Washington Post destapa un plan secreto de EE.UU. contra miles de migrantes
Faltaban tres horas para que saliese el sol una frígida mañana de
octubre cuando la abogada de inmigración Aissa Olivarez se subió a su
Honda CR-V y se fue de su departamento en Madison.
Manejó una hora y 40 minutos hasta Elgin, Illinois, donde se montó en un tren. Llegó a las nueve de la mañana al Tribunal de Inmigración de Chicago, encargado de procesar a unas 300 personas de un centro de detención de migrantes de Wisconsin.
Olivarez viaja a Chicago hasta dos veces a la semana. Es una de dos abogados de inmigración del condado de Dane que representan a inmigrantes sin cobrar, parte de un programa nacional piloto que busca ofrecer asistencia legal gratis a los inmigrantes sin recursos.
Su cliente, un latinoamericano que vivía en Estados Unidos desde hacía 18 años y cuyos hijos son todos estadounidenses, tenía cinco arrestos por manejar borracho. Ella sabía que sus posibilidades de que quedase libre bajo fianza no eran buenas.
Aunque tenía algo a su favor. En el 2018, aproximadamente dos tercios de los inmigrantes presos a la espera de que se procesase su posible deportación no tenían abogados, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de que permaneciesen presos y fuesen deportados, de acuerdo con un análisis de Wisconsin Watch.
Tras analizar información de la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, Wisconsin Watch comprobó que, de los presos cuyos casos comenzaron a ventilarse entre el 2010 y el 2015, aquellos con abogados tenían seis veces más posibilidades de que se les permitiese en permanecer en el país que los que no estaban representados. Casi el 55% de los que tenían abogados pudieron quedarse, comparado con el 9% de los que no.
La situación es muy parecida a nivel nacional: Los inmigrantes sin abogados tenían menos del 8% de esperanzas. Los casos iniciados después del 2015 fueron ignorados en el análisis porque muchos de ellos no se han decidido.
Olivarez trabaja para el Centro Comunitario Legal sobre Inmigración (sus siglas en inglés son CILC), un programa financiado parcialmente por los contribuyentes basado en Madison que ofrece servicios legales gratis o de bajo costo a algunos inmigrantes detenidos en Wisconsin.
Se trata de personas que cocinan en los restaurantes, trabajan en granjas lecheras, limpian oficinas, cuidan jardines y techan las casas, entre otras cosas. Pueden haber cometido algún delito, desde infracciones menores hasta cosas graves, o no. Su única infracción puede haber sido haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, lo que conlleva desde una multa pequeña hasta seis meses de cárcel.
El condado de Dane es una de 13 jurisdicciones de todo el país seleccionadas para un nuevo programa piloto que ofrece a los inmigrantes acceso a un abogado. Los individuos que enfrentan una deportación tienen derecho a representación legal, si es que pueden costearla. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes de toda la nación con problemas legales no tienen abogados.
“Te enfrentas con el Departamento de Seguridad Nacional, que está dispuesto a tirarte encima un montón de cosas… y no tienes idea de lo que está pasando”, declaró Olivarez, aludiendo a los inmigrantes sin representación legal.
En la audiencia, el cliente de Olivarez rindió testimonio desde la cárcel, a través de una videollamada. Se dispuso que permaneciese preso hasta una vista para decidir sobre su deportación, pautada para enero. En esa vista, se rechazó su argumento de que correría peligro si es devuelto a su país. Olivarez apeló esa decisión.
Más de un millón de inmigrantes y de personas que piden asilo tienen pendientes procesos de deportación, incluidas 3 700 en Wisconsin. A nivel nacional, alrededor de 50 000 inmigrantes están presos, una cifra récord, según The Daily Beast.
Olivarez dijo que la mayoría de los inmigrantes detenidos en Dodge, la instalación de la que se ocupa mayormente, son gente que no fue arrestada por la Patrulla de Fronteras, sino que se quedó en el país después de que expiró su visa o que tenía permiso de residencia y fue condenada por delitos que pueden hacer que los deporten.
El gobierno de Donald Trump cambió sus prioridades y ahora incluye entre ellas a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que fueron acusados de algún delito, pero que todavía no han sido condenados. En respuesta, el sheriff del condado de Milwaukee Earnell Lucas dijo que dejará de alertar a las autoridades federales sobre el status inmigratorio de personas bajo su custodia, diciendo que “no está bien lo que hacen”.
Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar -legalmente o no- por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado.
Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea “las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación”.
Cuando recuperan la libertad, se une la familia, quienes trabajan pueden seguir haciéndolo y resulta más fácil conseguir un abogado, lo que aumenta las probabilidades de que puedan permanecer en el país.
El esposo de Marigeli Román, Erick Gamboa, fue detenido en septiembre del 2018 durante una redada en Wisconsin en la que fueron arrestadas 83 personas, la mayoría de ellas de México. Unos dos años antes, Gamboa fue arrestado manejando el auto de su jefe por razones laborales, sin saber que tenía las placas suspendidas. Le tomaron las huellas digitales, lo que facilitó su arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) más adelante.
Dado que había sido pillado en la frontera con México años atrás, se le podía aplicar una orden de “deportación acelerada”, sin que se le hiciese una vista para analizar su libertad bajo fianza. Por más que Román le consiguió un abogado, sus esperanzas eran muy limitadas.
“El abogado dijo que tenía un 99% de probabilidades de perder. Yo respondí que un 1% era suficiente para que diésemos pelea”, relató Gamboa.
Al final de cuentas salió airoso y en diciembre se dejó en suspenso su deportación por las amenazas que había recibido de su propio padre en México. Fue liberado en febrero, después de pasar seis meses preso.
Román, quien vive en Milwaukee, dijo que la detención de su marido fue una experiencia que “cambió mi vida” y la de sus hijos. Los primeros meses fueron particularmente duros.
“No quería salir de la cama, no quería comer, no quería atender a mis hijos”, expresó.
Además tuvo que enfrentar los retos típicos de la vida como madre soltera. Ante la ausencia de su marido, esta mujer que era un ama de casa que cuidaba a tres hijos tuvo que buscar trabajo y conseguir alguien que llevase a sus hijos a la escuela. Su madre se hizo cargo de su hijo de dos años.
“Te altera el mundo de muchas maneras, emocionalmente, mentalmente, físicamente y económicamente”, dijo Román, quien se acogió al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertos derechos a los inmigrantes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.
Fabiola Hamdan también experimentó el impacto. Trabaja como especialista en asuntos inmigratorios del condado de Dane, un cargo creado después de la elección de Trump. Hamdan dijo que el repentino arresto y la ausencia de un padre pueden ser algo “traumático” para un niño.
Cuando Gamboa fue detenido, su familia hizo el viaje de casi 65 kilómetros (40 millas) desde Milwaukee al Centro de Detención del Condado de Kenosha para visitas semanales de media hora. Podían hablar con Gamboa por teléfono, del otro lado de una ventana de plexiglass.
Román dijo que vio el cambio en sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, durante esos meses. Él era el que los ayudaba con sus tareas y los llevaba a las prácticas de fútbol.
“No querían seguir jugando. No querían seguir viviendo. El mayor tuvo pensamientos suicidas”, manifestó. El niño tiene 10 años.
Hamdam trabajó hace poco con una mujer con cuatro hijos cuyo esposo, quien tenía tarjeta verde de residente permanente, fue arrestado durante cinco meses por una condena que según el gobierno justificaba su deportación. Durante su detención, dijo Hamdan, la mujer dio a luz, pero tuvo que seguir trabajando para pagar las cuentas.
“Fue algo desgarrador”, expresó Hamdan. “En lugar de disfrutar de su bebé, tienen que tratar de llevar comida a la mesa”.
Hamdan ayudó a la familia usando un fondo del condado para alquileres, servicios, pañales y alimentos. También la conectó con Olivarez, que ganó el caso aduciendo que el tipo de delito -que Olivarez no quiso revelar- no lo hacía deportable.
El gobierno está apelando el fallo, pero el marido fue liberado. Sin esa ayuda, dijo Hamdan, la familia probablemente hubiera perdido la casa.
Cuando los presos son liberados, sus casos pasan a un “tribunal de excarcelados” que tiene más de un millón de casos pendientes. Hay quienes dicen que los inmigrantes que son liberados con casos pendientes de resolución nunca se presentan a sus audiencias.
“La realidad es que cuando esta gente es excarcelada, se le cita para determinada fecha y muchos de ellos no se presentan”, expresó Dave Gorak, director ejecutivo de la Midwest Coalition to Reduce Immigration, citando un análisis del Centro de Estudios para Reducir la Inmigración, que impulsa restricciones a la inmigración.
Esa información indica que entre 1996 y el 2015, el 37% de los excarcelados no se presentó. En el 2017, el último año del que hay información, esa cifra subió al 41%, lo que implica que el 59% sí se presentaron ante el tribunal.
Olivarez y Erin Barbato, director de la Immigrant Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, son los dos únicos abogados que representan inmigrantes detenidos sin cobrarles.
Su trabajo es financiado por recaudaciones de fondos y un subsidio del Vera Institute of Justice. El condado de Dane y la ciudad de Madison aportan asimismo dinero a través de un Fondo de Asistencia al Inmigrante de la Madison Community Foundation.
Sovern dijo que el sistema no está pensado para acomodar grandes cantidades de inmigrantes con abogados. Después de un arresto, se pide al inmigrante que firme un documento aceptando ser deportado.
“Todo el sistema está diseñado para gente que no tiene abogado”, manifestó Sovern. “Lo primero que hacen es tratar de convencerte de que renuncies a tus derechos”.
(Tomado de AP)
Publicado: 15 may 2019 11:13 GMT | Última actualización: 15 may 2019 11:33 GMT - RT
Exfuncionarios del Departamento de Seguridad
Nacional detallaron un operativo, por ahora suspendido, que busca
desatar un clima de miedo en las 10 principales ciudades de destino de
migrantes centroamericanos.
The
Washington Post develó planes secretos de la Casa Blanca para detener a
miles de migrantes que viven en EE.UU.. La investigación fue publicada
este lunes, con el testimonio de siete funcionarios y excolaboradores
de Departamento de Seguridad Nacional que aseguran que la actual
administración pretende crear un clima de miedo para disuadir a los indocumentados de entrar o asentarse en territorio estadounidense.
Según los informantes, el asesor principal de Donald Trump en este campo, Stephen Miller, y el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence, "estaban deseosos de llevar a cabo arrestos masivos y dramáticos" con el propósito de demostrar fuerza y enviar un mensaje a quienes pretenden cruzar la frontera desde México.
La idea era implementar redadas altamente visibles en las 10 ciudades principales de destino de los migrantes centroamericanos, como entre otras Nueva York, Chicago y Los Ángeles. La planificación de estas operaciones calculó detener inicialmente 2.500 adultos y niños, pero el objetivo final sería de 10.000 migrantes.
El plan se concibió en septiembre y la presión para llevarlo a cabo se incrementó a medida que aumentaba la ira del presidente, quien, según los entrevistados, ordenó adoptar el enfoque más "duro" posible. Incluso, se trabajó en la aceleración de casos llevados a los tribunales para emitir una gran cantidad de órdenes de deportación.
Los arrestos previstos incluirían operativos contra padres con hijos en sus hogares y vecindarios. Eso motivaba preocupación en cuanto al manejo de familias cuyos niños fuesen ciudadanos estadounidenses, y también por la falta de espacio y de camas para mantener a los migrantes detenidos, entre otras cosas.
Finalmente, el proyecto fue detenido.
Además, existía la preocupación de "que pudiera resultar contraproducente, al desviar recursos de las operaciones críticas de respuesta de emergencia en la frontera", agregó desde el anonimato uno de los colaboradores del proyecto.
Según los informantes, el asesor principal de Donald Trump en este campo, Stephen Miller, y el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence, "estaban deseosos de llevar a cabo arrestos masivos y dramáticos" con el propósito de demostrar fuerza y enviar un mensaje a quienes pretenden cruzar la frontera desde México.
La idea era implementar redadas altamente visibles en las 10 ciudades principales de destino de los migrantes centroamericanos, como entre otras Nueva York, Chicago y Los Ángeles. La planificación de estas operaciones calculó detener inicialmente 2.500 adultos y niños, pero el objetivo final sería de 10.000 migrantes.
El plan se concibió en septiembre y la presión para llevarlo a cabo se incrementó a medida que aumentaba la ira del presidente, quien, según los entrevistados, ordenó adoptar el enfoque más "duro" posible. Incluso, se trabajó en la aceleración de casos llevados a los tribunales para emitir una gran cantidad de órdenes de deportación.
Los arrestos previstos incluirían operativos contra padres con hijos en sus hogares y vecindarios. Eso motivaba preocupación en cuanto al manejo de familias cuyos niños fuesen ciudadanos estadounidenses, y también por la falta de espacio y de camas para mantener a los migrantes detenidos, entre otras cosas.
Finalmente, el proyecto fue detenido.
¿Por qué se detuvo temporalmente el plan?
Kirstjen Nielsen, entonces todavía secretaria de Seguridad Nacional, y el exfuncionario de inmigración Ronald Vitiello, habrían detenido el proyecto por razones operativas y ante el riesgo de una fuerte indignación pública. Sin embargo, otros funcionarios aclararon que las objeciones fueron por cuestiones logísticas y no éticas.Además, existía la preocupación de "que pudiera resultar contraproducente, al desviar recursos de las operaciones críticas de respuesta de emergencia en la frontera", agregó desde el anonimato uno de los colaboradores del proyecto.
Inmigrantes sin abogados en EEUU: “Lo primero que hacen es tratar de convencerte de que renuncies a tus derechos”
Centro de Detención en San Diego, California. Foto: Tomada de The San Diego Union Tribune.
Manejó una hora y 40 minutos hasta Elgin, Illinois, donde se montó en un tren. Llegó a las nueve de la mañana al Tribunal de Inmigración de Chicago, encargado de procesar a unas 300 personas de un centro de detención de migrantes de Wisconsin.
Olivarez viaja a Chicago hasta dos veces a la semana. Es una de dos abogados de inmigración del condado de Dane que representan a inmigrantes sin cobrar, parte de un programa nacional piloto que busca ofrecer asistencia legal gratis a los inmigrantes sin recursos.
Su cliente, un latinoamericano que vivía en Estados Unidos desde hacía 18 años y cuyos hijos son todos estadounidenses, tenía cinco arrestos por manejar borracho. Ella sabía que sus posibilidades de que quedase libre bajo fianza no eran buenas.
Aunque tenía algo a su favor. En el 2018, aproximadamente dos tercios de los inmigrantes presos a la espera de que se procesase su posible deportación no tenían abogados, lo que aumentaba enormemente sus posibilidades de que permaneciesen presos y fuesen deportados, de acuerdo con un análisis de Wisconsin Watch.
Tras analizar información de la Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, Wisconsin Watch comprobó que, de los presos cuyos casos comenzaron a ventilarse entre el 2010 y el 2015, aquellos con abogados tenían seis veces más posibilidades de que se les permitiese en permanecer en el país que los que no estaban representados. Casi el 55% de los que tenían abogados pudieron quedarse, comparado con el 9% de los que no.
La situación es muy parecida a nivel nacional: Los inmigrantes sin abogados tenían menos del 8% de esperanzas. Los casos iniciados después del 2015 fueron ignorados en el análisis porque muchos de ellos no se han decidido.
Olivarez trabaja para el Centro Comunitario Legal sobre Inmigración (sus siglas en inglés son CILC), un programa financiado parcialmente por los contribuyentes basado en Madison que ofrece servicios legales gratis o de bajo costo a algunos inmigrantes detenidos en Wisconsin.
Se trata de personas que cocinan en los restaurantes, trabajan en granjas lecheras, limpian oficinas, cuidan jardines y techan las casas, entre otras cosas. Pueden haber cometido algún delito, desde infracciones menores hasta cosas graves, o no. Su única infracción puede haber sido haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos, lo que conlleva desde una multa pequeña hasta seis meses de cárcel.
El condado de Dane es una de 13 jurisdicciones de todo el país seleccionadas para un nuevo programa piloto que ofrece a los inmigrantes acceso a un abogado. Los individuos que enfrentan una deportación tienen derecho a representación legal, si es que pueden costearla. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes de toda la nación con problemas legales no tienen abogados.
“Te enfrentas con el Departamento de Seguridad Nacional, que está dispuesto a tirarte encima un montón de cosas… y no tienes idea de lo que está pasando”, declaró Olivarez, aludiendo a los inmigrantes sin representación legal.
En la audiencia, el cliente de Olivarez rindió testimonio desde la cárcel, a través de una videollamada. Se dispuso que permaneciese preso hasta una vista para decidir sobre su deportación, pautada para enero. En esa vista, se rechazó su argumento de que correría peligro si es devuelto a su país. Olivarez apeló esa decisión.
Más de un millón de inmigrantes y de personas que piden asilo tienen pendientes procesos de deportación, incluidas 3 700 en Wisconsin. A nivel nacional, alrededor de 50 000 inmigrantes están presos, una cifra récord, según The Daily Beast.
Olivarez dijo que la mayoría de los inmigrantes detenidos en Dodge, la instalación de la que se ocupa mayormente, son gente que no fue arrestada por la Patrulla de Fronteras, sino que se quedó en el país después de que expiró su visa o que tenía permiso de residencia y fue condenada por delitos que pueden hacer que los deporten.
El gobierno de Donald Trump cambió sus prioridades y ahora incluye entre ellas a los inmigrantes que están en el país ilegalmente y que fueron acusados de algún delito, pero que todavía no han sido condenados. En respuesta, el sheriff del condado de Milwaukee Earnell Lucas dijo que dejará de alertar a las autoridades federales sobre el status inmigratorio de personas bajo su custodia, diciendo que “no está bien lo que hacen”.
Quienes son arrestados y luego liberados pueden vivir legalmente y también trabajar -legalmente o no- por años. La información disponible indica que un factor importante en la batalla por permanecer en Estados Unidos es tener un abogado.
Grant Sovern, presidente de la junta del CILC, dijo que el programa emplea “las leyes que aprobó el Congreso para darles a los inmigrantes la oportunidad de defenderse de una deportación”.
Cuando recuperan la libertad, se une la familia, quienes trabajan pueden seguir haciéndolo y resulta más fácil conseguir un abogado, lo que aumenta las probabilidades de que puedan permanecer en el país.
El esposo de Marigeli Román, Erick Gamboa, fue detenido en septiembre del 2018 durante una redada en Wisconsin en la que fueron arrestadas 83 personas, la mayoría de ellas de México. Unos dos años antes, Gamboa fue arrestado manejando el auto de su jefe por razones laborales, sin saber que tenía las placas suspendidas. Le tomaron las huellas digitales, lo que facilitó su arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) más adelante.
Dado que había sido pillado en la frontera con México años atrás, se le podía aplicar una orden de “deportación acelerada”, sin que se le hiciese una vista para analizar su libertad bajo fianza. Por más que Román le consiguió un abogado, sus esperanzas eran muy limitadas.
“El abogado dijo que tenía un 99% de probabilidades de perder. Yo respondí que un 1% era suficiente para que diésemos pelea”, relató Gamboa.
Al final de cuentas salió airoso y en diciembre se dejó en suspenso su deportación por las amenazas que había recibido de su propio padre en México. Fue liberado en febrero, después de pasar seis meses preso.
Román, quien vive en Milwaukee, dijo que la detención de su marido fue una experiencia que “cambió mi vida” y la de sus hijos. Los primeros meses fueron particularmente duros.
“No quería salir de la cama, no quería comer, no quería atender a mis hijos”, expresó.
Además tuvo que enfrentar los retos típicos de la vida como madre soltera. Ante la ausencia de su marido, esta mujer que era un ama de casa que cuidaba a tres hijos tuvo que buscar trabajo y conseguir alguien que llevase a sus hijos a la escuela. Su madre se hizo cargo de su hijo de dos años.
“Te altera el mundo de muchas maneras, emocionalmente, mentalmente, físicamente y económicamente”, dijo Román, quien se acogió al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que otorga ciertos derechos a los inmigrantes sin permiso de residencia que fueron traídos al país de niños.
Fabiola Hamdan también experimentó el impacto. Trabaja como especialista en asuntos inmigratorios del condado de Dane, un cargo creado después de la elección de Trump. Hamdan dijo que el repentino arresto y la ausencia de un padre pueden ser algo “traumático” para un niño.
Cuando Gamboa fue detenido, su familia hizo el viaje de casi 65 kilómetros (40 millas) desde Milwaukee al Centro de Detención del Condado de Kenosha para visitas semanales de media hora. Podían hablar con Gamboa por teléfono, del otro lado de una ventana de plexiglass.
Román dijo que vio el cambio en sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, durante esos meses. Él era el que los ayudaba con sus tareas y los llevaba a las prácticas de fútbol.
“No querían seguir jugando. No querían seguir viviendo. El mayor tuvo pensamientos suicidas”, manifestó. El niño tiene 10 años.
Hamdam trabajó hace poco con una mujer con cuatro hijos cuyo esposo, quien tenía tarjeta verde de residente permanente, fue arrestado durante cinco meses por una condena que según el gobierno justificaba su deportación. Durante su detención, dijo Hamdan, la mujer dio a luz, pero tuvo que seguir trabajando para pagar las cuentas.
“Fue algo desgarrador”, expresó Hamdan. “En lugar de disfrutar de su bebé, tienen que tratar de llevar comida a la mesa”.
Hamdan ayudó a la familia usando un fondo del condado para alquileres, servicios, pañales y alimentos. También la conectó con Olivarez, que ganó el caso aduciendo que el tipo de delito -que Olivarez no quiso revelar- no lo hacía deportable.
El gobierno está apelando el fallo, pero el marido fue liberado. Sin esa ayuda, dijo Hamdan, la familia probablemente hubiera perdido la casa.
Cuando los presos son liberados, sus casos pasan a un “tribunal de excarcelados” que tiene más de un millón de casos pendientes. Hay quienes dicen que los inmigrantes que son liberados con casos pendientes de resolución nunca se presentan a sus audiencias.
“La realidad es que cuando esta gente es excarcelada, se le cita para determinada fecha y muchos de ellos no se presentan”, expresó Dave Gorak, director ejecutivo de la Midwest Coalition to Reduce Immigration, citando un análisis del Centro de Estudios para Reducir la Inmigración, que impulsa restricciones a la inmigración.
Esa información indica que entre 1996 y el 2015, el 37% de los excarcelados no se presentó. En el 2017, el último año del que hay información, esa cifra subió al 41%, lo que implica que el 59% sí se presentaron ante el tribunal.
Olivarez y Erin Barbato, director de la Immigrant Justice Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin, son los dos únicos abogados que representan inmigrantes detenidos sin cobrarles.
Su trabajo es financiado por recaudaciones de fondos y un subsidio del Vera Institute of Justice. El condado de Dane y la ciudad de Madison aportan asimismo dinero a través de un Fondo de Asistencia al Inmigrante de la Madison Community Foundation.
Sovern dijo que el sistema no está pensado para acomodar grandes cantidades de inmigrantes con abogados. Después de un arresto, se pide al inmigrante que firme un documento aceptando ser deportado.
“Todo el sistema está diseñado para gente que no tiene abogado”, manifestó Sovern. “Lo primero que hacen es tratar de convencerte de que renuncies a tus derechos”.
(Tomado de AP)
"¡No se pongan cómodos, se marcharán pronto!": Trump promete expulsar a inmigrantes ilegales
Publicado: 17 may 2019 11:41 GMT | Última actualización: 17 may 2019 16:20 GMT - RT
El mandatario asegura que se ya están
creando fuerzas para tal propósito y que se reformarán las leyes
necesarias.
Donald Trump
Leah Millis / Reuters
El
presidente de EE.UU., Donald Trump, ha prometido este viernes mediante
un mensaje de Twitter la pronta expulsión de su país de todos los
inmigrantes ilegales que residen allí.
"Toda la gente que está ingresando ilegalmente a Estados Unidos ahora será expulsada de nuestro país en una fecha posterior en la medida que creamos nuestras fuerzas para sacarlos y en que nuestras leyes son cambiadas", reza el mensaje del mandatario.
"¡Por favor, no se pongan demasiado cómodos, se marcharán pronto!", concluyó el inquilino de la Casa Blanca.
El día anterior, Trump presentó
un nuevo plan de inmigración, destinado a crear un sistema "justo,
moderno y legal" para su país de manera que favorezca a los trabajadores
altamente calificados en lugar de privilegiar los lazos familiares. Y
aseguró que las leyes migratorias actuales de EE.UU. "discriminan a los genios" y "la brillantez.
"Si se adopta, nuestro plan transformará el sistema de inmigración de EE.UU. en el orgullo de nuestra nación y la envidia del mundo moderno", aseguró el mandatario norteamericano. Además, el presidente prometió cambiar la ley para poner fin al tráfico de menores y enviar a aquellos niños ingresados ilegalmente al territorio de EE.UU. de regreso con sus familias "tan pronto como sea posible".
Hasta el momento, las iniciativas de Trump no han recibido la aprobación de su propio partido ni mucho menos de los demócratas. Los medios locales estiman que esas reformas deberán afrontar una ardua batalla en el Congreso.
"Si se adopta, nuestro plan transformará el sistema de
inmigración de EE.UU. en el orgullo de nuestra nación y la envidia del
mundo moderno".
Donald Trump
La demócrata Nancy Pelosi, actual presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., ya ha calificado de "condescendiente" el énfasis de Trump en la inmigración basada en el mérito, porque, en su opinión, las familias también lo tienen.
Mientras tanto, exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional denunciaron la existencia de un operativo, por ahora suspendido, que busca "llevar a cabo arrestos masivos y dramáticos" en las principales ciudades de destino de migrantes centroamericanos para disuadir a los indocumentados de entrar o asentarse en territorio estadounidense.
"Toda la gente que está ingresando ilegalmente a Estados Unidos ahora será expulsada de nuestro país en una fecha posterior en la medida que creamos nuestras fuerzas para sacarlos y en que nuestras leyes son cambiadas", reza el mensaje del mandatario.
"¡Por favor, no se pongan demasiado cómodos, se marcharán pronto!", concluyó el inquilino de la Casa Blanca.
"Si se adopta, nuestro plan transformará el sistema de inmigración de EE.UU. en el orgullo de nuestra nación y la envidia del mundo moderno", aseguró el mandatario norteamericano. Además, el presidente prometió cambiar la ley para poner fin al tráfico de menores y enviar a aquellos niños ingresados ilegalmente al territorio de EE.UU. de regreso con sus familias "tan pronto como sea posible".
Hasta el momento, las iniciativas de Trump no han recibido la aprobación de su propio partido ni mucho menos de los demócratas. Los medios locales estiman que esas reformas deberán afrontar una ardua batalla en el Congreso.
"Si se adopta, nuestro plan transformará el sistema de
inmigración de EE.UU. en el orgullo de nuestra nación y la envidia del
mundo moderno".
Donald Trump
La demócrata Nancy Pelosi, actual presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., ya ha calificado de "condescendiente" el énfasis de Trump en la inmigración basada en el mérito, porque, en su opinión, las familias también lo tienen.Mientras tanto, exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional denunciaron la existencia de un operativo, por ahora suspendido, que busca "llevar a cabo arrestos masivos y dramáticos" en las principales ciudades de destino de migrantes centroamericanos para disuadir a los indocumentados de entrar o asentarse en territorio estadounidense.
Ejército de EE.UU. construirá 6 ciudades de tiendas de campaña para migrantes cerca de la frontera con México
Publicado: 16 may 2019 01:08 GMT - RT
Se prevé que la entidad responsable de la
detención y custodia de los inmigrantes no sea una fuerza militar, sino
el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Ciudad de tiendas de campaña en la frontera sur de Estados Unidos en Toronto, estado de Texas, el 12 de octubre de 2018.
Courtesy HHS/Handout / Reuters
El Ejército de Estados Unidos proporcionará implementos y construirá seis ciudades de tiendas de campaña que serán capaces de albergar a 7.500 migrantes, informó NBC News,
precisando que aunque la solicitud correspondiente –formulada por
el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)–
aún no ha sido aprobada, una fuente de Defensa confirmó que se espera
que sea firmada pronto.
Según reporta el medio, se prevé que las nuevas tiendas no serán instaladas en bases militares y que la responsabilidad de la detención y custodia de los inmigrantes sea asumida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en vez del Ejército.
"El DHS acordó solicitar al Departamento de Defensa (DoD) que
suministre y construya tiendas de campaña para apoyar al ICE", afirmó un
portavoz del DoD, mayor Chris Mitchell, agregando que este no se
ocupará de detenciones "ni proporcionará apoyo de custodia para los
extranjeros detenidos en estos centros del ICE".
El anuncio sobre la construcción de las seis nuevas ciudadelas para migrantes llega en vísperas del discurso que pronunciará este jueves el presidente norteamericano, Donald Trump, durante el cual supuestamente dará a conocer su plan para reformar el sistema de inmigración legal en EE.UU. De acuerdo con la información de NBC News, este paso tiene como fin mejorar la seguridad fronteriza a través del endurecimiento de requisitos para los inmigrantes que deseen ingresar al territorio estadounidense.
En particular, aparte de los controles obligatorios —como el reconocimiento médico y la verificación de antecedentes—, los inmigrantes tendrán que pasar un examen de educación cívica y luego recibirán "puntos" conforme a su edad, dominio del inglés y otros índices.
Según reporta el medio, se prevé que las nuevas tiendas no serán instaladas en bases militares y que la responsabilidad de la detención y custodia de los inmigrantes sea asumida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en vez del Ejército.
El anuncio sobre la construcción de las seis nuevas ciudadelas para migrantes llega en vísperas del discurso que pronunciará este jueves el presidente norteamericano, Donald Trump, durante el cual supuestamente dará a conocer su plan para reformar el sistema de inmigración legal en EE.UU. De acuerdo con la información de NBC News, este paso tiene como fin mejorar la seguridad fronteriza a través del endurecimiento de requisitos para los inmigrantes que deseen ingresar al territorio estadounidense.
En particular, aparte de los controles obligatorios —como el reconocimiento médico y la verificación de antecedentes—, los inmigrantes tendrán que pasar un examen de educación cívica y luego recibirán "puntos" conforme a su edad, dominio del inglés y otros índices.
Medios de EE.UU. señalan que Trump endurecerá su política de separación de familias contra los migrantes
El diario The New York Times señaló que "la purga" emprendida por el presidente Trump es una señal de que su Administración busca desencadenar un "ataque aún más feroz" contra la inmigración.
Publicado: 10 abr 2019 19:37 GMT - RT
Aunque el presidente ha negado los
señalamientos, funcionarios de la Administración Trump aseguran que la
salida de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen,
obedeció a un desacuerdo en este tema.
Agentes fronterizos de EE.UU. detuvieron a 135 migrantes centroamericanos en Arizona, EE.UU., 8 de abril de 2019.
Twitter / @CBP
La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump,
busca endurecer más la política antimigrante, lo cual incluiría nuevas
medidas para fomentar la separación de familias, según medios
estadounidenses.
Las versiones sobre la manera en que Trump busca recrudecer los controles migratorios se detonaron tras la salida de Kirstjen Nielsen como secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., así como la renuncia de otros funcionarios de alto nivel encargados de ejecutar acciones como la separación de familias.
El diario The New York Times señaló que "la purga" emprendida por el presidente Trump es una señal de que su Administración busca desencadenar un "ataque aún más feroz" contra la inmigración.
De acuerdo con el rotativo estadounidense, el despido de varios funcionarios de la secretaría de Seguridad Nacional se debe a las objeciones que muchos de ellos plantearon ante el recrudecimiento de la política de "cero tolerancia" contra inmigrantes, lo cual incluye la separación de familias.
Esta versión coincide con el testimonio de otros funcionarios referidos por los medios estadounidenses.
De acuerdo con fuentes consultados por el sitio Axios, Trump ordenó cambios más agresivos en su política antimigrante, los cuales fueron cuestionados como "legal y políticamente dudosos" por parte de los funcionarios, que se opusieron a la implementación de medidas más agresivas.
En el mismo tono, otras fuentes aseguran que la salida de Nielsen se produjo luego de que la secretaria advirtiera a Trump sobre las implicaciones legales de implementar una política que busque separar a las familias de migrantes, después de que algunas resoluciones judiciales impidieran reestablecer dichas medidas al departamento de Seguridad Nacional.
Según la cadena NBC,
la intención de Trump de implementar la separación de familias a gran
escala generó resistencias por parte de Nielsen, lo cual provocó su
renuncia como secretaria de Seguridad Nacional tras un desacuerdo con el
presidente estadounidense.
Apenas el pasado lunes 8 de abril, el juez federal Richard Seeborg bloqueó la política impulsada por Trump para devolver a los migrantes solicitantes de asilo a México, mientras esperan que un tribunal de inmigración escuche sus casos.
"No estamos pensando en hacer eso, no", dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.
Sin
embargo, el mandatario estadounidense señaló que las familias de
migrantes centroamericanos entran a su país como si se tratara de un día
de campo, ante la falta de una política que separe a las familias de
migrantes.
"Pero cuando no lo hacemos, viene mucha más gente a la frontera. Cuando no tienes (esa política), ves a mucha más gente venir. Vienen como si fueran a un picnic, en el plan de 'vamos a Disneylandia'", dijo Trump.
En este sentido, el presidente señaló que su antecesor, Barack Obama, fue el verdadero responsable de impulsar la política migratoria de separar a las familias y encerrar en jaulas a los niños.
"El presidente Obama separó a los niños. Yo fui el que lo cambió", aseveró Trump. "Las jaulas que se mostraron las construyó el Gobierno de Obama", acusó.
Según los registros del Gobierno de EE.UU., ese mes fueron detenidas 53.077 personas clasificadas como "una unidad familiar", 30.555 adultos solteros y 8.975 niños no acompañados por sus padres.
El
78% de los migrantes provenían de los países del Triángulo Norte de
Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador), mientras que los
demás eran mexicanos.
Hace unas semanas, el comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, reconoció que la frontera de EE.UU. con México estaba en un "punto de quiebre" ante la magnitud de migrantes detenidos.
Las versiones sobre la manera en que Trump busca recrudecer los controles migratorios se detonaron tras la salida de Kirstjen Nielsen como secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., así como la renuncia de otros funcionarios de alto nivel encargados de ejecutar acciones como la separación de familias.
El diario The New York Times señaló que "la purga" emprendida por el presidente Trump es una señal de que su Administración busca desencadenar un "ataque aún más feroz" contra la inmigración.
De acuerdo con el rotativo estadounidense, el despido de varios funcionarios de la secretaría de Seguridad Nacional se debe a las objeciones que muchos de ellos plantearon ante el recrudecimiento de la política de "cero tolerancia" contra inmigrantes, lo cual incluye la separación de familias.
Migrantes detenidos por la CBP en Arizona, EE.UU., 8 de abril de 2019.
/ Twitter / @CBP
De acuerdo con fuentes consultados por el sitio Axios, Trump ordenó cambios más agresivos en su política antimigrante, los cuales fueron cuestionados como "legal y políticamente dudosos" por parte de los funcionarios, que se opusieron a la implementación de medidas más agresivas.
En el mismo tono, otras fuentes aseguran que la salida de Nielsen se produjo luego de que la secretaria advirtiera a Trump sobre las implicaciones legales de implementar una política que busque separar a las familias de migrantes, después de que algunas resoluciones judiciales impidieran reestablecer dichas medidas al departamento de Seguridad Nacional.
Apenas el pasado lunes 8 de abril, el juez federal Richard Seeborg bloqueó la política impulsada por Trump para devolver a los migrantes solicitantes de asilo a México, mientras esperan que un tribunal de inmigración escuche sus casos.
Trump niega acusaciones... a medias
Al ser cuestionado sobre las versiones en torno a la salida de Nielsen, el presidente Donald Trump negó que su Gobierno busque separar a las familias de migrantes."No estamos pensando en hacer eso, no", dijo Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.
El presidente Donald Trump, antes de viajar a Texas desde la Casa Blanca. Washington, EE.UU., 10 de abril de 2019.
/ Kevin Lamarque
/ Reuters
"Pero cuando no lo hacemos, viene mucha más gente a la frontera. Cuando no tienes (esa política), ves a mucha más gente venir. Vienen como si fueran a un picnic, en el plan de 'vamos a Disneylandia'", dijo Trump.
En este sentido, el presidente señaló que su antecesor, Barack Obama, fue el verdadero responsable de impulsar la política migratoria de separar a las familias y encerrar en jaulas a los niños.
"El presidente Obama separó a los niños. Yo fui el que lo cambió", aseveró Trump. "Las jaulas que se mostraron las construyó el Gobierno de Obama", acusó.
Las cifras que han desbordado la frontera
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), marzo de convirtió en el mes con mayor número de migrantes detenidos en la frontera estadounidense en más de una década, con un total de 92.607 arrestos.Según los registros del Gobierno de EE.UU., ese mes fueron detenidas 53.077 personas clasificadas como "una unidad familiar", 30.555 adultos solteros y 8.975 niños no acompañados por sus padres.
Hace unas semanas, el comisionado de la CBP, Kevin McAleenan, reconoció que la frontera de EE.UU. con México estaba en un "punto de quiebre" ante la magnitud de migrantes detenidos.
Hacinamiento en refugios en Texas obligan a ICE al traslado de migrantes por una vía poco usual
Los traslados se estarán realizando diariamente de McAllen a Del Rio, Texas
Se traslada a solteros para hacer espacio a las familias.
Foto:
John Moore / Getty Images
El hacinamiento en las estaciones de la
Patrulla Fronteriza en el sur de Texas se ha agudizado tanto en los
últimos días que las autoridades de EEUU han optado por el uso de
aviones para reubicar a los migrantes en otras áreas de la frontera simplemente para comenzar a procesarlos, según tres funcionarios de Seguridad Nacional entrevistados por el “Washington Post”.
El primer vuelo salió de McAllen, Texas, el viernes, trasladando a los detenidos a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Del Rio, Texas.
Hay vuelos diarios programados para los próximos días, con dos programados para el martes, según funcionarios que hablaron sobre la condición de Anonimato para describir las operaciones.
Los vuelos son conducidos por el Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (ICE), pero los detenidos permanecen bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, dijeron las autoridades. Aunque ICE utiliza habitualmente aviones para trasladar a los detenidos entre sus instalaciones de detención, es muy raro que la Patrulla Fronteriza lleve a los recién llegados de una parte de la frontera a otra para realizar los procedimientos de reserva de rutina.
Los oficiales de Seguridad Nacional solicitaron la aeronave porque la Patrulla Fronteriza tiene una necesidad urgente de mudar a adultos solteros fuera del valle del Río Grande en el sur de Texas.
La agencia está luchando para hacer espacio para el gran volumen de familias y niños que han cruzado la frontera en números dramáticamente más altos en los últimos días, dijeron las autoridades.
Un funcionario dijo que el gobierno de los Estados Unidos ha recurrido al uso de aviones porque todos los autobuses disponibles ya estaban en uso y las autoridades necesitaban todas las opciones de transporte disponibles.
“Esto es lo peor que lo he visto, con diferencia”, dijo un veterano agente de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas que no estaba autorizado para hablar con los reporteros.
La cantidad de personas detenidas a lo largo de la frontera con México ha superado las 5.500 por día durante varios días seguidos, y la Patrulla Fronteriza actualmente cuenta con más de 17.500 personas en celdas de detención y tiendas de campaña instaladas en estacionamientos fuera de las estaciones, dijeron las autoridades. Eso es un aumento del 30 por ciento desde fines de marzo, cuando las autoridades dijeron que los agentes fronterizos y la infraestructura habían llegado al “punto de ruptura”.
Se han establecido tiendas de campaña en los estacionamientos fuera de las estaciones de la Patrulla Fronteriza en la parte baja de las ciudades de McAllen, Brownsville y Rio Grande en el Valle del Río Grande para aliviar el hacinamiento. También se han erigido tiendas de emergencia para familias en El Paso y en Camp Donna, un sitio militar en el Valle del Río Grande.
Para aliviar el hacinamiento en las celdas de detención, la Patrulla Fronteriza en las últimas semanas ha comenzado a liberar a los migrantes directamente de su custodia, en lugar de esperar a que ICE los recoja y los detenga o los libere.
Pero el gran volumen de personas que cruzaron la frontera en los últimos días ha inundado la capacidad de la agencia para procesar a familias y niños, por lo que las celdas se llenan de adultos solteros porque son una prioridad menor.
La Patrulla Fronteriza utilizará los vuelos para trasladar a algunos
de esos adultos a Del Río, donde las instalaciones están menos
abarrotadas, en lugar de tener que realizar liberaciones, dijeron los
funcionarios.
Cada vuelo cuesta $ 16,000 y puede transportar aproximadamente 135 adultos.
Los oficiales de Seguridad Nacional ven la liberación directa de adultos solteros como una línea roja, porque dicen que el grupo demográfico tiene el mayor potencial de ser disuadido por los esfuerzos de cumplimiento de las leyes migratorias.
Carla Provost, la jefa de la Patrulla Fronteriza, dijo a los legisladores el miércoles que las autoridades “perderían el control” de la frontera si tuvieran que comenzar a liberar a adultos solteros, porque ese grupo es el único grupo demográfico restante que puede ser detenido y deportado rápidamente.
El primer vuelo salió de McAllen, Texas, el viernes, trasladando a los detenidos a las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en Del Rio, Texas.
Hay vuelos diarios programados para los próximos días, con dos programados para el martes, según funcionarios que hablaron sobre la condición de Anonimato para describir las operaciones.
Los vuelos son conducidos por el Servicio de Aduanas e Inmigración de los Estados Unidos (ICE), pero los detenidos permanecen bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, dijeron las autoridades. Aunque ICE utiliza habitualmente aviones para trasladar a los detenidos entre sus instalaciones de detención, es muy raro que la Patrulla Fronteriza lleve a los recién llegados de una parte de la frontera a otra para realizar los procedimientos de reserva de rutina.
Los oficiales de Seguridad Nacional solicitaron la aeronave porque la Patrulla Fronteriza tiene una necesidad urgente de mudar a adultos solteros fuera del valle del Río Grande en el sur de Texas.
La agencia está luchando para hacer espacio para el gran volumen de familias y niños que han cruzado la frontera en números dramáticamente más altos en los últimos días, dijeron las autoridades.
Un funcionario dijo que el gobierno de los Estados Unidos ha recurrido al uso de aviones porque todos los autobuses disponibles ya estaban en uso y las autoridades necesitaban todas las opciones de transporte disponibles.
“Esto es lo peor que lo he visto, con diferencia”, dijo un veterano agente de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas que no estaba autorizado para hablar con los reporteros.
La cantidad de personas detenidas a lo largo de la frontera con México ha superado las 5.500 por día durante varios días seguidos, y la Patrulla Fronteriza actualmente cuenta con más de 17.500 personas en celdas de detención y tiendas de campaña instaladas en estacionamientos fuera de las estaciones, dijeron las autoridades. Eso es un aumento del 30 por ciento desde fines de marzo, cuando las autoridades dijeron que los agentes fronterizos y la infraestructura habían llegado al “punto de ruptura”.
Se han establecido tiendas de campaña en los estacionamientos fuera de las estaciones de la Patrulla Fronteriza en la parte baja de las ciudades de McAllen, Brownsville y Rio Grande en el Valle del Río Grande para aliviar el hacinamiento. También se han erigido tiendas de emergencia para familias en El Paso y en Camp Donna, un sitio militar en el Valle del Río Grande.
Para aliviar el hacinamiento en las celdas de detención, la Patrulla Fronteriza en las últimas semanas ha comenzado a liberar a los migrantes directamente de su custodia, en lugar de esperar a que ICE los recoja y los detenga o los libere.
Pero el gran volumen de personas que cruzaron la frontera en los últimos días ha inundado la capacidad de la agencia para procesar a familias y niños, por lo que las celdas se llenan de adultos solteros porque son una prioridad menor.
Cada vuelo cuesta $ 16,000 y puede transportar aproximadamente 135 adultos.
Los oficiales de Seguridad Nacional ven la liberación directa de adultos solteros como una línea roja, porque dicen que el grupo demográfico tiene el mayor potencial de ser disuadido por los esfuerzos de cumplimiento de las leyes migratorias.
Carla Provost, la jefa de la Patrulla Fronteriza, dijo a los legisladores el miércoles que las autoridades “perderían el control” de la frontera si tuvieran que comenzar a liberar a adultos solteros, porque ese grupo es el único grupo demográfico restante que puede ser detenido y deportado rápidamente.
Trump anuncia que está enviando "soldados armados" a la frontera con México
Publicado: 24 abr 2019 12:08 GMT | Última actualización: 24 abr 2019 17:33 GMT - RT
La medida se produce luego de que militares
fronterizos mexicanos hayan detenido a dos soldados de EE.UU., dentro
del territorio estadounidense.
Un
soldado mexicano patrulla cerca de la entrada de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP) de los EE. UU., en Guadalupe, México, 18 de junio de
2018.
Jose Luis Gonzalez / Reuters
El presidente de EE.UU., Donald Trump,
se refirió al incidente del 13 de abril, cuando militares fronterizos
mexicanos detuvieron a dos miembros de las fuerzas estadounidenses cerca
de la ciudad de Clint, estado de Texas, donde la cerca instalada para
dividir los territorios no coincide exactamente con el límite que separa
a esas naciones.
De esta forma, los uniformados de México impusieron su autoridad en un país que no es el suyo, y por ello se desató la polémica. Por su parte, el mandatario publicó en su cuenta de Twitter: "Los soldados de México recientemente lanzaron armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera".
Y continuó: "¡Mejor que no vuelva a suceder!". Asimismo, Trump avisó desde aquella red social que ahora están "enviando soldados armados a la frontera", y opinó que el país vecino no está haciendo lo suficiente para detener a los infractores y regresarlos.
Así, según explicaron funcionarios del Pentágono a CNN, entre cinco y seis uniformados mexicanos detuvieron a dos soldados de su país, los desarmaron e interrogaron mientras les apuntaban con sus armas. Para evitar que el conflicto escale, los detenidos no opusieron resistencia, y uno de ellos que hablaba en español intentó explicar los motivos de la confusión. Una vez aclarada la situación, los estadounidenses fueron liberados.
Por otro lado, una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. confirmó que los miembros de la fuerza local no habían pisado el territorio mexicano, es decir, no salieron de su país.
Asimismo, la Cancillería emitió un comunicado este miércoles donde reconoce que el incidente entre los militares locales y los dos soldados estadounidenses existió, y admitió que los uniformados enviados por Washington se encontraban en territorio de EE.UU., a pesar de haber cruzado la valla fronteriza. No obstante, para bajar el nivel de tensión, manifestó que esta clase de hechos "es común", y afirmó que ambas Administraciones estuvieron en contacto permanente por el conflicto del 13 de abril.
Según una reciente publicación de Newsweek,
que tuvo acceso a un documento del Departamento de Defensa, Trump
habría ordenado el despliegue de entre 9.000 y 10.000 uniformados.
Luego, otras fuentes del Pentágono aclararon que en realidad la cifra
oscila entre 300 y 500 soldados, pero hoy no se sabe con exactitud la
cantidad.
El conflicto migratorio y, principalmente, la situación de la frontera con México, es una tema de vital importancia para Washington. De hecho, fue uno de los asuntos que más trascendió en todo el mundo acerca de la campaña presidencial de Trump, antes de ocupar la Casa Blanca.
Asimismo, en los últimos meses se desarrollaron tensos debates parlamentarios por la partida presupuestaria, donde muchos legisladores demócratas demostraron su oposición para otorgarle grandes sumas de dinero público al Gobierno para financiar su política fronteriza. Así, Trump solo consiguió 1.400 millones de dólares aprobados por el Congreso, y Defensa ya comunicó el 9 de abril que se firmaron dos contratos para la construcción del muro en algunas zonas puntuales por un total de 976 millones de dólares.
De esta forma, los uniformados de México impusieron su autoridad en un país que no es el suyo, y por ello se desató la polémica. Por su parte, el mandatario publicó en su cuenta de Twitter: "Los soldados de México recientemente lanzaron armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera".
Y continuó: "¡Mejor que no vuelva a suceder!". Asimismo, Trump avisó desde aquella red social que ahora están "enviando soldados armados a la frontera", y opinó que el país vecino no está haciendo lo suficiente para detener a los infractores y regresarlos.
¿Qué pasó?
El conflicto se originó porque, según la explicación de los soldados estadounidenses, la división entre los estados de Texas (EE.UU.) y Coahuila (México) no se corresponde con el límite geográfico real, debido al paso de un lecho seco del Río Bravo, conocido como Río Grande en EE.UU.Así, según explicaron funcionarios del Pentágono a CNN, entre cinco y seis uniformados mexicanos detuvieron a dos soldados de su país, los desarmaron e interrogaron mientras les apuntaban con sus armas. Para evitar que el conflicto escale, los detenidos no opusieron resistencia, y uno de ellos que hablaba en español intentó explicar los motivos de la confusión. Una vez aclarada la situación, los estadounidenses fueron liberados.
Por otro lado, una investigación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. confirmó que los miembros de la fuerza local no habían pisado el territorio mexicano, es decir, no salieron de su país.
La respuesta de México
En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el miércoles en su conferencia de prensa matutina: "Vamos a hacer la revisión del caso". A su vez, negó que las fuerzas estatales tengan vínculos con el crimen organizado en la frontera, como insinuó el político estadounidense: "No negociaremos con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos. Está bien pintada la raya, la frontera, entre la delincuencia y la autoridad", dijo el mexicano.Asimismo, la Cancillería emitió un comunicado este miércoles donde reconoce que el incidente entre los militares locales y los dos soldados estadounidenses existió, y admitió que los uniformados enviados por Washington se encontraban en territorio de EE.UU., a pesar de haber cruzado la valla fronteriza. No obstante, para bajar el nivel de tensión, manifestó que esta clase de hechos "es común", y afirmó que ambas Administraciones estuvieron en contacto permanente por el conflicto del 13 de abril.
La política migratoria
En los primeros días de abril, luego de visitar el estado de California, Trump ya había prometido enviar más tropas a la frontera sur, declarando que "el país está lleno", y por ello no se pueden recibir más migrantes ilegales, según el presidente. El conflicto migratorio y, principalmente, la situación de la frontera con México, es una tema de vital importancia para Washington. De hecho, fue uno de los asuntos que más trascendió en todo el mundo acerca de la campaña presidencial de Trump, antes de ocupar la Casa Blanca.
Asimismo, en los últimos meses se desarrollaron tensos debates parlamentarios por la partida presupuestaria, donde muchos legisladores demócratas demostraron su oposición para otorgarle grandes sumas de dinero público al Gobierno para financiar su política fronteriza. Así, Trump solo consiguió 1.400 millones de dólares aprobados por el Congreso, y Defensa ya comunicó el 9 de abril que se firmaron dos contratos para la construcción del muro en algunas zonas puntuales por un total de 976 millones de dólares.
México confirma el incidente entre militares locales y de EE.UU. en la frontera
Publicado: 24 abr 2019 16:20 GMT | Última actualización: 24 abr 2019 22:03 GMT - RT
La Cancillería afirma que esta clase de
circunstancias es común y que ello no representa consecuencias para
ambas Administraciones.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México lanzó un comunicado
el miércoles donde reconoce que se produjo un incidente entre militares
locales y soldados de EE.UU. el pasado 13 de abril, cuando
dos efectivos enviados por Washington a la frontera sur fueron detenidos
por uniformados mexicanos en el propio territorio estadounidense,
situación que desató la polémica.
Aquel altercado tuvo lugar en la división entre los estados de Texas (EE.UU.) y Coahuila (México), donde la cerca fronteriza no es exactamente igual al límite geográfico, situación que genera confusiones. Esto se debe a que en aquella zona se encuentra el paso de un lecho seco del Río Bravo, conocido como Río Grande en EE.UU. Durante la jornada, los estadounidenses fueron interrogados y apuntados con armas, aunque luego se aclaró la equivocación y fueron liberados.
A pesar de que el problema entre las fuerzas de ambos países se produjo varios días atrás, el asunto volvió a cobrar relevancia pública luego de que el mandatario republicano, Donald Trump, escribiera el 24 de abril en su cuenta de Twitter: "Los soldados de México recientemente lanzaron armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera". Al mismo tiempo, añadió que se están "enviando soldados armados a la frontera", aumentando la tensión.
Horas más tarde, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondió en rueda de prensa que se iba a "hacer la revisión del caso", pero desmintió que las fuerzas estatales estén involucradas con redes criminales
en la frontera: "No negociaremos con ninguna banda, con ninguna
organización dedicada a cometer ilícitos. Está bien pintada la raya, la
frontera, entre la delincuencia y la autoridad".
No obstante, Cancillería remarca que esos dos uniformados "realizaban operaciones de apoyo en un vehículo sin identificación". En consecuencia, se determinó que continuaran con sus tareas en el automóvil, pero al norte de la valla fronteriza para evitar las confusiones.
Por último, con el fin de calmar la crispación, afirmaron que "este tipo de incidentes es común", y sumaron que no tiene consecuencias para ningún Gobierno. A su vez, aseguraron que ambas Administraciones estuvieron en permanente contacto por este hecho, aunque la publicación de Trump en redes sociales haya aumentado la controversia.
Aquel altercado tuvo lugar en la división entre los estados de Texas (EE.UU.) y Coahuila (México), donde la cerca fronteriza no es exactamente igual al límite geográfico, situación que genera confusiones. Esto se debe a que en aquella zona se encuentra el paso de un lecho seco del Río Bravo, conocido como Río Grande en EE.UU. Durante la jornada, los estadounidenses fueron interrogados y apuntados con armas, aunque luego se aclaró la equivocación y fueron liberados.
A pesar de que el problema entre las fuerzas de ambos países se produjo varios días atrás, el asunto volvió a cobrar relevancia pública luego de que el mandatario republicano, Donald Trump, escribiera el 24 de abril en su cuenta de Twitter: "Los soldados de México recientemente lanzaron armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera". Al mismo tiempo, añadió que se están "enviando soldados armados a la frontera", aumentando la tensión.
Los hechos, según la Cancillería mexicana
Según la interpretación del suceso realizada por el Gobierno de López Obrador, la confusión se produjo a la altura de la colonia Parcelas, en Ciudad Juárez. Sin embargo, reconocen que los militares mexicanos se encontraron con los dos soldados estadounidenses al sur de la valla fronteriza, aunque seguía siendo parte del territorio vecino. Es decir, aquellos efectivos cruzaron la cerca, pero seguían en su propio país.No obstante, Cancillería remarca que esos dos uniformados "realizaban operaciones de apoyo en un vehículo sin identificación". En consecuencia, se determinó que continuaran con sus tareas en el automóvil, pero al norte de la valla fronteriza para evitar las confusiones.
Por último, con el fin de calmar la crispación, afirmaron que "este tipo de incidentes es común", y sumaron que no tiene consecuencias para ningún Gobierno. A su vez, aseguraron que ambas Administraciones estuvieron en permanente contacto por este hecho, aunque la publicación de Trump en redes sociales haya aumentado la controversia.
Las obras, que serán llevadas a cabo por dos
empresas privadas estadounidenses, finalizarían en otoño del 2020.
La construcción del muro en El Paso, Texas, el 9 de abril de 2019
José Luis González / Reuters
El
Departamento de Defensa de EE.UU. ha firmado contratos para la
construcción de secciones del muro en la frontera nacional con México
con dos empresas privadas estadounidenses. Según el comunicado divulgado este martes en la página web del Departamento, el monto total de dos contratos asciende a 976 millones de dólares.
El primero de los contratos —por 789 millones de dólares— fue suscrito por el Pentágono con la empresa SLSCO Ltd, con sede en el estado de Texas. Esta compañía se dedicará a la construcción del muro fronterizo en Santa Teresa (estado de Nuevo México). Se estima que las obras finalizarán el 1 de octubre de 2020.
El segundo contrato fue firmado con la empresa Barnard Construction Co. Inc. del estado de Montana por un monto de 187 millones de dólares.
"El trabajo se realizará en Yuma, Arizona, con una fecha de
finalización estimada del 30 de septiembre de 2020", detallaron desde el
Pentágono.
El dinero asignado a estas obras representa dos tercios del total de 1.400 millones de dólares aprobado por los legisladores estadounidenses para el levantamiento del muro fronterizo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió en su campaña electoral. En febrero, al no conseguir los 5.700 millones de dólares solicitados para este objetivo, el mandatario declaró la emergencia nacional.
El pasado viernes, la Cámara de Representantes de EE.UU., contralada por los demócratas, presentó una demanda contra Trump alegando que esta medida utilizada por el presidente para movilizar recursos para la construcción del muro es inconstitucional.
El primero de los contratos —por 789 millones de dólares— fue suscrito por el Pentágono con la empresa SLSCO Ltd, con sede en el estado de Texas. Esta compañía se dedicará a la construcción del muro fronterizo en Santa Teresa (estado de Nuevo México). Se estima que las obras finalizarán el 1 de octubre de 2020.
El dinero asignado a estas obras representa dos tercios del total de 1.400 millones de dólares aprobado por los legisladores estadounidenses para el levantamiento del muro fronterizo que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió en su campaña electoral. En febrero, al no conseguir los 5.700 millones de dólares solicitados para este objetivo, el mandatario declaró la emergencia nacional.
El pasado viernes, la Cámara de Representantes de EE.UU., contralada por los demócratas, presentó una demanda contra Trump alegando que esta medida utilizada por el presidente para movilizar recursos para la construcción del muro es inconstitucional.
Reportan que el Pentágono financiará el muro fronterizo con dinero para misiles balísticos y aviones espías
Publicado: 13 may 2019 10:48 GMT | Última actualización: 13 may 2019 15:00 GMT - RT
Según un documento obtenido por The
Washington Post, la renovación de la infraestructura para el programa de
misiles Minuteman III ha sido "ligeramente pospuesta".
El Departamento de Defensa de EE.UU. asignará para la construcción del muro en la frontera con México 1.500 millones de dólares destinados
para otros programas, como el de misiles balísticos intercontinentales y
aviones del sistema de alerta temprana y control aerotransportado (AWACS, por sus siglas en inglés), informa The Washington Post, citando un documento del Pentágono al que obtuvo acceso.
Según el documento, con los fondos del Departamento de Defensa la Administración de Donald Trump quiere elevar unos 130 kilómetros adicionales del muro. No se precisa cuánto dinero exactamente retirarán de cada programa, pero se detalla que la suma se obtendrá del programa de misiles balísticos Minuteman III y del programa de aviones de control y vigilancia aérea (AWACS) que transmiten datos a los aviones de ataque.
Tanto el programa AWACS, como Minuteman III, cuyo desarrollo requiere
la renovación de la infraestructura y la modernización de su centro de
control, han sido "ligeramente pospuesto", lo que le permite al
Pentágono destinar los recursos para otros fines, indicaron en el citado
documento.
Parte de los 1.500 millones de dólares también serán retirados del "experimento de prueba espacial" en el que está involucrada la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), así como de dos fondos para las "operaciones de contingencia en el exterior" y del nuevo Sistema de Retiro Combinado.
Según el documento, con los fondos del Departamento de Defensa la Administración de Donald Trump quiere elevar unos 130 kilómetros adicionales del muro. No se precisa cuánto dinero exactamente retirarán de cada programa, pero se detalla que la suma se obtendrá del programa de misiles balísticos Minuteman III y del programa de aviones de control y vigilancia aérea (AWACS) que transmiten datos a los aviones de ataque.
Parte de los 1.500 millones de dólares también serán retirados del "experimento de prueba espacial" en el que está involucrada la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por sus siglas en inglés), así como de dos fondos para las "operaciones de contingencia en el exterior" y del nuevo Sistema de Retiro Combinado.
Trump pone alambre de púas en muro fronterizo y se lo roban.
Por
Publicado el 18 Marzo, 2019
Autoridades de Estados Unidos y la ciudad de Tijuana confirmaron que desde los los últimos meses pobladores mexicanos de zonas cercanas al muro fronterizo entre ambos países han estado robando el alambre de púas colocado meses atrás con el fin de proteger sus viviendas.
Los primeros reportes explican que en el último mes ha aumentado la cantidad de casas en las que se observa un alambrado de púas idéntico a los colocados cuatro meses atrás por militares estadounidenses como una medida para impedir el paso a la Caravana Migrante de centroamericanos y “fortalecer” la seguridad fronteriza.
Los habitantes de la ciudad de Tijuana se han robado este alambre para usarlo como medida de seguridad en sus propias viviendas ante la llegada masiva de migrantes centroamericanos a los municipios.
Fueron las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos quienes reportaron primeramente el hecho, el cual fue confirmado después por el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor.
Al ser interrogados respecto a la presencia de dicha alambrada en sus casas, los vecinos de la zona aseguraron que ellos no perpetraron el robo, sino que alguien más acudió ofreciendo instalarlos en sus viviendas a un bajo costo.
Los alambres de púas fueron colocados hace cuatro meses, un día después de que el presidente Donald Trump enfatizara la importancia de la seguridad fronteriza durante su discurso del Estado de la Unión.
La medida fue denunciada incluso por autoridades de una pequeña ciudad de Arizona, que la consideraron innecesaria y mortalmente peligrosa.
La histórica ola migrante que acecha a México
Desde
noviembre de 2018 México enfrenta una inédita ola migratoria, que según
estimaciones oficiales podría representar el mayor éxodo de personas en
la historia reciente.
Entre enero y abril del 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, más de 400.000 personas cruzaron la frontera sur de manera irregular.
Al menos la tercera parte de ellos son niños y adolescentes. Muchos viajan no acompañados o se mueven con lo que queda de su familia.
La mayoría proviene de América Central, especialmente de Honduras, pero en el río humano también se mezclan personas de Asia, África, Medio Oriente, América del Sur y el Caribe.
Prácticamente todos se dirigen a la frontera norte con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, con el que este país comparte 3.169 kilómetros de frontera.
De hecho el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país reporta que entre enero y abril detuvo a unas 100.000 personas cada mes, en promedio.
Es, pues, una migración que proviene de medio mundo, y que por momentos sorprendió a las autoridades mexicanas.
La cantidad de migrantes es mayor a todas las cifras registradas hasta ahora. En los momentos de mayor intensidad en el éxodo migrante, la década pasada, por la frontera entre el sureño estado de Chiapas y Guatemala cruzaron entre 140.000 y 400.000 personas al año.
En los primeros meses de este 2019 el ingreso rompió el récord y de mantenerse la tendencia al finalizar el año, México habría atestiguado el paso de por lo menos 1,2 millones de personas.
En esta danza de números, llama la atención el origen de los datos. Hasta el año pasado eran las organizaciones no gubernamentales las que estimaban el flujo de migración irregular.
Ahora, el gobierno de México es quien reconoce el tamaño de la voluntad de la gente de salir de su propio país por la situación de violencia y empobrecimento que predomina.
De hecho, la secretaria de Gobernación (ministra de Interior), Olga Sánchez Cordero, estima que, a diciembre de este año, unos 900.000 migrantes irregulares habrán llegado a la frontera norte del país.
¿Por qué esta inédita oleada de migrantes? Hay varias razones.
En el caso de Honduras existe un acelerado proceso de deterioro en la vida cotidiana del país centroamericano, que se profundizó a partir de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, en los comicios de noviembre de 2017, que desembocó en una crisis política.
El país centroamericano enfrenta una añeja crisis de seguridad por el acecho de bandas de narcotráfico y pandillas de maras (grupos del crimen organizado). Pero, además, el último proceso electoral se acompañó de ataques a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
El conflicto político agravó todavía más la situación interna del país. Y al mismo tiempo apareció en el escenario el fenómeno de las caravanas.
Es una nueva forma de caminar hacia el norte que tiene su origen en el viacrucis migrante de 2014, iniciado en el estado Oaxaca, en el suroeste de México, y que derivó en una marcha multitudinaria hacia la frontera norte.
Muchos de quienes acompañaron la caminata lograron su objetivo, quedarse en Estados Unidos a partir de un asilo humanitario. La noticia se esparció rápidamente en la región centroamericana.
Desde entonces se han realizado otros viacrucis similares. Después apareció el fenómeno de las caravanas a finales de 2018.
Los migrantes descubrieron que es más seguro viajar en grandes grupos, además, se multiplica la posibilidad de llegar a la frontera norte.
Entre enero y abril del 2019, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, más de 400.000 personas cruzaron la frontera sur de manera irregular.
Al menos la tercera parte de ellos son niños y adolescentes. Muchos viajan no acompañados o se mueven con lo que queda de su familia.
La mayoría proviene de América Central, especialmente de Honduras, pero en el río humano también se mezclan personas de Asia, África, Medio Oriente, América del Sur y el Caribe.
Prácticamente todos se dirigen a la frontera norte con la esperanza de cruzar a Estados Unidos, con el que este país comparte 3.169 kilómetros de frontera.
De hecho el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de ese país reporta que entre enero y abril detuvo a unas 100.000 personas cada mes, en promedio.
Es, pues, una migración que proviene de medio mundo, y que por momentos sorprendió a las autoridades mexicanas.
La cantidad de migrantes es mayor a todas las cifras registradas hasta ahora. En los momentos de mayor intensidad en el éxodo migrante, la década pasada, por la frontera entre el sureño estado de Chiapas y Guatemala cruzaron entre 140.000 y 400.000 personas al año.
En los primeros meses de este 2019 el ingreso rompió el récord y de mantenerse la tendencia al finalizar el año, México habría atestiguado el paso de por lo menos 1,2 millones de personas.
En esta danza de números, llama la atención el origen de los datos. Hasta el año pasado eran las organizaciones no gubernamentales las que estimaban el flujo de migración irregular.
Ahora, el gobierno de México es quien reconoce el tamaño de la voluntad de la gente de salir de su propio país por la situación de violencia y empobrecimento que predomina.
De hecho, la secretaria de Gobernación (ministra de Interior), Olga Sánchez Cordero, estima que, a diciembre de este año, unos 900.000 migrantes irregulares habrán llegado a la frontera norte del país.
¿Por qué esta inédita oleada de migrantes? Hay varias razones.
En el caso de Honduras existe un acelerado proceso de deterioro en la vida cotidiana del país centroamericano, que se profundizó a partir de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, en los comicios de noviembre de 2017, que desembocó en una crisis política.
El país centroamericano enfrenta una añeja crisis de seguridad por el acecho de bandas de narcotráfico y pandillas de maras (grupos del crimen organizado). Pero, además, el último proceso electoral se acompañó de ataques a organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
El conflicto político agravó todavía más la situación interna del país. Y al mismo tiempo apareció en el escenario el fenómeno de las caravanas.
Es una nueva forma de caminar hacia el norte que tiene su origen en el viacrucis migrante de 2014, iniciado en el estado Oaxaca, en el suroeste de México, y que derivó en una marcha multitudinaria hacia la frontera norte.
Muchos de quienes acompañaron la caminata lograron su objetivo, quedarse en Estados Unidos a partir de un asilo humanitario. La noticia se esparció rápidamente en la región centroamericana.
Desde entonces se han realizado otros viacrucis similares. Después apareció el fenómeno de las caravanas a finales de 2018.
Los migrantes descubrieron que es más seguro viajar en grandes grupos, además, se multiplica la posibilidad de llegar a la frontera norte.
Honduras. Migrantes mandan en 20 días, los 311 millones que FMI prestará en dos años a gobierno
Por El LibertadorKAOS EN LA RED - 7 mayo 2019
El verdadero problema fiscal del gobierno hondureño para llegar a un acuerdo amplio de más endeudamiento internacional, lo dijo hoy en Casa de Gobierno el jefe de la Misión del FMI, Esteban Vesperoni:
“Por el lado financiero, el objetivo de
las autoridades (hondureñas), es tratar de lograr una readecuación de la
deuda de la ENEE, la cual es grande, son unos 2,700 millones de dólares
(alrededor de 65 mil millones de lempiras), incluyendo los atrasos,
para extender los plazos y reducir el costo de la deuda, principalmente
apalancándose con garantías de organismos multilaterales”.
Un acuerdo “Stand by” como el que otorgó
el FMI al gobierno de Honduras, no es en sí un programa económico, es
una línea de crédito de 311 millones de dólares para dos años, sujeta a
condiciones de cumplimiento puntual que dentro de 24 meses serán
reevaluadas, por ejemplo, aparte de mantener la devaluación, la
privatización, altos costos en energía y combustibles, el régimen debe
resolver la crisis financiera de la ENEE y bajar costos en otros
sectores como se pretende con Salud y Educación.
El Jefe
de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Esteban Vesperoni,
está claro en cómo sacar de la ruina a la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE). Las últimas dos semanas que ha estado de visita en
Honduras, ha dado cátedra de administración al gabinete Hernández y, hoy
previo a su partida les dijo en Casa de Gobierno: “El plan (de
recuperación de la ENEE) va más allá del tema tarifario, es algo mucho
más estructural y polifacético”. La solución no es sólo cargar al
consumidor, les aclaró.
El alto funcionario del
FMI habló de un tema reiterativo en la última década que no ha podido
atender la pésima gerencia de la estatal energética por falta de
voluntad e irresponsabilidad del gobierno, “otro tema importante es el
de la reducción de pérdidas”, explicó. Y luego insistió: “este es un
tema clave, porque gran parte de los problemas financieros y de las
presiones que la ENEE está poniendo sobre las finanzas públicas está
relacionado con niveles de pérdida muy grandes”.
En este sentido –abordó
otro ángulo- “el gobierno tiene intenciones de sentarse a revisar ese
contrato que tiene con la Empresa Energía Honduras (EEH), para ver si el
contrato tiene incorporado los incentivos necesarios para poder lanzar
un plan agresivo de reducción de pérdidas, que es muy importante”.
65 MIL MILLONES DEBE ENEE
Vesperoni aclaró que
por el lado financiero el objetivo de las autoridades es tratar de
lograr una readecuación de la deuda de la ENEE, la cual es grande, son
unos 2,700 millones de dólares (alrededor de 65 mil millones de
lempiras) incluyendo los atrasos, para extender los plazos y reducir el
costo de la deuda, principalmente apalancándose con garantías de
organismos multilaterales.
“Todos estos elementos
son algo complejo, pero nosotros lo vemos como un plan viable, pero
requiere una implementación enfocada, disciplinada y rápida”, concluyó
el Jefe de Misión del FMI.
LEYES YA EXISTEN
Vesperoni aseguró que
desde el punto de vista del FMI, existen tanto ventajas como desafíos en
este plan “y yo creo que la gran ventaja en el caso de Honduras es que
el marco legal para la reforma del sector eléctrico ya lo tienen, ha
sido aprobado por el Congreso hace algunos años y creemos que está en
línea con buenas prácticas internacionales”.
En ese contexto, agregó
que “Honduras parte de una situación ventajosa en el sentido que ya se
han puesto de acuerdo, esos consensos ya los ha alcanzado el Congreso y
eso es muy importante”.
El técnico
internacional expuso que “por el lado de los desafíos, el tema es que es
un plan complejo que tiene riesgos de implementación y que debe ser
aplicado con celeridad y va a involucrar a todos los actores relevantes
en el sector”.
“La forma en que
nosotros vemos este plan es en dos bloques: por un lado, hay un bloque
institucional y es aquí donde se debe implementar la Ley Marco del
Sector Eléctrico que ya tienen, lo cual implica fortalecer los entes
regulatorios, la CREE, crear el operador de mercado, proseguir con la
decisión de la ENEE como lo marca la ley”, agregó.
PIDE A GOBIERNO HABLAR CON SECTORES
Apuntó que en general
son todas reformas que van a hacer que el sector eléctrico funcione con
reglas que son internacionalmente razonables.- Y expresó, “hay un bloque
más operativo y financiero, el cual es complejo ya que todos los
actores deben estar involucrados, hay un tema con la generación”.
“Yo creo que los
atrasos en los últimos trimestres en los pagos de generación muestran
que hay una necesidad de sentarse a conversar estos temas entre todos
los involucrados, inclusive los actores privados”, expuso.
HABLA EL EJECUTIVO
Luego de que el
Gobierno y la Misión del FMI llegaran a un acuerdo, que en la práctica
es un compás de espera por un periodo de 24 meses con un apoyo de 331
millones de dólares, el gobernante Juan Hernández destacó hoy que el
logro obedece a que “la economía del país está estable” y que este “no
traerá impuestos al país”.
El acuerdo con el FMI
abarca programas de protección de inversión social e infraestructura,
restauración energética, simplificación administrativa y empoderamiento
económico de las mujeres. “Honduras tiene una situación privilegiada de
una economía estable en crecimiento”, insistió Hernández.
Un acuerdo “Stand by”
como el que otorgó el FMI al gobierno de Honduras, no es en sí un
programa económico, es una línea de crédito de 311 millones de dólares
para dos años, sujeta a condiciones de cumplimiento puntual que dentro
de 24 meses serán reevaluadas, por ejemplo, aparte de mantener la
devaluación, la privatización, altos costos en energía y combustibles,
el régimen debe resolver la crisis financiera de la ENEE y bajar costos
en otros sectores como se pretende con Salud y Educación.
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