CESPAD
¿Uranio en Honduras? En alerta comunidades del occidente del país
marzo 11, 2019
Edición: Claudia Mendoza, periodista e investigadora del CESPAD
En el año 2015, la empresa Sociedad Mercantil Minerales Chortí presentó cuatro solicitudes de exploración al Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMIN), que elevaron la alerta entre 14 comunidades del departamento de Copán, Honduras, en donde se presume hay uranio, un metal radioactivo que se usa como combustible principal para producir energía nuclear.
¿Hay uranio en el departamento de Copán? ¿Cuál es el territorio concesionado en la zona? ¿Qué implicaciones tiene la concesión minera? ¿Qué opinan los pobladores sobre la instalación de una empresa explotando minerales de la zona? ¿Qué opinan los expertos sobre el tema?
Las solicitudes para la exploración minera
Fue el 10 de julio del 2015, cuando el abogado Óscar Alejandro Álvarez Díaz, como representante de la Sociedad Mercantil Minerales Chortí S.A. de C.V, presentó las solicitudes que aparecen en la página web de INHGEOMIN, identificadas como Copan I y Copán II, registradas en los expedientes 937 y 938, ambas, el 14 de mayo del año 2015. Mientras que Copán III y Copán IV, registradas con número de expedientes 940 y 941, respectivamente, el 15 de mayo del 2015.
Pese a que el artículo 30 del Acuerdo Ejecutivo Número 042-2013, que da vida al Reglamento de la Ley General de Minería establece en el Capítulo I-Proceso de Concesionamiento para la Etapa de Exploración que “la autoridad minera ordenará la publicación de un extracto de concesión para que el peticionario lo publique en un diario escrito y una radio de cobertura en la zona…”, las comunidades afirman que no se enteraron.
Rode Murcia, Coordinadora de la
Coalición Ambientalista
“Fueron las organizaciones las que nos
alertaron. No fuimos informados y el único camino que nos quedó para detener la
concesión fue pedir un cabildo abierto para solicitar la declaratoria de
municipio libre de minería. Nos costó que nos abrieran el espacio en la
municipalidad, sólo la fuerza de la gente logró evitar que la empresa llegara.
Pero ahora estamos con temor porque hay que renovar de nuevo esa declaratoria y
no tenemos fácil el camino para un nuevo el cabildo, pero vamos a luchar”, dice
Rode Murcia, Coordinadora de la Coalición Ambientalista de ese municipio y
quien asegura que por emprender la lucha es objeto de persecución, amenazas y
difamación. Pese a los peligros que enfrenta, dice que están listos para dar la
batalla, pero que “las minas a Copán Ruinas, no llegarán”.Desde entonces, el Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación de Organismos No Gubernamentales (ASONOG), la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), el Consejo Nacional Indígena Maya Chortí (CONIMCH), Patronatos, Juntas de Agua y las comunidades han formado un bloque. La consigna que tienen es defender su territorio e impedir que las mineras lleguen a explorar uranio, antimonio, hierro, cobre y oro que son los minerales que se presume hay en la zona.
Sub-cuenta “Marroquín” dentro de la concesión
Calle de Sesesmil II, Copán Ruinas
Honduras.
En el mes de marzo del 2016, unas mil 200 personas
de 14 caseríos que se aglomeraron en la Alcaldía municipal de Copán Ruinas,
occidente de Honduras, dejaron el azadón y el machete para salir a defender su
tierra y para decirle a las autoridades municipales que los pobladores e
indígenas no quieren a las empresas mineras en sus territorios. Esta fue una de las primeras manifestaciones públicas que hicieron estas comunidades, ante la información de que la municipalidad de Copán Ruinas autorizó que la empresa Minerales Chortí llegará al municipio a explorar la zona. Se trata de 5 mil 422 manzanas de tierra que están dentro de las concesiones, en las que cohabitan 14 caseríos.
Lo más preocupante y que pone a todos en alerta, es que en la zona también está la sub-cuenca Marroquín que abastece de agua a 30 aldeas, incluyendo a algunos barrios del casco urbano de Copán. Hasta el momento el rumor más fuerte que existe es que la empresa extraerá del municipio de Copán Ruinas, uranio. Los pobladores como Murcia lo saben y dicen que están dispuestos a dar su vida con tal de no dejar entrar la minería a Copán Ruinas.
Es así que el boom minero y la concesión para exploración en Copán a la empresa Chortí, mantienen en alerta a las comunidades de Agua Fría, Cordoncillo, El Caliche, El Malcote, El Quebracho, El Tigre, La Vegona, Llanetíos, Llano Grande, Río Amarillo, Pinalito, Sesesmil I, Sesesmil II, y Sompopero.
Son zonas de producción agrícola, nos explica José Antonio Gálvez, de la Junta de Agua de la comunidad de El Zapote. Y para las organizaciones, indígenas, pobladores y ambientalistas, las concesiones para exploración son sólo el inicio del camino hacia la apropiación de los territorios, por parte de las empresas mineras. Y les preocupa que en el corredor de la zona predomina el cultivo del café, cacao, granos básicos y la ganadería. Son cultivos que temen perder si se permite el ingreso de la minera, porque aseguran que la disminución del agua sería inminente, así como la contaminación de los suelos.
José Antonio Gálvez, miembro de la
Junta de Agua de la comunidad de El Zapote, Copán Ruinas, Honduras.“Tememos que venga la mina y nos cambie el ambiente natural y afecte el agua y la tierra. Está en juego el futuro de los hijos. Estamos preocupados porque no tenemos más noticias de qué pasó con las concesiones. La Junta de Agua está lista para no permitir que la minera venga porque nos afectaría las tomas de agua”, explicó Gálvez.
En Santa Rita, Copán, Alejandrina Hernández, integrante del Consejo de la Mujer, estructura que a su vez pertenece al Consejo Nacional Indígena Maya Chortí (CONIMCH), afirma que se mantienen en reuniones permanentes porque si toca apoyar a sus hermanos de Copán Ruinas, se sumarán a la lucha. “Estamos trabajando el tema, capacitamos a la gente para que entiendan cómo esos proyectos afectan las cuencas de agua con el corte de árboles. Estamos en pie de lucha”, apuntó.
Alejandrina Hernández, Consejera de la
Mujer de la CONIMCHConcesión abarca zona del Parque Arqueológico de Copán Ruinas
La concesión Copán IV abarca la zona que se ubica a una proximidad de un kilómetro del Parque Arqueológico de Copán Ruinas y a dos kilómetros del sitio El Rastrojón, por lo que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), ha tomado acciones para blindar con los decretos que protegen el Sitio Maya de Copán, como la declaratoria de “Zona Nacional de Antigüedades” (1843), hasta el Acuerdo Presidencial No. 185 (junio 1982), que establece a Copán, como Monumento Nacional.
La noticia que el proyecto minero abarca al parque arqueológico y las zonas adyacentes donde se encuentran montículos y esculturas mayas, hizo que el IHAH recorriera la zona concesionada. Fernando López, es arqueólogo y fue la persona que se internó durante tres semanas en la zona concesionada. Caminó desde Agua Fría hacia la frontera El Florido y desde este punto, hasta la comunidad de Los Ranchos. Son zonas inhóspitas, no hay acceso en vehículo, el tránsito se hace a pie.
Fernando López, arqueólogo del
Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), que realizó el estudio. “Hicimos el recorrido porque es una zona donde hay ocupación arqueológica. Se recorrió todo el terreno. Aunque los representantes de la empresa nunca se han presentado aquí, sí vimos que tocaba los sitios declarados dentro de la parte arqueológica. Es una zona protegida y no se puede instalar ninguna obra de ningún tipo”, explicó el experto.
Con la información obtenida, se elaboró un informe que se envió a la Gerencia del IHAH, explicando los alcances de la concesión, pero hasta hoy, no han tenido ninguna respuesta. Lo que sí confirman tanto las organizaciones, especialistas y pobladores es que la solicitud de la concesión sí se entregó a la municipalidad, en donde se dio “luz verde”, pero con la oposición que se generó, no volvieron a escuchar nada. “No sabemos si eso siguió o si bajo la mesa el proyecto está activo. Nos preocupa porqué cuando hay silencio, no se sabe si es que hay misa negra”, dijo el antropólogo.
Los 70, la década de investigación del uranio en Centroamérica
Si las solicitudes de exploración para las mineras ya alarman a los pobladores, la posibilidad que se busque uranio en Copán Ruinas, les causa mayor temor. No es nada nuevo que en la zona se tenga presencia de ese metal, dicen los pobladores, quienes aseguran que desde hace muchos años hay rastros que ese mineral fue extraído. “La gente nos cuenta que hubo empresas de Estados Unidos que sacaron uranio en los años 50. Todavía hay unos cráteres que se hicieron en esa época y el temor es que según lo que nos informan busquen de nuevo el uranio”, agrega Murcia.
Y no andan alejados de lo que pudo haber ocurrido en el siglo 20. De hecho, al indagar sobre esa suposición y revisar en el pasado geológico de Honduras, resulta de importancia el documento que generó la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), en agosto de 1977, a través del proyecto Evaluación Internacional de Recursos de Uranio. En el documento se hace referencia en uno de los apartados, denominado “Exploración Pasada”, a que en 1953, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, que fue invitada por el Gobierno de Honduras, condujo reconocimientos de uranio en algunas partes del país.
El documento continúa informando en el apartado “Existencias y Recursos de Uranio”, que “un prospecto de uranio fue descrito desde Yamala, área en el noroeste de Honduras. Uraninita y productos de oxidación se producen en asociación con minerales de cobre y mercurio en venillas así como diseminaciones en conglomerados de piedra caliza del cretáceo más bajo, la Formación Ilama. La Formación Ilama es un conglomerado de facies de la Formación de Atima (piedra caliza), ambas en el Grupo de Yojoa”.
Piedras
con polimetales, de Honduras
En el apartado “Estado Actual de Exploración”, el
documento refiere que para ese entonces, no había información disponible sobre exploraciones
en Honduras. Y se aclara que el estado es dueño de la mayoría de depósitos de
minerales pero que “podría permitir otorgar derechos para exploración y explotación
de subsuelo y que depósitos de uranio y sus sales, torio y sustancias de
energía atómica similares están reservados al estado. Ciudadanos y compañías
extranjeras, con algunas excepciones, podrían adquirir derechos minerales”.Y finalmente, lo que llama la atención es que en el apartado “Áreas Favorables para Mineralización de Uranio y Potenciales para Nuevos Descubrimientos”, se establece que “Varios grupos de sedimentos podrían interesarse por la exploración de uranio. Las capas rojas de Todos Santos y la Formación El Plan, son marina poco profunda y por lo tanto pueden contener facies marinas marginales favorables para el uranio.
En la Cordillera sur y central, los sedimentos de Valle de Ángeles, particularmente las areniscas, pueden ser de interés. Falta más información en la cual basarse para una mirada más optimista. Se estima que el potencial de uranio en Honduras puede ser por el orden de 1,000 a 10,000 toneladas”, dice el documento.
https://inis.iaea.org/
Uranio: un recurso posible pero no probado
Sobre el tema le consultamos a Rafael Mejía, Ingeniero Químico Industrial, experto en metalurgia extractiva. Mejía ha sido estudioso del tema y afirma que la referencia que tiene sobre la posibilidad de que exista uranio no es en el departamento de Copán, sino en el de Santa Bárbara. “Las posibilidades de uranio, existen, pero todavía no son algo probables las cantidades de uranio para extracción, porque usted puede encontrar un espécimen de una roca que da positiva a uranio, pero es muy poca cantidad”, sugiere.
Mejía conoce el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica. “Llega los años 70 y sale esa información de John Svanholm. Luego, con esa información que se trae del 77, posiblemente ese informe lo usa la agencia canadiense de corporación para venir a buscar uranio a finales de los 70, 80, 81, 82. En esos tiempos utilizaron un cintilómetro para andar midiendo rayos gamas en todo Honduras, en las formaciones que aparecen en ese informe y no encontraron rastro alguno que les dijera que había un potencial de un depósito”, agrega.
Sin embargo, para este experto, que el cintilómetro (instrumento de precisión aplicado para reconocer la cantidad y el tipo de radiación) no haya marcado en décadas pasadas la existencia de uranio en la superficie, no hace que se descarte la probabilidad. “Ese material debe ser muy rico para ser detectado en la superficie”, dice.
En relación con la estimación de uranio que habría en Honduras, el experto dice, “la prueba de la no existencia no es prueba de que no existe. Sino que hay un potencial, que está muy abierto (de mil a 10 mil toneladas). Está muy abierta la posibilidad de que pueda existir algo”, concluye.
Si es uranio o no, el elemento radioactivo que busca extraer en Copán Ruinas la empresa Minerales Chortí, es algo que no tienen claro las poblaciones alojadas en el territorio concesionado.
La entrega de permisos de exploración y explotación minera sigue siendo un tema del que se carece información y transparencia en los procesos de adjudicación. Las comunidades siempre son las últimas en darse cuenta de que sus territorios les fueron concesionados. Y en este caso, los caseríos de Copán Ruinas están a tientas.
Sesesmil
I, Copán Ruinas. Honduras-
Pero,
¿qué opinan las autoridades de Inhgeomin y la empresa Minera a la que se le
habrían adjudicado las concesiones para la exploración presuntamente de uranio?
¿Qué mineral se pretende extraer de la zona? En una segunda entrega le daremos
a conocer datos sobre un problema que como este, se va haciendo más recurrente
en los pueblos del interior de Honduras, en donde también se han adjudicado
concesiones mineras. 
Proyecto minero desplaza familias enteras en Colón
Salir huyendo de casa nunca lo imaginó. Irse fue la decisión más difícil que tuvo que tomar, porque creció pensado que era privilegiada al nacer en Guapinol; un pedazo de tierra tropical bajo la falda del imponente y codiciado parque nacional Carlos Escaleras, en el departamento de Colón, zona nororiental de Honduras.
Pero ella, no fue la única en irse. Antes lo hicieron cinco familias más por las mismas razones, aunque bajo circunstancias de violencia. Pareciera que la llegada del supuesto desarrollo que promueven las autoridades significara el desplazamiento forzado de las comunidades, comentaba mientras armaba una pequeña maleta que la acompañarían en un viaje que desconoce si tiene retorno.
Meses antes se le vio participar en el campamento de Guapinol, en las protestas de las calles y a las afueras de un tribunal con jurisdicción nacional donde 12 de sus vecinos y compañeros eran criminalizados por oponerse a la instalación de una minera. El Estado de Honduras y la empresa Inversiones Los Pinares, acusó a delegados de la palabra de Dios y líderes comunitarios de daños, usurpación y asociación ilícita.
A los líderes ambientalistas se les dictó sobreseimiento definitivo a inicios de marzo de 2019, porque la fiscalía no pudo sustentar las pruebas que los incriminaban; un organigrama de “inteligencia” de la Policía Nacional, donde se ve a los ambientalistas bajo la denominación “La Banda de la Aldea de Guapinol”.
Organizaciones de derechos humanos sostienen que, el Ministerio Público utiliza el derecho penal para acusar de usurpación y hasta del delito de asociación ilícita a la ciudadanía que está defendiendo su territorio, ante la instalación de proyectos extractivistas.
A pesar que Guapinol geográficamente está inserto en una región de conflicto agrario y de presencia de narcotráfico, para ella (a quien llamaremos únicamente así), y los suyos es un paraíso terrenal. Sabe que la falta de institucionalidad le da poder al crimen organizado y los terratenientes para matar y robar la tierra a los campesinos. O para comprar la justicia y protegerse bajo el uniforme militar.
Ella cuenta que en el Aguán los días calurosos se calman con un buen chapuzón en el río; acompañada de gente amada, frutas de temporada y una buena dosis de risas. ¡Así la vida es bonita! El río Guapinol abastece de agua a la comunidad y otros sectores aledaños que lo utilizan para el consumo humano, aguar el ganado y regar los cultivos.
También dice que la gente con orgullo se describe como trabajadora y emprendedora. Varias familias se alimentan de los ingresos que produce el monocultivo de la palma africana, otras de lo que deja la ganadería y la siembra de granos básicos, y la mayoría de las familias viven producto de las remesas que reciben de sus familiares que emigraron a Estados Unidos y España.
En cada palabra que pronunciaba sobre su pueblo trata de explicar el por qué es necesario arriesgar hasta la vida por esa tierra, sobre todo contar cómo las mujeres están viviendo la implantación de un modelo económico extractivo que las criminaliza, persigue y desplazada forzosamente, cuando debería de ser el Estado quien les garantice el goce pleno de sus derechos.
La libertad de sus compañeros y compañera criminalizada significó una enorme alegría, el pueblo lo celebró a lo grande, pero ella es consciente que las amenazas siguen latentes. La empresa sigue con los trabajos en la zona gracias a la seguridad que recibe de la Policía Nacional y Militar. A través de redes sociales se ha denunciado que los militares en pleno abuso de poder impiden que la gente permanezca en el río.
Ella denunció en repetidas ocasiones que a la comunidad llegaron personas ajenas que, además de trabajar con la minera se dedican a hostigar a la ciudadanía que públicamente se ha pronunciado contra la mina. “A dormir como las gallinas”, dijo entre risas y lamentos, porque las mujeres que tuvieron que huir les tocó dejar abandonadas hasta las gallinitas y otros animales que eran el sustento de sus familias. También tuvieron que irse defensores de derechos humanos y comunicadores, amenazados por los uniformados y los allegados a la empresa.
Datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), establecen que durante el 2018 más de 950 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares por causas asociadas a la violencia. Organizaciones ambientalistas aseguran que esa violencia está muchas veces relacionada con los conflictos que viven las comunidades por la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos.
La concesión: el conflicto
Corría la fiesta de San Isidro Labrador en Tocoa cuando el pueblo comenzaba a indignarse. El agua del río era color chocolate y olía mal. Don Reinaldo, uno de los líderes criminalizados cuenta que les tocaba bañarse así; no había de otra, cuando el cuerpo se secaba quedaba pegajoso por la cantidad de lodo o sedimento que el agua llevaba.Desde 2012 se conocía que la montaña Escaleras estaba destinada para la explotación minera de óxido de hierro. Hasta ese entonces únicamente sabían que la concesión minera pertenecía a la familia Rivera Maradiaga “Los Cachiros”, una banda de narcotraficantes encarcelada en Estados Unidos. Nadie podía hablar de la minera porque el miedo de ser asesinado era real.
La montaña lleva el nombre de Carlos Escaleras, fruto de una demanda internacional contra el Estado de Honduras por el asesinato del ambientalista en octubre de 1997. Veinte años después del crimen, mediante un acto público el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón. Pero no evitó que se desgranara un conflicto socio ambiental por las concesiones que ha otorgado.
De acuerdo a los análisis e investigaciones del Comité Municipal en Defensa del Agua de Tocoa, Colón y la Coalición Contra la Impunidad, el Congreso Nacional mediante Decreto Legislativo 252 – 2013 dictaminado, discutido, aprobado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República. Este decreto dio luz verde para concesionar la zona núcleo del parque nacional.
Además, la comunidad asegura desconocer como la concesión fue a parar a manos del empresario Lenir Pérez, yerno del terrateniente fallecido Miguel Facussé, señalado de obtener grandes cantidades de tierra de forma irregular. Las comunidades han denunciado que las autoridades municipales están al servicio del empresario.
Pérez es un joven dedicado al rubro de la construcción, quien ha logrado posicionarse gracias al renombre de su familia política; abriendo puertas para entablar negocios con el Estado. En el sector Florida en Tela intentó extraer óxido de hierro, pero las comunidades organizadas lo evitaron. Aunque algunos afirman que la amenaza de explotar la mina sigue latente.
Una Honduras en pedazos
El reciente informe “Territorios en Riesgo II, minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, elaborado por Oxfam, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), refleja que en el 65 por ciento del territorio de Honduras hay concesiones mineras y de generación de energía.El estudio especifica que la minería se extiende sobre 156 municipios y la generación de energía sobre 100, mientras otros 25 municipios en la costa Caribe podrían ser afectados por la extracción de hidrocarburos. Asimismo, 32 concesiones mineras y 10 proyectos de energía hidroeléctrica se encuentran dentro de micro cuencas.
Mientras el gobierno nacionalista de Juan Orlando sigue impulsando proyectos extractivos en las comunidades, las familias enfrentan la ruptura del tejido social que los expone a las amenazas a muerte, criminalización y desplazamiento forzado.
Ella salió de su comunidad fuera de Honduras. Su gente asegura continuará la lucha para evitar que la mina se instale, de eso dependiente la oportunidad de contar con agua no contaminada, comunidad sin conflictos y familias más consciente que lucharon por un bien común que les llama a no dejarlo arrebatar.
Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (II)
Thursday, 07 September 2017 15:59 Published in Apartheid garífuna PASOS DE ANIMAL GRANDE
Desplazamiento de territorio.
Trujillo, Colón.«Eso fue dos años después de que la
policía hubiese allanado las tiendas de AOV en 14 municipios de Ontario.
Se apoderaron de copias de películas como La Bimbo, Lawyers in Heat y
D-Cup Delights y Jorgensen fue finalmente condenado por distribuir material obsceno.
Apeló hasta el Tribunal Supremo de Canadá y, en 1995, ganó», así resume
la prensa canadiense una de las batallas del Rey del Porno, Randy
Jorgensen.
«Para entonces, él se había divorciado, y había comenzado a vacacionar en Trujillo, una ciudad de la playa situada entre dos cadenas montañosas imponentes. Jorgensen compró una casa allí, y se hizo amigo de varios empresarios locales, entre ellos Ramón Lobo, cuyo hermano, Porfirio, se convertiría en presidente», relata el artículo.
Randy Jorgensen hizo fortuna con la industria de la pornografía, según la prensa de Canadá, perono sólo es mencionado por usurpación.
Mike Wyatt y Randy Jeorgensen, ofrecían servicios de turismo sexual y pornografía por internet abusando de menores hondureños, pero usaban como pantalla un simulado estudio fotográfico en Trujillo, ambos fueron procesados, pero se fugaron del presidio de esa ciudad », públicó entonces Revistazo. Contra Jorgensen no hay una sentencia por el caso.
Karen Spring que trabaja para Rights Action reveló:
«También inquietante para las comunidades hondureñas es la sórdida historia legal de Jorgensen. La revista canadiense Macleans informó en 2001 que Jorgensen había sido "acusado de hacer películas X-rated con niñas menores de edad en su casa de vacaciones en Honduras».
El 21 de noviembre de 2011, el National Post, informó que «el magnate de la tienda de video para adultos que ayudó a legitimar la pornografía en Canadá, ha sido acusado en Honduras de hacer videos X-rated de niñas menores de edad en su lujosa casa de campo. El Sr. Jorgensen dijo que recibió una carta del juez hondureño el 5 de octubre que lo exoneró de los cargos más recientes. Pero Alma Reina Cruz, fiscal especial encargada del caso, dijo ayer al National Post que presentó cargos criminales contra el señor Jorgensen y dos estadounidenses, Mike Wyatt, de 60 años, y Woody Abbott, de 59 años de California Quien también se llama Willard Lee. "Tenemos un testigo que lo denunció a él ya los dos estadounidenses por tomar fotos pornográficas y videos de menores, y dijo que los hombres drogaron a las niñas y les dieron alcohol antes de filmarlas". Él culpó el incidente en un desacuerdo con su administrador anterior de la casa, Arlene Esther Ramírez Marín, que trabajó para él por cuatro años. Dijo que lo acusó de los cargos después de que tuvieran una disputa sobre su incapacidad de producir registros contables por el dinero que envió de Canadá a una cuenta bancaria en Honduras».
Por este caso, Jorgensen parece haber salido bien librado en la justicia hondureña.
Las acusaciones fueron promovidas en el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, gestionado por mestizos que se refieren al “caso de los negritos” cuando hablan de la usurpación que los canadienses promueven.
Es que la Corte de Apelaciones ya había ordenado que se diera auto de prisión en un caso similar y por eso apelaron porque el juzgado dio carta de libertad, platicaba una las funcionarias judiciales el viernes 4 de agosto que le consultaron por el juicio de “los negritos”, como le llaman despectivamente.
Este juicio se encuentra en el expediente 206-16 del Juzgado de Letras de Trujillo, Colón. El juicio evidencia presunta colusión de jueces de paz, abogados, habitantes garífunas y operadores judiciales.
Los acusados en el expediente 206-16 son los garífunas “Cesar Jeovanni Bernardez, Medaline Martínez David, Celso Alberto Guillén Mejía y Cosme Enrique Ávila Bernardez”, cita el Libro de Entradas. Todos recibieron una carta de libertad provisional. La parte acusadora es la Fiscalía de Honduras a petición del canadiense, Patrick Daniel Forseth.
En el juicio, los garífunas demostraron que tienen un título
comunitario, según expediente 47890 del Instituto Nacional Agrario
(INA).
«Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad Beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga con el propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha Comunidad que carezcan de ella, así mismo la trasnferencia de dominio que hagan los propietarios de vivienda tiene que ser a favor de los miembros de dicha Comunidad. En ambos casos tiene que haber aprobación de la Junta Directiva del Patronato misma que debe constar en el instrumento de transferencia de dominio», dice el título.
Según se constató, este título de propiedad está inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP) de Trujillo, con registro 5-380 del año 2000. Este título no tiene ninguna anotación, es decir, la comunidad garífuna no ha vendido ninguna de las 237.75 hectáreas (340.23 manzanas) establecidas en el título comunitario, según consta en el IP.
Sin embargo, mediante instrumento público No. 61, de compra venta,
el canadiense Patrick Daniel Forseth, representante de la comunidad
Carivida, le compró al señor Leuterio Arriola Fernández, cuatro manzanas
y media de terreno ancestral cuya venta a extranjeros está prohibida.
El instrumento está firmado por el notario Luis René Amador.Este
instrumento aparece en el IP como inmueble con la matricula 1087556 del
11 de abril de 2013.
El expresidente del patronato Celso Guillén Mejía denunció que el alcalde de Santa Fé, Lucas García, juramentó a Severino Chavez Güity como presidente del patronato, pero el legítimo representante de la comunidad, era él, dijo Guillén Mejía. “Me dieron un golpe de Estado”, asegura.
Sostuvo que los canadienses tienen en su poder aproximadamente el 80 por ciento de los terrenos que le pertenecen a los garífunas, concentrados en el proyecto Altavista. Según Guillén Mejía el juez Carlos Emenelio Reyes se prestó para una serie de supuestas triquiñuelas para violentar la tierra que ellos consideran sagrada.
Una constancia del 5 de marzo de 2012, firmada por Güity como “presidente del patronato de Guadalupe” autoriza a los señores Saúl Simón Gómez, Sixto Nolasco Flores, Leuterio Arriola Fernández, Celso Flores Martínez y Desary Clother para hacer gestiones ante el Registro de la Propiedad, de compra venta, donaciones, enajenaciones, sucesiones entre vivos…o hipotecas en el mismo terreno ancestral con registro 5-380 del año 2000.
Mediante la escritura pública No. 2304, de donación, el señor Severino Chávez Güity le donó el terreno a Leuterio Arriola Fernández.
Pese a que las evidencias muestran que los garífunas ocupaban territorio ancestral, el sistema judicial del país, encarceló a una mujer garífuna en medio de maltratos el 10 de noviembre de 2016, llevada al juzgado al día siguiente y fue hasta el 30 de noviembre de 2011 que le dieron carta de libertad.
Uno de los testigos de la Fiscalía para perseguir criminalmente a los
indígenas fue Román Bernardez Fernández, hermano de Leuterio Arriola
Fernández.
Román Bernardez dijo ante el juzgado que llegaron unas 20 personas con tambores al terreno mientras él estaba de turno trabajando para la empresa Carivida en el terreno en disputa.
En una entrevista sobre el tema, Román Bernardez declaró que estaba en casa y su compañero lo llamó para decirle que el 12 de octubre de 2016 se tomaron la propiedad. «Mi deber como empleado fue sólo llamar al abogado, le mencioné los nombres de los que estaban aquí porque como trabajador es mi deber», indicó el garífuna.
Dijo que nunca vendió tierra en Guadalupe, aceptó que Eleuterio es su hermano de madre. Según su historia, este predio era del señor Felipe López y el señor Felipe López era marino, envejeció aquí, quedó abandonado, se rumoró que la gente ladina lo quiere invadir y se reunió la comunidad, Eleuterio lo cuidaba. Bernardez expresó que se rumoró que el patronato anterior había empeñado este terreno. «Le dije a mi hermano que no vendiera este predio, me dice él que estaba haciendo trámites para vender esta tierra», indicó.
«No estoy en contra de la lucha de mi pueblo, pero trabajo con la empresa Carivida, yo quiero que se pongan en mis zapatos, yo como de mi trabajo», expresó. Bernardez contó que tiene 4 años de trabajar con Carivida.
Se trató de conocer la versión del abogado de Forseth, Carlos Barahona Flores, pero no respondió su celular, asimismo se le envió por pasosdeanimalgrande.com un correo electrónico con preguntas alrededor del tema pero tampoco ha respondido. En la expresión de agravios del recurso de apelación para reactivar el proceso penal contra los garífunas el apoderado legal expresa: …A lo largo de todo el proceso, el enfoque de la defensa ha sido tratar de establecer que la compra-venta de terrenos hecha por la sociedad Carivida, ha sido ilegal porque los terrenos son «herencia ancestral de los morenos bla, bla, bla», dice el escrito penal.
Skycore International Holdings LTD es una empresa constituida bajo la Ley International Business Companies Acto (IBC) de Belice, bajo esta ley las empresas están exentas de impuestos. No se encontró un sitio electrónico específico de esta empresa constituida bajo las leyes de Belice para «desarrollo turístico, bienes raíces, adquisición de propiedades para proyectos habitacionales y comerciales con fines turísticos…».
Según un boletín de Ofraneh, de diciembre de 2016, las empresas del canadiense Jorgensen, Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista,Carivida y Banana Coast, se ven cuestionadas ante la adquisición de tierras de forma indebida, además de estar proseguido por el Juzgado de Letras de Trujillo por usurpación.
Jorgensen sí dio entrevista a la prensa canadiense. El sitio electrónico canadiense Ricochet.media por medio de un artículo que inicia con la frase “Pequeña Canadá”, informó en diciembre de 2014 que: Jorgensen desestima las reclamaciones de tierras de la comunidad Garifuna. Es la misma historia en Guadalupe que en Río Negro y no se trata realmente de la tierra, dice.
"Ellos tienen facciones extremistas que están extremadamente motivadas políticamente y salen de su camino para crear cualquier problema que puedan para cualquier cosa que realmente no pone dinero en sus bolsillos personales".Otros desarrolladores canadienses han seguido desde entonces, pero Jorgensen sigue siendo el principal jugador en el área, destaca el sitio.
Ricochet.media informó que la empresa de Jorgensen, Life Vision
Developments, está desarrollando varios proyectos en la zona: Campa
Vista, Coroz Alta, Nueva Palm Beach y Alta Vista. "Tenemos cerca de
1.500 acres de desarrollo residencial en marcha ahora. Vendimos 500
propiedades a los canadienses. Empiezan a llamarlo Pequeño Canadá.
Jorgensen niega categóricamente que el proyecto de Alta Vista se superponga con el título de la comunidad de Guadalupe, pero también alega que la comunidad no utilizó la tierra para nada de todos modos. "No es como si esta tierra tuviera que ser preservada para" este propósito ". No tienen un propósito. Ellos no tienen un plan. No tienen nada que ver con eso.
Dejando a Guadalupe atrás, el viejo autobús escolar amarillo ruge ante la comunidad garífuna de San Antonio antes de pasar Njoi Santa Fe, otro proyecto inmobiliario en construcción por parte de desarrolladores canadienses. Después de la comunidad de Santa Fe, es un flujo constante de turismo de propiedad canadiense y proyectos de bienes raíces a lo largo de los 11 kilómetros de regreso a Trujillo: New Palm Beach, el Banana Beach Resort, Njoi Trujillo, Coroz Alta y Campo del Mar, Campa Vista y El Tranquility Bay Beach Resort, cita la publicación canadiense.
La portavoz del MP Lorena Cálix, explicó que como producto de las denuncias se acusó a la registradora del IP, Tanía Yamileth Santos Antunez, porque la Fiscalía investiga la supuesta apropiación por parte de extranjeros de un título ancestral comunitario que data del año 1862.
Sin embargo, el sistema judicial le dio carta de libertad definitiva a Santos Antunez. Más bien, según se constató en expediente 262-2015 del Poder Judicial –en el transcurso de esta investigación- el 4 de septiembre de 2015, Santos Antúnez solicitó hacer examen para convertirse en notaria pública.
También, el MP ha presentado una acción penal contra el señor Jorgensen, tiene auto de prisión, una de estas es la prohibición de salir del país, dijo la abogada y periodísta Cálix.
El MP investiga a Jorgensen porque supuestamente se apropió de una cantidad superior de terreno a la que se había acordado con miembros de la comunidad. Aunque hayan sido territorios vendidos por miembros de la comunidad garífuna, lo que el MP ha establecido en forma clara es que ese es un territorio ancestral altamente tutelado por tratado y convenciones internacionales, declaró la portavoz.
Guillén Mejía contó que durante una asamblea comunitaria, Forseth llegó violentando todas sus ceremonias de reunión con prepotencia y actitud de superioridad, como si fueran una raza superior. Ese día el mensaje era ¿Que por qué no queremos el desarrollo? Queriéndo imponer su visión de desarrollo por encima de la cosmovisión garífuna.
El ingeniero agrónomo Henry Norales explicó que otro aspecto es que la visión de desarrollo del gobierno es la siembra de palma africana, dejando de lado la dieta tradicional garífuna de yuca, coco y otros tuberculos, además, sus cultivos diversos embellecen el paisaje y no lo vuelven oscuro y monótono como ocurre con el monocultivo, dijo.
Cuando Greta Thunberg, una niña natural de Suecia, inició una
huelga en agosto del año pasado frente al Parlamento de su país NO
imaginó el remezón que produciría en el planeta Tierra.
La niña de 16 años dijo que “no entraría a la escuela” mientras su Gobierno no esté alineado al Acuerdo de París que compromete a los Estados a detener el cambio climático.
Ayer viernes 15 de marzo pudimos ver las imágenes de millones de niñas, niños y adolescentes como Greta exigiendo a sus gobiernos seriedad frente al desastre ambiental que empuja al calentamiento global.
La generación del milenio está consciente de la herencia perversa. Las pequeñas, medianas y gigantescas empresas irresponsables están provocando la destrucción de nuestra casa común. Y los Estados corruptos, avalando.
La alteración de la temperatura promedio de los mares está provocando verdaderas tragedias. Y este no es un tema de apopcalípsis ni armagedones divinos. El tema es que el capitalismo salvaje, ambicioso, individualista y criminal arrastra el planeta a un cambio drástico, que puede ser detenido y revertido.
Así como ocurrió el día 8 de marzo, cuando las mujeres del mundo inundaron las calles y plazas para anunciar su presencia irrefutable en la vida social, política y económica de nuestro tiempo, las adolescencias salieron el 15 a exigirnos parar. Y avisaron que están aquí, en todas partes.
Las dos protagonistas de este siglo, las mujeres y las juventudes, están paradas delante del sistema político y económico mundial para decirles que respeten a esta generación, que detengan sus máquinas.
Si los Estados enemigos del Acuerdo de Paris de 2015 sobre el Cambio Climático no escuchan, van a sufrir las consecuencias. Van a tener que enfrentar a estos dos actores decisivos, como ya ocurre en Estados Unidos, donde el Congreso es liderado por mujeres jóvenes y monorías excluidas.
En Honduras, que es ciertamente una tragedia, un Estado capturado por un cartel de narcotraficantes corruptos, la situación es escalofriante.
El impostor Hernández viene de entregar a los militares gringos supremacistas la custodia de los parques y zonas protegidas donde descansan las riquezas naturales del corazón de América.
Antes la dinastía Hernández, que heredó el país golpeado de 2009 hasta nuestros días, había entregado la franja petrolífera del caribe a la empresa inglesa British Gas.
El desastre había comenzado en 2012 con la nueva ley minera que impuso Canadá para favorecer sus compañías, y las reformas a la ley ambiental que repartió los ríos a los grupos del crimen organizado ligados al COHEP, la ANAMIH y al propio Congreso Nacional.
Greta Thunberg, la niña nominada al Nobel de la Paz 2019, tendría en este país centroamericano una enorme lucha para detenter a los mafiosos ambiciosos que criminalizan y matan a la gente que defiende la vida del planeta.
Es la situación que está viviendo en este momento el ancestral pueblo indígena lenca de Reitoca, al sur del departamento de Francisco Morazán, no obstante que su población ya decidió desde el 26 de febrero del 2018 NO al represamiento de su río Grande o Petacón. No a la Ruta Sur de la narco dictadura. Y por eso exige justicia contra PROGELSA, la invasora.
Es la misma situación que viven las comunidades próximas a todos los ríos que descienden del maciszo montañozo Nombre de Dios, que protege todo el litoral atlántico hondureño, santuario disputado por empresarios mafiosos ligados a los carteles de la muerte. Y así, por todo el país.
Entonces, si les falta conciencia a esos grupos avaros, ultra ambiciosos, que quieren amasar fortuna recalentando el planeta con minas a cielo abierto, con plantas industriales a base de carbón y combustibles fósiles y con militares matones, a nosotros el pueblo nos debe sobrar conciencia para defender la Madre Tierra, por las buenas y por las malas.
En este nuevo siglo, por las buenas significa campamentos de la dignidad, comunicación alternativa popular, aplicación del Derecho Positivo y movilización comunitaria permanente.
Por las malas significa la invocación de los mitos y magias ancestrales para quitarle el sueño a los invasores de los territorios sagrados… un ejército de duendes ocultos entre las hojas y las ramas del bosque, y una sigualepa que deje Siguatepeque.
Como nos dejó dicho el inmortal teatrista callejero universal, el Quique Cisneros Luján, el llanero que nunca estaba solitario: Las represiones de hoy son inevitablemente las victorias de mañana.
Que así sea!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 16 de marzo 2019
por Daniel Gatti
Este fallo, del 19 de marzo, es el segundo que va en el mismo sentido, luego del que condenó a la transnacional estadounidense, hoy propiedad de la alemana Bayer por el cáncer causado por el Roundup a Dewayne Johnson, un ex jardinero de California.
Hay más de 11.200 casos similares tramitándose ante los juzgados de Estados Unidos, y otros en Francia y otros países.
El jurado californiano se pronunció esta vez únicamente sobre la eventual relación causal entre el Roundup y el linfoma no Hodgkin (LNH), un cáncer que afecta al sistema linfático hasta ahora no curable, que se le diagnosticó a Hardeman.
Estableció que sí, que había efectivamente un vínculo entre el uso del producto -el agricultor de la localidad de Santa Rosa lo empleó desde 1986 para controlar malezas- y el LNH, la misma enfermedad que sufre Dewayne Johnson.
Ahora, el jurado deberá determinar si Monsanto estaba al tanto de los riesgos que presentaba su producto y, si así fuera, si hizo algo para informar a los consumidores al respecto. Deberá también, eventualmente, fijar las indemnizaciones a pagar a Hardeman.
El juez del caso escribió en su fallo de esta semana que “hay pruebas sólidas de las que un jurado podría concluir que a Monsanto no le preocupa especialmente si su producto en realidad está causando cáncer a las personas, centrándose en cambio en manipular la opinión pública y socavando a cualquiera que presente inquietudes genuinas y legítimas sobre el tema”.
Recoge de esa manera no sólo los argumentos de la defensa de Hardeman sino de todas las asociaciones, científicos y agricultores que han denunciado a la transnacional por esconder evidencia, mentir, fabricar “investigaciones”, llevar a cabo campañas de amenazas a sus críticos.
Tras el fallo, las acciones de Bayer cayeron más de 12 por ciento.
El excapitán Santos Orellana se refirió a las recientes
acusaciones en contra de una de las ramas de las Fuerzas Armadas que la
vinculan al trasiego de droga e hizo revelaciones sobre cómo la
transportaban.
Sus declaraciones surgen luego de que el exlíder del cártel de Los Valle, Miguel Arnulfo Valle Valle, implicara a miembros de la Fuerza Naval de Honduras en los movimientos de cargamentos que ingresaban al país.
El excapitán Orellana pertenecía a la institución castrense pero fue separado de la misma en octubre de 2016; ocurrió tras su denuncia contra Antonio “Tony” Hernández que lo vinculaba con narcotráfico.
Corrupción en el mando de las FFAA
Según los señalamientos de Orellana, él percibió actividades ilícitas a lo interno de la institución a la que pertenecía. Es por ello que decidió hablar con sus superiores sobre las anomalías pero solo recibió una “baja deshonrosa”.
“Me enteré y di cuenta de la corrupción que había en el mando de las FFAA”, dijo enérgicamente el excapitán. Sumado a ello, indicó que personajes políticos manejaban algunas operaciones relacionadas con el narcotráfico.
La hora feliz
Además reveló que “se decía sobre la existencia en ocasiones de ‘la hora feliz’ en los radares para poder dejar pasar los aviones”.
Asimismo, dijo que las personas encargadas de la vigilancia en los puntos estratégicos solían “inventar” excusas; incluso decían que los objetivos volaban a “flor de gua”.
“Yo quedé sorprendido porque una vez me dijeron a mí: ‘Capitán, está en problemas, porque ese helicóptero pertenece a un hermano del presidente e iba a ser reabastecido de combustible por una aeronave de ustedes’”, recordó Orellana.
“Uno se queda sorprendido que en las mismas aeronaves sacan la droga de La Mosquitia pero eso habría que consultarle a los que han sido jefes del Estado Mayor Conjunto y ministros de Defensa para ver qué respuesta le tienen al pueblo hondureño”, concluyó.
Los miembros del clan de “Los Valle Valle” continúan
brindando declaraciones a la justicia estadounidense en el marco de un
juicio por narcotráfico, en ese sentido, el excabecilla Miguel Arnulfo
Valle habría involucrado a miembros de la Fuerza Naval de Honduras en la
ayuda al transporte de drogas.
En un informe que publica este lunes el diario hondureño La Prensa respecto a declaraciones a la agencia estadounidense antidrogas (DEA), describe cómo y con quienes hacía negocios don Arnulfo como parte del tráfico ilícito.
Detalla en el documento al que tuvo acceso dicho rotativo que Miguel Valle ya tenía conocimiento del recorrido de Fagot Máximo en el mundo del narcotráfico y que en un inédito encuentro en una sala de hospital en San Pedro Sula (norte del país) tuvieron la oportunidad de conocerse.
¿Naval involucrada?
En esa ocasión Miguel Valle recibía atención por problemas de salud debido a la presión alta y Fagot acompañaba a un conocido de ambos. Intercambiaron números telefónicos y se comenzó el vínculo.
En pormenores el reporte describe las conexiones que se hacían para recibir los paquetes de cocaína en La Mosquitia (departamento de Gracias a Dios) a través de Fagot Máximo quien se encargaba de enviarla a Noé Montes Bobadilla (alias Tom) hasta el sector de Limones en el departamento vecino de Colón.
De esa forma Montes Bobadilla hacía el enlace para remitir los cargamentos de droga a Miguel Valle desde el norte del país hacia el occidente en Copán, en el departamento fronterizo con Guatemala.
“Miguel Valle aseguró a la DEA que, para recibir los cargamentos de drogas, Noé Montes Bobadilla trabajaba en conjunto con miembros de la Fuerza Naval de Honduras”, apunta la publicación en la que se menciona cómo se compraban entre los tres y se nombra la procedencia del producto desde Colombia.
Los tres guardan prisión
El hondureño Noé Montes Bobadilla fue condenado a 37 años de prisión por la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, por conspirar para ingresar miles de kilogramos de cocaína a ese país de Norteamérica.
Este sujeto fue capturado en Honduras en junio de 2017 en una operación en aldea La Francia (Colón) y tras el proceso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue entregado y extraditado a los Estados Unidos el 22 de septiembre del mismo año.
En cinco años se han extraditado 23 hondureños por narcotráfico hacia Estados Unidos, entre los primeros se menciona a Miguel Arnulfo Valle llevado a enfrentar la justicia norteamericana en diciembre de 2014.
Mientras tanto, Arnulfo Fagot Máximo, alias “El Tío”, se convirtió en diciembre de 2017 en el hondureño extraditado número 17 tras su captura en agosto del mismo año.
En entrevista con Radio Progreso, el analista hondureño y ex Juez de
Sentencia, abogado Ramón Enrique Barrios, sostuvo que el año 2019 se ha
iniciado con una cantidad de muertes violentas increíbles. “La cantidad
de personas que mueren producto de la violencia en Honduras es tremenda.
Todavía sigue saliendo gente, entre los 15 a los 42 años, en caravana
hacia Estados Unidos. Los índices reflejan alrededor de 65% de pobreza
en el país, es decir, de cada 100 hondureños 65 son pobres y otros 20
están en extrema pobreza”, manifestó Barrios.
Barrios aseguró que frente a ese panorama que sufren los hondureños y hondureñas como sociedad en general, toca enfrentarse a un gobierno ilegitimo que cada vez se deteriora. “Vemos a altos funcionarios del gobierno, casi el entorno del Presidente, acusados de narcotráfico en Estados Unidos, está claro que el país no va bien”.
“A partir de 2010 surge una figura, que yo he criticado altamente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que originalmente fue creada en la Constitución de 1982, pero la que actualmente está en funciones vino a concentrar los tres poderes del Estado, consolidando así la dictadura que se ha implantado en Honduras”, analizó Barrios.
Barrio sostiene que las fortalezas de dicho Consejo están en la creación de su propio cuerpo armado llamado Policía Militar, que cuenta con su propio cuerpo de inteligencia: La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que se protege con dos importantes leyes.
“Una es la Ley de Secretos Oficiales, todo lo que se decida en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad los hondureños no lo vamos a saber sino hasta después de 15 años, y por el otro lado, también con una asignación presupuestaria que no puede ser fiscalizada”, aseguró el ex Juez de Sentencias.
Manifestó que nada de lo que pasa en este país o por lo menos no pasa si previamente no es analizado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lo preside el Presidente Hernández.
“La Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad establece que tanto el poder legislativo, el poder judicial, el Ministro de Seguridad, el Jefe de las Fuerzas Armadas iban estar bajo mando único del Presidente de la República de manera que la Democracia Formal que se establece a partir de 1982 se convirtió en una pequeña dictadura en Honduras”, ratificó Ramón Barrios.
Definió a los poderes fácticos como esos que manejan a las marionetas, a los que nunca se les ve, esa mano que hace que el muñeco hable, que el muñeco gesticule. En definitiva, dijo, los poderes fácticos son como esa mano que mece la cuna.
“Esos poderes fácticos están constituidos por una élite económica, y en Honduras ese poder económico le aseguro que tiene nombres y apellidos. No más de 25 familias en Honduras tienen el poder económico más o menos con una concentración de la riqueza que anda entre 60 y 70% del Producto Interno Bruto, es decir la riqueza que produce el país, ese es un poder fáctico”, aseguró.
Barrios califica a las Fuerzas Armadas de Honduras como un poder fáctico porque son los que tienen las armas. “Cualquier presidente de Honduras y cualquier élite económica, bajo estas condiciones de desigualdad que existen, no pueden permanecer en el poder si no es con el aval de quien tiene las armas”, explicó.
“Otro de los poderes fácticos son los medios de comunicación que están concentrado también entre cinco y siete familias en Honduras que son las que dominan el 70% de los principales medios de comunicación”, dijo Ramón Barrios.
Barrios identificó a la Embajada de Estados Unidos como otro de los poderes fáctico que sostiene, lo que él llama, la dictadura en Honduras.
«Para entonces, él se había divorciado, y había comenzado a vacacionar en Trujillo, una ciudad de la playa situada entre dos cadenas montañosas imponentes. Jorgensen compró una casa allí, y se hizo amigo de varios empresarios locales, entre ellos Ramón Lobo, cuyo hermano, Porfirio, se convertiría en presidente», relata el artículo.
Randy Jorgensen hizo fortuna con la industria de la pornografía, según la prensa de Canadá, perono sólo es mencionado por usurpación.
 Randy Jorgensen, un hombre de negocios de Saskatchewan que hizo fortuna en el negocio de pornografía para adultos. Foto: www.thestar.com |
Pornografía infantil
En febrero de 2004, el periódico Revistazo.com reveló que «Casa Alianza denunció cómo extranjeros ofertaban menores y jovencitas a través de la red a los turistas extranjeros. Como resultado se desbarataron dos lugares, uno en San Pedro Sula, el otro en Trujillo, y los extranjeros fueron procesados, explica el asesor legal de esa institución, Gustavo Zelaya.Mike Wyatt y Randy Jeorgensen, ofrecían servicios de turismo sexual y pornografía por internet abusando de menores hondureños, pero usaban como pantalla un simulado estudio fotográfico en Trujillo, ambos fueron procesados, pero se fugaron del presidio de esa ciudad », públicó entonces Revistazo. Contra Jorgensen no hay una sentencia por el caso.
Karen Spring que trabaja para Rights Action reveló:
«También inquietante para las comunidades hondureñas es la sórdida historia legal de Jorgensen. La revista canadiense Macleans informó en 2001 que Jorgensen había sido "acusado de hacer películas X-rated con niñas menores de edad en su casa de vacaciones en Honduras».
El 21 de noviembre de 2011, el National Post, informó que «el magnate de la tienda de video para adultos que ayudó a legitimar la pornografía en Canadá, ha sido acusado en Honduras de hacer videos X-rated de niñas menores de edad en su lujosa casa de campo. El Sr. Jorgensen dijo que recibió una carta del juez hondureño el 5 de octubre que lo exoneró de los cargos más recientes. Pero Alma Reina Cruz, fiscal especial encargada del caso, dijo ayer al National Post que presentó cargos criminales contra el señor Jorgensen y dos estadounidenses, Mike Wyatt, de 60 años, y Woody Abbott, de 59 años de California Quien también se llama Willard Lee. "Tenemos un testigo que lo denunció a él ya los dos estadounidenses por tomar fotos pornográficas y videos de menores, y dijo que los hombres drogaron a las niñas y les dieron alcohol antes de filmarlas". Él culpó el incidente en un desacuerdo con su administrador anterior de la casa, Arlene Esther Ramírez Marín, que trabajó para él por cuatro años. Dijo que lo acusó de los cargos después de que tuvieran una disputa sobre su incapacidad de producir registros contables por el dinero que envió de Canadá a una cuenta bancaria en Honduras».
Por este caso, Jorgensen parece haber salido bien librado en la justicia hondureña.
“El caso de los negritos…”
No obstante, Jorgensen está nuevamente implicado en otro enredo con la justicia. La situación se ha vuelto más tensa a partir de 2016 que Jorgesen y Patrick Daniel Forseth –su yerno, según los garífunas, pero no se obtuvo ningún documento para probar ese extremo-actuaron para apresar a miembros del pueblo garífuna de Guadalupe.Las acusaciones fueron promovidas en el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, gestionado por mestizos que se refieren al “caso de los negritos” cuando hablan de la usurpación que los canadienses promueven.
Es que la Corte de Apelaciones ya había ordenado que se diera auto de prisión en un caso similar y por eso apelaron porque el juzgado dio carta de libertad, platicaba una las funcionarias judiciales el viernes 4 de agosto que le consultaron por el juicio de “los negritos”, como le llaman despectivamente.
Este juicio se encuentra en el expediente 206-16 del Juzgado de Letras de Trujillo, Colón. El juicio evidencia presunta colusión de jueces de paz, abogados, habitantes garífunas y operadores judiciales.
Los acusados en el expediente 206-16 son los garífunas “Cesar Jeovanni Bernardez, Medaline Martínez David, Celso Alberto Guillén Mejía y Cosme Enrique Ávila Bernardez”, cita el Libro de Entradas. Todos recibieron una carta de libertad provisional. La parte acusadora es la Fiscalía de Honduras a petición del canadiense, Patrick Daniel Forseth.
Vea el título de propiedad título de propiedad Expediente 47890, INA |
«Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad Beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga con el propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha Comunidad que carezcan de ella, así mismo la trasnferencia de dominio que hagan los propietarios de vivienda tiene que ser a favor de los miembros de dicha Comunidad. En ambos casos tiene que haber aprobación de la Junta Directiva del Patronato misma que debe constar en el instrumento de transferencia de dominio», dice el título.
Según se constató, este título de propiedad está inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP) de Trujillo, con registro 5-380 del año 2000. Este título no tiene ninguna anotación, es decir, la comunidad garífuna no ha vendido ninguna de las 237.75 hectáreas (340.23 manzanas) establecidas en el título comunitario, según consta en el IP.
Vea Instrumento 61, de compra venta |
El expresidente del patronato Celso Guillén Mejía denunció que el alcalde de Santa Fé, Lucas García, juramentó a Severino Chavez Güity como presidente del patronato, pero el legítimo representante de la comunidad, era él, dijo Guillén Mejía. “Me dieron un golpe de Estado”, asegura.
Sostuvo que los canadienses tienen en su poder aproximadamente el 80 por ciento de los terrenos que le pertenecen a los garífunas, concentrados en el proyecto Altavista. Según Guillén Mejía el juez Carlos Emenelio Reyes se prestó para una serie de supuestas triquiñuelas para violentar la tierra que ellos consideran sagrada.
 Celso Guillén aseguró que el 80 por ciento de las tierras de la comunidad garífuna de Guadalupe, están en manos de los canadienses. |
Una constancia del 5 de marzo de 2012, firmada por Güity como “presidente del patronato de Guadalupe” autoriza a los señores Saúl Simón Gómez, Sixto Nolasco Flores, Leuterio Arriola Fernández, Celso Flores Martínez y Desary Clother para hacer gestiones ante el Registro de la Propiedad, de compra venta, donaciones, enajenaciones, sucesiones entre vivos…o hipotecas en el mismo terreno ancestral con registro 5-380 del año 2000.
Mediante la escritura pública No. 2304, de donación, el señor Severino Chávez Güity le donó el terreno a Leuterio Arriola Fernández.
Pese a que las evidencias muestran que los garífunas ocupaban territorio ancestral, el sistema judicial del país, encarceló a una mujer garífuna en medio de maltratos el 10 de noviembre de 2016, llevada al juzgado al día siguiente y fue hasta el 30 de noviembre de 2011 que le dieron carta de libertad.
 El señor Román Bernardez trabaja como empleado de los canadienses, en labores de seguridad. |
Román Bernardez dijo ante el juzgado que llegaron unas 20 personas con tambores al terreno mientras él estaba de turno trabajando para la empresa Carivida en el terreno en disputa.
En una entrevista sobre el tema, Román Bernardez declaró que estaba en casa y su compañero lo llamó para decirle que el 12 de octubre de 2016 se tomaron la propiedad. «Mi deber como empleado fue sólo llamar al abogado, le mencioné los nombres de los que estaban aquí porque como trabajador es mi deber», indicó el garífuna.
Dijo que nunca vendió tierra en Guadalupe, aceptó que Eleuterio es su hermano de madre. Según su historia, este predio era del señor Felipe López y el señor Felipe López era marino, envejeció aquí, quedó abandonado, se rumoró que la gente ladina lo quiere invadir y se reunió la comunidad, Eleuterio lo cuidaba. Bernardez expresó que se rumoró que el patronato anterior había empeñado este terreno. «Le dije a mi hermano que no vendiera este predio, me dice él que estaba haciendo trámites para vender esta tierra», indicó.
«No estoy en contra de la lucha de mi pueblo, pero trabajo con la empresa Carivida, yo quiero que se pongan en mis zapatos, yo como de mi trabajo», expresó. Bernardez contó que tiene 4 años de trabajar con Carivida.
Se trató de conocer la versión del abogado de Forseth, Carlos Barahona Flores, pero no respondió su celular, asimismo se le envió por pasosdeanimalgrande.com un correo electrónico con preguntas alrededor del tema pero tampoco ha respondido. En la expresión de agravios del recurso de apelación para reactivar el proceso penal contra los garífunas el apoderado legal expresa: …A lo largo de todo el proceso, el enfoque de la defensa ha sido tratar de establecer que la compra-venta de terrenos hecha por la sociedad Carivida, ha sido ilegal porque los terrenos son «herencia ancestral de los morenos bla, bla, bla», dice el escrito penal.
¿Qué es Carivida?
Es una sociedad bajo la denominación de Carivida Resorts en sociedad con la empresa Skycore International Holdings LTD cuya socia es la estadounidense, Samantha Irene Richie.Skycore International Holdings LTD es una empresa constituida bajo la Ley International Business Companies Acto (IBC) de Belice, bajo esta ley las empresas están exentas de impuestos. No se encontró un sitio electrónico específico de esta empresa constituida bajo las leyes de Belice para «desarrollo turístico, bienes raíces, adquisición de propiedades para proyectos habitacionales y comerciales con fines turísticos…».
Según un boletín de Ofraneh, de diciembre de 2016, las empresas del canadiense Jorgensen, Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista,Carivida y Banana Coast, se ven cuestionadas ante la adquisición de tierras de forma indebida, además de estar proseguido por el Juzgado de Letras de Trujillo por usurpación.
Jorgensen sí dio entrevista a la prensa canadiense. El sitio electrónico canadiense Ricochet.media por medio de un artículo que inicia con la frase “Pequeña Canadá”, informó en diciembre de 2014 que: Jorgensen desestima las reclamaciones de tierras de la comunidad Garifuna. Es la misma historia en Guadalupe que en Río Negro y no se trata realmente de la tierra, dice.
"Ellos tienen facciones extremistas que están extremadamente motivadas políticamente y salen de su camino para crear cualquier problema que puedan para cualquier cosa que realmente no pone dinero en sus bolsillos personales".Otros desarrolladores canadienses han seguido desde entonces, pero Jorgensen sigue siendo el principal jugador en el área, destaca el sitio.
Captura de pantalla del slitio web www.ricochet.media  |
Jorgensen niega categóricamente que el proyecto de Alta Vista se superponga con el título de la comunidad de Guadalupe, pero también alega que la comunidad no utilizó la tierra para nada de todos modos. "No es como si esta tierra tuviera que ser preservada para" este propósito ". No tienen un propósito. Ellos no tienen un plan. No tienen nada que ver con eso.
Dejando a Guadalupe atrás, el viejo autobús escolar amarillo ruge ante la comunidad garífuna de San Antonio antes de pasar Njoi Santa Fe, otro proyecto inmobiliario en construcción por parte de desarrolladores canadienses. Después de la comunidad de Santa Fe, es un flujo constante de turismo de propiedad canadiense y proyectos de bienes raíces a lo largo de los 11 kilómetros de regreso a Trujillo: New Palm Beach, el Banana Beach Resort, Njoi Trujillo, Coroz Alta y Campo del Mar, Campa Vista y El Tranquility Bay Beach Resort, cita la publicación canadiense.
Contradicciones en el MP
Entretanto en Tegucigalpa está la sede del Ministerio Público (MP) y mientras, la Fiscalía regional procesó a los indígenas, la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural acusó al canadiense Randy Jorgensen por vulneración de derechos de los garífunas de Guadalupe.La portavoz del MP Lorena Cálix, explicó que como producto de las denuncias se acusó a la registradora del IP, Tanía Yamileth Santos Antunez, porque la Fiscalía investiga la supuesta apropiación por parte de extranjeros de un título ancestral comunitario que data del año 1862.
Sin embargo, el sistema judicial le dio carta de libertad definitiva a Santos Antunez. Más bien, según se constató en expediente 262-2015 del Poder Judicial –en el transcurso de esta investigación- el 4 de septiembre de 2015, Santos Antúnez solicitó hacer examen para convertirse en notaria pública.
También, el MP ha presentado una acción penal contra el señor Jorgensen, tiene auto de prisión, una de estas es la prohibición de salir del país, dijo la abogada y periodísta Cálix.
El MP investiga a Jorgensen porque supuestamente se apropió de una cantidad superior de terreno a la que se había acordado con miembros de la comunidad. Aunque hayan sido territorios vendidos por miembros de la comunidad garífuna, lo que el MP ha establecido en forma clara es que ese es un territorio ancestral altamente tutelado por tratado y convenciones internacionales, declaró la portavoz.
Guillén Mejía contó que durante una asamblea comunitaria, Forseth llegó violentando todas sus ceremonias de reunión con prepotencia y actitud de superioridad, como si fueran una raza superior. Ese día el mensaje era ¿Que por qué no queremos el desarrollo? Queriéndo imponer su visión de desarrollo por encima de la cosmovisión garífuna.
El ingeniero agrónomo Henry Norales explicó que otro aspecto es que la visión de desarrollo del gobierno es la siembra de palma africana, dejando de lado la dieta tradicional garífuna de yuca, coco y otros tuberculos, además, sus cultivos diversos embellecen el paisaje y no lo vuelven oscuro y monótono como ocurre con el monocultivo, dijo.
Presentan recurso de inconstitucional contra decreto que permitió explotación minera en Parque Carlos Escaleras
Un grupo de abogado que ha estado litigando a favor de los 12
defensores y defensora del río Guapinol y el Parque Nacional Montaña de
Botaderos Carlos Escalera, en el departamento de Colón presentaron un
recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 252-2013 que permite
la explotación minera.
El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.
“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.
También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.
El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.
“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.
El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.
El abogado Rodolfo Zamora explicó que no se ocupa saber de derecho para entender que hay un parque nacional y el Congreso Nacional aprobó otorgar a una familia la explotación minera en una zona donde el recurso natural es vital para sus habitantes.
“Modificaron los límites y las colindancias del parque del Cerro de Botaderos para que esa familia se beneficie de dicha explotación minera en perjuicio de todas las comunidades. Sabemos que explotación minera perjudica el agua, el medio ambiente, la salud, en definitiva, perjudica la vida de todos los habitantes de la zona”, expresó Rodolfo Zamora.
También se refirió a los abusos de autoridad, las negociaciones incompatibles que se han hecho desde el ejercicio de funciones pública. Además de otros tipos de delitos que se pueden dar en el departamento de Colón, debido a la creación de una mina que perjudica a toda la comunidad y solo beneficia a una minoría.
El cuerpo de abogados espera que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional revise los requisitos de admisibilidad del recurso y luego estudie los argumentos manejado con respecto a la violación de preceptos constitucionales y de tratados internacionales y resuelva conforme a derecho.
“Esperamos que lo hagan a la mayor brevedad posible porque esta situación de esta mina ha generado incluso violencia en la zona, confrontando a unos pobladores con otros. Porque la empresa tiene una especie de campaña que termina generando violencia y división entre los pobladores”, finalizó Zamora.
Guapinol y sus voces
Por otra parte, don Reinaldo Domínguez, uno de los criminalizados por la defensa del río Guapinol, detalló que “hay una ganancia, demuestra que la población ha despertado, las comunidades de Tocoa y la población en general se pusieron en acción, y eso no va a permitir que ninguna empresa extractivista se apropie de los recursos”.El campamento de Guapinol libró una defensa digna y legítima del territorio frente a las actividades de la empresa minera Inversiones Pinares, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, que ya ha provocado graves daños ambientales, así lo manifestaron defensores y analistas ambientales.
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
La niña de 16 años dijo que “no entraría a la escuela” mientras su Gobierno no esté alineado al Acuerdo de París que compromete a los Estados a detener el cambio climático.
Ayer viernes 15 de marzo pudimos ver las imágenes de millones de niñas, niños y adolescentes como Greta exigiendo a sus gobiernos seriedad frente al desastre ambiental que empuja al calentamiento global.
La generación del milenio está consciente de la herencia perversa. Las pequeñas, medianas y gigantescas empresas irresponsables están provocando la destrucción de nuestra casa común. Y los Estados corruptos, avalando.
La alteración de la temperatura promedio de los mares está provocando verdaderas tragedias. Y este no es un tema de apopcalípsis ni armagedones divinos. El tema es que el capitalismo salvaje, ambicioso, individualista y criminal arrastra el planeta a un cambio drástico, que puede ser detenido y revertido.
Así como ocurrió el día 8 de marzo, cuando las mujeres del mundo inundaron las calles y plazas para anunciar su presencia irrefutable en la vida social, política y económica de nuestro tiempo, las adolescencias salieron el 15 a exigirnos parar. Y avisaron que están aquí, en todas partes.
Las dos protagonistas de este siglo, las mujeres y las juventudes, están paradas delante del sistema político y económico mundial para decirles que respeten a esta generación, que detengan sus máquinas.
Si los Estados enemigos del Acuerdo de Paris de 2015 sobre el Cambio Climático no escuchan, van a sufrir las consecuencias. Van a tener que enfrentar a estos dos actores decisivos, como ya ocurre en Estados Unidos, donde el Congreso es liderado por mujeres jóvenes y monorías excluidas.
En Honduras, que es ciertamente una tragedia, un Estado capturado por un cartel de narcotraficantes corruptos, la situación es escalofriante.
El impostor Hernández viene de entregar a los militares gringos supremacistas la custodia de los parques y zonas protegidas donde descansan las riquezas naturales del corazón de América.
Antes la dinastía Hernández, que heredó el país golpeado de 2009 hasta nuestros días, había entregado la franja petrolífera del caribe a la empresa inglesa British Gas.
El desastre había comenzado en 2012 con la nueva ley minera que impuso Canadá para favorecer sus compañías, y las reformas a la ley ambiental que repartió los ríos a los grupos del crimen organizado ligados al COHEP, la ANAMIH y al propio Congreso Nacional.
Greta Thunberg, la niña nominada al Nobel de la Paz 2019, tendría en este país centroamericano una enorme lucha para detenter a los mafiosos ambiciosos que criminalizan y matan a la gente que defiende la vida del planeta.
Es la situación que está viviendo en este momento el ancestral pueblo indígena lenca de Reitoca, al sur del departamento de Francisco Morazán, no obstante que su población ya decidió desde el 26 de febrero del 2018 NO al represamiento de su río Grande o Petacón. No a la Ruta Sur de la narco dictadura. Y por eso exige justicia contra PROGELSA, la invasora.
Es la misma situación que viven las comunidades próximas a todos los ríos que descienden del maciszo montañozo Nombre de Dios, que protege todo el litoral atlántico hondureño, santuario disputado por empresarios mafiosos ligados a los carteles de la muerte. Y así, por todo el país.
Entonces, si les falta conciencia a esos grupos avaros, ultra ambiciosos, que quieren amasar fortuna recalentando el planeta con minas a cielo abierto, con plantas industriales a base de carbón y combustibles fósiles y con militares matones, a nosotros el pueblo nos debe sobrar conciencia para defender la Madre Tierra, por las buenas y por las malas.
En este nuevo siglo, por las buenas significa campamentos de la dignidad, comunicación alternativa popular, aplicación del Derecho Positivo y movilización comunitaria permanente.
Por las malas significa la invocación de los mitos y magias ancestrales para quitarle el sueño a los invasores de los territorios sagrados… un ejército de duendes ocultos entre las hojas y las ramas del bosque, y una sigualepa que deje Siguatepeque.
Como nos dejó dicho el inmortal teatrista callejero universal, el Quique Cisneros Luján, el llanero que nunca estaba solitario: Las represiones de hoy son inevitablemente las victorias de mañana.
Que así sea!
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 16 de marzo 2019
Una nueva derrota para Monsanto
Este fallo, del 19 de marzo, es el segundo que va en el mismo sentido, luego del que condenó a la transnacional estadounidense, hoy propiedad de la alemana Bayer por el cáncer causado por el Roundup a Dewayne Johnson, un ex jardinero de California.
Hay más de 11.200 casos similares tramitándose ante los juzgados de Estados Unidos, y otros en Francia y otros países.
El jurado californiano se pronunció esta vez únicamente sobre la eventual relación causal entre el Roundup y el linfoma no Hodgkin (LNH), un cáncer que afecta al sistema linfático hasta ahora no curable, que se le diagnosticó a Hardeman.
Estableció que sí, que había efectivamente un vínculo entre el uso del producto -el agricultor de la localidad de Santa Rosa lo empleó desde 1986 para controlar malezas- y el LNH, la misma enfermedad que sufre Dewayne Johnson.
Ahora, el jurado deberá determinar si Monsanto estaba al tanto de los riesgos que presentaba su producto y, si así fuera, si hizo algo para informar a los consumidores al respecto. Deberá también, eventualmente, fijar las indemnizaciones a pagar a Hardeman.
El juez del caso escribió en su fallo de esta semana que “hay pruebas sólidas de las que un jurado podría concluir que a Monsanto no le preocupa especialmente si su producto en realidad está causando cáncer a las personas, centrándose en cambio en manipular la opinión pública y socavando a cualquiera que presente inquietudes genuinas y legítimas sobre el tema”.
Recoge de esa manera no sólo los argumentos de la defensa de Hardeman sino de todas las asociaciones, científicos y agricultores que han denunciado a la transnacional por esconder evidencia, mentir, fabricar “investigaciones”, llevar a cabo campañas de amenazas a sus críticos.
Tras el fallo, las acciones de Bayer cayeron más de 12 por ciento.
Excapitán Santos Orellana habla de vínculos de las FFAA con “Los Valle”
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Publicado el 25 Abril, 2019
Sus declaraciones surgen luego de que el exlíder del cártel de Los Valle, Miguel Arnulfo Valle Valle, implicara a miembros de la Fuerza Naval de Honduras en los movimientos de cargamentos que ingresaban al país.
El excapitán Orellana pertenecía a la institución castrense pero fue separado de la misma en octubre de 2016; ocurrió tras su denuncia contra Antonio “Tony” Hernández que lo vinculaba con narcotráfico.
Corrupción en el mando de las FFAA
Según los señalamientos de Orellana, él percibió actividades ilícitas a lo interno de la institución a la que pertenecía. Es por ello que decidió hablar con sus superiores sobre las anomalías pero solo recibió una “baja deshonrosa”.
“Me enteré y di cuenta de la corrupción que había en el mando de las FFAA”, dijo enérgicamente el excapitán. Sumado a ello, indicó que personajes políticos manejaban algunas operaciones relacionadas con el narcotráfico.
La hora feliz
Además reveló que “se decía sobre la existencia en ocasiones de ‘la hora feliz’ en los radares para poder dejar pasar los aviones”.
Asimismo, dijo que las personas encargadas de la vigilancia en los puntos estratégicos solían “inventar” excusas; incluso decían que los objetivos volaban a “flor de gua”.
“Yo quedé sorprendido porque una vez me dijeron a mí: ‘Capitán, está en problemas, porque ese helicóptero pertenece a un hermano del presidente e iba a ser reabastecido de combustible por una aeronave de ustedes’”, recordó Orellana.
“Uno se queda sorprendido que en las mismas aeronaves sacan la droga de La Mosquitia pero eso habría que consultarle a los que han sido jefes del Estado Mayor Conjunto y ministros de Defensa para ver qué respuesta le tienen al pueblo hondureño”, concluyó.
Excabecilla de “Los Valle” asegura que Naval hondureña eran sus socios
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Publicado el 22 Abril, 2019
En un informe que publica este lunes el diario hondureño La Prensa respecto a declaraciones a la agencia estadounidense antidrogas (DEA), describe cómo y con quienes hacía negocios don Arnulfo como parte del tráfico ilícito.
Detalla en el documento al que tuvo acceso dicho rotativo que Miguel Valle ya tenía conocimiento del recorrido de Fagot Máximo en el mundo del narcotráfico y que en un inédito encuentro en una sala de hospital en San Pedro Sula (norte del país) tuvieron la oportunidad de conocerse.
¿Naval involucrada?
En esa ocasión Miguel Valle recibía atención por problemas de salud debido a la presión alta y Fagot acompañaba a un conocido de ambos. Intercambiaron números telefónicos y se comenzó el vínculo.
En pormenores el reporte describe las conexiones que se hacían para recibir los paquetes de cocaína en La Mosquitia (departamento de Gracias a Dios) a través de Fagot Máximo quien se encargaba de enviarla a Noé Montes Bobadilla (alias Tom) hasta el sector de Limones en el departamento vecino de Colón.
De esa forma Montes Bobadilla hacía el enlace para remitir los cargamentos de droga a Miguel Valle desde el norte del país hacia el occidente en Copán, en el departamento fronterizo con Guatemala.
“Miguel Valle aseguró a la DEA que, para recibir los cargamentos de drogas, Noé Montes Bobadilla trabajaba en conjunto con miembros de la Fuerza Naval de Honduras”, apunta la publicación en la que se menciona cómo se compraban entre los tres y se nombra la procedencia del producto desde Colombia.
Los tres guardan prisión
El hondureño Noé Montes Bobadilla fue condenado a 37 años de prisión por la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, por conspirar para ingresar miles de kilogramos de cocaína a ese país de Norteamérica.
Este sujeto fue capturado en Honduras en junio de 2017 en una operación en aldea La Francia (Colón) y tras el proceso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue entregado y extraditado a los Estados Unidos el 22 de septiembre del mismo año.
En cinco años se han extraditado 23 hondureños por narcotráfico hacia Estados Unidos, entre los primeros se menciona a Miguel Arnulfo Valle llevado a enfrentar la justicia norteamericana en diciembre de 2014.
Mientras tanto, Arnulfo Fagot Máximo, alias “El Tío”, se convirtió en diciembre de 2017 en el hondureño extraditado número 17 tras su captura en agosto del mismo año.
“Consejo Nacional de Defensa más poderes fácticos, sostienen dictadura en Honduras”
En entrevista con Radio Progreso, el analista hondureño y ex Juez de
Sentencia, abogado Ramón Enrique Barrios, sostuvo que el año 2019 se ha
iniciado con una cantidad de muertes violentas increíbles. “La cantidad
de personas que mueren producto de la violencia en Honduras es tremenda.
Todavía sigue saliendo gente, entre los 15 a los 42 años, en caravana
hacia Estados Unidos. Los índices reflejan alrededor de 65% de pobreza
en el país, es decir, de cada 100 hondureños 65 son pobres y otros 20
están en extrema pobreza”, manifestó Barrios.Barrios aseguró que frente a ese panorama que sufren los hondureños y hondureñas como sociedad en general, toca enfrentarse a un gobierno ilegitimo que cada vez se deteriora. “Vemos a altos funcionarios del gobierno, casi el entorno del Presidente, acusados de narcotráfico en Estados Unidos, está claro que el país no va bien”.
Consejo de Defensa y Seguridad sostiene JOH
Y al echar una mirada sobre los pilares que sostienen a la administración nacionalista de Juan Orlando Hernández, el analista Ramón Barrios es del criterio que el sostenimiento de este régimen está en el acaparamiento del poder por parte de la figura presidencial establecida en el llamado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.“A partir de 2010 surge una figura, que yo he criticado altamente, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que originalmente fue creada en la Constitución de 1982, pero la que actualmente está en funciones vino a concentrar los tres poderes del Estado, consolidando así la dictadura que se ha implantado en Honduras”, analizó Barrios.
Barrio sostiene que las fortalezas de dicho Consejo están en la creación de su propio cuerpo armado llamado Policía Militar, que cuenta con su propio cuerpo de inteligencia: La Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, que se protege con dos importantes leyes.
“Una es la Ley de Secretos Oficiales, todo lo que se decida en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad los hondureños no lo vamos a saber sino hasta después de 15 años, y por el otro lado, también con una asignación presupuestaria que no puede ser fiscalizada”, aseguró el ex Juez de Sentencias.
Manifestó que nada de lo que pasa en este país o por lo menos no pasa si previamente no es analizado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lo preside el Presidente Hernández.
“La Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad establece que tanto el poder legislativo, el poder judicial, el Ministro de Seguridad, el Jefe de las Fuerzas Armadas iban estar bajo mando único del Presidente de la República de manera que la Democracia Formal que se establece a partir de 1982 se convirtió en una pequeña dictadura en Honduras”, ratificó Ramón Barrios.
Otros poderes fácticos
Para Barrios, además del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad existen otros poderes denominamos como facticos o poderes de hecho en contra posición a los poderes de derecho que sí están establecidos en la Constitución de la República.Definió a los poderes fácticos como esos que manejan a las marionetas, a los que nunca se les ve, esa mano que hace que el muñeco hable, que el muñeco gesticule. En definitiva, dijo, los poderes fácticos son como esa mano que mece la cuna.
“Esos poderes fácticos están constituidos por una élite económica, y en Honduras ese poder económico le aseguro que tiene nombres y apellidos. No más de 25 familias en Honduras tienen el poder económico más o menos con una concentración de la riqueza que anda entre 60 y 70% del Producto Interno Bruto, es decir la riqueza que produce el país, ese es un poder fáctico”, aseguró.
Barrios califica a las Fuerzas Armadas de Honduras como un poder fáctico porque son los que tienen las armas. “Cualquier presidente de Honduras y cualquier élite económica, bajo estas condiciones de desigualdad que existen, no pueden permanecer en el poder si no es con el aval de quien tiene las armas”, explicó.
“Otro de los poderes fácticos son los medios de comunicación que están concentrado también entre cinco y siete familias en Honduras que son las que dominan el 70% de los principales medios de comunicación”, dijo Ramón Barrios.
Barrios identificó a la Embajada de Estados Unidos como otro de los poderes fáctico que sostiene, lo que él llama, la dictadura en Honduras.
