EL NUEVO CÓDIGO DEL CRIMEN ORGANIZADO
Los titulares de los medios tradicionales de Honduras
omitieron esta semana las cinco columnas que ameritaban los detalles del
primer pedido de información de Estados Unidos a Tegucigalpa sobre las
operaciones criminales de Tonny Hernández y su familia.
En el lugar que debía destacarse esa información metieron el fingimiento de la muerte que hizo un perro inteligente, para evitar ser bañado por su amo. Un animal de la raza Bang Kew se hizo el muerto porque odia el chapuzón, y así evitó ser enjabonado ayer.
Y no es una metáfora, un periódico hondureño destacó ese hecho en pulagadas columnares que debieron ser para contarnos sobre las naves de la familia Hernández bajo sospecha de transportación de drogas.
Médicos y profesores amenazan con protestas la próxima semana, escriben a toda plana, pero no publican que estos profesionales reaccionan contra el Fondo Monetario Internacional que endeuda a Honduras y que hace tratos con los narcotraficantes del poder, sin importarles nada la deuda de 18 mil millones de dólares durante el golpismo que cumple 10 años el próximo mes.
Felices los pobres medios informan sobre la llegada de buques gringos armados al golfo pérsico para intimidar a Irán, pero no destacan que la próxima semana llega a Honduras el relator de la ONU contra las desapariciones forzadas, para revisar los incumplimientos del Estado.
Y así, seguimos viendo ese comportamiento lamentable de unos medios al servicio de la dictadura militar que, a su vez, es servidora de la estrategia del crimen organizado que impulsa el Comando Sur en este triángulo norte de Centroamérica.
Al amparo de esta suma despiadada de silencios y omisiones vemos, en cambio, a una prensa regocijada con el nuevo Código Penal que entra en vigencia en noviembre próximo, pero que desde hace diez años es aplicado de modo diferenciado contra unas y a favor de otras.
Los periódicos publican a cinco columnas la persecución contra el internet y sus aplicaciones masivas, las redes sociales, porque están felices que el Estado persiga a esta revolución informativa que ha provocado la ciudadanía con sus teléfonos en mano.
La entrada de la población al whatsapp, el facebook, el tuiter, el instagram y el trabajo en redes para producir contenidos, tendencias y generar opinión pública, es un golpe duro al sistema tradicional de medios que durante 80 años se dio el lujo de censurar a estas fuentes, sus temas y sus opiniones.
En realidad no se trata de enfrentar con el derecho penal la autonomía de las redes ni el carácter verdadero o falso de las informaciones difundidas, de lo que se trata es de limitar el poder de influencia que la gente tiene ahora por sí misma.
El poder de decidir en plena autonomía todo aquello que deseamos compartir con los demás sobre las cosas que nos gustan o disgustan, lo que preferimos pensar de x o y situación, y el poder de divulgar lo que esos medios secuestrados por la dictadura no quieren revelar. Ese es el poder que quieren atacar.
El sistema tradicional de medios está embalado con la reducción de penas a los acosadores y violadores sexuales, porque el tema llega directamente a los dueños, directores y editores – en su mayoría hombres hijos del patriarcado violento – que en muchos casos han sido denunciados por las víctimas en televisoras, radios y periódicos de las principales ciudades del país.
Las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales han hecho enormes esfuerzos por convencer a los legisladores que una forma de disminuir el impacto depredador de los delitos sexuales es cortando la libertad a los predadores, privándolos de sus privilegios. Pero no, el nuevo código, que es peor que el viejo código, los trata con guantes de ceda.
No dudamos que las organizaciones de mujeres y las organizaciones de derechos humanos en general, al menos van a recordarle al reino de España que cese de comportarse como un régimen franquista, de la edad media, porque donaron mucho dinero para cambiar esta legislación penal de Honduras. Y sus jueces y diputados capacitados, salen con esto? Machones perversos.
Y el reclamo debe ser, también, directo contra los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, que le dan soporte político, ideológico y económico a esta dictadura feroz que aprovecha su dinero para cambiar los tipos penales y además reducir las penas por posesión y tráfico de drogas.
Como bien dice el académico Noam Chomski, el discurso de combate al narcotráfico además de falso es perverso. Falso porque en realidad no se combate nada, porque se deja pasar todo. Y no se combate a nadie, porque hasta presidentes eligen los criminales. Y es un discurso perverso porque en realidad sirve para matar a la competencia empresarial y controlar a los pueblos en base al miedo y la represión militar.
O sea, una dictadura basada en el crimen organizado, fundamentalmente en el control de la corrupción y el narcotráfico, decide bajarse a sí misma la penalidad de poseer, producir y traficar heroína, cocaína, achis, crack y otras drogas sintéticas para el mercado consumidor del norte.
En cambio, aprovecha el momento para castigar como terrorismo el derecho humano a la libre expresión, que incluye la libertad de criticar, de manifestarse públicamente y de utilizar cualquier medio, no importa cual, para difundir sus ideas.
Este es el nuevo momento de Honduras. Es como el momento que sufre la vecindad de El Salvador, donde los victimarios, los criminales, le están pidiendo a la asamblea legislativa una ley de impunidad que los proteja, unos juicios penales simulados, una privación de libertad en casa y, principalmente, que la verdad no sea revelada y que las víctimas se queden tranquilas.
Pero las víctimas, como es lógico y humano y ético pensar, exigen saber la verdad y sanción a los responsables, y además exigen reparación de los desastres humanos provocados y la garantía de no repetición de los hechos.
Es la misma demanda en Honduras, tanto en contra los torturadores, asesinos y culpables de desapariciones forzadas, como para los corruptos y narcos que provocan el mayor desastre humano de los últimos 200 años de historia.
En nosotros está permitirle a estos miserables delincuentes con poder, salirse con la suya. Pero también vea usted, quien sabe, si mañana esta misma ley bozal sea utilizada contra quienes hoy se regocijan de publicarla. Así es la vida, a veces…
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 18 de mayo 2019
Tegucigalpa y San José.- A 21 años del
asesinato del defensor del medio ambiente, Carlos Luna López, las
organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de
Sentencias de la Corte IDH contra Honduras (Mesa de Seguimiento),
denunciamos que el Estado aún no cumple con las medidas ordenadas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia de
2013.
A inicios de 1998, Carlos Luna fue amenazado de muerte tras haber denunciado públicamente la comisión de delitos ambientales relacionados con la tala ilegal de árboles por parte de sectores política y económicamente poderosos. Pese a que las autoridades hondureñas conocían de estas amenazas, no tomaron las medidas para protegerlo y, como consecuencia, fue asesinado en mayo de ese mismo año.
Para octubre de 2013, la Corte IDH declaró responsable al Estado hondureño por no garantizar la vida del defensor, y por las violaciones a los derechos humanos que el asesinato desencadenó en sus familiares. Pese a ello, tras 6 años de la Sentencia, el Estado se mantiene en deuda con Carlos Luna y su familia.
Por esta razón, desde la Mesa de Seguimiento exigimos que el Estado avance en la investigación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables del asesinato de Carlos Luna. Actualmente, este crimen se mantiene en parcial impunidad, pues tan solo uno de los autores materiales ha sido sancionado y, hasta la fecha, ningún autor intelectual del crimen ha sido procesado.
Recordamos que Honduras tampoco ha cumplido con las sentencias que el Tribunal Interamericano emitió contra el Estado, por los asesinatos de la defensora ambientalista Blanca Jeanette Kawas, en 1995, y por el asesinato del defensor Carlos Escaleras, cometido en 1997.
Ante este panorama, recordamos a Honduras su obligación de avanzar con el diseño y la implementación de una política integral para la protección de personas defensoras de derechos humanos, tal como ordenó la Corte IDH, por el caso del defensor Luna. Entre otras cosas, la sentencia establece que dicha política debe contemplar suficientes recursos humanos y financieros para operar adecuadamente; reconocer y legitimar públicamente el rol que los y las defensoras tienen en el fortalecimiento de la democracia; e incluir a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, personas expertas en su formulación.
El cumplimiento de esta política de protección resulta particularmente urgente ante la grave situación de riesgo, criminalización y violencia que todavía enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y que puede evidenciarse en el reciente asesinato de dos indígenas tolupanes en San Francisco de Locomapa; en la criminalización de 12 personas defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales de Guapinol; y en las amenazas y
acciones violentas que ha enfrentado Rosalina Domínguez, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Ante este panorama, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento conmemoramos la vida y lucha de Carlos Luna por la defensa del ambiente en Honduras, enviamos nuestra solidaridad a sus familiares, y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando hasta que se cumpla con lo ordenado por el alto tribunal, se alcance justicia para todas las personas defensoras de derechos humanos y se garantice el derecho a defender derechos humanos en Honduras.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Por Riccy Ponce.
Tegucigalpa.- “Yo tenía 16 años cuando mi padre fue desaparecido un 17 de agosto de 1982, lo encontraron un 29 de agosto de ese mismo año. Fueron doce días de angustia porque mi mami anduvo buscándolo con otras personas y estuvieron 12 días de búsqueda continua, día y noche, hasta que lo encontraron en Concepción de María, en el sur de Honduras, en un lugar conocido como La Pintada”.
Así comenzó recordando Guadalupe Martínez, hija de Félix Martínez, estudiante universitario y dirigente sindical y Presidente de la Seccional número 1 del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), secuestrado y posteriormente asesinado.
Guadalupe acudió al plantón que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) realiza cada primer viernes de mes, desde hace 37 años.
Al observar las mantas con los rostros de los desaparecidos, que eran detenidas por los otros familiares, su rostro se llenó de lágrimas y su mente, lo más seguro, se inundaron de viejos recuerdos.
“Yo he admirado siempre el plantón que año con año y mes a mes realiza el Cofadeh, yo no me he manifestada de esa manera, pero he admirado a las madres, hijos, esposas que se han mantenido firmes durante años, hasta que realmente se aclare lo de los familiares desaparecidos”, expresó Guadalupe Martínez.
Junto a su familia guardan los traumas, el dolor y sufrimiento tras la detención, desaparición y posterior asesinato de su padre hace 36 años.
“Éramos 3 hermanos que pasamos dificultades porque no fuimos tratados en ningún momento por psicólogos, no recibimos ayudas de ninguna índole, mi mami sola, mis hermanas pequeñas, es muy duro recordar eso, es difícil recordar ese momento que uno no olvida”, siguió expresando.
Al mismo tiempo agregó que “Ya hace 36 años sin justicia, siempre hemos peleado por justicia y ahora creemos que tal vez a través de la justicia divina puedan revelarse las cosas como son, y estamos con esa duda de quién fue, en donde lo tuvieron; ese daño quedó permanente en nuestras vida”.
Finalizó diciendo que a su padre se lo llevaron y lo asesinaron por sus ideas, ya que las ideas de mi padre eran de ayudar al pueblo.
En la década de los años ochentas, era muy común ver madres, esposas, hijas y hermanas hundidas en la desesperación, cuando su familiar por tener ideas diferentes estaban encaminados a proteger al pueblo, para cambiar el país, ideales por los que el gobierno los perseguía.
A 37 años de esa época que muchos quieren olvidar, pero que las víctimas mantienen viva esa memoria de sus seres queridos como si hubiese sido ayer, que lloran al recordar sus seres amados, que exigen verdad y claman justicia.
Así como Félix Martínez y Eduardo Lanza fueron muchas las personas asesinadas y desaparecidas. El COFADEH registra 184 desapariciones sin contar las que quedaron en la clandestinidad, porque su familia no quiso denunciar.
Félix Martínez fue secuestrado junto a Eduardo Lanza y fue encontrado con 69 puñaladas en todo su cuerpo, menos en su rostro, y Eduardo fue desaparecido.
Guadalupe Martínez quien en ese entonces tenía 16 años, aún llora al recordar lo que vivieron en la búsqueda de su padre.
Nunca se supo quién mandó a asesinar a Félix Martínez y a desaparecer a Eduardo Lanza, lo que si se supo fue como se ejecutó el crimen de lesa humanidad.
Los organismos involucrados en esta represión selectiva fueron la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), sección de investigación de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), unidad especializada del ejército, que estaba al mando del general Gustavo Álvarez Martínez. También estaba involucrada en la represión, la División de Investigaciones Especiales (DIES), también conocida como Batallón 3-16, unidad de inteligencia militar encargada de ejecutar los secuestros, torturas y asesinatos de activistas de izquierda.
El
Código Penal, fue publicado hoy en el diario oficial La Gaceta, a pesar
de tener fecha 10 de mayo. Las disposiciones de éste, no han caído bien
a los periodistas que preparaban su agenda para las distintas cenas y
eventos en su honor, en el marco del día del periodista hondureño,
celebrado cada 25 de mayo.
Por: Oscar Miguel Marroquín
EH. ¿Cuál es el interés de privatizar la educación?
En el lugar que debía destacarse esa información metieron el fingimiento de la muerte que hizo un perro inteligente, para evitar ser bañado por su amo. Un animal de la raza Bang Kew se hizo el muerto porque odia el chapuzón, y así evitó ser enjabonado ayer.
Y no es una metáfora, un periódico hondureño destacó ese hecho en pulagadas columnares que debieron ser para contarnos sobre las naves de la familia Hernández bajo sospecha de transportación de drogas.
Médicos y profesores amenazan con protestas la próxima semana, escriben a toda plana, pero no publican que estos profesionales reaccionan contra el Fondo Monetario Internacional que endeuda a Honduras y que hace tratos con los narcotraficantes del poder, sin importarles nada la deuda de 18 mil millones de dólares durante el golpismo que cumple 10 años el próximo mes.
Felices los pobres medios informan sobre la llegada de buques gringos armados al golfo pérsico para intimidar a Irán, pero no destacan que la próxima semana llega a Honduras el relator de la ONU contra las desapariciones forzadas, para revisar los incumplimientos del Estado.
Y así, seguimos viendo ese comportamiento lamentable de unos medios al servicio de la dictadura militar que, a su vez, es servidora de la estrategia del crimen organizado que impulsa el Comando Sur en este triángulo norte de Centroamérica.
Al amparo de esta suma despiadada de silencios y omisiones vemos, en cambio, a una prensa regocijada con el nuevo Código Penal que entra en vigencia en noviembre próximo, pero que desde hace diez años es aplicado de modo diferenciado contra unas y a favor de otras.
Los periódicos publican a cinco columnas la persecución contra el internet y sus aplicaciones masivas, las redes sociales, porque están felices que el Estado persiga a esta revolución informativa que ha provocado la ciudadanía con sus teléfonos en mano.
La entrada de la población al whatsapp, el facebook, el tuiter, el instagram y el trabajo en redes para producir contenidos, tendencias y generar opinión pública, es un golpe duro al sistema tradicional de medios que durante 80 años se dio el lujo de censurar a estas fuentes, sus temas y sus opiniones.
En realidad no se trata de enfrentar con el derecho penal la autonomía de las redes ni el carácter verdadero o falso de las informaciones difundidas, de lo que se trata es de limitar el poder de influencia que la gente tiene ahora por sí misma.
El poder de decidir en plena autonomía todo aquello que deseamos compartir con los demás sobre las cosas que nos gustan o disgustan, lo que preferimos pensar de x o y situación, y el poder de divulgar lo que esos medios secuestrados por la dictadura no quieren revelar. Ese es el poder que quieren atacar.
El sistema tradicional de medios está embalado con la reducción de penas a los acosadores y violadores sexuales, porque el tema llega directamente a los dueños, directores y editores – en su mayoría hombres hijos del patriarcado violento – que en muchos casos han sido denunciados por las víctimas en televisoras, radios y periódicos de las principales ciudades del país.
Las agencias de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales han hecho enormes esfuerzos por convencer a los legisladores que una forma de disminuir el impacto depredador de los delitos sexuales es cortando la libertad a los predadores, privándolos de sus privilegios. Pero no, el nuevo código, que es peor que el viejo código, los trata con guantes de ceda.
No dudamos que las organizaciones de mujeres y las organizaciones de derechos humanos en general, al menos van a recordarle al reino de España que cese de comportarse como un régimen franquista, de la edad media, porque donaron mucho dinero para cambiar esta legislación penal de Honduras. Y sus jueces y diputados capacitados, salen con esto? Machones perversos.
Y el reclamo debe ser, también, directo contra los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, que le dan soporte político, ideológico y económico a esta dictadura feroz que aprovecha su dinero para cambiar los tipos penales y además reducir las penas por posesión y tráfico de drogas.
Como bien dice el académico Noam Chomski, el discurso de combate al narcotráfico además de falso es perverso. Falso porque en realidad no se combate nada, porque se deja pasar todo. Y no se combate a nadie, porque hasta presidentes eligen los criminales. Y es un discurso perverso porque en realidad sirve para matar a la competencia empresarial y controlar a los pueblos en base al miedo y la represión militar.
O sea, una dictadura basada en el crimen organizado, fundamentalmente en el control de la corrupción y el narcotráfico, decide bajarse a sí misma la penalidad de poseer, producir y traficar heroína, cocaína, achis, crack y otras drogas sintéticas para el mercado consumidor del norte.
En cambio, aprovecha el momento para castigar como terrorismo el derecho humano a la libre expresión, que incluye la libertad de criticar, de manifestarse públicamente y de utilizar cualquier medio, no importa cual, para difundir sus ideas.
Este es el nuevo momento de Honduras. Es como el momento que sufre la vecindad de El Salvador, donde los victimarios, los criminales, le están pidiendo a la asamblea legislativa una ley de impunidad que los proteja, unos juicios penales simulados, una privación de libertad en casa y, principalmente, que la verdad no sea revelada y que las víctimas se queden tranquilas.
Pero las víctimas, como es lógico y humano y ético pensar, exigen saber la verdad y sanción a los responsables, y además exigen reparación de los desastres humanos provocados y la garantía de no repetición de los hechos.
Es la misma demanda en Honduras, tanto en contra los torturadores, asesinos y culpables de desapariciones forzadas, como para los corruptos y narcos que provocan el mayor desastre humano de los últimos 200 años de historia.
En nosotros está permitirle a estos miserables delincuentes con poder, salirse con la suya. Pero también vea usted, quien sabe, si mañana esta misma ley bozal sea utilizada contra quienes hoy se regocijan de publicarla. Así es la vida, a veces…
Buenas noches!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 18 de mayo 2019
Semana Internacional del Detenido Desaparecido
A 21 años de su asesinato, Honduras debe garantizar justicia para Carlos Luna y protección para defensores de derechos humanos
A inicios de 1998, Carlos Luna fue amenazado de muerte tras haber denunciado públicamente la comisión de delitos ambientales relacionados con la tala ilegal de árboles por parte de sectores política y económicamente poderosos. Pese a que las autoridades hondureñas conocían de estas amenazas, no tomaron las medidas para protegerlo y, como consecuencia, fue asesinado en mayo de ese mismo año.
Para octubre de 2013, la Corte IDH declaró responsable al Estado hondureño por no garantizar la vida del defensor, y por las violaciones a los derechos humanos que el asesinato desencadenó en sus familiares. Pese a ello, tras 6 años de la Sentencia, el Estado se mantiene en deuda con Carlos Luna y su familia.
Por esta razón, desde la Mesa de Seguimiento exigimos que el Estado avance en la investigación, juzgamiento y sanción de todas las personas responsables del asesinato de Carlos Luna. Actualmente, este crimen se mantiene en parcial impunidad, pues tan solo uno de los autores materiales ha sido sancionado y, hasta la fecha, ningún autor intelectual del crimen ha sido procesado.
Recordamos que Honduras tampoco ha cumplido con las sentencias que el Tribunal Interamericano emitió contra el Estado, por los asesinatos de la defensora ambientalista Blanca Jeanette Kawas, en 1995, y por el asesinato del defensor Carlos Escaleras, cometido en 1997.
Ante este panorama, recordamos a Honduras su obligación de avanzar con el diseño y la implementación de una política integral para la protección de personas defensoras de derechos humanos, tal como ordenó la Corte IDH, por el caso del defensor Luna. Entre otras cosas, la sentencia establece que dicha política debe contemplar suficientes recursos humanos y financieros para operar adecuadamente; reconocer y legitimar públicamente el rol que los y las defensoras tienen en el fortalecimiento de la democracia; e incluir a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, personas expertas en su formulación.
El cumplimiento de esta política de protección resulta particularmente urgente ante la grave situación de riesgo, criminalización y violencia que todavía enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y que puede evidenciarse en el reciente asesinato de dos indígenas tolupanes en San Francisco de Locomapa; en la criminalización de 12 personas defensoras de los derechos humanos y los bienes naturales de Guapinol; y en las amenazas y
acciones violentas que ha enfrentado Rosalina Domínguez, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Ante este panorama, las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento conmemoramos la vida y lucha de Carlos Luna por la defensa del ambiente en Honduras, enviamos nuestra solidaridad a sus familiares, y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando hasta que se cumpla con lo ordenado por el alto tribunal, se alcance justicia para todas las personas defensoras de derechos humanos y se garantice el derecho a defender derechos humanos en Honduras.
Sobre la Mesa de Seguimiento:
La Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) se conformó como un esfuerzo conjunto de actores nacionales e internacionales que busca contribuir a que Honduras mejore su sistema normativo, a que se haga justicia y que las violaciones de derechos humanos no se repitan.
Organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Casa Alianza
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica
Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula
Fueron 12 días de angustias, y a 37 años de su asesinato aún seguimos exigiendo justicia
Tegucigalpa.- “Yo tenía 16 años cuando mi padre fue desaparecido un 17 de agosto de 1982, lo encontraron un 29 de agosto de ese mismo año. Fueron doce días de angustia porque mi mami anduvo buscándolo con otras personas y estuvieron 12 días de búsqueda continua, día y noche, hasta que lo encontraron en Concepción de María, en el sur de Honduras, en un lugar conocido como La Pintada”.
Así comenzó recordando Guadalupe Martínez, hija de Félix Martínez, estudiante universitario y dirigente sindical y Presidente de la Seccional número 1 del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), secuestrado y posteriormente asesinado.
Guadalupe acudió al plantón que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) realiza cada primer viernes de mes, desde hace 37 años.
Al observar las mantas con los rostros de los desaparecidos, que eran detenidas por los otros familiares, su rostro se llenó de lágrimas y su mente, lo más seguro, se inundaron de viejos recuerdos.
“Yo he admirado siempre el plantón que año con año y mes a mes realiza el Cofadeh, yo no me he manifestada de esa manera, pero he admirado a las madres, hijos, esposas que se han mantenido firmes durante años, hasta que realmente se aclare lo de los familiares desaparecidos”, expresó Guadalupe Martínez.
Junto a su familia guardan los traumas, el dolor y sufrimiento tras la detención, desaparición y posterior asesinato de su padre hace 36 años.
“Éramos 3 hermanos que pasamos dificultades porque no fuimos tratados en ningún momento por psicólogos, no recibimos ayudas de ninguna índole, mi mami sola, mis hermanas pequeñas, es muy duro recordar eso, es difícil recordar ese momento que uno no olvida”, siguió expresando.
Al mismo tiempo agregó que “Ya hace 36 años sin justicia, siempre hemos peleado por justicia y ahora creemos que tal vez a través de la justicia divina puedan revelarse las cosas como son, y estamos con esa duda de quién fue, en donde lo tuvieron; ese daño quedó permanente en nuestras vida”.
Finalizó diciendo que a su padre se lo llevaron y lo asesinaron por sus ideas, ya que las ideas de mi padre eran de ayudar al pueblo.
En la década de los años ochentas, era muy común ver madres, esposas, hijas y hermanas hundidas en la desesperación, cuando su familiar por tener ideas diferentes estaban encaminados a proteger al pueblo, para cambiar el país, ideales por los que el gobierno los perseguía.
A 37 años de esa época que muchos quieren olvidar, pero que las víctimas mantienen viva esa memoria de sus seres queridos como si hubiese sido ayer, que lloran al recordar sus seres amados, que exigen verdad y claman justicia.
Así como Félix Martínez y Eduardo Lanza fueron muchas las personas asesinadas y desaparecidas. El COFADEH registra 184 desapariciones sin contar las que quedaron en la clandestinidad, porque su familia no quiso denunciar.
Félix Martínez fue secuestrado junto a Eduardo Lanza y fue encontrado con 69 puñaladas en todo su cuerpo, menos en su rostro, y Eduardo fue desaparecido.
Guadalupe Martínez quien en ese entonces tenía 16 años, aún llora al recordar lo que vivieron en la búsqueda de su padre.
Nunca se supo quién mandó a asesinar a Félix Martínez y a desaparecer a Eduardo Lanza, lo que si se supo fue como se ejecutó el crimen de lesa humanidad.
Los organismos involucrados en esta represión selectiva fueron la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), sección de investigación de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), unidad especializada del ejército, que estaba al mando del general Gustavo Álvarez Martínez. También estaba involucrada en la represión, la División de Investigaciones Especiales (DIES), también conocida como Batallón 3-16, unidad de inteligencia militar encargada de ejecutar los secuestros, torturas y asesinatos de activistas de izquierda.
¡ALERTA! CÓDIGO PENAL AVIZORA REPRESIÓN JUDICIAL A PERIODISTAS HONDUREÑOS
- Publicado: 15 Mayo 2019
Hoy
ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el nuevo Código Penal
hondureño, que ha entrado en un periodo de “vacatio legis”, ya que será
vigente hasta noviembre próximo. El nuevo instrumento penal, analizan
expertos, se caracteriza por su golpe a los Derechos Humanos, sobre todo
al ejercicio de prensa.
Las
disposiciones del nuevo código, han caído como un balde de agua fría a
los comunicadores, quienes estaban más pendientes de preparar la agenda
para asistir a las cenas y eventos en su honor por el Día del
periodista, celebrado cada 25 de mayo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El
nuevo Código Penal de Honduras, que entrará en vigencia en noviembre
próximo, acecha la represión judicial contra los derechos humanos, y
sobre todo, contra la libertad de expresión. De acuerdo con el
presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto
Rodríguez, las disposiciones del nuevo instrumento penal “son graves y
atentatorias” contra la prensa.
El
Código Penal, fue publicado hoy en el diario oficial La Gaceta, a pesar
de tener fecha 10 de mayo. Las disposiciones de éste, no han caído bien
a los periodistas que preparaban su agenda para las distintas cenas y
eventos en su honor, en el marco del día del periodista hondureño,
celebrado cada 25 de mayo.
Rodríguez
ha manifestado en su cuenta de Twitter que: “Disposiciones contenidas
en el nuevo Código Penal son graves y atentatorias a la libertad de
expresión y de prensa. Sigue primando la cárcel en los delitos contra el
honor. Un serio retroceso de garantías y libertades”.
Precisamente,
el nuevo instrumento penal, en su artículo 28, ofrece responsabilidad
penal en delitos cometidos a través de medios de difusión para: “Quienes
hayan redactado el texto o producido el signo de que se trata y quienes
les hayan inducido a realizarlo”.
También
para: “Directores de la publicación o programa en que se difunda;
directores de la empresa editora, emisora o difusora; y, directores de
la empresa de grabación, reproducción o impresión”.
En
caso especial, el nuevo Código Penal castigará a periodistas en caso de
encontrar delitos de calumnia e injurias, de hecho, en su artículo 231,
establece la modalidad de “injuria y calumnia indirecta”, que en
resumen aplicará cárcel a quienes reproduzcan “injuria o calumnia
imputada por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o, con
las expresiones se dice, se asegura u otra semejante”.
En
general, el nuevo instrumento penal, que ingresó al Congreso enl 25 de
agosto de 2015, ha agregado 50 nuevas figuras delictivas, donde arrecia
la criminalización de la protesta social y el ejercicio de prensa.
Nuevo Código Penal: Cárcel y multas para intimidad a periodistas, defensores y movimiento social
Thursday, 16 May 2019 18:44 Written by German Reyes Published in Monitoreo de compromisos internacionales - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto de la izquierda: ASJ Honduras
Con la aprobación del nuevo Código Penal, el gobierno hondureño,
ha desobedecido, las múltiples recomendaciones en materia de derechos
humanos, que en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), aceptaron
cumplir los representantes del Estado hondureño, ante el Consejo de las
Naciones Unidas.
En los años 2010 y 2015, Consejo de las Naciones Unidas, evaluó la
difícil situación de los derechos humanos, y con el propósito de mejorar
ese escenario, diversos países del mundo, le recomendaron al Estado
hondureño, aplicar medidas, que le permitan a la población, desarrollar
sus actividades de forma libre y sin obstáculos.
En las dos ocasiones que han participado en el EPU, diversos funcionarios del Poder Ejecutivo, expusieron sus avances en la materia de los derechos humanos y se comprometieron a cumplir las recomendaciones. Sin embargo, el Congreso Nacional y el mismo Presidente de la Republica, han publicado en los últimos días, un nuevo Código Penal, que restringe las garantías y los derechos fundamentales, como, las libertades de expresión y de prensa y el derecho a la protesta.
Entre las recomendaciones que aceptó poner en práctica, Honduras, cuentan el compromiso para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, facilitar el acceso a la información pública, derogar las leyes que criminalizan la protesta y las opiniones de los periodistas de la oposición y defensores de derechos humanos. No obstante, el nuevo Código Penal, programado para ser vigente a partir de noviembre próximo, incrementa las penas y las figuras delictivas, vulnerando más, la situación de los derechos humanos.
Imposible despenalizar delitos contra el honor
A partir de las recomendaciones aceptadas desde el 2010, informes de diversos organismos nacionales y extranjeros le han solicitado a Honduras, la despenalización con cárcel de las figuras delictivas de, difamación, injuria y calumnia, tipificados en el presente Código, como delitos contra el honor.
Sin embargo, debido a que muchos diputados y funcionarios del presente gobierno están acusados por delitos de corrupción, despenalizar la calumnia y la injuria es imposible .
Y es que en los últimos años, los funcionarios del gobierno y empresarios convirtieron los delitos contra el honor (difamación, calumnia e injuria), en la herramienta eficaz para intimidar a los pobladores y encarcelar a los periodistas y defensores de los derechos humanos que protestan y denuncian la corrupción.
La situación se agrava cuando un periodista o defensor de los derechos humanos difunde un hecho en varias ocasiones y la justicia hondureña no lo típica como un delito continuado, sino que individualiza cada vez que hizo mención, como ocurrió con el periodista, como ha ocurrido con varios periodistas querellados.
En febrero pasado también fue condena por calumnias constitutivas de difamación, en perjuicio del banquero, Camilo Atala, la diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), María Luis Borjas.
Otro caso emblemático ocurrió en el 2014, contra el periodista, julio Ernesto Alvarado, a quien un juzgado de ejecución le notificó una prohibición para ejercer el periodismo. En ese momento, Alvarado estaba acusado de difamación, por la ex decana de la facultad de ciencias económicas de la UNAH, Belinda flores.
Cárcel y multas en la nueva legislación
La calumnia, contenida en el artículo 230 del nuevo Código Penal, no solo será castigada con la pena de seis meses a un año de cárcel, sino también con una multa de quinientos a mil días. Y la injuria es penalizada con una multa de doscientos a quinientos días, cuando sea divulgada en los medios de comunicación.
El articulo 233 también responsabiliza de manera subsidiaria a los propietarios del medio de comunicación en el que se publique la injuria o calumnia. Además, el nuevo Código responsabiliza penalmente de forma escalonada excluyente y subsidiaria, a los directores de programa y de las empresas editoras, emisoras o difusoras, de grabación, reproducción e impresión de la información, considerada como delito.
“No se esperaba menos”
Lo anterior, constituye un fragmento de lo expresado sobre este tema, por el defensor de los derechos humanos, Carlos Del Cid.
Para él, el gobierno de Juan Hernández siempre ha ido un paso delante de las organizaciones sociales, para restringir la defensoría de los derechos humanos. Y “esta es una nueva violación que ellos la legalizan, así como han legalizado todas las violaciones de la Constitución”, indicó Del Cid.
Según su criterio esa disposición solo puede rebatirse con acciones contundentes en las calles porque es a lo único que el gobierno le tiene miedo, y todavía hay tiempo, si se toma en cuenta que la nueva norma entrará en vigencia hasta noviembre. “Sino nos van a aplastar” sentenció.
Para Del Cid, también es importante el cabildeo con los organismos internacionales que financian al gobierno. Hasta hoy los estados cooperantes se han limitado a dar recomendaciones, pero “mientras no haya acciones coercitivas condicionadas con los préstamos, donaciones o expulsiones del Estado en organismos internacionales, este gobierno va a seguir violentando derechos”, indicó.
En las dos ocasiones que han participado en el EPU, diversos funcionarios del Poder Ejecutivo, expusieron sus avances en la materia de los derechos humanos y se comprometieron a cumplir las recomendaciones. Sin embargo, el Congreso Nacional y el mismo Presidente de la Republica, han publicado en los últimos días, un nuevo Código Penal, que restringe las garantías y los derechos fundamentales, como, las libertades de expresión y de prensa y el derecho a la protesta.
Entre las recomendaciones que aceptó poner en práctica, Honduras, cuentan el compromiso para garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa, facilitar el acceso a la información pública, derogar las leyes que criminalizan la protesta y las opiniones de los periodistas de la oposición y defensores de derechos humanos. No obstante, el nuevo Código Penal, programado para ser vigente a partir de noviembre próximo, incrementa las penas y las figuras delictivas, vulnerando más, la situación de los derechos humanos.
Imposible despenalizar delitos contra el honor
A partir de las recomendaciones aceptadas desde el 2010, informes de diversos organismos nacionales y extranjeros le han solicitado a Honduras, la despenalización con cárcel de las figuras delictivas de, difamación, injuria y calumnia, tipificados en el presente Código, como delitos contra el honor.
Sin embargo, debido a que muchos diputados y funcionarios del presente gobierno están acusados por delitos de corrupción, despenalizar la calumnia y la injuria es imposible .
Y es que en los últimos años, los funcionarios del gobierno y empresarios convirtieron los delitos contra el honor (difamación, calumnia e injuria), en la herramienta eficaz para intimidar a los pobladores y encarcelar a los periodistas y defensores de los derechos humanos que protestan y denuncian la corrupción.
La situación se agrava cuando un periodista o defensor de los derechos humanos difunde un hecho en varias ocasiones y la justicia hondureña no lo típica como un delito continuado, sino que individualiza cada vez que hizo mención, como ocurrió con el periodista, como ha ocurrido con varios periodistas querellados.
En febrero pasado también fue condena por calumnias constitutivas de difamación, en perjuicio del banquero, Camilo Atala, la diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), María Luis Borjas.
Otro caso emblemático ocurrió en el 2014, contra el periodista, julio Ernesto Alvarado, a quien un juzgado de ejecución le notificó una prohibición para ejercer el periodismo. En ese momento, Alvarado estaba acusado de difamación, por la ex decana de la facultad de ciencias económicas de la UNAH, Belinda flores.
Cárcel y multas en la nueva legislación
La calumnia, contenida en el artículo 230 del nuevo Código Penal, no solo será castigada con la pena de seis meses a un año de cárcel, sino también con una multa de quinientos a mil días. Y la injuria es penalizada con una multa de doscientos a quinientos días, cuando sea divulgada en los medios de comunicación.
El articulo 233 también responsabiliza de manera subsidiaria a los propietarios del medio de comunicación en el que se publique la injuria o calumnia. Además, el nuevo Código responsabiliza penalmente de forma escalonada excluyente y subsidiaria, a los directores de programa y de las empresas editoras, emisoras o difusoras, de grabación, reproducción e impresión de la información, considerada como delito.
“No se esperaba menos”
Lo anterior, constituye un fragmento de lo expresado sobre este tema, por el defensor de los derechos humanos, Carlos Del Cid.
Para él, el gobierno de Juan Hernández siempre ha ido un paso delante de las organizaciones sociales, para restringir la defensoría de los derechos humanos. Y “esta es una nueva violación que ellos la legalizan, así como han legalizado todas las violaciones de la Constitución”, indicó Del Cid.
Según su criterio esa disposición solo puede rebatirse con acciones contundentes en las calles porque es a lo único que el gobierno le tiene miedo, y todavía hay tiempo, si se toma en cuenta que la nueva norma entrará en vigencia hasta noviembre. “Sino nos van a aplastar” sentenció.
Para Del Cid, también es importante el cabildeo con los organismos internacionales que financian al gobierno. Hasta hoy los estados cooperantes se han limitado a dar recomendaciones, pero “mientras no haya acciones coercitivas condicionadas con los préstamos, donaciones o expulsiones del Estado en organismos internacionales, este gobierno va a seguir violentando derechos”, indicó.
APH denunciará ante la CIDH reformas al Código Penal que dañan la libertad de expresión
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
La Asociación de Prensa Hondureña (APH), manifestó su intención de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las amplias violaciones a la libertad de prensa y expresión en el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional de Honduras y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La APH no descarta que antes puedan interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras
Para darle mayor fuerza a sus demandas, la Asociación de Prensa Hondureña está al diálogo con la directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), según informó el presidente de la APH, Carlos Ortiz.
Ortiz hizo un llamado al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez para emprender acciones conjuntas y no divididas, porque de esta manera se hacen más fuertes los reclamos, señaló Ortiz.
Pidió al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que socialicen los reclamos e insatisfacciones de la sociedad hondureña y que se reforme ese Código Penal, dijo Ortiz.
La Asociación de Prensa Hondureña (APH), manifestó su intención de interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las amplias violaciones a la libertad de prensa y expresión en el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional de Honduras y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
La APH no descarta que antes puedan interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Honduras
Para darle mayor fuerza a sus demandas, la Asociación de Prensa Hondureña está al diálogo con la directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), según informó el presidente de la APH, Carlos Ortiz.
Ortiz hizo un llamado al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Dagoberto Rodríguez para emprender acciones conjuntas y no divididas, porque de esta manera se hacen más fuertes los reclamos, señaló Ortiz.
Nota relacionada C-Libre y APH denuncian agresiones contra periodistas y camarógrafos
El presidente de la APH apuntó que no pueden permitir que se vulneren los intereses de la sociedad hondureña y los periodistas en el tema de libertad de prensa.Pidió al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que socialicen los reclamos e insatisfacciones de la sociedad hondureña y que se reforme ese Código Penal, dijo Ortiz.
Amenazas a periodista:“Si vuelves a mencionar a un alcalde de los municipios del norte de Olancho es conmigo que te vas a entender hijo de la gran pu..”
Saturday, 18 May 2019 16:28 Written by German Reyes Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
La desidia del Ministerio Público para investigar una denuncia por
amenazas, que en febrero pasado presentó el periodista Joel Francisco
Mejía Miralda, provocó en los últimos días, intensificación de las
amenazas y cierre del programa que manejaba el comunicador social.
El 15 de febrero en la sede del Ministerio Público, en Juticalpa
Olancho, Mejía denunció que Carmen Lastenia Padilla, madre de Ramón
Edgardo Cárcamo, alcalde municipal de La Unión, en ese departamento, lo
amenazó por emitir en su programa opiniones relacionadas con el cobro
exagerado de tasas y servicios, aprobadas por la municipalidad, en el
plan de arbitrios de este año.
La denuncia contra la mamá del alcalde la interpuso el periodista luego que en pleno programa recibiera de ella este mensaje, “Te estoy viendo en Silca, si vuelves a mencionar a un alcalde de los municipios del norte de Olancho, es conmigo que te vas a entender hijo de la gran puta y si publicas este WhatsApp te va a ir fatal. Te doy 15 días para que te pierdas del mapa, ya la cagas pendejo”.
Mejía era el conductor del programa de noticias JM Visión, con cobertura local, y de acuerdo con una alerta publicada por el Comité por la Libre Expresión C-Libre, las amenazas continuaron sin que las autoridades le ayudaran a resolver su situación de riesgo.
Ante tal situación, este periodista que sin resultados favorables también le solicitó auxilio a la Dirección Policial de Investigaciones,(DPI), no tuvo más opción que cerrar el espacio informativo para salvaguardar su vida.
Con esa acción las autoridades no solo han permitido que se violente el derecho a la libertad de expresión y de prensa de este periodista sino también el derecho al trabajo, a la alimentación y de la vida digna.
El MP registró la denuncia de Mejía con el número1550251835 y pese a que desde el primer trimestre del 2018 el gobierno creó la Fiscalía de Protección para Periodistas, Defensores de los Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la mayoría de las denuncias por violaciones a la libertad de expresión y de prensa siguen sin investigarse, como también está impune el 96% de los asesinatos de comunicadores sociales.
La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos también mantiene engavetados una enorme cantidad de expedientes por amenazas, atentados y agresiones, ocurridas entre 2009 y 2018.
Según la publicación de C-Libre, Mejía también es beneficiario del Mecanismo de Protección del Estado y su caso era aunque de alto riesgo, esa entidad solo le brindó la medida de un enlace telefónico con la policía de esa región.
El ejercicio del periodismo en Honduras cada día se vuelve más precario no solo por la aplicación de leyes que restringen la libertad de expresión, sino también por las constantes amenazas que reciben los comunicadores sociales por las informaciones que dan a conocer. En los últimos años este país ha colapsado por la corrupción del gobierno y por las acciones violentas del crimen organizado que no dan tregua.
Solo en lo que va del presente año, al menos cinco periodistas han abandonado Honduras, mientras que otros se han desplazado a otras regiones del país, para resguardar sus vidas por la violencia que los amenaza.
La denuncia contra la mamá del alcalde la interpuso el periodista luego que en pleno programa recibiera de ella este mensaje, “Te estoy viendo en Silca, si vuelves a mencionar a un alcalde de los municipios del norte de Olancho, es conmigo que te vas a entender hijo de la gran puta y si publicas este WhatsApp te va a ir fatal. Te doy 15 días para que te pierdas del mapa, ya la cagas pendejo”.
Mejía era el conductor del programa de noticias JM Visión, con cobertura local, y de acuerdo con una alerta publicada por el Comité por la Libre Expresión C-Libre, las amenazas continuaron sin que las autoridades le ayudaran a resolver su situación de riesgo.
Ante tal situación, este periodista que sin resultados favorables también le solicitó auxilio a la Dirección Policial de Investigaciones,(DPI), no tuvo más opción que cerrar el espacio informativo para salvaguardar su vida.
Con esa acción las autoridades no solo han permitido que se violente el derecho a la libertad de expresión y de prensa de este periodista sino también el derecho al trabajo, a la alimentación y de la vida digna.
El MP registró la denuncia de Mejía con el número1550251835 y pese a que desde el primer trimestre del 2018 el gobierno creó la Fiscalía de Protección para Periodistas, Defensores de los Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la mayoría de las denuncias por violaciones a la libertad de expresión y de prensa siguen sin investigarse, como también está impune el 96% de los asesinatos de comunicadores sociales.
La Fiscalía Especial de los Derechos Humanos también mantiene engavetados una enorme cantidad de expedientes por amenazas, atentados y agresiones, ocurridas entre 2009 y 2018.
Según la publicación de C-Libre, Mejía también es beneficiario del Mecanismo de Protección del Estado y su caso era aunque de alto riesgo, esa entidad solo le brindó la medida de un enlace telefónico con la policía de esa región.
El ejercicio del periodismo en Honduras cada día se vuelve más precario no solo por la aplicación de leyes que restringen la libertad de expresión, sino también por las constantes amenazas que reciben los comunicadores sociales por las informaciones que dan a conocer. En los últimos años este país ha colapsado por la corrupción del gobierno y por las acciones violentas del crimen organizado que no dan tregua.
Solo en lo que va del presente año, al menos cinco periodistas han abandonado Honduras, mientras que otros se han desplazado a otras regiones del país, para resguardar sus vidas por la violencia que los amenaza.
LISTA DE CÓMPLICES E INFORMACIÓN DE “TH” QUE INVESTIGA JUSTICIA DE EE.UU.
- Publicado: 15 Mayo 2019
¿Y
la justicia hondureña y el fiscal cinco estrellas? El Departamento de
Justicia de EE.UU., División Penal, pidió hace poco al Ministerio
Público hondureño información puntual para el proceso de “Tony”
Hernández y de una lista de sus cómplices, personas jurídicas naturales y
jurídicas, creadas en Honduras o en el extranjero.
La
“Solicitud Urgente de Asistencia en el Procesamiento de Juan Antonio
Hernández Alvarado”, es un documento de más de 50 páginas, aquí
publicamos de manera íntegra un resumen de la información esencial de
interés para la sociedad hondureña. La información solicitada ya fue
entregada al Departamento de Justicia de EE.UU.
“De acuerdo con las declaraciones de testigos, Hernández Alvarado y algunos de sus familiares
y asociados han comprado bienes valiosos, incluyendo varias aeronaves y
bienes raíces en los Estados Unidos. Los fiscales están investigando si
Hernández Alvarado o sus familiares y asociados utilizaron ganancias
ilícitas para comprar dichos bienes con el propósito de esconder la
naturaleza ilícita de los fondos, cita el Departamento de Justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
La
Autoridad Central de los Estados Unidos solicita la asistencia de la
Autoridad Central de Honduras, conforme al Artículo 7 de la Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópicas (la Convención). La Oficina del Fiscal de los
Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York (el Fiscal) está
procesando a Juan Antonio Hernández Alvarado por su participación en una
asociación delictuosa de tráfico de drogas y otros delitos relacionados
con el uso de armas de fuego.
El
Fiscal solicita la asistencia de las autoridades hondureñas para
obtener: (i) registros de las actas constitutivas concernientes a los
negocios relacionados con Hernández Alvarado y sus asociados, (ii)
registros relacionados a la celebración de contratos entre el gobierno
hondureño y presuntos cómplices de Hernández Alvarado, (iii) registros
relacionados a una aeronave en Honduras controlada por Hernández
Alvarado y sus asociados, (iv) registros relacionados a viajes de
Hernández Alvarado y sus asociados, (v) registros relacionados a
licencias de minas de fuego emitidas en Honduras a Hernández Alvarado y
sus asociados, (vi) registros relacionados a incidentes en Honduras
entre 2008 y 2018 que presuntamente involucraron conducta criminal por
parte de Hernández Alvarado y/o sus asociados, (vii) registros
relacionados a una residencia en Tegucigalpa, Honduras, asociada con
Hernández Alvarado, que fue incautada por las autoridades hondureñas en
diciembre de 2018, y (viii) registros relacionados a cuentas bancarias
en Honduras utilizadas por Hernández Alvarado y sus asociados.
URGENCIA
Rogamos
tratar esta solicitud como urgente y cumplirla lo antes posible a más
tardar el 1ro de marzo de 2019. El 23 de noviembre de 2018, Hernández
Alvarado fue arrestado en los Estados Unidos. El fiscal estima que habrá
un juicio a mediados del 2019, y necesitar por lo menos dos meses para
revisar las pruebas solicitadas a Honduras y dare seguimiento a la
investigación para prepararse para el juicio.
LOS HECHOS
A. Las asociaciones delictuosas de tráfico de drogas y armas
La
investigación de EE.UU. ha revelado que Hernández Alvarado estuvo
involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de
cargamentos de múltiples toneladas de cocaína que llegaron a Honduras
por medio de aviones, embarcaciones rápidas, y por lo menos en una
ocasión, un submarino, desde el 2004 o alrededor de esa fecha, hasta el
2016 o alrededor de esa fecha.
Hernández
Alvarado tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia,
en los cuales parte de la cocaína fue marcada con el símbolo "TH", es
decir, "Tony Hernández". Hernández Alvarado también coordinó y en
ocasiones participó proporcionando fuerzas de seguridad fuertemente
armadas para el transporte de cargamentos de cocaína dentro de Honduras,
incluyendo integrantes de la Policia Nacional de Honduras y traficantes
de drogas afinados con, entre otras armas, ametralladoras. Como parte
de esas asociaciones delictuosas de tráfico de drogas, Hernández
Alvarado y sus cómplices sobornaron a autoridades del orden público para
obtener información delicada para proteger los cargamentos de drogas y
solicitaron grandes sobornos de principales traficantes de drogas para
Hernández Alvarado y en nombre de uno o más políticos hondureños de alto
rango.
En
febrero de 2014, o alrededor de esa fecha en Honduras, Hernández
Alvarado asistió a una reunión con Devis Leonel Rivera Maradiaga,
antiguo líder de una violenta organización de tráfico de drogas de
Honduras conocida como “los Cachiros”, organizada por, entre otras
personas, un antiguo integrante de la Policia Nacional de Honduras.
Durante
parte de dicha reunión, la cual fue grabada en audio y video, Hernández
Alvarado aceptó ayudar a Rivera Maradiaga, al hacer que autoridades
gubernamentales de Honduras pagaran dinero adeudado a una o unas de las
compañías fantasma de lavado de dinero de los Cachiros a cambio de
sobornos por parte de Rivera Maradiaga. Rivera Maradiaga pagó a
Hernández Alvarado aproximadamente 50,000 dólares durante la reunión.
B. El Arresto de Hernández Alvarado y la Investigación Continua de Cómplices Adicionales.
Con
base en los cargos penales presentados ante el Tribunal de Distrito de
los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, las autoridades de
los EE.UU. arrestaron a Hernández Alvarado en los Estados Unidos el 23
de noviembre de 2018, mientras trataba de viajar desde Miami, Florida, a
Honduras, después de haber viajado a Houston, Texas, al principio de
esa semana. A Hernández Alvarado se le encontró en posesión de licencias
de armas de fuego al momento de su arresto.
Al
momento de su arresto, las autoridades del orden público entrevistaron a
Marlon Fabrizio Pacheco Morales (Pacheco Morales), quien había viajado a
Houston con Hernández Alvarado y también intentaba regresar a Honduras
el 23 de noviembre de 2018. Durante la entrevista Morales declaró, en
parte, que (u) había escuchado "rumores" que Hernández Alvarado era un
traficante de drogas, (ii) él y Hernández Alvarado habían viajado a
Houston para reunirse con Theo Franz Ucles Castillo, y (iii) Ucles
Castillo había viajado a Nebraska para inspeccionar un vehículo para una
posible compra.
De
acuerdo a registros telefónicos, Uclés Castillo había estado
previamente en contacto con un hombre que vivía en los Estados Unidos,
el cual había sido arrestado en 2017 e imputado debido a un delito de
lavado de dinero (pero más tarde el cargo the desestimado). De acuerdo a
registros de viaje, Uclés Castillo tenía planeado salir de los Estados
Unidos en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Miami
la semana del 26 de noviembre de 2018, o alrededor de esa fecha.
Uclés
Castillo no abordó el vuelo, sin embargo parece haber salido de los
Estados Unidos de una manera que le permitió evitar contacto con
personal del orden público y aduanas. Parece haber viajado en vuelos
comerciales a través de Costa Rica, Honduras y Panamá el 11 de diciembre
de 2018, o alrededor de esa fecha.
El
23 de noviembre de 2018, Pacheco Morales accedió a un cateo de su
teléfono celular y las autoridades del orden público identificaron
contactos guardados en el teléfono asociados con lugares en Honduras,
México y Colombia. Uno de esos contactos, guardado en el teléfono bajo
el nombre "Carlos México", más tarde identificado por las autoridades el
orden público como Carlos González Macias (González Macias).
Cuando
se le preguntó sobre González Macias, Pacheco Morales declare, en
parte, que (i) González Macias era dueño de una compañía mexicana a la
que el gobierno hondureño adeudaba dinero en conexión con un contrato
relacionado a construcción de caminos, y (ii) Pacheco Morales y
Hernández Alvarado se habían reunido con González Macias el 22 de
noviembre de 2018, o alrededor de esa fecha.
De
acuerdo a registros telefónicos, González Macias había estado en
contacto previamente con un individuo que se cree está involucrado en
actividades de distribución de cocaína en Houston, Texas y Atlanta,
Georgia. De acuerdo a registros bancarios obtenidos en los Estados
Unidos, González Macias está asociado con varias compañías inclusive
Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., Tradeco Ingeniería, S.A. de C.V.,
Tradeco Infrastructure, Inc., Itecsa, LLC, Advantix Payroll, LLC,
Cometa USA, Inc., y Ledergy LLC.
Después
del arresto de Hernández Alvarado, el participó voluntariamente en una
entrevista llevada a cabo por las autoridades del orden público. Durante
la entrevista, a pesar de que Hernández Alvarado declaró en ocasiones
haber viajado a los Estados Unidos para realizar compras, admitió, en
parte, que (i) había viajado a Houston para reunirse con González Macias
después de una o más reuniones previas en México, (ii) González Macias
estaba involucrado en "tratos" en México y Honduras, (iii) González
Macias tenía una compañía llamada "Tradeco" que él deseaba utilizar para
"invertir" en Honduras, y (iv) Hernández Alvarado había platicado sobre
presentar a González Macias o un asociado a un ministro en Honduras que
pudiera facilitar un trato.
Uno
de los teléfonos incautados a Hernández Alvarado en conexión con su
arresto contenía documentos relacionados a tratos comerciales que
implicaron, entre otras, a una compañía llamada Sociedad Mercantil
Tradeco de México (también referida en los documentos como "TRADECO") y
una compañía llamada Profesionales de la Construcción S.A. de C.V., y
cheques emitidos por una compañía llamada Latin American Armored Rentals
S. A. a una compañía llamada J y V Hernández S. de R.L.
C. El Asesinato de Julián Arístides González Irías
Los
fiscales están investigando a integrantes actuales y pasados de la
Policia Nacional de Honduras, incluyendo a uno o más cómplices de
Hernández Alvarado, en relación al asesinato de Julián Aristides
Gonzales Irías en Honduras en diciembre de 2009. De acuerdo a múltiples
testigos, los traficantes de drogas hondureños pagaron a integrantes de
la Policia Nacional de Honduras para matar a Gonzales Irías. En abril de
2016, se publicaron artículos en el periódico New York Times que
incluían lo que parecían ser copias de unos informes de investigación de
las autoridades del orden público de Honduras relacionados al asesinato
de Gonzales Irías. Los artículos y uno de los informes de Honduras
describen un video de vigilancia que muestra una reunión llevada a cabo
el 7 de diciembre de 2009, a aproximadamente las 7:22 p.m., que
involucra a varios integrantes de las fuerzas del orden público de
Honduras planeando el homicidio de Gonzales Irías y realizando pagos en
efectivo a participantes en el plan de asesinato.
D. Los Arrestos de Rubén Darío Pinilla y Otros por el Cultivo de Marihuana y Opio en el Departamento de Lempira
De
acuerdo a informes de los medios de comunicación, aproximadamente en el
verano de 2013, las fuerzas del orden público arrestaron e imputaron a
los ciudadanos colombianos Rubén Dario Pinilla y Fredy Hernan Roldan
Jimenez en las inmediaciones de La Iguala, Lempira, por su presunta
participación en el cultivo de marihuana y amapola, y la operación de un
laboratorio de producción de drogas en la propiedad. Un bufete de
abogados donde trabajo Hernández.
Alvarado
representó a Dario Pinilla y Roldan Jimenez, y Dario Pinilla y Roldan
Jiménez fueronliberados después de que los cargos fueran desestimados.
De
acuerdo a un testigo, en 2013 o alrededor de esa fecha, un integrante
de la Policia Nacional de Honduras en Lempira, llamado Constantino
Zavala Lainez (Zavala Laínez), indicó a otros integrantes de las fuerzas
del orden público que había colombianos en Lempira cultivando marihuana
y opio, y que no se debería molestar a dichos hombres porque se
encontraban bajo la protección de Zavala Laínez y Hernández Alvarado. En
2013, o alrededor de esa fecha, el testigo se reunió con Hernández
Alvarado y Zavala Lainez para platicar sobre los arrestos de Dario
Pinilla y Roldan Jiménez, y Hernández Alvarado le agradeció a Zavala
Lainez por su protección.
De
acuerdo a informes de los medios de comunicación, Dario Pinilla fue
arrestado por segunda vez en enero de 2014, o alrededor de esa fecha,
por su presunta participación en el cultivo de marihuana y amapola en la
misma propiedad en La Iguala.
El
ciudadano hondureño Gester Orlando Jacinto Mirando también fue
arrestado junto con Dario Pinilla en conexión con el incidente de enero
de 2014. Finalmente, informes de los medios de comunicación indican que
los fiscales y la policía involucrados en los arrestos y procesamientos
de 2013 y 2014 fueron investigados por corrupción relacionada con el
procesamiento fallido, que los participantes de la investigación,
incluyendo Darío Pinilla, dieron declaraciones a las autoridades del
orden público en conexión con la investigación de corrupción, y que
Josué Constantino Zavala Laínez fue suspendido alrededor de febrero de
2014. De acuerdo a un testigo, en marzo de 2014, después de una reunión
en la que participó Hernández Alvarado, Walter Levi Guerrero, quien era
un integrante de las fuerzas del orden público de Honduras que había
participado en la investigación de Darío Pinilla y Roldan Jimenez, fue
asesinado en San Pedro Sula.
E. Presuntos Usos de Ganancias Ilícitas
De
acuerdo con las declaraciones de testigos, Hernández Alvarado y algunos
de sus familiares y asociados han comprado bienes valiosos, incluyendo
varias aeronaves y bienes raíces en los Estados Unidos. Los fiscales
están investigando si Hernández Alvarado o sus familiares y asociados
utilizaron ganancias ilícitas para comprar dichos bienes con el
propósito de esconder la naturaleza ilícita de los fondos.
Alrededor
de 2012, un familiar de Hernández Alvarado participó en la compra de un
avión Beechcraft King Air utilizando un testaferro llamado Félix
Francisco Pacheco Reyes y una compañía hondurefla de nombre Aviation
Partners S. de R.L., CV. El avión fue registrado en los Estados Unidos
al momento de su compra, y actualmente se encuentra registrado en
Honduras bajo el registro HR-AXL.
La
titularidad del avión fue transferida de Aviation Partners S. de R.L.,
CV a Inversionistas Technologicos Unidas [sic] S.A. Se cree que el avión
está almacenado en un hangar en Tegucigalpa, junto con un helicóptero
Bell 429 con registro hondureño HK-GCA y un avión King Air 200 con
registro hondureño HR-CLW, que también pertenecen a familiares de
Hernández Alvarado a través de uno o más intermediarios.
De
acuerdo a un testigo, oficiales hondureños utilizan fondos del gobierno
de Honduras para alquilar estas aeronaves para asuntos oficiales, y una
porción de esos fondos del gobierno en última instancia se paga a la
familia de Hernández Alvarado a través de intermediarios como Pacheco
Reyes.
F. La Incautación de Fondos y Bienes de Hernández Alvarado en Honduras
El
17 de diciembre de 2018, el Ministerio Publico de Honduras emitió un
comunicado de prensa describiendo incautaciones de bienes pertenecientes
a Hernández Alvarado en Honduras.- Los fiscales solicitan pruebas y
documentos relacionados a las incautaciones para utilizarlos en los
Estados Unidos durante el juicio de Hernández Alvarado.
De
acuerdo al comunicado de prensa del Ministerio Público, en junio de
2018, las fuerzas del orden público incautaron aproximadamente 193,220
dólares estadounidenses y documentos en Cofradía, Cortes, de un
compartimiento escondido en un vehículo ocupado por Magdaleno Meza Funez
(quien utiliza el alias Nery Orlando López Sanabria), Erika Julissa
Bandy Garcia, Maximiliano Echeverría García, José Santos Mejía Lainez, y
Daniel Alberto Ticas Santos.
Las
pruebas de la incautacion sugirieron que Hernández Alvarado estaba
vinculado al grupo, y Hernández Alvarado realizo declaraciones a las
autoridades en conexión con la investigación. En diciembre de 2018 o
alrededor de esa fecha, las autoridades hondureñas incautaron bienes de
Hernández Alvarado, incluyendo una residencia en la sección Palmeras de
San Ignacio en Tegucigalpa, con número de registro 1172596, cuatro vehículos y cinco cuentas bancarias.
NECESIDAD DE LA ASISTENCIA SOLICITADA
Se
solicitan estos registros y otras pruebas porque el fiscal espera poder
utilizar estos materiales (i) en el juicio, como pruebas de los delitos
de armas y talk° de drogas imputados a Hernández Alvarado, (ii) durante
la sentencia, como pruebas de las características personales de
Hernández Alvarado que son relevantes al castigo, y (iii) en conexión
con la investigación de los cómplices conocidos y desconocidos de
Hernández Alvarado, la cual se encuentra en curso.
INDIVIDUOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN
1. Juan Antonio Hernández Alvarado
2. Marlon Fabrizio Pacheco Morales
3. Theo Franz Ucles Castillo
4. Carlos González Macias
5. Rubén Dario Pinilla
6. Fredy Hernan Roldan Jiménez
7. Gester Orlando Jacinto Mirando
8. Josue Constantino Zavala Lainez
9. Félix Francisco Pacheco Reyes
10. Amado Antonio Fernández Orellana
11. Gerardo Tulio Martínez Pineda
12. Magdaleno Meza Funez
13. Nery Orlando López Sanabria
14. Maximiliano Echeverría García
15. José Santos Mejía Lainez
16. Daniel Alberto Ticas Santos
17. Devis Leone! Rivera Maradiaga
18. Latin American Armored Rentals S.A.
19. J y V Hernández S de R.L.
20. Profesionales de la Construcción S.A. de C.V.
21. Sociedad Mercantil Tradeco de México
22. Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.
23. Tradeco Infrastructure, Inc.
24. Tradeco Ingenieria, S.A. de C.V.
25. Itecsa, LLC
26. Advantix Payroll, LLC
27. Cometa USA, Inc.
28. Ledergy LLC
29. Aviation Partners S. Be R.L., CV
30. Inversionistas Technologicos Unidas [sic] S.A.
Por: Oscar Miguel Marroquín
Antes
que nada, me gustaría recordar junto a usted amigo lector aquel dicho
popular: “A TODO CERDO LE LLEGA SU NAVIDAD”, naturalmente que con el
respeto que se merecen los animales denominados cerdos, en este caso no
me refiero precisamente a esos animales, sino más bien, a aquellos que
valiéndose de su posición de funcionarios públicos han hecho del erario
hondureño su propio botín personal y que no bastándoles con eso, también
han incursionado en el mundo del narcotráfico, lavado de activos y
otras tantas acciones criminales más, por supuesto que acompañados
directa o indirectamente por las deshonrosas Fuerzas Armadas, pastores
evangélicos, periodistas tarifados, en fin acompañados de toda la
reserva de inmoralidad existente en el país.
Valiéndome
entonces de esa frase popular creo que es indispensable arrimársela a
Juan Orlando Hernández, pues tal como pinta el panorama, al calendario
de JOH se le terminaron los días, o mejor dicho, a JOH le llegó la hora
no solo de abandonar casa presidencial, sino además, de rendir cuentas
ante la justicia por todos los asesinatos cometidos contra ciudadanos
hondureños, por todo lo robado, por su complicidad con el narcotráfico,
por su traición a la patria, y quien sabe por cuantos delitos más.
Desde
mi particular punto de vista, creo que no hay poder alguno en este
planeta que pueda evitar que JOH y sus cómplices puedan evadir la cárcel
en la cual vivirán sus últimos días; ¿sobre la base de que sostengo lo
anterior?
En
El Salvador nadie, absolutamente nadie, imaginó que algún día un
expresidente iría a parar a la cárcel por delitos de corrupción y lavado
de activos, sin embargo, los expresidentes Francisco Flores Pérez y
Elías Antonio Saca ambos del partido Alianza Republicana Nacionalista
ARENA (similar al Partido Nacional de Honduras) han sido sentado en el
banquillo de los acusados y, Antonio Saca ya ha sido condenado por la
justicia salvadoreña; Guatemala también dio el campanazo el expresidente
Otto Pérez Molina también duerme ya en una fría, dura y reducida cárcel
por actos de corrupción y otros crímenes contra el pueblo guatemalteco.
Nota relacionada A JOH se le agotó el tiempo y busca ansiosamente impunidad
Los
ejemplos anteriormente mencionados, son más que suficientes como para
asegurar que Juan Orlando Hernández no será la excepción, y que la
justicia terminara por alcanzarlo y sentarlo en el banquillo de los
acusados; militares y policías de alto rango, así como funcionarios
públicos, banqueros y hasta algunos “pastores” tendrán que acompañarlo
por su complicidad directa o indirecta por todos los delitos cometidos
contra el pueblo hondureño, es decir, por los delitos de corrupción,
lavado de activos, crímenes selectivos contra estudiantes, profesores,
periodistas, defensores del medio ambiente, y otros más.
No
cabe duda alguna que la justicia en Honduras más temprano que tarde
terminará por imponerse y, que la impunidad será cosa del pasado; en
otras palabras, la institucionalidad del país recobrará vida, solamente
entonces la ciudadanía hondureña podrá estar completamente segura de que
nadie, absolutamente: NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY.
Por eso es por lo que sostengo que, créalo usted o no a JOH le llegó inevitablemente la hora de responder ante la justicia.
Ezequiel y su sueño de reencontrarse con sus padres y hermanos
17 de mayo de 2019
El 07 de abril está marcado en la
memoria de Miriam Melgar, una hondureña que debido a las condiciones de
pobreza se vio obligada a migrar hacia Estados Unidos junto a su esposo y
dos de sus tres hijos. Ese día, en medio de una entrevista recibió la
llamada que más dolor ha caso hasta el momento, la muerte de su tercer
hijo, Ezequiel de apenas 7 años de edad, quien intentaba llegar a su
encuentro.
Dos meses antes Miriam, su esposo y sus
dos pequeños hijos salieron del municipio de Morazán, Yoro, buscando
mejorar las condiciones económicas en que se encontraba la familia,
además de brindar atención médica a su hija menor, quien fue intervenida
quirúrgicamente en varias ocasiones en Honduras. Llevar a los 3 hijos
complicaba el viaje, decidieron que Ezequiel Adonay Bonilla Melgar, se
quedara con sus abuelos, hasta que ellos llegaran a su destino, Estados
Unidos.
Dos meses después de llegar decidieron
que era hora de reencontrarse con el pequeño Ezequiel, a quien extrañaba
y quien pedía juntarse nuevamente con sus padres y hermanos. Se
planificó el viaje, el menor se fue con un tío y tres familiares más.
Con gran dolor sus abuelos lo
despidieron. Dolía separarse de un niño alegre y quien siempre buscaba
protegerlos, era su compañía en los días de ausencia y nostalgias. La
preocupación llegó 7 días después, cuando les notificaron que la lancha
donde viajaban se dio vuelta en medio de las peligrosas aguas del río
Bravo, frontera México-Estados Unidos.
Desde que la información llegó a la
familia, su padre Ronan Danilo Bonilla, pidió al Consulado de Honduras
en Atlanta, donde viven ahora, ayuda en la búsqueda de su hijo;
lamentablemente el cuerpo del pequeño Ezequiel fue encontrado días
después en McAllen, Texas.
En medio de una entrevista la madre
recibió una llamada, allí le notificaron que el cuerpo de su hijo
apareció. “Ay esos son sus zapatitos mi amor, son sus zapatitos, ay son
los calcetines que yo le dejé; ay Dios mío son los calcetines de mi
hijo, ay mi hijo Dios mío, mi hijo, mi hijo murió, mi hijo se murió”,
fueron los gritos desgarradores de esta madre, quien intentaba ser
controlada por su esposo.
Tanto en Honduras como Estados Unidos
los familiares de Ezequiel lloran la ausencia de su pequeño niño,
lamentan que hechos tan dolosos como este sea el resultado de la falta
de oportunidades en Honduras, lo que obliga a la familia a huir buscando
seguridad y oportunidades para vivir en dignidad. Sus padres pueden a
las autoridades hacer acciones que logren detener los peligros que
enfrentan los migrantes en el camino que van desde morir ahogado, como
pasó con su hijo, ser mutilados por el tren o ser víctimas por bandas de
extorsión y crimen organizado.
Se dispara el número de migrantes
Más de 76 mil extranjeros sin documentos
cruzaron sin autorización únicamente el mes de febrero, lo que duplica
la cifra registrada durante el mismo período de tiempo el año anterior,
según informaron este martes las autoridades de la Oficina de Patrulla
Fronteriza. Se trata de la mayor cifra para un febrero en los últimos 12
años. El aumento se ha visto impulsado por las familias, que, por
cuarta vez en cinco meses, ha batido récords. Los agentes han retenido
desde octubre pasado —cuando arrancó el nuevo año fiscal— hasta la fecha
a 136.150 miembros de “unidades familiares”. En solo cinco meses ya se
ha pulverizado la marca de 107.212 personas registrada durante todo el
último año fiscal, que a su vez fue más del doble que en 2016.
Las cifras llegan en un momento en que
el presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional en EE UU
alegando una crisis de inmigración y de entrada de drogas, con el fin
de desviar fondos para la construcción del muro fronterizo con México.
Sin embargo, al menos cuatro
legisladores republicanos votarán a favor de una resolución demócrata
para detener la medida del mandatario al considerar que socava la
separación de poderes. Y es que, apartando los datos de las unidades
familiares, las cifras de los últimos años muestran una caída importante
en las detenciones de inmigrantes irregulares a partir de 2006.
El primer año de Trump en la Casa
Blanca, el descenso continuo terminó por alcanzar la cifra más baja
desde 1971, 303 mil 916 personas.
“Es el momento de luchar por el rescate de la salud y educación pública”
17 de Mayo de 2019
Aglutinados en la Plataforma en Defensa
de la Salud y la Educación, los médicos y maestros han emprendido
acciones que aseguran se encaminan a evitar la privatización de estos
dos servicios que son derechos innegociables para el pueblo hondureño.
“Estamos en el momento. Éste es el
momento en que, si el pueblo y las organizaciones del pueblo toman como
punto de referencia el movimiento unitario de salud y la educación, que
por primera vez en la historia se unen, si se le cumple a salud la lucha
no termina hasta que se le cumpla a educación”, manifestó a Radio
Progreso el presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras,
Colpedagogosh, Edwin Hernández.
Un buen protagonismo está tomando la
Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación que aglutina a unas 18
organizaciones y sindicatos tanto del sector salud como educación. Esta
Plataforma nace hace varios meses en la ciudad de El Progreso, Yoro,
integrada el Colegio Médico capítulo de la Perla del Ulúa como por la
Mesa de la Indignación en defensa del hospital público progreseño ante
el acecho de Organizaciones No Gubernamentales, Ong´s, que buscan
administrar los hospitales públicos del país.
Las demandas son claras. En el tema de
salud se pide al Congreso Nacional que derogue el Decreto Legislativo
número 56-2015 que contiene la Ley Marco de Protección Social. También
que se deje sin valor y efecto el Decreto Ejecutivo PCM-026-2018,
relativo a la creación de la Comisión Especial para la Transformación
del Sistema Nacional de Salud.
En el campo de la educación se demanda
eliminar el Decreto PCM027-2018 que crea la Comisión Especial para la
Transformación en el Sistema de Educación. También dejar sin valor y
efecto los decretos ejecutivos 005-2019 y 008-2019 que dan vida a la
declaratoria de Estado de Emergencia en el sistema nacional de Salud y
Educación.
Hernández sostiene que la ciudadanía
está acuerpando la lucha. “Al resto de la ciudadanía les pedimos que se
incorporen, éste es el momento de defender la gratuidad de la salud y
educación y sobre todo procesos de calidad en los servicios de educación
y salud”, dijo el dirigente magisterial.
Radio Progreso (RP) dialogó con Edwin
Hernández (ER), presidente del Colpedagogosh sobre la lucha que ahora se
desarrolla en el país.
EH. ¿Quiénes están en defensa de la salud y la educación pública?
RP. Estamos constituidos en la
Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación y no solamente es el
gremio médico y el gremio magisterial, es el sector salud y el sector
educación porque están un fuerte grupo de sindicatos, actualmente la
Plataforma somos 18 organizaciones, unas de salud y otra de educación e
incluimos el Infop. Estamos esperando la incorporación de los compañeros
del Sindicato del Registro Nacional de las Personas.
EH. ¿Cuál ha sido la ruta que ha transitado el tema de la educación y la salud en el país?
RP. Contrario a los países en
desarrollo, en los países donde hay regímenes verdaderamente
democráticos conduciendo el país, y voy hablar del caso específico de
Bolivia donde más del 12% del Producto Interno Bruto se destina a
educación, en menos de diez años han llegado al 0% de analfabetismo,
pero son los gobiernos visionarios que creen en el pueblo y que hay que
invertir en el pueblo. En Honduras no llegamos ni al 4% de inversión del
PIB. Eso ha llevado consigo el recorte de algunos renglones tanto, que
ahora el Estado únicamente se limita a pagar los salarios de los
trabajadores y un poquito de medicina.
EH. ¿Por qué ustedes, como maestros, estaban arrinconados en los centros educativos?
RP. Después de 10 años de verdadera
represión por parte del partido en el gobierno, hemos sido relegados por
el miedo en el cual no podíamos salir ni siquiera a las calles porque
el decreto PCM 16-2011 y el PCM 40-2012 nos han tenido obligados a
replegarnos, a no manifestarnos y a mantenernos en los centros
educativos porque esos decretos llaman al despido inmediato para los
compañeros que se incorporen a la lucha.
EH. ¿Y qué pasó ahora?
RP. Pero como todo régimen totalitario
llegamos a lo que tenían que llegar: nos robaron todo menos el miedo.
Como no tenemos estamos en las calles tanto que ahora no nos interesa y
no nos importa si nos van a reprimir, si nos van quitar el trabajo y si
nos van a reducir el salario.
EH. ¿Cuál es el interés de privatizar la educación?
RP. Para este gobierno la salud y la
educación es el negocio de sus amigos, por tanto, siguiendo las
políticas neoliberales, ellos están entregando todo lo que supuestamente
pueden ser rentable para sus amigos empresarios. Les entregaron las
carreteras, los aeropuertos, ya subrogaron algunos servicios de salud,
ese es el mecanismo que llevan, complacer en primer lugar al Fondo
Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, a los
conductores de ese Neoliberalismo y sobre todo crear negocios fuertes
para que después, por medio de prestanombres o testaferros, logren,
infiltrarse en la empresa privado tanto que, hoy el más grande
empresario de Honduras es el que usurpa el poder.
EH. ¿Qué piensa usted de que la asamblea haya desautorizado negociar a la dirigencia?
RP. Hay compañeros de la dirigencia
magisterial que dicen que cómo es posible que nosotros promovamos que la
base, en esta coyuntura histórica, superó a la dirigencia, y ellos
dicen que no es cierto, nosotros, desde el Colegio de Pedagogos, decimos
que sí es cierto, quien está conduciendo es la base y no nosotros a la
base.
EH. ¿Cómo se explica eso?
RP. Hay algo claro, lo definió Lenin en
su momento, lo planteó Mao Tse-Tung en su momento, la misma historia lo
ha demostrado: cuando la base supera a la dirigencia quiere decir que
estamos en un proceso de insurrección.
EH. ¿Cómo entiende usted ese proceso?
RP. El proceso insurreccional es el
momento en que el pueblo se desborda y camina, independientemente de
cualquier dirección, hacia el logro de sus objetivos, claro la población
está en contra especialmente de la Enee y la Energía Honduras, está en
contra del extractivismo, está en contra de la represión, está en contra
de todo lo que está sucediendo entonces, qué dirección le ha dicho a
los compañeros de Chamelecón que se tomen las calles, nadie, ellos salen
solos por su propia cuenta, el caso de la Colonia Kennedy, el caso de
Choluteca, tantos ejemplos que tenemos en Honduras que no son conducidos
por nadie.
EH. ¿Se necesita transformar el sistema de salud y educación?
RP. Claro, es necesario y es urgente.
EH. ¿Cómo lograrlo?
RP. Que cuando se hable de
transformación no es sinónimo de privatización porque si usted lee todos
los decretos que hablan de transformación conducen a la privatización,
no es ese el caso. Desde el momento en que se diseña el proyecto, de
hacerlo ley y de ponerlo en práctica debemos estar los actores del
sistema de salud y educación porque no podemos venir a cometer los
errores que se cometen actualmente.
EH. ¿Cuáles errores?
RP. Quién está dirigiendo la Secretaría
de Educación: un Ingeniero Forestal. No sé yo qué experiencia pueda
tener él en conducir una secretaría, viene de administrar árboles,
loros, venados y todas esas cuestiones, y lo envían a administrar la
Secretaría de Educación. Después vienen y nos nombran, que para nosotros
deberían ser de mucho orgullo pero no, una licenciada en pedagogía a
administrar la Secretaría de Salud, eso denota que no está la persona
indicada dirigiendo el país.
EH. ¿Cuál sería el siguiente paso?
RP. Una vez tengamos las personas
idóneas, debemos comenzar a sentar todos los organismos para definir de
qué forma debe ser esta transformación, hasta dónde debe ser dirigido,
hacia donde debe dirigirse, con qué métodos, qué objetivos. Después
pasamos a la parte teórica, la parte de escribir el proyecto para
presentarlo al Congreso Nacional. Si eso se diera, nosotros diríamos que
tendríamos 100% de éxito en el futuro tanto en salud como educación,
pero lastimosamente, en un país como el nuestro bajo un orden
dictatorial, no queda de otra que la imposición.
EH. ¿Es éste el momento que puede dar un giro importante en la historia que lleva el país?
RP. Estamos en el momento. Si el pueblo y
las organizaciones toman como punto de referencia el movimiento
unitario de salud y la educación, que por primera vez en la historia se
unen, podremos lograr que se cumplan las demandas en salud y educación.
EH. ¿Qué esperan de la ciudadanía?
RP. No, ya no esperamos nada. La
ciudadanía ya está con nosotros, nos está acompañando, está en la lucha.
La gente del pueblo nos acompaña a las manifestaciones y esperan a que
los conductores de la Plataforma digan vamos a las calles y ellos
disciplinadamente van. Al resto de la ciudadanía le pedimos que se
incorporen, éste es el momento de defender la gratuidad de la salud, la
gratuidad de la educación y sobre todo procesos de calidad en los
servicios de educación y salud.
En el marco de la lucha por la salud y educación: Médicos señalan como dictador abusivo al presidente de la República
Friday, 17 May 2019 10:58 Written by German Reyes Published in Contexto - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Con asambleas informativas y movilizaciones en todas las regiones
del país, los médicos y maestros de Honduras continuaron este miércoles
15 de mayo de 2019, sus medidas de presión para lograr la derogatoria de
varias leyes aprobadas por el gobierno, encaminadas a la privatización
de los ya quebrantados sistemas de salud y de educación.
Para tal fin las diversas organizaciones magisteriales y el gremio
médico se han unido en la llamada Plataforma Social para la Defensa de
la Educación y la Salud, organismo que desde inicios de mayo le ha
solicitado al gobierno, la derogación de la Ley de Reestructuración y
Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación.
Para los maestros y los médicos, declarados en resistencia, esta legislación golpea a los hondureños más pobres que reciben educación en las escuelas y colegios oficiales y atención médica en los centros de salud y hospitales públicos del país.
Entre otras cosas consideradas lesivas mediante un decreto de emergencia, aprobado por 24 meses prorrogables, la ley autoriza a los ministros de educación y de salud a despedir y contratar trabajadores, apoyados en las Comisiones Especiales, que se encargarán de elaborar los reglamentos y manuales para la selección, contratación y reasignación del personal.
Y por tal razón los gremios no solo exigen la derogación de Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, sino también los decretos, PCM 026-2018, PCM 027-2018, PCM 005-2019 y PCM 008-2019, que determinan y ratifican los estados de emergencia, en las dos secretarías de Estado.
También en estos decretos están contenidas las creaciones de las Comisiones Especiales en Salud y Educación, conformadas por personas afines con el presidente Juan Hernández.
Entre los miembros de estas comisiones figuran los representantes de varias organizaciones civiles; pastores de iglesias; la ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y la ex ministra de educación, Rutilia Calderón, entre otros colaboradores del gobierno.
Recientemente la Plataforma Social emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo para la derogación de esas leyes, pero los funcionarios del gobierno central y diputados oficialistas anunciaron que no lo van a hacer. Y a la vez, llamaron a los gremios a integrarse a sus labores y a un diálogo que según ellos, los conduciría a resolver el problema.
Mediante un comunicado de fecha 06 de mayo, la Plataforma Social, emplazó al gobierno para que en un término de 48 horas procediera a derogar esos decretos, pero al vencerse el plazo, sin resultados el pasado lunes 13 de mayo, se reincorporaron a las acciones, manteniendo solo la atención médica a los pacientes de los diferentes centros asistenciales, y los maestros estableciendo asambleas informativas en los diferentes centros educativos del país.
Dictador abusivo
En la asamblea realizada la mañana de este miércoles, en las instalaciones del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras,(COPEMH), la Presidenta del Colegio Médico de Honduras,(CMH), Suyapa Figueroa, calificó de “dictador y abusivo”, al presidente Juan Hernández. Para ella, el mandatario, declara emergencias para eliminar los estatutos profesionales, garantías fundamentales de los hondureños y para hacer compras y contrataciones de manera directa.
“Y no nos podemos sentar a dialogar con corruptos, primero que deroguen los decretos porque el pueblo está con nosotros”, indicó Figueroa.
Esta posición ha sido respaldada por el presidente del COPEMH, Leonel Escoto.
Según Escoto los maestros no pueden sentarse a negociar con un gobierno que no ha demostrado voluntad para tratar temas tan sensibles como lo son la educación y la salud, dos sectores que en la última década han estado olvidados y limitados en sus partidas presupuestarias. “Los decretos de emergencia tienen que ser derogados y después sentémonos”, sostuvo.
Al culminar la asamblea en Tegucigalpa, al filo del mediodía, los docentes marcharon desde el COPENH hasta las oficinas del Instituto de Previsión del Magisterio,(INPREMA), otra de las entidades de previsión, quebradas por el saqueo de recursos que han provocado los gobiernos surgidos después del golpe de Estado, en junio del 2009.
Para los maestros y los médicos, declarados en resistencia, esta legislación golpea a los hondureños más pobres que reciben educación en las escuelas y colegios oficiales y atención médica en los centros de salud y hospitales públicos del país.
Entre otras cosas consideradas lesivas mediante un decreto de emergencia, aprobado por 24 meses prorrogables, la ley autoriza a los ministros de educación y de salud a despedir y contratar trabajadores, apoyados en las Comisiones Especiales, que se encargarán de elaborar los reglamentos y manuales para la selección, contratación y reasignación del personal.
Y por tal razón los gremios no solo exigen la derogación de Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, sino también los decretos, PCM 026-2018, PCM 027-2018, PCM 005-2019 y PCM 008-2019, que determinan y ratifican los estados de emergencia, en las dos secretarías de Estado.
También en estos decretos están contenidas las creaciones de las Comisiones Especiales en Salud y Educación, conformadas por personas afines con el presidente Juan Hernández.
Entre los miembros de estas comisiones figuran los representantes de varias organizaciones civiles; pastores de iglesias; la ex rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y la ex ministra de educación, Rutilia Calderón, entre otros colaboradores del gobierno.
Recientemente la Plataforma Social emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo para la derogación de esas leyes, pero los funcionarios del gobierno central y diputados oficialistas anunciaron que no lo van a hacer. Y a la vez, llamaron a los gremios a integrarse a sus labores y a un diálogo que según ellos, los conduciría a resolver el problema.
Mediante un comunicado de fecha 06 de mayo, la Plataforma Social, emplazó al gobierno para que en un término de 48 horas procediera a derogar esos decretos, pero al vencerse el plazo, sin resultados el pasado lunes 13 de mayo, se reincorporaron a las acciones, manteniendo solo la atención médica a los pacientes de los diferentes centros asistenciales, y los maestros estableciendo asambleas informativas en los diferentes centros educativos del país.
Dictador abusivo
En la asamblea realizada la mañana de este miércoles, en las instalaciones del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras,(COPEMH), la Presidenta del Colegio Médico de Honduras,(CMH), Suyapa Figueroa, calificó de “dictador y abusivo”, al presidente Juan Hernández. Para ella, el mandatario, declara emergencias para eliminar los estatutos profesionales, garantías fundamentales de los hondureños y para hacer compras y contrataciones de manera directa.
“Y no nos podemos sentar a dialogar con corruptos, primero que deroguen los decretos porque el pueblo está con nosotros”, indicó Figueroa.
Esta posición ha sido respaldada por el presidente del COPEMH, Leonel Escoto.
Según Escoto los maestros no pueden sentarse a negociar con un gobierno que no ha demostrado voluntad para tratar temas tan sensibles como lo son la educación y la salud, dos sectores que en la última década han estado olvidados y limitados en sus partidas presupuestarias. “Los decretos de emergencia tienen que ser derogados y después sentémonos”, sostuvo.
Al culminar la asamblea en Tegucigalpa, al filo del mediodía, los docentes marcharon desde el COPENH hasta las oficinas del Instituto de Previsión del Magisterio,(INPREMA), otra de las entidades de previsión, quebradas por el saqueo de recursos que han provocado los gobiernos surgidos después del golpe de Estado, en junio del 2009.
