 30 años.
Henry Hernández (militar retirado): 50 años.
Edilson Atilio Duarte Meza (sicario): 50 años 4 meses.
Elvin Eriberto Rápalo Orellana (sicario): 50 años 4 meses.
Óscar Aroldo Torres Velásquez (sicario): 30 años 4 meses.

La familia de Berta Cáceres exige que se enjuicie a los autores intelectuales del asesinato

En enero de este año, la familia y los abogados de la líder social asesinada presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras contra la construcción de la hidroeléctrica, a fin de que el Gobierno cancelara el permiso de operación a DESA.
Una vez que este lunes se conoció la sentencia, los hijos de Cáceres, junto al Copinh, consideraron que "la impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales", pues afirman que "existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros" por el asesinato de la activista.
Integrantes de la familia Atala Zablah, una de las más influyentes en Honduras, son señalados en su condición de directivos de la empresa DESA de tener conocimiento de las acciones que lideraba Cáceres en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que derivaron en su asesinato.
La dirigente fue asesinada de tres balazos, mientras dormía en el interior de su casa de habitación en Residencial El Líbano, ubicada en la localidad occidental de La Esperanza, Honduras.
Cáceres era coordinadora del Copinh, cargo con el que ganó visibilidad por su activismo contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA en territorio de la comunidad aborigen lenca, y debido a su militancia había recibido al menos 33 amenazas de muerte, de acuerdo a su familia.
La activista de 45 años había sido reconocida con el Premio Goldman de 2015 por movilizar a los indígenas lencas contra la construcción de la represa Agua Zarca, en la región oeste de Honduras, por considerar que amenazaba el medio ambiente y a los territorios de las comunidades originarias.

COPINH exige que autores intelectuales de crimen contra Berta Cáceres sean castigados

Los autores materiales del crimen de la ambientalista Berta Cáceres ya fueron sentenciados por jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.
Por unanimidad de votos condenaron a cincuenta años cuatro meses de prisión a cuatro de los siete implicados en el asesinato de Cáceres, a otro de ellos a 30 años de cárcel y a dos acusados a más de 30 años seis meses de prisión.
Los imputados Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez, por coautores responsables del asesinato de Cáceres a 34 de reclusión y por tentativa de asesinato en perjuicio del ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo el crimen, sentenciados a 16 años con cuatro meses, en total suman 50 años cuatro meses de reclusión.
Por su parte Mariano Díaz Chávez, como autor por omisión responsable de un delito de asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres Flores, a una pena de 30 años de reclusión, asimismo, al exmilitar, Douglas Geovanny Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, acusados por coautores de asesinato consumado en perjuicio de Berta Cáceres, a una pena a 30 años seis meses de cárcel.
Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta y ahora coordinadora del COPINH, al finalizar la lectura de sentencia, expresó que no ha acabado el camino de la justicia, porque se debe de deducir la responsabilidad y castigar a los autores intelectuales del crimen contra su madre.
Recordó que en la sentencia del primer juicio se ha mencionado que altos directivos de la empresa DESA y miembros de la familia Atala-Zablah son parte de la autoría intelectual.
Entre tanto, Paola Rodríguez, es hija de Sergio Rodríguez Orellana, Gerente de DESA, uno de los condenados, dijo que esperaban la pena mínima para su papá porque en el juicio se demostró que no había nada para declararlo culpable.
Además, aseguró que la Fiscalía desde el inicio del proceso manipuló pruebas, las que están relacionadas con las llamadas entre Rodríguez Orellana y el exagente del ejército Douglas Bustillo.
La etapa de castigo a los autores materiales se ha concretado, pero la gran deuda es la impunidad de la cual disfrutan los autores intelectuales del crimen.
El COPINH ha denunciado en varias ocasiones la complicidad de los órganos de justicia e investigación para proteger a los autores intelectuales del crimen y en esta ocasión han aprovechado para seguir denunciando esa situación y también para exigir que se abra un proceso serio contra ellos.
En ese sentido, el abogado penalista Marco Zelaya dice que el Estado ha quedado mal, pues al no tener bajo proceso judicial a los autores intelectuales del crimen, demuestra la falta de voluntad para proceder en el caso.
En el marco de la exigencia de castigo a los autores intelectuales varias organizaciones de la zona norte del país por medio de un plantón frente a los juzgados de San Pedro Sula, exigieron al Ministerio Público y al mismo régimen de Juan Orlando, profundizar las investigaciones para dar con los autores intelectuales del crimen de la lideresa indígena y popular Berta Cáceres, asesinada el pasado 2 de marzo de 2016.

Más de un millón de niños no tienen acceso a sistema escolar

02/12/2019

En el marco de un foro sobre experiencias de acompañamiento educativo, el director de la Fundación Fe y Alegría, Miguel Molina, indicó que en Honduras cerca de un millón 200 mil niños y jóvenes están fuera del sistema escolar.
Miguel Molina dijo que, entre los grupos más afectados por no tener acceso a la educación, y otros derechos fundamentales, se encuentra el pueblo tolupán y la comunidad garífuna.
Para Molina los grupos garífunas y tolupanes no son prioridad para el gobierno, además los jóvenes son los más golpeados porque son las principales víctimas de la violencia.
Asimismo, manifestó que estos grupos están marginados y son víctimas de persecución al defender su territorio y sus derechos y estos los obliga a huir de sus comunidades.
«Es un drama tener cifras donde más de un millón 200 mil niños no a asisten a las aulas de clase por diferentes razones», dijo Molina.
«Tenemos niños trabajando en las calles y metidos en el crimen organizado porque no les queda alternativa y al no haber oportunidades ni posibilidades se ven obligados a meterse a ese mundo», finalizó Molina.

Violencia y explotación económica impiden a niños poder estudiar

Uno de los factores que impiden que los niños y jóvenes accedan a un centro educativo, es la explotación económica, muchos de ellos trabajan a temprana edad, siendo colaboradores directos en sus hogares para llevar dinero a sus familias.
Unos 500 mil niños y niñas son explotados en actividades agrícolas, pesqueras, de construcción y de labores domésticas según José Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza.
“Tenemos el caso dramático que en el país medio millón de niños y niñas son explotados laboralmente. Tenemos niños trabajando en construcción en zonas urbanas, hay explotación de niñas en labores domésticas, eso es un problema terrible que se vive en Honduras”, dijo Ruelas.
El director de Casa Alianza Honduras aseguró que la violencia sexual en contra de las mujeres y las niñas empieza a temprana edad, es decir, son víctimas de acoso, abuso, violencia. Manifestó que esos patronos se van reproduciendo en el hogar, en la escuela, en la comunidad y en los espacios públicos.
En relación a la migración de menores, José Guadalupe Ruelas declaró que se calcula que cada año unos 20 mil niños y niñas salen del país, y advierte que esa cifra podría aumentar. Dijo que, hasta la fecha, unos 24 mil menores han sido deportados de Estados Unidos.
“Pese a los altos números de migrantes deportados cada día, en promedio unos 200 hondureños y hondureñas emprenden la ruta migratoria por la falta de empleo y generación de oportunidades. También huyen de la violencia y en la búsqueda de la reunificación familiar, esas son las principales causas por la que migran” aseguró Ruelas.

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), René Orlando Ponce:

...resaltó la condecoración recibida por el Comando Sur de Estados Unidos, el pasado lunes.

“Esta condecoración no solo es para mí, es para todo un equipo que ha respondido. Cuando llega un reconocimiento de estos significa que todo el trabajo que se ha hecho, ha sido validado”, mencionó.

Sostuvo que se ha querido demeritar lo que han hecho como institución y con ese reconocimiento, “la gran potencia mundial viene a confirmar nuestros esfuerzos”.

Un oficial de 23 promoción, será el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA: Gral. Ponce

IN 26 / 11 / 2019 2: 05 PM BY Hondudiario Redacción

El general estimó que “Si hicieran una encuesta ahorita a los hondureños, yo le aseguro que de los 9 millones que somos, 8 millones de ciudadanos están de acuerdo con lo que hemos hecho hasta ahora”.

Tegucigalpa, Honduras

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), René Orlando Ponce, aseguró que, en la elección del nuevo jerarca de esta institución, se respetará la Ley Constitutiva y que su sustituto será de la 23 promoción y no de la 26 cómo se “mueve” políticamente.

En ese sentido, garantizó que todos los comandantes de las unidades apoyan la transición del cargo de la manera que lo establece la ley, respetando el orden de las promociones, considerando que al interior de las FFAA existen “múrmuras” por las decisiones administrativas.

El general Ponce dejará su cargo el 20 de diciembre y el Presidente de la República, quien seleccionará de la lista o terna presentada al presidente Juan Orlando Hernández quien decidirá por el nuevo jerarca militar.

“El 20 de diciembre, su servidor, con alto honor le dirá a Honduras ‘misión cumplida’”, aseguró.

De igual forma, resaltó la condecoración recibida por el Comando Sur de Estados Unidos, el pasado lunes.

De igual forma, mencionó que “Cada quien tiene sus propios intereses, ante un ambiente complejo en el que vivimos es un momento de reflexión en Honduras, para que maduremos y cumplamos el artículo 59 de la Constitución. Estamos convencidos que solamente el diálogo nos podrá hacer pensar de una mejor forma”.

“Es imposible poder agradar a todos, hay que recibir las críticas y sacar lo bueno, porque reconocemos que algunas veces no hemos equivocado”, añadió.

“Este reconocimiento es para todo el Estado de Honduras. Todos los países del mundo tienen intereses nacionales, pero no es porque Estados Unidos tiene ciertos intereses, es que nos está condecorando”, reiteró el jefe de las FFAA.

Sostuvo que se ha querido demeritar lo que han hecho como institución y con ese reconocimiento, “la gran potencia mundial viene a confirmar nuestros esfuerzos”.

“Si hicieran una encuesta ahorita a los hondureños, yo le aseguro que de los 9 millones que somos, 8 millones de ciudadanos están de acuerdo con lo que hemos hecho hasta ahora”, mencionó.

GO/Hondudiario

Sin disimulo, el Comando Sur dirige la ofensiva de EE.UU. sobre la región

Alberto López Girondo

Tiempo Argentino

REBELIÓN- 22-11-2019

El Comando Sur es una de las diez unidades militares con que EE.UU. vigila el planeta. Cubre a las tres Américas y el Caribe, un área de casi 25 millones de kilómetros cuadrados conocida como el “patrio trasero”. La ofensiva estadounidense sobre la región no es un invento de Trump. Bajo el gobierno de George W. Bush la Casa Blanca reactivó la Cuarta Flota naval. Había sido creada en 1943 para combatir a la armada nazi en aguas del Atlántico.

Donald Trump y el Pentágono aceleran el modelo injerencista contra los gobiernos reacios a alinearse con los intereses estadounidenses. La diferencia con otros momentos de la ríspida historia con la región es que lo hace sin el mínimo cuidado por las formas de la diplomacia. Es así que la red Twitter del Comando Sur de EE.UU. publicó, en castellano, una “sugerencia” para que los militares venezolanos “respeten el derecho a protestar pacíficamente” este fin de semana. Esta advertencia se suma a la declaración oficial de Donald Trump desde la Casa Blanca del lunes en la que aplaudió “al ejército boliviano” por el golpe contra Evo Morales. El mensaje iba acompañado por (textual) “una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua”.El Comando Sur es una de las diez unidades militares con que EE.UU. vigila el planeta. Cubre a las tres Américas y el Caribe, un área de casi 25 millones de kilómetros cuadrados conocida como el “patrio trasero”. Técnicamente, para el Departamento de Estado –por eso así la define el comunicado Trump- es el Hemisferio Sur.
La amenaza del jefe del Comando Sur, el almirante Craig Faller, aparece en una entrevista para el canal de internet venezolano VPItv en el que habla sobre la situación en el país sudamericano sin ningún prurito. El tuit de ese órgano militar también postea el discurso del autodesignado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, frente a una multitud en Caracas. El diputado opositor celebró el golpe en Bolivia y pidió permanecer en las calles hasta la caída de Nicolás Maduro.
"Calle sin retorno significa que tenemos una agenda de conflicto permanente, que tendremos calle sostenida. Aquí la lucha es hasta que cese la usurpación, hasta lograr elecciones libres", repitió Guaidó en video que también dirigió a los militares.
La ofensiva estadounidense sobre la región no es un invento de Trump. Bajo el gobierno de George W. Bush la Casa Blanca reactivó la Cuarta Flota naval. Había sido creada en 1943 para combatir contra la armada nazi en aguas del Atlántico.
“En reposo” desde 1950, en abril de 2008 el almirante Gary Roughead anunció su retorno ante las “nuevas amenazas” para la seguridad de EE.UU. Los gobiernos de Cristina Fernández y Lula da Silva, preguntaron a Washington los pormenores de las operaciones que harían sobre un espacio marítimo internacional pero que afectaba a la soberanía de todos los países.
La sospecha era que los portaviones apuntaban al gobierno de Hugo Chávez, que había vencido a un golpe en 2002. Luego, en 2005, los países latinoamericanos le habían dicho No al Alca, el acuerdo de libre comercio con EE.UU. y Canadá.
La reactivación de la Cuarta Flota tenía olor a petróleo, pero más bien al brasileño. Petrobras había anunciado el descubrimiento de un yacimiento de al menos 176 mil millones de barriles de petróleo, lo que convertía a Brasil, hasta ese momento neto importador, en una potencia energética de primer orden.
Lo que vino después es conocido: el golpe iniciado en Honduras 2009, ya con Barack Obama en el gobierno, prosiguió en 2012 en Paraguay contra Fernando Lugo y en 2016 contra Dilma Rousseff. La presidenta brasileña, primero como Ministra de Minas y Energía y posteriormente jefa de Gabinete, había impulsado la investigación de Petrobras que culminó con el descubrimiento de esa gema en el océano, bajo 2000 metros de sal.
En 2013 el exagente de la NSA Edward Snowden reveló que Rousseff había sido un objetivo de las agencias de vigilancia global estadounidenses, al igual que Petrobras. Casi en simultáneo, el entonces secretario de Estado, John Kerry, explicó su política regional ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara baja. “América Latina es nuestro patio trasero (…) tenemos que acercarnos de manera vigorosa”, dijo el canciller, reviviendo la doctrina de James Monroe de 1823.
Donald Trump tiene una política que muchos consideran sinuosa en Medio Oriente, donde alterna golpes de efecto militar con retiro escalonado de tropas, ante el estancamiento de las guerras en Irak, Afganistán y Siria.
El presidente está al borde de un impeachment. Enfrentado con “el estado profundo”, para analistas como el francés Thierry Meyssan y el italiano Manlio Dinucci, su pelea contra la burocracia estatal se relaciona con su oposición a la doctrina Rumsfeld-Cebrowski. Se trata de la llamada “estrategia del caos dirigido” que consiste en la destrucción del estado en los países no alineados con el poder hegemónico para que las multinacionales expriman sus recursos naturales sin impedimentos.
Es la línea seguida por Bush hijo en Irak y Afganistán y por Obama en Libia y Siria. Es la que el Pentágono y al Departamento de Estado siguen para la región latinoamericana, donde EEUU se repliega ante ese costoso desgaste en el resto del mundo que Trump busca limitar.
La Bolivia de estos días es una avanzada en esa línea, con Caracas y Managua en la mira, según adelantó Trump. Sin descuidar a La Habana y, de paso, como para que Buenos Aires tome en cuenta cómo se mueven sus fichas en Washington.
Fuente: http://www.tiempoar.com.ar/nota/sin-disimulo-el-comando-sur-dirige-la-ofensiva-de-ee-uu-sobre-la-region

FORO: “Palmerola, Militarización y agresiones imperialistas en la región”

Por defensores -

1 marzo, 2019

Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- En el salón Salvador Ibarra del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH) se desarrolló la tarde del jueves 28 de febrero el foro: “Palmerola, militarización y agresiones imperialistas en la región”, auspiciado por Mujeres Socialistas de Honduras, las Izquierdas Socialistas y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) del Distrito Central.
En el evento participaron como expositores, el dirigente indígena lenca, líder de la Coordinadora Indígena del Poder Popular en Honduras (CINPH), Salvador Zúniga y la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva. La moderación del foro estuvo a cargo de Diriam Pereira y Amílcar Espinoza.
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La Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva inició su disertación exponiendo sobre los fenómenos de la militarización y el reposicionamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA) en Honduras.
Es claramente visible desde el año 2002 que la estrategia imperial es tomar nuevamente control de las Américas y de Honduras, expuso Oliva.
Oliva dijo que la Base de Palmerola (localizada en el valle de Comayagua) no sólo lesiona a la República de Honduras, sino que a todo el hemisferio. “Palmerola es una humillación diaria y ahora ha tomado mayor importancia porque es estratégica para el continente. Desde Palmerola si hubiese un ataque, en menos de 20 minutos, habría aviones de guerra en Colombia o Venezuela”.
La Coordinadora General del COFADEH afirmó que dicha base fue utilizada por tropas de Estados Unidos para la invasión de Panamá en 1989 y para ocultar la barbarie que se produjo en ese país centroamericano.
El despliegue de efectivos militares estadounidenses se llevó a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, con el pretexto de capturar al general Manuel Antonio Noriega, gobernante de facto de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense por el delito de narcotráfico, así como para neutralizar las fuerzas de defensa panameñas. El operativo denominado Operation Just Cause (Operación Causa Justa) por el comando militar estadounidense, produjo aproximadamente 3 mil muertos.
“Palmerola es la mayor expresión de la militarización y del control estadounidense en Honduras y el el continente. Para nosotras sigue siendo una amenaza latente para la democracia, continúa ofendiéndonos a los que todavía nos queda amor a la patria, a las que todavía sentimos dignidad por el país”.
Oliva señaló que el reposicionamiento militar en la sociedad hondureña se acentuó con el golpe de estado en 2009. “No fue un golpe a Manuel Zelaya Rosales, fue un golpe al estado, a nosotras y nosotros, fuimos perdiendo cada día el respeto a los derechos humanos y todo ha sido provocado por las acciones de las Fuerzas Armadas (FFAA) de Honduras”.
“Fuimos viendo desde 2007 y 2008, una lucha desde afuera de Honduras, para tener control territorial a través del ejército, y seguimos viendo que cada vez que se negaba oficialmente, se enviaban militares para entrenarlos en lo que se conoce como la Escuela de las Américas”, (ahora denominada como El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, con sede en Fort Bennig, Columbus, Giorgia, (Estados Unidos).

“…Palmerola es la mayor expresión de la militarización y del control estadounidense en Honduras y el continente. Para nosotras sigue siendo una amenaza latente para la democracia, continúa ofendiéndonos a los que todavía nos queda amor a la patria, a las que todavía sentimos dignidad por el país…”: Bertha Oliva.

Por otro lado, la defensora de los derechos humanos cuestionó la militarización en escuelas y colegios del país y manifestó que es una especie de control donde ya los maestros, maestras, alumnos y alumnas no pueden hablar mucho, porque los militares están en los recintos, y a eso se llama militarización y terror. Pero que ello va más allá de ver la presencia militar en hospitales, centros de salud y escuelas. “lo terrible es que nos vayamos acostumbrando y hasta a tener el lenguaje militar”
“Ustedes ven cómo hemos ido perdiendo todo después del golpe de estado con la presencia militar en el país, aquí los desalojos los está haciendo la Policía Militar de Orden Público (PMOP), lo están haciendo las fuerzas militares desalojando campesinos y campesinas, desalojando a defensores y defensoras que defienden su territorio, el agua y los bienes comunes; son los militares” . Los militares no deberían estar prestando servicio privado a los empresarios y a los terratenientes, pero eso es lo que estamos viviendo.
Oliva agregó que “algo más grave en el tema de la militarización que tenemos es que hace 10 años se ha creado un programa conocido como Guardianes de la Patria, que es otro mecanismo de militarizar y además de adoctrinar a la juventud desde temprana edad, al servicio y a la acción militar”.
¿Por qué no mandar notas, por qué no hacer un trabajo, toda una hora de recolección de firmas, para mandar al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)?, para que revise el programa Guardianes de la Patria, que ahorita lo están vendiendo como la estrella, como lo mejor, porque los militares hondureños les enseñan “principios y valores”, y uno de esos principios es usar las armas, para dentro de poco tener niños sicarios, ya no son jóvenes sicarios, sino niños sicarios. ¿A qué nos están llevando?, a un país en guerra sin declaratoria de guerra y sin que el pueblo y la ciudadanía desée pelear con armas, pero hacia ahí nos están llevando, advirtió.

“…Por todo ello, para los Estados Unidos ha sido importante desde el punto de vista estratégico Honduras, ellos no nos han visto como un país, nos ven como un enclave, primero como enclave minero, luego como enclave bananero y ahora como enclave militar…”: Salvador Zúniga

Por su parte, el dirigente indígena lenca Salvador Zúniga dijo que cada vez los Estados Unidos están perdiendo su hegemonía en el continente y en el mundo, por lo demostrado en Siria, en el oriente medio.
La estrategia de EEUU es reposicionarse en América Latina, porque la región cuenta con grandes recursos naturales como petróleo, gas natural, agua y es estratégico desde el punto de vista de su geografía, apuntó.
El líder de la CINPH comentó que la economía mundial está incidiendo en los mercados de los Estados Unidos (EEUU), el dólar está perdiendo respaldo en oro y en producción, frente a un crecimiento constante de China continental que está dominando el mercado mundial.
Muy pronto se habrá oficializado que la primera potencia del mundo va a ser China, que cuenta con el respaldo de Rusia, algo que no pasaba en la vieja coyuntura, anticipó el expositor en el foro.
Por todo ello, para los Estados Unidos ha sido importante desde el punto de vista estratégico Honduras, “ellos no nos han visto como un país, nos ven como un enclave, primero como enclave minero, luego como enclave bananero y ahora como enclave militar”.
Zúniga indicó que como el país no se ha desarrollado como un estado nacional, entonces ellos han ocupado a Honduras como una base militar. En la década de los ochenta, la utilizaron para llevar a cabo políticas agresivas, para detener la revolución salvadoreña y atacar a la revolución nicaragüense. Ya en 1954 lo habían hecho, para financiar y apoyar la invasión contra el presidente Arbens en Guatemala.
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El dirigente lenca también comentó al auditorio, sobre la operación encubierta denominada Irán-Contras, que tuvo como propósito armar al ejército contra-revolucionario (Contras de Nicaragua) a través de la venta de narcóticos para la adquisición de armamento. Un caso que involucró al coronel estadounidense Oliver North, a quienes indultaron y hoy lo tienen operando.
“Entonces en Honduras impulsaron políticas como la doctrina de Seguridad Nacional donde asesinaron gente. No permitieron que los movimientos y las organizaciones político-militares se desarrollaran, porque había una estrategia insurgente muy fuerte”, comentó.
Zúniga agregó que en la actualidad tenemos un enclave-minero-energético-militar, manejado directamente por los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, Juan Orlando Hernández, es el “presidente”, porque EEUU lo apoya y lo sostiene, porque aquí ni la hoja de un árbol; se mueve sin la voluntad de EEUU.
Cuando hubo un intento de generar un estado nacional integrado en América Latina, inspirado en la patria Grande con políticas de dignidad, de soberanía con un estado de derecho, EEUU dio un golpe de estado; y ese fue definido en la embajada de Estados Unidos y hasta simbólicamente al presidente Manuel Zelaya lo llevaron a Palmerola, antes de sacarlo.
No solo se trataba de perder Honduras, como un pieza de ellos, sino que lanzar la ofensiva hacia América Latina, y ahí se inaugura el tiempo de los nuevos golpes de estado, es así que se extiende a Paraguay, luego el repunte de la ultraderecha fundamentalista, que aborrece a los negros, que aborrece a los indígenas, a las mujeres, a los homosexuales, lesbianas, y a los pobres en general. Es decir un fundamentalismo horroroso, subrayó Zúniga.
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La Fuerza de Tarea de Palmerola no solo es de tropas, es un centro de inteligencia para hacer espionaje y contra espionaje con toda una tecnología desplegada y han hecho que el ejército sea de ocupación, porque el ejército no es de Honduras, el ejército del general (Orlando) Ponce, es un ejército de ocupación, donde el país lo utilizan como una base y colocan al ejército en áreas estratégicas como las telecomunicaciones, migración, marina mercante, aeronáutica civil, donde se controlan todos los movimientos migratorios. V
“Vigilan la banca, controlan fiscalías y manejan sus propios artistas y teóricos e intelectuales, cuentan con policía secreta, y con la Agencia Técnica y de Investigación (ATIC), así como con medios de comunicación y con iglesias, especialmente evangélicas y las cúpulas del a Iglesia Católica”.
Zúniga finalizó expresando que Palmerola es una Fuerza de Tarea integral que controla el país. “La situación está peligrosa, ahora van por Venezuela, Cuba y Nicaragua. En Venezuela se juega no solo la soberanía de Venezuela sino la soberanía de América Latina, porque ellos quieren que la región sea como Honduras, una inmensa base, es un momento sumamente complejo porque EEUU se lo juega todo, porque si pierde el traspatio, la situación se le complica”.

Migrantes sin récord criminal detenidos en EEUU se triplican en cuatro años

Martes, 26 Noviembre 2019 16:53 - PROCESO DIGITAL hn.

Autor del artículo: EFE

Los Ángeles- El número de extranjeros sin antecedentes criminales detenidos por las autoridades de inmigración de Estados Unidos se ha triplicado en los últimos cuatro años, advirtió un reporte difundido este martes.

El estudio del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), reveló que en abril del 2019 había 32.000 migrantes detenidos que no tenían antecedentes criminales, tres veces más de los 9.999 extranjeros sin récord criminal que estaban detenidos en marzo del 2015.

El reporte indica que en abril de 2019 los detenidos por la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sin antecedentes criminales alcanzaban al 64 % del total de extranjeros detenidos hasta esa fecha, 50.000.

Aunque el aumento se ha registrado en los últimos cuatro años, en septiembre del 2016 y bajo la administración del entonces presidente Barack Obama, la cifra de detenidos sin récord criminal superó el 50 %.

Hasta el 30 de noviembre del 2018, de los 46.279 detenidos por ICE, 28.357 no tenían antecedentes criminales, lo que equivale a un 61%.

Los dos centros de detención con más migrantes sin récord criminal se encuentran en Texas.

Según el informe, de los 878 migrantes recluidos en el South Texas Fam Residential Center, sólo ocho tienen antecedentes penales. Mientras, en El Paso Holdroom, seis de los 331 extranjeros arrestados tiene algún récord criminal.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha trazado sus políticas migratorias bajo el argumento de que los indocumentados son criminales y que le hacen daño al país.

Hace dos semanas, el mandatario dijo en un mensaje por Twitter que los jóvenes indocumentados protegidos con el programa de Acción Diferida (DACA) "no son angelitos" y "algunos son criminales muy curtidos".

En su reporte, TRAC advierte también de que en la categoría de criminales incluyen a personas "que no se ajustan a los estereotipos populares sobre la criminalidad, incluidos crímenes no violentos, citaciones simples de tráfico o violaciones de inmigración".

Declaran culpables a exjefe policial y una dama; defensa cuestiona fallo por falta de argumentos

26 noviembre, 2019

Redacción ConfidencialHN

TEGUCIGALPA, HONDURAS
El exjefe policial Jorge Barralaga y Monse Paola Fraga Duarte, fueron hallados culpables por un tribunal de sentencias del Poder Judicial, a pesar de que la defensa presentó evidencias que los desvinculaba de los delitos que les imputó el Ministerio Público.
El apoderado de Barralaga, Andres Urtecho Jeamborde, reprochó que la terna de jueces no desestimaran las pruebas que aportó la fiscalía durante los debates ya que carecían de fundamento.
Sostuvo que pudo probar ante el tribunal de Barralaga no tiene relación con organizaciones ilícitas porque el dinero que dijeron los fiscales que era de procedencia dudosa, fue producto de las empresas que administró su familia por varias décadas.
Urtecho aseguró que la documentación que presentaron en el juicio es válido porque demuestra como el exfuncionario obtuvo ganancias por sus negocios familiares, por lo que presentarán un recurso de casación ante la Sala Penal para revertir el fallo.
La determinación de la pena será el 7 de enero de 2020, anunció uno de los togados que leyó el fallo.
A pesar de que Barralaga alegó inocencia en todas las etapas del proceso, el Ministerio Público y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) comenzaron a desarticular las empresas de transporte que administraba la familia del exjefe policial.
De hecho, los camiones que terminaron siendo subastados a precios irrisorios y otros que se han venido deteriorando por falta de uso, prestaron sus servicios por años para las empresas bananeras de la región norte, según la defensa.

Culpable exjefe policial Jorge Barralaga por lavado de activos

Martes, 26 Noviembre 2019 15:39 - PROCESO DIGITAL hn.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - La Sala II del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos declaró culpable al comisionado policial en condición de retiro Jorge Alberto Barralaga y Montse Paola Fraga por el delito de lavado de activos.

- La determinación de la pena será el 7 de enero de 2020. El delito de lavado de activos corresponde una pena de 15-20 años de reclusión.

El juicio oral concluyó a finales de octubre y se programó para este martes el fallo que se comunicó esta tarde.

El ex subcomisionado de policía, Jorge Barralaga, capturado en julio de 2017 en el marco del operativo “Perseo” efectuado por el Ministerio Público, cuyas autoirdades se mostraron satisfechas del fallo, y en el cual se le acusó a Barralaga y parte de su familia, así como a la ciudadana Montse Fraga, ex pareja del capo hondureño Winter Blanco y luego del hijo de Barralaga, Jorge junior, de lavar cantidades de dinero procedente de la criminalidad organizada.

Luego de conocer la resolución, el abogado defensor Andrés Urtecho dijo estar decepcionado por la decisión de los jueces del Tribunal. Su discurso contrató con las sonrisas de Barralaga y de Fraga, quienes parecieron no inmutarse ante la condena.

“Estoy decepcionado, creo que el Tribunal estuvo en un juicio que yo no estuve porque nosotros justificamos 218 millones con facturas, estados de cuentas y con soportes”, expresó.

Calificó como un desastre la resolución de los jueces y mencionó: “Nunca en mi vida miré una perita pior (peor) que la que presentó el Ministerio Público. Si con esa barrabasada de pericia pueden condenar a una persona, aquí se puede condenar con cualquier papel higiénico que se presente como prueba”.

Adelantó que presentarán el recurso de casación en los próximos días para impugnar la decisión del Tribunal.

De su lado, el Ministerio Público reaccionó estar conforme con la resolución del Tribunal de Sentencia.

“Solo en el monto justificado tenemos una reserva, pero de acuerdo con la culpabilidad del comisionado en condición de retiro, Jorge Barralaga y Montse Paola Fraga pareja sentimental de Wilter Blanco preso en Estados Unidos por narcotráfico”, dijo el jefe de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), Luis Echeverría.

Agregó que el Ministerio Público es objetivo cuando interpone un recurso se busca que culmine en un proceso condenatorio tal y como se procedió en este caso.

“Como es posible que estas personas a través del hijo Barralaga Rivera y Barralaga Hernández decir que no tienen ninguna relación cuando Orlando Pinto Espino les deposita 41 millones lempiras”, citó.

“¿Por qué esta persona les deposita esta cantidad de dinero?”, preguntó, al tiempo que dijo que “nunca lo quisieron tocar, nunca quisieron aprovechar el tiempo del juicio oral y público para demostrar que esos 41 millones de dónde venían”.

Sostuvo que en todos los operativos que hace el Ministerio Público sale el nombre de Barralaga Hernández en diferentes acciones, si bien es cierto en transferencia de cheques, en transferencia de pagos de capitales sale el nombre de él, entonces debe de justificar esas transferencias, apuntó.

Relación de hechos

Durante el debate de juicio oral, la Fiscalía hondureño demostró la relación de Barralaga con los capos: Orlando Pinto, Alexander Ardón y el cartel de Los Valle, al igual que situaciones bancarias atípicas en que incurrió el procesado.

Dicho caso fue denominada como Operación Perseo y los aseguramientos al Clan Barralaga ascendieron a 235 bienes muebles e inmuebles y productos financieros y sociedades mercantiles, dentro de los que destacan viviendas, vehículos, transporte pesado y cuentas bancarias, mismos que se ejecutaron entre el 31 de julio y la primera semana de agosto de 2017.

Todo ello, en razón de movimientos atípicos entre cuentas bancarias y otro tipo de transacciones descubiertos al exalto oficial Barralaga, su núcleo familiar y personas relacionadas, que movieron más de 2000 millones de lempiras.

Las indagaciones de agentes de la ATIC asignados a la UF - ADPOL y de los expertos forenses en delitos financieros, además demostraron que este grupo organizado que durante varios años realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

Los otros implicados en la primera etapa de Operación Perseo son: José Santiago Barralaga Hernández (prófugo de la justicia y hermano del exjerarca policial), Jorge Alberto Barralaga Rivera (prófugo de la justicia e hijo del ahora condenado), Reyna Elizabeth Ayala Reyes y Edith Xiomara Roca Pérez (esposa y cuñada, de forma respectiva, de Jorge Alberto Barralaga Hernández) y Carmen Alejandra Morales Sarmiento (condenada por lavado de activos y esposa de Jorge Alberto Barralaga Rivera).

Como se recordará, recientemente los Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial y Agentes de la ATIC, ejecutaron Operación Perseo II, logrando auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra de José Arístides Flores Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gavarrete Ortega, acusados por el delito de lavado de activos y a quienes se les vincula directamente de ser socios de Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo del exoficial Jorge Alberto Barralaga Hernández.

En esta continuación del caso, se siguió el rastro de 5000 mil millones de lempiras y se llevaron a cabo aseguramientos de 113 bienes muebles e inmuebles, entre ellos de 21 bienes inmuebles, 16 vehículos, una embarcación, 10 sociedades mercantiles y el congelamiento de 65 cuentas bancarias.

El proceso investigativo a la familia Barralaga, también conllevó a practicarle una investigación financiera a Fraga Duarte quien durante 2014, mantuvo una relación sentimental con Jorge Alberto Barralaga Rivera, hijo de Barralaga Hernández, quien durante los meses de septiembre a diciembre de 2014 le transfirió a ella más de 18 millones de lempiras, con quien no tenían ninguna relación contractual o comercial que justificase dicha transferencia en razón de lo cual la Fiscalía la acusó por lavado de activos.

La audiencia de determinación de la pena se calendarizó para el martes 7 de enero de 2020 a la 1:30 de la tarde.

De acuerdo al Código Penal el delito de lavado de activos se castiga con penas de 15 a 20 años de reclusión.

“Año negro” en el gremio periodístico, al menos 9 comunicadores asesinados

IN 26 / 11 / 2019 2: 14 PM BY Hondudiario Redacción

El CPH ya ha pedido que el Estado de Honduras doble el presupuesto del Mecanismo de Protección para proteger y salvaguardar la vida de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos.

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Colegio Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, aseguró que al menos ocho periodistas o comunicadores sociales han sido asesinados este 2019 en distintas zonas del territorio nacional.

“Entre enero y noviembre de 2019 fueron asesinados 8 comunicadores sociales para hacer un total de 84 periodistas y comunicadores asesinados entre los años 2001 y 2019”, mencionó Rodríguez.

Asimismo, mencionó que, de estas, más del 90 por ciento continúan en la impunidad.

Esto, luego de hacer hincapié en la muerte del comunicador Social, José Arita, asesinado la noche del pasado lunes en Puerto Cortés.

“Asesinan a otro comunicador social en Puerto Cortés. José Arita fue ultimado por desconocidos tras salir de su programa de TV en Canal 12”, expresó a través de Twitter.

“Un año negro para la libertad de expresión en Honduras con al menos 7 comunicadores asesinados en 2019. Atención”, agregó.

El CPH ya ha pedido que el Estado de Honduras doble el presupuesto del Mecanismo de Protección para proteger y salvaguardar la vida de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos que están en situación de riesgo.

Los comunicadores asesinados durante este año son: Gabriela Hernández (Nacaome), Santiago Carvajal (Puerto Cortés), Melvin Tinoco (Santa Bárbara), Joel Aguilar (Copán), Buenaventura Calderón (Gracias), Yohana Alvarado (Olancho), José Arita (Puerto Cortés). GO/Hondudiario

Periodistas bajo línea de fuego en Honduras

Martes, 26 Noviembre 2019 20:39 - PROCESO DIGITAL hn.

Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - El gremio periodístico sufre en carne propia el embate de la violencia en Honduras. Al menos un comunicador fue asesinado cada 41 días este 2019, de acuerdo a los recuentos de entes estatales.

Según registros del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), solo en este año han sido asesinados los comunicadores: Gabriel Hernández (Nacaome), Santiago Carvajal (Puerto Cortés), Melvin Tinoco (Santa Bárbara), Joel Aguilar (Copán), Kerin Francisco Cerna (Copán), Buenaventura Calderón (Gracias a Dios), Johana Alvarado (Olancho) y José Arita (Puerto Cortés).

Apenas en la última semana, dos periodistas murieron en condiciones violentas: uno en Catacamas y otro en Puerto Cortés.

José Arita

El comunicador José Arita se convirtió en el segundo comunicador que muere violentamente en la ciudad de Puerto Cortés en lo que va de 2019. El 6 de julio del pasado, también fue ultimado a balazos, en circunstancias aún no esclarecidas, Santiago Carvajal, que dirigía el programa de revista informativo de televisión “La Galaxia de Santi”

Arita, que dirigía el programa “La Hora de la Verdad” que se transmitía por Puertovisión Canal 12 de Puerto Cortés, fue interceptado por sujetos desconocidos que lo ultimaron a balazos, en horas de la noche, después de salir de las instalaciones del medio de comunicación y se dirigía al centro de la ciudad de Puerto Cortés, en el norteño departamento de Cortés.

Danilo MoralesEn comunicación de Proceso Digital, Danilo Morales, director del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), dijo que ninguno de los dos últimos asesinatos de periodistas tenía denuncias sobre posibles amenazas a sus vidas.

“Los dos últimos casos surgidos en la última semana no teníamos denuncias para identificar el patrón de lo que está pasando en estas situaciones”, expresó.

Morales detalló que muchas de las denuncias que recibe el Mecanismo de Protección se relacionan con algunos excesos de la fuerza pública, así como amenazas de alcaldes o autoridades edilicias en el interior del país.

Igualmente, citó que las acciones del crimen organizado al igual que las maras o pandillas es otra de las situaciones que vulneran la labor de los periodistas o trabajadores de los medios de comunicación.

“Lo otro que hemos identificado es el tema de la polarización política que representa situación de riesgo para los periodistas. Esa situación la hemos observado en varios sectores del país, por ejemplo en la zona sur por mencionar una. Ahí periodistas se han visto confrontados por el factor político”, reveló.

Analizó que la muerte de comunicadores se vuelve una situación compleja y adicionó que los procesos investigativos deben ser eficientes para llegar a las causas y los autores de los crímenes.

Puntualizó haciendo un llamado a los periodistas que consideren están en riesgo por el motivo que sea: “Pedimos a los encargados a labores de comunicación en situación de riesgo que utilicen la instancia que tienen en este momento que para eso se ha creado, no callen lo que está pasando y así evitar más muertes”.

Datos del Mecanismo de Protección

El Mecanismo Nacional de Protección, desde julio de 2015 al 31 de octubre del 2019, ha atendido un total de 500 solicitudes de medidas de protección, de las cuales 374 fueron admitidas y 126 denegadas, estando activos a la fecha un total de 219 casos de medidas de protección de las cuales 151 (69%) casos son de defensores (as) de derechos humanos, 27 (12%) son de periodistas, 26 (12%) son de comunicadores sociales y 15 (7 %) son de operadores de Justicia.

De enero a octubre del 2019, se atendieron 92 solicitudes de casos medidas de protección, de las cuales no se admitieron 31 casos en vista que no cumplen con los requisitos establecidos por la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, y se admitieron 61, de las cuales a la fecha se han archivado por diversas causas un total de 6 casos, estando activos a la fecha 55 casos de medidas de protección.

“Año negro” para libertad de expresión: CPH

Dagoberto RodríguezEntre tanto, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, dijo que este 2019 “es un año negro para la libertad de expresión en Honduras con la muerte de comunicadores asesinados en 2019”.

Rodríguez agregó que entre enero y noviembre de 2019 fueron asesinados 8 comunicadores sociales para hacer un total de 84 periodistas y comunicadores asesinados entre 2001 y 2019. Más del 90 % en la impunidad.

“Urgimos nuevamente al Estado de Honduras a doblar el presupuesto del Mecanismo de Protección para proteger y salvaguardar la vida de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos que están en situación de riesgo”, agregó el presidente del gremio.

Por su parte, Santos Gálvez, representante del Colegio de Periodistas de la zona norte de Honduras, consideró que este nuevo ataque a la libertad de expresión debe llamar a la reflexión al gremio periodístico, población y autoridades del país. “Se tiene que investigar más, para que se aclare cada crimen”, externó.

“No solo queremos saber si las muertes tienen que ver con ejercicio periodístico, sino quiénes son los que cometen este tipo de crímenes, queremos a los responsables tras las rejas, pero que no siga habiendo impunidad”, agregó.

Denuncias internacionales

De acuerdo a los recuentos oficiales, en los últimos 10 años suman 74 las personas vinculadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios de medios, que perdieron la vida en circunstancias violentas en el país.

El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), anunció que denunciará, ante instancias internacionales, la muerte de casi un centenar de personas vinculadas a medios de comunicación, cuyos crímenes en más del 90 % de los casos se mantienen impunes por falta de investigación.

Hugo MaldonadoHugo Maldonado, presidente del Codeh, condenó el asesinato del comunicador José Arita a manos de desconocidos en la ciudad de Puerto Cortés, al norte de Honduras, y exhortó al actual gobierno que ordene a quien corresponda la debida investigación para que el crimen no se sume a la larga lista de impunidad en el país.

Anunció que denunciará ante instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la muerte violenta de periodistas y a las autoridades hondureñas por mantener en la impunidad el 90 % de los crímenes contra personas vinculadas a medios, ya que apenas ocho casos han sido resueltos.

El defensor de los derechos humanos expresó su preocupación por la escalada de asesinatos contra comunicadores sociales que, con la muerte violenta de Arita, aumentó a 8 en lo que va de 2019 y a 84 desde que se registró el primer caso, en octubre de 2001.

Maldonado recordó que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala como deber de los Estados prevenir e investigar el asesinato, secuestro, intimidación y las amenazas dirigidas a los comunicadores sociales.

16 departamentos escenario de muerte
violenta de personas vinculadas a medios

El defensor advirtió que en Honduras la violencia contra periodistas continúa siendo una amenaza muy grave para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de información, particularmente contra quienes cubren marchas de protesta social y hechos relacionados con el crimen organizado y la corrupción gubernamental.

“El ejercicio del periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo para las personas que la ejercen”, indicó.

Al menos, 16 de los 18 departamentos del país han sido escenario de muerte violenta de personas vinculadas a medios de comunicación, con excepción de La Paz y Ocotepeque donde no se ha registrado ningún caso.

De esta radiografía de la inseguridad para periodistas, comunicadores sociales y demás personas ligadas a medios de comunicación, en Honduras, los departamentos de Francisco Morazán (19), Cortés (19), Yoro (8) y Copán (8) reportan el 64 % de las muertes.

Cuestionó que las autoridades encargadas de la investigación en el país no actúan con la debida diligencia y les niegan a las víctimas el derecho a conocer la verdad.

Lamentó que, dada la situación actual, “la impunidad seguirá y lo que más nos preocupa es la sordera del Poder Ejecutivo”.

Indicó que el sistema de justicia hondureño está en la obligación de prevenir, investigar y castigar al o los responsables de cometer asesinatos y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, fotógrafos y propietarios de medios de comunicación.

Periodistas asesinados este año

1. 17 de marzo de 2019
Gabriel Hernández (Nacaome)

2. 6 de julio de 2019
Santiago Carvajal (Puerto Cortés)

3. 25 de agosto de 2019
Melvin Tinoco (Santa Bárbara)

4. 31 de agosto de 2019
Edgar Joel Aguilar (Copán)

5. 12 de octubre de 2019
Kerin Francisco Cerna (Copán)

6. 31 de octubre de 2019
Buenaventura Calderón (Gracias a Dios)

7. 21 de noviembre de 2019
Johana Alvarado (Olancho)

8. 25 de noviembre de 2019
José Arita (Puerto Cortés)

Chalecos amarillos - Usar o no la violencia: el debate sobre qué es más efectivo para el éxito de las protestas sociales

Catalunya, Hong Kong, Chile, chalecos amarillos en Francia… Las manifestaciones con disturbios se multiplican por el mundo ante el endurecimiento de la acción policial.

En el primer aniversario de la protesta de los chalecos amarillos en Francia, miembros de la Policía se enfrentan con manifestantes./ Stephane Mahe (REUTERS)- Nantes

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parís

24/11/2019 08:55 - enric bonet @EnricQuart - PÚBLICO

Regresan las barricadas en París. Como si fuera un déjà vu de las manifestaciones del pasado diciembre, los disturbios y las confrontaciones entre policías y manifestantes acapararon la atención de las protestas del pasado sábado para conmemorar el primer aniversario de los chalecos amarillos. Un año después de la aparición –el 17 de noviembre de 2018– de este movimiento transversal contra la vida cara y la injusticia social, no sólo los motivos de la indignación se mantienen intactos en Francia, sino también las formas de protestar conflictivas de los chalecos amarillos se han dispersado por el mundo.

La Plaza de Urquinaona en Barcelona en llamas, barricadas en el Líbano, los militares en las calles de Santiago de Chile… Las manifestaciones con violencias materiales ya no son solo un patrimonio francés. Otros movimientos que desembocaron en disturbios, duramente reprimidos, también emergieron en los últimos meses en Hong Kong, Ecuador, Haití, Irak o Egipto. El malestar crece ante la falsa salida dada a la crisis de 2008, el aumento explosivo de las desigualdades y la sordera de buena parte de los dirigentes. Un contexto en el que regresa el tradicional debate de "violencia o no violencia" en el seno de los movimientos sociales.

La normalización de los disturbios entre los chalecos amarillos refleja "una cierta impotencia de la política, ante el sentimiento de que no se puede influir políticamente expresando solo su indignación de forma pacífica", asegura a Público Romain Huet, profesor en comunicación en la Universidad de Rennes y que publicó recientemente el libro Le vertige de l’emeute. De la Zad aux gilets jaunes (El vértigo del tumulto. De la Zad a los chalecos amarillos), en el que analiza la importancia de las violencias materiales en este movimiento que logró frenar la ofensiva neoliberal del presidente francés, Emmanuel Macron.

“Durante los sesenta y setenta, en las democracias occidentales la patronal hacía rápidamente concesiones. Pero esto cambió con la contrarrevolución neoliberal de los ochenta, cuando el capital dejó de buscar acuerdos", explica el politólogo Manuel Cervera-Marzal, especialista en la desobediencia civil y el populismo de izquierdas. Según este profesor en la Universidad Aix-Marseille, “en Francia hasta los noventa los movimientos estaban convencidos de que, si sacaban a un millón de personas a la calle, obtendrían alguna cosa". En 2010, sin embargo, en las protestas contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy "se manifestaron más de 1,5 millones y no se logró ninguna concesión. Los chalecos amarillos fueron conscientes de que las manifestaciones tradicionales habían dejado de funcionar".

Un debate presente a lo largo de la historia

La acción violenta ahuyenta a las personas más pacíficas e impide manifestaciones masivas. Los disturbios favorecen la represión policial. Los incidentes distraen la atención de los medios que dejan de hablar de las reivindicaciones de la calle. Los altercados son cometidos por jóvenes sin ideología. La violencia solo genera más violencia. Eran argumentos que gozaban de gran consenso en las últimas décadas, pero que ahora se ven cuestionados.

"El debate entre no violencia o utilizar una dosis de violencia necesaria es una cuestión que aparece en prácticamente todos los movimientos políticos de la historia, desde los republicanos franceses de principios del siglo XIX hasta los movimientos obreros a principios del XX, pero también durante la década de los setenta", recuerda la historiadora Mathilde Larrère, experta en revoluciones y el mantenimiento del orden público. Según esta profesora en la Universidad Paris-Est-Marne-la-Vallée, "desde finales de los setenta se había producido una pacificación de los movimientos sociales".

Sin embargo, con el nacimiento del movimiento altermundialista a finales del siglo pasado surgieron los primeros grupos de black blocs. El 30 de noviembre de 1999, durante la manifestación contra una reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle, apareció un grupo de manifestantes con la cara tapada, vestidos de negro y que provocaron destrozos en sucursales bancarias y tiendas de multinacionales. Durante las dos últimas décadas, estas acciones de los black blocs se reprodujeron en numerosos países, aunque no solían contar con el beneplácito del resto de manifestantes. Actuaban como una vanguardia contestataria. Una tendencia que cambió sensiblemente con los chalecos amarillos.

"Una represión muy severa"

"La mayoría de estos movimientos (chalecos amarillos, Hong Kong, independentismo catalán...) empezaron a protestar de forma pacífica", defiende Larrère. “Pero el hecho de enfrentarse a una represión muy severa favoreció los disturbios urbanos”, lamenta este historiadora, quien considera que “se está produciendo un endurecimiento a nivel mundial del mantenimiento del orden público”. Policías y militares dispararon con balas reales contra manifestantes en Chile, Irak —con más de 319 muertos— o más recientemente en Bolivia en las protestas contra el golpe de estado a Evo Morales. Pero también resulta inédito desde el Mayo del 68 el balance de la violencia policial en los últimos doce meses en Francia: 2 muertos, 2.448 heridos, 315 manifestantes con heridas en la cabeza, 24 que perdieron un ojo, 5 que se quedaron sin una mano…

"Todas estas manifestaciones comparten el hacer frente a un poder muy fuerte”, afirma Huet. Pese a sus especificidades nacionales, estos movimientos se observan entre ellos. "En Hong Kong se hicieron grafitis en homenaje a los chalecos amarillos, también en Chile", explica Larrère, quien considera que existe una "circulación de tácticas de guerrilla urbana de unos espacios a otros". En el caso de Catalunya, la ocupación del Aeropuerto del Prat se inspiró en el mismo tipo de protesta en la megalópolis del sur de China.

De hecho, una de las claves de las protestas en Hong Kong es la alianza entre manifestantes violentos y pacíficos. También en Líbano, aunque se produjeron incidentes, no dejó de aumentar el número de personas en la calle. Esto reforzó el discurso de aquellos que critican la superioridad moral de las formas de contestación no violentas. Resulta significativo el éxito que ha tenido en sectores de la izquierda francesa el libro El fracaso de la no violencia, de Peter Gelderloos. Este filósofo anarquista estadounidense critica que la definición de la violencia “está dictada por los medios y el Gobierno, hasta el punto que aquellos basan su lucha en evitar la violencia se ven obligados a seguir a los poderosos y obedecerlos".

¿Las protestas no violentas son más eficaces?

"Cuando los CDR en Catalunya organizan cortes de carreteras y levantan peajes, entonces muchos medios se preguntan si cualquier acto que no acate la ley es violento”, asegura el experto en movimientos sociales Jordi Mir, quien recuerda que desobedecer la ley no es violencia y que esta debería definirse en función de aquellas acciones que generan dolor. Según este integrante del Centro de estudios en movimientos sociales de la Universidad Pompeu Fabra, "las protestas no violentas han provocado grandes cambios, pero estas requieren movilizaciones durante un largo periodo de tiempo". Como ejemplo, cita el paradigma del feminismo: "En lugar de la confrontación, lo ha hecho a través del convencimiento, que el conjunto de la sociedad acepte que es lo más deseable".

En un ensayo citado a menudo por los partidarios de la no violencia, Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, las politólogas Maria J. Stephan y Erica Chenoweth estudian más de 300 movimientos de contestación, distinguiendo entre violentos y no violentos. Estas dos autoras estadounidenses llegan a la conclusión de que la no violencia es mucho más eficaz, puesto que consigue sus objetivos el doble de veces. No obstante, resulta peculiar la manera en que determinan si una forma de lucha es violenta. Se fundamentan en una lista de conflictos bélicos que ocasionaron más de 1.000 muertos. Un criterio que haría estallar la cabeza a más de un magistrado del Tribunal Supremo.

La tesis de este estudio no genera consenso. “Cuando observamos los movimientos no violentos que lograron avances significativos, vemos que estos no estuvieron muy alejados de otras formas de protesta violentas. No se puede entender el éxito de Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos sin la resistencia violenta de las panteras negras”, defiende Larrère. "Es una estrategia habitual de los poderes establecidos de contraponer los violentos con los no violentos, Martin Luther King contra Malcom X”, precisa Cervera-Marzal. Pero en realidad ambos líderes de la contestación afroamericana "estaban en contacto y se elogiaban mutuamente". "Buena parte de las protestas son no violentas y violentas al mismo tiempo", sostiene este politólogo.

Según Larrère, en determinados momentos de la historia las luchas sociales legitiman "un determinado uso de la violencia para lograr sus objetivos". Un ejemplo paradigmático es Francia, cuya modernidad política se fundamenta "en episodios ensangrentados como la toma de la Bastilla o la marcha de las mujeres en Versalles en octubre de 1789". Nadie desea la violencia, pero representa uno de los motores de la historia.

Presidente del Cohep pone queja al Ejecutivo ante masiva salida de empresas en Honduras

25 noviembre, 2019

Redacción ConfidencialHN

TEGUCIGALPA, HONDURAS
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, informó este lunes que envió una queja formal al Ejecutivo luego del cierre de varias empresas que operaban en el país.
El directivo reclamó que la falta inseguridad jurídica, el cambio constante de las reglas de acuerdo a reglamentos y no con el espíritu de la ley, son las principales consecuencias de la fuga de capital.
“Enviamos una carta a través del secretario de la Presidencia Ebal Díaz en la que se expresa que después del último cierre de las empresas hemos visto cómo se ha minado la confianza de más empresas por acciones repetitivas de la autoridad tributaria de varias instituciones que no están respetando la ley, que si no a base de reglamentos quieren hacer acciones que no están dentro del espíritu de la ley”.
Al respecto insistió que “tenemos que señalar con nombre y apellido o con punto y coma todas las acciones que están haciendo que el país no crezca económicamente”.
Y es que las empresas se quejan por muchos abusos que están cometiendo desde las oficinas del Estado, señaló Sikaffy.
“Nosotros estamos en una economía abierta donde la mayoría de los países que estamos compitiendo que son nuestros vecinos tienen igual o más incentivos fiscales para las empresas prueba de ello es que hemos tenido en el último mes tres empresas que se han ido”.
Aclaró que existen exoneraciones fiscales que son de la canasta básica, y existen incentivos fiscales para que las empresas generen trabajo, rentabilidad y oportunidades de empleo para miles de hondureños.
“Lo que hay que poner claro es de que la empresa privada goza de incentivos fiscales para invertir y generar trabajo”.

Mujeres del Sur de Honduras encuentran puertas cerradas para el acceso a la justicia

Sunday, 24 November 2019 19:07 Written by Dina Meza Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE

Foto:AMDV

Las rotaciones del personal en algunas postas policiales que retrasa la aplicación de la Ley de Violencia Doméstica, las conciliaciones por violencia en los juzgados, la falta de registro y errores en la tramitación de los procedimientos que deben garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres, son solo la puerta de entrada para la repetición de los hechos y la impunidad en que se mueven los agresores, en el Sur de Honduras.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe publicado en octubre de 2019, señala que, durante su visita en 2018, “observó la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en Honduras y las diversas formas en que ésta se expresa, en particular por razones de género, violencia sexual y contra mujeres en especial situación de riesgo, y los altos índices de impunidad que persisten ante estos casos”.
La CIDH señaló los altos niveles de impunidad en casos de violencia contra las mujeres y advirtió que facilita la violencia y discriminación contra ellas. “Por ello llama a investigar con debida diligencia todos los actos de violencia contra las mujeres. Asimismo, la Comisión demanda al Estado a implementar estrategias integrales para erradicar los estereotipos y patrones discriminatorios contra las mujeres, para garantizar su derecho a vivir libre de violencia”.
Qué pasa con la Ley de Violencia Doméstica en el Departamento de Choluteca
La Ley contra la Violencia Doméstica fue promulgada en septiembre de 1997 y entró en vigencia en febrero de 1998, tres meses después de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”, se le hicieron reformas en el Congreso Nacional por presión de las mujeres organizadas el 01 de septiembre del 2005 y entraron en vigencia el 11 de marzo del 2006.
Han pasado 22 años de la aprobación de dicha Ley, pero los avances todavía no alcanzan un promedio que saque al Estado de Honduras de su precaria actuación, al monitorear sus actuaciones que impactan directamente en la vida de las mujeres hondureñas.
AMDV, trabaja en la observación de los procesos, implementando estrategias para conocer los avances en cuanto a la aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica.
Las cifras reflejan que los municipios con mayores casos de violencia contra las mujeres son Choluteca, Marcovia Namasigüe , Santa Ana de Yusguare y Orocuina donde hay casos de violencia sexual y un femicidio, en el período de enero a julio de 2019.
Para llegar a esas conclusiones AMDV elaboró las herramientas de aplicación de la auditoria social y dio la formación a las mujeres de las redes para aplicarlas. Ellas fueron quienes realizaron una auditoría social la aplicación de la Ley contra la Violencia Doméstica, a la Policía Nacional de los cinco municipios arriba descritos, Oficinas Municipales de la Mujer, OMM, de diversos municipios de la zona y los Juzgados de Paz de los Municipios de Marcovia
y Orocuina, de enero a julio de 2019, encontrando que las llaves de la impunidad están abiertas para que se sigan cometiendo actos de violencia hacia las mujeres, sin ninguna consecuencia para los responsables de aplicar la Ley.
Los hallazgos
Los datos describen que la violencia doméstica e intrafamiliar se incrementa en todos los municipios y la situación se agudiza cuando las mujeres llegan a los juzgados a conciliar.
Es importante aclarar que en violencia no pueden haber procesos de conciliación y los jueces no deberían permitirlo porque se violenta la Ley, tienen la obligación de explicárselo a las mujeres.
Un juez o una jueza responsable tiene que detallar las consecuencias de la conciliación, pero no sucede así, los procesos de ese tipo avanzan y eso favorece a los agresores que repiten la violencia y al final puede ocurrir un femicidio.
La investigación realizada por las redes de mujeres en el análisis con AMDV, destaca que hay enormes huecos de falta de actuación de la policía que es uno de los eslabones de la cadena para que la justicia hacia las mujeres se concrete.
Los últimos femicidios son crueles con desmembramientos y torturas, sumado a esto un promedio de 76 denuncias por violencia intrafamiliar se han interpuesto por parte de las mujeres.
Lo anterior podría tener una relación directa con la falta de personal que atienda los casos pues en años anteriores la Fiscalía de la Mujer contaba con dos agentes de investigación de delitos contra las mujeres, y un vehículo, pero el actual jefe de fiscales, realizó los cambios y ya no se cuenta con estos recursos.
Asimismo, es importante señalar de acuerdo a los resultados de la auditoría social que “las autoridades estaban revictimizando a las mujeres y no conocen o valoran el ciclo de la violencia o sea al final la mujer tiene la culpa, pero que pasa con las que sí desean denunciar, y que no son bien atendidas o las audiencias son fuera de tiempo?.
El artículo 3 de la Ley contra la Violencia Doméstica manda que “En la aplicación de la presente Ley, se observarán los principios de: acción pública, gratuidad, celeridad, secretividad, oralidad y oficiosidad”.
Pero eso está lejos de cumplirse porque AMDV describió en el estudio realizado en el municipio de Marcovia, siempre en el departamento de Choluteca, si bien es cierto que en las postas de policía los agentes atienden las denuncias por violencia doméstica, no aplican las medidas de protección a las mujeres.
El Artículo 6 de la misma Ley señala que para tutelar o restituir los derechos de las mujeres que sufran de violencia doméstica, se establecerán mecanismos de protección que consiste en medidas de seguridad precautorias y cautelares.
Entre las medidas de seguridad que deben ser impuesta por el juzgado competente, el Ministerio Público o la Policía Nacional, están a) Separar temporalmente al denunciado del hogar que comparte con la denunciante ; b) Prohibir al denunciado transitar por la casa de habitación, centro de trabajo o lugares habitualmente frecuentados por la denunciante c)Prohibir al denunciado realizar actos de intimidación o perturbación contra la mujer, contra cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante; c) Retener inmediatamente y de forma temporal las armas que se encuentren en poder del denunciad, entre otras.
A puertas cerradas la justicia

Blanca Guevara María Natividad Reyes Dunia Isabel Santos

En la auditoría social realizada se destaca que en los municipios de Yusguare y Apacilagua casi siempre están cerrada las postas policiales y las mujeres no encuentran donde denunciar, a pesar que se ha conversado con las autoridades correspondientes para terminar con este problema, no ha habido cambios positivos.
Blanca Guevara, Oficial de Gestión de AMDV, dijo que la violencia tiene que ver con la cuestión económica, política, es un patrón cultural que lleva en sus entrañas las relaciones desiguales de poder, por lo que AMDV ha tratado de ir sensibilizando sobre la importancia de los cambios, actitudes y comportamientos.
María Natividad Reyes, una mujer que ha sido apoyada por esta organización expresó que “Yo no tenía valor ni capacidad de hablar o poderme defender, gracias a AMDV he podido salir adelante y apoyar a otras mujeres que sufren violencia en la comunidad”
Reyes a participado en diferentes jornadas de capacitación para prevenir la violencia, sobre políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres que permita el acceso a la justicia el cual van a implementar a partir del 2020.
Dunia Isabel Santos , es otra de las mujeres que recibe el apoyo de AMDV. Relata que antes no podía participar en nada, tenía miedo a hablar y temor a las autoridades, pero ahora esa etapa desapareció porque con las capacitaciones recibidas de la organización perdió el miedo y es capaz de interponer una denuncia porque es consejera en violencia.
Describió que antes no se daba cuenta de que sufría violencia porque no lograba identificarla, “algunas cosas que me decían el papá de mi hija, no lo podía identificar como violencia , pero hoy sé que estaba sufriendo una violencia sicológica, yo me sentía como que no valía nada, pero las mujeres somos importantes si no levantamos la voz seguimos aguantando”
Los obstáculos encontrados
La auditoría evidenció que la rotación constante de los agentes policiales genera un obstáculo al acceso eficiente de ellos, ya que una vez que se llega a acuerdos y se obtiene su actuación, son movidos a otras zonas y se vuelve a reiniciar con los que llegan el proceso de sensibilización e identificación para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia.
Las peticiones urgentes
El viacrucis que pasan las mujeres cuando son víctimas de violencia ha llevado a concluir a las redes de mujeres que es necesario solicitar dos agentes de la Dirección Policial de Investigaciones,DPI, para que sean asignados a la Fiscalía de la Mujer, para agilizar la investigación, y la misma deberá ser avalada por la unidad de género de la Corte Suprema,
Otro elemento importante es que las mujeres demandan del presidente del Poder J, la apertura del juzgado especializado en violencia doméstica, con jurisdicción departamental para que puedan atender las denuncias de cualquier municipio, que facilite a las mujeres cuando no quieren llevar sus casos a los juzgados de paz.
Vea gráficos de violencia contra las mujeres denunciadas en las Oficinas Municipales de la Mujer, OMM, en este Link

sábado, 7 de diciembre de 2019