martes, 28 de mayo de 2019

HONDURAS: Más persecución en Playa Blanca Por Giorgio Trucchi // Diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón: Conflicto de Guapinol se origina por ilegal concesión a minera Los Pinares // Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (Parte III) // Radio Progreso: Sangre de guerreras // Simpinula: 6 años de resistencia en defensa del territorio ancestral // El ciudadano Francisco Morazán // Negroponte, la diplomacia de la muerte // Dictador hondureño “JOH” culpa a Maduro de protestas en Honduras // 2da Parte “Testimonio” Tony Hernández al ser capturado en EEUU +PDF Completo // Historias migrantes: el sueño americano no existe para quien huye // Policías mexicanos tratan como animales a migrantes durante redada


Honduras: Más persecución en Playa Blanca

Por Giorgio Trucchi

KAOS EN LA RED
Publicado en: 15 mayo, 2019
Desde 2015 familias pobladoras de Zacate Grande tratan de complementar sus ingresos con un terreno que han adecuado para que los turistas puedan dejar sus vehículos. Sin embargo, la represión ordenada por terratenientes de la zona contra estas iniciativas va en aumento
Por Giorgio Trucchi | Alba Sud
La situación de los pobladores del caserío costero de Puerto Sierra, en el sur de Honduras, se hace cada vez más difícil. La esperanza de poder complementar sus escasos ingresos a través de un pequeño proyecto de atención a turistas se vio nuevamente frustrada en abril pasado, mientras una nueva oleada de amenazas y demandas judiciales pone en riesgo la vida y el futuro de decenas de pobladores organizados.
Zacate Grande: antecedentes del conflicto
En el caserío de Puerto Sierra, colindante con Playa Blanca, una de las 11 comunidades de la península de Zacate Grande en el sur de Honduras [1], la vida no es fácil. La situación económica de las familias es muy precaria y las personas sobreviven fundamentalmente de la agricultura y la pesca. La inmensa mayoría de las familias de Zacate Grande no poseen el dominio pleno de los terrenos donde viven desde hace décadas, sino la posesión efectiva de dichos inmuebles [2].
Limpiar un predio abandonado y acondicionarlo como estacionamiento vehicular para las personas que en temporada de verano visitan las playas, fue entonces una forma para complementar los escasos ingresos. A partir del 2015 los veraneantes comenzaron a llegar a parquear sus vehículos. Las cosas iban bien hasta que el terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva decidió demandar por usurpación y daños a algunos dirigentes comunitarios involucrados en el pequeño proyecto.
Tras guardar prisión durante más de cien días, Abel Pérez y Santos Hernández fueron sentenciados a 5 años y un mes. Actualmente están esperando la audiencia de Casación (lean aquí el reportaje completo de Alba Sud sobre el caso).
Una situación muy similar es la que vivieron recientemente otros pobladores de Puerto Sierra. María Veneranda Cruz, Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruzfueron acusados, por el mismo Cassis Leiva, de haber derribado un muro que él hizo construir para delimitar su propiedad y que, de hecho, cercaba el caserío impidiendo el acceso a sus viviendas a más de 60 familias.
En agosto del año pasado, la jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala dictó sobreseimiento definitivo para María Venerada Cruz, de 64 años, y auto de formal procesamiento en contra de los otros tres pobladores. Asimismo, amplió el requerimiento fiscal en contra de Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, girando orden de captura por daños continuados y agravados (lean aquí el reportaje completo de Alba Sud sobre el caso).
Aumento de la criminalización
La ofensiva criminalizadora contra sectores organizados de Zacate Grande, que defienden el derecho de la población a tener una vida digna y que ven al turismo como una oportunidad para las comunidades y su gente, no sólo no ha parado, si no que se ha intensificado. Así lo explicó Abel Pérez, nuevo presidente de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), en declaraciones a Alba Sud:
A.P.– Como todos los años, iniciando la Semana Santa, un grupo de pobladores de Puerto Sierra se dispuso a atender a los veraneantes que llegaban a visitar las playas y que buscaban un lugar donde parquear sus autos. De repente apareció Jorge Luis Cassis con varios empleados y comenzaron a bloquear la entrada del parqueo y a amenazar a los turistas con demandarlos si entraban al predio. En especial, uno de estos hombres armados amenazó a la compañera María Veneranda. Le dijo que, si el señor Cassis no la había matado, él sí lo iba a hacer. Incluso sus hijas, Saturnina y Margarita, sufrieron amenazas de parte del presidente del patronato de Playa Blanca, quien está casado con una de las empleadas de Jorge Luis Cassis.
 – ¿Qué pasó después?
Nuestra gente llamó a la Policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, Cassis les presentó un dizque título de propiedad y pretendió que los pobladores de Puerto Sierra abandonaran el predio. Eso vino a enardecer aún más los ánimos. A partir del miércoles 17 de abril se intensificó la llegada de turistas y fue cuando más se agudizó el conflicto. El viernes 19, al sentir la presión y las amenazas y ante el apremio de necesidades económicas básicas, los compañeros y compañeras tuvieron que llegar a un acuerdo con Cassis: cobrar dos entradas al parqueo de forma alterna. Lamentablemente, este señor y sus hombres fueron tan descarados que aprovecharon cualquier distracción de nuestra gente para cobrar a más vehículos y alterar el valor de la entrada.
Tampoco cesaron las amenazas. Afortunadamente llegaron al lugar observadores de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR) y esto contribuyó a bajar la tensión. Lo que más nos indigna es que este señor, sin botar una sola gota de sudor, vino a aprovecharse del proyecto que tantos sacrificios nos ha costado. Estos ingresos que genera el turismo son fundamentales para las familias de nuestra comunidad.
– Estamos hablando de personas que sobreviven a duras penas y que hasta deben luchar contra quienes pretenden adueñarse de esta actividad.

Es totalmente absurdo. Hasta hemos escuchado rumores que su verdadero objetivo es cerrar el acceso a la playa, para luego cobrar la entrada a los turistas. No sería la primera vez que en Zacate Grande las familias pudientes de Honduras privatizan de hecho las playas de la península.

– ¿Cuántos pobladores están siendo demandados por Jorge Luis Cassis?
Santos Hernández y yo estamos esperando la audiencia de Casación donde van a decidir si confirman la pena de 5 años y un mes de prisión. También tenemos una orden de captura por el caso del muro que ha sido derribado. Para el mismo caso están siendo judicializadas tres compañeras y otro compañero.
Nuestros abogados nos han dicho también que Cassis interpuso una nueva demanda contra las personas que estuvieron trabajando durante Semana Santa, incluyendo a María Veneranda Cruz que fue sobreseída por el caso del muro. Pensamos que podrían ser unas seis o siete personas más las que están siendo criminalizadas por el simple motivo de buscar cómo ganarse la vida de manera honesta.
– Están celebrando el 19° aniversario de la ADEPZA. Hoy más que nunca es importante estar organizados.
Son 19 años de ADEPZA y 9 años de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. Hemos librado grandes batallas y hemos sufrido hostigamiento, represión y hasta atentados que, afortunadamente, no han dejado víctimas mortales.
Una lucha que no sólo es aquí en Zacate Grande, sino en todo el país contra un modelo que arrebata territorios y saquea bienes comunes y contra la instalación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) [3]. En la zona del Coyolito, por ejemplo, ya están anunciando la construcción de un gran edificio y la puesta en venta de apartamentos. Creo que ni juntando todo el dinero que tienen los pobladores de las comunidades de Zacate Grande llegaríamos a poder comprar uno de estos apartamentos vacacionales. La instalación de la primera ZEDE en el sur de Honduras va a conllevar más criminalización y represión. Es por eso que a esta actividad de la ADEPZA hemos invitado a otras organizaciones y movimientos para que nos hablen de sus luchas, para que intercambiemos experiencias e ideas, para que avancemos en la unidad.
Notas:
[1] Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca, El Ojochal, La Pintaviera, Los Langues, Los Huatales, Puerto Grande, La Flor, Novillo.
[2] Artículo 717 del Código Civil de Honduras. La posesión efectiva es equivalente a decir que tienen dominio útil del inmueble.
[3] Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.

Fuente: ALBA SUD
 

Diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón: Conflicto de Guapinol se origina por ilegal concesión a minera Los Pinares

Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.- La diócesis de Trujillo, en el departamento de Colón ha manifestado este martes que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
En su comunicado resaltan que el Congreso Nacional concedió a ese parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.
Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.
Hacen un llamado a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.
También hacen un llamado al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.

Nota relacionada Diputados cometieron un fraude legislativo al aprobar minera en El Guapinol: Abogados

Comunicado de la Diócesis de Trujillo
La Iglesia Católica de la diócesis de Trujillo, Honduras. C.A. a la comunidad local, nacional e internacional, ante el encarcelamiento y juicio en contra de 13 personas, entre ellas cuatro Delegados de la Palabra de Dios de la Iglesia católica, a causa de la defensa del derecho a la vida, el agua y el ambiente sano en el municipio de Tocoa, Colón, Honduras, por el conflicto de las concesiones mineras a la empresa Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, comunicamos lo siguiente:
El conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegal concesión de explotación minera a la empresa Inversiones los Pinares, ya que dicho proyecto afecta el Parque Nacional mencionado. Resaltamos que el Congreso Nacional concedió a este parque la categoría de área protegida mediante decreto 127-2012, y por tanto se prohíbe realizar actividades mineras y construir carreteras o vías de acceso y construcciones a orillas de quebradas, ríos y zonas de riesgo, dado que se trata de una zona de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.
Posteriormente, el Congreso Nacional reformó el decreto con la finalidad de reducir la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36; la reducción es de 217.34 hectáreas, coincidiendo sorprendentemente donde se ubican las dos concesiones mineras a Inversiones Los Pinares.
El año 2014 el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió el dictamen técnico DAP-031-2014, declarando que el proyecto minero no era factible por estar ubicado dentro de la zona núcleo de un área protegida y recomendó a la Secretaría de Recursos Naturales declarar sin lugar la licencia ambiental.
Ante este conflicto, pobladores de la zona, haciendo uso de su legítimo derecho, se han manifestado en contra del proyecto, aglutinados en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, por lo cual 18 personas fueron criminalizadas. El pasado viernes 22 de febrero se presentaron voluntariamente en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 13 de esas personas criminalizadas por los delitos de usurpación y daños ante el juez de jurisdicción nacional Carlos Irías de León; según la Constitución y las leyes de la República, los juzgados de jurisdicción nacional son inconstitucionales porque violan el derecho a la legítima defensa.
En la misma audiencia arbitrariamente el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal o acusación por 4 delitos más: asociación ilícita, incendio agravado, privación injusta de libertad y robo. Al tipificar el delito de asociación ilícita, la intención oculta es enviarlos a la cárcel. Además se amplió la acusación a 14 personas más. Por esa razón se canceló la audiencia de presentación de acusados y se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa, que se realizó el sábado 23 de febrero, donde el juez de Jurisdicción nacional Víctor Méndez decretó detención judicial o cárcel para estas personas. El juicio continúa el 28 de febrero de 2019.
defensores de Guapinol
 El delito de asociación ilícita fue tipificado para atacar el crimen organizado y los grupos como maras y pandillas. De aquí se deduce que además de ser una acusación de delitos no cometidos, no hay imparcialidad en la aplicación de justicia por parte de la fiscalía y de los juzgados de jurisdicción nacional, quedando erosionado la institucionalidad del Estado en la administración de justicia y la protecciòn de sus ciudadanos.
También se deduce la intención del Estado de criminal izar o acusar a las personas defensoras de la vida y de los derechos humanos. Así como de presentarlas como responsables de hechos de alto impacto delictivo y con ello frenar las acciones en defensa de los bienes naturales y comunes. De esta manera, estas personas encarceladas, acusadas y con orden de captura, se convierten en presos y perseguidos políticos.
Llamamos a las comunidades eclesiales, católicas y no católicas, a orar, reflexionar y decidir acciones justas, firmes y pacificas en solidaridad con estos hermanos presos y perseguidos políticos, así como en defensa de la vida y el agua y demás derechos fundamentales.
Llamamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales a estar atentos y difundir la situación deplorable del Estado hondureño en materia de derechos humanos y ambientales.
También llamamos al Estado de Honduras, representado en sus operadores de justicia, a no criminal izar y judicializar a los defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, tal como lo solicitó el Relator del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Por el contrario, que promueva políticas públicas coherentes con la justicia y los derechos fundamentales de los pueblos y sus territorios.
Afirmamos nuestro compromiso por la vida y el derecho al agua. Asumimos las palabras del papa Francisco: ”Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida ( … ). Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo” (LS 207 y 13).
Trujillo, Colón, Honduras, 27 de febrero de 2019

Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (III) 

Monday, 18 September 2017 00:00 Published in Apartheid garífuna - PASOS DE ANIMAL GRANDE

Medelín Martina David Fernández.

“Estos negros ya me tienen harto de tanto estar peleando tierras”

Trujillo, Colón.- El día que la detuvieron le dijeron puta, zorra, negra, la encarcelaron toda la noche en una pestilente celda con olor a orines y a heces fecales. Al día siguiente la sacaron de su celda para llevarla ante el juez. Aún estaba afectada porque la tarde anterior su hijo lloraba mientras un contingente de policías y militares la arrestaban. Madeline Martina David Fernández contó que para ellos la vida es un proceso de mucha resistencia, mucha lucha y mucha perseverancia.
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Medelín Martina David Fernández contó la forma en que la apresaron.
«Fue el 10 de noviembre de 2016, a eso de las 4:30 de la tarde, estando en el predio estábamos con unos compañeros, los hombres rajaban leña y los hombres halaban para la cocina y así poder prepararnos para la hora de la cena, recibí una llamada donde decían que habían pasado como siete patrullas hacia la comunidad, pero no hicimos mucho caso porque días anteriores ya habían estado los policías y no se quedaban en el predio sino que se trasladaban al sector de Betulia que justamente ahora mismo también está en un proceso de lucha contra una hidroeléctrica y por eso no hicimos caso, pero ellos entraron y llegaron como si fuera una película que iban a atacar a algún narcotraficante, pero pues, estaba al otro lado del campamento pero como no soy ladrona, no soy narcotraficante, simplemente soy una madre y una joven que reclama un derecho que ancestralmente le corresponde y le pertenece y me trasladé hasta donde ellos estaban, todos iban armados».
«Y al ver mi hijo que me estaban atacando a mí directamente, mi hijo lloró, gritó y yo me descontrolé totalmente, empecé a pelear porque no me dejé, ellos no pudieron esposarme, ellos lograron esposarme hasta ya salir de Santa Fe, casi llegando a Trujillo, porque ellos vieron las intenciones en mí que yo me iba a tirar del carro y sí lo iba a hacer aunque quizás hubieran daños más grandes,  pero esa era mi intención. Yo me subí sola a la patrulla, les dije suéltenme me voy a subir sola a la patrulla, pero yo iba gritando en todo el camino para que la gente se desplazara y a los 15 minutos de llegar a la policía de Trujillo toda la comunidad se trasladó también. Salió un bus y  dos carros para estar conmigo toda la noche mientras yo estaba detenida».


«Me agredieron, me golpearon, me doblaron una costilla, esta cicatriz en la pierna derecha me la hicieron para poderme esposar me doblaron el cuello, me pusieron como 7 conos en la cabeza atándome dos hombres en cada vaso mientras el carro corría.Me maltrataron, se dirigieron a mí de forma despectiva, me dijeron puta, me dijeron zorra, de todo un poco”.
Decían, estos negros ya me tienen harto de tanto estar peleando tierras que ni ellos mismos usan, ya me tienen hartos estos negros. Nos están etiquetando y es acto de discriminación. Eran oficiales de la Naval», recordó.
«Estamos conscientes que lo que estamos defendiendo porque nosotros somos dueños de títulos ancestrales de nuestras comunidades que ya traen sus clausulas reformas donde nos amparan y a sabiendas de ese derecho como jóvenes de la  comunidad queremos recuperar ese espacio porque el nivel de hacinamiento es demasiado grande nos urge expandirnos por eso estamos firmes porque  hay una necesidad básica».
«Tengo 29 años, me atacan directamente porque saben que yo soy la cabeza del movimiento en Guadalupe, Colón, debido a muchos procesos que he pasado con OFRANEH nuestra organización madre de esta lucha».
El terreno en litigo es un lugar donde antes había un proyecto para las mujeres de la comunidad, se llamaba Mutu, que significa amigas, eran unas cabañas como un centro de retiro, para diferentes eventos, entonces ese predio, de mala forma lo obtuvieron los canadienses aun antes de que ellos compraran, ellos se reunieron con la comunidad y la comunidad  les manifestó que la comunidad no estaba vendiendo ni regalando sus territorios, contó.
Por ahora los canadienses, han desarrollado en su territorio ancestral, alegan los garífunas, varios proyectos habitacionales, entre otros, Njoi Trujillo, Njoi Santa Fé, la residencial Altavista, con acceso exclusivo.Al mismo tiempo ha acusado a cuatro mujeres garífunas por daños contra su honor.
La querella forma parte de una serie de acciones judiciales contra la comunidad garífuna. El 10 de noviembre de 2017 fue detenida la garífuna Medelin David Fernández, por usurpación, acusada también por Forseth, el caso se paralizó cuando la indígena demostró con un título comunitario que estaba en tierra ancestral. Su carta de libertad fue apelada y quedaron pendientes de juicio tres garífunas más que no habían sido capturados.
El 19 de mayo de 2017 en Sambo Creek, Atlántida, fue detenido el dirigente comunitario y miembro de la Coordinación General de la OFRANEH, César Geovany Bernardez, por el mismo caso, fue acusado de usurpar un terreno que se encuentra dentro del título comunitario otorgado a la comunidad de Guadalupe.
Bernardez fue llevado con aros de presión y grilletes ante la justicia como si se tratara de un peligroso criminal, dijo Celso Guillén, después de eso también él y Cosme Ávila se presentaron al juzgado y recibieron carta de libertad.
«Los canadienses y los garífunas no somos iguales ante la ley, aquí la ley cobija a los que tienen más por dinero, raza y por la condición económica», indicó.
Por ejemplo, «la orden de captura contra Randy Jorgensen estuvieron un año y medio para que se pudiera presentar sabiendo la policía donde estaba y más bien la policía lo cuidaba y nosotros librase la orden de captura y el mismo día vinieron».
«Como habíamos señalado con anterioridad, las resoluciones  emitidas el 16 de diciembre de 2016,  por el Juzgado de Letras sobre el expediente 206-16, demuestra que en Honduras no existe ninguna protección para los pueblos indígenas, mientras a los “inversionistas” extranjeros se les respeta y protege a pesar de los despojos que se comete contra propiedad comunitaria, a los líderes y dirigentes comunitarios se les encarcela, tal como sucedió con Medelyn David y ahora Geovany Bernardez», dice un comunicado de OFRANEH.
Ahora Patrick Daniel Forseth acusó criminalmente a la defensora Miriam Miranda, Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, a Madeline Martina David, Neny Heidy Ávila y a Lety Hernández, presidenta del patronato de Guadalupe. La acusación es por daños contra su honor.En el escrito menciona a los periódicos criterio.hn, elpulso.hn, albasud.org, página del patronato Guadalupe (LetyBernardez) y Patronato Neny Ávila y la página web de OFRANEH. Así consta en la querella TSTC-Q-02-2017.
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La presidenta del patronato de Guadalupe dijo que la acusaron penalmente unos días después de rechazar ofertas para reunirse aparte con los canadienses.
El delito que Forseth les imputa es calumnias y difamación. «Desde hace tiempo han estado publicando en diferentes medios de comunicación, sitios electrónicos, redes sociales, etc, acciones y situaciones que son completamente falsas tales como que y forma parte de una mafia que se dedica  a la producción y distribución de pornografía  que el dinero que usamos para compra de propiedades son producto de actividades de narcotráfico y lavado de activos las cuales son acusaciones absolutamente falsas e infundadas sobre todo extremadamente delicadas... », dice el escrito.
Agrega el relato que «asimismo mencionan de que yo robé las tierras a miembros de la comunidad garífuna de Guadalupe empleando engaño, la fuerza y amenazas a muerte tales falsas imputaciones han dañado y denigrado tanto mi imagen y reputación personal como la empresa que yo represento Carivida S. de R.L».
La presidenta del patronato de Guadalupe dijo que recibió varias llamadas de representantes de Forseth para reunirse con ellos a solas, como a espaldas de la comunidad y se negó en varias veces en asistir, como resultado ahora la acusaron por difamación, dijo. El día que el equipo de investigación de Pasosdeanimalgrande.com viajó a la zona para constatar la historia “Nos tomaron fotografías y hubo vigilancia por parte del personal de las empresa del canadiense”.
Durante la visita de campo, se trató de conocer la versión del señor Forseth a través de su apoderado legal Carlos Barahona Ochoa, pero no respondió el teléfono móvil ni un correo elecetrónico. Además se ha tratado de obtener respuestas del señor Randy Jorgensen sobre este tema.




Radio Progreso

Sangre de guerreras

15 de abril de 2019


Su mirada y sonrisa fueron acogedoras. Su rostro me pareció conocido, como conocida era la comunidad que nos juntaba: Guadalupe en el municipio de Santa Fe, Colón. Antes de iniciar la plática que nos llevaba a ese lugar de hermosa playa con aguas cristalinas y mujeres que luchan, me brindó un saludo acogedor, “un gusto, soy Belinda David”.
Por algunos segundos me quedé callada, para luego salté con la primera pregunta: es familia de Medeline David, Belinda sonríe y me contesta, es mi hermana. Claro, tenía que ser así, mujeres fuertes, de sangre guerrera que pese a la violencia estructural-patriarcal luchan, no se detienen para lograr que su comunidad esté libre de extranjeros que quiere privatizar sus playas, denigrar su cultura y expropiar sus tierras.
Belinda David, es una joven que lidera una cooperativa en la comunidad Guadalupe, integrada por mujeres que busca el acceso al territorio desde la visión de una vivienda como un derecho humano, además de promover la defensa de los bienes comunes, la identidad cultural y la autogestión para el buen vivir.
Esa tarde, un día antes de la conmemoración de los 222 años de la llegada de los negros y las negras a Honduras, ella junto a un grupo de mujeres, acompañadas de un buen tambor, iniciaron la construcción de la Casa Cultural, centro que es el inicio de las construcciones que harán como espacio organizativo que promoverá la fabricación a base de adobe y materiales no industrializados, esos que los da gratis la naturaleza. Así como ellas, otro grupo de campesinas y campesinos en la Guadalupe Carney y la comunidad Pech del municipio de Trujillo, construyen sus viviendas sostenibles y ecológicas.
En este proceso de la cultura del “buen construir” que busca consolidar un movimiento social para la fabricación de viviendas, además de la organización para el reclamo de sus derechos, es acompañado por la Fundación San Alonzo Rodríguez, FSAR, a través de la campaña “UN TECHO, MI DERECHO”, que pretende concientizar a la población sobre su derecho humano a una vivienda digna, Incidir en los tomadores de decisiones para la aprobación de una ley de vivienda, que incluya la visión de las organizaciones de sociedad civil en coordinación con los gobiernos locales y el nacional, y Promover un modelo cooperativo de vivienda sustentable.
Más allá de la construcción de la vivienda, que para una familia pudiera ser el fin, para Belinda y demás compañeras no se queda allí. Ellas tienen claro que buscan ser constructoras de las bases que quieren para esta comunidad que está en la mira de empresarios canadienses que buscan la instalación de proyectos turísticos que irrespetan los títulos ancestrales.

Un paraíso terrenal

En medio de la Bahía de Trujillo, está Guadalupe, una comunidad garífuna que libra una resistencia para evitar el despojo de sus tierras ancestrales. En la última década empresarios canadiense se han apropiado de miles de hectáreas para la construcción de complejos turísticos.  Las mujeres luchan por cuidar lo que consideran sagrado: su territorio y cultura.
El municipio de Santa Fe es parte de la Bahía de Trujillo, uno de los rincones con mayor riqueza natural y un acumulado histórico muy importante, en ese lugar tocó tierra firme por primera vez Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje en 1502. Casi tres siglos después, en 1797 llegaron los garífunas de San Vicente, fecha en la cual el Estado hondureño entregó esos territorios a los negros que se ubicaron en las comunidades de Rio Negro y Cristales.
Ese atractivo histórico se complementa con las hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, belleza que aumenta cuando usted levanta la mirada y encuentra el verde de los cerros Capiro y Calentura. Cerros con decenas de ríos que alimentan de agua a todas las comunidades de la Bahía.
Ese paraíso es una bendición, pero en la última década ha sido la causa de las amenazas que sufren las comunidades. La codicia de empresarios extranjeros en complicidad con el Estado, lograron la instalación de proyectos turísticos en la zona, a pesar del rechazo delas comunidades que cuentan con títulos colectivos, que según la ley no pueden ser vendidos porque representan el sustento de las comunidades garífunas asentadas en la zona.

Territorio de Mujeres

Las comunidades garífunas y particularmente Guadalupe demuestran la fuerza y compromiso de las mujeres, quienes exponen sus cuerpos y vida entera en una lucha que consideran debe librarse si quieren conservar su territorio. Belinda pasó de denunciar y defender la tierra a presentar una propuesta concreta de construir desde la colectividad, desde lo comunal, para lograr que la cultura y organización se conserven.
Belinda sabe los peligros a los que se expone. En carne propia vive la brutalidad de una institucionalidad que castiga a quienes defienden los bienes naturales, su hermana Medeline David libra un proceso judicial por defender un predio que le pertenece a la comunidad. A pesar de contar con un título ancestral, el empresario canadiense Patrick Forsen lo reclama, aunque ellas viven allí desde que nacieron, al igual que su madre, su abuela, sus ancestras.
Belinda, Medeline y el resto de mujeres de la comunidad Guadalupe en el caribe hondureño, nos recuerdan el amor por esta Honduras, nos interpelan a luchar, a defender el territorio y nuestros cuerpos. A construir una patria/matria donde nadie esté por encima de la ley, donde la dignidad humana sea el fin máximo, donde la lucha por el territorio y bienes naturales sea un hermoso gesto entrega y no el proceso criminal que ahora enfrentan tantos hombres y mujeres.
Belinda, su fuerza, resistencia, sonrisa, ritmo y amor por su comunidad nos marcan el camino, allí estamos llamadas todas….



Iolany Pérez, Periodista hondureña, contadora de historias que pretenden dignificar la vida de la gente. Actualmente coordina el equipo de Comunicaciones de Radio Progreso-ERIC. 


Radio Progreso

Simpinula: 6 años de resistencia en defensa del territorio ancestral