| Sábado, 04 Mayo 2019 |
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Acabar con la dictadura es una obligación ciudadana |
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Honduras es un país que políticamente
está avanzando al colapso institucional. Ha quedado demostrado con el
control institucional que hay de una persona que llegó para quedarse en
el poder y con el poder. El cuestionado presidente Juan Orlado Hernández
ha demostrado que es un estratega, que llegó para quedarse en el poder
político. No pensó en servir y pasar a la historia como el resto de
presidentes del país, él llegó para quedarse a toda costa y contra todos
los que se pongan en su camino.
El gobierno de JOH y sus más cercanos
seguidores han llegado para tener el control de toda la
institucionalidad acabando de un solo tajo por ejemplo con la separación
de poderes atentando de esa forma contra la Democracia y el Estado de
Derecho y dar paso a una dictadura que es avalada por la comunidad
internacional, encabezada por Estados Unidos, que a sabiendas de lo que
en Honduras pasa, financian al gobierno usurpador.
Pero a estas alturas del partido, es un
gobierno que quiere dar muestras de estar muy fuerte, pero en realidad
está “tirando manotadas de ahogado” y ese es un peligro mayor para esta
nación e incluso para sus más cercanos colaboradores porque al sentirse
débil busca blindarse de todas las formas posible. Y en ese camino por
arañar un mínimo de gobernabilidad está dispuesto a sacrificar a sus más
fieles seguidores incluso hasta su propia familia, ya lo ha hecho y no
tendrá el mínimo empacho en seguir haciéndolo.
“La información es poder” dice por ahí, y
Juan Orlando lo entiende a la perfección. Controla todo lo que pasa en
el país a través de su súper poder llamado Consejo Nacional de Defensa y
Seguridad dónde él es el que toma las decisiones, es el que manda, es
el patrón, el resto obedece sin decir nada y el que se atraviese en su
camino estará marcando su final en la política o terminará acabando en
una celda de un penal de máxima seguridad y en el peor de los casos
acabará muerto. Así es como Juan Orlando Hernández ejerce el poder en
Honduras, un poder usurpado a base de la fuerza de las armas, el
chantaje y la amenaza.
La ciudadanía está descontenta, se
cuenta con una ciudadanía que está un poco más informada, es visible que
hay un rechazo generalizado a la actuación del cuestionado gobierno,
pero también es cierto que es una ciudadanía no organizada, que se
moviliza coyunturalmente pero que no tiene capacidad para mantener una
lucha constante.
Honduras y sus ciudadanos y ciudadanas necesitan una protesta pública
permanente, se necesita de una ciudadanía en movimiento que busque
acabar con la dictadura y no únicamente derogar unos decretos que fueron
hechos para eso, para derogarse como una estrategia del gobierno para
dar una aparente imagen de escuchar lo que la ciudadanía demanda en las
calles. Acabar con la dictadura es una obligación ciudadana. |
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  La corrupción letal de la dictadura y su fin previsible Por: Rodolfo Pastor Fasquelle La sustancia del análisis no es el deber ser de la política –más bien un interés de la filosofía– si no la comprensión de los resortes del poder y el desempeño del poderoso. En la Embajada ya no toman las llamadas de los ministros corruptos y el presi no tiene a quien llamar porque la coronela gruñe nuevas órdenes irritadas con la caravana. Fuera de los paniaguados, nadie lo quiere a JOH, un puñado no más de maquiladores, industriales y banqueros corruptos tiemblan con la idea de amanecer sin él, un día cualquiera. Pero sostienen a su fantasma las bayonetas que intimidan y la prensa vendida que desorienta. En Honduras casi no hay tal cosa como prensa independiente. Los periódicos de los turcos, Flores Flores Facussé y Canahuati L publican exactamente lo mismo que divulgan la mayor parte de los medios calientes de la derecha recalcitrante, dentro y fuera. Lo que ordena la línea oficial desde la Caja China de J J Rendón. Y aún debe cooperar la prensa independiente aislada en dimensiones marginales y sistemáticamente reprimida. ¿Cuántos muertos? Para mostrar la independencia y a la vez la precariedad de los jueces, esta semana pasada han publicado a cuatro vientos la desproporcionada solicitud de la Fiscalía de una pena de 120 años de prisión para Rosa de Lobo por haberse robado una docena de millones de lempiras, con lo cual se satisface el ansia de venganza de JOH, contra las vacilaciones del marido. A la par de la intención de un juez de liberar un puñado de mareros, alegando que eso pone en riesgo la seguridad. Pero se ocultan los crímenes de la mara Paulina ahora adicionada con la complicidad del Patriota. La protesta es zafarrancho y quemar llantas prueba de odio, no robarse los fondos del estado, chantajear, perseguir. Los medios masivos de comunicación mientras tanto ocultan sistemáticamente que en El Congreso se pretende legislar para disponer ad libitum de los derechos y empleos de los servidores para repartirlos entre sus clientes y –en las cortes estadounidenses– se piden cien años para Tony y se viene mencionando repetidamente la participación del mismo Presidente y del General y Ministro de Seguridad Sr. Julián Pacheco y asimismo de las FFAA, tanto la naval como la aviación, en el transporte de narcóticos prohibidos, como antes habian atestiguado un par de oficiales valientes. Cuando está a punto de trascender un nuevo escándalo devastador se lo coloca en la red (así se puede culpar después a la red) pero tergiversado, cambiando nombres y detalles para después desvirtuar. Así trasciende que JOH le debe dinero a los bancos, a unos más que a otros pero se explicita, preventivamente, equivocando el nombre del Banco que le da una línea de crédito por varias docenas de millones sobre la hipoteca de un solar. Y así se despista al público y al investigador por un tiempo más. Publican los datos de los asesinatos a veces incluso con nombres y apellidos, pero ocultan las generales de los activistas de la oposición cuya eliminación intenta aterrorizar y las circunstancias que señalan la fechoría de los escuadrones de la muerte. El poder es un juego. ¿Alguien lo duda, en que no cuenta la vida? De este lado, la gente de razón teme al fantasma. Los fantasmas también son peligrosos. Imposible dicen sus aláteres que los oficiales abandonen a JOH que les da todo. Eso decíamos también cuando se le cuadraban a Mel, horas antes del golpe. Difícil saber que ocurrirá con la milicia. La historia enseña que a veces tarda, la oficialidad en reaccionar, pero al final entiende su coyuntura. (No es materia solo de la honra, que también cuenta. Lealtad Honor y Sacrificio.) Entiende que no siempre se puede a la vez ser leal y honorable y el sacrificio solo cuenta con honor También es cuestión de su seguridad y de su conciencia histórica. Los mejores oficiales de las FFAA reaccionaron finalmente contra el fraude de Julio Lozano en 1957, se anticiparon a la dictadura de Rodas en octubre de 1963, reaccionaron contra la inopia de Cruz cuando en 1972 tenía al campesinado levantado, entendieron en 1975 que no podían seguir defendiendo a OLA que había sido su caudillo, pero estaba expuesto ante el mundo. Y No sé si fueron los mejores, pero desplazaron del poder -para protegerse – a Melgar Castro, y obligaron a Paz G a entregar el gobierno en 1982. Destituyeron sin consulta a Álvarez Martínez en marzo de 1984. Seguro pensaban cumplir con un deber, así funciona el alma humana, quienes el 28 de junio de 2009 rodearon la casa de Mel, ametrallaron las puertas, lo manosearon siendo su Comandante y se lo llevaron a Palmerola para exhibirlo como trofeo antes de mandarlo en pijamas a Costa Rica. No creo que eso haya sido bueno para el país, ha atrofiado el desarrollo de la institucionalidad democrática. Pero eso es parte de un discurso normativo. Entiendo que a los militares casi siempre los arrinconaron los acontecimientos, que los golpeados no les supieron dar la oportunidad de ser fieles y sacrificarse. Nadie más había jugado bien su papel. ¿Por qué exigirle a ellos? Nota relacionada Honduras: Las antorchas cobran fuerza en el combate a la corrupciónTampoco JOH les está dando salida. Aunque ha jugado mejor su papel por su conexión con sus primos oficiales. También JOH se ha puesto a jugar con la sucesión de las generaciones que maduran en el servicio, para asegurar su comodidad. Cree que resuelve el problema dándoles más dinero, armas, más poder interno, pero está jubilando a una generación que no ha terminado de servir y, dejando a un lado a los militares más progresistas. Ha querido que olvide la oficialidad sus anhelos de redención nacional, a cambio de su comodidad y molicie.A pesar del cerco mediático, los oficiales saben que JOH no es el Presidente. Que no era un candidato legítimo y que no fue electo tal. Muchos conocen sus más groseras debilidades. Incluso uno de opositor se siente avergonzado cuando se exhibe a Honduras en Nueva York y se dan a conocer internacionalmente la miríada de complicidades de su círculo interior. El delincuente no les ha dejado más alternativa que ponerse las camisetas del actívate. Incandescentes, y ridículas. O dar el golpe. También pueden terminar con JOH los políticos si se ponen de acuerdo, pero no solamente los opositores. Ni sin costos. JOH mismo puede terminar con este capítulo y aun salvar una parte de su imagen, si renuncia convocando a una constituyente. El pueblo en todo caso, esta vez, no renunciará a ser el protagonista de su historia. Hay una conciencia generalizada de que necesitamos un nuevo comienzo. De inmediato. Pocos llorarán con Ebal y el Cardenal  Por: Irma Becerra* El tres de abril de este año, decíamos, en nuestra conferencia, “La Resistencia hoy”, que el movimiento popular, insurreccional y antidictatorial de la Resistencia seguía plenamente vigente, legítimo y legal, después de 10 años desde el golpe de Estado del 2009, porque ahora nos enfrentamos a un gobierno tiránico y usurpador de corte represivo neofascista como es el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esa aseveración, que fundamentamos teóricamente en dicho evento, ha quedado probada en la práctica, en las manifestaciones del día de ayer, 29 de abril del presente año. Quedó al descubierto la intolerancia criminal de este gobierno, al aparecer en medio de la manifestación pacífica de la población, y sobre todo en medio de los mismos policías uniformados que estaban reprimiendo la misma, varios policías municipales vestidos de civil que apuntaron y dispararon con sus pistolas a la multitud hiriendo a algunos manifestantes; todo a vista y paciencia de los mismos policías uniformados que estaban reprimiendo la protesta surgida ante la infame intención del gobierno de privatizar el acceso a la salud y a la educación en el país. Las características neofascistas del régimen se han podido observar también en su práctica represiva y antisocial durante todos los años de gobierno del Partido Nacional, especialmente de destrucción casi absoluta de la función social de las instituciones del Estado y su cooptación por el actual gobernante para ponerlas sólo a su servicio privado y de sus activistas de Partido, y obedeciendo los mandatos del Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos de América, que le han avalado todas sus antisociales políticas. Señalábamos en la conferencia esas características en el hecho contundente de la intencionalidad gubernamental de mantener en la ignorancia, enfermo y el sometimiento absoluto a la población hondureña porque únicamente invierte en bombas lacrimógenas. Por eso, el gobierno usurpador de Juan Orlando Hernández tiene que caer porque es extremadamente destructivo, negativista e impopular con carácter abiertamente neofascista. Ese carácter destructivo de la función social de la política de gobierno se manifiesta en lo siguiente: La utilización de las estructuras punitivas del Estado como los juzgados y el ejército para reprimir y criminalizar a la población y a la protesta popular ante el régimen usurpador de gobierno, así como la creación de una policía militar que similar a las SS de Hitler, (grupo paramilitar al servicio personal del Partido Nazi Alemán y Adolf Hitler), están al servicio exclusivo del gobernante sólo para sostenerlo en el poder y reprimir toda fuerza de protesta y oposición. La persecución de la criminalidad organizada y desarticulación de bandas de narcotráfico menores sin investigar, juzgar ni procesar en Honduras a los narcotraficantes de cuello blanco de nexos criminales con el Estado y el gobierno. La supeditación y reducción de la seguridad social y la seguridad jurídica a su mínima expresión al aplicar el gasto público en la adquisición de armas y equipo militar en vez de la inversión social y educativa de la población. Cooptación de las instancias jurídicas como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, así como el propio Poder Legislativo para ejercer una justicia sesgada, selectiva y represora de los dirigentes populares y los ciudadanos que protestan y para legitimar todas las decisiones personalistas individuales del “presidente” usurpador creándose para su servicio una estructura jurídica ilegal que favorece la corrupción y la impunidad. Nota relacionada La Resistencia no violenta, vence a los violentos enemigos del puebloLa represión generalizada y violenta contra la población pobre de las comunidades y barrios, a la que se criminaliza para justificar dicha violencia de Estado con los supuestos nexos de dichos sectores poblacionales con el narcotráfico y el crimen organizado.La utilización de la propaganda masiva de los medios de comunicación al servicio de la dictadura para informar solamente lo que a ésta le conviene. La falta de empleo y la privatización de la salud y la educación o sea la ausencia de políticas positivas lo que obliga a las personas a emigrar del país en búsqueda de soluciones a una vida de violencia, pobreza y desempleo. Creación, así, de un neofascismo represivo sostenido por los Estados Unidos de América, país que debe también materializar la democracia participativa y correctiva de la vía antisocial militarista. Ante dicha condición politizante y profundamente totalitaria del capitalismo neoliberal dependiente, llamamos a la insurrección popular pacífica contra el neofascismo de la dictadura y a que éste Primero de Mayo, se unan los pequeños empresarios, que también se ven afectados, junto a todos los trabajadores y grupos y movimientos sociales en un único fin global y universal: ¡la paralización del país hacia la defensa de los derechos del pueblo para poder ejercer los deberes ciudadanos! ¡Hagamos un frente común ante la escalada dictatorial que es criminal, asesina, corrupta e injusta porque el pueblo debe defender su Ética Social ante la grosera e insensible élite oligarca que domina tan antipopularmente al país! ¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO! ¡VIVA LA RESISTENCIA POPULAR! *Irma Becerra es Licenciada en Filosofía por la Universidad Humboldt de Berlín y Doctora en Filosofía por la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster, Alemania. Es escritora, catedrática universitaria y conferencista. Ha escrito numerosos libros y ensayos sobre temas de política, filosofía y sociología. 
Por
Publicado el 15 Mayo, 2019
“Juan Orlando por el momento es una persona útil para los intereses del gobierno de los Estados Unidos, para los intereses de las transnacionales del imperialismo”, dijo el congresista de Libre. En tono contundente indicó que “una vez que ya no sea útil, van a pasar la factura; porque así es la política internacional imperialista”. Sandoval, recordó que Honduras se encuentra sumida en una narco-dictadura que solo el pueblo puede sacar del poder. Las declaraciones del legislador de oposición en relación a las acusaciones en contra de Antonio Hernández, quien se encuentra preso en los EEUU por narcotráfico.  02 de abril, 2019
El Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación ERIC-SJ presentó la novena edición del Sondeo de opinión
pública, destacando que la actual gestión cumple con ciertos rasgos de
una dictadura, porque de acuerdo a los consultados “no protege a
los defensores de derechos humanos, no garantiza el derecho a la
protesta pacífica, ni la vida de los protestantes”.
La población calificó con una nota de
3.6 el desempeño de Juan Orlando Hernández en su último año de gestión
sobre una escala de 0 a 10. Esta nota es la más baja históricamente
asignada a los mandatarios. El Sondeo de opinión ha recogido durante
nueve años la percepción ciudadana sobre la situación política del país,
valoraciones de confianza, el desempeño de la institucionalidad en
términos generales.
Para Gustavo Cardoza del equipo
coordinador del estudio “una novedad en este Sondeo es que a 10 años del
golpe de Estado, la población cree que el país está peor”. 8 de cada 10
personas creen que la pobreza aumentó, que hoy los políticos son más
corruptos, y que desde 2009 aumentó la entrega de los ríos y montañas a
empresas extractivistas.
Elvin Hernández, del equipo coordinador
del Sondeo de opinión pública detalló que el estudio tiene como
propósito “aportar a la reflexión, debate y búsqueda de caminos de
salida a las múltiples crisis que vive el pueblo hondureño”.En relación a
las caravanas migrantes, el 66.9% la población hondureña cuyo familiar
migró en
esta modalidad colectiva, lo hizo por razones económicas y de inseguridad. 
La población percibe que la corrupción
está muy extendida en las instituciones públicas y privadas encabezando
la lista el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, al tiempo
que 7 de cada 10 creen que los capos de la droga controlan las
instituciones estatales. La población hondureña identificó como
práctica corrupta en 2018, la emisión de recibos con cobros alterados
por el pago del servicio de energía eléctrica bajo la responsabilidad de
la
Empresa Energía Honduras, EEH.
Un signo de esperanza en materia de
corrupción que recoge el sondeo es la decisión de la población hondureña
de respaldo a la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y el voto
de confianza que le da a la MACCIH para que continúe su trabajo en
el país.
El sondeo encontró un déficit en cultura
política ciudadana, subrayando que a la gente no le interesa la
política, casi la mitad de la población no tiene preferencia por partido
político y el 85.5% de la población no participa en ninguna
organización.
Ficha técnica. El levantamiento de
información se realizó entre el 15 y el 25 de febrero de 2019, con
una muestra de 1540 encuestas válidas, representativas de toda la
población mayor de 18 años que vive en el país. El estudio cuenta con un
error muestral de +/-2.5 por ciento, y un 95 por ciento de
confianza. La encuesta fue domiciliaria y se aplicó en 16 departamentos
del país.
Para el ERIC-SJ la percepción ciudadana
que se refleja en la novena edición, da cuenta de un régimen autoritario
que se sustenta en la fuerza de las balas, en la corrupción, en alianza
con las cúpulas empresariales, militares, religiosas y del crimen
organizado.
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Publicado el 14 Mayo, 2019
Los dictadores a través de la historia han demostrado ser personajes individualistas, megalómanos que abandonan los intereses colectivos por los individuales. Pero JOH como dictador no es más que un delincuente aferrado al poder para proteger su vida, su retiro de telenovela en EEUU frustrado desde hace varios años luego que se descubriese el involucramiento de su familia en dichas actividades ilícitas. Su retiro en su ciudad natal significaría una vida estresante por los enemigos ganados no por su falsa lucha contra el crimen si no por haber utilizado el andamiaje estatal para beneficiar a su propio grupo delictivo. La vida de JOH depende del tiempo que pueda permanecer aferrado al poder, su vida como la conoce hasta ahora, acabará el día que abandone el estado. Comunicado Casa Presidencial a Continuación:   
Por
Publicado el 15 Mayo, 2019
Aprovechando la protesta algunos diputados de LIBRE inundaron de billetes de cincuenta lempiras a miembros de la bancada nacionalista en alusión al precio que estos han establecido para buena parte de la población hondureña. Noticia en desarrollo…
Durante
la Conferencia de Seguridad Centroamericana, Juan Orlando Hernández, se
refirió a las protestas en contra de la privatización de la salud y
educación que se dieron en Honduras antes del 1 de mayo.
Frente a miembros de órganos de seguridad de Latinoamérica, EE.UU y el Caribe, Hernández vinculó al gobierno de Maduro de Venezuela con las protestas en Honduras. A criterio de Juan Orlando, las protestas seguían lineamientos de un manual venezolano. El manuel fue expuesto por el Ministro del Poder Popular de Venezuela en el 2007, el cual, según Hernández, consiste en promover la guerra de cuarta generación, basada en cuatro áreas: 1. Ingobernabilidad. 2. Transculturización. 3. Guerra contra la economía. 4. Guerra comunicacional o guerra mediática. De acuerdo al representante del régimen, eso pasó con las protestas de los médicos y profesores en Honduras y eso ha venido pasando en el país los últimos 10 años. “Es importante prestarle atención. Antes del 1 de mayo en América Latina y en el mundo, se celebra el día del trabajador, siempre tienen características importantes”, comenzó diciendo Hernández. ”En Honduras ocurrió tres días antes un fenómeno violento de manifestaciones, pero en paralelo algo estaba ocurriendo en Venezuela, y a veces uno se pregunta: ¿será que se incendia la calle en alguno de los países del Grupo de Lima (Honduras es parte de este grupo), cuando algo está ocurriendo en Venezuela?”, se preguntó Hernández, dejando entrever que las protestas en Honduras fueron motivadas desde Venezuela. Hernández aseguró que lo que pasó en Honduras y Venezuela, no “es una casualidad”. NOTIBOMBA 
Hay acusaciones y contraacusaciones entre Romeo Vásquez y el presidente por las narcoavionetas
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-El delito de tráfico de drogas ha resultado favorecido con el nuevo Código Penal que entrará en vigencia el 10 de noviembre en Honduras. La nueva ley reduce la prisión por dicho delito de 15 a 20 años a cuatro y siete años. El nuevo Código Penal establece en el su artículo 311, en el que cita el delito de tráfico de drogas que, “quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos”. En la actual Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, se establecía una pena 20 de años de prisión en el caso de los agravantes, sin embargo, con el nuevo Código esto se reduce de 10 a 15 años. En tanto para el fabricante, la pena es de nueve a quince años de reclusión y una multa de 50 mil a 100 mil lempiras, mientras al traficante se le impone una pena de 15 a 20 años de prisión y una multa de un millón a cinco millones de lempiras. Ahora con el nuevo Código Penal En conclusión, el nuevo Código Penal no establece la tipología penal vigente en la actualidad, por lo tanto el delito será sancionado de manera general y se basa en otro tipo de agravantes. El delito de tráfico de drogas, ahora tendrá una multa de cien (100) a quinientos (500) días. El nuevo Código establece que las multas van de 20 a 5.000 lempiras diarios de acuerdo al daño causado. Es decir que en este caso el valor mínimo sería de 2.000 lempiras y el máximo de 2.5 millones de lempiras, lo que implica que los valores son menores a la ley vigente e insignificantes si se toma en cuenta que el narcotráfico genera cantidades insospechables de dinero ilícito. Otro de los beneficios que trae consigo la nueva legislación es lo establecido como atenuantes y que se consignan en el artículo 313. En éste artículo se establece una reducción de penas de un tercio si el imputado confiesa que ha participado en actividades de tráfico de drogas y a la vez muestra pruebas. Asimismo, si colabora con la autoridades para prevenir la realización de delitos de tráfico de drogas o atenuar sus efectos, o colabora para aportar u obtener pruebas de otros ya cometidos y si colabora con las autoridades para la identificación, persecución y procesamiento de responsables de la comisión de delitos de tráfico de drogas. Otro atenuante que puede favorecer al imputado para que logre la reducción de la pena, es que realice actividades encaminadas a privar a la organización delictiva de medios y recursos predispuestos para contribuir a su criminal actividad o de los beneficios obtenidos con ella. Noticia Relacionada: Publicado en La Gaceta nuevo Código Penal que cercena el derecho a la protesta y libertad de expresiónEl nuevo Código Penal fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 10 de mayo pasado y entrará en vigencia el 10 de noviembre próximo, tras seis meses de “vacatio legis”. La legislación ha generado controversia dentro de la sociedad hondureña porque además de favorecer actividades como el narcotráfico y los delitos de corrupción, criminaliza con cárcel la protesta social, el aborto y las libertades de protesta, expresión y de prensa.En el caso del narcotráfico, el nuevo Código favorecerá a centenares de hondureños que en la actualidad participan en el cultivo, fabricación, tráfico y venta de drogas. Ante la reincidencia de hondureños en la participación de cárteles de las drogas y por presiones del gobierno de los Estados Unidos, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un convenio de extradición con la nación de Norteamérica, que entró en vigencia en el año 2014. Bajo este convenio, que implicó una reforma al artículo 102 de la Constitución de la República, el Estado hondureño ha recibido 46 solicitudes de diferentes gobiernos, de personas implicadas en el narcotráfico y crimen organizado. Un alto porcentaje de las extradiciones, efectuadas hasta el momento, corresponden a políticos, entre ellos el exdiputado por el Partido Nacional, Juan Antonio Hernández, alias “Tony” Hernández, hermano del gobernante hondureño, Juan Hernández. A continuación lo referente al delito de tráfico de drogas consignado en el nuevo Código Penal: ARTÍCULO 311.- TRÁFICO DE DROGAS. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente. ARTÍCULO 312.-AGRAVANTES ESPECÍFICAS DEL TRÁFICO DE DROGAS. En el caso del párrafo primero del artículo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) Las sustancias objeto del delito se facilitan a menores de dieciocho (18) años, personas con discapacidad o personas sometidas a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación, o se les utiliza para la actividad del tráfico; 2) El culpable se aprovecha de su carácter público o de su implicación en el área de ciencias de la salud para la realización del hecho; 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 4) El hecho puede poner en grave peligro la vida o la salud de la víctima, como consecuencia de la pureza de la sustancia, su adulteración, mezcla, manipulación o de cualquiera otra circunstancia controlada por el culpable; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 6) La conducta se dirige a unidades militares, policiales, establecimientos penitenciarios o de detención, docentes de desintoxicación o rehabilitación; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; 8) Se emplea violencia, intimidación o armas en la comisión del hecho; 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. Si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7), las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3). ARTÍCULO 313.- ATENUANTES ESPECÍFICAS DE TRÁFICO DE DROGAS. Las penas del párrafo primero del Artículo 311 y las del Artículo 312 del presente Código, deben ser disminuidas en un tercio (1/3) si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) La confesión de las actividades de tráfico de drogas en las que ha participado el culpable y la consecuente aportación u obtención de pruebas; 2) La colaboración con las autoridades para prevenir la realización de delitos de tráfico de drogas o atenuar sus efectos, o la colaboración para aportar u obtener pruebas de otros ya cometidos; 3) La colaboración con las autoridades para la identificación, persecución y procesamiento de responsables de la comisión de delitos de tráfico de drogas; 4) La realización de actividades encaminadas a privar a la organización delictiva de medios y recursos predispuestos para contribuir a su criminal actividad o de los beneficios obtenidos con ella. ARTÍCULO 314.- TRÁFICO DE PRECURSORES. Quién financia, fabrica, elabora, trafica o distribuye equipos, materiales o sustancias con destino al cultivo o elaboración ilícitas de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o los posee con aquellas finalidades, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a seis (6) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días.
Publicado en La Gaceta nuevo Código Penal que cercena el derecho a la protesta y libertad de expresión
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Derechos
fundamentales como el de la protesta y de expresión son criminalizados y
los delitos ligados a la corrupción son privilegiados en el nuevo
Código Penal, publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 10 de
mayo. El
código, que se basa en la legislación penal de España, entrará en
vigencia hasta el 10 noviembre bajo el término de “vacatio legis”,
supuestamente, para que la población en general lo conozca en el término
de los próximos seis meses.
Noticia Relacionada: Código Penal de Honduras ha sido diseñado contra los pobres y el movimiento socialLa controvertida legislación, afecta directamente los derechos humanos de la población ya que atribuye el delito de terrorismo a las acciones de protesta, es decir que a partir de noviembre los hondureños no podrán participar en marchas, protestas y/o cualquier acción que suponga la alteración del orden público. La nueva ley tiene la clara intención de criminalizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión, al establecer sanciones a quienes obstaculicen, mediante una protesta, el paso vehícular o a quienes interrumpan una reunión del Estado o contra quienes difundan un rumor o una noticia falsa. En un breve resumen de análisis sobre los alcances nos encontramos con las siguientes afectaciones:Descargue aquí el nuevo Código PenalIncorpora nuevas figuras que criminalizan la protesta social, el derecho a la reunión y de asociación, que emanan del Código Penal de España de 1995 y de reformas del 2015. En el artículo 535 se establece el delito de sedición para el cual se establece una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por tiempo de cinco (5) a diez (10) años, quienes sin las finalidades comprendidas en el delito de rebelión, se alzan en armas portando, artefactos explosivos, armas de fuego u otros igual de peligrosos que los anteriores, para impedir la aprobación o aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, funcionario o empleado público el legítimo ejercicio de sus funciones, el cumplimiento de sus acuerdos o resoluciones, o para obligarles a realizar un acto propio de sus funciones.
Los
promotores, dirigentes o cabecillas del delito de sedición deben ser
castigados con las penas de prisión de cinco (5) a diez (10) años e
inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la pena de prisión. En
el artículo 541 se establece el delito de perturbación del
funcionamiento de las instituciones a quienes con violencia,
intimidación o fuerza invadan la sede del Congreso Nacional, la Corte
Suprema de Justicia o del Poder Ejecutivo cuando sus autoridades estén
reunidos. Quienes incurran en este delito serán castigados con la pena
de prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para cargo u
oficio público de seis a diez años. El
artículo 553 establece el delito de manifestaciones ilícitas. Este
delito criminaliza las manifestaciones y protestas ciudadanas y de
manera muy general, ya que establece que “son reuniones o
manifestaciones ilícitas las siguientes: 1)
Las que se convocan con la expresa finalidad de cometer delitos. Para
que concurra este supuesto es necesario que exista una planificación del
presunto delito; y, 2) Aquellas a las que concurren sus participantes
portando armas de fuego, artefactos explosivos u otros objetos igual de
peligrosos que los anteriores.
Para que concurra este supuesto se exige
que sean los promotores o asistentes los que lleven las armas u objetos,
no personas ajenas a la reunión o manifestación. Quienes promueven,
dirigen o presiden las reuniones o manifestaciones a las que se refieren
los numerales anteriores, deben ser castigados con la pena de prisión
de dos (2) a cuatro (4) años y multa de cien (100) a quinientos (500)
días en el caso de que la finalidad sea cometer delitos graves, y con la
pena de prestación de servicios de utilidad pública y multa de
veinticinco (25) a cincuenta (50) días cuando se trate de delitos no
considerados como graves.
El resto de partícipes en la reunión o
manifestación ilícitas deben ser castigados con la pena de prisión de
uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a doscientos (200) días,
en el caso de que la finalidad sea cometer delitos graves, y con la pena
de prestación de servicios de utilidad pública cuando se trate de
delitos no considerados como graves. En
el artículo 554 se establece el delito de asociación para delinquir.
Este delito lleva implícito la criminalización de la protesta social y
literalmente establece: Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea
de modo permanente o transitorio, por dos (2) o más personas con la
finalidad de cometer ilícitos penales.
Asimismo, se consideran asociaciones ilícitas las que después de
constituidas lícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la
comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones
ilícitas las que aun teniendo como objeto uno lícito, emplean como
estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u
otros ilícitos para el logro de aquél. El
delito se considera cometido con independencia de que la asociación
haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo
algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los
directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser
castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y
multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de
la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a
diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. El
artículo 196 constituye un retroceso para el derecho a decidir de las
mujeres, ya que la pena de prisión para el delito de aborto se mantiene
de 3 hasta 10 años de reclusión, pese a que la Organización de las
Naciones Unidas ha pedido la despenalización.
Este delito se sancionará
de la siguiente manera: 1) Con tres (3) a seis (6) años de prisión si la mujer lo hubiere consentido o produzca su aborto; 2)
Con seis (6) a ocho (8) años de prisión si el agente obra sin el
consentimiento de la embarazada y sin emplear violencia o intimidación;
y, 3) Con ocho (8) a diez (10) años de prisión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño. En
el artículo 209, que habla sobre la violencia contra la mujer física o
psíquica, establece una baja en la pena, quedando de (1 a 4) años de
prisión, que puede ser conmutable (fianza o trabajo comunitario).
El
nuevo Código Penal fue introducido a la Cámara Legislativa el 25 de
agosto de 2015, fecha en que también se nombró una comisión especial
multipartidaria para elaborar el dictamen y el mismo crea más de 50
nuevas figuras delictivas que no están contempladas en la actual
legislación. Según
lo publicado en el artículo 233, hay responsabilidad civil en el caso
de que la injuria o calumnia se realicen con publicidad, es responsable
civil de manera subsidiaria la persona natural o jurídica propietaria
del medio informativo a través del cual se haya propagado la injuria o
calumnia.
Delitos de corrupción Mientras
el nuevo código castiga y criminaliza las acciones de protesta y de
expresión, por otro lado favorece los delitos de corrupción a los que,
en su mayoría, establece penas menores a cinco años para dar el
beneficio de la conmuta. Para el caso el delito de testaferrato es
castigado con penas de prisión de cinco a ocho años y una multa de 200 a
500 días. En
tato los delitos de falsificación de documentos públicos y mercantiles
se penaliza con prisión de dos a cinco años y multas de 240 a 400 días
si se trata de documento mercantil y de cuatro a ocho años de prisión y
multa de 300 a 500 días si se trata de documento público.
El
delito de malversación por apropiación será sancionado con prisión de
cuatro a seis años y multa por una cantidad igual o hasta el triple del
valor de lo malversado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo
de la condena de prisión. Por
su parte el delito de usurpación de funciones públicas tendrá una pena
de prisión de uno a cuatro años y el fraude será castigado con prisión
de cinco a siete años y multa por cantidad igual o hasta el triple de lo
defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena
de prisión. El
delito de enriquecimiento ilícito será castigado con las penas de
prisión de cuatro a seis años, multa por una cantidad igual o hasta el
triple del enriquecimiento obtenido e inhabilitación absoluta por el
doble del tiempo de la condena de prisión.
Si la cuantía del
enriquecimiento ilícito supera el millón de lempiras,
la pena de prisión se incrementará en un tercio, multa por cantidad
igual o hasta cuatro veces el enriquecimiento indebidamente obtenido e
inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de
prisión. El
delito de tráfico de influencias se sanciona con una pena de dos a
cinco años de prisión y multa de 300 días e inhabilitación absoluta por
el doble del tiempo que dure la pena de prisión. En tanto el delito de
cohecho propio se penaliza con cinco a siete años de prisión y el
cohecho impropio con tres a seis años de reclusión. El
delito de abuso de autoridad no será castigado con cárcel. Se impondrá
una inhabilitación de dos a cinco años y de cinco a diez años.
10 años en espera de justicia: Dictan sobreseimiento definitivo a 24 manifestantes criminalizados en el 2009Wednesday, 15 May 2019 13:04 Written by German Reyes Published in Amenazas a la Libertad de Expresión - PASOS DE ANIMAL GRANDE
Después de una década de haber sido criminalizados por
manifestarse contra el rompimiento del orden constitucional en Honduras,
la justicia hondureña les ha dictado sobreseimiento definitivo a
veinticuatro personas, a las que, en agosto del 2009, el Ministerio
Público acusó injustamente y la policía detuvo ilegalmente y los torturó
de forma salvaje en los bajos del Congreso Nacional de la República, en
los días crudos del golpe de Estado.
En ese momento, Honduras vivía una de sus peores crisis, derivada,
del golpe de estado militar, que dejó fuera del poder al entonces
presidente constitucional, Manuel Zelaya Rosales.
Zelaya fue sustituido ilegalmente, por Roberto Micheletti, un hombre hambriento de poder, que, para mantenerse en la presidencia de la república, se apoyó del Ejercito y de los empresarios, violentando los derechos fundamentales de los hondureños, incluido el derecho a la vida de muchos manifestantes, asesinados, por policías y militares, El 12 de agosto del 2009, a las inmediaciones del Congreso Nacional llegaron miles de manifestantes, exigiendo el retorno del orden constitucional. La manifestación fue reprimida por un comando de la Policía Elite Cobras, al mando del Comisionado, Elder Madrid Guerra, que, en el operativo, detuvo arbitrariamente a centenares de personas, incluidas estas 24, que tuvieron que esperar el paso de 10 años para recuperar su libertad definitiva. Entre ellos, hay comunicadores sociales y transeúntes, que al momento de sus detenciones fueron llevados a cárceles clandestinas, torturados y criminalizados, como ocurrió con el comunicador social, Oslin George Cantillano, fotógrafo de la Revista Vida Laboral. A él, también le decomisaron una cámara fotográfica, propiedad de la institución en que laboraba. A Oslin, por ejemplo, sin ninguna prueba contundente, lo acusaron del delito de daños en perjuicio de las tiendas, Jetstereo, El Gallo más Gallo y Pollo Campero del Grupo Intur. A otros, les imputaron los delitos de robo, sedición y atentado a la seguridad del Estado. Sin embargo, ayer, 9 de mayo, la juez, Dimia Hortencia Salgado, les entregó su respectiva carta de libertad definitiva, “en virtud de habérsele extinguido la acción peral”, dice el documento oficial, emitido por el Juzgado de Letras Penal, de la Sección Judicial de Tegucigalpa. Aparte de Oslin, también recibieron carta de libertad definitiva, Sergio Raúl Jerezano, Emerson Rosicler Barahona, Mabel Carolina López, Darwin Isaac Amaya Alvarado, Gerardo Arturo Flores Valeriano, Alba Leticia Ochoa Camacho, Darwin Said Hernández Carbajal, Nelson Gustavo Rivera López y José Natividad Pérez Lorenzo. Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña Pavón, Rosario Vásquez, y Daniel Ángel Cárcamo Sánchez, entre otros, que no solo fueron víctimas de la acusación injusta por parte del Ministerio Público, sino también de la brutalidad policial al momento de detenerlos. En el operativo de ese día, la policía realizó masivas capturas de manifestantes y de personas que transitaban por el lugar, las llevaron a los bajos del Congreso Nacional, donde fueron torturadas salvajemente y después conducidas al Escuadrón de los Cobras, donde nuevamente fueron torturadas psicológicamente. Fue una cacería humana, con armas de guerra, gases lacrimógenos, tanquetas de agua con químicos letales, garrotes y tubos que utilizaron para golpear a los manifestantes detenidos. Ese día 25 hombres y mujeres fueron hospitalizadas por golpes y fracturas que recibieron en distintas partes del cuerpo, y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) reportó que cinco de sus miembros se encontraban desaparecidos. vale decir, que los manifestantes criminalizados fueron liberados por el juez, luego de una audiencia donde les dictó medidas sustitutivas de la prisión. Demandan a policías torturadores Por las torturas que recibieron al ser detenidos arbitrariamente, los manifestantes criminalizados, acusaron penalmente a los policías torturadores, José Ventura Ramos, Carlos Isaías Polanco, Suyapa Marina Elvir, Juana María Alvarado y Esther Esperanza Ramos y Elder Madrid Guerra, este último, jefe del operativo. En la demanda, todavía pendiente de resolverse en los tribunales, son acompañados por organismo de derechos humanos de Tegucigalpa, que los acusa de los delitos de tortura, detención ilegal, abuso de autoridad y vejámenes. Para evadir el juicio, solicitaron ser incluidos en el Decreto de Amnistía 2-2010 para casos políticos, pero el juez desestimó la petición. Oslin George, informó que el próximo 24 de mayo hay audiencia por este caso. Los responsables de las torturas y detención ilegal contra estas personas no han sido enjuiciadas lo que fortalece la impunidad con que se manejan los cuerpos de seguridad en la represión de la protesta social en Honduras. 
Gustavo Morales y Rolando Vindel: 35 años del ataque al sindicalismo
Tegucigalpa, Honduras.-
Previo a celebrar el día del padre, dos hogares se quedaron vacíos, y
hoy cumplen 35 años de búsqueda de verdad, justicia, reparación y el
nunca más.
El 18 de marzo de 1984, fueron detenidos
y desaparecidos en Tegucigalpa, los líderes sindicales Gustavo Aldolfo
Morales Funez y Rolando Vindel. Aunque los restos de Morales fueron
recuperados una década después, en el departamento de El Paraíso,
continúa la pregunta ¿Dónde está Vindel?
Sus nombres aparecieron en la calle,
los recuerdos surgieron en medio de una represión policial que impidió
finalizar la movilización popular en Tegucigalpa, del 1 de Mayo Dia
“Internacional del Trabajo”, el año anterior.
No se recuerda otra movilización con
ataques de esta magnitud, sino la de mayo de 1984, cuando hubo una
represión contra los y las manifestantes. Unos meses antes se dio la
detención y desaparición forzada de los líderes sindicalistas Gustavo
Morales (SITRAPANI) y Rolando Vindel (STENEE), recordó Meri Agurcia,
procuradora de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Morales era el vice presidente del
Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia
(SITRAPANI); Y Vindel era el presidente del Sindicato de Trabajadores de
la Empresa Nacional de Energía Electrónica (STENEE), puesto que asumio
su compañera Gladys Lanza Ocha.
Cabe resaltar que, Tavo es de los
pocos líderes sociales detenidos desaparecidos recordado por sus
compañeros, en este caso, el SITRAPANI cada año dedica un día para
conmemorar el aniversario de su detención, ocasión que dedican a honrar su memoria, resaltar sus virtudes y desde quienes lo conocieron disertar sobre su lucha.
El COFADEH se une a estos actos, así
mismo ha sido reconocida su labor en la lucha por mantener la memoria
histórica de aquellos soñadores y soñadoras que no encajaban en el plan
gubernamental, y eran apartados de sus seres, luchas y convicción, por
escuadrones de la muerte como el “3-16” y la Doctrina de Seguridad
Nacional, con el aval del gobierno estadounidense bajo la presidencia de
Ronald Reagan.
Histórico plantón por la memoria, que realiza el COFADEH. Entre los rostros está el de Vindel y Morales. (Marzo 2019) SR
Ambos líderes sindicalistas no encajaban en las pretensiones del inicio de la supuesta “era democrática” dónde
el entonces presidente Roberto Suazo Córdoba seguía órdenes de Reagan.
Suazo Córdoba falleció en diciembre
del 2018, y se llevó la información sobre dónde están los y las víctimas
de desaparición forzada, o la mayoría de los 184 que registra el
COFADEH, y por los que recuerda: de los hechos y los hechores, ni olvido
ni perdón.
(Sandra Rodríguez)
Declaración Final: Sexto Seminario Internacional de Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras El Seminario, organizado por el Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (MOVPAZ) con el auspicio del Consejo Mundial de la Paz (CMP), contó además con la decisiva contribución del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), el coauspicio del Centro Martin Luther King Jr. y del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los pueblos. El evento se desarrolló en el contexto de una cada vez más compleja situación internacional caracterizada por el incremento de la agresividad e injerencismo de todo tipo del imperialismo estadounidense, de la Unión Europea y la OTAN en sus empeños de imponer sus dictados hegemónicos a costa de la libertad, la independencia y la soberanía de los pueblos del mundo. En la consecución de tales propósitos nefastos, la ampliación, fortalecimiento y modernización de las bases militares extranjeras e instalaciones agresivas de similar naturaleza, constituyen un componente fundamental, en tanto son instrumentos de intervención directa e indirecta en los asuntos internos de los países donde están enclavadas, así como, de amenaza permanente contra las naciones cercanas. Los Estados Unidos continúa siendo la nación con mayor número de bases en todo el orbe y, con sus aliados de la OTAN, cuenta con el mayor arsenal nuclear y la mayor cantidad de fuerzas militares convencionales en la historia de la humanidad. El imperialismo sigue desatando guerras y conflictos bélicos de distinta intensidad en diversas partes del mundo, al tiempo que incrementa la controversia, las tensiones, el bloqueo genocida y la “diplomacia de las sanciones” contra los países que consideran adversarios como Rusia, China, Irán, Corea del Norte y, en América Latina, contra la República Bolivariana de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Promueve escenarios de inestabilidad política y social en Oriente Medio con su apoyo irrestricto a Israel en contra de la causa del pueblo palestino así como en África desde donde continúan generándose olas migratorias desproporcionadas y desorganizadas hacia países europeos, con un saldo grande de muertos y desaparecidos. La Administración del Presidente Trump es la continuación de los gobiernos anteriores de Estados Unidos, que recrudece las posiciones más conservadoras y de confrontación en política exterior que han caracterizado su actual período de mandato, lo cual aumenta la posibilidad de mayores y nuevos conflictos a escala planetaria. La revitalización de la Doctrina Monroe como esencia de la política de Estados Unidos hacia América Latina y El Caribe tiene como principal objetivo la recomposición de sus tejidos de dominación centrando su atención en los gobiernos progresistas, populares y democráticos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua; y con ello asestar un duro golpe al proceso de integración solidario y soberano emprendido hace 20 años y que hoy se encuentra amenazado. Para ello, el imperio y sus lacayos oligárquicos nacionales y vendepatrias, desarrollan una guerra de cuarta generación que combina groseramente la guerra y el chantaje económico con fuertes campañas mediáticas dirigidas a desprestigiar a los líderes y fuerzas políticas progresistas y al empleo de noticias falsas (fakenews). Esta realidad que hoy aflora en diferentes naciones de la región, representa una seria amenaza a la paz y a la estabilidad política y social a escala regional por lo que en tales circunstancias cobra hoy mayor vigencia la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz aprobada por la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en La Habana en enero de 2014. Tomando en cuenta todo lo anterior, este Sexto Seminario Internacional convoca a todas las fuerzas pacifistas y progresistas a multiplicar las acciones e iniciativas en contra del imperialismo y sus políticas guerreristas e injerencistas que continúan poniendo en grave peligro los destinos y futuros de toda la humanidad. Desde esa perspectiva, y en consonancia con lo acordado en la Reunión Regional del Consejo Mundial de la Paz los participantes en el Seminario ratifican su apoyo más resuelto a la Campaña Global contra las bases militares extranjeras de Estados Unidos y la OTAN, y se comprometen a multiplicar las acciones en respaldo al 23 de febrero, fecha en la que Estados Unidos impuso su primera base en Cuba, declarado como ”Día Mundial contra las bases militares extranjeras”. Asimismo, los luchadores por la paz reunidos en Guantánamo también nos COMPROMETEMOS A: Redoblar la denuncia contra la agresión y la injerencia económica, política y militar del imperialismo estadounidense, de la Unión Europea y la OTAN. Continuar alertando a los pueblos del mundo sobre los peligros de una conflagración nuclear global de incalculables consecuencias para la Humanidad convocándolos a que se movilicen de forma permanente. Fortalecer la demanda del cierre de las bases, instalaciones y enclaves militares foráneos y el retiro inmediato de las tropas de ocupación extranjeras de los países donde se encuentran desplegadas. Continuar reclamando a Estados Unidos que devuelva a Cuba y a su pueblo el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantánamo y demandar el levantamiento del bloqueo criminal y genocida en sus formas: económica, comercial y financiera y rechazar categóricamente la aplicación del título III de la Ley Helms Burton, que pretende asfixiar al heroico pueblo cubano. Exigir el cierre de las bases militares de Estados Unidos en el territorio libre e independiente de Siria. Extender mucho más, la divulgación del contenido de la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz dada su actualidad y vigencia en el contexto político regional actual. Fortalecer la lucha contra el terrorismo bajo cualquiera de sus formas y seguir denunciando el vínculo de ese flagelo con el imperialismo. Reforzar las denuncias de las acciones en contra del medio ambiente y la salud de las poblaciones donde se encuentran enclavadas las bases militares extranjeras. Continuar expresando la más amplia solidaridad con los países y pueblos bajo ocupación y dominio colonial en El Caribe, Sudamérica, África y Medio Oriente donde hay presencia militar extranjera como en Puerto Rico, Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y Palestina. Mantener y ampliar la denuncia de las acciones intervencionistas del imperialismo de Estados Unidos y la Unión Europea y la oligarquía contrarrevolucionaria en Venezuela dirigidas a frenar y destruir el proceso bolivariano, lo que representa, además, una clara amenaza a la paz en la región. Condenar cualquier intento de agresión militar contra Venezuela, incorporándonos en una activa campaña para denunciar el criminal bloqueo contra el país. Asimismo, denunciar las acciones imperiales contra Nicaragua y reforzar la solidaridad con su pueblo Apoyar la campaña internacional Lula Libre y realizar acciones nacionales e internacionales para denunciar la gran injusticia que se comete con su encarcelamiento, y resaltar los logros alcanzados por Brasil durante su presidencia. Los participantes en el Sexto Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras, acordaron trasmitir un fraternal saludo y el reconocimiento al pueblo de Guantánamo y a sus autoridades por la cálida acogida dispensada y las facilidades extendidas para la exitosa culminación del evento. Asimismo, extendieron su solidaridad a todo el pueblo cubano que continúa su gran esfuerzo por alcanzar una sociedad socialista más justa, próspera, democrática y sostenible y rindieron homenaje a la memoria del líder indiscutible de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Guantánamo, Cuba, 6 de mayo de 2019. DECLARACION-FINAL-FINAL |
