jueves, 5 de diciembre de 2019

HONDURAS: La impunidad no termina con la sentencia: familia de Berta Cáceres // BERTA CÁCERES: ASESINOS PASARÁN 50 AÑOS ENCERRADOS EN PRISIÓN // Sentencia Berta Cáceres: Un primer paso en el camino de justicia Por Giorgio Trucchi // EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO / OPOSICIÓN HOY O NUNCA // SOMBRAS CONTRASTADAS DE UNA HONDURAS EN ASCUAS por Rodolfo Pastor Fasquelle // La CIDH presenta informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras” // Defensores: EL ANIVERSARIO 37 // Radio Progreso: Alto a la violencia exigen mujeres este 25 de noviembre // LAWG preocupada por reglamentación de terceros países para migrantes // Migrantes huyen del horror creado por EU en Honduras: Chomsky // Análisis | Las demandas ciudadanas del 2015 y el apoyo a la extensión de la MACCIH: una comparación entre dos hitos // Sale a la luz contrato que evidencia proceso de privatización del agua en la capital // Empresas se van del país por culpa del gobierno: Aline Flores

EDITORIAL Y PORTADA EL LIBERTADOR IMPRESO / OPOSICIÓN HOY O NUNCA

Publicado: 23 Noviembre 2019
La sociedad soporta el presente incierto, las urnas de 2021 pueden contener resultados increíbles, dejarían sin argumentos los pronósticos más versados; el ciudadano no puede más, quiere acciones y apoyará con su voto al que presione la salida de JOH.
EDITORIAL
Oposición hoy o nunca
Quien presione la caída de JOH ganará las elecciones, todavía lejanas e inciertas si el cálculo  político ingenuo de la oposición la mantiene dividida. Sin la regalía del presupuesto nacional, de manera sincera nada queda del “orlandismo” que como corriente venenosa va acelerando la crisis terminal del Partido Nacional; la debacle reina en el Gobierno Hernández que, según el 95 por ciento de la población, fue infiltrado por el narcotráfico, revelan sondeos respetables de Cespad. Casa Presidencial está por los suelos como símbolo contundente de corrupción.
JOH ya sólo interesa a empresarios fracasados adictos al contrato público, a un puñado de generales enriquecidos y a gringos que sospechosamente encubren el tráfico de drogas como advirtió la congresista Norma Torres al secretario Pompeo sobre la estrecha relación que la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa mantiene con Juan Hernández.
Está muy claro que la recién creada Alianza de Oposición Contra la Dictadura, hace mucho debió hacer una lectura fiel del hartazgo del pueblo por el temible clima de país que a diario expulsa empresas, que tras su migración ensanchan el desempleo y la pobreza, crea mayor desesperación, fortalece la violencia y repunta crímenes que compiten en lo siniestro.
La sociedad observa y las urnas de 2021 pueden contener resultados increíbles, dejarían sin argumentos los pronósticos de analistas versados; el ciudadano no puede más, quiere acciones y apoyará con su voto al consecuente con la indignación popular; en la calle la gente no se resigna a que JOH siga dos años, lo quieren afuera hace mucho, para la mayoría de hondureños la salida del gobernante no es negociable.
Sectores de poder apoyan ese anhelo colectivo, están abiertos a trabajar con un gobierno fuera del bipartidismo, pero critican que el liderazgo contra régimen sea incapaz de unirse por Honduras.- La oportunidad está para la  élite política no tradicional.- La oposición está obligada a demostrar que está dispuesta a lanzarse al rescate de la nación hondureña y, además, a reinventar sus propios partidos, los sondeos arrojan luz roja sobre la percepción de integridad de todas las fuerzas políticas. 
Y esa voluntad se pondrá a prueba en la confirmación del gobierno de transición que surja tras el derrocamiento de la dictadura, porque en el pueblo también se percibe la esperanza de un amanecer que respete la vida, en renovación de la justicia, mandar a la cárcel a corruptos y a asesinos con licencia para robar y matar; entender que cuando no hay dinero es el momento para invertir en muy buena educación y salud, afín que la persona sana y educada produzca la riqueza nacional mediante el uso inteligente de nuestros recursos estratégicos.
La corrupción atrae inversión sucia e inversionistas mafiosos que crucifican al consumidor con servicios y bienes a precios de hurto; sin embargo, debe cautivarse el capital sano, de largo plazo, edificar un clima de inversión potente y un sistema tributario que no mantenga gobiernos holgazanes con el sudor de los más pobres ni llene la bolsa de los más ricos. Porque es imperativo darle dinámica a la convivencia ciudadana, si podemos ir construyendo un ambiente de paz, explicando a los amantes de la guerra que también pueden perder todo.

HONDURAS / SOMBRAS CONTRASTADAS DE UNA HONDURAS EN ASCUAS

Publicado: 23 Noviembre 2019

No es cuestión de pedirle que escuche a Juan Orlando, que asusta en un búnker a prueba de todo sonido externo a su propio aparato. Es cuestión de ponerle una camisa calientita, para estos fríos, meterle candado y sentarnos a convenir la única salida, la convocatoria a una constituyente abierta para establecer un pacto de convivencia con garantías, de libertad y justicia, derecho para todos.
EL LIBERTADOR
Rodolfo Pastor Fasquelle
Muchos no lo entienden, porque la prensa se dedica a otras cosas. Producto y herencia del golpe de 2009 perdimos el impulso de la década anterior, y ahora enfrentamos una calamitosa situación internacional tensada. Cuando Honduras es un polvorín de conflictividad social, agravada por un trance político, enmarcado en una crisis económica, que fingen ignorar. Las poblaciones defienden sus fuentes de agua y bosques. En el Sur y en el Oriente en Tocoa y Namasigüe las comunidades se resisten a proyectos que afectan sus condiciones y calidad de vida, mientras que el capital se empeña en el extractivismo por su mayor tasa de retorno.
Invocando la “cocora” de un caos posible o un despojo eventual, la derecha y el tradicionalismo político rechazan el diálogo y la posibilidad de un pacto (no se puede decir nuevo porque no hubo antes ninguno) que parecería la única salida y el camino hacia la reconciliación negociada. Mientras que -a ratos- la izquierda parece alimentar esa paranoia, al fantasear con un proceso que margine o desoiga a los intereses de la empresa, la propiedad, del capital y las corporaciones, y plantear su constituyente como la panacea de una superstición sin fin. 
Se trata de visiones contrastantes que permean incluso en cada uno de los bandos, en líneas paralelas imposibles de juntar. Aun en la cúpula, donde las realidades sociales mayormente se perciben por estadísticas.  El Presidente de la Corte Rolando Argueta plantea que la subsistencia de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad no es un asunto primordial, cuando faltan horas y voluntad para ratificarla. Mientras que, en Washington el Fiscal General Chinchilla replantea esa cooperación como indispensable para su misión. Y por otro lado, los diputados oficialistas acosados buscan fueros y estratagemas, uno al día, para escapar a la deducción de responsabilidades que reclama la Misión.
Hay un sector oficialista, de voceros del gobierno que nos asegura que todo está bien, que el país avanza como consecuencia de su disciplina macroeconómica, que vamos a crecer 0.4% más que el resto de la región vecina. Los empresarios nos explican que falta remediar la microeconomía, que es la de cada uno. Mientras que la oposición no ha sido capaz de articular un análisis coherente propio y una propuesta alternativa. (¿Cómo vamos a hacer?)
Otros hechos que trascienden contrastan con esas aseveraciones. Para un real crecimiento económico necesitamos inversión productiva, pero no sólo no está llegando capital de inversión extranjero, sino que muchas empresas, y no solamente Unilever y Masesa se van del país, como sucede con los capitales que salen primero hacia El Salvador, Panamá y Gran Caimán. Y los mismos ejecutivos de la empresa privada advierten que Honduras está en plena recesión. Pero aun así las instancias encargadas de regular los negocios, los estorban para asegurar e instrumentalizarlos como control politico. Se amaga a la producción con más impuestos, en vez de enfocar, en todo caso, la acumulación de los sectores que determinan la mayor desigualdad del continente para invertir en los servicios que pueden nivelar.
Aunque se aumenta en 200% el presupuesto de Seguridad, más bien se recortan los de Educación y Salud, de modo que no hay más aulas, ni maestros, ni hospitales en los que se cobran todos los insumos. Mientras se ofrecen cuatro mil millones a las FFAA para ejecutar programas de fomento a la agricultura y ganadería. Y el Jefe del Estado Mayor defiende que una mayoría silenciosa apoya al gobierno de Juan y es su obligación consecuente, protegerlo. Simple, los médicos y los maestros son sospechosos, los soldados leales y disciplinados. Todo invocando la prioridad del tema de la seguridad.
Pero quien sabe de dónde sacan que ha mejorado esa situación cuando, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad, en manos oficiales, las tasas de homicidio han aumentado, igual que el número de matanzas múltiples que llegan en Octubre a 43 y se perfilan todos los días en las primeras planas de los periódicos, y aun asesinan funcionarios y parientes de altos funcionarios que -como la inmensa mayoría de los crímenes-  quedan en la impunidad. Diz que han avanzado en la guerra contra el narco, pero todas las semanas capturan aquí, y en el extranjero, provenientes de Honduras, cargamentos, aviones y barcos llenos de drogas. Y aunque aseguran haber depurado la policía, la depuran para ser represor más eficaz y eliminar voces disonantes, no para mejorar su capacidad de investigación o su eficacia en la prevención o persecución del crimen.
Se suspenden los procesos incoados contra oficiales como la muerte alevosa de David Quiroz o los intelectuales del asesinato de Berta. En medio de una oleada de nuevos crímenes políticos. Cuando todos los días trascienden quejas, que son como anuncios de atropellos, de líderes comunitarios y gremiales, comunicadores sociales, defensores de los derechos, sobre el incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por instancias internacionales, previo al acoso y los frecuentes asesinatos de sus miembros. De modo que aun las discretas NN.UU. reclaman la negligencia y exigen mayor responsabilidad al Estado que paradójicamente es el origen del mal.
Más allá de las percepciones de los poderosos la gente del pueblo desespera. No obstante que se ha repatriado al país a cientos de miles de migrantes que no alcanzaron su objetivo en el último año. Logran lentificar el éxodo e inhibir la formación de más caravanas, con la cooperación militar de los países que cruza su ruta, los convenios de país seguro que cuestiona el SICA y capturando a un par de los coyotes, pero no pueden detener la salida, ni mucho menos eliminar el móvil que empuja la migración forzosa. Que nada tiene de extraño o misterioso.
¿Cómo podría ser de otra manera si  -como certifica FOSDEH- el 60% de la juventud en edad productiva está desempleada, y solamente cuatro de diez egresados de la universidad encuentran cualquier clase de empleo?
No es cuestión de pedirle que escuche a Juan Orlando, que asusta en un búnker a prueba de todo sonido externo a su propio aparato. Es cuestión de ponerle una camisa calientita, para estos fríos, meterle candado y sentarnos a convenir la única salida, la convocatoria a una constituyente abierta para establecer un pacto de convivencia con garantías, de libertad y justicia, derecho para todos.

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Mel afirma que alianzas opositoras deben realizarse después de primarias de marzo de 2021

25 noviembre, 2019
Redacción ConfidencialHN
TEGUCIGALPA, HONDURAS 
El expresidente y coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, dijo este lunes que una alianza opositora puede formarse entre las fuerzas y que sea liderada por el candidato que haya obtenido más votos de los comicios primarios de marzo de 2021.
El líder políticó resalto que su partido es el más democrático de la historia de Honduras, porque siempre ha ido a elecciones internas para elegir a sus candidatos a alcaldes, diputados y presidenciales.
Agregó que no tiene problemas en que el Partido Liberal, encabece la próxima alianza de oposición.
Respecto a la constitución de tal coalición, indicó que a la fecha no ha obtenido respuestas ya que consideró que tanto Luis Zelaya como Salvador Nasralla «tienen temor».
Dijo en un foro de televisión que ambos tienen “un temor muy bien fundado, porque el candidato o candidata de Libertad y Refundación, va a sacar más votos que ellos, entonces no aceptan la condición, ya que se tiene que hablar para ponerse de acuerdo y ser demócratas”.
En caso de que se concrete la unidad de los partidos de cara al proceso venidero, sería la segunda vez que unen fuerzas para ir contra el oficialismo, quienes tienen varios candidatos, incluido al actual titular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández, quien podría presentarse a un tercer mandato a fin de mantenerse blindado de las acusaciones de narcotráfico y corrupción que penden en su contra.
Aunque los leales a Hernández insisten que su líder no acudiría a elecciones, pero todo apunta a que busca aferrarse a la silla presidencial.


La CIDH presenta informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”

Por defensores -
25 noviembre, 2019

Por Marpa
Tegucigalpa.- Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por el comisionado relator para Honduras, Joel Hernández y la Comisionada Margarette May Macaulay,  presentó el Informe sobre la situación en Honduras.
El informe recoge los hallazgos de la visita in loco que realizó la CIDH a Honduras, del 30 de julio al 3 de agosto de 2018.
La jornada se desarrolló en dos eventos. El primero para presentar los principales hallazgos del informe y el segundo donde el comisionado Joel Hernández entregó a la Procuradora General de la República, Estela Cardona, el manual de lineamientos del Mecanismo Especial de Asistencia Técnica (MESA).
El Comisionado de la CIDH Joel Hernández entreha a la Procuradora General Estela Cardona el Mecanismo Especial de Asistencia Técnica (MESA).
El Comisionado de la CIDH Joel Hernández entreha a la Procuradora General Estela Cardona el Mecanismo Especial de Asistencia Técnica (MESA). El informe destaca la situación post electoral y el proceso de violencia que siguió a las elecciones, que incluyó el uso desproporcionado de la fuerza pública y la falta de avances en las investigaciones al día de hoy, aunado a información que apunta a una creciente concentración del poder Ejecutivo sobre los poderes Legislativo y Judicial.
La CIDH subraya sobre los altos niveles de inseguridad ciudadana en Honduras y sus efectos en el goce efectivo de los derechos humanos. El estado reconoce que en la última década ha sido uno de los países más violentos del mundo, y que un factor generador de violencia constituye el tráfico de drogas y el crimen organizado, los cuales se han infiltrado a varias instituciones estatales.
El informe recoge información relacionada a la intervención de la policía militar, la militarización de la función penitenciaria y su involucramiento en temas de formación cívica y educativa como el programa para niños y adolescentes denominado Guardianes de La Patria, temas que fueron referidos y cuestionados por la CIDH en su informe de 2015.
La CIDH citó que recibió informes que el ejército realiza funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de tierras como es el caso del Bajo Aguán, situación a la que se sigue dando seguimiento.
La CIDH reitera que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles, y que, conforme a la jurisprudencia interamericana, cuando el ejército participa en tareas de seguridad, ésta debe ser de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.
“El estado debe tomar medidas decisivas en la administración de la justicia y en la lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido”, subraya el informe.
Asistencia
La CIDH advierte que para que la población disfrute de los derechos humanos, “resulta indispensable que Honduras avance en el proceso de fortalecimiento de su institucional democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el estado de derecho”, apuntó Hernández.
Hasta el momento, el estado de Honduras no ha brindado información relacionada con la apertura o avances investigativos que brinden claridad sobre las 23 muertes violentas ejecutadas por agentes del estado y que se produjeron por el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas para condenar el fraude electoral de noviembre de 2017.
Al menos 84 personas que fueron criminalizadas por las protestas, enfrentan procesos penales y 13 que se encontraban privadas de libertad en cárceles de máxima seguridad, enfrentan juicios con medidas sustitutivas a la prisión.
Sólo en 2018 se contabilizaron 897 manifestaciones públicas para condenar el fraude electoral de noviembre de 2017, que dejó ilegalmente en el poder de la nación, a Juan Orlando Hernández.
La CIDH planteó en su informe que recibió información que apuntaba a que los procesos penales fueron utilizados como herramienta para silenciar a disidentes políticos.
Pese a todo lo expuesto, el informe destaca varios avances en materia de derechos humanos, entre otros, la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, con el fin de implementar la política pública y el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, sostuvo Joel Hernández.
Asimismo, el informe valora, la creación e implementación del Sistema de Recomendaciones de Honduras (Simore), con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones formuladas al estado de Honduras por mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.
Aistentes al Informe de la CIDH en un hotel de Tegucigalpa
Joel Hernández dijo que la CIDH reconoce también la creación del Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores Sociales, Periodistas y Operadores de Justicia.
Para asegurar el cumplimento de las 30 recomendaciones formuladas por la CIDH al estado de Honduras, el Comisionado Joel Hernández entregó a la Procuradora General de la República, Estela Cardona, los lineamientos del Mecanismo Especial de Asistencia Técnica (MESA).
En la presentación del informe, estuvieron presentes la Procuradora General de la República, Estela Cardona, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Claudia Castañeda, la Subsecretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, Jackelyn Anchecta,  y la Subsecretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores, Nelly Jeréz, entre otras funcionarias del régimen.
Asimismo, asistieron representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, agencias de cooperación y cuerpo diplomático acreditado en Honduras.

EL ANIVERSARIO 37

Por defensores -
24 noviembre, 2019

El próximo sábado 30 de noviembre, las energías sociales, espirituales y culturales del Cofadeh estarán concentradas en el Hogar contra el Olvido, en Santa Ana, Francisco Morazán.
No es una fecha cualquiera. Es el 37 aniversario de la organización de madres, esposas y amigos de los héroes y heroínas de la resistencia hondureña que fueron desaparecidos por el batallón 3-16. Ese escuadrón de la muerte organizado por John Dimitri Negroponte desde la embajada de Estados Unidos, en complicidad con Suazo Córdova, su siniestro ministro de la Presidencia, y el asesino Álvarez Martínez, no puede ser olvidado ni perdonado.
En ese mismo lugar donde hace 500 años los indígenas lencas construyeron terrazas de piedra fina para contener la lluvia y la tierra fértil, la organización de víctimas de la desaparición forzada construye espacios para contener la memoria histórica, desde hace 19 años.
Es en el municipio de Santa Ana, cerca del pico de las antenas sobre el Cerro de Hula, donde aquél batallón de la muerte ocultaba personas desaparecidas, para torturarlas en los años 80´s. Es aquí donde el Cofadeh decidió construir un hogar para educar, para perdonar y para nunca olvidar.
Como hemos informado a ustedes en años anteriores, la colonización de estas antiguas terrazas empezó con la siembra de árboles – robles, malcincos, cedros, caobas, pinos, claveles, quebrachos, nances, y otros – para honrar la memoria de casi 200 hombres y mujeres flagelados por el Estado de Honduras con el apoyo de torturadores gringos, argentinos, hebreros y matones centroamericanos.
En el transcurso del tiempo, también fue construida aquí una escalinata que asciende hasta la cima de las terrazas, cuyo diseño representa una ave en vuelo, precisamente el logotipo del Comité, que evoca el movimiento de las víctimas nunca vencidas, nunca asesinadas, siempre en vuelo rasante para seguir cada paso de los culpables a lo largo del tiempo.
En la entrada de este hogar contra el olvido fue edificada una vieja casona con materiales rústicos, con detalles artísticos de buen gusto, para representar la vida modesta y sana de las familias que trabajan por la paz y la justicia, a favor de la memoria.
Más recientemente, fueron construidos dos módulos; uno destinado a la espiritualidad ecuménica de las familias dolientes, que contiene los rostros de las víctimas en las paredes y cúpula, y un segundo espacio amplio y ventilado en la parte alta, para celebrar con música la vida, la alegría y la esperanza.
En una semana, el próximo sábado, habrá eventos aquí en ocasión del 30 aniversario de la organización luchadora, perseverante y creíble, que ha sobrevivido a todo, a la persecución del gobierno de Flores Facussé después del huracán Mitch, a la dictadura instalada por el golpe de Estado desde 2009 y, a veces, a la desesperanza de quienes no conocen su propio coraje.
Según la planificación original, por la mañana del sábado, será ofrecido un desayuno a las personas madrugadoras que siempre han estado vinculadas a las luchas del Cofadeh, a la gente con juventud acumulada que ama el café caliente a buena hora, los frijoles y las tortillas con memoria indígena, para planificar el porvenir siempre desafiante.
Enseguida, está previsto un convivio con las redes de juventudes voluntarias, que esta organización ha capacitado a nivel nacional durante los últimos 10 años en promoción y defensa de derechos humanos.
Más tarde, después del mediodía, tendrá lugar un encuentro con directores de organizaciones sociales, representantes de cooperación internacional que trabajan en Honduras la agenda de los derechos humanos, y miembros de las representaciones diplomáticas que permanecen atentos a la situación del país.
Hacia el final de la tarde, las juventudes del Cofadeh inaugurarán la gran sala de conciertos, ubicada en la cima de la escalinata, con participación de artistas siempre vinculados a la lucha por la justicia, la verdad, la democracia y la paz, que se mueven siempre al ritmo de la memoria histórica de los pueblos.
El salón de la espiritualidad, con la iconografía de los desaparecidos y desaparecidas, permanecerá abierto todo el día para quienes deseen orar, invocar, declarar o bendecir su memoria.
Este año 2019, la conmemoración del Cofadeh coincide con un entorno latinoamericano en ebullición: Colombia en paro contra Duque, Chile en rebelión contra el neoliberalismo nutrido de la dictadura católica Pinochetista. Argentina en solidaridad con Bolivia. Brasil que vibra con la libertad de Lula. Bolivia que resiste el golpe cobarde de los halcones evangélicos.
Así, el sábado vamos a la conmemoración de los 37 años del Cofadeh con una Centroamérica abatida. Una Guatemala convertida en receptáculo de emigrantes forzados, siendo ella misma expulsora de millares de guatemaltecos. Lo mismo El Salvador. Igualmente Honduras, donde los sátrapas imperialistas impusieron a un impostor narcotraficante que acepta represar aquí a millares de demandantes de asilo que van rumbo al Norte, precisamente en esta olla caliente que produce caravanas.
En el mismo instante que preparamos nuestro 37 aniversario, el Congreso de Estados Unidos juzga a Donald Trump por fraude y traición, y sus narco representantes hondureños asesinan testigos por doquier, tratando de evitar nuevas pruebas contra la gran familia hondureña de corruptos y traficantes que pueblan Nueva York y Miami, extraditados o cazados por la justicia estadounidense, a veces a pesar del Poder Ejecutivo americano.
Este es el contexto internacional de la semana, con dos nuevos agregados: En Tegucigalpa, la Comisión Interamericana se sienta con el gobierno impostor a conversar sobre las viejas sentencias incumplidas, y un senador influyente en Washington pide sorprendentemente al liderazgo social hondureño que se integre al gabinete del impostor, para evitar más convulsión social en un país donde la oposición política ya no tiene propuesta.
Vamos a terminar bien este editorial, señores y señoras, vamos a decir que eso que acaban de escuchar es inaceptable. Puede ser cierto que la oposición de partidos políticos no haya comprendido el momento histórico del país y carezca, efectivamente, de una propuesta clara para desplazar a los narcotraficantes cristianos del poder. Pero es inadmisible que en su sano juicio la resistencia social al modelo narco se integre a cogobernar con los criminales. Con los violadores. NO. Eso no. Nos vemos el sábado para seguir la discusión!
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 23 de noviembre 2019

Radio Progreso

Alto a la violencia exigen mujeres este 25 de noviembre

  • 25/11/2019
Las mujeres de la zona norte y occidente en acción este día en San Pedro Sula. Las mujeres de la zona norte y occidente de Honduras, en el marco del día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer, unieron sus voces en exigencia de justicia ante los femicidios y cese a la violencia que cada 18 horas asesina a una mujer en el país.
En San Pedro Sula la movilización inició frente a la 105 Brigada de Infantería, como un acto simbólico para denunciar el papel represivo de las Fuerzas Armadas.
“Para nosotras esto significa violencia, represión, agresión a la población y a las mujeres. Estamos aquí para expresar el malestar, rechazamos la militarización. Nos hemos convocado para denunciar el papel represivo que continúan jugando las fuerzas militares en Honduras, expresaba a través de un megáfono Carolina Sierra, del Foro de Mujeres por la Vida.
Sierra asegura que, una Matria como las sueñan las mujeres, no se construye con armas, con militares, con una estructura de narco-Estado como la que tiene Honduras. “Las mujeres le apostamos a la vida, a la construcción de las comunidades, al cuidado de nuestros territorios. Estamos en contra de todo el proceso de militarización que se ha dado en nuestro país en los últimos años, soñamos con una Honduras sin violencias y feminicidios, donde nuestros derechos sean respetados”, señala.
Feminicidios
Honduras vive en medio de una guerra. Los cuerpos de las mujeres se convierten en territorio de batalla. Hasta septiembre de 2019, las organizaciones feministas registraron 306 muertes. La violencia que enfrentan no son aisladas, el Estado genera violencia e impunidad. Desde el año 2002 hasta el 2018 suman ya 6,253 asesinadas en Honduras.
Mientras se va aumentando el presupuesto militar; los feminicidios, las desapariciones, la violencia sexual continúa llenando de dolor y miedo las comunidades hondureñas. Carolina Sierra, dijo que la impunidad en materia de feminicidios se mantiene en un 90%.
“Lastimosamente las familias no pueden seguir buscando justicia para las víctimas, porque son revictimizadas, ni siquiera el Ministerio Público da detalles de los avances de las investigaciones. Casos como el de Margarita Murillo y Berta Cáceres, que tienen gran presión internacional, muestran pocos avances, no digamos los asesinatos de mujeres que están solas en sus comunidades”, señala.
Mujeres demandan al Estado investigación ante los femicidios. Incremento de las violencias
Para Suyapa Castro del Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano (MOMUCLA), el incremento de las violencias contra las mujeres es producto del sistema dictatorial en que vivimos, del alto grado de la impunidad, del modelo y sistema patriarcal. Además, del empoderamiento mismo de las mujeres, porque cuando se empoderan, el patriarcado responde más salvajemente.
Margarita Navarro de la Red de mujeres del Progreso, señala que en Honduras las mujeres sufren todo tipo de violencias. Empezando en el hogar con la violencia doméstica e intrafamiliar, la violencia económica por los altos precios de la canasta básica y la falta de oportunidades de empleo. Junto a las violencias psicológicas y estatal con el incremento de los feminicidios.
Mujeres obligadas a huir
Karina Fonseca de la Red Jesuita con Migrantes Costa Rica, dice que el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, es una oportunidad para seguir reflexionando y actuando alrededor de la situación crítica que viven las mujeres, quienes se ven obligadas a abandonar sus países de origen.
Fonseca dice que las mujeres tienen que dejar sus países no solo por la violencia domestica, sino de las violencias ejercidas por pandillas, la falta de oportunidades a nivel económico y la violencia impulsada desde los Estados.
Señala que las mujeres en tránsito hacia sus países de destino, también enfrentan violencias como abuso, violencia sexual, asesinatos, trata, explotación sexual comercial, entre otras.
En ese sentido, dijo que el mayor desafío es cómo en los países de destino las políticas públicas deben estar enfocadas en favoreces a todas las mujeres y niñas, sin distingo de nacionalidad y situación migratoria.
En Honduras, los feminicidios, entendidos como crímenes de odio contra las mujeres por razones de género, incrementaron después del golpe de Estado de 28 de junio de 2009.

Criterio.hn
LAWG preocupada por reglamentación

LAWG preocupada por reglamentación de terceros países para migrantes

noviembre 25, 2019 Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.com
Tegucigalpa.- El Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG) está profundamente preocupado por las implicaciones de la nueva «regla final interina» sobre los derechos de protección de los solicitantes de asilo que se publicó la semana pasada.
La norma señala la implementación de los «acuerdos de terceros países seguros» a los que se refiere el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como «Acuerdos de Cooperación de Asilo», o ACA, entre los Estados Unidos y Guatemala, Honduras y El Salvador. Los informes de los medios confirmaron el primer regreso de un solicitante de asilo hondureño de los Estados Unidos a Guatemala el jueves 21 de noviembre, comenzando la implementación del acuerdo de Guatemala, que se firmó entre Guatemala y los Estados Unidos en julio de 2019 y solo se hizo público por DHS la semana pasada.
De acuerdo con la norma y se filtró la orientación para que los oficiales de asilo implementen el acuerdo, los adultos salvadoreños y hondureños que solicitaron asilo en un puerto de entrada o entre puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México después del 19 de noviembre de 2019, y que no pueden demuestre que «lo más probable es que sean perseguidos o torturados en Guatemala» serán devueltos a Guatemala.
Según la prensa local, a su llegada a Guatemala, los solicitantes de asilo que regresen estarán sujetos a un «programa de retorno voluntario» administrado por la Organización Internacional de Migración (OIM) en virtud del cual serán devueltos a su país de origen. No se ha hecho pública más información sobre la implementación de este acuerdo o sus anexos, o la posterior implementación de los acuerdos con Honduras y El Salvador.
“La implementación del acuerdo de“ tercer país seguro ”en Guatemala violará el derecho internacional al devolver a los solicitantes de asilo a las mismas condiciones de peligro de las que huían. Al igual que las otras formas en que la Administración Trump actualmente bloquea el acceso al asilo en nuestra frontera u obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México, este es un proceso falso y cruel con un solo objetivo: rechazar a los solicitantes de asilo de nuestra frontera y deportarlos a daño.
Los acuerdos seguros de terceros países no resolverán la crisis de refugiados en América Central y solo atraparán a las personas en condiciones precarias sin ningún acceso a protecciones. Estamos profundamente preocupados por las implicaciones de la norma para la seguridad de los solicitantes de asilo e instamos al DHS a rescindir los acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras de inmediato «, afirma Daniella Burgi-Palomino, codirectora del Grupo de Trabajo de América Latina.
LAWG ha documentado las condiciones de violaciones de derechos humanos, corrupción, impunidad e inseguridad en Guatemala, Honduras y El Salvador. Los tres países carecen de condiciones para proteger los derechos y la seguridad de los solicitantes de asilo o la capacidad institucional para garantizar que tengan acceso para solicitar asilo o disfrutarlo dentro de su territorio.
Seguiremos de cerca la implementación del acuerdo con nuestros socios de la sociedad civil en la región. Instamos a las acciones de supervisión del Congreso sobre la implementación de los acuerdos con los tres países de inmediato.


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Migrantes bloquearon 12 horas puente de frontera norte de México con Texas


11 octubre, 2019
Redacción ConfidencialHN
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO
(Spútnik) Medio millar de migrantes, entre ellos mujeres y menores de edad, que exigen respuestas a sus trámites de asilo en cortes estadounidenses, bloquearon durante 12 horas el puente internacional que conecta a la ciudad de Matamoros, estado de Tamaulipas, con Brownsville, estado de Texas, (sureste de EEUU).
El alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, dijo a medios locales que «el Puente Nuevo Internacional ya se reabrió, luego de más de 12 horas que permaneció cerrado, debido a las protestas de los migrantes».
Una comisión que representaba a los indocumentados se reunió también con el responsable del Instituto Nacional de Migración (INM), Segismundo Doguín y el alcalde López Hernández.
Tras un acuerdo con las autoridades mexicanas, cuyos términos no fueron informados, los migrantes, en su mayoría centroamericanos, suspendieron la protesta y se retiraron sin más incidentes.
Las autoridades mexicanas estiman que más de 500 manifestantes hicieron la protesta, para llamar la atención sobre la prolongada espera en territorio mexicano de sus audiencias en el país vecino, para continuar sus trámites de asilo humanitario solicitado.
La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, en inglés) calculó que fueron cerca de 300 los migrantes que bloquearon el puente del lado mexicano, ante lo cual cerraron el paso a territorio estadounidense.
Medios mexicanos publicaron imágenes del retiro de los manifestantes de ese puente que conecta a las dos ciudades de una región binacional en las que viven en total más de 1,2 millones habitantes y es una de las rutas más dinámicas del comercio terrestre entre Tamaulipas y Texas.
A través del puente cruzan trabajadores de fábricas ensambladoras de firmas multinacionales y turistas locales.
A pesar de que el puente fue despejado, al final del día las autoridades estadounidenses mantenían cerrado el paso hacia Brownsville, con medio centenar de agentes antimotines.
México y EEUU alcanzaron un acuerdo el 7 de junio pasado para que las autoridades mexicanas apoyadas por unos 25.000 agentes de la nueva Guardia Nacional desplegados en las fronteras mexicanas norte y sur contuvieran el flujo migratorio, para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos importados por la potencia del norte, como amenazaba la Casa Blanca.
Esas acciones permitieron reducir las detenciones de indocumentados un 70%, según la cancillería mexicana.
El acuerdo permite a Washington devolver a territorio mexicano a los solicitantes de asilo que comenzaron sus trámites ante jueces migratorios en los estados del sur de EEUU, para esperar nuevas entrevistas y veredictos.
Defensores de migrantes en la frontera norte mexicana, estiman que más de 30.000 personas se acumularon a lo largo de este año a esa condición de incierta espera.
Solo en ese cruce fronterizo estarían unas 6.000 personas que se alojan en campamentos, con precarias condiciones que las autoridades mexicanas prometieron mejorar.

Migrantes huyen del horror creado por EU en Honduras: Chomsky

Redacción | lunes, 05 nov 2018 19:17  - LA JORNADA

Noam Chomsky en entrevista con La Jornada. Foto Marco Peláez/ archivo
Ciudad de México. Las personas de la caravana migrante están huyendo de la miseria y los horrores creados por Estados Unidos, señaló Noam Chosmky en entrevista con Democracy Now, en la que destacó que tras el golpe de Estado en Honduras, en 2009, esa nación centroamericana se volvió “la capital mundial de los asesinatos”.
Amy Goodman, de Democracy Now, al entrevistar al académico emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), destacó que a medida que el presidente Donald Trump intensifica sus ataques y amenazas contra las caravanas de migrantes centroamericanos que avanzan hacia la frontera de Estados Unidos con México, su gobierno impuso nuevas sanciones a Cuba y Venezuela, y su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, catalogó a ambas naciones junto con Nicaragua, como una "troika de la tiranía".
El lingüista estadunidense señaló que ese lenguaje “nos recuerda inmediatamente el discurso del "eje del mal" de George Bush en 2002, que fue el precursor que sentó las bases para la invasión de Irak, el peor crimen de este siglo, con horrendas consecuencias para Irak” y destacó que “Bolton estuvo detrás de eso”.
Para Chomsky resulta interesante “ver esta furiosa histeria junto a otra campaña de propaganda asombrosa” que Bolton y sus colegas impulsan sobre “la caravana de personas pobres y miserables que huyen de la severa opresión, la violencia, el terror y la pobreza extrema de tres países: Honduras principalmente, en segundo lugar Guatemala, y en tercer lugar El Salvador, no Nicaragua, incidentalmente”.
Dijo que se trata de tres países sometidos por Estados Unidos desde el régimen de Ronald Reagan (1981-1989). Cuando las “guerras de terror de Reagan devastaron particularmente a El Salvador y Guatemala, y en segundo lugar a Honduras, Nicaragua fue atacada por Reagan, pero fue el único país que tenía un ejército para defender a la población. En los otros, el ejército eran los terroristas del Estado, respaldados por Estados Unidos”.
El principal emisor de migrantes es Honduras, que tuvo con Manuel Zelaya a un presidente “moderadamente reformista” (2006-2009), y derrocado mediante un golpe de Estado, condenado por todo el hemisferio, con excepción de Estados Unidos. Más aún Barack Obama (2009-2017) “se negó a llamarlo golpe militar” porque hacerlo lo obligaba a retirar financiamiento a la junta castrense.
Los golpistas convocaron a unas elecciones fraudulentas, aunque Obama “elogió a Honduras por llevar a cabo una elección, avanzar hacia la democracia y así sucesivamente. Ahora la gente huye de la miseria y los horrores de los que somos responsables”, añadió.
En esta “farsa”, expuso Chomsky, “el mundo está mirando con absoluto asombro: pobres, miserables, familias, madres, niños, huyen del terror y la represión, de los cuales somos responsables, y en respuesta, se envían a miles de tropas a la frontera. Los soldados superan en número a los niños que huyen… están asustando a gran parte del país para que crean que estamos justo al borde de una invasión, como saben, de terroristas de Medio Oriente financiados por George Soros, y así sucesivamente”.
Es una especie de “reminiscencia de algo que sucedió hace 30 años”, indicó, al recordar que “en 1985 Ronald Reagan se ajustó sus botas de vaquero” para llamar a “una emergencia nacional, porque el ejército nicaragüense estaba a dos días de marcha desde Harlingen, Texas, a punto de abrumarnos y destruirnos. Y funcionó”.
En la llamada “troika de la tiranía”, al igual que con el “eje del mal”, se mete a las naciones que “simplemente no obedecen las órdenes de Estados Unidos”, aseveró, y advirtió: “Colombia, por ejemplo, tiene el peor historial de derechos humanos en el hemisferio en años, pero no es parte de la troika de la tiranía”.
La entrevista en https://bit.ly/2P97mE1

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Convenio de la MACCIH

Convenio de la MACCIH debe ser renovado: Gabriela Castellanos

noviembre 25, 2019 Redacción
Sería un retroceso en la lucha contra la corrupción si este ente se va del país, advierte la directora del CNA
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, se unió a las voces que reclaman que el Gobierno renueve el convenio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
“Gracias al aporte de la MACCIH, se pudieron judicializar casos de personajes que eran intocables, la lucha contra la corrupción se debilitaría si este organismo se va”, expresó Castellanos.
La MACCIH es una entidad creada el 19 de enero de 2016 por medio de un acuerdo de cuatro años de duración firmado entre el Poder Ejecutivo y la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer la lucha contra la corrupción; en el marco de los compromisos internacionales como ser: la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
Como parte de su labor, esta entidad contribuyó, mediante asesoramiento, en la creación de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), del Ministerio Público, y un circuito judicial en el que se ventilan juicios relacionados a corrupción.
La UFECIC, con el acompañamiento de la MACCIH, ha judicializado 13 casos de alto impacto.
“El CNA ha colaborado con la MACCIH en varias líneas de investigación y este proceso debe continuar porque, de lo contrario, estaríamos frente un retroceso en el sistema de aplicación de justicia”, acotó Castellanos.

Nota relacionada Convenio de la MACCIH mantiene en zozobra a los corruptos de Honduras

La Embajada de Estados Unidos y representantes de la sociedad civil han solicitado la continuidad de la MACCIH.
El 13 de noviembre, el Gobierno y la OEA anunciaron la creación de una mesa de evaluación de la MACCIH, para determinar si se extiende la vigencia de ese organismo. Esta instancia estableció un plazo de 25 días para resolver el futuro de ese organismo.

Análisis | Las demandas ciudadanas del 2015 y el apoyo a la extensión de la MACCIH: una comparación entre dos hitos

Por Redacción - noviembre 25, 2019

Foto: El Pulso
¿Es mucho o poco que el 65%[1] de la ciudadanía apoye la extensión del mandato de la MACCIH en Honduras? ¿Qué tanto se mantienen las banderas y las llamas del movimiento de las antorchas del 2015, en momentos en que la MACCIH define su continuidad en Honduras?
Responderemos a esta pregunta basados en la evidencia de los datos a través de dos encuestas realizadas por el CESPAD, en dos momentos históricos distintos: el primero en el 2015, cuando se valoró la percepción ciudadana sobre el movimiento de “Los Indignados” y sus ya famosas “Marchas de las Antorchas”. El segundo, con la reciente y actual encuesta denominada “Primera Encuesta sobre la Percepción de la Corrupción y la Labor de la MACCIH”, en octubre del 2019.
En la actual encuesta, el apoyo ciudadano es indudable: más de dos tercios de la población de las dos principales ciudades, equivalentes al 65%, apoya la extensión del convenio de la MACCIH, contra solo un 20% que se opone. Como puede verse, el apoyo es más de tres tantos que el rechazo.
Gráfico 1
¿Y cómo era la situación en el 2015, cuando la MACCIH era solo un proyecto y una demanda por realizarse?
Consideremos, para ello, tres elementos:
  • El apoyo al Movimiento de Los Indignados, el grupo social que levantó la bandera de la lucha anticorrupción y que demandaba, en ese momento, la instalación de un organismo supranacional, independiente de la institucionalidad del país, para combatir la corrupción.
  • El apoyo a una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), o de una instancia similar a la que operaba en Guatemala (CICIG), en aquel momento, y que, a la postre, llevó a cárcel a un presidente de la república en funciones.
  • La aceptación o rechazo popular a la propuesta del gobierno de Juan Hernández de un modelo parecido a la CICIG, pero sin la independencia de aquella. Ese modelo es lo que se conoce como la MACCIH, tal cual opera hoy en Honduras.
El movimiento de Indignados es, sin duda alguna, el parteaguas de la lucha contra la corrupción en Honduras. La novedad de su movimiento, sus marchas masivas y vigorosas y su continuidad y duración, pusieron en jaque al gobierno, que debió aceptar, a regañadientes y con mañas, sus demandas.
La magnitud de su apoyo por parte de la ciudadanía fue medida por el CESPAD a través de una encuesta ad-hoc en el 2015, que dio a este movimiento un respaldo del 63% de la población, si consideramos las opciones de “a favor” y “muy a favor” en las respuestas, contra un 37.2% en contra. Así, el apoyo a este movimiento era casi el doble contra el rechazo.
Gráfico 2
Comparando ambos momentos, el de respaldo al movimiento indignado y el favorable a la extensión de la MACCIH, parece ser que las demandas ciudadanas de justicia contra la corrupción y la impunidad se mantienen, con un leve ascenso de la misma en cuanto al apoyo a la MACCIH (de un 62.7% hasta un 65%, en cuanto a apoyo neto; pero también de casi el doble a favor en los Indignados, a más del triple en el caso del respaldo a la extensión de MACCIH).
Veamos ahora el apoyo que la ciudadanía en el 2015 daba a una instancia internacional similar a la CICIG, que operaba en Guatemala. Aquí, sin duda, la independencia de esta entidad, en tanto se dedicaba exclusivamente al tema investigativo, sin crear nexos o fortalecer a la institucional de Guatemala, era particularmente atractiva para la ciudadanía hondureña, que veía con desconsuelo el deterioro de las instituciones nacionales.
De hecho, el hito más importante, que se dio en pleno levantamiento de la encuesta de CESPAD (del 5 al 23 de septiembre), fue el proceso y encarcelamiento del presidente de Guatemala, en funciones en ese momento, Otto Pérez Molina, ocurrido el 8 de septiembre.
Estas razones explican el apoyo de la ciudadanía a una instancia similar en Honduras, lo que se refleja, como lo muestra el gráfico 3: entre los que estaban “a favor” (30,7%) y “muy a favor” (39.9%) se acumula un 71% de apoyo a esta propuesta. Si consideramos que solo un 10% se oponía (caso “en contra” y “muy en contra”), este ha sido una de las propuestas de mayor respaldo, en tanto la población a favor equivalía a 7 veces la que la rechazaba.
Gráfico 3
Si comparamos con el apoyo actual a la extensión de la MACCIH, este respaldo no es todavía superado, aunque si muy cercano (65% a favor de la MACCIH contra 71% a favor de una entidad similar). La contundencia del apoyo (siete veces más que el rechazo), tampoco se supera.
¿Cómo queda entonces la propuesta de una MACCIH para Honduras, que hoy es básicamente la que se propuso en el 2015?
En aquella fecha, esta propuesta era respaldada por apenas el 25,8% de la población, mientras el rechazo (sumando “en contra” y “muy en contra”) era de 51.5%. En suma, el rechazo provenía de más del doble de la población encuestada.
Gráfico 4
El respaldo del 65% que hoy presenta la MACCIH, demuestra como la población, pese a las adversidades que ha enfrentado esta entidad, especialmente en relación con el blindaje hecho por los grupos de poder contra sus acciones, ha revalorizado el papel de la Misión. Hoy, ese apoyo es mayor al rechazo del pasado, y el rechazo de hoy, de 20%, es menos de la mitad que tuvo en el pasado (51%).
A modo de conclusión.
Esta breve revisión de dos encuestas, deja evidencia que la MACCIH goza hoy de un mayoritario respaldo social. Su apoyo actual revela que la lucha anticorrupción consolidada en 2015, se mantiene pese a que los movimientos que la sustentaban se han atenuado y que sus banderas ya no ondean como en el pasado. Su oposición reducida muestra que la MACCIH, pese a sus limitaciones y adversidades, derivadas de un contexto amenazante y castrador de la lucha anticorrupción, no ha impedido los avances significativos alcanzados y eso ha elevado la confianza de la ciudadanía en su labor.
Gráfico 5
La síntesis de esta comparación, que se muestra en el gráfico 5, es la siguiente:
  1. La MACCIH hoy mantiene, y aún es levemente superior, el apoyo ciudadano que tuvo el Movimiento de Indignados, y con mucho menor rechazo.
  2. Si bien no alcanza el apoyo de que gozó la propuesta de una CICIH o una entidad totalmente independiente, sin vínculos con la institucionalidad, sus niveles son muy próximos.
  3. La MACCIH superó las resistencias iniciales de la ciudadanía, que veían su menor independencia y su vinculación in extremis con la institucionalidad del país, de modo que hoy aquel mayor rechazo inicial se revirtió para convertirse en un mayoritario respaldo a su continuidad.
[1] Datos de la “Primera encuesta de percepción sobre corrupción y el papel de la MACCIH para combatirla”, realizada por el CESPAD, octubre 2019.



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agua potable en la capital

Sale a la luz contrato que evidencia proceso de privatización del agua en la capital

noviembre 25, 2019 Redaccion 
El contrato fue firmado por el alcalde capitalino y la empresa Hidalgo e Hidalgo, firma ecuatoriana acusada de pagar coimas en Panamá
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. –Un contrato que estipula un pago de más de 238 millones de lempiras para la limpieza de tubería en el acueducto de la capital hondureña, firmó el alcalde del Municipio del Distrito Central, Nasry Asfura, con la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V.
El contrato favorece a una subsidiaria de la empresa Hidalgo e Hidalgo de capital ecuatoriano, con problemas legales en la actualidad luego de ser acusada de pagar coimas en Panamá.

Descargue aquí el contrato

El edil capitalino violentó la Ley de Contratación del Estado porque no sometió la obra a licitación, denunció Antonio García, miembro de la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH)
El contrato fue firmado el 11 de mayo de 2018 por el alcalde del Municipio del Distrito Central Nasry Juan Asfura Zablah y el ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, Franklin Medardo Ruiz Vega, representante legal de la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V.
Según el contrato, la empresa realizará la limpieza y reparación de 1,027,140.00 metros lineales de tubería y alcantarillado pluvial sanitario. Asimismo, la reparación de tapaderas y rejillas de pozos de inspección (aguas lluvias, aguas negras) tragantes y tapaderas de cajas de conexión domiciliarias del alcantarillado sanitario.
La empresa se hizo también responsable de realizar la perforación de todos los elementos contemplados en el sistema hidrosanitario pluvial, sanitario y de agua potable de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
Además, se contempla la sustitución de tubería en mal estado, por lo que involucra la demolición y restitución del pavimento existente y todo lo necesario para la excavación, relleno (con materiales del sitio y selecto), y los materiales necesarios para la estructura del pavimento rígido y flexible.
De acuerdo con el contrato, que tiene una vigencia de 365 días, Hidalgo e Hidalgo debe realizar los trabajos en al menos 727 kilómetros de longitud de la red de alcantarillado sanitario y 300 kilómetros de longitud de la red de alcantarillado pluvial.
Secretividad
Haciendo alusión al artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública, las partes hacen referencia a una Cláusula de Integridad, pero paradójicamente se comprometen a abstenerse de brindar declaraciones publicas sobre el contenido del contrato y a mantener en confidencialidad toda la información.
El texto del contrato fue mostrado hoy por la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) que en semanas anteriores aseveró que la alcaldía capitalina les negó la existencia del contrato.
La periodista y ambientalista, Alba López, dijo a CRITERIO que ARCAH, haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública, pidió una copia del contrato, pero la alcaldía capitalina respondió diciendo que no existía dicho documento.
La mentira y opacidad de la alcaldía quedó develada este lunes cuando los representantes de ARCAH mostraron el contrato en una conferencia de prensa, realizada en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
López acusó al jefe municipal de haber cometido el delito de abuso de autoridad y usurpación de funciones, porque está asumiendo funciones que le corresponden al Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). De acuerdo con el proceso de municipalización de aguas, las facultades del SANAA serán asumidas por el gobierno municipal, pero eso todavía no ha ocurrido, argumentó la ambientalista.
Para que el SANAA sea traspasado a la alcaldía debe cumplir con lo que dice la Ley Marco de Agua, que establece que se le debe pagar el 100 por ciento del pasivo laboral a sus empleados y eso no ha ocurrido, siguió alegando López.
La periodista pidió al Ministerio Público que investigue el origen de la empresa Hidalgo e Hidalgo Honduras porque se “maneja que el yerno de Nasry Asfura, es socio de esta empresa”. Flores pidió que en la investigación se incluya además a la gerente interina del SANAA, Cinthia Borjas, por no presentarse a laborar pese a tener un salario.

Noticia Relacionada: Denuncian que empresa Hidalgo pondrá contadores inteligentes para subir la tarifa del agua

Según los miembros de ARCAH el contrato a favor de la empresa Hidalgo e Hidalgo es el inicio del proceso de privatización del agua potable y alcantarillado sanitario. “El agua es un derecho humano, no puede ser un negocio de políticos y empresarios”, dijo Antonio García, miembro del Partido Salvador de Honduras y defensor de La Tigra.
Grupo de choque
Mientras ARCAH mostraba el contrato con la empresa Hidalgo e Hidalgo, en otro extremo, un grupo de choque gritaba que es falso que el servicio de agua potable en la capital esté sufriendo un proceso de privatización.
agua en la capital
El grupo de personas fue identificado por los miembros de ARCAH como empleados de la Unidad de Orden Vial de la alcaldía capitalina.

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Empresas se van del país

Empresas se van del país por culpa del gobierno: Aline Flores

noviembre 23, 2019 Redacción
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores afirmó que los cierres de las tres empresas que se han ido del país y de las que están por cerrar sus operaciones se da por las malas gestiones del actual gobierno.
Flores señaló que “Estamos viendo la salida de tres empresas importantes, cierre de empresas y otras por venir”
Explicó además que lo que dificulta la inversión en Honduras son los procesos que existen y la falta también de acción de algunas instituciones del Gobierno.
La empresaria hondureña, que mantuvo un coqueteo con el gobierno de Juan Hernández, sostuvo que el panorama no es nada alentador y que el COHEP y muchas gremiales, han buscado la forma de solventar esa problemática. «Buscamos en el gobierno a personas que realmente quieran hacer un cambio y trabajar con nosotros», dijo.
Para la extitular del COHEP es el mismo gobierno el que tiene el deber de facilitar los procesos y dejar que las personas trabajen y añadió que «es un tema de compromiso de los diferentes sectores de hacer un cambio por Honduras».
A criterio de la empresaria hay que buscar parar la migración y brindarle oportunidades a todas los jóvenes y mujeres pertenecientes a los sectores más vulnerables del país, pero para ello urge la búsqueda de un plan que solucione este flagelo y darle seguimiento.
A inicios de semana, se dio a conocer que la empresa Unilever cerraría sus operaciones en la ciudad de Comayagua debido a los altos impuestos que pagan y se trasladarán a Guatemala, provocando que  unas 200 personas se quedaran sin empleo.
A principios del mes de noviembre, la empresa Intrefica cerró operaciones en la ciudad de Choluteca, al sur de Honduras, dejando a más de 400 hondureños sin empleo.

Agencia Latinoamericana de Información
Honduras

La ley de Fomento al Turismo. ¿Un fracaso?

Giorgio Trucchi
Opinión
20/11/2019 - ALAI
Silencio de las autoridades de turismo. Organizaciones sociales confirman su posición inicial: esta ley fue una falacia
En agosto de 2017 el Congreso de Honduras aprobó la Ley de Fomento al Turismo con el objetivo de promover e impulsar la industria turística. Dos años después, analizamos cuáles han sido los resultados de tan vanagloriado proyecto.
Según el Índice de Competitividad de Viaje y Turismo de 2019 cinco de los seis países de Centroamérica retrocedieron en el ranking durante 2018. En el reporte elaborado por el Foro Económico Mundial, Costa Rica se ubicó en la posición 41 de 140 países. Le sigue Panamá (47), que resultó ser el país con la mayor disminución (12 posiciones menos en el ranking), Nicaragua (91), Honduras (94), Guatemala (99) y El Salvador (108). En el pilar de Seguridad (Safety and Security), Honduras aparece en la posición 136 de 140 países (8 puestos menos respecto al 2017) y en el lugar 99 en cuanto a Salud e Higiene. Más preocupante aún es el hecho que ocupe el lugar 118, a penas arriba de Zambia, Bangladesh y eSwatini (ex Suazilandia), en el pilar de Recursos humanos y mercado del trabajo, bajando 27 posiciones en dos años.
En cuanto a la llegada de visitantes[1], los países que tuvieron el mayor crecimiento fueron Guatemala (+14%) con 2,4 millones de visitantes y la generación de US$1.230 millones en divisas y El Salvador (+12,7%) con más de 2,5 millones de visitantes y US$1.417 millones. Costa Rica registró un aumento del 2%, sobrepasando los 3 millones de visitantes y generando unos US$4.000 millones, mientras que Panamá captó a 2,4 millones de visitantes, experimentando una reducción aproximada del 1,4%, pero logrando un aumento en divisas del 3,3%. En Nicaragua, la crisis político-social que afectó al país el año pasado dejó como resultado una reducción drástica en el número de visitantes de entre el 22% (Banco Central de Nicaragua) y el 28% (Instituto Nicaragüense de Turismo) y una caída del 35% en captación de divisas (US$296 millones menos). A nivel regional se calcula una baja en promedio de casi el 2% (Organización Mundial del Turismo).
Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), en 2017 llegaron al país 2,3 millones de turistas que generaron unos US$715 millones en divisas. El año pasado, Honduras experimentó un aumento de apenas el 8% en el número de visitantes (2,5 millones) y del 2,7% (US$736 millones) en generación de divisas [2]. Más de la mitad de visitantes fueron cruceristas, el 17,1% más que el 2017. En todo el año pasado 393 barcos atracaron en Honduras, lo que supone un incremento del 11,9 %. En cuanto al flujo de inversión extranjera directa, el sector comercio, restaurantes y hoteles cayó un 22% en los últimos dos años.
El BCH aduce que la grave crisis post electoral que sacudió el país entre noviembre de 2017 y marzo de 2018 afectó gravemente la economía nacional, en particular el sector turismo. Fue solo a partir de los meses de abril y mayo 2018 que la actividad turística comenzó a normalizarse. Para el 2019 las proyecciones señalan un crecimiento muy similar al del año pasado. Durante el primer semestre se reportaron ingresos por unos US$404 millones, es decir el 3% más que en el 2018. El objetivo del Instituto Hondureño de Turismo, que en marzo de 2018 fue elevado a rango de Secretaría de Estado (Ministerio), es alcanzar los 2,6 millones de visitantes y entre US$800 y US$900 millones en divisas.
El turismo en Honduras resulta ser la cuarta fuente de divisas después de las remesas familiares, las exportaciones de bienes y la maquila. Las actividades relacionadas con este sector aportan casi un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2018 generaron un poco más de 210 mil puestos de trabajo, es decir el 5,1% de la generación total de empleo [3].
Además, el turismo es visto como una de las oportunidades para generar inversión, trabajo e incidir en la disminución de los índices de pobreza que mantienen a Honduras como el segundo país más pobre de Centroamérica y el Caribe.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018, la pobreza afecta en promedio al 61,9% de hogares, de los cuales el 38,7% viven en pobreza extrema. Estos datos se elevan en la zona rural donde la pobreza golpea al 70,3% de hogares y la pobreza extrema al 58,9%. Si revisamos el cuadro de personas que viven en hogares por nivel de pobreza vemos que el nivel de indigencia se dispara al 67,1% (casi 6 millones de personas) y la pobreza extrema afecta al 42,9% (3,8 millones). En el área rural, pobreza y pobreza extrema castigan al 73,8% y 62,6% de personas respectivamente.
Ley de Fomento al Turismo
En 2015, el presidente Juan Orlando Hernández, decidió contratar a la consultora global McKinsey para elaborar estudios y formular estrategias que permitieran promover y generar inversiones en el país, desarrollando sectores y asegurando un crecimiento económico sostenible en el tiempo. De esta iniciativa surgió el Programa Nacional de Generación de Empleo y Crecimiento Económico “Honduras 20/20”, una alianza estratégica del sector público-privado que en un período de 5 años (2016-2020) tenía planeado invertir unos US$ 13.000 millones y generar 600 mil puestos de trabajo. Un tercio de ellos (255 mil) se generarían a través de la actividad turística, uno de los seis ejes del Programa [4].
Cuando en octubre de 2017 Alba Sud fue a entrevistar al entonces director del IHT, Emilio Silvestri, el titular de la cartera de turismo dijo que, a través de este programa, se iba a convertir a Honduras en un centro logístico tanto para el país, como para Centroamérica y el mundo. “Honduras es el único país de la región centroamericana que cuenta con los seis productos turísticos tradicionales: sol y playa, turismo aventura, naturaleza, turismo cultural y colonial, buceo y culturas vivas. El gobierno ha convertido al turismo en una prioridad nacional y en un eje transversal en la planificación de todas las instituciones del Estado. Autopistas, carreteras, aeropuertos nos darán un impulso importante para sacar la transformación de nuestro producto. Acá tendrá oportunidad el turismo, la cultura, la arqueología. Seremos el país de Centroamérica número uno en visitas de turistas”, vaticinaba Silvestri [lea aquí el reportaje completo de Alba Sud].
En este contexto de euforia se llevó a cabo la aprobación de la Ley de Fomento al Turismo (Decreto 68-2017), algo que, en otros sectores de la sociedad hondureña, despertó muchas preocupaciones. En especial el apartado 3 del artículo 3 de la ley establecía entre las “inversiones puntuales en turismo” las áreas protegidas, sitios y monumentos que forman parte del patrimonio nacional –incluyendo los parques arqueológicos–, conjuntos de preservación histórica, sitios y zonas especiales de interés turístico.
En el artículo 5, la ley definía, entre otros beneficios, las exoneraciones del pago del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas, la exoneración de los derechos aduaneros de importación, del impuesto selectivo al consumo y demás tributos aduaneros para proyectos turísticos. También incluía beneficios en la importación de maquinarias y equipos necesarios para la construcción y mantenimientos de proyectos.
De igual manera se creaba el Fondo de Inversión, Promoción y Fomento del Turismo (FITUR), cuyo objetivo era brindar financiamiento para el fomento y desarrollo del turismo, que iba a funcionar como un ente de derecho privado con personalidad jurídica propia.
Fuertes presiones de parte de un amplio abanico de organizaciones nacionales y legisladores lograron que se retirara el artículo 17, que además de otorgar al gobierno el poder de declarar de utilidad pública aquellas “tierras aptas para un desarrollo turístico”, determinaba de manera unilateral su justiprecio y las pasaba a formar parte del patrimonio del FITUR.
Mientras en el Congreso Nacional se debatía el proyecto de ley y se buscaba una rápida aprobación, tanto el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) como el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) publicaron comunicados y enviaron cartas a los diputados, recomendando no aprobar la nueva legislación.
El ICEFI aseguraba que no había razón para incrementar beneficios y privilegios fiscales, ya que este sector no mostraba ser una fuente real de generación de empleo, ni tenía la capacidad de generar inversiones de calidad que pudiesen impactar en los altos índices de pobreza y pobreza extrema que tiene Honduras.
Asimismo, el FOSDEH advertía de la voracidad de quienes estaban promocionando la ley. “Hasta les han puesto el ojo a las áreas protegidas, a parques y reservas naturales, al patrimonio histórico y cultural, sin importarles las personas y comunidades que tienen siglos viviendo en estos lugares. El turismo –continuaba el FOSDEH– ha sido un rubro burbuja y no va a potenciar un crecimiento económico duradero. Es un ilusionismo que se enmarca en el Plan Honduras 20/20, una superestructura que beneficia a unos pocos privados a costa del patrimonio público”.
Dos años después
En octubre de este año, Alba Sud se trasladó a Honduras para investigar y analizar los impactos de la Ley de Fomento al Turismo dos años después de su aprobación. Contrariamente a nuestras expectativas nos enfrentamos al rechazo absoluto de las autoridades de turismo en brindar informaciones y detalles sobre el tema. Pese a los reiterados intentos de comunicarnos, tanto telefónicamente como por correo electrónico, nunca recibimos una respuesta de la ministra de Turismo, Nicole Marrder.
Marrder asumió la cartera de Turismo en agosto de 2019. Empresaria hotelera durante muchos años, fue vicepresidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), presidenta de la Asociación de Hoteles Pequeños de Honduras (HOPEH), delegada principal por Honduras y presidenta de la Federación Centroamericana de Pequeños Hoteles (FECAPH). También ocupó el cargo de presidenta de la Red Interamericana de Pequeños Hoteles (INCAPH).
Según datos recabados mediante el monitoreo de medios nacionales, hasta el momento 34empresas se acogieron a la Ley de Fomento al Turismo para impulsar nuevos proyectos, entre otros dos hoteles en San Pedro Sula, uno en Choluteca y otros en Roatán y Trujillo. Por lo que concierne el Programa Honduras 20/20, su nuevo director ejecutivo, Peter Fleming, proporcionó a Dinero & Negocios, sección de noticias de economía, finanzas, comercio e indicadores económicos del periódico La Prensa, los resultados de los primeros dos años (2017-2018), donde se evidencian inversiones por US$1.150 millones, de los cuales unos US$60 millones en turismo.
El objetivo durante la vigencia del programa, que fue extendida hasta el año 2023 y más allá, es el mismo: generar inversiones de unos US$13.000 millones y 600 mil empleos. Los escasos avances reportados, la grave crisis político-social que sigue afectando al país tras el fraudulento proceso electoral que aseguró un segundo mandato a Juan Orlando Hernández, unido a los altos índices de inseguridad ciudadana y jurídica desdibujan el futuro del sector turismo y de la economía de Honduras en general.
Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) manifestó a medios nacionales que la Ley de Fomento al Turismo “no ha dado los resultados esperados” y que por eso “debería ser reformada”.
“Hay un gobierno temeroso de cualquier persona que escudriñe programas y proyectos. No están atendiendo entrevistas, ni brindando informaciones, ni datos estadísticos. Hay una restricción casi absoluta del acceso a informaciones. Todo el marco jurídico que montaron en los últimos 5 años y que incluye la Ley de Fomento al Turismo, las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) [5], la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) y la Ley de Promoción del Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública [6], era demasiado ambicioso. Si a esto le agregamos la situación de inestabilidad política, económica y social que vive el país a raíz de la crisis post-electoral, casos sonados de corrupción y los vínculos entre política, narcotráfico y crimen organizado, es fácil entender porque nada avanza y la sociedad está en zozobra”, dijo Ismael Zepeda, economista del FOSDEH, a Alba Sud.
“Ahora tenemos dos instituciones para turismo: el IHT y la Secretaría de Estado en el Despacho de Turismo (SETUR). Más presupuesto para un sector que no está llenando las expectativas que llevaron a la aprobación de la Ley de Fomento al Turismo. Hasta la generación de puestos de trabajo se ha mantenido estancada y no ha mejorada la calidad del empleo. En definitiva, es algo que tiene que ver con la situación del país y que forma parte de un cuadro más complejo de desaceleración económica, que hasta podría desembocar en una situación de recesión”, explicó Zepeda.
¿Quién va a venir a Honduras?
Entre las organizaciones que más habían expresado su preocupación ante la aprobación de la nueva ley estaba la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). En aquella ocasión, su coordinadora, Miriam Miranda había explicado por qué la organización garífuna consideraba la nueva ley una falacia. “Quieren vender la imagen de que Honduras es un país con potencial turístico, cuando tenemos altos niveles de criminalidad, violencia, inseguridad y la población sigue viviendo con terribles condiciones”, decía.
Desde hace varios años, como se ha documentado detalladamente en el informe Expolio de los territorios garífunas en Honduras: Impactos del extractivismo y la expansión turística (Alba Sud, 2017), la proliferación de proyectos turísticos y turísticos-residenciales en los alrededores de la Bahía de Trujillo y la Bahía de Tela, en el litoral atlántico de Honduras, ha venido generando fuertes tensiones entre empresarios turísticos nacionales y extranjeros y sectores de las comunidades garífunas de la zona, que denuncian el despojo de tierras comunitarias y una creciente criminalización de la protesta social y la defensa del territorio.
En los últimos meses, el pueblo garífuna ha sufrido severos ataques con un saldo de 16 personas asesinadas, muchas de ellas defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes. “La expulsión de los garífunas de la Bahía de Trujillo por los ‘empresarios (turísticos) canadienses’, asociados al ‘rey del porno’ Randy Jorgensen y al puertorriqueño Santiago Mario, y al mismo tiempo la expansión de las plantaciones de palma africana y la instalación de proyectos energéticos, muestran que existe un plan muy claro para desaparecer las comunidades y el pueblo garífuna”, se lee en la nota “Basta ya de asesinatos contra el pueblo garífuna”.
Dos años después, Miriam Miranda asegura que la Ley de Fomento al Turismo ha sido un fracaso rotundo. “La Ley de Fomento al Turismo fue un adefesio jurídico que abría las puertas de parques naturales y áreas protegidas a la inversión turística. Una locura total. En su momento, como Ofraneh, denunciamos lo que considerábamos un atentado contra los derechos de los pueblos indígenas y negros, y contra el pueblo hondureño en general”, dijo Miranda a Alba Sud.
La lideresa garífuna explicó que, si bien no hay información cierta acerca de los proyectos turísticos que se pretenden implementar en la costa caribe, las condiciones en que se encuentra Honduras no son las más propicias para pensar en turismo. “En un país en crisis como el nuestro, con una institucionalidad quebrantada, con sus territorios militarizados, con altos niveles de inseguridad y sin garantías ¿de qué turismo estamos hablando y quién va a venir a invertir? Todo esto es una falacia”.

Notas
[1] Suma de turistas (visitantes que pernoctan) y excursionistas (visitantes que no pernoctan).
[2] Honduras en cifras 2016-2018, pág.17
[3] Cuadro de Mercado Laboral de la  Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE).
[4] Turismo, textil, manufactura intermedia, servicio de apoyo a negocios (BPO+ITO), agronegocios, vivienda.
[5] Territorios con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas, que estarán sometidos a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
[6] Conocida como “Ley Hipoteca” pretendía usar la figura del fideicomiso para entregar en concesión a inversionistas privados, en su mayoría transnacionales, los recursos naturales del país que se consideraban ‘ociosos’, para proyecto de explotación.
Fuente: ALBA SUD
Este artículo se publica en el marco del proyecto «Campaña internacional de visibilización de las vulneraciones de derechos humanos para la inversión turística en América Central» desarrollado por Alba Sud con el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona (convocatoria Derechos Humanos 2017).

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