¡ALERTA! A 77 ASCIENDEN VÍCTIMAS DE 25 MASACRES EN HONDURAS
- Publicado: 26 Abril 2019
Esta
mañana en San Pedro Sula, se ha reportado una nueva masacre, cobrando
la vida de tres jóvenes, siendo ya 25 las que se han registrado en lo
que va de 2019, según el conteo de EL LIBERTADOR. Ayer otro homicidio
doble trascendió en Santa Bárbara.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Hoy Honduras ha registrado la masacre número 25 en lo que va de 2019,
la sangre sigue corriendo en el país y el clima de violencia no parece
mejorar, ya son 77 las personas que perdieron la vida en homicidios
múltiples.
Esta
mañana, en medio de protestas por la privatización de la Salud y
Educación de los hondureños, en San Pedro Sula, tres jóvenes fueron
acribillados en la colonia Villa Florencia.
Según
el testimonio de los vecinos, la lluvia de balas llegó de una camioneta
negra de la marca Ford. Oficiales de Policía reportaron que ya
iniciaron operativos para dar con el vehículo. Por ahora no se han
reconocido la identidad de los occisos.
En tanto, ayer en Santa Bárbara, en un doble asesinato perecieron Mario Perdomo de 40 años y Juan Carlos Pérez de 28, ambos varones, según el reporte tenían heridas de bala.
¡EMERGENCIA HONDURAS! CINCO ASESINATOS HOY SUMAN 67 EJECUTADOS EN 21 MASACRES
- Publicado: 16 Abril 2019
Hoy
en Olancho se ha reportado una nueva masacre donde cinco personas han
perdido la vida, sumando ya 21 homicidios múltiples en lo que va del
año, cobrando la vida de 67 personas, según el sondeo de EL LIBERTADOR,
donde se incluye los homicidios dobles.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
La sangre sigue corriendo en Honduras. Hoy se ha registrado una nueva
masacre, dejando como resultado la muerte violenta de cinco personas en
el departamento de Olancho, zona oriental del país. En ese contexto, se
han registrado ya 21 homicidios múltiples en lo que va de 2019.
En
tanto, de las 21 masacres registradas por EL LIBERTADOR, donde se
incluyen los homicidios dobles, revela que son ya 67 los hondureños que
han sido ejecutados.
Las
víctimas de este nuevo crimen violento, fueron identificadas como
familiares de Lucio Rivera, líder de la banda criminal que lleva su
nombre y quien en el pasado fue condenado a 104 años de reclusión por
delitos de asociación ilícita y asesinato.
Según
el análisis de la Policía, las víctimas son el padre de Lucio Rivera,
don José Matías Rivera; la esposa de éste, Dora María; Astrid, cónyuge
de Lucio; un joven llamado Junior, empleado de la familia; y, Karina
Meza, también trabajadora. En este hecho, sobrevivió José Visitación
Rivera, quien se encuentra en un centro asistencial de la zona.
A
este crimen, se suma el ocurrido el pasado domingo en Intibucá, al
occidente de la capital hondureña, donde fueron asesinados José Lucas
Hernández de 29 años y un menor de edad identificado como José Wilson
Lemus (16).
Según
la familia, ambos salieron de sus hogares el viernes en la tarde para
ayudar a destazar una vaca en la aldea de “La Paca”, en el municipio de
Ojuera en Santa Bárbara. Los jóvenes regresarían el sábado a la aldea
“Ceibita” del municipio de San Francisco de Opalaca; sin embargo, fueron
intersectados por desconocidos que les arrebataron la vida.
Los
familiares han denunciado que en la zona ha entrado a operar una banda
de asaltantes y asesinos, por lo que no descartan que este grupo haya
cometido el crimen, aprovechando la zona montañosa donde fueron
encontrados los cadáveres.
El
anterior suceso, ocurrió el pasado viernes, en la colonia San José del
Pedregal, en San Pedro Sula, norte de Honduras, donde fue acribillada la
abogada Ana Lourdes Arriaga, exdefensora de los extraditados, Carlos
Arnaldo (Negro Lobo) y Sergio Neptaly Mejía. En el suceso, también
perdió la vida su cuñado José María Maradiaga.
Los
vecinos contaron a la Policía que un automóvil tipo turismo de color
gris, interceptó el Jeep en el que transitaba la pareja, que
posteriormente fue asesinada con una lluvia de balas.
Más
temprano ese día, la Policía Nacional hizo el levantamiento de cuerpo
de Ismael Domingo Galeas y Wilmer Castro, quienes supuestamente eran
empleados en una finca de caña de Agua Blanca Sur, en la ciudad de El
Progreso.
De
acuerdo con el informe preliminar de los oficiales, Domingo Galeas,
habría sido miembro activo de la mara “Barrio 18” y supuestamente vendía
droga en la cañera.
¡EMERGENCIA! 46 HONDUREÑOS ASESINADOS EN 13 MASACRES EN LO QUE VA DE 2019
- Publicado: 07 Marzo 2019
Otros
ocho hondureños perdieron la vida en dos nuevas masacres, suscitadas el
pasado martes, la primera se registró en la ciudad de La Ceiba,
Atlántida y por la tarde, ocurrió otra en el sector de Chamelecón, San
Pedro Sula, sumando en total 13 homicidios múltiples en lo que va del
año, cobrando la vida de 43 personas.
Además,
de acuerdo a datos de la Policía Nacional, sumando los crímenes
individuales, en 2019 se han registrado más de 530 muertes violentas
hasta febrero.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
El pasado martes 5 de marzo, se registraron dos nuevos homicidios
múltiples en el norte de Honduras, el país está en emergencia, porque ya
se reportan 13 masacres en lo que va de 2019, cobrando la vida de 46
personas, que sumado a los delitos individuales, entre enero y febrero,
se contabilizan más de 530 muertes violentas.
Los
números, reflejan el estado de emergencia del país, ya que en enero,
suscitaron 10 de estos crímenes, que en comparación a 2018, denota
incremento “salvaje”, puesto que hasta el día 28 de ese año pasado, solo
se reportó una masacre.
La
última masacre registrada este martes, ocurrió el 2 de febrero en San
Francisco Opalaca, Intibucá; sin embargo, en esa fecha, en La Ceiba,
cuatro personas fueron acribilladas a inmediaciones del centro de la
ciudad, estos habrían sido raptados por personas con indumentaria
similar a la que utiliza la Dirección Policial de Investigación (DPI).
Más
tarde, ese día, otros cuatro hondureños fueron acribillados en la
décimo tercera masacre en lo que va de 2019, se conoció que dos de las
víctimas tenían apenas dos días de haber salido de la cárcel de máxima
seguridad “El Pozo”, ubicada en Ilama, Santa Bárbara.
De
los primeros diez homicidios múltiples, la capital, Tegucigalpa, fue
una de las ciudades donde más sangre se derramó, registrando dos de esas
masacres en las colonias Villanueva y El Carrizal.
Cabe
destacar que el 2018, cerró con 39 masacres apagando la vida de unas
137 personas. De acuerdo con la Policía Nacional, se contabiliza como
homicidio múltiple un hecho violento que cobra la vida de tres o más
personas.
En
su momento, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general René Ponce, dijo
que estos hechos violentos eran “cosas aparte”, y que ocurrían con el
único propósito de empañar el trabajo del Gobierno en materia de
Seguridad.
Más de 80 personas han sido criminalizadas por manifestarse en la zona sur de Honduras
Desde el 27 de noviembre de 2017, un día
después de las cuestionadas elecciones, que colocaron a Juan Orlando
Hernández en la presidencia, la ciudadanía de las diferentes comunidades
del departamento de Choluteca se ha mantenido en manifestaciones de
rechazo y demandas colectivas.
Los pobladores y pobladores del
departamento sureño de Choluteca han establecido los días miércoles y
sábado para ejercer su legítimo derecho a la protesta. En las
manifestaciones, los ciudadanos y ciudadanas no solo rechazan la
administración nacionalista, sino que también el alto costo de la
factura por consumo de energía, la falta de medicamentos en los centros
hospitalarios y la instalación de proyectos extractivistas como los
fotovoltaicos.
De acuerdo a la coordinadora de la
Asociación Para Una Ciudadanía Participativa (ACI-PARTICIPA), Hedme
Castro, en los dos últimos años, 86 personas han sido criminalizadas por
manifestarse en contra de los abusos y violaciones a los derechos
humanos.
Castro indica que los pobladores del
sector Costa Azul y Los Prados, por ejemplo, han sido acusados de los
delitos de usurpación, daños, detentación de edificios y por atentar
contra el Estado de Honduras.
En ese sentido, la coordinadora de
ACI-PARTICIPA detalla que acompaña el caso de 43 pobladores del sector
Víctor Argeñal que han sido criminalizados por oponerse a los proyectos
fotovoltaicos en esa zona.
“Las paredes de las casas se han rajado,
las aves al pasar mueren, el calor ha aumentado en las zonas y han
introducido un cableado subterráneo donde están ubicadas las
fotovoltaicas”, cuenta Hedme Castro al referirse a los daños que
provocan las empresas fotovoltaicas en Choluteca.
Según investigaciones del Comité por la
Libre Expresión (C-LIBRE), en el departamento de Choluteca existen nueve
proyectos de generación de energía solar fotovoltaica con estudio de
factibilidad aprobado. Energías Solares S.A., Fotovoltaica Sureña y
Fotovoltaica Los Prados, son algunos de los proyectos aprobados para la
zona sur del país.
Sin investigar muerte de manifestante
El miércoles 10 de
abril de 2019, el joven Wilfredo de Jesús Moncada recibió un disparo en
la cabeza, mientras participaba en una de las manifestaciones ciudadanas
del departamento de Choluteca. Horas después murió.
Hasta la fecha, según la organización
ACI-PARTICIPA, la Policía Nacional, a quien la población acusa de
haberle disparado a Wilfredo de Jesús, y la Fiscalía regional no han
iniciado un proceso de investigación.
“Wilfredo era un muchacho de 17 años,
era dirigente estudiantil en el colegio que estudiaba y se unió a la
lucha contra las industrias extractivas, la Empresa Energía Honduras
–EEH- y las calamidades que padece el pueblo en Choluteca”, cuenta Hedme
Castro, quien asegura que existen vídeos en los que se ve que el
disparo proviene de la zona en la que elementos policías se apostaron
para reprimir la manifestación.
Persisten amenazas contra periodista
El periodista Jairo
López, judicializado por supuestos daños en perjuicio de la Empresa
Energía Honduras en el departamento de Choluteca, denuncia que en la
última semana fue víctima de nuevas amenazas de muerte a través de la
red social Facebook.
Jairo López denunció en Radio Progreso
que en las amenazas además se le señala de ser “cabecilla de la banda
Los López” y culpable de la muerte del joven manifestante Wilfredo
Moncada.
“En las publicaciones –amenazas- dicen
que pertenecía a la Mara MS, que distribuía drogas, que soy el líder de
las marchas en Choluteca, manifiesta López, para luego comentar que se
sostiene económicamente por la solidaridad de amigos y organizaciones,
porque ante el proceso judicial que enfrenta se le han negado los
espacios en los medios de comunicación.
El periodista declara que el director
del Mecanismo de Protección a Defensores, Operadores de Justicia y
Comunicadores Sociales, Danilo Morales, ordenó la suspensión de la
escolta que le cuidaba.
Campesinos de Honduras sin esperanzas que el Estado cumpla declaración de la ONU
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Mientras los proyectos del modelo extractivista se siguen expandiendo por el territorio hondureño, los campesinos y las poblaciones de las zonas rurales se enfrentan a una crisis por los efectos del cambio climático y la falta de apoyo gubernamental y con ello a la pérdida de cosechas y a la inseguridad alimentaria.
Bajo el panorama antes descrito se desarrolló este jueves en la capital hondureña un foro mediante el cual se lanzó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, un documento que privilegia los derechos de los habitantes del campo, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre del año pasado.
La declaración se aprobó con 121 votos a favor, ochos votos en contra y 52 abstenciones. De América Latina y el Caribe, 27 Estados miembros votaron a favor, uno en contra y cuatro se mantuvieron en abstención, entre ellos el Estado de Honduras.
Aunque Romelio Degrandez, un productor de hortalizas del municipio de Güinope, El Paraíso, no comprenda los tecnicismos de la Declaración, nos resumió las penurias que vive por hacer realidad su proyecto que anda en busca de mercados, ofreciendo productos libres de químicos.
Romelio nos dijo que espera que la Declaración se traduzca en beneficios para él y sus compañeros del campo que están relegados por el gobierno porque no cuentan con ningún tipo de asistencia técnica ni financiera.
“Nosotros luchamos para sobrevivir cada día para mantener a nuestra familia”, expresó al tiempo que lamentó que el actual gobierno limite las ayudas a los socios partidarios y que construya cosechas de agua únicamente en las tierras de sus correligionarios.
El testimonio de Romelio coincide con los datos del Banco Mundial, que señalan que en Honduras más del 60 por ciento de la población se encuentra viviendo en una situación de pobreza. En zonas rurales aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en pobreza extrema y según este mismo organismo internacional, la mayoría de los y las hondureñas residen en las áreas rurales y dependen de la agricultura para subsistir.
Posición del Estado de Honduras
La posición del Estado de Honduras a lo largo de las negociaciones de la Declaración fue de abstención. A pesar de las diferentes acciones de incidencia realizadas a nivel nacional, la delegación del Estado de Honduras en Ginebra se mantuvo fuera de la discusión durante las cinco sesiones ante el Consejo de Derechos Humanos. Esta misma actitud fue sostenida por la delegación del Estado de Honduras en Nueva York durante las discusiones ante la Comisión de la Asamblea General hasta el 17 de diciembre de 2018, fecha en la que se realizó el voto final para la adopción de la Declaración por los Estados miembros de la ONU.
El Estado hondureño ha demostrado una actitud de desidia ante los pequeños productores del campo, ya que el interés del actual gobierno se concentra en la industria de monocultivos y ganadería estabulada y en la profundización del modelo extractivista, que se originó entre los años 2013 y 2014 con la aprobación de un conjunto de leyes y reformas constitucionales para favorecer el desarrollo industrial y agrícola, que está destruyendo la biodiversidad.
La aprobación de la Declaración se dio gracias a la movilización durante 17 años consecutivos y el debate de la Vía Campesina, el mayor movimiento de pequeñas y pequeños productores de alimentos del mundo, en estrecha colaboración con FIAN Internacional, la Unión Internacional de Trabajadoras/es de Alimentación (UITA), el Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Red de Organizaciones Campesinas y Productoras/es Agrícolas del África Occidental (ROPPA) la Alianza Mundial para los Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP).
Durante el foro, realizado en Tegucigalpa, disertaron: Soledad Pazos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH; Diego Monttón, de la Vía Campesina Internacional y Sofía Monsalve, de FIAN internacional.
Soledad Pazos calificó a la Declaración como una victoria para las y los campesinos, pero en el caso de Honduras, dijo representa un reto. “El trabajo no termina aquí, el siguiente paso es que, todos y todas aquí, empujemos con la implementación efectiva de esta Declaración”.
La representante de la OACNUDH citó que la población rural en Honduras representa 3.9 millones de personas, es decir más del 44 por ciento de la población. Asimismo, que 1.4 millones de hondureños se encuentran subalimentados, pese a que el 29 por ciento del territorio nacional es meramente agrícola, según un informe de la FAO.
En tanto el representante de la Vía Campesina Internacional, Diego Monttón, manifestó que actualmente la tierra se ha convertido en una mercancía para que los bancos hagan plata. Asimismo, que sin el modelo neoliberal no existirían fenómenos como la migración, el hambre y el calentamiento global.
Tegucigalpa.-Mientras los proyectos del modelo extractivista se siguen expandiendo por el territorio hondureño, los campesinos y las poblaciones de las zonas rurales se enfrentan a una crisis por los efectos del cambio climático y la falta de apoyo gubernamental y con ello a la pérdida de cosechas y a la inseguridad alimentaria.
Bajo el panorama antes descrito se desarrolló este jueves en la capital hondureña un foro mediante el cual se lanzó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, un documento que privilegia los derechos de los habitantes del campo, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre del año pasado.
La declaración se aprobó con 121 votos a favor, ochos votos en contra y 52 abstenciones. De América Latina y el Caribe, 27 Estados miembros votaron a favor, uno en contra y cuatro se mantuvieron en abstención, entre ellos el Estado de Honduras.
Aunque Romelio Degrandez, un productor de hortalizas del municipio de Güinope, El Paraíso, no comprenda los tecnicismos de la Declaración, nos resumió las penurias que vive por hacer realidad su proyecto que anda en busca de mercados, ofreciendo productos libres de químicos.
Romelio nos dijo que espera que la Declaración se traduzca en beneficios para él y sus compañeros del campo que están relegados por el gobierno porque no cuentan con ningún tipo de asistencia técnica ni financiera.
“Nosotros luchamos para sobrevivir cada día para mantener a nuestra familia”, expresó al tiempo que lamentó que el actual gobierno limite las ayudas a los socios partidarios y que construya cosechas de agua únicamente en las tierras de sus correligionarios.
El testimonio de Romelio coincide con los datos del Banco Mundial, que señalan que en Honduras más del 60 por ciento de la población se encuentra viviendo en una situación de pobreza. En zonas rurales aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en pobreza extrema y según este mismo organismo internacional, la mayoría de los y las hondureñas residen en las áreas rurales y dependen de la agricultura para subsistir.
Posición del Estado de Honduras
La posición del Estado de Honduras a lo largo de las negociaciones de la Declaración fue de abstención. A pesar de las diferentes acciones de incidencia realizadas a nivel nacional, la delegación del Estado de Honduras en Ginebra se mantuvo fuera de la discusión durante las cinco sesiones ante el Consejo de Derechos Humanos. Esta misma actitud fue sostenida por la delegación del Estado de Honduras en Nueva York durante las discusiones ante la Comisión de la Asamblea General hasta el 17 de diciembre de 2018, fecha en la que se realizó el voto final para la adopción de la Declaración por los Estados miembros de la ONU.
El Estado hondureño ha demostrado una actitud de desidia ante los pequeños productores del campo, ya que el interés del actual gobierno se concentra en la industria de monocultivos y ganadería estabulada y en la profundización del modelo extractivista, que se originó entre los años 2013 y 2014 con la aprobación de un conjunto de leyes y reformas constitucionales para favorecer el desarrollo industrial y agrícola, que está destruyendo la biodiversidad.
La aprobación de la Declaración se dio gracias a la movilización durante 17 años consecutivos y el debate de la Vía Campesina, el mayor movimiento de pequeñas y pequeños productores de alimentos del mundo, en estrecha colaboración con FIAN Internacional, la Unión Internacional de Trabajadoras/es de Alimentación (UITA), el Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Red de Organizaciones Campesinas y Productoras/es Agrícolas del África Occidental (ROPPA) la Alianza Mundial para los Pueblos Indígenas Móviles (WAMIP).
Durante el foro, realizado en Tegucigalpa, disertaron: Soledad Pazos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH; Diego Monttón, de la Vía Campesina Internacional y Sofía Monsalve, de FIAN internacional.
Soledad Pazos calificó a la Declaración como una victoria para las y los campesinos, pero en el caso de Honduras, dijo representa un reto. “El trabajo no termina aquí, el siguiente paso es que, todos y todas aquí, empujemos con la implementación efectiva de esta Declaración”.
Nota relacionada Campesinos de Honduras exigen condiciones para producir alimentos
La funcionaria apuntó que se debe desarrollar y fortalecer políticas que atiendan las particularidades específicas de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, focalizando en derechos importantes como el derecho a la tierra, al agua y el derecho a las semillas.La representante de la OACNUDH citó que la población rural en Honduras representa 3.9 millones de personas, es decir más del 44 por ciento de la población. Asimismo, que 1.4 millones de hondureños se encuentran subalimentados, pese a que el 29 por ciento del territorio nacional es meramente agrícola, según un informe de la FAO.
En tanto el representante de la Vía Campesina Internacional, Diego Monttón, manifestó que actualmente la tierra se ha convertido en una mercancía para que los bancos hagan plata. Asimismo, que sin el modelo neoliberal no existirían fenómenos como la migración, el hambre y el calentamiento global.
Honduras: el país que mata y encarcela a los defensores de la tierra
Monday, 22 April 2019 22:43 Written by German Reyes Published in Contexto PASOS DE ANIMAL GRANDE
Foto: www.eldesconcierto.cl
El 22 de abril, según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), es el Día Internacional de la Tierra, pero Honduras, siendo
Estado parte de ese organismo multilateral, asesina, criminaliza y
encarcela a los defensores de este planeta y de sus recursos naturales.
Por ejemplo, el 03 de marzo del 2015, fue asesinada la coordinadora
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras,(COPINH), Berta Cáceres, por defender los recursos naturales de
la zona occidental de Honduras. Al momento de su asesinato, ella se
oponía a la destrucción del Río Gualcarque, por parte de la Empresa
Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, a través del proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca.
El 07 de julio del 2016 también fue asesinada la ambientalista y activista del Copinh, Lesbia Janeth Urquía, en el municipio de Marcala, departamento de La Paz. En el momento de ser asesinada defendía los bienes comunes, los derechos indígenas y se oponía a la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en el occidente de Honduras. Su cuerpo fue encontrado en el basurero municipal con golpes en la cabeza.
De igual manera el 20 de febrero de 2018, en la comunidad Concepción del Sur, en el municipio de Gualala, Santa Bárbara, con signos de tortura, fue encontrado el cadáver de Luís Fernando Ayala, un muchacho de 16 años que formaba parte del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, (MAS).
Ayala era férreo opositor de las empresas mineras e hidroeléctricas que se instalan por la fuerza en esa zona y cuando murió junto a su familia libraba una lucha contra una concesión para la extracción de yeso.
Las operaciones de esta empresa amenazan con desaparecer la comunidad de Arenales, en ese municipio occidental.
Asimismo el 18 de junio del 2015, fue asesinado en la comunidad Brisas de Locomapa, departamento de Yoro, Erasio Villeda Ponce, quien se oponía a la destrucción del bosque, por parte de empresarios y terratenientes.
Erasio era líder indígena Tolupán, etnia a la que también pertenecían María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez, asesinados por la misma causa, en el año 2013.
Otro de los ambientalistas asesinados en Honduras es Silvino Zapata, abatido el 14 de octubre del 2017, en La Masca, municipio de Omoa, Cortés. Silvino Zapata era líder del Consejo Garífuna de Ancianos, en Omoa, y reconocido defensor de los ríos de la zona.
El 06 de febrero de 1995, en Tela Atlántida, cayó abatida de un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros, la ambientalista Blanca Jeannette Kawas, defensora del ambiente en las comunidades de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat.
Para ella era importante mejorar la calidad de vida de los pobladores, a través de la conservación del ambiente y los recursos naturales, las actividades agroforestales, el desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concienciación ambiental y el cambio de las políticas de manejo sostenible de las áreas protegidas, y por eso la mataron.
En Tocoa, Colón, el 18 de octubre de 1997 murió acribillado con arma de fuego, el defensor del ambiente, Carlos Escaleras, quien desde inicios de 1990 se enfrentó con el empresario y terrateniente, Miguel Facuesé, por la contaminación que provocaría la instalación de una planta procesadora de aceite de palma, en las cercanías del Río Guapinol. En 1997 el coronel Aldana, comandante del XV Batallón, amenazó a Escaleras por reclamarle el derecho al agua para los habitantes de Chapagua, Agua Amarilla y El Aguán.
De la misma forma también asesinaron el 18 de mayo de 1998, en Catacamas Olancho, a Carlos Luna, un regidor municipal y coordinador de la Comisión Municipal del Ambiente, que defendió los bosques y los ríos de esa zona.
Criminalización y cárcel
El 25 de febrero pasado al finalizar la audiencia de declaración de imputado, un juez de jurisdicción nacional, les dictó detención judicial a 12 personas defensoras de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, que se oponen a las operaciones de una empresa minera, instalada en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Con sus operaciones esta empresa minera, propiedad de la familia Facussé, estaría contaminando las fuentes de agua en Tocoa, Colón, una ciudad con casi 100 mil habitantes.
En el Juzgado Primero de Letras de Santa Rosa de Copán, 19 defensores del ambiente, de la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión Copán, han sido criminalizados y acusados de daños en perjuicio de la empresa Minerales de Occidente, S.A, (MINOSA), una compañía, que desde 1997, cuando inició operaciones, no solo ha sido denunciada por el derrocamiento de la montaña sino también por verter cianuro en los ríos y quebradas de la región.
El pasado 11 de abril utilizando como anzuelo una citatoria para rendir declaración como testigos, la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI), capturó a ocho defensores del ambiente de la zona sur de Honduras. Estas personas son Nelson Gómez, Erasmo Pastrana, Kelvin Gómez, Félix Pastrana, Marlene Pastrana, Carina Aguilar, Ancelma Escobar y Zulema Mendoza.
Ellos y ellas se oponen a la instalación de varios proyectos de energía fotovoltaica, que amenazan con desaparecer las fuentes de agua de las comunidades de Rancherías, Costa Azul y Guamerú, en Namasigüe, departamento en Choluteca.
La cita librada por la DPI obligaba a los ambientalistas a presentarse en calidad de testigos, pero al llegar a las oficinas policiales fueron capturados y enviados la cárcel.
Situación similar se presenta en los defensores de los territorios ancestrales de las comunidades garífunas, situadas en el caribe hondureño, donde sus líderes son perseguidos por empresarios nacionales y extranjeros que se dedican al turismo, y las autoridades del gobierno que los criminalizan por sus luchas.
Por ejemplo, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), fue citada el pasado 07 de marzo por el Ministerio Público. Además ella ha sido amenazada por supuestos miembros del crimen organizado, por defender las tierras de la comunidad de Vallecito, en el municipio de Limon, departamento de colón.
El 11 de enero del 2017, la Policía Nacional, en La Ceiba, detuvo por más de media hora, a la coordinadora de OFRANEH, a Luís Gutiérrez, Oscar Gamboa y Luis Miranda. En la semana pasada volvió a ocurrir otra retención por agentes policiales contra Miranda y otra de sus compañeras garífunas.
Pero a la muerte y encarcelamiento de defensores de la tierra, súmele la represión del Estado a todas las manifestaciones pacíficas que realizan en diferentes regiones del país, las campañas de desprestigio que se insertan en perfiles falsos abiertos en las redes sociales y en los medios de comunicación afines con el gobierno y con la empresa privada.
Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Hoy se realizará audiencia inicial contra siete ambientalistas y un comunicador social de la comunidad de Costa Azul en Namasigüe, Choluteca, acusados por daños contra una empresa de energía fotovoltaica.
Los defensores criminalizados son Félix Pedro Pastrana Escobar comunicador social de radio Namasigüe, y los ambientalistas Erasmo de Jesús Pastrana, Kelvin Edilberto Gómez, Noésis Gómez Cruz, Juana Zulema Mendoza Reyes, Marlene Pastrana Escobar y Jenny Karina Aguilar.
Félix Pastrana expresa que “el gobierno y las autoridades municipales antes de dar una concesión a estas empresa, tiene que informar, es decir, hacer una consulta antes de instalarla, repudiamos el abuso de autoridad de que comete a nuestro movimiento, defendemos el derecho a la consulta libre, previa e informada como los faculta la ley de municipalidades y los convenios y tratados que Honduras se ha comprometido a cumplir”.
La comunidad de Costa Azul enfrenta una lucha contra la empresa El Prado Namasigüe, que quiere construir un proyecto fotovoltaico, ya que su instalación está causando daños al medio ambiente.
Los pobladores se oponen a este proyecto debido a que el impacto para su comunidad es muy grande, pues ya no tendrían de donde alimentarse y el agua se está secando.
El pasado 11 de abril los ocho ambientalistas estaban citados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a de rendir su declaración en calidad de testigos, pero fueron detenidos ese día en esa dependencia policial. El juez determinó que podían defenderse en libertad fijando fecha para la audiencia inicial el día 24 de abril a las 9 de la mañana.
Por Marvin Palacios
Tegucigalpa.- La explotación irracional del bosque y las concesiones mineras avanzan a pasos acelerados en el actual régimen, con la complicidad de gobiernos municipales y personas inescrupulosas, que irrespetan los tratados internacionales relacionados al derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre proyectos de desarrollo.
Denuncias planteadas dan cuenta que las principales fuentes de agua de la tribu tolupán “Las Vegas de Tepemechín”, en el municipio de Victoria, están en peligro frente a la depredación forestal y el extractivismo minero.
Reynaldo Barahona de la tribu “Las Vegas de Tepemechín”, dijo a www.defensoresenlinea.com que la principales amenazas que enfrentan están relacionadas con la minería que opera sin consentimiento de la tribu, así como la tala de los bosques, que atentan contra los bienes comunes de las comunidades tolupanas.
El 07 de julio del 2016 también fue asesinada la ambientalista y activista del Copinh, Lesbia Janeth Urquía, en el municipio de Marcala, departamento de La Paz. En el momento de ser asesinada defendía los bienes comunes, los derechos indígenas y se oponía a la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en el occidente de Honduras. Su cuerpo fue encontrado en el basurero municipal con golpes en la cabeza.
De igual manera el 20 de febrero de 2018, en la comunidad Concepción del Sur, en el municipio de Gualala, Santa Bárbara, con signos de tortura, fue encontrado el cadáver de Luís Fernando Ayala, un muchacho de 16 años que formaba parte del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, (MAS).
Ayala era férreo opositor de las empresas mineras e hidroeléctricas que se instalan por la fuerza en esa zona y cuando murió junto a su familia libraba una lucha contra una concesión para la extracción de yeso.
Las operaciones de esta empresa amenazan con desaparecer la comunidad de Arenales, en ese municipio occidental.
Asimismo el 18 de junio del 2015, fue asesinado en la comunidad Brisas de Locomapa, departamento de Yoro, Erasio Villeda Ponce, quien se oponía a la destrucción del bosque, por parte de empresarios y terratenientes.
Erasio era líder indígena Tolupán, etnia a la que también pertenecían María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez, asesinados por la misma causa, en el año 2013.
Otro de los ambientalistas asesinados en Honduras es Silvino Zapata, abatido el 14 de octubre del 2017, en La Masca, municipio de Omoa, Cortés. Silvino Zapata era líder del Consejo Garífuna de Ancianos, en Omoa, y reconocido defensor de los ríos de la zona.
El 06 de febrero de 1995, en Tela Atlántida, cayó abatida de un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros, la ambientalista Blanca Jeannette Kawas, defensora del ambiente en las comunidades de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat.
Para ella era importante mejorar la calidad de vida de los pobladores, a través de la conservación del ambiente y los recursos naturales, las actividades agroforestales, el desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concienciación ambiental y el cambio de las políticas de manejo sostenible de las áreas protegidas, y por eso la mataron.
En Tocoa, Colón, el 18 de octubre de 1997 murió acribillado con arma de fuego, el defensor del ambiente, Carlos Escaleras, quien desde inicios de 1990 se enfrentó con el empresario y terrateniente, Miguel Facuesé, por la contaminación que provocaría la instalación de una planta procesadora de aceite de palma, en las cercanías del Río Guapinol. En 1997 el coronel Aldana, comandante del XV Batallón, amenazó a Escaleras por reclamarle el derecho al agua para los habitantes de Chapagua, Agua Amarilla y El Aguán.
De la misma forma también asesinaron el 18 de mayo de 1998, en Catacamas Olancho, a Carlos Luna, un regidor municipal y coordinador de la Comisión Municipal del Ambiente, que defendió los bosques y los ríos de esa zona.
Criminalización y cárcel
El 25 de febrero pasado al finalizar la audiencia de declaración de imputado, un juez de jurisdicción nacional, les dictó detención judicial a 12 personas defensoras de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, que se oponen a las operaciones de una empresa minera, instalada en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Con sus operaciones esta empresa minera, propiedad de la familia Facussé, estaría contaminando las fuentes de agua en Tocoa, Colón, una ciudad con casi 100 mil habitantes.
En el Juzgado Primero de Letras de Santa Rosa de Copán, 19 defensores del ambiente, de la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión Copán, han sido criminalizados y acusados de daños en perjuicio de la empresa Minerales de Occidente, S.A, (MINOSA), una compañía, que desde 1997, cuando inició operaciones, no solo ha sido denunciada por el derrocamiento de la montaña sino también por verter cianuro en los ríos y quebradas de la región.
El pasado 11 de abril utilizando como anzuelo una citatoria para rendir declaración como testigos, la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI), capturó a ocho defensores del ambiente de la zona sur de Honduras. Estas personas son Nelson Gómez, Erasmo Pastrana, Kelvin Gómez, Félix Pastrana, Marlene Pastrana, Carina Aguilar, Ancelma Escobar y Zulema Mendoza.
Ellos y ellas se oponen a la instalación de varios proyectos de energía fotovoltaica, que amenazan con desaparecer las fuentes de agua de las comunidades de Rancherías, Costa Azul y Guamerú, en Namasigüe, departamento en Choluteca.
La cita librada por la DPI obligaba a los ambientalistas a presentarse en calidad de testigos, pero al llegar a las oficinas policiales fueron capturados y enviados la cárcel.
Situación similar se presenta en los defensores de los territorios ancestrales de las comunidades garífunas, situadas en el caribe hondureño, donde sus líderes son perseguidos por empresarios nacionales y extranjeros que se dedican al turismo, y las autoridades del gobierno que los criminalizan por sus luchas.
Por ejemplo, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), fue citada el pasado 07 de marzo por el Ministerio Público. Además ella ha sido amenazada por supuestos miembros del crimen organizado, por defender las tierras de la comunidad de Vallecito, en el municipio de Limon, departamento de colón.
El 11 de enero del 2017, la Policía Nacional, en La Ceiba, detuvo por más de media hora, a la coordinadora de OFRANEH, a Luís Gutiérrez, Oscar Gamboa y Luis Miranda. En la semana pasada volvió a ocurrir otra retención por agentes policiales contra Miranda y otra de sus compañeras garífunas.
Pero a la muerte y encarcelamiento de defensores de la tierra, súmele la represión del Estado a todas las manifestaciones pacíficas que realizan en diferentes regiones del país, las campañas de desprestigio que se insertan en perfiles falsos abiertos en las redes sociales y en los medios de comunicación afines con el gobierno y con la empresa privada.
A audiencia inicial ambientalista de Namasigüe
Tegucigalpa.- Hoy se realizará audiencia inicial contra siete ambientalistas y un comunicador social de la comunidad de Costa Azul en Namasigüe, Choluteca, acusados por daños contra una empresa de energía fotovoltaica.
Los defensores criminalizados son Félix Pedro Pastrana Escobar comunicador social de radio Namasigüe, y los ambientalistas Erasmo de Jesús Pastrana, Kelvin Edilberto Gómez, Noésis Gómez Cruz, Juana Zulema Mendoza Reyes, Marlene Pastrana Escobar y Jenny Karina Aguilar.
Félix Pastrana expresa que “el gobierno y las autoridades municipales antes de dar una concesión a estas empresa, tiene que informar, es decir, hacer una consulta antes de instalarla, repudiamos el abuso de autoridad de que comete a nuestro movimiento, defendemos el derecho a la consulta libre, previa e informada como los faculta la ley de municipalidades y los convenios y tratados que Honduras se ha comprometido a cumplir”.
La comunidad de Costa Azul enfrenta una lucha contra la empresa El Prado Namasigüe, que quiere construir un proyecto fotovoltaico, ya que su instalación está causando daños al medio ambiente.
Los pobladores se oponen a este proyecto debido a que el impacto para su comunidad es muy grande, pues ya no tendrían de donde alimentarse y el agua se está secando.
El pasado 11 de abril los ocho ambientalistas estaban citados a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a de rendir su declaración en calidad de testigos, pero fueron detenidos ese día en esa dependencia policial. El juez determinó que podían defenderse en libertad fijando fecha para la audiencia inicial el día 24 de abril a las 9 de la mañana.
Pueblo Tolupán enfrenta el impacto de la tala del bosque y las concesiones mineras
Tegucigalpa.- La explotación irracional del bosque y las concesiones mineras avanzan a pasos acelerados en el actual régimen, con la complicidad de gobiernos municipales y personas inescrupulosas, que irrespetan los tratados internacionales relacionados al derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre proyectos de desarrollo.
Denuncias planteadas dan cuenta que las principales fuentes de agua de la tribu tolupán “Las Vegas de Tepemechín”, en el municipio de Victoria, están en peligro frente a la depredación forestal y el extractivismo minero.
Reynaldo Barahona de la tribu “Las Vegas de Tepemechín”, dijo a www.defensoresenlinea.com que la principales amenazas que enfrentan están relacionadas con la minería que opera sin consentimiento de la tribu, así como la tala de los bosques, que atentan contra los bienes comunes de las comunidades tolupanas.
Pueblos tolupanes bajo amenaza de la deforestación y el extractivismo
“Todo eso nos tiene preocupados y andamos buscando la colaboración de
organizaciones que apoyan el medio ambiente, es primera vez que venimos
acá y buscamos que nos echen la mano, para conocer las personas y los
grupos que están en defensa de los bienes comunes”, sostuvo el joven
tolupán que asistió al evento denominado: La defensa de los territorios
con enfoque en derechos humanos, realizado en la capital de la
República.
Barahona relató que su tribu están en medio de dos ríos, el Tepemechín y Jacagua, cuyas aguas son protegidas por el pueblo tolupán, pero que ahora sus caudales se ven amenazados por concesiones mineras otorgadas por la municipalidad de Victoria.
El joven tolupán señaló que debido a la deforestación, quedan pocos árboles de madera preciosa como la caoba, el cedro y nogal, entre otras variedades, ya que han sido cortados por personas inescrupulosas que operan impunemente en la zona.
“El desastre que ha habido con esto de la tala del bosque, como usted lo sabe, anteriormente los ríos eran lindos, caudalosos, pero ahora solo se ponen un poquito fuertes en el tiempo de invierno, pero con estas amenazas que tenemos en unos 10 años, para no irse muy largo; ya no vamos a tener esos ríos si no paramos lo que está pasando”.
Barahona expresó con tristeza que en todo esto no han tenido el apoyo del alcalde Sandro Martínez de filiación nacionalista. El entrevistado lamentó que en el pasado, compañeros tolupanes del Consejo Directivo pactaron acuerdos con la corporación municipal, sin consultar al resto de la comunidad, ni a la máxima autoridad indígena que es la Asamblea.
Barahona relató que su tribu están en medio de dos ríos, el Tepemechín y Jacagua, cuyas aguas son protegidas por el pueblo tolupán, pero que ahora sus caudales se ven amenazados por concesiones mineras otorgadas por la municipalidad de Victoria.
El joven tolupán señaló que debido a la deforestación, quedan pocos árboles de madera preciosa como la caoba, el cedro y nogal, entre otras variedades, ya que han sido cortados por personas inescrupulosas que operan impunemente en la zona.
“El desastre que ha habido con esto de la tala del bosque, como usted lo sabe, anteriormente los ríos eran lindos, caudalosos, pero ahora solo se ponen un poquito fuertes en el tiempo de invierno, pero con estas amenazas que tenemos en unos 10 años, para no irse muy largo; ya no vamos a tener esos ríos si no paramos lo que está pasando”.
Barahona expresó con tristeza que en todo esto no han tenido el apoyo del alcalde Sandro Martínez de filiación nacionalista. El entrevistado lamentó que en el pasado, compañeros tolupanes del Consejo Directivo pactaron acuerdos con la corporación municipal, sin consultar al resto de la comunidad, ni a la máxima autoridad indígena que es la Asamblea.
Rio Grande o Sulaco en Yoro
“Ellos como abuso de autoridad tomaban (decisiones), ellos solos. En
vista de eso, en las reuniones venían engañando al pueblo diciendo que
el alcalde podría beneficiarnos, si nos afiliábamos con ellos, dándoles
permiso a que hiciera lo que quisiera con nuestros bosques y al punto de
hoy, nos están llevando todos nuestros recursos”, denunció el joven
indígena.
Nosotros queremos arreglar esto que está pasando, y queremos que se respete nuestro territorio, porque las autoridades prometen que van a apoyar, le dan una palmada en la espalda a uno, pero al final todo queda en nada.
“Las concesiones que se han dado, ponen en peligro las fuentes de agua, los árboles e incluso nuestras vidas, porque se han detectado 8 puntos mineros en nuestro territorio y los van a explotar, pero nosotros estamos dispuestos hasta dar la vida por defender nuestros bienes comunes”, aseguró el entrevistado.
Barahona adelantó que la comunidad ha comenzado a organizarse para defender sus territorios y que han obtenido el apoyo solidario de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, para lograr su propósito.
Tanto el Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) como el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, les han brindado acompañamiento, afirmó Barahona.
Entre 2013 y 2019, ocho indígenas tolupanes (siete hombres y una mujer) han sido asesinados por la lucha que han librado en defensa de los bosques, el agua y sus territorios ancestrales.
Unas 24 comunidades indígenas tolupanes habitan en el municipio de Victoria, departamento de Yoro. Dicho pueblo cuenta con títulos de propiedad otorgados por el gobierno de Honduras bajo la presidencia del General José María Medina (1870 – 1874) por gestiones del misionero español, el sacerdote Manuel de Jesús Subirana.
Nosotros queremos arreglar esto que está pasando, y queremos que se respete nuestro territorio, porque las autoridades prometen que van a apoyar, le dan una palmada en la espalda a uno, pero al final todo queda en nada.
“Las concesiones que se han dado, ponen en peligro las fuentes de agua, los árboles e incluso nuestras vidas, porque se han detectado 8 puntos mineros en nuestro territorio y los van a explotar, pero nosotros estamos dispuestos hasta dar la vida por defender nuestros bienes comunes”, aseguró el entrevistado.
Barahona adelantó que la comunidad ha comenzado a organizarse para defender sus territorios y que han obtenido el apoyo solidario de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, para lograr su propósito.
Tanto el Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS) como el equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, les han brindado acompañamiento, afirmó Barahona.
Entre 2013 y 2019, ocho indígenas tolupanes (siete hombres y una mujer) han sido asesinados por la lucha que han librado en defensa de los bosques, el agua y sus territorios ancestrales.
Unas 24 comunidades indígenas tolupanes habitan en el municipio de Victoria, departamento de Yoro. Dicho pueblo cuenta con títulos de propiedad otorgados por el gobierno de Honduras bajo la presidencia del General José María Medina (1870 – 1874) por gestiones del misionero español, el sacerdote Manuel de Jesús Subirana.
Persisten amenazas contra pobladores y pobladoras de Playa Blanca
Foto: Redehsur
Amapala, Valle.- La
Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur de Honduras
(REDEHSUR), denunció amenazas y acoso contra defensores de la tierra en
la comunidad de Playa Blanca, Península de Zacate Grande, durante la
Semana Santa.
Desde el año 2015, pobladores y
pobladoras organizadas en la Asociación para el Desarrollo de la
Península de Zacate Grande (ADEPZA), decidieron habilitar como parqueo
durante la Semana Santa, un predio que está deshabitado y es un camino
de paso desde siembre. Por ese motivo Abel Pérez y Santos Hernández
fueron condenados a cinco años y un mes de prisión, mientras que Tomás
García fue sobreseído.
La
población se ha enfrentado al supuesto dueño del terreno, Jorge Luís
Cassis, quien llegó en reiteradas ocasiones en los últimos días, donde
la población nuevamente habilitó el terreno para utilizarlo como parqueo
para los y las personas que llegan a bañar a la playa.
Por lo que la REDEHSUR instaló un
campamento de observación de derechos humanos, desde el miércoles santo,
en Playa Blanca y Puerto Sierra donde está el plantel.
Este jueves santo denunció un día más de
vigilancia, acoso e intimidación de parte de personas afines al
terrateniente Jorge Luís Cassis, con el temor de que a los y las
defensoras también se les ha amenazado ya sea porque son conocidos en la
región o por que no son de allí, detallaron los defensores.
Foto: Redehsur
La semana no ha sido fácil, porque
siempre está la incertidumbre de que va a suceder después, así como que
exista nueva criminalización contra los que se oponen a la privatización
de la tierra y la playa, denunció la REDEHSUR.
“Fueron días de tensión ya que incluso
hasta a nosotros nos trataron mal los seguidores de Jorge Cassis”,
afirmaron los y las defensoras que estuvieron hasta el sábado en Zacate
Grande.
Foto: Redehsur
Fotos y texto: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Incertidumbre, persecución política, criminalizados y presos políticos son algunas de las situaciones por las que está atravesando la población del municipio de Las Vegas al norte del departamento de Santa Barbará, todo esto a raíz de la crisis post electoral de 2017, donde se desencadenó una persecución a la posición política por no estar de acuerdo con el fraude electoral.
Para contrarrestar las violaciones a los derechos humanos por parte de las personas que están en el poder, un grupo de pobladores del municipio de Las Vegas se unió para defender y velar por los derechos humanos de la población que se encontraba desamparada, pero ni ellos se han salvado por ser defensores de derechos humanos, también fueron criminalizados y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Pese a que los opositores a la lucha por
la tierra lo nieguen, la REDEHSUR documentó los hechos en la mayoría de
lo posible, detalló.
Cabe señalar de oportuna la presencia de la Red, pues su observación evitó enfrentamientos mayores a las amenazas verbales.
Dato:
El 18 de febrero reciente, el defensor Santos Hernández, fue atacado
por un poblador afín al terrateniente, según denuncias de ADEPZA. Fue
herido en la cabeza y golpes en varias partes del cuerpo, que lo
debieron llevar al hospital público de San Lorenzo, Valle.
El caso de Abel (también miembro de la
REDEHSUR y presidente de ADEPZA) y Santos, está en casación. Mientras
que hay nuevos casos de criminalización.
SITRAINA honra memoria de campesinos
Fotos y texto: Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- El
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA),
inauguró este miércoles 23 de abril, el XXI Congreso Ordinario, honrando
la memoria de los compañeros campesinos José Ángel López y Teófilo
Trejo.
López era presidente del Movimiento
Unificado Campesino del Aguán (MUCA), y lo asesinaron en su vivienda
en octubre del 2016, en el Bajo Aguán; mientras que Trejo, fue el primer
secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo
(CNTC), quién falleció en marzo de ese mismo año, en el hospital público
“Mario Catarino Rivas” de San Pedro Sula.
Al iniciar la asamblea se leyó una breve
biografía de Flores y Trejo, líderes campesinos y obreros que con su
trabajo desde la organización campesina y la literatura como “Las Perras
de Teofilito” aportaron a esta sociedad que lucha contra un sistema
opresor.
La labor del SITRAINA ha sido visible en
las luchas sociales y oposición al régimen que impera en el país, por
ello hay criminalización contra algunos liderazgos, sobretodo quienes se
relacionan a la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y
derechos políticos.
Según su historia, el SITRAINA nació el
31 de enero de 1973 en San Bernardo y Monjarás, departamento de
Choluteca, obteniendo su personería jurídica el 14 de mayo de 1973.
Por la defensa de los derechos laborales
de sus afiliados ha recurrido a diferentes formas de protesta, entre
ellas huelgas de hambre, algunas que fueron muy breves por la represión
policial pata interrumpir su objetivo.
Pero el 19 de enero de 1993 de inició
una huelga de hambre que duró 10 días, buscando el reintegro de
trabajadores despedidos. Se instaló frente a la Embajada Americana, en
la ciudad de Tegucigalpa, y después se trasladó al parque La libertad,
frente al Ministerio de Trabajo, en Comayagüela.
Los protagonistas de esta huelga
fueron: Francisco Peña, Juan Barahona, Samuel Espino, Luís Rolando
Deras, Jacobo Luna, Franco Guardado, Ricardo Benedith, Jairo Ayala,
Eduardo Odilio, Esli Banegas, Carlos Chinchilla, José Ochoa, Policarpo
Arguijo, René Valdemar, entre otros. La huelga concluyó con la firma de
una Acta Especial, logrando el reintegro de 33 trabajadores.
Una de la coordinadoras de esta
asamblea, fue la defensora de derechos humanos Esli Banegas, quien dio
paso al reconocimiento de compañeros y compañeras del Instituto Nacional
Agrario, afilados al sindicato, porque pronto, como parte de sus
beneficios obreros, gozarán de su jubilación.
En la mesa principal estuvo Marlon
Varela, presidente de la seccional número 5- Tegucigalpa; Teófilo Trejo,
hijo de Teofilito; Juan Barahona, diputado y afiliado del SITRAINA;
Geogio Trucchi, de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel-UITA);
Carlos Sánchez, coordinador de la Asociación Nacional de Campesinos de
Honduras (ANACH); Ramón Lara, ministro-director del INA; Vitalino
Álvarez, coordinador de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán; y Ramón
Bulnes, secretario general del SITRAINA.
Acompañamiento permanente
La
inauguración del evento estuvo acompañada por diferentes grupos y
organizaciones aliadas, quienes reverberaron el apoyo y acompañamiento
con el grupo sindicalista, en la vela del respeto a sus derechos
laborales, como fue el mensaje de la Rel-UITA.
Y en uso de la palabra, Ramón Lara,
director del INA exaltó las cualidades de unidad, fuerza y convicción
del SITRAINA, así como las acciones patronales que está llevando a cabo
su gestión. Si bien no se refirió temas exigidos por los obreros,
expresó que se enmiendan actos como jubilaciones y retiros.
El Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), acompañó también al SITRAINA y
agradeció su labor con defensores y defensoras de la vida, cómo parte de
sus afiliados.
Sigue la persecución y criminalización contra defensores de DDHH de Las Vegas, Santa Bárbara
Las Vegas, Santa Bárbara
Por Riccy Ponce.Tegucigalpa.- Incertidumbre, persecución política, criminalizados y presos políticos son algunas de las situaciones por las que está atravesando la población del municipio de Las Vegas al norte del departamento de Santa Barbará, todo esto a raíz de la crisis post electoral de 2017, donde se desencadenó una persecución a la posición política por no estar de acuerdo con el fraude electoral.
Para contrarrestar las violaciones a los derechos humanos por parte de las personas que están en el poder, un grupo de pobladores del municipio de Las Vegas se unió para defender y velar por los derechos humanos de la población que se encontraba desamparada, pero ni ellos se han salvado por ser defensores de derechos humanos, también fueron criminalizados y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Edificio de la Alcaldía de Las Vegas, Santa Bárbara
Un equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH), se trasladó a la zona para reunirse con las
personas que han sido criminalizadas y con los defensores que fueron
privados de su libertad por varios días, para verificar la situación de
las violaciones a los derechos humanos en ese municipio y conocer la
situación jurídica de sus casos.
El defensor de derechos humanos, Ovidio Enamorado Guillen, expresó “que nosotros hemos andado defendiendo a las personas para que no se cometa abuso de autoridad por parte de las autoridades locales, que no se les violente el derecho a subsistir y a un montón más que tienen las personas, ya que dicen que el primer derecho que tienen las personas es el derecho a la vida y en eso nos hemos enfocado a velar por las personas que se les respete la vida”.
Ovidio asegura que es una persona que siempre ha estado en contra de los sistemas que se han implantado en el país, “desde hace tiempo yo estoy en contra de estos sistemas espurios que nos han gobernado por décadas en este país; me crie en esa condición así que yo llegué al punto de tener la mayoría de edad y me resistí a votar, porque no creía en el sistema que nos han gobernado y ni en este último sistema que se ha implantado, que ya lleva más de una década”.
“He estado en contra y es donde más me ha indignado por la forma que nos siguen tratando, como le digo estoy siempre en contra de cualquier sistema que se imponga en nuestro país y esté en contra de los derechos de las personas y estamos peleando siempre por eso, y no vamos a dejar de pelear porque nos ha pasado y no vamos a dejar de pelear, no importa si nos matan, no nos interesa eso, lo que importa es que cambie esta forma de vida en este país”, afirmó.
Ovidio asegura que no dejará de velar por los derechos de las personas, porque la necesidad que había de muchas violaciones a los derechos humanos en el municipio, decidieron junto a otras personas crear una comisión que velara por los derechos humanos, y que aunque ahora no pueda hacerlo por la criminalización que existe en su contra, no va a dejar de pelear y de luchar.
Aunque ahorita sea yo un preso político pero eso no me afecta porque eso algún día va a pasar y vamos a seguir más adelante con esta lucha que nos hemos propuesto, porque el objetivo de ellos, desde el principio, fue como dice el dicho, divide y vencerás.
Agregó el defensor que “nosotros hemos encontrado el apoyo a nivel nacional de varios organizaciones como el COFADEH y nosotros ahora nos sentimos más protegidos que como estábamos antes; ahora tenemos un reconocimiento a nivel nacional e internacional porque nosotros hemos estado en los espacios que ha estado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido a este país para verificar la situación de derechos humanos, nosotros hemos estado allí discutiendo la situación de este pueblo y a nivel nacional también”, finalizó.
Por su parte Nelson Álvarez, quien también fue criminalizado, asegura que la situación se ha tornado difícil ya que tiene la libertad restringida por un proceso injusto del cual no son culpables.
“Es complicado porque directamente uno no tiene una libertad como la que tenía antes, después de haber salido de El Pozo (cárcel de máxima seguridad) me pusieron medidas cautelares, como no andar en establecimientos públicos, no salir del país, no andar en reuniones políticas, todo eso nos prohibieron, y aparte de eso estanos siendo reprimidos en el pueblo, no tenemos oportunidad de empleo porque ven que tenemos un mal record en los antecedente penales”.
“Ahorita para hablarle de lo económico le digo que estamos viviendo una vida alimenticia mala, al menos yo tenía una propiedad en Roatán que por la situación de criminalización me tocó venderla para subsistir y por medio de allí me estoy sosteniendo, mientras se soluciona este problema”, señaló.
Asimismo añadió que “luego voy a tener que migrar a otro lugar porque aquí no hay oportunidades de empleo, soy padre soltero y no voy a permitir que mi hija viva en esta situación que estamos viviendo en este país”.
Tanto Ovidio Enamorado Guillen y Nelson Álvarez, junto con 29 personas más de la comunidad, fueron acusadas de la quema de la Alcaldía, hecho ocurrido el 18 de julio de 2018, y se dictó orden de captura pese a no tener ninguna prueba de su participación en el hecho.
Las primeras capturas se dieron el jueves 30 de agosto de 2018, donde 12 personas fueron detenidas, de las que tres de ellas (mujeres) se les dio medidas distintas a la prisión, es decir que se pueden defender en libertad. Los nueve restantes (hombres) fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, donde permanecieron alrededor de cuatro meses y ahora tiene las mismas medidas que las tres mujeres.
Aunque estas personas están en libertad aún pesa sobre ellos un proceso judicial en su contra, por lo que pasan a la lista de criminalizados y de presos políticos durante la crisis post electoral del 26 de noviembre de 2017.
El defensor de derechos humanos, Ovidio Enamorado Guillen, expresó “que nosotros hemos andado defendiendo a las personas para que no se cometa abuso de autoridad por parte de las autoridades locales, que no se les violente el derecho a subsistir y a un montón más que tienen las personas, ya que dicen que el primer derecho que tienen las personas es el derecho a la vida y en eso nos hemos enfocado a velar por las personas que se les respete la vida”.
Ovidio asegura que es una persona que siempre ha estado en contra de los sistemas que se han implantado en el país, “desde hace tiempo yo estoy en contra de estos sistemas espurios que nos han gobernado por décadas en este país; me crie en esa condición así que yo llegué al punto de tener la mayoría de edad y me resistí a votar, porque no creía en el sistema que nos han gobernado y ni en este último sistema que se ha implantado, que ya lleva más de una década”.
“He estado en contra y es donde más me ha indignado por la forma que nos siguen tratando, como le digo estoy siempre en contra de cualquier sistema que se imponga en nuestro país y esté en contra de los derechos de las personas y estamos peleando siempre por eso, y no vamos a dejar de pelear porque nos ha pasado y no vamos a dejar de pelear, no importa si nos matan, no nos interesa eso, lo que importa es que cambie esta forma de vida en este país”, afirmó.
Ovidio asegura que no dejará de velar por los derechos de las personas, porque la necesidad que había de muchas violaciones a los derechos humanos en el municipio, decidieron junto a otras personas crear una comisión que velara por los derechos humanos, y que aunque ahora no pueda hacerlo por la criminalización que existe en su contra, no va a dejar de pelear y de luchar.
Aunque ahorita sea yo un preso político pero eso no me afecta porque eso algún día va a pasar y vamos a seguir más adelante con esta lucha que nos hemos propuesto, porque el objetivo de ellos, desde el principio, fue como dice el dicho, divide y vencerás.
Agregó el defensor que “nosotros hemos encontrado el apoyo a nivel nacional de varios organizaciones como el COFADEH y nosotros ahora nos sentimos más protegidos que como estábamos antes; ahora tenemos un reconocimiento a nivel nacional e internacional porque nosotros hemos estado en los espacios que ha estado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido a este país para verificar la situación de derechos humanos, nosotros hemos estado allí discutiendo la situación de este pueblo y a nivel nacional también”, finalizó.
Por su parte Nelson Álvarez, quien también fue criminalizado, asegura que la situación se ha tornado difícil ya que tiene la libertad restringida por un proceso injusto del cual no son culpables.
“Es complicado porque directamente uno no tiene una libertad como la que tenía antes, después de haber salido de El Pozo (cárcel de máxima seguridad) me pusieron medidas cautelares, como no andar en establecimientos públicos, no salir del país, no andar en reuniones políticas, todo eso nos prohibieron, y aparte de eso estanos siendo reprimidos en el pueblo, no tenemos oportunidad de empleo porque ven que tenemos un mal record en los antecedente penales”.
“Ahorita para hablarle de lo económico le digo que estamos viviendo una vida alimenticia mala, al menos yo tenía una propiedad en Roatán que por la situación de criminalización me tocó venderla para subsistir y por medio de allí me estoy sosteniendo, mientras se soluciona este problema”, señaló.
Asimismo añadió que “luego voy a tener que migrar a otro lugar porque aquí no hay oportunidades de empleo, soy padre soltero y no voy a permitir que mi hija viva en esta situación que estamos viviendo en este país”.
Tanto Ovidio Enamorado Guillen y Nelson Álvarez, junto con 29 personas más de la comunidad, fueron acusadas de la quema de la Alcaldía, hecho ocurrido el 18 de julio de 2018, y se dictó orden de captura pese a no tener ninguna prueba de su participación en el hecho.
Las primeras capturas se dieron el jueves 30 de agosto de 2018, donde 12 personas fueron detenidas, de las que tres de ellas (mujeres) se les dio medidas distintas a la prisión, es decir que se pueden defender en libertad. Los nueve restantes (hombres) fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara, conocida como “El Pozo”, donde permanecieron alrededor de cuatro meses y ahora tiene las mismas medidas que las tres mujeres.
Aunque estas personas están en libertad aún pesa sobre ellos un proceso judicial en su contra, por lo que pasan a la lista de criminalizados y de presos políticos durante la crisis post electoral del 26 de noviembre de 2017.
